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Etiqueta: derechos humanos

«Declaración de Panamá sobre Venezuela»: intromisión abierta en los asuntos internos de Venezuela y apoyo al golpismo

Comisión Nacional de Enlace

Comunicado político Nº 50

Declaración de Panamá sobre Venezuela- intromisión abierta en los asuntos internos de Venezuela y apoyo al golpismo
Cinco ex presidentes de Costa Rica firmaron la «Declaración de Panamá sobre Venezuela», que es una intromisión abierta en los asuntos internos de Venezuela y un apoyo abierto a la intervención.

 

La Comisión Nacional de Enlace considera que la «Declaración de Panamá sobre Venezuela», firmada por 26 ex presidentes, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, es una provocación y una intromisión abierta e inaceptable en los asuntos internos de Venezuela. Esa Declaración forma parte de la ofensiva de la derecha y de los sectores más reaccionarios para hacer colapsar al legítimo gobierno de Venezuela y es un apoyo abierto al golpismo y a la intervención.

La «Declaración de Panamá» arremete contra la institucionalidad venezolana y en la práctica se convierte en un programa de gobierno de transición como pretendió ser el llamado al Acuerdo Nacional de Transición elaborado y defendido por el golpismo.

El documento fue firmado por 24 ex presidentes de América Latina y dos de España. Uno de ellos fue el ex mandatario José María Aznar, quien planteó que lo llenaba de orgullo haber contribuido a que 26 jefes de Estado se pusieran de acuerdo en la defensa de la libertad, los derechos humanos y la lucha en favor de aquellas personas que sufren persecución por causa de la libertad. Sin embargo, Aznar fue calificado como un asesino por el propio presidente de Venezuela Nicolás Maduro, «el sangriento asesino de España», responsable de la muerte de un millón doscientos mil iraquíes «porque él promovió la guerra» de 2003 contra Irak, junto al ex mandatario George Bush, guerra criminal justificada con pruebas falsas.

Otra de las figuras que firmó el documento fue el ex presidente español Felipe González, un político indecente, que pretende ser ahora un supra juez para liberar, sin juicio, a terroristas y seguir promoviendo la violencia. Su decisión de defender a los golpistas Leopoldo López y Antonio Ledezma promueve la impunidad de los opositores violentos que sembraron el terrorismo en las calles y produjeron 43 muertes en Venezuela.

Ambos, Aznar y González son directamente responsables de la situación que vive hoy España, al imponer un modelo económicamente criminal que tiene en el desempleo a más del 25% de la población laboral de ese país.

Se sumó a la «Declaración de Panamá» Álvaro Uribe, ex mandatario de Colombia. No ha habido un mandatario más cuestionado, ética y moralmente, como el colombiano Álvaro Uribe, con tantas y tan graves acusaciones de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Igual que Pinochet en Chile, profundizó el llamado terrorismo de Estado y dividió al país entre buenos y malos, entre los que eran amigos de la seguridad democrática y los que eran criminalizados por oponerse a su gobierno. Uribe se ha manifestado como un opositor al proceso de diálogo para alcanzar la paz en Colombia.

¿Y quiénes más firmaron la «Declaración de Panamá»?, lo firmaron Jorge Quiroga (Bolivia); Sebastián Piñera (Chile); Andrés Pastrana, y Belisario Betancur (Colombia); Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias, Luis Alberto Monge y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Eduardo Duhalde (Argentina), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani (El Salvador), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Lucio Guitiérrez y Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Ricardo Martinelli y Mireya Moscoso (Panamá), Alejandro Toledo (Perú) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

¿Y qué es lo que quieren los ex presidentes? Dicen que en consecuencia, preocupados por el inmediato futuro de los venezolanos y obligados a contribuir con su palabra a la afirmación de un clima de paz y de negociación, según ellos (as), que permita abrirle senderos a una solución no violenta, a la «mencionada crisis», proponen entonces que efectivamente hay que corregirlo todo, pero lo esencial es que es necesario desregular la economía venezolana. Es decir, someter de nuevo a Venezuela a los postulados del Consenso de Washington, del FMI y del Banco Mundial y que, por supuesto, para eso se requiere un liderazgo capaz de producir consensos democráticos y movilizar un amplio apoyo político por la población, para lo cual será esencial la aplicación de una serie de planes sociales compensatorios efectivos, que mitiguen las adversidades. En otras palabras, sueñan con volver a los viejos esquemas del corrupto Carlos Andrés Pérez y del bipartidismos venezolano y hundir de nuevo a Venezuela en la pobreza y el hambre.

Nótese que por Costa Rica firmaron la «Declaración de Panamá sobre Venezuela» cinco ex presidentes (a): Luis Alberto Monge, Oscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla, en alianza explícita y desvergonzada con figuras altamente cuestionadas moral y políticamente.

En relación con la participación de cinco ex presidentes (a) de Costa Rica que firmaron la «Declaración de Panamá», consideramos que es una abierta intromisión en los asuntos internos de Venezuela y calificamos este hecho como en extremo grave y altamente comprometedor para el pueblo de Costa Rica. Con la firma del documento lo que queda en claro es que efectivamente sectores importantes de la oligarquía costarricense le están apostando al derrocamiento del gobierno de Venezuela, situación que tiene implicaciones en todos los órdenes para nuestro país cosa que hemos denunciado en anteriores ocasiones, además de la vergüenza de ver el país sumado a una «Declaración de Panamá» con elementos altamente cuestionados en el ámbito moral y político.

