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Etiqueta: derechos humanos

Pronunciamiento de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional sobre las elecciones en Venezuela

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) ha emitido un pronunciamiento sobre las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, realizadas el pasado 28 de julio de 2024. En la sesión ordinaria No. 15-2024 del Consejo de la Facultad, llevada a cabo el 2 de septiembre de 2024, se abordaron los hechos relacionados con la elección y las controversias posteriores.
Según los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro resultó ganador con el 51,95% de los votos (6.408.844 votos), mientras que Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, obtuvo el 43,18% de los sufragios (5.326.104 votos) con el 97% de las actas escrutadas. Sin embargo, indica el comunicado, el CNE aún no ha publicado las actas desglosadas por mesa de votación para corroborar estos resultados.

Por su parte, la oposición ha cuestionado los datos oficiales y ha presentado aproximadamente 24 mil actas recolectadas por voluntarios, que representan un 81,7% del total. Según el conteo opositor, González Urrutia habría ganado con el 67% de los votos frente al 30% de Maduro.
El Panel de Expertos de la ONU emitió un informe preliminar en el que afirma que el CNE «no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad» esenciales para unas elecciones creíbles. Además, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convalidó los resultados el 22 de agosto de 2024, lo cual fue rechazado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que señala la falta de imparcialidad tanto del tribunal como del CNE. La OEA instó a que se publiquen las actas de la elección desglosadas por mesa y que se realice una verificación imparcial de los resultados.
Desde que se conocieron los resultados oficiales, se han registrado protestas masivas dentro y fuera de Venezuela exigiendo transparencia en el conteo de los votos. Estas manifestaciones han sido reprimidas por el gobierno, resultando en 27 personas fallecidas, cerca de 200 heridas y más de 2.400 detenidas hasta la fecha, dice el documento enviado a SURCOS.

La comunidad internacional ha llamado al gobierno venezolano a cesar la violencia contra la población civil disidente y a garantizar la transparencia electoral, situación que no se ha resuelto hasta ahora.

El escrito del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales de la UNA expresa que la crisis política en Venezuela se atribuye a un deterioro de las instituciones democráticas, influenciado tanto por el modelo populista del chavismo como por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Esto ha exacerbado la polarización política y la crisis económica, lo que ha forzado a unos 7,7 millones de venezolanos a abandonar el país, muchos en busca de mejores condiciones de vida o para huir de la persecución política. En Costa Rica, para 2023, se reportaron 29.400 venezolanos, de los cuales solo 11 mil han logrado regularizar su estatus.

Acuerdos del Consejo de la Facultad
En respuesta a este complejo escenario, el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA acordó los siguientes puntos:

  1. Instar al gobierno de Venezuela y al Tribunal Supremo de Justicia a detener la represión y la persecución política contra los líderes de la oposición, así como a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión de la población civil que exige el desglose de las actas por mesa de votación.
    Acuerdo firme y unánime.
  2. Ratificar la importancia de que los partidos políticos respeten la voluntad popular y que el CNE ponga a disposición las actas de todas las mesas de votación para un conteo transparente.
    Acuerdo firme y unánime.
  3. Instar a los gobiernos extranjeros a no reconocer a ningún candidato como ganador hasta que los resultados finales sean corroborados por los datos de las actas.
    Acuerdo firme y unánime.
  4. Solicitar al Consejo Universitario de la UNA que se pronuncie oficialmente sobre la situación en Venezuela, exigiendo el respeto a la voluntad popular y a los derechos humanos.
    Acuerdo firme y unánime.
  5. Fomentar la discusión informada sobre procesos electorales en la Facultad de Ciencias Sociales, reconociendo que la transparencia y la democracia son esenciales para la convivencia pacífica y el respeto al estado de derecho en América Latina.
    Acuerdo firme y unánime.
  6. Comunicar este pronunciamiento a toda la comunidad universitaria y a las autoridades pertinentes, incluyendo al Dr. Arnoldo André Tinoco, Canciller de la República de Costa Rica.
    Acuerdo firme y unánime.

Este acuerdo fue firmado por la Dra. Marta Sánchez López, presidenta del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, y «refleja el compromiso de la Universidad Nacional con los valores de soberanía, democracia y derechos humanos».

