La pulpe de la cárcel

Freddy Pacheco León

Por más de 200 años, las sociedades civilizadas han avanzado, no sin obstáculos, por el camino del respeto a la dignidad de los privados de libertad. La abolición de la pena de muerte, en 1882, gran legado de don Tomás Guardia a los costarricenses y al mundo, es la mejor expresión, de esa tarea de supremo respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, también, la inhumana tortura, para infringir sufrimiento, o cualquier otro tipo de maltrato inconcebible, incluido el encarcelamiento injusto, conque se degrada a la persona, han dejado de tener cabida en sociedades que se dicen civilizadas.

No en vano, a los costarricenses todavía nos avergüenza, las situaciones descritas por José León Sánchez, en su novela «LA ISLA DE LOS HOMBRES SOLOS», que tanto impactara entre los costarricenses, cuando se publicara hace más de medio siglo, en la cual José León describe, como testigo, la situación que se vivía en la antigua prisión existente isla San Lucas.

Pero, por dicha, han pasado los años, y con ellos se han venido estableciendo principios convencionales en el marco de la ONU, que, junto a decisiones internas de Estados, como Costa Rica, han permitido avanzar por el sendero correcto, hacia el respeto de los derechos de los que cumplen sanciones penales. «Donde las leyes permiten que un hombre, en determinados casos, deje de ser una persona para convertirse en una cosa, no existe libertad», describió Beccaria, jurista italiano del siglo XVIII, de gran influencia en la modernización del derecho penal europeo.

En los «Principios básicos para el tratamiento de los reclusos», (ONU 1990), explícitamente se establece, el deber de crear «condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles, que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país, y les permita contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio«.

Tenemos los costarricenses, leyes pertinentes y un ejemplar «Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional«, emitido en la administración de don Luis Guillermo Solís, que recoge el espíritu y letra de la legislación pertinente al caso que nos ocupa. Por ejemplo, se estipula que «Las condiciones de vida de la persona privada de libertad, deberán tener como referencia, la vida en libertad«. Para su inserción social, el Estado «tomará las medidas necesarias a efecto de poder ofrecer a las personas, educación, cultura, formación profesional, trabajo, salud, deporte, arte, y cualquier otra cosa que tenga el mismo fin«. Asimismo, se ha de implementar «un modelo de formación integral, garante de los derechos humanos, que les posibiliten la inserción social«, para lo cual se ha de generar, «una oferta educativa, formativa, productiva y laboral, que estimule el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas… para su vida en libertad«. Ello con la finalidad de realizar «un proceso de acompañamiento individual y grupal a las personas privadas de libertad, que desarrollen actividades ocupacionales«.

En términos generales, se busca que las actividades de formación, ocupación y capacitación, «sean parte esencial del plan de ejecución de la pena y tendrán como finalidad, adquirir y fortalecer destrezas y hábitos positivos… que favorezcan la inclusión social… y un proyecto de vida sin delinquir«.

Ante lo anotado, no entendemos cómo, el presidente Chaves y la co-gobernante Cisneros, hasta gastaron recursos del Estado, para anunciar como un éxito del gobierno, el haber desautorizado el funcionamiento de un par de pequeñas pulperías, administradas por adultos mayores, en sendas cárceles. Pulperías (ellos les llaman «comisariatos», otros «supermercados») que, debidamente autorizadas por el ministro de Justicia (aunque lo obligaron luego «a quitarse»), funcionaban, con grandes limitaciones, en las prisiones.

Aprovechando que se trata de una población vulnerable, privada del ejercicio de varios derechos en razón de sentencias judiciales, mayormente despreciada por los habitantes, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo consideró un «éxito» detener su operación, pues «no pagan impuestos ni la luz», dijo el dúo Chaves-Cisneros. Acción que demuestra ausencia de sensibilidad y solidaridad cristiana, además del usual desconocimiento de la legislación, nacional e internacional.

El hecho de que, en países como El Salvador, no rijan reglas similares, no ha de ser motivo para retroceder tan violentamente, en un campo en el cual los costarricenses hemos avanzado tan significativamente. Por ello, esperamos que, en virtud de recursos de amparo presentados a favor de los privados de libertad, afectados como artesanales empresarios, y como particular clientela, los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de acogerlos, emitan un voto razonado tal, que vaya permeado de una motivación educativa, donde se reafirmen los principios básicos, que el Chaves y la Cisneros, están desechando, como parte de su demagógica propaganda, de hombre fuerte y mujer de hierro.

6 de diciembre del 2024