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Etiqueta: derechos humanos

El 27 de julio se reunirá el Tribunal Internacional de Opinión (TRINO) para pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos en la Franja de Gaza

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Expertos de seis países latinoamericanos darán su veredicto sobre la crítica situación en Oriente Medio

Comunicado

El próximo sábado 27 de julio de 2024 se realizará el Tribunal Internacional de Opinión – Trino (conocido también como TIO) para pronunciarse frente a las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Palestina, cometidas a partir del 7 de octubre de 2023.

La audiencia, que será pública, se desarrollará de manera virtual y será transmitida en vivo. En ella participarán magistrados de varios países latinoamericanos que han estado sesionando de manera permanente desde hace tres meses.

El trabajo del TRINO servirá como material para el esclarecimiento de la verdad sobre graves violaciones a los Derechos Humanos realizadas en la franja de Gaza, y se constituye en un instrumento para la formación responsable de la opinión pública nacional e internacional, determinando -de manera extrajudicial- la responsabilidad política de dichas violaciones.

Como resultado de la sesión del Tribunal se producirá un fallo, que será inapelable y se notificará en estrados judiciales. Se divulgará a la opinión pública internacional por todos los medios disponibles.

Igualmente, se compulsarán copias del veredicto a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al secretario general de la ONU, António Guterres, a Human Rights Watch y a Amnistía Internacional, entre otros organismos.

El TRINO, cuyo presidente es el Dr. Luis Bernardo Díaz Gamboa, contará con la participación de magistrados de Colombia, Argentina, Brasil, Guatemala, Chile y México.

En este grupo interdisciplinario de magistrados se encuentran defensores de derechos humanos, académicos, sindicalistas y reconocidos juristas como: Lurdinha Ginetti, de Brasil; Ixkik´ Chajal Siwan, del pueblo Maya K´iche´; Alicia Cabezudo, de Argentina; Guido Asencio, de Chile, Andrés Eduardo Forero Sandoval, de México.

Por Colombia están Clara Inés Domínguez García, Eduardo Kronfly, Camilo Andrés Rodríguez, Cristian Ibarra, Daniel Bernal y Jaime Araujo Rentería, expresidente de la Corte Constitucional.

El fiscal de la sesión será Carlos Meneses, de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), y el defensor será el abogado German Guevara, reconocido litigante.

Hasta el momento han confirmado su participación como partes e intervinientes: el embajador de Palestina en Colombia, Rauf Al Malki; el representante a la Cámara, Pedro José Súarez Vacca; el médico y periodista, Víctor de Currea-Lugo; el escritor Jorge Restrepo Fontalvo, el representante del Instituto de Estudios Humanitarios (IEH), José Pascual Mora; el experto en el tema Pedro Pablo Salas, y el académico Gustavo Zuluaga, entre otros.

El TRINO (que es apoyado e impulsado por la Facultad de Derecho y por el Grupo de Investigación Primo Levi, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC) es una instancia socio jurídica de la sociedad civil que ofrece un foro especializado para el análisis y la emisión de opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas, éticas, económicas, sociales, pedagógicas y culturales de relevancia internacional.

Su origen se encuentra en el Tribunal Russell, también conocido con el nombre de Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, que se realizó para juzgar los crímenes de Estados Unidos en Vietnam en el año de 1966; posteriormente hubo otros Tribunales Russell para juzgar dictaduras en el Cono Sur de América Latina.

Para ver la audiencia completa vía YouTube haga clic aquí: Tribunal Internacional de Opinión – Caso Palestina

Puntarenas recibió al Peace Boat, un viaje global con voces de paz y testimonios de sobrevivientes

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SURCOS comparte el comunicado oficial:

Este jueves 27 de junio arribó a Puntarenas “El Barco de la Paz” en su viaje #117 por el mundo

El Peace Boat o Barco de la Paz, es un crucero con capacidad para 1800 personas que recorre el mundo promoviendo la paz, la abolición de las armas nucleares, los derechos humanos y la sostenibilidad.

La ONG internacional Barco de la Paz, fundada en Japón en 1983, tiene el estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU.