Información compartida con SURCOS por el profesor Carlos Carranza.

Defensoría: Reforma al Código Municipal afectó derechos de las mujeres

Escrito en . Publicado en Derechos.

Defensoría presentó coadyuvancia a acción de inconstitucionalidad

La Defensoría de los Habitantes presentó una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en contra del artículo 13 del Código Municipal, por considerar que la modificación de dicha norma disminuyó las garantías institucionales para la consolidación de oficinas municipales dirigidas al aseguramiento, protección y promoción de los derechos de las mujeres y, por ende, es regresivo de los derechos de esta población.

Esta Defensoría considera que todas las acciones estatales deben ajustarse al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos derivadas de los instrumentos jurídicos ratificados, y debe procurar acciones para el cumplimiento de las observaciones finales y recomendaciones emitidas por los órganos de Tratado.

En materia de infraestructura y políticas institucionales para el avance de los derechos de las mujeres, las Oficinas Municipales de la Mujer se constituyen en un medio accesible y disponible para ellas en toda su diversidad y en todas las regiones del país, como una expresión de una democracia consolidada. Se trata de instancias que fortalecen los mecanismos nacionales para el adelanto de los derechos de las mujeres cuyas acciones contribuyen, en el ámbito local, a multiplicar las acciones y responsabilidades ejercidas por el INAMU a nivel nacional, con la coordinación interinstitucional.

La Defensoría estima que parte de las acciones generadas desde las Oficinas Municipales de la Mujer han coadyuvado a los esfuerzos que a nivel nacional debe implementar el INAMU y el resto de las instituciones que ostentan responsabilidades derivadas del ordenamiento jurídico, y de las acciones contenidas en la Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2018-2030 y Política Nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades.

Es por eso que, el fortalecimiento de estas oficinas propicia la generación de indicadores específicos respecto a la vigencia de los derechos de las mujeres en el ámbito local, así como la recopilación de datos, permite la coordinación interinstitucional para asegurar que todas las entidades involucradas trabajen de manera coherente hacia los objetivos de igualdad de género, desde el ámbito local.

También ayuda a la construcción de acciones para atender la resistencia cultural y los prejuicios de género existentes que pueden influir en la implementación y monitoreo de políticas públicas con perspectiva de género, brindan capacitación continua para el funcionariado público y las organizaciones de la sociedad civil a nivel local en temas de género y derechos de las mujeres, facilita la participación activa de la sociedad civil, especialmente de organizaciones de mujeres, para proporcionar un monitoreo independiente y constructivo de las políticas de género y de la gestión de los servicios institucionales en materia de derechos de las mujeres, especialmente en violencia de género, promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos asignados y permite facilitar el acceso a mecanismos efectivos de denuncia y respuesta a las necesidades de todas las mujeres.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Pablo Ruiz: “Es una vergüenza que Chile firme acuerdos con el Comando Sur”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Entrevista a Pablo Ruiz, miembro del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile; de la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza CONVIDA-20, y parte de la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN.

EI: A 51 años del golpe de estado en Chile ¿cómo evalúa la situación de los derechos humanos en el país?, ¿seguimos teniendo justicia en la medida de lo posible?

PR: en primer lugar señalar que a 51 años del golpe de Estado, los familiares y las agrupaciones de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos siguen luchando por conocer toda la verdad y lograr justicia total, lo que demuestra que se ha avanzado lentamente desde el retorno a la “democracia” desde 1990 hasta hoy. Muchos familiares han muerto sin obtener justicia, muchos familiares de detenidos desaparecidos aún desconocen el destino de los suyos.

El año pasado el gobierno lanzó un Plan Nacional de Búsqueda de quienes sufrieron desaparición forzada y desde el anuncio hasta hoy no han habido resultados concretos, no hay equipos nuevos que estén operando, buscando a nuestras y nuestros detenidos desaparecidos, no hay avances en la identificación de los restos óseos que están en manos del Servicio Médico Legal, lo que demuestra que todo ha seguido en la “medida de los posible”.

Sería muy largo responder cómo estamos en materia de derechos humanos. Sólo quisiera agregar algunos hechos importantes: han seguido registrándose casos de tortura, abuso policial, desaparición forzada; siguen existiendo presos políticos, chilenos y mapuches, en las cárceles; aún hay muchas familias sin acceso a la vivienda, a un trabajo digno, siguen las largas listas de espera en los hospitales. En otras palabras, sigue existiendo desigualdad en Chile.