La «Declaración de Panamá sobre Venezuela» demuestra que efectivamente existe una ofensiva brutal por parte de los sectores oligárquicos regionales y del imperialismo por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Pero no solo les interesa derrocar al presidente Nicolás Maduro sino revertir todos los procesos reivindicativos de los pueblos de América Latina. Sin duda alguna, se están moviendo las fuerzas más oscuras para derrocar el gobierno de Venezuela. Los sectores dominantes regionales e internacionales todavía no digieren que la correlación de fuerzas que está favoreciendo cambios políticos y sociales en América Latina, a favor de los pueblos, está en un proceso de consolidación y por cambios todavía más profundos.

Las organizaciones sociales de América Latina tenemos el deber de prepararnos para defender esos cambios, porque la ofensiva será brutal por parte de los sectores dominantes y del imperialismo para recuperar sus perversos privilegios.

 

Enviado a SURCOS Digital por Comisión Nacional de Enlace.

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Ayotzinapa: 6 meses después

Este jueves 26 de marzo se cumplió ya medio año del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Acontecimiento brutal, ya clasificado como crimen de lesa humanidad, que ha abierto un parte aguas en la actualidad de la política y de la institucionalidad del Estado Mexicano.

En el “Río de las Calabacitas”, hoy el grito conjunto de las voces amordazadas y reprimidas emerge del silencio de la muerte a través de los miles y miles de pasos de quienes por toda la República Mexicana no han parado de marchar exigiendo la aparición de los 43 estudiantes normalistas. Emerge a través de las pancartas y de las incansables protestas solidarias; a través de las movilizaciones estudiantiles y de las múltiples palabras escritas por figuras señeras de la intelectualidad mexicana; a través de los informes de los distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de otra índole (CNDH, CIDH, ONU) que hablan de tortura sistemática y que demandan al Gobierno Federal de la República Mexicana esclarecer la verdad sobre los brutales “hechos” de Ayotzinapa y sentar las correspondientes responsabilidades institucionales.

Sin embargo, la posición del Gobierno Federal mexicano ha sido y continúa siendo inconmovible en sostener su “verdad histórica”: los 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados por bandas del crimen organizado y después quemados en un basurero de Cocula. No hay nada más qué decir, caso cerrado. Por otra parte, según señala la actual Procuradora General de la República, Sra. Arely Gómez González, tampoco ningún organismo especializado ha presentado ninguna prueba de que en Ayotzinapa se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. “Pasemos la página y vuelvan a la normalidad”, ha sentenciado el Presidente Lic. Enrique Peña Nieto. “Supérenlo ya”, ha dicho el ex Presidente Vicente Fox Quesada.

A diferencia de las voces oficiales que rechazan cualquier responsabilidad suya y que han tomado la decisión de dar por concluidas las investigaciones y por cerrado “el caso”; que desconocen y rechazan además incluso hasta el informe presentado por el enviado especial de la ONU, las familias, padres y madres, de los 43 estudiantes normalistas han decidido tomar los caminos del mundo y llevar su denuncia y reclamo de justicia a diferentes foros internacionales. Totalmente inesperado. Las altas autoridades del Gobierno mexicano jamás hubieran esperado que llegara por fin una primera vez en que fallaran tanto sus cálculos y sus controles sobre las comunidades empobrecidas, marginadas y excluidas del campo mexicano. Las familias de los 43 estudiantes hoy no solo cuentan con un reconocimiento y un insoslayable respaldo en el contexto de la sociedad mexicana, sino que además han logrado posicionar su protesta y reclamo alrededor de todo el mundo; han logrado obtener respeto, admiración, cariño y solidaridad a nivel mundial.

De aquí en adelante, Ayotzinapa ya es una impronta de valentía y de dignidad de alcance cósmico en la historia mexicana. Más importante y valiosa aún, cuanto que acontece en la cúspide de aplicación de un modelo de desarrollo y de gobierno que tiene como una de sus principales características la del desprecio absoluto por las personas, por la vida y por la sustentabilidad de la naturaleza. Ayotzinapa representa el reclamo profundo y concreto por el derecho a la vida y por el respeto a la dignidad humana.

 

Luis Muñoz Varela

Docente Sede del Pacífico UCR

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Fundación Adenauer apoya a populistas colombianos de derecha

Harald Neuber

Rebelión

Negociaciones de paz en Colombia

Representantes de varios partidos en la cámara baja del parlamento alemán, el Bundestag, reaccionaron con cautela a una visita de representantes del partido colombiano Centro Democrático el expresidentes Álvaro Uribe.

Según medios alemanes, la gira fue organizada también por la fundación Konrad Adenauer, cercana a la Unión Democristiana (CDU) de la canciller federal alemana, Angela Merkel.

El diputado del SPD y presidente del grupo parlamentario de amistad Alemania-Suramérica, Klaus Barthel, se mostró escéptico.

“El partido plantea exigencias al proceso de paz ideadas de tal modo que no pueden cumplirse”, le dijo Barthel al portal alemán amerika21. Sin embargo, el Centro Democrático representa una comunidad electora nada despreciable.

“Espero que asuma un papel más constructivo, orientado hacia el futuro, y no busque hacer fracasar el proceso de paz”, agregó el socialdemócrata. A la par, el miembro del SPD celebró que la Fundación Konrad Adenauer contribuya a intensificar el diálogo entre diputados colombianos y europeos. “En últimas, queda claro que en Europa y en Alemania no podría entenderse una política que no aprovechara, justo ahora, todas las oportunidades para conseguir una paz interna duradera”, afirmó.

Mientras, las declaraciones de la vocera para la cooperación económica de la bancada del partido de izquierda Die Linke, Heike Hänsel, fueron aún más críticas.

