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Etiqueta: derechos humanos

Voces de mujeres haitianas que resisten

UNIR-Haití lanza la campaña “6 días con Haití” y la segunda temporada del podcast Fanm nan batay la

La Universidad Itinerante de la Resistencia de Haití (UNIR-Haití) lanzó la campaña “6 días con Haití”, una invitación internacional a escuchar, compartir y acercarse a la realidad haitiana desde las voces de sus mujeres, en medio de una crisis marcada por el aumento de la violencia, la inestabilidad y la migración.

La iniciativa acompaña la presentación de la segunda temporada del podcast Fanm nan batay la: Mujeres en lucha y en resistencia, una serie de seis episodios realizados en Puerto Príncipe “en medio de muchas dificultades”, según expresan sus creadoras. La producción, que combina narrativas íntimas, testimonios comunitarios y análisis cultural y social, es una apuesta por mantener viva la mirada haitiana desde dentro, lejos de los estigmas y de las imágenes reducidas a la violencia.

El material llega en un momento crucial para Haití, cuando múltiples sectores sociales —especialmente mujeres, jóvenes y comunidades locales— continúan sosteniendo formas de organización, resistencia y creatividad frente al deterioro de las condiciones de vida. La campaña busca amplificar esas voces y sumar apoyos de organizaciones, personas y medios aliados.

Los materiales fueron compartidos con SURCOS por Rafael Salgado, de ITECO.


Los seis episodios del podcast “Fanm nan batay la”

Cada día de la campaña se destaca uno de los episodios. A continuación, la descripción y enlace de cada uno:

1. La voz joven que acompaña y resiste – Naïma Andris

¿Qué mueve a una joven feminista haitiana a sostener la esperanza en medio de la crisis?
Naïma Andris comparte su trabajo acompañando a mujeres sobrevivientes de violencia y reflexiona sobre el papel de la juventud haitiana organizada.
https://youtu.be/mQRcA3ICJ2U?si=XAyoCqQnlH9A8h4A


2. El tambor como latido colectivo – Wisancha

Mientras la violencia intenta silenciar al país, Wisancha reivindica el tambor como memoria viva, fuerza espiritual y resistencia.
https://youtu.be/OQqOWxRj2ho?si=8f-my4IwP29DBB65


3. Investigar desde Haití – Roseverlande

Roseverlande comparte su investigación sobre el aborto voluntario en el vodou, y reflexiona sobre la importancia de producir conocimiento desde Haití y para Haití.
https://youtu.be/6jBavnCTFGo?si=LPZgSlxBlBbPtQ4y


4. Vodou jazz y voz feminista – Vanessa Jeudi

Cantante, compositora y militante feminista, Vanessa Jeudi explica qué es el vodou jazz, cómo se vive y por qué es una expresión contestataria, espiritual y profundamente haitiana.
https://youtu.be/SCMQ1q1g-Kg?si=4gl4uKrRk8H3y8_q


5. La vida cotidiana que sostiene al país – Patricia Jean

¿Cómo se gestiona el agua, los residuos o la esperanza en un país golpeado?
Patricia Jean muestra una Haití cotidiana y valiente, sostenida por quienes deciden quedarse y cuidar.
https://youtu.be/sysOhH0WjyY?si=x0msApmJUf3crjRD


6. Preguntas esenciales sobre Haití – conversaciones desde adentro

Dos mujeres haitianas responden preguntas frecuentes sobre el idioma, el territorio, la cultura, el vodou, la situación actual y sus sueños.
Un episodio íntimo, lleno de orgullo y humor.
https://youtu.be/x0msApmJUf3crjRD


Invitación pública

UNIR-Haití y las productoras solicitan apoyo compartiendo los episodios durante los seis días de campaña para amplificar estas voces y construir un relato alternativo y necesario sobre Haití: un país vivo, que lucha, crea, enseña y sueña.

Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile: “Un país que no hace su trabajo frente a las violaciones de derechos humanos está condenado a repetirlas”

Por Félix Madariaga Leiva
Periodista

A más de cinco años del estallido social y en un escenario global marcado por guerras, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas, la discusión sobre el rol de la justicia internacional es urgente. La Corte Penal Internacional (CPI), los cuestionamientos al sistema multilateral, la militarización de territorios y la deuda del Estado chileno con las víctimas son temas que han adquirido una relevancia crítica.

Para profundizar en ellos, conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, abogado y reconocido especialista en derechos humanos, fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asesor de organismos internacionales, académico y ha liderado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en América Latina. Su trayectoria lo posiciona como una de las voces más autorizadas para analizar la situación regional.

Desde Amnistía Internacional ¿cómo evalúan el rol de la Corte Penal Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en distintos países, incluido Chile tras el estallido social?

RB: La CPI, que se adoptó por el Tratado de Roma de 1998, ha significado un avance importante en nuestra historia, porque concebir que hay crímenes contra la humanidad —de lesa humanidad— para los cuales existe un tribunal internacional, significa que ya no solo es importante la jurisdicción de los países, sino que también existe un tribunal internacional. En Chile costó que se aceptara el Tratado y que Chile pasara a ser parte; hubo varios cuestionamientos en su momento, pero finalmente se logró.

Esta Corte ha logrado condenas importantes en varios casos en los últimos 20 años; sin embargo, estamos en un momento difícil. Planteaste varias situaciones: lo que ocurre en Ucrania, el genocidio en Gaza, y hay otras donde probablemente hay muchas dificultades para que los tribunales internacionales hagan bien su trabajo. Estamos en un momento de mayor cuestionamiento y fragilidad al sistema internacional que se creó post Segunda Guerra Mundial. Hay falta de financiamiento de Estados Unidos, pero también múltiples cuestionamientos a la organización de Naciones Unidas por parte de muchos de los países que entregan recursos a este organismo multilateral, y ha habido muchos ataques a la Corte Internacional, especialmente por el trabajo realizado por el genocidio en Gaza.

Si bien, a nuestro juicio, debiera avanzar más rápidamente la investigación —particularmente en relación al genocidio en Gaza—, creemos que, en este contexto, lejos de debilitar a los organismos multilaterales, es valorable que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros ministros de Israel, y que la Corte Internacional de Justicia también haya declarado que la ocupación que lleva hace décadas el Estado de Israel es ilegal y tiene que terminar. Los tribunales internacionales están haciendo su trabajo, no obstante, haya mucha resistencia de varios Estados y, sobre todo, de algunas potencias mundiales.