En Costa Rica, las actividades del viaje #117 del Barco de la Paz fueron organizadas conjuntamente entre la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED), la Universidad para la Paz (UPAZ) y la Asociación Mundo sin Guerras y sin Violencia con el evento «Un viaje global con el Barco de la Paz: Voces de paz, testimonios y perspectivas de sobrevivientes», realizado en la sede de Puntarenas de la UNED.

Las palabras de bienvenida de este insigne barco y sus activistas a nuestro país -con una mención especial y homenaje a sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki – estuvieron a cargo de la viceministra de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional de Costa Rica, Lydia María Peralta; la vicealcaldesa de Puntarenas, Adriana Quesada Mora; la jefa de la sede de Puntarenas de la UNED, Sindy Scafidi Ampié; la profesora de la Universidad para la Paz, Stephanie Knox Steiner; y el presidente de la Asociación Mundo sin Guerras y sin violencia, Giovanni Blanco Mata.

Posterior a la recepción, la coordinadora internacional del Barco de la Paz, Sumiko Hatakeyama, se dirigió a las personas asistentes y reconoció la imagen y símbolo que brinda Costa Rica al mundo por haber abolido el ejército y por su contribución en temas ambientales. Posterior a sus palabras, se desarrollaron dos foros: uno con testimonios personales de dos sobrevivientes de las bombas atómicas – Toshiko TANAKA de Hiroshima y Tadayoshi OGAWA de Nagasaki – y otro con testimonios de personas ucranianas sobre la situación actual en su pais.

Para cerrar el primer foro, Mary Dickson, sobreviviente de las pruebas de armas nucleares en los Estados Unidos, narró: “entre 1951 y 1992, Estados Unidos utilizó 928 bombas nucleares en sus ensayos en el sitio de pruebas en Nevada. La lluvia radioactiva tuvo consecuencias trágicas duraderas y de gran alcance en miles de personas que han sufrido graves problemas de salud, daños genéticos e incluso han muerto a consecuencias de la irradiación nuclear”.

En el segundo foro, las jóvenes ucranianas expusieron sus historias y compararon su vida antes y después del inicio de la actual guerra en su país, incluida su decisión de compartir sus perspectivas en el Barco de la Paz para generar consciencia sobre la guerra y pedir un alto al fuego en Ucrania.

Una vez concluido los foros, la delegación del equipo organizador se reunió con la Sra. Hatakeyama del Barco de la Paz para buscar formas de continuar trabajando conjuntamente en pro de la paz, afianzando acuerdos para el futuro.

El Barco de la Paz partió el mismo 27 de junio hacia México, dejando una estela de esperanza por un mundo mejor y un futuro en paz en el cual las armas nucleares hayan sido abolidas permanentemente.

Comunicado-Bote-de-la-Paz-1Descarga

Nicaragua: Pueblos indígenas se encuentran ante un posible “etnocidio”, denuncian ONGs ante la CIDH

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11 de julio de 2024.- En el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas denunciaron la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua que desde el año 2018, se ha intensificado debido a un proceso de colonización que, sumado a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”. 

En la audiencia participaron Tininiska Rivera, exiliada e hija de Brooklyn, líder indígena y preso político de la dictadura Ortega-Murillo; Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, en representación del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI) y de la Fundación del Río; Tsáitami Ordóñez, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y autoridades de la CIDH.

Según el testimonio de Tininiska Rivera, el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del gobierno de autoridades indígenas paralelas. Ello, con el fin de anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal. Asimismo, el régimen no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual deja a 304 comunidades vulnerables a invasiones. 

Inversión extranjera oxigena al régimen 

El Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas. Esto ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, mientras estos últimos enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos. Sumado a esto, los ataques a comunidades indígenas por colonos armados han aumentado exponencialmente, con 643 casos de violaciones de derechos humanos registrados en los primeros seis meses de 2024. 

Entre los años 2007 y 2022, el sector minero ha recibido $2.524 millones de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano. “Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López. 

En este sentido, el Relator de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan expresó su preocupación por la «respuesta desvergonzada» de países de la región que son considerados «campeones de los derechos humanos», pero continúan colaborando con el Estado nicaragüense en términos de sus empresas mineras, como es el «caso de Canadá». Todo esto, pese al conocimiento de los abusos y sufrimientos masivos y generalizados en Nicaragua.   