“Los representantes del Centro Democrático dejaron claro en Berlín sobre todo lo siguiente: que no tienen ningún interés serio en un acuerdo de paz con la guerrilla”, le manifestó Hänsel.

La diputada señaló que algunas veces plantearon la absurda tesis de que las negociaciones de paz tienen consecuencias negativas para la economía del país, porque los guerrilleros de las FARC exigen una regulación de la minería y una reforma agraria.

El vocero político para derechos humanos del partido de los verdes, Tom Koenigs, dijo: “Veo el proceso de paz como una oportunidad para Colombia. Entre más ciudadanas y ciudadanos se involucren, mucho mejor.”

Mientras, en Bogotá, Alirio Uribe Muñoz, congresista del partido opositor Polo Democrático, se mostró preocupado por la gira promocional de los populistas de derecha.

El Centro Democrático ha manifestado públicamente su desacuerdo frente al proceso de paz, con la afirmación de que se está negociando la entrega del país al terrorismo y se está desprestigiando a las fuerzas militares al ponerlas al mismo nivel de los terroristas, dijo.

“Pero estos argumentos que no tienen ningún sustento ni jurídico ni político”, subrayó.

Según el también jurista, “su misión es buscar el apoyo que no han podido tener en nuestro país a las apuestas guerreristas que han acabado con miles de personas”.

 

Compartido con SURCOS Digital por Carlos Meneses Reyes. Fuente original: Rebelión.

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Presentación Informe 10ª Misión ODHAIN Situación Indígena Caso Salitre

Conversatorio

El Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN) tiene el gusto de invitar al conversatorio donde se presentará a la opinión pública y se analizará y se discutirá con los participantes, el Informe de su 10ª Misión, realizada al Territorio Indígena Bribri de Salitre los días 29 y 30 de diciembre de 2014, ante los reiterados hechos de violencia en Territorio Indígena Bribri de Salitre incluyendo que el miércoles 24 de diciembre de 2014 en horas de la noche fue quemada en su totalidad la casa de Celania Figueroa Morales en la zona de Buena Vista de Puente.

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2015.

Hora: 04:30 pm

Lugar: Auditorio ANDE. San José Centro, Av. 5, C. 0 y 2. 100 mts. Este de Radiográfica de Costa Rica (Racsa). Diagonal al Hotel Europa. Costado Oeste de las paradas de Tibás.

 

El ODHAIN es el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, creado en el 2012. Tiene como objetivo observar, documentar e informar sobre la situación de los derechos humanos en los territorios indígenas de Costa Rica. Además el ODHAIN busca acompañar a estos pueblos en la difusión y la denuncia a fin de incidir positivamente en la solución de los conflictos. Está integrado por personas representantes de organizaciones sociales, universidades, asociaciones y federaciones estudiantiles, organizaciones sindicales y magisteriales, organizaciones ecologistas, de mujeres, de derechos humanos, paz y no violencia, de gremios profesionales, humanistas, pastorales de las Iglesias Católica y Luterana., entre otras.

Presentación Informe 10ª Misión ODHAIN Situación Indígena Caso Salitre

Información enviada a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad se dirige a Papa Francisco en busca de apoyo a sus derechos

Red personas con discapacidad
Imagen con fines ilustrativos.

La Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y Panamá suscribió una carta dirigida al Papa Francisco dada la situación de discriminación, exclusión social y pobreza que afecta a la mayor parte de personas con discapacidad de esta región.

En un subcontinente que tendría alrededor de 75 millones de personas con discapacidad, en arreglo a las estimaciones porcentuales del “Informe Mundial sobre Discapacidad” (Organización Mundial de la Salud-Banco Mundial, junio, 2011), cuatro quintas partes, enfrentan cotidianamente el flagelo de la pobreza y la desigualdad social. Esta elevada cifra de personas pobres con discapacidad se explica en el marco del círculo vicioso, que asocia discapacidad como causa y secuela de la pobreza.

Aún con los recientes avances alcanzados en la normativa internacional, que reconoce la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, el ejercicio de esos derechos es todavía escaso.

Ya que el Vaticano fue un activo observador del proceso mediante el cual la ONU aprobó en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), un primer tratado de derechos humanos para esta población, en diciembre del 2006, y fuera ratificado por todos los países latinoamericanos, aún persiste un desfase enorme entre la norma y su aplicación efectiva, a través de políticas inclusivas, justas y transversales.

Es por esto que dicha organización se dirige al sumo Pontífice buscando apoyo en la causa de los derechos de las personas con discapacidad y, particularmente, exhorte a los estados latinoamericanos y a sus líderes para que se comprometan, en forma efectiva, en la implementación de la Convención de la ONU, para lograr avances reales y concretos en la inclusión social y en el mejoramiento de las condiciones de vida de este sector poblacional.

Las personas u organizaciones interesadas en suscribirse a esta carta, deben escribir un correo a fammontero@gmail.com indicando su nombre, si pertenece a alguna organización (nombre de ésta) o lugar de trabajo.

 

Para leer en detalle la Carta, haga click en el siguiente enlace:

Carta abierta al Papa Francisco

 

Información enviada SURCOS Digital por Federico Montero.

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Carta al Cardenal Rodríguez

Tegucigalpa M.D.C. 7 de enero de 2015

Del escritorio de José Manuel Zelaya Rosales

 

Su Eminencia Reverendísima

Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga

 

Ciudad del Vaticano

Su Despacho

 

Su Eminencia:

Con todo respeto, me dirijo a Usted en relación a sus últimas declaraciones cuestionando la validez del Socialismo Democrático, como proyecto alternativo que hemos planteado frente al brutal modelo económico social de explotación que se aplica en nuestro país con efectos oprobiosos en contra de millones de hondureños(as) que son cruelmente excluidos del modelo económico y sacrificados por escuadrones de la muerte o sicarios a sueldo.