En el caso de Chile, durante el estallido social, diría que el caso no ha llegado todavía del todo a la CPI porque los tribunales chilenos se encuentran investigando más de 1.000 causas, y además, hay una causa por la responsabilidad de los altos mandos y otra por crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Los tribunales internacionales entran a juzgar subsidiariamente cuando los internos, los nacionales, no han hecho su trabajo, y en este caso todavía esas investigaciones están en curso.

Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero suele intervenir en América Latina en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esa contradicción y qué efectos tiene en la credibilidad de la justicia internacional?

RB: Estados Unidos no solo no ha suscrito el Tratado de Roma que establece la CPI; sino que también la administración Trump estableció sanciones contra funcionarios de la Corte. Estados Unidos tiene un historial donde hay muchos tratados de Naciones Unidas que no ha suscrito y de los que no es parte.

Si bien la administración Trump ha sido especialmente cuestionadora del sistema internacional, esto es parte de la trayectoria histórica de ese Estado: no ser parte de muchos tratados de derechos humanos y no comprometerse con el sistema multilateral, cuando los derechos humanos requieren compromiso de todos los países. Después, efectivamente, tiene este discurso de intervenir en otros países —a veces militarmente— para “defender” los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas es un doble estándar enorme, porque es un Estado que, en general, no ha protegido los derechos humanos y ha sido renuente a ser parte del sistema internacional en la materia.

El Reino Unido ha retomado los ejercicios militares en las Islas Malvinas, mientras en Chile se mantiene la militarización en la Araucanía. ¿Qué lectura hace Amnistía sobre el uso del poder militar en contextos sociales o territoriales?

RB: Es muy preocupante y grave la forma en que ha avanzado la militarización en Chile y en otros países. Has hablado de estos ejercicios por parte de Inglaterra, pero más allá de eso, en México llevamos muchos años con una militarización muy importante. Acabamos de ver un operativo donde intervinieron militares en Río de Janeiro, donde murieron más de 100 personas, en un operativo – se supone – por razones de seguridad.

En ese contexto, desde Amnistía siempre hemos sido claros: la militarización no puede ser la solución para temas de seguridad. Finalmente, siempre acarrea restricciones de libertad y no se pueden abordar los problemas de seguridad de fondo, lo que muchas veces implica, además, desvirtuar las funciones de las Fuerzas Armadas, relegando a las policías a no poder cumplir su rol como corresponde en una sociedad democrática con Estado de derecho.

Es preocupante que Chile lleve tantos años con un estado de excepción que, por definición, es transitorio, es excepcional. En cambio, desde el inicio de este gobierno tenemos un estado de excepción permanente en la denominada zona macro-sur, o en las regiones donde está presente mayoritariamente el pueblo mapuche. Eso es absolutamente contrario a los estándares internacionales: los estados de excepción deben ser transitorios. Lo más preocupante es que no se visualiza un cambio en esa política a corto plazo.

EI: A más de cinco años del estallido social, muchas víctimas siguen esperando justicia. ¿Existe una impunidad estructural en Chile frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado?

RB: Después de la dictadura cívico-militar y la impunidad que vivimos durante décadas, en cuanto a las atrocidades que se cometieron por parte del régimen de Pinochet —y el rol que tuvo el Poder Judicial, en algunos casos mirando hacia el lado y en otros derechamente siendo cómplice—, lo que se esperaba para 2019 y 2020, con la crisis de derechos humanos más importante desde el retorno a la democracia, era que el Estado de Chile, la Fiscalía y los tribunales hicieran su trabajo de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado.

Sin embargo, las investigaciones tuvieron muchas demoras y deficiencias; los tribunales también tuvieron problemas, sobre todo al tipificar adecuadamente el delito de tortura. Ha habido una impunidad bastante generalizada, si bien hay más de 70 sentencias condenatorias. Por otra parte, no ha habido una política pública de reparación integral para las víctimas del estallido, ni garantías de no repetición, que son claves y estructurales. Por ejemplo, la reforma a Carabineros, planteada por Amnistía Internacional y otros organismos internacionales —y que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric— no se ha concretado.

Por lo tanto, cuando revisamos nuestra historia, todas las deudas que quedan desde la dictadura, y todas las deudas pendientes respecto del estallido social, es complejo mirar al futuro y pensar que no vamos a tener de nuevo una crisis de derechos humanos. Un país que no hace la pega cuando se violan los derechos humanos es un país mucho más propenso a repetir el mismo patrón de acciones y violaciones.

Casos como el de Julia Chuñil reflejan la falta de reparación integral. ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva a las víctimas?

RB: Insisto, el Estado ha logrado varios avances en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, pero sigue teniendo deudas cuando se trata de agentes del Estado. Por otra parte, si bien este gobierno dio un paso importante al firmar, aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú —que implica protección para defensores y defensoras de derechos humanos—, falta trabajo por hacer, porque no se ha aprobado la ley que se discute en el Congreso para la protección de estas personas.

Somos el continente donde más peligros enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en países como Colombia, México y Brasil. En ese contexto, lo que sucede con Julia Chuñil —que lleva más de un año desaparecida, con una investigación de Fiscalía que ha tenido dificultades y no ha logrado esclarecer su paradero ni las circunstancias de su desaparición— es sin lugar a dudas preocupante.

Aunque no estamos en la misma situación que otros países en cuanto al nivel de ataques y muertes, sí ha habido amenazas y agresiones. Por eso, es importante que el Estado adopte medidas legislativas y judiciales para resguardar a las personas defensoras de derechos humanos.

Estamos en periodo de las elecciones presidenciales. Un candidato afirmó que indultaría a criminales de lesa humanidad y a carabineros condenados por violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Amnistía frente a estas declaraciones?

RB: Nuestra posición es que es inaceptable que Johannes Kaiser haya señalado que liberaría a criminales de lesa humanidad como Krasnoff Marchenko y otros, que cometieron las peores atrocidades en la historia de Chile. Con ese tipo de afirmaciones se genera revictimización de las víctimas y sus familiares. Está absolutamente alejado del marco de derechos humanos del cual Chile es parte y, además, parece un retroceso a tiempos oscuros, cuando se hablaba de supuestos detenidos desaparecidos y se justificaban las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.

Johannes Kaiser no solo ha planteado la liberación de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también ha mentido derechamente sobre los supuestos restos que estarían en el Servicio Médico Legal, tal como decía Manuel Contreras, director de la DINA, uno de los militares más sanguinarios de América Latina. Kaiser está tomando la posta para mantener esa mentira, esa fake news sobre dónde estarían los restos de las personas detenidas desaparecidas.

Son afirmaciones graves e inaceptables. Desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún gobierno avance en medidas de este tipo.