“Una clara línea de trabajo de esta Comisión debe ser continuar con la incidencia ante la comunidad internacional. Incidir en términos de trabajar para aislar a esta brutal dictadura”, sostuvo Bulkan, y agregó que es importante «que los Estados y la comunidad internacional no continúen realizando negocios con Nicaragua”. 

Por su parte, el Comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del «buen clima de inversiones» que promueve el gobierno de Nicaragua; así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- y empresas de países democráticos que quieren explotar recursos naturales de Nicaragua a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen y con ayuda de este.

“Quiero recordar que el respeto a los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa. Esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser responsables… por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen”, enfatizó Bernal. 

Impunidad persistente 

El recrudecimiento de la violencia contra las comunidades indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección, explicó Camila Ormar, abogada de CEJIL. 

Líderes, defensores y defensoras indígenas enfrentan criminalización y persecución. El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras. En los primeros seis meses de 2024, se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión. Entre estos se encuentran 4 guardabosques Mayangna condenados ilegalmente a cadena perpetua y los liderazgos indígenas Nancy Henríquez y  Brooklyn Rivera, de quien, a la fecha, no se conoce el paradero. 

Asimismo, las mujeres y niñas indígenas son víctimas de violencia sexual, psicológica y física. Entre 2018 y 2023, se documentaron 35 casos de violaciones sexuales, y en 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres en 15 comunidades. Los colonos secuestran a mujeres y niñas, sometiéndolas a violencia y utilizándolas para reclamar tierras. 

Por su parte, Tsáitami Ordóñez, abogada de Raza e Igualdad, expuso que también hay corrupción en los puestos de salud y centros de educación. “Se brinda atención preferencial a quienes tienen carnet del partido oficialista o a colonos… y la desconfianza en las autoridades de salud, los altos niveles de corrupción y el temor a represalias impiden que las comunidades presenten denuncias directamente”, alegó.

Frente a este contexto, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense: 

  • El cumplimiento íntegro de las medidas de proteccióna favor de 15 comunidades indígenas Miskitu y Mayangna, así como la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos. 
  • Garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas, con especial atención a los casos de agresiones provocados para el despojo de su territorio, cesando también todo tipo de criminalización.
  • Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a la Propiedad Comunal y a la Libre Determinación, velando particularmente por el saneamiento de sus territorios.

Finalmente, llamaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a reforzar las políticas de condicionamiento al otorgar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua, a las empresas, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente vinculadas a pueblos indígenas, asegurando el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades. 

La audiencia completa se puede revisar en la página web de la CIDH: https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/default.asp?S=190 

 

Imagen: Imagen: https://www.servindi.org

Estreno en Vivo de «Cantos de Batalla»

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Profana Latinoamérica

El próximo sábado 27 de julio a las 7 de la noche, La Colmena Gastronomía y Cultura será el escenario del estreno en vivo del álbum «Cantos de Batalla». Este proyecto musical, lanzado el mes pasado, construye una memoria histórica del movimiento ecologista costarricense a través de la recopilación de pregones que han caracterizado distintas campañas en los últimos años.

«Cantos de Batalla» es una obra única compuesta al ritmo de tambores e inspirada en la defensa de los bienes comunes y los derechos humanos. Estos pregones de lucha, nacidos desde la irreverencia y el amor a la ecología y a la vida, han resonado en las calles de Costa Rica, fortaleciendo la resistencia ambiental con la fuerza y magia del tambor. A lo largo de más de 30 años, estos cantos han sido fundamentales para fomentar y alegrar la resistencia que ha permitido a Costa Rica alcanzar importantes victorias ambientales, como la prohibición de petroleras, la minería a cielo abierto, el maíz transgénico y la construcción de represas en los ríos Térraba y Pacuare.

Este evento también rinde homenaje a los 30 años del asesinato de los dirigentes ecologistas Óscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante, integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO). «Cantos de Batalla» es un tributo a su legado y a la lucha que hemos sostenido durante todos estos años en defensa de la vida.