Los organismos internacionales ya identifican los peligrosos indicadores de Honduras, cuando nos califican como uno de los países más empobrecidos de América Latina, el más violento del mundo y uno de los más corruptos. Me refiero a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Transparencia Internacional (TI). Las cifras de la OMS indican que la tasa de homicidios en Honduras es la más alta del mundo: 103.9 por cada cien mil habitantes. Sin que importe mucho la diferencia numérica en esta macabra disputa estadística con las cifras oficiales, debemos reconocer que vivimos en un clima de creciente violencia, inseguridad cotidiana y espanto colectivo.

La remilitarización del Estado hondureño, los abusos de poder y las constantes violaciones de los derechos humanos, que evidencian la crisis en materia de seguridad así como la violencia que desangra nuestra sociedad fue denunciada por la Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita “in loco” a Honduras al final del año que acaba de concluir. El informe anual de “Human Rights Watch” (World Report, 2014) evidencia también la crisis.

Por todos estos hechos públicos y trágicos para nuestra sociedad, por quinto año consecutivo a partir del año 2010 se nos ha negado nuevamente el acceso a los fondos de la Cuenta del Milenio en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta negativa aumenta el descrédito y la pérdida de confianza de la comunidad internacional. Así lo demuestra la carta enviada por más de cien congresistas norteamericanos, que se pronunciaron en 2014 protestando por las violaciones a los DDHH, la represión militar contra los diputados en el Congreso Nacional y el estado de coacción que vive el pueblo hondureño.

La deuda pública aumentada irracionalmente en estos últimos 5 años, es inmoral e impagable. El año 2014 cerramos la economía con una deuda que asciende a casi los 9 mil millones de dólares, sin considerar la deuda flotante, y junto a esta escalada de endeudamiento se ha impuesto al pueblo hondureño más de nueve ajustes fiscales (“paquetazos”, como los llama el pueblo) que superan los 15 mil millones de lempiras anuales en nuevos impuestos. Estas cifras eran impensables hace 5 años, a inicios de 2009, cuando la deuda era apenas del 17% del PIB.

La Ley de la “Tasa de Seguridad” es un nuevo y oneroso impuesto de más de 2 mil millones de lempiras, de los cuales no se rinden cuentas a nadie. Se ha perdido la trasparencia en el manejo de los fondos públicos. El saqueo de más de 5 mil millones de los fondos de los beneficiarios del Seguro Social continúa impune ya que los verdaderos responsables están protegidos por tratarse de grandes proveedores o políticos de alto rango del Partido de Gobierno. La ley que permite la secretividad del quehacer estatal, aprobada recientemente, NO tiene otro fin que no sea el de ocultar las cuentas de los altos funcionarios y promover la opacidad en el manejo de los fondos y los asuntos públicos. Esa ley de secretos modificó arbitrariamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en mi administración.

Todos los ingresos extras administrados ahora de forma secreta y generados por los infames ajustes o “paquetazos” que con tanto sacrificio paga el pueblo hondureño, al igual que la política de devaluación permanente del lempira frente al dólar; resultan insuficientes para satisfacer los caprichos superfluos del actual gobernante, siempre dispuesto a la compra de aviones de lujo y armas, así como al mantenimiento de una millonaria campaña política y publicitaria en su beneficio personal. Estos nuevos ingresos deberían servir para sacar de la miseria y enfermedad a miles de niños y jóvenes que se encuentran sin empleo y sin educación y no para satisfacer los caprichos personales del Presidente de la República.

La inseguridad, la crisis económica y la falta de oportunidades que hemos denunciado de manera constante, han contribuido a generar el doloroso éxodo infantil que conmovió al mundo ya que se puso en evidencia la gravísima crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo ha aumentado las migraciones, y como consecuencia las deportaciones crueles de que son víctimas los indocumentados e “ilegales”. Tan sólo por la vía aérea, es decir desde Estados Unidos, el año pasado llegaron como repatriados más de 36 mil compatriotas y los deportados por la vía terrestre, es decir desde México, duplican con creces esa cantidad.

¿Y qué deberíamos decir sobre las privatizaciones de los servicios públicos y los despidos laborales masivos, disfrazados como “suspensiones”, y de las innumerables violaciones a los derechos laborales de los trabajadores del campo y la ciudad, incluida la sostenida represión contra el magisterio nacional, cuyos derechos han sido cercenados al igual que al sector sindical? Nunca como ahora, la clase trabajadora hondureña había sido sometida a tanta persecución, humillación y violaciones, sin protección alguna del Ministerio del Trabajo y de las autoridades responsables de la tutela de esos derechos.

Su Eminencia, en nuestro país se desarrolla un lento pero creciente proceso de construcción de una dictadura institucional, cuyas consecuencias desde ya las estamos sufriendo. El Gobierno de Juan Orlando Hernández, intenta detener las demandas del pueblo por cambios estructurales, mediante la amenaza, el chantaje, la persecución, la limitación del debate abierto y tolerante sobre las ideas, y el control de las instituciones y poderes del Estado; pretendiendo implementar un sistema único y hegemónico sobre el desarrollo, que asfixia el libre pensamiento.