Respecto del estallido social, también es inaceptable que Kaiser se haya subido al escenario junto a quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, y diga que los va a liberar a todos. Yo le pregunto a Kaiser si también liberaría, por ejemplo, a los carabineros condenados por violencia sexual. Hay al menos cuatro sentencias por violencia sexual durante el estallido social, casos investigados por Fiscalía y resueltos por tribunales chilenos. Personas en comisarías, sin resguardo alguno, fueron víctimas de desnudamiento y violencia sexual.

¿Eso también es parte de lo que quiere Johannes Kaiser? ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, donde sea posible cualquier tipo de vejación y que esas vejaciones queden en la impunidad? Desde Amnistía Internacional decimos que no, y que nos vamos a oponer ahora y siempre a cualquier tipo de medida de ese tipo.

La conversación con Rodrigo Bustos deja en evidencia que Chile y la región atraviesan un momento crítico: crisis de legitimidad internacional, militarización creciente, impunidad persistente y discursos que buscan reinstalar viejos negacionismos. Frente a ello, Amnistía Internacional sostiene una posición clara: sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la democracia se debilita y deja espacio para que esas violaciones se puedan repetir.

La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una tarea urgente en un país que aún no sana sus heridas.

Declaración de la Alianza Global CONVIDA20 ante la COP30

Por una política global al servicio de la vida; la justicia climática; la paz; la pluriculturalidad originaria y afro; la equidad de género; el derecho a migrar y ser protegido y una tecnología al servicio de los pueblos

Resumen

Hoy, más que nunca, nos debatimos entre dos polos: el de la vida y el de la muerte. Quienes creemos en el derecho a existir denunciamos que ese derecho está siendo violado por los poderosos de cada país, que destruyen la casa común, militarizan el planeta y mercantilizan la tecnología.

Nos resistimos al negacionismo climático, al extractivismo voraz, a la violencia patriarcal y al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de control, guerra y exclusión.

Desde nuestras siete comisiones de CONVIDA20:

Tecnología de la información / Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia / Paz, No Violencia y Anti-militarización / Pueblos Originarios y Afrodescendientes / Equidad de Género / Crisis Climática / Crisis Migratoria, elevamos esta declaración ante la COP30 en Belém Do Pará, Brasil.

Lo hacemos desde los pueblos de América Latina y el Caribe, desde las comunidades campesinas, rivereñas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares, desde las espiritualidades vivas que resisten y sueñan.

Esta declaración también recoge el eco de la peregrinación continental de la copresidenta de SICSAL-Mons. Oscar Arnulfo Romero e integrante de nuestra coordinación, Emilie Teresa Smith, quien, desde Vancouver, Canadá, ha recorrido el continente escuchando, conviviendo y recogiendo testimonios de mujeres y hombres defensoras y defensores de los territorios, que enfrentan múltiples violencias, especialmente la institucional, el saqueo de los bienes comunes y la destrucción ambiental con coraje, poesía y organización. Su caminar ha sido un acto de escucha radical, de acompañamiento espiritual y de denuncia profética.

La Inteligencia Artificial, la guerra, el extractivismo, la migración forzada y la crisis climática no son fenómenos aislados: son expresiones de un mismo modelo que pone el lucro, la codicia, por encima de la vida. Frente a ese modelo, proponemos otro horizonte: una humanidad reconciliada con la tierra, con el trabajo digno, con la hospitalidad y la justicia.

No venimos a pedir permiso. Venimos a anunciar que otro mundo está en marcha.

Que los pueblos que migran, las mujeres que cuidan, las juventudes que sueñan y los pueblos originarios y afrodescendientes que resisten ya están construyendo alternativas.

La Alianza Global CONVIDA20 reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida en todas sus formas, con la justicia climática, la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, las mayorías empobrecidas, la equidad de género, la paz y la espiritualidad encarnada en los pueblos.

Reafirmamos que no habrá justicia ambiental sin justicia social, ni justicia social sin acogida y reconocimiento del otro y la otra. Nos convocamos a seguir tejiendo redes de solidaridad continental, a cuidar los territorios y los cuerpos amenazados, a acompañar a quienes migran por hambre, guerra o sequía, y a construir, desde la ternura de los pueblos y la resistencia, un futuro donde ninguna persona sea descartada ni expulsada de la casa común. Nuestra esperanza es activa, nuestra fe se hace acción y nuestro horizonte es la vida plena para todos los pueblos y todas las criaturas de la tierra.

Vemos, juzgamos y actuamos

Porque no estamos ante una simple coyuntura técnica ni una crisis pasajera.

Estamos frente a una encrucijada histórica que interpela nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y nuestra acción política.

Este método —nacido en la juventud obrera católica de Bélgica y asumido por las luchas populares, la teología de la liberación, la pedagogía crítica y los movimientos sociales latinoamericanos— nos permite mirar la realidad con ojos abiertos, corazón sensible y voluntad transformadora.

Ver es dejarse afectar por lo que ocurre: reconocer las heridas del planeta, los rostros de los excluidos, los mecanismos de poder que destruyen la vida.

Juzgar es discernir desde una ética de la vida, confrontando los hechos con los principios de justicia, dignidad, solidaridad y cuidado.

Actuar es comprometerse, construir alternativas y transformar estructuras.

Vemos que:

La crisis climática no solo destruye ecosistemas: también expulsa pueblos enteros de sus territorios, provocando que millones de personas abandonen sus hogares por sequías, inundaciones o aumento del nivel del mar. Se prevé que en 2050 sean más de 250 millones las personas refugiadas climáticas que se verán forzadas a dejar sus hogares por los efectos del calentamiento global: sequías prolongadas, desertificación, pérdida de cultivos, tormentas extremas, saqueo y expoliación de tierras cultivables.

Aunque el término “refugiado” sugiere protección internacional, no existe aún reconocimiento legal bajo la Convención de Ginebra de 1951. Por eso, quienes huyen del colapso ambiental son personas invisibilizadas, criminalizadas o reducidas a cifras, sin protección jurídica ni humanitaria efectiva.

En Europa y en las fronteras de Estados Unidos, la llegada de personas afectadas por crisis ambientales crece cada día más. Proceden de África, de Oriente Medio, de Asia meridional y de América Latina, y el Caribe donde los impactos del cambio climático agravan la pobreza, los conflictos y la inseguridad alimentaria.

El Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, y los muros, centros de detención y políticas xenófobas son el rostro más cruel de una civilización que ha perdido su humanidad.

Las guerras, además, contaminan el aire, la tierra y el agua, obligando a poblaciones enteras a migrar incluso después de los conflictos. La migración forzada es hoy el rostro humano del colapso climático y la expresión más extrema de la injusticia ambiental global.