El concierto contará con la participación de destacados músicos:

  • Fabián Pacheco:composición, voz, djembé, ronroco, caracola
  • Oscar Jiménez:guitarra, charango, quijongo guanacasteco y coros
  • Fernando Calvo:bajo eléctrico y coros
  • Mila Acuña:tambora, tambor alegre y coros
  • Anyul Arévalo Acosta:tambor alegre y coros
  • Joseph Jiménez:djembé, tambor chico, tambor llamador, campana, agogó, triángulo, güira y coros
  • Javier Alvarado Vargas:dirección musical, guitarra, guasá y coros

Además, contaremos con la presencia de invitados especiales:

  • La Voz Nativa
  • Luz María Romero

La producción del concierto está a cargo del Colectivo Cantos de Batalla y la productora Profana Latinoamérica. Las entradas tienen un valor de 7 mil colones y pueden adquirirse llamando al 6431 4978.

¡No te pierdas esta oportunidad única de celebrar la música y la resistencia ecologista costarricense en un evento inolvidable!

Política Trans: Reflexiones desde la práctica política de Dayana Hernández

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Foto tomada de la nota del Semanario Universidad.

Observatorio de Bienes Comunes

Cómo forma de celebrar y revindicar la práctica política de Dayana Hernández, les compartimos esta infografía que desarrollamos a partir de una entrevista que le realizaron durante el 2021 desde «Distintas latitudes» la periodista Karla Pérez, si gustan pueden leer la entrevista compelta aquí 

Este material procura ofrecer algunas dimensiones como forma de invitación a profundizar qué es la política desde la experiencia de las personas trans, sus contextos, desafíos y esperanzas que procuran denunciar y revindicar en la búsqueda de construir su calidad de vida, pero más allá de eso, esos mundos donde quepamos todas las personas.

Esperamos este material, contribuya a seguir profundizando sobre el pensamiento y práctica política de las personas Trans, para construir espacios inclusivos, solidarios, colaborativos y afectivos para seguir luchando y construyendo esos mundos.

Nota del Semanario Universidad sobre Dayana Hernández.

Información desclasificada sobre la DINA: «una fuerza policial tipo Gestapo» en Chile

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El 18 de junio de 1974, el registro oficial de la dictadura militar chilena publicó el Decreto 521 sobre la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta responsable de algunos de los crímenes de derechos humanos más emblemáticos del régimen. Para conmemorar el 50º aniversario de la creación oficial de la DINA se publica una colección curada de documentos desclasificados de la CIA, la DEA, el FBI y el Departamento de Estado, junto con registros chilenos clave, que reflejan la historia de las horribles atrocidades contra los derechos humanos y los crímenes terroristas de la DINA.

El decreto firmado por el general Augusto Pinochet y otros miembros de la junta militar estableció oficialmente la DINA con el «propósito de producir requerimientos de recolección de inteligencia para la formulación de políticas, planes y adopción de medidas requeridas para la seguridad y el desarrollo del país», pero la medida también incluía tres artículos secretos que facultaban a la DINA a operar como una fuerza de policía secreta para vigilar, arrestar, encarcelar y eliminar a cualquier persona considerada opositora al régimen. El nuevo decreto dio «bendición legal/oficial a una organización que ya está plenamente activa», informó el agregado de Defensa de Estados Unidos a Washington. Otros miembros del ejército chileno consideraron la orden de la junta como «los cimientos sobre los que se construirá una fuerza policial tipo Gestapo».

La DINA fue creada como una organización militar fuera de la cadena de mando militar, reportando directamente a Pinochet como jefe de la junta. Como decían los artículos secretos del decreto, la nueva Dirección de Inteligencia Nacional era la «continuación de la Comisión DINA» creada en noviembre de 1973, sólo ocho semanas después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Para cuando se inauguró oficialmente, la DINA ya era la fuerza de seguridad más temida de Chile, si no de toda América Latina. «Hay tres fuentes de poder en Chile», le informó un oficial de inteligencia chileno a un agregado militar estadounidense a principios de 1974: «Pinochet, Dios y la DINA».