En la marcha por los Derechos Humanos del pasado 8 de septiembre, la policía volvió a reprimir, lanzando incluso gases lacrimógenos a los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. 

EI: Y sigue la Constitución de 1980…

PR: Claro que continua y es una vergüenza que Chile, que se declara un país democrático, siga siendo regido por la Constitución de 1980 impuesta por la dictadura encabezada por Pinochet. Si bien es cierto, hubo posibilidades de cambiarla, los poderes reales, la derecha, la oligarquía, y muy posiblemente las agencias estadounidenses, realizaron una enorme campaña del terror, desinformativa, psicológica, con un alto financiamiento, para confundir e influir en la población para que rechazara la primera y mejor propuesta constitucional. El interés de los grandes poderes es que se mantenga la desigualdad y el modelo neoliberal que garantiza sus privilegios y negocios.

EI: ¿Cuál cree que es la señal que está dando el gobierno de Gabriel Boric al permitir que su Ministra de Defensa se reúna con destacados generales del Comando Sur de los Estados Unidos y se firme, además, un acuerdo de “cooperación” en materias de seguridad y otros temas estratégicos para la defensa del país?

PR: La señal para Estados Unidos y el mundo es que nuestro país sigue bajo el mandato estadounidense y que somos dependientes de ellos, tanto a nivel económico como político. Para nosotros, es una vergüenza que Chile, que su Ministra de Defensa y que el gobierno, se reúnan y firmen acuerdos militares de “cooperación” con el Comando Sur, con los Estados Unidos, que es uno de los principales responsables del golpe de Estado en Chile. Es una vergüenza, además, porque Estados Unidos sigue siendo el mismo de antes, el que ayer conspiró contra Salvador Allende, que entrenó a los agentes de la DINA y la CNI, hoy sigue conspirando y atacando a naciones hermanas. Sigue la militarizando del mundo, siguen las guerras, y Estados Unidos es responsable.

EI: ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos en América Latina y dónde están desplegadas?

PR: Se estima que en América Latina existen más de 70 bases militares y no me refiero únicamente a las típicas, como la que existe en Guantánamo – contra la voluntad de Cuba – o la que existe en Honduras, en Soto Cano, o las que existen en Colombia. También consideramos bases a todos los radares, a los acuerdos para usar pistas de aterrizaje; la base NAMRU-6 en Perú que hace investigación de enfermedades infecciosas y que representa un peligro para todo el continente. También existe presencia militar y la base en las Islas Malvinas por parte de Reino Unido, la OTAN. Existe una fuerte presencia militar estadounidense y ejercicios militares conjuntos permanentes. A esto debemos sumar que EE.UU. sigue dando entrenamiento a militares y policías en la nueva Escuela de las Américas, la que actualmente se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés). También existe la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), que opera en El Salvador, y donde se forman policías, fiscales y jueces de América Latina. En fin, de distintas formas EEUU sigue manteniendo su influencia y hegemonía en nuestro continente como el “gran hermano” que se siente.

EI: Cambiando de tema, ¿Cómo se podría resolver el  conflicto entre palestinos e israelíes para alcanzar la paz?

PR: Este tema es muy complejo, ya que el Estado de Israel fue creado en territorios del pueblo palestino. Entonces, la única solución es que Israel devuelva todas las tierras que son palestinas, libere a todos los prisioneros palestinos, y cese la violencia contra la población. Para que esto ocurra, Israel debería dejar estas tierras, debería comprar o llegar a acuerdos con otros países para disponer de territorios, en otra parte del mundo, para establecerse, y sin duda es un ese es un escenario muy complejo.

La otra alternativa, es que pudieran convivir pacíficamente en los territorios asignados por la ONU, que entregó, en 1947, una parte de las tierras palestinas a Israel. Para eso deben llegar a un acuerdo y lo principal, debe cesar la violencia contra el pueblo palestino y la acción de los colonos israelí que se han ido apropiando de territorios que habían sido asignados a los palestinos.

Ha sido muy triste, muy desgarrador, la guerra contra el pueblo palestino. Han sido asesinados principalmente mujeres y niños. En este conflicto, Estados Unidos es responsable ya que financia y envía armas al ejército israelí.