La militarización global representa entre el 5 y el 6% de las emisiones de carbono. Los países que fabrican y exportan armas concentran el 82% del gasto militar mundial y el 67,1% de las emisiones de CO₂. La guerra contamina, deforesta, desplaza y destruye ecosistemas.

Los países del sur global arrastran deudas externas impuestas por organismos financieros internacionales que condicionan sus economías y limitan su desarrollo. Mientras destinan enormes recursos al pago de intereses, millones de personas carecen de salud, educación, tierra, trabajo y techo digno.

La transición energética, basada en el litio y otros minerales raros, está afectando directamente a comunidades que habitan los territorios. En Ecuador, el pueblo Kichwa ha sufrido represión, invasión de tierras y asesinatos por resistir al extractivismo. En México, Guatemala, Colombia y Honduras, mujeres defensoras enfrentan amenazas constantes por proteger el agua, los bosques y la biodiversidad.

Las mujeres —especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinas— enfrentan violencias múltiples: patriarcales, extractivistas, racistas. Son ellas quienes sostienen la vida, defienden los territorios, custodian las semillas, y, sin embargo, siguen siendo invisibilizadas, criminalizadas y asesinadas. Su trabajo cotidiano, muchas veces invisible, es esencial para el sostenimiento de la vida y la resistencia comunitaria.

La lucha feminista en este contexto debe ser transversal a la COP30, mirando la realidad desde la desigualdad estructural que viven las mujeres. Esta mirada no es un añadido: es una clave para desmontar las violencias y construir justicia ambiental, social y tecnológica.

La IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza que transforma radicalmente la economía, la política, la naturaleza y la guerra. Su uso masivo genera impactos ecológicos alarmantes: consumo energético desmedido, uso intensivo de agua y minerales críticos, expansión de la huella ecológica de las grandes empresas tecnológicas y atenta contra el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento.

Juzgamos que:

La crisis climática es también una crisis ética y espiritual: sin sentido, sin comunidad y sin trascendencia, no hay futuro sostenible. La espiritualidad es el alma de la ecología integral.

Del mismo modo, la crisis migratoria es un espejo moral del mundo. Negar el reconocimiento a las personas desplazadas por causas ambientales es perpetuar un modelo de muerte. Reconocerlas y protegerlas es un deber moral y político. La indiferencia de los estados y las corporaciones, ante el sufrimiento de millones de personas migrantes y refugiadas climáticas constituye una violación estructural de los derechos humanos.

Denunciamos las políticas racistas, xenófobas, aporofóbicas y patriarcales del Norte Global, que levantan muros mientras destruyen ecosistemas ajenos. Denunciamos también la corrupción de muchos gobiernos del Sur, que anteponen el lucro al bienestar de sus pueblos, permitiendo el saqueo extractivista de sus tierras.

Como han afirmado los Papas Francisco y León XIV los cuatro verbos que deben guiar toda política migratoria: acoger, proteger, promover e integrar. Estos principios son también una brújula para la justicia climática.

Acoger a las personas desplazadas es reconocer la interdependencia de la vida; protegerlas es garantizar sus derechos; promoverlas es acompañar su desarrollo humano integral; integrarlas es crear sociedades interculturales y solidarias.

La migración no es un problema: es una consecuencia de las injusticias globales y una oportunidad para reconfigurar el pacto humano desde la fraternidad universal.

Los pueblos originarios y afrodescendientes no son víctimas pasivas: son portadores de soluciones vivas, saberes milenarios y alternativas concretas. Ante cualquier proyecto gubernamental que tenga que ver con la madre naturaleza la consulta a los pueblos es prioritaria y obligatoria.

Las deudas externas y ecológicas son injustas y contrarias al bien común. Las deudas, muchas veces ilegítimas o heredadas de dictaduras, perpetúan la dependencia y el control de los poderosos sobre los pueblos. No se puede exigir a las naciones pobres pagar con el hambre de su gente lo que fue impuesto bajo mecanismos de dominación económica.ç

La IA no es neutral: su desarrollo está guiado por intereses corporativos y militares.

La militarización no garantiza seguridad: la verdadera seguridad es humana y comunitaria: Implica salud, educación, vivienda, trabajo digno y paz.

Actuamos así:

  • Reclamamos una transición ecológica justa, que respete los territorios y los derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes.

  • Nos sumamos a las acciones por la suscripción del protocolo de no proliferación de combustibles fósiles; también a la exigencia de canje de deuda por acción climática; presión por el aumento del fondo de los países ricos, que sea justo, equitativo y ético, para la mitigación de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. De igual manera, cualquier acción de transición energética, ecológica, integral y justa, respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que requiere inclusión de garantías a los derechos humanos en las acciones que surjan de la COP30 de Belem do Pará, en Brasil.

  • Apoyamos la exigencia de auditorías éticas y transparentes de las deudas, promovemos sus condonaciones cuando sean ilegítimas y trabajamos por un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia, la solidaridad y la soberanía de los pueblos. Sólo así las economías podrán liberarse de las cadenas que impiden su desarrollo humano integral.

  • Exigimos la reconstrucción ética de las políticas migratorias globales, con base en el respeto a la dignidad humana y en la responsabilidad compartida ante el cambio climático. Así mismo, promovemos la adopción de marcos jurídicos internacionales que reconozcan el status de “refugiado climático”.

  • Exigimos que ningún ser humano sea considerado ilegal y que se garantice el acceso universal a educación, salud y seguridad social para todas las personas migrantes. También denunciamos la criminalización de quienes acompañan o defienden los derechos de las personas migrantes, los crímenes de los defensores ambientales y exigimos justicia por los asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones.

  • Apoyamos las redes de solidaridad que, en Europa, América, África, Asia-Pacífico practican los principios de acoger, proteger, promover e integrar, resistiendo a la ultraderecha.

  • Reclamamos presupuestos públicos para el cuidado comunitario de bosques, ríos, semillas y saberes; para la acogida de personas desplazadas y para políticas de integración que fortalezcan la convivencia intercultural.

  • Reconocemos y celebramos las identidades, las diversidades sociales y étnicas porque en su expresión se refleja la dignidad y la riqueza de lo humano.

  • Denunciamos el patriarcado digital que se disfraza de modernidad mientras reproduce las viejas jerarquías del poder: algoritmos que invisibilizan a las mujeres, redes que premian la violencia simbólica y plataformas que lucran con la exposición del cuerpo femenino. Detrás de cada “like” o comentario misógino hay un sistema que perpetúa la desigualdad en el espacio virtual.

  • Proponemos como alternativa construir una cultura digital feminista, donde la tecnología sea herramienta de emancipación y no de control. Un internet diverso, ético y comunitario, que promueva la voz de quienes fueron silenciadas, y que use la inteligencia colectiva para tejer redes de cuidado, educación y justicia.