Como principal organismo del aparato represivo del régimen, la DINA se hizo tristemente célebre por sus centros secretos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de cientos de civiles y actos de terrorismo internacional. La siniestra fuerza de la policía secreta, según un informe especial del Senado basado en documentos aún clasificados de la CIA, llegó a tener 3.800 oficiales, operativos y personal administrativo —la cifra está mal escrita en el informe como 38.000— con un presupuesto anual de 27 millones de dólares. Según ese estudio, la DINA «se estableció como un brazo de la presidencia, bajo el control directo del presidente Pinochet». El director de la DINA, coronel Manuel Contreras, según la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, «ha reportado y recibido órdenes únicamente del presidente Pinochet».

A medida que expandía sus operaciones, DINA también recibió apoyo organizativo de la CIA. En febrero de 1974, Pinochet pidió personalmente al subdirector de la CIA, Vernon Walters, que ayudara a la DINA en su «período formativo». Walters organizó un almuerzo para Contreras en la sede de la CIA en Langley, Virginia, a principios de marzo de 1974. A mediados de 1975, la CIA incluyó brevemente al director de la DINA en su nómina como un activo pagado.

Obtenido de una página de la Universidad George Washington.

Compartido con SURCOS por Gerardo Hernández Naranjo.

Taller literario impulsa derechos humanos en personas mayores

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Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje literario en personas adultas mayores mediante técnicas y estrategias para la lectura, análisis y escritura de obras literarias, el Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (PAIPAM), del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, desarrolla desde el 2024 el Taller literario UNA en derechos humanos.

Esta iniciativa ofrece espacios de análisis de textos representativos de la literatura universal, latinoamericana, centroamericana y costarricense. Con obras importantes, se muestran estilos y tendencias literarias basadas en fundamentos teóricos. Además, incluye presentaciones de escritores, estrategias discursivas y sesiones comunicativas, fundamentadas en experiencias literarias y de vida de los participantes.

Las actividades abarcan presentaciones de cuentacuentos, recitales de poesía, cine foros y presentaciones de libros. El objetivo es crear una imagen positiva de las habilidades de la población adulta mayor y promover oportunidades de participación social mediante conversatorios y encuentros intergeneracionales entre jóvenes universitarios y adultos mayores.

“A través del PAIPAM, la UNA reconoce el derecho a la vida cultural de los adultos mayores, que contempla eventos para la vivencia del proceso creativo mediante la construcción de obras literarias basadas en la cultura universal y las tradiciones costarricenses”, comenta María Sancho Ugalde, académica del Centro de Estudios Generales.

De acuerdo con Sancho, el taller y los encuentros intergeneracionales fortalecen competencias como creatividad, imaginación, expresión oral, concentración y memoria, lo que permite a los participantes interactuar con personas que comparten intereses literarios.

El proyecto Taller literario UNA en derechos humanos, contribuye según la académica, a la construcción de una nueva cultura del envejecimiento y la vejez, apoya el desarrollo integral, bienestar y calidad de vida de esta población. Además, sensibiliza a estudiantes universitarios y elimina mitos y estereotipos que afectan las relaciones generacionales.

Según Sancho, se espera contar con 30 clases del taller literario y cuatro encuentros intergeneracionales por año, y publicar obras literarias de personas adultas mayores en medios digitales y revistas especializadas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Llamamiento de Abuelas de Plaza de Mayo

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Abuelas de Plaza de Mayo realiza un llamamiento al pueblo argentino y a la comunidad internacional, en defensa de los derechos humanos y la búsqueda de sus nietas y nietos, los desaparecidos con vida.

A través de una solicitada, se busca apoyo de personalidades de distintos ámbitos, organismos de derechos humanos, referentes políticos y la sociedad en general ante la embestida masiva del Poder Ejecutivo contra todos los consensos y políticas públicas construidas a lo largo de estos 40 años de democracia.

El Estado argentino, en su conjunto, incumple normas internacionales de rango constitucional al desfinanciar, vaciar y eliminar dependencias que atienden la problemática de los derechos humanos, en general, y el derecho a la identidad, en particular.

Como en otros tiempos oscuros que hemos vivido, las Abuelas necesitamos que el mundo acompañe este reclamo para resguardar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, sostenido durante tantos años.