EI: ¿Qué piensas del conflicto entre Ucrania y Rusia?

PR: Nosotros lamentamos esta guerra provocada entre dos pueblos que han sido hermanos. Comenzó el 2014, cuando Estados Unidos apoyó e instigó un golpe de Estado en Ucrania, las nuevas autoridades comenzaron a perseguir a la población lingüística y culturalmente rusa en el Donbás, y a pesar de que se firmaron los acuerdos de Minsk, el 2014 y 2015, para cesar la violencia y donde se comprometían a dar autonomía a esta zona, siguieron asesinando a ucranianos-rusos, incluyendo a muchos niños. El gobierno ucraniano no respetó los acuerdos. A eso, debemos sumar que Ucrania se fue militarizando y que tiene la intención de ingresar a la OTAN, que quiere tener armas nucleares. Toda esta situación fue vista como amenaza por Rusia y finalmente se desencadenó la guerra que dura hasta el día de hoy.

Esta guerra ha sido provocada, detrás de ella se encuentra Estados Unidos, hay intereses geopolíticos, económicos, de dominación. Por un lado, y desde mucho antes, se tiene la intención de destruir a Rusia, de debilitarla, de ponerla de rodillas, y para este plan se está usando a Ucrania. Por otro lado, Estados Unidos, ha logrado mediante las sanciones, que Europa deje de comprar gas y petróleo a un precio muy económico a Rusia y comprárselo a ellos. La guerra ha beneficiado también al Complejo Militar Industrial de los Estados Unidos.  Estados Unidos no quiere una Rusia con poder ni menos que Europa vaya creciendo. Algo parecido, está ocurriendo contra China que EE.UU. también quiere destruir.

Tanto Estados Unidos como la OTAN están muy involucrados en la guerra en Ucrania contra Rusia. Pedimos un alto al fuego y negociaciones de paz ahora.

EI: ¿Cómo llegamos a este momento en que la presencia militar de Estados Unidos en América Latina se justifica mediante el combate a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo?

PR: Mi pensamiento es que Estados Unidos siempre va tener o encontrar un pretexto para seguir militarizando y controlando el mundo. En teoría, nos quiere supuestamente ayudar y proteger, pero realmente no hay más que su intención de mantener su dominio, hegemonía, el destino manifiesto. Tanto las drogas, el crimen organizado, como el fenómeno del terrorismo son posibles por la presencia del modelo neoliberal que destruye y deshumaniza a la persona.

EI: ¿Qué esfuerzos se están realizando para detener la militarización del continente?

PR: Existen muchas organizaciones en todo el mundo que trabajan por la paz. Entre ellas está el Consejo Mundial por la Paz, la Red Internacional No a la Guerra No a la OTAN, la Alianza CONVIDA-20 o el Servicio Paz y Justicia por toda América Latina, que realizan acciones para denunciar la militarización, para oponerse al gasto militar, para oponerse a la guerra y promover una cultura de paz. Es una vergüenza que nuestros países y en todo el mundo se gasten enormes sumas de dinero en armas para la muerte mientras, no hay trabajo, no hay hospitales, no hay buena educación, hay niños y personas viviendo en la calle. Queremos un mundo en el que podamos vivir como hermanos y recordando a Víctor Jara, tenemos El Derecho de Vivir en Paz.

Foto Archivo: Pablo Ruiz al lado izquierdo del ex sacerdote Roy Bourgeois fundador en Estados Unidos del movimiento contra la Escuela de las Américas (2015).

MTC apoya justa lucha de comunidades de Río Jiménez por asfaltado de Ruta 811

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Hace más de 40 años las comunidades de Río Jiménez sufren el impacto en todas las dimensiones de su vida, a razón de que el Estado costarricense les niega el derecho humano que les ampara de contar con vías de tránsito en estado óptimo para movilizarse, de manera segura, sin exponer diariamente sus vidas y salud integral.

El Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) manifiesta su solidaridad y respaldo a las gestiones de denuncia y propuesta impulsadas por la Comisión Comunal Pro Asfalto de la Ruta 811, la cual ha sido conformada con participación de representantes de diferentes comunidades para responder y ser voz de todas las comunidades afectadas, tales como Irlanda, Santa Maria, Santa Rosa, La Lucha, Escocia, La Ligia y muchas más de Río Jiménez y aledañas a dicha Ruta.