  • Exigimos protección integral para las defensoras de la vida —mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y migrantes— que enfrentan amenazas y violencia.

  • Apoyamos la regulación y el control democrático de la IA al servicio del bien común y exigimos políticas públicas de alfabetización tecno-política y rechazamos el uso de la IA con fines geopolíticos y militares, de vigilancia o manipulación.

  • Apoyamos la Campaña Global contra el Gasto Militar, y nos pronunciamos contra las bases militares de EE. UU. y la OTAN en nuestro continente que han ocupado, invadido, y dominado nuestros territorios ricos en bienes naturales y biodiversidad. Igualmente, nos hemos pronunciado contra el entrenamiento y ejercicios militares orientados a prepararse para la guerra y que se realizan cada año generando, al mismo tiempo, contaminación y daño ambiental.

Escuchen el clamor de la tierra.

Escuchen el clamor de los pueblos desplazados.

Escuchen el clamor de las mujeres migrantes que defienden sus cuerpos y territorios.

Porque la vida no se negocia.

Porque la justicia no se posterga.

Porque la paz no se militariza.

Porque la tierra no se vende.

Porque el futuro se construye hoy.

Alianza global CONVIDA20 está integrada por organizaciones y personas de América Latina, El Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa y Asía Pacífico

Anexos

DECLARACION DE LA ALIANZA GLOBAL CONVIDA20 ANTE LA COP30 2025.pdf
DECLARAÇÃO DA ALIANÇA GLOBAL CONVIDA20 DIANTE DA COP30 2025.pdf
DÉCLARATION DE L’ALLIANCE MONDIALE CONVIDA20 DEVANT LA COP30 2025.pdf
https://sicsal.net/convida20/es/node/95

Articulan plataforma de lucha contra el TLC con Israel y convocan a marcha nacional

Comunicado — Red de Solidaridad con Palestina CR

La Red de Solidaridad con Palestina Costa Rica anunció la conformación de la Plataforma de Lucha contra el TLC con Israel, un espacio amplio de articulación social que busca frenar la posible aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel, negociado y presentado por el Poder Ejecutivo sin transparencia hacia la sociedad civil.

Según la organización, el Gobierno ha anunciado su intención de presentar el TLC ante la Asamblea Legislativa en diciembre, pese a que el régimen israelí continúa enfrentando acusaciones de Crímenes de Guerra ante la Corte Penal Internacional y acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus acciones contra la población palestina en Gaza y Cisjordania.

La Red denuncia que el acuerdo comercial se estaría utilizando para “lavar la imagen genocida y criminal del régimen sionista”, además de constituir un riesgo para la soberanía de la producción local y los recursos nacionales. Señalan que el contenido del TLC permanece bajo manejo reservado, con características de “Secreto de Estado”, lo cual impide el escrutinio ciudadano.

Plataforma de Lucha contra el TLC con Israel

El comunicado informa que este sábado 15 de noviembre, de 9:00 a.m. a 12:00 medio día, se realizará el Encuentro por una Plataforma de Lucha contra el TLC con Israel, en el local del sindicato UNDECA (350 metros al norte del Hospital de Niños, calle 20 norte).

En esa sesión se formalizará una mesa de coordinación general, con participación de una persona delegada por cada organización adherida. El objetivo es sumar voluntades de personas, colectivos, sindicatos, asociaciones, organizaciones comunitarias y actores sociales para desarrollar acciones conjuntas que impidan la aprobación del tratado comercial.

La actividad incluye análisis político, exposición de motivaciones de la lucha contra el TLC e intercambio de propuestas entre sectores.

Convocatoria a Marcha Nacional

La Red de Solidaridad con Palestina CR anunció además la realización de la marcha “NO al TLC con el Genocida Israel”, en el marco del Día Mundial de Palestina, el próximo:

📅 Sábado 29 de noviembre
🕒 2:00 p.m.
📍 De la Casa Amarilla al bulevar de la Avenida Central, finalizando en la Asamblea Legislativa

Se espera una movilización amplia que exprese rechazo al acuerdo comercial, solidaridad con el pueblo palestino y defensa de la soberanía costarricense.

Organiza y convoca:

Red de Solidaridad con Palestina Costa Rica — @palestinacostarica

Crisis de la democracia en Centroamérica será analizada en webinario académico

PRISMA y la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita al webinario “Crisis de la democracia en Centroamérica”, un espacio de reflexión que reunirá a especialistas de la región para examinar los desafíos actuales que enfrentan los procesos democráticos en el istmo.

El encuentro se realizará el miércoles 19 de noviembre de 2025, a las 10:00 a.m. (hora Centroamérica), y será transmitido en Facebook Live por la página de la Cátedra Centroamérica (UCR).

Participarán Ileana Gómez, del equipo coordinador de la Fundación PRISMA; el economista Rafael Enríquez; y Alberto Cortés, coordinador de la Cátedra Centroamérica de la UCR.

Desde Fundación PRISMA, Ileana Gómez abordará los riesgos que amenazan la democratización en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, donde —según explicó— las élites económicas buscan silenciar voces disidentes y controlar territorios rurales y sus recursos.
A pesar de ese contexto, Gómez subraya que comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes están impulsando una resignificación de los territorios, reconociéndolos no solo como tierra productiva, sino también como espacios de identidad social, ejercicio de derechos y prácticas de sustentabilidad e inclusión.

Este diálogo forma parte de los esfuerzos de la Facultad de Ciencias Sociales (UCR), en alianza con PRISMA y el programa FOCOS, por promover el análisis regional sobre las condiciones democráticas y las respuestas sociales frente a los autoritarismos que resurgen en América Central.

📅 Fecha: Miércoles 19 de noviembre de 2025
🕙 Hora: 10:00 a.m. (hora Centroamérica)
📍 Transmisión: Facebook Live – Cátedra Centroamérica UCR

La dictadura del desprecio: el agro responde contra el insulto presidencial hacia Roy Fallas

Comunicado de la UNAG

Miles de personas productoras agrícolas de todo el país nos movilizamos hacia Casa Presidencial de forma ordenada y pacífica para solicitarle al señor presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles que no nos siga afectando con sus políticas y que en lugar de esto fortalezca la producción nacional y defiendan la soberanía alimentaria, así como el empleo de miles de familias rurales que dependen de esta actividad.