Para firmar la solicitada, se puede ingresar a este formulario: https://forms.gle/bVj3kxJWH4UNEExG8

Agradecemos a todas aquellas personas que nos acompañan en este camino en defensa de los derechos que llevaron a la Argentina a ser ejemplo en el mundo.

Ciudad de Buenos Aires, 4 de julio de 2024

Tribunal Internacional de Opinión frente a las violaciones de derechos humanos en la franja de Gaza

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SURCOS comparte la información relativa a la próxima realización de sesiones del Tribunal Internacional de Opinión que analizará las violaciones de derechos humanos en la franja de Gaza. En esta carta se invita a participar al jurista colombiano Carlos Meneses Reyes, en representación de la Asociación Americana de Juristas. En el mismo documento se explica la historia del Tribunal y sus propósitos.

Tunja, Boyacá, Colombia, junio 18 de 2024

Doctor
CARLOS MENESES

Asociación Americana de Juristas

Presidente

REF. INVITACIÓN A SER PARTE DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN FRENTE A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LA FRANJA DE GAZA

Cordial Saludo,

El Tribunal Internacional de Opinión, (Trino), La Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, así como el Grupo de Investigación Justicia Social Primo Levi, invitan a su organización a ser parte de la audiencia pública del Trino que se llevará a cabo el 27 de julio de 2024 en calidad de Fiscal General, frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas desde octubre del año pasado en la Franja de Gaza.

Introducción

El Tribunal Internacional de Opinión (TRINO) es una instancia socio jurídica de la sociedad civil que ofrece un foro especializado para el análisis y la emisión de opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas, éticas, económicas, sociales, pedagógicas y culturales de relevancia internacional. Se basa en los principios de imparcialidad, transparencia, verdad sabida y buena fe guardada. Su objetivo es promover el diálogo, la reflexión y la promoción de la justicia y los derechos humanos a nivel global por medio del trabajo de un equipo interdisciplinario de profesionales de varios países que luchan por la defensa de la vida en el planeta y el respeto por la dignidad humana.

Sustento

El origen del TRINO se encuentra en el Tribunal Russell, que se realizó para juzgar los crímenes de Estados Unidos en Vietnam; posteriormente hubo otros Tribunales Russell para juzgar dictaduras en el Cono Sur. De su actuación surgen importantes acervos probatorios que nutrirán las investigaciones por crímenes de lesa humanidad que se adelanten en sede doméstica, o en instancias internacionales, como el Sistema Universal o el Sistema Interamericano De Derechos Humanos.

En Colombia, el Trino ha tenido dos sesiones. La primera, con ocasión de la represión violenta a nivel nacional de la protesta social realizada en contra del gobierno de Iván Duque, en 2021, donde se cometieron distintos crímenes contra la población civil que se manifestaba en las calles, incluyendo homicidios, violaciones, lesiones personales, desaparecimiento forzado, entre otros. La segunda, en abril de 2022 (en el mismo gobierno), con ocasión del ataque del Ejercito en la Vereda El Remanso, Municipio de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo, donde murieron once personas pertenecientes a la población civil a los que se intentó hacer pasar, en un inicio, como pertenecientes a organizaciones al margen de la ley.

El Trino es una iniciativa de la sociedad civil que surge de una profunda convicción por la defensa de la vida y la búsqueda de la justicia, fue convocado por el Observatorio de Derechos Humanos Orlando Fals Borda de la UPTC en cabeza de su director, el Dr. Luis Bernardo Díaz Gamboa. Sirve como insumo para el esclarecimiento de la verdad, un instrumento para la formación responsable de la opinión pública nacional e internacional y determina de manera extrajudicial la responsabilidad por graves violaciones a derechos humanos.