El Congreso Nacional, recientemente aprobó de forma arbitraria decenas de leyes orientadas a reforzar la base supuestamente “legal” de la nueva arquitectura jurídica que requiere la dictadura en ciernes. Leyes como la de Escuchas e Intervención de las Comunicaciones privadas de los ciudadanos, al más puro estilo de los regímenes totalitarios y policíacos; la Ley Antiterrorista; la ley contra las denominadas “conspiraciones” y otras que dan fuerza y “normatividad” a la remilitarización del Estado.

Estas leyes todas fueron aprobadas en sesiones de dudosa legalidad, a la velocidad del rayo, sin siquiera dar oportunidad para un remedo de debate público. Es evidente que el gobernante actual, abusando de su condición de Presidente del Poder Legislativo en el gobierno anterior, utilizó su alto cargo para preparar el camino hacia su mandato personal, tan autoritario y tirano, como fraudulento.

En su delirio y afán de poder, el actual gobernante y sus principales colaboradores han llegado a plantear el continuismo presidencial de manera descarada, para que sea la Sala Constitucional, impuesta durante el año anterior de forma ilegal y corresponsable de autorizar la venta del territorio nacional a través de las llamadas Zonas Especiales (ZEDEs); la que habilite el reeleccionismo continuista, en una abierta y nueva violación de la Constitución, negando al pueblo su derecho a ser consultado en un plebiscito o referéndum (consulta popular) tal como lo manda la Ley fundamental de la República.

Reverendísimo Cardenal: su estadía en Roma puede ser una oportunidad única para informar al santo Padre sobre la trágica realidad que vive nuestro pueblo y sobre la difícil situación que todos enfrentamos. Estamos a tiempo de detener el retorno de épocas oscuras y terribles donde quienes se atrevieron a luchar por la verdad murieron torturados. Usted es el sacerdote cristiano que me enseñó la moral de decir siempre la verdad, sin medir el costo o beneficio involucrados, pero también me enseñó a defender el sagrado derecho a la vida como don de Dios y base fundamental de la existencia humana. Por esas enseñanzas pido respetuosamente a la Iglesia Católica que rompa el silencio y haga la diferencia con sus principales prelados y representantes.

Asimismo, en atención a la nueva visión que se advierte en El Vaticano y tomando en cuenta el origen latinoamericano del nuevo Papa, conocedor profundo de nuestros dramas y tragedias en América Latina, estimo que su Eminencia si no lo ha hecho, debe informar al Santo Padre sobre el escarnio y sufrimiento que está viviendo la sociedad hondureña.

Ruego a su Eminencia prestar atención a esta Carta Pública, que la hace este servidor con la mejor intención y en respuesta a sus recientes declaraciones de prensa. Le pido actuar en consecuencia con su alta investidura y aprovecho esta ocasión para presentar a Usted las muestras de mi más alta y distinguida consideración.

 

José Manuel Zelaya Rosales

Ex presidente Constitucional de Honduras

2006-2010

 

Enviado a SURCOS Digital por Marlin Óscar Ávila.

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Poder Legislativo busca conocer posición del gobierno ante hechos de violencia en Salitre

Comparecencia de la viceministra Ana Gabriel Zúñiga ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea legislativa

Conferencia de prensa de representantes indígenas de Salitre

Poder Legislativo busca conocer posición del gobierno ante hechos de violencia en Salitre

En el marco de la visita de representantes del pueblo Bribri de Salitre al Poder Legislativo el día 3 de diciembre, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobó:

Llamar a comparecer a la Viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga ante esta Comisión el día 17 de diciembre a las 10:00 a.m. para conocer la posición del Gobierno con respecto a las situaciones de violencia y violación de derechos humanos que está sufriendo ese pueblo indígena y sobre el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos logrados en julio y agosto pasado con la comunidad.

Además acordó realizar una visita en pleno al pueblo Bribri de Salitre programada para el segundo o tercer fin de semana del mes de enero de 2015; con el fin de escuchar de viva voz del pueblo indígena de Salitre que es lo que está pasando en ese territorio indígena y conocer las demandas y planteamientos de esa comunidad.

A la 1 p.m del día 17 de diciembre a las 10:00 a.m. se realizará una conferencia de prensa por parte de los y las representantes indígenas para dar a conocer los alcances de esta comparecencia, la misma se realizará en Casa Rusa (costado este de la Asamblea).

La comunidad indígena exige en estos momentos al Ejecutivo y al gobierno en general:

– La ejecución de tres auxilios policiales que plantearon referidos a las recientes invasiones y que pretenden poner en posesión a las familias indígenas recuperadoras.

– Ejecutar 7 desalojos administrativos requeridos a ese despacho desde setiembre, sobre terrenos invadidos por terratenientes plenamente identificados.

– Brindar seguridad y garantizar la integridad física de las personas expulsadas de sus tierras en las últimas invasiones del mes de noviembre.

– Pronta intervención en la continuación de la revisión de los límites territoriales.

El 17 de diciembre se estaría llevando a cabo desde la 8 de la mañana una manifestación de Solidaridad con el Pueblo Bribri de Salitre en las afueras de la Asamblea Legislativa.

 

Para más informes comuníquese con Jeffery López, Ditsö. Teléfono 2280 4725

www.ditso.blogspot.com

 

Enviado a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.

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Sectores solicitan incluir Derechos Humanos en las discusiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

FANCA

La siguiente carta fue suscrita por cientos de organizaciones y redes de sociedad civil de todo el mundo, que pretenden hacer un llamado a la Convención Marco de la Naciones Unidas para el Cambio Climático –CMNUCC-, para que se incluyan los derechos humanos en sus discusiones sobre políticas y acciones.

En ella se solicita a todas las Partes reconocer que el cambio climático ha producido serios daños a los derechos humanos, principalmente en los países más pobres, y que es imperativo tomar medidas urgentes de mitigación y adaptación para evitar posteriores y mayores daños.