Desde la UNAG y el sector del agro nacional, indignados por el maltrato que recibió el humilde agricultor Roy Fallas Araya, miembro de nuestra organización, hacemos del conocimiento que los oficiales de fuerza pública quienes se presentaron armados a bloquear el paso, limitar el tránsito y la libertad de expresión afirmaron que accionaron conforme a las órdenes superiores para hacer uso de la fuerza y autoridad, que quedó evidenciado ante el arresto arbitrario del compañero Roy, a quien procesaron como si fuera un delincuente, no obstante, ha quedado demostrado en videos que el señor Fallas en ningún momento cometió delito alguno.

Reiteramos que este gobierno promovió la restricción y hostigamiento a la movilización desde tempranas horas de la mañana del día martes 11 de noviembre, las autoridades de tránsito limitaron la libertad a la protesta como derecho humano, en específico el recorrido de Cartago a Casa Presidencial, quienes respetaron las leyes de tránsito y acataron en todo momento las indicaciones de la autoridad.

La jornada nacional, convocada bajo el lema “Sí a la democracia no a la dictadura”, ¡“El campo costarricense se levanta!”, transcurrió de forma pacífica, tanto desde el sector agro como otras organizaciones sociales y productivas.

Entre las principales demandas del agro destacan:

  • Políticas de apoyo real al agro costarricense.

  • Precios justos y control frente a importaciones desleales.

  • Acceso a crédito, reestructuración de deudas y asistencia técnica.

  • No al areteo.

  • No al transpacífico

  • Apertura de un diálogo directo con el Gobierno.

José Oviedo presidente de la Unión Nacional de Agricultores (UNAG) y uno de los dirigentes de la marcha, manifestó que “el agro debe ser valorado y respetado y se mantendrán al pie de lucha pese a que el actual gobierno mantiene puertas cerradas, acciones que dañan también a los consumidores, pero, sobre todo un modelo de gobernar que atenta los valores democráticos del país.

La lucha sigue, las acciones también y más que después de esta marcha se están uniendo más sectores. Repudiamos el acto de parte del señor presidente el día de ayer, exigimos el debido proceso y justicia para Roy Fallas”, apuntó Oviedo.

Lanzamiento del documento “Una propuesta para pensar, analizar y trabajar la violencia que agobia nuestros días”

El Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y Violencia invita al lanzamiento de su más reciente documento de trabajo, titulado “Una propuesta para pensar, analizar y trabajar la violencia que agobia nuestros días”, el cual busca abrir un espacio de reflexión crítica y acción frente a las múltiples expresiones de violencia que afectan la vida cotidiana de las personas y comunidades en Costa Rica.

El documento parte del compromiso ético y profesional de la psicología con la transformación social, proponiendo herramientas conceptuales y metodológicas que permitan abordar la violencia desde una perspectiva integral. La propuesta incluye ejes para el análisis de la violencia estructural, simbólica, de género y comunitaria, con el fin de aportar insumos para la acción profesional, institucional y colectiva.

🗓 Fecha: Lunes 17 de noviembre de 2025
💻 Modalidad: Virtual (Zoom)
📲 El código QR del afiche permite acceder directamente al enlace de la reunión.

Seminario internacional abordará la movilidad humana y la migración como luchas y resistencias del siglo XXI

La Universidad de Costa Rica (UCR), a través del Programa de Posgrado en Sociología, organiza el seminario “Movilidad humana y migración: cuerpos, fronteras, luchas y resistencias en el siglo XXI”, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2025, en modalidad presencial y con transmisión por redes sociales.

El encuentro, coordinado junto con la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS), el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica y el Servicio Jesuita para Migrantes, busca analizar críticamente los procesos de movilidad humana y sus implicaciones sociales, económicas y políticas en el contexto de las transformaciones geopolíticas actuales.

El documento base del seminario plantea que las múltiples crisis del capitalismo contemporáneo —guerras, violencia estructural, cambio climático y endurecimiento de las fronteras— han situado la movilidad humana en el centro de los debates globales. Frente a visiones que reducen a las personas migrantes a víctimas o “problemas a gestionar”, se propone un enfoque que reconozca sus luchas y resistencias como sujetos políticos.

Un campo crítico de estudios migratorios

El seminario propone la construcción de un campo crítico que:

  • Reconozca los saberes situados desde el Sur Global.

  • Ponga en el centro las luchas migrantes y su papel político.

  • Analice la movilidad como proceso histórico, desigual y atravesado por clase, género y raza.

  • Aborde las fronteras como espacios de disputa y resistencia.

  • Visibilice cómo los discursos securitarios alimentan racismo y xenofobia.


Programa del Seminario

Martes 18 de noviembre – Inauguración
🕒 3:00 p.m. | Sala Multimedia, Facultad de Ciencias Sociales
Conferencia inaugural: Reconfiguración de los corredores migratorios en América Central: Movilidades y sistemas globales desiguales, a cargo del Dr. Guillermo Navarro Alvarado (UCR).
Palabras introductorias: Dra. Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado en Sociología.
Modera: Lic. Jesús Alberto Chavarría Cuadra.

Miércoles 19 de noviembre – Mesa 1: Subjetividad, cuerpo y fronteras
🕔 5:00 p.m. | Sala del Posgrado en Sociología

  • Agencia emocional y resiliencia de juventudes migrantes nicaragüenses en Costa RicaLic. Fabián Chavarría Calderón.

  • Autonomías y luchas por la permanencia de personas migrantes nicaragüensesLic. Jesús Alberto Chavarría Cuadra.

  • Cuerpos narrados, cuerpos dibujados: movilidades contemporáneas en CentroaméricaDr. Guillermo Acuña González.
    Modera: Dra. Nancy Piedra Guillén.

Jueves 20 de noviembre – Mesa 2: Derechos humanos y protección internacional
🕑 2:00 p.m. | Mini auditorio 609, Facultad de Ciencias Sociales

  • Movilidad forzada en Costa Rica en contexto de desprotección y deshumanizaciónLic. Adam Álvarez Calderón.

  • Movilidad humana y políticas públicasM.Sc. Harold Alejandro Villegas Román.

  • Defensa de derechos humanos de migrantes como deber y derechoBr. Jhoswel Antonio Martínez.
    Modera: Mtra. María José Chaves Groh.

Jueves 20 de noviembre – Mesa 3: Discursos mediáticos y percepción pública
🕠 5:30 p.m. | Actividad virtual por Zoom

  • Discurso mediático en República Dominicana: otredad e identidad nacionalLic. Estefany Viviana Polanco Matos.

  • Hacer música es hacer comunidadMtra. Ceshia Ubau Molina.
    Modera: M.Sc. David Mora Castillo.

Viernes 21 de noviembre – Clausura
🕥 10:30 a.m. (Costa Rica) | Actividad virtual
Conferencia de clausura: Violencia racializada en la geografía fronterizaDr. Ignacio Mendiola Gonzalo, Universidad del País Vasco.
Modera: Dra. Laura Paniagua Arguedas, directora del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, UCR.