Cifras de las violaciones a los derechos humanos en la franja de gaza

Fuente: BBC – ONU – UNRWA – prensa independiente

Israel

  • 200 personas asesinadas en los ataques de Hamas
  • 230 personas secuestradas

Palestina

  • 623 personas asesinadas, entre ellos
    • 100 niños
    • 200 mujeres
    • 049 adultos mayores
  • Adicionalmente 10.000 desaparecidos. Se presumen muertos bajo los escombros.
  • 1,93 millón de desplazados: 15 % de ellos con capacidades diferentes.
  • 378 ataques registrados contra instalaciones y personal sanitario.
  • 496 trabajadores de la salud asesinados.
  • 1500 trabajadores de la salud heridos.
  • 310 trabajadores de la salud prisioneros en Israel.
  • 126 ambulancias fueron destruidas.
  • 224 trabajadores humanitarios asesinados, 181 de la ONU.
  • 67 miembros del personal de Defensa Civil y Rescate asesinados.
  • 144 periodistas asesinados.
  • 160 instalaciones de la UNRWA destruidas o dañadas.
  • 449 personas fueron asesinadas en estos refugios de la UNRWA atacados.
  • 32 hospitales fuera de servicio.
  • 35 centros de salud fuera de servicio.
  • 60% de las unidades de vivienda destruidas.
  • 1,4 millones de registrados en 155 instalaciones de la UNRWA.
  • 1,5 millones de desplazados en Rafah; 6 veces más que sus habitantes.
  • 000 mujeres embarazadas. Alrededor de 183 nacimientos al día.
  • Según la ONU, el 85% de la población de la Franja de Gaza, en donde viven más de 2,3 millones de personas, se ha visto obligada a evacuar sus hogares debido a los ataques de Israel.
  • El mes pasado, un informe de Integrated Food Security Phase Classification, una respetada red internacional que proporciona a los gobiernos, a las Naciones Unidas y a las agencias de ayuda datos para medir la magnitud del hambre, advirtió sobre una hambruna inminente en Gaza.

ANTECEDENTES

  • El 19 de enero de 2024 México y Chile pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue posibles crímenes de guerra en los territorios palestinos
  • El 11 de enero de 2024 Suráfrica acusó a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
  • Sudáfrica pidió 9 medidas cautelares, entre las que se encontraban el alto al fuego y la salida de las tropas de Israel de territorio palestino.
  • CIJ no ordenó a Israel detener sus acciones militares en Gaza, dijo que la población del territorio estaba en serio riesgo de sufrir daños irreparables y exigió a Israel tomar medidas provisionales para evitar que la situación empeore y asegurar que sus soldados no violan la Convención sobre Genocidio.
  • El 26 enero 2024 la CIJ ordenó las siguientes medidas provisionales
    • Israel debe tomar todas las medidas necesarias para impedir cualquier acto que pueda considerarse genocida: matar a miembros de un grupo, causar daños corporales, imponer condiciones destinadas a provocar la destrucción de un grupo, impedir nacimientos.
    • Israel debe garantizar que su ejército no cometa ningún acto genocida.
    • Israel debe prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerarse incitación a cometer genocidio en Gaza.
    • Israel debe tomar medidas para garantizar el acceso humanitario.
    • Israel debe impedir cualquier destrucción de pruebas que puedan utilizarse en un caso de genocidio.
    • Israel debe presentar un informe al tribunal en el plazo de un mes desde que se dicte esta orden.
  • Las audiencias de los días 16 y 17 de mayo de la CIJ se centraron únicamente en la adopción de medidas de emergencia para evitar que el conflicto se agrave. Es probable que pasen años antes de que el tribunal pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto.
  • El 20 de mayo el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el principal líder de Hamás, Yahya Sinwar.

Las sentencias y órdenes de la CIJ son vinculantes e inapelables. Aunque el tribunal no tiene forma de hacerlas cumplir, una orden contra un país podría dañar su reputación internacional y sentar un precedente jurídico.

***

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la urgente necesidad de pronunciarse sobre la infame situación que afrontan hoy los palestinos, se convoca al TRINO, con el siguiente:

PROCEDIMIENTO

Primero: El Fiscal del caso recabará evidencias de crímenes de lesa humanidad cometidos en la franja de Gaza a partir del 07 de octubre de 2023.

Segundo: Una vez se haga ese barrido, se entregarán los resultados a los magistrados para su estudio.

Tercero: Se fijará una fecha para realizar el proceso virtualmente, con la invitación a los medios de comunicación de todo el orbe. Se notificará a las partes los Magistrados la fecha y horario de la audiencia.