La carta fue presentada durante la Vigésima Conferencia de Partes de la CMNUCC que se celebrará en Lima del 1 al 12 de diciembre del presente año.

Entre las organizaciones firmantes está la Red Centroamericana de Acción del Agua – FANCA- y su secretariado la Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente –ARCA-, entre otras redes y organizaciones de la Región.

 

Human rights protections for all in the 2015 climate agreement

We, the undersigned organizations, call for language in the 2015 climate agreement stating that the Parties to the UNFCCC shall, in all climate change‐related actions, respect, protect, promote, and fulfill human rights for all.

Climate change is a global injustice to present and future generations, and one of the greatest human rights challenges of our time. We are highly concerned about the grave harm that climate change is already causing, and will continue to cause, to people and communities as well as to the environment on which we all depend. It has a disproportionate impact on the world’s poorest and most vulnerable, and we are increasingly exceeding adaptation limits, resulting in significant loss and damage, as documented by the 5th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate

Change (IPCC). The report also highlights that current emission reduction actions are insufficient to limit global warming to the 1.5 degrees needed to avoid the most catastrophic of predicted impacts.

A safe climate is critical to the full enjoyment of human rights, including the rights to life, health, food, water, adequate housing, and self‐determination. However, it is well recognized—by the UN

Human Rights Council and others—that climate change and certain actions being taken to address climate change interfere with the enjoyment of human rights protected under international law. For this reason, in 2010, the Parties to the UNFCCC agreed that “Parties should, in all climate change related actions, fully respect human rights.” We regard this recognition of existing obligations as critical for a range of aspects, including with regard to safeguards and accountability for all climate actions, full and effective participation, and support for poorer countries whose capacities to protect their citizens’ human rights are strained by climate change impacts. However, we are concerned that this language has not been further operationalized in the UNFCCC process.

With negotiations for the Paris agreement underway, NOW is the time to fully integrate rights protections in the climate regime.

We welcome the reference to human rights, indigenous peoples rights and gender in the most recent version of the non‐paper released by the ADP co‐chairs on 11 November, “Stressing that all actions to address climate change and processes established under this agreement should ensure ag ender‐responsive approach, take into account the protection of the integrity of Mother Earth, and respect human rights and the rights of indigenous peoples”.

Yet we urge all Parties to include human rights in the operational provisions of the 2015 agreement. In doing so, we endorse the recommendations of 28 independent experts of the Human Rights Council, set forth in their “Open Letter from Special Procedures mandate‐holders of the Human Rights Council to the State Parties to the UN Framework Convention on Climate Change”, dated 17 October:

We urge the State Parties to the UNFCCC to recognize the adverse effects of climate change on the enjoyment of human rights, and to adopt urgent and ambitious mitigation and adaptation measures to prevent further harm. We call on the State Parties to include language in the 2015 climate agreement that provides that the Parties shall, in all climate change related actions, respect, protect, promote, and fulfill human rights for all. And we urge the State Parties at COP 20 in Lima to launch a work program to ensure that human rights are integrated into all aspects of climate actions.

The experts highlight the fact that climate change threatens to undermine the protection of human rights, and that the UNFCCC has a crucial role in effectively protecting human rights for all.

 

We wholeheartedly agree:

350.org

350.orgAfrica & Arab World

Academics Stand Against Poverty

Acción Ecológica

Aclimatando

ActionAid International

Active Remedy Ltd

Active Remedy Ltd

Advocates Coalition for Development and Environment

Aide et Action pour la Paix

Al-Hakim Foundation

Alaska Institute for Justice

Alaska Native Science Commission

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

American Jewish World Service

Aotearoa New Zealand Human Rights Lawyers Association

APRODEV

ARUANA

Asia Indigenous Peoples Pact

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development

Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)

Asociacio Ambiente y Sociedad

Asociación Ambientalista de Chiriquí

Asociacion Ambientalista MAYU SUMAJ

Asociación Ambiente y Sociedad

Asociación Catalana para el Agua y el Ambiente (ASCA)

Asociación para la Justicia Ambiental

Asociacion Raxcho’ch’ Oxlaju Aj (Tierra Verde 13 Aj)

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)

Ateneo School of Government

BankTrack

BERNARDINE ANSAH ASARE

Beyond Copenhagen Collective

Both ENDS

Bread for the World – Protestant Development Service

Bureau d’Etudes Scientifiques et Techniques (B.E.S.T)

CAN Europe

Carbon Market Watch

Carbone Guinée

CARE International – Poverty, Environment and Climate Change Network

Caribbean Policy Development Centre

Caritas Norway

Cayman Institute

CEDDRE PERU

Center for Environment

Center for Human Rights and Environment (CEDHA)

Center for International Environmental Law

Center for Support of Indigenous Peoples of the North

Center for Women’s Global Leadership (CWGL), Rutgers University

centre des ressource et de formation pour les femmes

Centre for Community Economics and Development Consultants Society (CECOEDECON)

Centre for Health Rights Advocacy (CfHRAD)

Centre for Research and Advocacy Manipur

Centre For Research Documentation and Publication Manipur

Centro Alexander von Humboldt

Centro de Incidencia Ambiental

Centro de Planificación y Estudio Social

Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental

Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada

Centro Mexicano de Derecho Ambiental

Centro para la Sustentabilidad y los Riesgos Climaticos

CIDSE

Climate & Development Advice

Climate & Sustainable Development Network (CSDevNet)