El seminario será transmitido por las redes sociales de la WebTV de la Facultad de Ciencias Sociales, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica y la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS).

📍 Inscripción: mediante el código QR del afiche o en las redes institucionales.
📅 Fechas: del 18 al 21 de noviembre de 2025
📲 Transmisión: Facebook y YouTube

Sectores sociales y productivos marchan en defensa de la democracia / demandas por sector

Con el lema “Sí a la democracia, no a la dictadura”, miles de personas se movilizaron este martes 11 de noviembre en la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense, convocada por diversas organizaciones sociales, productivas y de la sociedad civil.

Desde tempranas horas de la mañana, manifestantes de distintos puntos del país se concentraron en el Parque Central de San José y avanzaron de manera pacífica hasta la Casa Presidencial, en Zapote.
El movimiento expresó su preocupación por el rumbo del país, la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las instituciones democráticas, la libertad de prensa y de expresión.

Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del Estado Social de Derecho, los derechos humanos y las garantías sociales que han sostenido la vida democrática del país por más de siete décadas.


Demandas de los sectores

Sector agroalimentario

  • Sí a la innovación del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la reducción de los impactos sociales y ambientales de la producción.

  • Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria para reducir la pobreza rural y generar empleo.

  • Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente.

  • Sí a un financiamiento oportuno y accesible para una producción agropecuaria eficiente, innovadora y ambientalmente sostenible.

  • Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente con impacto social positivo.

  • No a la importación masiva de productos agrícolas como papa y cebolla.

  • Rechazo al Tratado Comercial Transpacífico, impulsado sin consulta suficiente al sector agropecuario.

  • Preocupación por el Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT sobre trazabilidad bovina, que afectaría a pequeños y medianos productores.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 21960, Ley de Soberanía Alimentaria, y del Proyecto Fideicomiso Fidalimentario para deudas del sector.

  • Convocatoria urgente del Proyecto de Ley No. 24211 FONARROZ, ante la crisis de la producción arrocera.


Sector educación

  • Cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para educación.

  • Dignificación del magisterio nacional.

  • Construcción y aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.

  • Protección del régimen de pensiones del Magisterio.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 24.353, que garantiza el ajuste por costo de vida a las personas educadoras pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto.

  • Defensa de las conquistas históricas de la clase trabajadora y rechazo a intentos de precarizar las pensiones.


Sector salud pública y seguridad social

  • Defensa del presupuesto institucional y rechazo a la privatización de servicios de salud y seguridad social.

  • Financiamiento adecuado para los regímenes de invalidez, vejez, muerte y el régimen no contributivo.

  • Pago de la deuda billonaria del Estado con la CCSS.

  • Defensa de la CCSS como patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional.

  • Exigencia de una gestión transparente y sostenible que garantice servicios de calidad sin exclusión.


Sector de mujeres y colectivos feministas

  • Rechazo a las respuestas meramente represivas ante la inseguridad; exigencia de políticas integrales basadas en derechos humanos.

  • Urgente declaratoria de emergencia nacional por la violencia machista.

  • Exigencia de la destitución de Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del INAMU, por falta de acción ante la violencia contra las mujeres.

  • Implementación inmediata de un plan nacional de atención y protección integral con refugios, líneas de emergencia y medidas efectivas de seguridad.

  • Preocupación por la creciente ola de femicidios y violencia de género.


Derechos laborales y sociales

  • Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el agro, la salud, la educación, la energía, la seguridad ciudadana y el empleo digno.

  • Exigencia de respeto a la separación de poderes, las instituciones democráticas y la prensa libre.

  • Solicitud de diálogo transparente y vinculante con los sectores sociales, sindicales, estudiantiles y comunales.

  • Rechazo al proyecto de ley 4×3, por considerar que amenaza los derechos laborales y la estabilidad democrática.


Defensa de la democracia

Las organizaciones convocantes afirmaron que la democracia no se reduce a lo electoral, sino que se construye y defiende cotidianamente en las calles, comunidades, centros de estudio y espacios de trabajo.
Llamaron a la unidad patriótica y democrática para proteger las libertades públicas, los derechos humanos y las instituciones del país.

Sí a la democracia, no a la dictadura. La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo.”

Organizaciones se pronuncian ante actos de intolerancia y violencia contra defensores ambientales en Puntarenas

El pasado 6 de noviembre, en distintos perfiles de noticias locales de Puntarenas, se difundió la imagen de una valla colocada en la Angostura, en la entrada del puerto, en la que se declara “non gratos” al biólogo Randall Arauz y al abogado Walter Brenes, ambos reconocidos por su labor en la defensa de la vida marina y el cumplimiento de la ley.

En dicha valla aparecen las fotografías de ambos profesionales con los rostros tachados, en un acto de evidente estigmatización y violencia simbólica promovido por sectores que se autodenominan “pesqueros”.

En respuesta a estos hechos, más de treinta cuatro organizaciones sociales, ambientales, académicas, feministas, indígenas y de derechos humanos se unieron en un pronunciamiento conjunto.

Estas acciones ocurren en un contexto en el que ambientalistas han sostenido, con base en la legislación vigente, que la decisión de declarar especies de tiburones amenazadas como especies comerciales (mayo de 2017) fue contraria a la normativa nacional y, por tanto, ilegal. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 21 de junio de 2023, ordenó al INCOPESCA y al MINAE cumplir con la Ley de Conservación de Vida Silvestre en la gestión de tiburones amenazados, así como detener toda captura y comercialización del tiburón martillo, incluso la incidental.

En los últimos años se ha intensificado la violencia contra personas defensoras ambientales, alimentada por discursos de odio e intolerancia, así como por el descrédito del Acuerdo de Escazú, promovido por cámaras empresariales, sectores políticos y el actual gobierno, que han contribuido a normalizar la persecución del disenso.

Costa Rica vive hoy una situación de creciente inseguridad y violencia, marcada por disputas entre grupos delictivos y un ambiente general de impunidad.

En el pasado se ha denunciado el vínculo del narcotráfico con sectores del palangre industrial, tanto en la Isla del Coco como en otras regiones del país. La utilización de mantas anónimas y amenazas públicas es una práctica característica de estructuras ilegales que buscan infundir miedo y silenciar la denuncia ciudadana.

En zonas como Talamanca, activistas y organizaciones que defienden la naturaleza han recibido amenazas de muerte, mientras en redes locales se difunde un discurso que califica cualquier forma de defensa ambiental como “ecoterrorismo”.