Cuarto: La sesión comenzará con una exposición de un representante de Israel y otro de Palestina sobre el origen, situación actual y posibles salidas para el conflicto. Un miembro del Trino realizará la relatoría.

Quinto: El Fiscal presentará la exposición de motivos y formulará los cargos.

Sexto: Se convocará a Israel y a Hamas para que se defiendan de los cargos imputados. En caso de no asistir se les nombrarán defensores de oficio.

Séptimo: Se presentarán todas las pruebas a estimar ante el tribunal. Las víctimas y los testigos acudirán al proceso y formularán sus testimonios.

Octavo: Una vez escuchados los descargos, se escucharán también los alegatos de conclusión de las partes y del representante de las víctimas.

Noveno: A continuación se procederá a deliberar por parte de los magistrados con base en los hechos para emitir el veredicto. Este será aprobado por mayoría en cada punto, con votos disidentes o particulares si los hubiere. Se sustentarán por escrito.

Octavo: Se producirá un fallo, que será inapelable y se notificará en estrados. Se divulgará a la opinión pública internacional por todos los medios disponibles.

Noveno: Se compulsarán copias del veredicto a la Corte Penal Internacional; al Consejo de DDHH de la ONU; Corte interamericana de Derechos Humanos CIDH; Secretario General de la ONU, Antonio Guterres; Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto me permito muy respetuosamente invitarle a ser parte de este proceso.

Se invita a la comunidad nacional e internacional a acompañar y hacer eco a este proceso, que busca ser un llamado fuerte a la verdad, la justicia y la finalización de la violencia en la Franja de Gaza.

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

LUIS BERNARDO DÍAZ GAMBOA

Decano Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Director Grupo de Investigación Justicia Social Primo Levi, UPTC.
Director del Observatorio de DDHH Orlando Fals Borda, UPTC.
Avenida Central del Norte 39-115, Tunja, Boyacá

Nuevamente condenan a Mamita Yunai

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Chiquita Brands, la heredera de la United Fruit Co., fue condenada en Florida por violación a los derechos humanos, por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia quienes masacraban a pueblos enteros solo por el hecho de considerarlos enemigos de la derecha.

Entre 1997 y 2004 Chiquita financió y puso a su disposición su infraestructura para ejecutar estas acciones. En los libros de contabilidad se registró que Chiquita pactó con las Autodefensas Unidas, un grupo terrorista, para pagarle $0,30 por cada caja de banano exportada de Colombia. Recordemos que la historia de esta empresa, de la United Fruit Co., está llena de explotación, represión, golpes de estado y crímenes por toda la región bananera del Caribe.

Chiquita fue condenada por cargos criminales, penalmente, como empresa ya que en EEUU las compañías o personas jurídicas pueden ser condenadas penalmente. Además, le impusieron una multa de $25 millones por esos hechos, sin contemplar aún el multimillonario pago que tendrá que hacer a los familiares de los miles de víctimas.

Chiquita ha sido condenada por apoyo a grupos terroristas; la sentencia manifiesta que prestaba sus puertos a las Autodefensas para que recibiera armas y exportara droga.

Lo que Chiquita ha cometido -según se afirma en medios internacionales- es un crimen contra la Humanidad.

Chiquita es la más grande multinacional de producción y exportación de banano del mundo. Es una multinacional que tiene una presencia fundamental en Costa Rica, al ser el primer exportador de banano del país, con extensas plantaciones y pagando salarios que hace que Limón sea la provincia más pobre el país.

Se han presentado más de 3 mil demandas por indemnización contra Chiquita en EEUU y recientemente, el pasado 10 de junio, se ha producido la primera resolución condenando a la empresa a indemnizar a 8 familias víctimas de la AUC con la suma de $38,7 millones de dólares. Esta es solo la primera resolución contra Chiquita por haber financiado al grupo terrorista AUC mediante pagos y prestarse para el comercio de armas y narcóticos.

Hay que tener presente este nuevo hecho, que Chiquita fue condenada criminalmente, porque ella es un agente importante en la vida cotidiana del costarricense.