Climate Action Network – Latin America

Climate Change Australia – Hastings Branch

Climate Emergency Institute

Climate Justice Programme

Climate Wise Women

CliMates

Coalition des Volontaires pour la Paix et le Développement

Collectif des Associations Féminines pour la Paix et le Développement Intégral

Columban Center for Advocacy and Outreach

Consejo de Pueblos de Tezulutlán

DanChurchAid

Derecho Ambiente y Recursos Naturales

Diverse Voices and Action for Equality

Drowning Islands

Earthjustice

Earthlanka Youth Network

Ecological Forum of Kazakhstan (network of environmental organizations and experts)

Ecological Society of the Philippines

Edmund Rice Centre Sydney

Edmund Rice Centre/Pacific Calling Partnership

Egyptian Centre for Economic & Social Rights

Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia

European Association of Geographers (EUROGEO)

Federation of Community Forestry Users, Nepal (FECOFUN)

Fiji Women’s Rights Movement

Fiscalía del Medio Ambiente-FIMA Chile

Fond des Femmes Congolaises

Food & Water Watch

Forest Peoples Programme

Forests of the World

Foundation for GAIA (GAIA)

Franciscan Action Network

Freshwater Action Network (FAN)

Friends of the Earth International

Friends of the Earth U.S.

Friends World Committee for Consultation

Fundación +Verde+Humano

Fundación Alianza para un Mundo Verde

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Fundar, Center for Analysis and Research

FUNDEPS – Foundation for the Development of Sustainable Policies

GAIA – Global Alliance for Incinerator Alternatives

GenderCC – Women for Climate Justice

Germanwatch

Global Education Motivator (GEM)

Global Gender and Climate Alliance

Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights

Grassroots Global Justice Alliance

Greenpeace International

Gujarat Forum on CDM

Habi Center for Environmental Rights

HEDA Resource Centre

Heinrich Boell Foundation North America

HELIO International

Hivos

HUMA

Human Rights Advocates

Human Rights Foundation Aotearoa New Zealand

IBON International

Indian Network on Ethics and Climate Change

Indigenous Educational Network of Turtle Island/IEN

Indigenous Livelihoods Enhancement Partners (ILEPA)

Indigenous Peoples Links (PIPLinks)

Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago (AMAN)

Iniciativa Construyendo Puentes

Institute for Planetary Synthesis

Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA)

International Network for the Prevention of Elder Abuse

International Trade Union Confederation (ITUC)

International Working Group for Indigenous Affiars

International-Lawyers.Org (INTLawyers)

Irish Doctors’ Environmental Association (IDEA)

ITDP

Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development (JSAPMDD)

Labour, Health and Human Rights Development Centre

LIFE e.V.

ligue pour la solidarité congolaise

Loyola Human Rights Advocacy Project

MAISON DE L’ENFANT ET DE LA FEMME PYGMEES ()

Maison des Mines du Kivu (MMKi)

Maloca Internationale

Many Strong Voices

Maryknoll Office for Global Concerns

Maryknoll Sisters of Saint Dominic

Mesa Nacional de Cambio Climático

Minority Rights Group International

Misereor

Moravian College

Movimiento 10 de Abril para Defensa del Río Tabasará (M10)

Naga Women’s Union (NWU)

Nature and Youth Sweden

NGO Coalition for Environment (NGOCE)

Noa Sustentable

NRDS, Bangladesh

Oil Change International

Oxfam

Pan African Climate Justice Alliance (PACJA)

Panay Rural Development Center, Inc.

Paola Vasconi Reca

Papua New Guinea Eco-Forestry Forum

People’s Movement on Climate Change

Perspectives Monde Juste (PMJ)

PhilNet

Pivot Point

Planetary Association for Clean Energy (PACE)

Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático

Polish Climate Coalition

Population and Sustainable Development Alliance

Quaker Earthcare Witness

rainbow sunrise mapambazuko

Rainforest Foundation Norway

Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)

Red Colombiana Para la Defensa de Los DH, el Medio Ambiente y La Paz

Réseau Camerounais des Organisations des Droits de l’Homme (RECODH)

Réseau des Organisations de la Société Civile pour l’Economie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC)

Reseau GATT-RN

Rio+NOA

Savera Swayamsevi Sangathan

SEE Change Net

Sierra Club

Sisters of Mercy of the Americas’ Institute Justice Team

Social Justice Connection

Sociedad Amigos del Viento

Society for Sustainable Development Design

Society of Development and Education for Small Households-SoDESH

SONIA for a Just New World

SOS Africa

Stand Up For Your Rights

Support for Women in Agriculture and Environment (SWAGEN)

SUSWATCH Latinamerica Network

Taiwan Environmental Protection Union

Taiwan Youth Climate Coalition

The Bianca Jagger Human Rights Foundation

The Center and Library for the Bible and Social Justice

The Climate and Development Lab

The Shalom Center

The University of the South Pacific – Marshall Islands

Tribal Environmental Policy Center

Uganda Environmental Education Foundation (UEEF)

UK Youth Climate Coalition

UNESCO Etxea-UNESCO Centre Basque Country

Union des Juristes Engages pour les Opprimes, la Paix et le Developpement

Unitarian Universalist Service Committee

Universidad Nacional Autónoma de México

VINCENT MARK ABEDI

Water Initiatives Odisha & Combat Climate Change Network, India

WaterLex International Secretariat

Women Environmental Programme

Women in Europe for a Common Future

Women United Together Marshall Islands

Women’s Earth and Climate Action Network

Women’s Environment and Development Organization

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)

World Council of Churches

WWF Canada

WWF International

Youth for Unity and Voluntary Action (YUVA)

Zeliangrong Boudi, Assam,Manipur & Nagaland (ZBAM&N)

 

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UCR: Investigadores y activistas analizan nuevas formas de autoritarismo

Foro Humboldt Universidad – Sociedad

Tatiana Carmona Rizo

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Investigadores y activistas analizan nuevas formas de autoritarismo
En el foro participaron Ana Carcedo, presidenta de Cefemina; Zoilamérica Narváez, activista nicaragüense; Alberto Cortés Ramos, como moderador; Carlos Ariñez, comunicador; Dennis Castillo, activista LGBT y Paola Brenes, investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (foto Rafael León).