Recordamos que la Sala Constitucional ya reprendió a la Municipalidad de Talamanca por declarar personas “non gratas” a ambientalistas, dejando claro que esta práctica es inconstitucional y contraria a los derechos fundamentales.

Reconocemos que no todo el sector pesquero comparte estas acciones violentas. Históricamente, hemos mantenido relaciones de respeto y colaboración con sectores pesqueros artesanales y deportivos, e incluso con parte del sector industrial. A ellos les hacemos un llamado a pronunciarse públicamente en contra de estos actos de odio, para no quedar asociados a un pequeño grupo que promueve la intolerancia

Ante estos hechos de intolerancia y violencia, las organizaciones y personas firmantes manifestamos:

  • Rechazamos rotundamente la estigmatización, las amenazas y los actos de odio contra quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.
  • A los medios informativos y páginas locales, les hacemos un llamado a ejercer mayor responsabilidad, discernimiento y comprensión sobre lo que publican y a quién le dan voz. Es importante evitar el sensacionalismo, ya que al reproducir este tipo de mensajes sin análisis ni cuestionamiento se contribuye a perpetuar formas de violencia y desinformación.
  • Solicitamos a la Defensoría de los Habitantes, al Sistema de Naciones Unidas y a las instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales que intercedan ante el INCOPESCA, el MINAE y otros entes rectores, con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia y proteger la integridad de quienes defienden los ecosistemas marinos.
  • Responsabilizamos a los sectores que han promovido esta campaña de odio por cualquier agresión o daño que puedan sufrir las personas mencionadas, así como por las consecuencias derivadas de estos actos.
  • El Estado de Costa Rica tiene la obligación de proteger la integridad de las personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos, ya que su labor las expone con frecuencia a riesgos elevados de sufrir violencia. Esto implica tomar medidas activas para prevenir y sancionar la violencia y las amenazas, investigar a fondo cualquier agresión en su contra y garantizar sus derechos a la libertad de expresión.
  • Por lo tanto, es fundamental que el Estado actúe en coherencia con todos los acuerdos, convenios y jurisprudencia que lo obligan a asumir un rol activo en la prevención de la violencia, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la promoción de una participación ciudadana libre de represalias. Proteger a las personas defensoras del ambiente es esencial para la democracia y el desarrollo sostenible del país.
  • Finalmente, llamamos a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las instituciones del Estado a pronunciarse y solidarizarse con quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.

En Costa Rica, lo único “non grato” debe ser la intolerancia, la violencia y la estigmatización hacia las personas que dedican su vida a proteger la naturaleza.

Firmantes:

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales
  • Costa Rica por los Océanos
  • Bloque Verde
  • Covirenas Caribe Sur
  • Buen Vivir – Costa Rica
  • Programa Interdisciplinario Costero / UNA
  • Observatorio de Derechos Humanos
  • Comité Punta Pelencho
  • Asociación Civil Pro Natura
  • Defensores de la Casa Común
  • Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral
  • Oilwatch
  • Fundación Promar
  • Universidad Bíblica Latinoamericana
  • Mar y Comercio
  • Asociación Proyecto Camino Verde
  • Cultura Kare
  • Red Biodiversida
  • Nido de Halcón
  • Fundación Green Heart
  • Fumicons
  • Organización Regenerativa Matzú Insigne
  • Universite Beesley Revol
  • Huertos Urbanos de Costa Rica
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género
  • Costa Rica por el Océano
  • Asociación CREMA
  • Hogar Ecológico Ingeniería
  • Rewilding Portugal
  • Fundación El Arca de Noé
  • Covirena Cabo Blanco Ario
  • Ubiquity University
  • APREFLOFAS
  • Antigentrificación CR

Algunas declaraciones adicionales de organizaciones firmantes:

  • Covirenas Caribe Sur: “Repudiamos estos actos de violencia, agresión y amenaza a la integridad física. ¡Basta ya de atacar a los defensores ambientales de Costa Rica!”.
  • Comité Punta Pelencho: “Expresamos nuestro absoluto repudio ante estos actos de intolerancia, hostigamiento y violencia hacia quienes defienden el ambiente y los bienes naturales comunes. La labor de las personas defensoras de nuestra casa común es esencial en un Estado de Derecho, y merece respeto, protección y reconocimiento.”
  • Asociación Civil Pro Natura: “Rechazamos categóricamente el rótulo colocado por un sector pesquero puntarenense que declara ‘non gratos’ a dos defensores ambientales. Este acto constituye una forma de hostigamiento y estigmatización hacia quienes ejercen su legítimo derecho a proteger el ambiente y exigir transparencia en la gestión de los recursos naturales.”
  • Fundación Promar: “Además de evidenciar una total falta de tolerancia y respeto hacia personas y organizaciones que buscan evitar la desaparición de especies marinas vitales para los ecosistemas y la seguridad alimentaria humana, es una barbaridad que unas cuantas personas se arroguen el derecho de hablar por toda una comunidad porteña.”
  • Universidad Bíblica Latinoamericana: “Nos unimos a este pronunciamiento en contra de la violencia y la intolerancia hacia quienes defienden y protegen los territorios y la naturaleza.”
  • Asociación Proyecto Camino Verde: “Condenamos cualquier práctica intimidatoria y contraria al Estado de Derecho que ampara a quienes defienden nuestro patrimonio natural y base del desarrollo sostenible.”
  • Cultura Kare: “Un Estado que calla ante las amenazas a quienes defienden la vida y los bienes comunes se convierte en cómplice del despojo y de la destrucción de la esperanza colectiva.”
  • APREFLOFAS / Nido de Halcón: “No se debe permitir la intimidación de ninguna forma hacia ambientalistas o ecologistas. Defendemos a quienes no tienen voz; los representamos, y somos muchas y muchos. ¡Alto a la agresión contra el medio ambiente y quienes luchamos por la Madre Tierra! Nuestra voz es un grito de batalla por nuestros compañeros y hermanas, porque quien defiende la naturaleza es hermano en cualquier parte del mundo. Ellos no están solos ni solas.”
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género: “Rechazamos la persecución y las campañas de odio contra personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos.”
  • Hogar Ecológico Ingeniería: “Apoyamos siempre la protección de la biodiversidad, fuente de vida y subsistencia. No podemos comprometer los recursos naturales; respaldamos a quienes los defienden.”
  • Fundación El Arca de Noé: “A estas personas deberíamos apoyarlas y sostenerlas. La Tierra es nuestra única casa, y ellos la protegen. La codicia y el deseo de poder destruyen la belleza del planeta y condenan a las futuras generaciones. Nuestros verdaderos héroes son quienes defienden a la Pacha Mama. ¡Apoyémoslos!”

Apoya:
Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.