 

Activistas centroamericanos e investigadores de la UCR analizaron, en un foro, algunas de las nuevas formas de autoritarismo y persecución que sufren distintas agrupaciones y movimientos sociales en nuestra región.

En el marco del Foro Humboldt Universidad- Sociedad, los expertos se refirieron a los retos que deben enfrentar Centroamérica en materia de defensa de los derechos humanos, homofobia, represión de los movimientos sociales y violencia de género.

A lo largo del foro, los expositores coincidieron en que en los últimos años, las estructuras del crimen organizado están siendo utilizadas por el poder político con el fin de eliminar y neutralizar a líderes de distintos movimientos sociales y a defensores de derechos humanos.

 

Femicidios, patriarcado y violencia sexual

Durante la actividad, la Dra. Paola Brenes Hernández y la Dra. Ana Carcedo Cabañas, ambas investigadoras del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica junto con la Dra. Zoilamérica Narváez Murillo, socióloga y activista nicaragüense, se refirieron a los retos de la región en materia de la erradicación de la violencia de género.

Las expositoras coincidieron en que aunque ha habido grandes avances en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres, aún persisten en la región algunas estructuras de violencia en contra de esta población.

Investigadores y activistas analizan nuevas formas de autoritarismo2
La Dra. Paola Brenes, investigadora del CIEM mencionó que en el caso de Costa Rica hemos tenido grandes avances en materia de género, uno de ellos fue la primera encuesta nacional realizada por la UCR en el 2003 sobre violencia contra las mujeres (foto Rafael León).

Durante su intervención, la Dra. Brenes explicó que uno de esos avances radica en los logros conseguidos en la Convención de Belém do Pará, actividad en donde se lograron sentar las bases jurídicas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir sin violencia; así como señalar a todo acto de violencia contra las mujeres, como una ofensa a los derechos humanos.

Sin embargo, desde la perspectiva de la Dra. Carcedo, más allá de los avances en materia jurídica, la región aún tiene como reto tratar de disminuir las altas tasas de femicidios cometidos con violencia sexual.

“A partir del año 2000 se ha disparado los femicidios en Centroamérica… ha aumentado el ensañamiento también, la violencia y el odio con el que se comenten los femicidios y el aumento de la violencia sexual, podemos decir que hoy en día uno de cada cuatro femicidios se cometen con violencia sexual” afirmó Carcedo.

Por su parte, la Dra. Narváez manifestó que las nuevas formas de persecución política tratan de evitar la emergencia de movimientos sociales que tienen una solidez similar a la de la lucha de las mujeres, y que utilizan los mismos mecanismos de opresión para “adormercer” la conciencia social.

“Las nuevas formas de persecución política tienen que ver con no permitir que se repita la fuerza de la emergencia de las identidades que como la de las mujeres lograron transformar de manera definitiva los espacios de participación política… el patriarcado ha tratado de repetir las formas de violencia doméstica, las formas en las que se practica la violencia sexual que a un final es un abuso de poder, en el espacio público” dijo Narvaez.

En su opinión, Centroamérica está experimentando abusos “que repiten el modus operandi de los ofensores sexuales con las mujeres en el pasado”, por medio del terrorismo psicológico, nuevas formas de militarismo y un adormecimiento de la conciencia social, pasiva y poco solidaria.

Investigadores y activistas analizan nuevas formas de autoritarismo3
Esta actividad fue organizada por Cátedra Humboldt de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR (foto Rafael León).

 

Nuevas forma de violencia en contra de los movimientos sociales

Por su parte, el Dr. Carlos Ariñez y el Dr. Dennis Castillo, ambos activistas por los Derechos Humanos se refirieron a las nuevas formas de totalitarismo y opresión que existen en la región en contra de distintos movimientos sociales.

Los expositores coincidieron en que la región heredó de la época del totalitarismo, estructuras de violencia, que en tiempos de democracia se manifiestan en otros sectores sociales.

“La macroviolencia del terror del estado está llevando a una microviolencia en maras, en crimen organizado, en paramilitares, en narcotraficantes que utilizan los mismos mecanismos para eliminar y neutralizar a líderes activistas visibles, defensores de derechos humanos y periodistas alternativos” manifestó Ariñez.

Asimismo, el Dr. Castillo se refirió a cómo esta violencia y opresión también se manifiesta en los crímenes en contra de activistas y líderes de la comunidad LGBT (lésbica, gay, bisexual y transexual).

“Estamos ante democracias homofóbicas es decir democracias que de manera veladas persiguen la visibilidad de activistas abiertamente gays, transexuales, o lesbianas para violentar su participación, pero disfrazan esto de muchas maneras, entre ellas con el flujo migratorio de estos líderes, paralizan e incapacitan su libertad de asociación, pero además logran aislar a estos líderes una vez que están en el refugio” dijo Castillo.

El foro “Nuevas violencias en Centroamérica: autoritarismo y persecución a los movimientos sociales”se llevó a cabo este lunes 24 de noviembre y fue organizado por la Cátedra Humboldt de la Vicerrectoría de Investigación.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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