“Hacemos eco de las propias voces de mujeres y hombres que se unen en esta justa lucha”, señala MTC:

*Es una ruta de máxima importancia en una zona productora de piña y banano, de producción agrícola y ganadera. Nos hemos visto afectados desde hace más de 40 años por las pésimas condiciones de esta vía. En el verano es un polvazal que afecta la salud, incluso de adultos mayores y de niños con problemas respiratorios, el aseo de la ropa y de las casas que tienen que limpiar día y noche para disminuir dichas afectaciones. Además, en el invierno es un barreal que afecta el diario vivir de todas las familias para movilizarse a trabajar, a los centros de estudios, a los servicios de salud, a la iglesia o ir al supermercado.»

«Siempre hemos tratado de que nos pavimenten esa calle. Hasta el momento ya está aprobada una parte, esperemos en Dios que el trayecto de la comunidad de Inanda y La Ligia si sea tomado en cuenta porque también se encuentra en demasiado mal estado. Demasiados años de espera.»

«Pues hemos dado una lucha constante al organizarnos en nuestras comunidades de Guácimo con los pueblos vecinos. Hemos asistido a sesiones municipales, mandado cartas a Casa Presidencial, al CONAVI, al MOPT, a diputados, a la misma municipalidad. También nos reunimos para analizar el problema y presentar propuestas de solución. Hemos regado nuestra voz por diferentes medios de comunicación.*

«(…) ya no quieren ingresar los colectivos ni las ambulancias, el transporte público está pensando en retirarse, también empresarios y agricultores ven dañados sus camiones, carros, bicicletas y motos totalmente desbaratadas. Está afectando de mil formas el diario vivir de muchas familias, donde las más pobres que son las más afectadas.»

“Todavía se encuentra nada más en papel, hay que verlo hecho realidad y necesitamos que se solucione también la segunda parte de esta ruta ya que lo presupuestado por JAPDEVA solo cubre la primera parte.»

«Y entonces, estamos en la lucha haciendo un esfuerzo para organizarnos, fortalecemos y estar ahí vigilantes. Y si es necesario, definiremos otras medidas de presión que nos permita la Constitución para buscar una solución, una respuesta al problema social, de salud y de todo tipo que nos afecta.»

*Vamos a seguir en esta lucha que comenzamos hace más de un año, el 7 de marzo del 2023, hasta que sea una realidad.»

Hacemos un llamado a todas las organizaciones para que se pronuncien en solidaridad con esta lucha y exijan al Estado cumplir con sus obligaciones en defensa de los Derechos Humanos de las comunidades de Río Jiménez, Guácimo.

¡Por asfalto completo para la Ruta 811!

8 % ya

Escrito en . Publicado en Educación.

Manuel Hernández

1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.

La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.

Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.

Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.

2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.

No es una simple abstracción jurídica.

Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.

3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.

Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.

El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.

4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.

La norma constitucional constituye un mandato imperativo.

La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.

Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.

5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.

6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.

No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.

6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.

7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.

La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.

8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.

9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.

¡8 % ya!

Taller sobre Derechos Humanos se realiza en Piedras Blancas de Osa

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

En las instalaciones de AGRICOOP RL, ubicadas en Piedras Blancas de Osa, en la zona sur del país, se llevó a cabo un taller sobre Derechos Humanos.

La actividad se desarrolló desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y contó con la participación de representantes de diversos grupos organizados e integrantes de la Comisión Sureña y de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), quienes viajaron desde la capital, San José, para impartir el taller.

Información compartida con SURCOS por Renier Canales Medina

Rechazamos a la masiva disolución y cierre de organizaciones no gubernamentales por parte del gobierno Ortega Murillo

Escrito en . Publicado en Derechos.

Agosto 2024, San José Costa Rica. Las organizaciones representadas en este pronunciamiento rechazamos la disolución y cierre de organizaciones no gubernamentales ordenada por el gobierno Ortega Murillo bajo la excusa de “un nuevo modelo de operatividad” y obligándolas a actuar en alianza con el Estado.

Por esta razón, con profunda preocupación:

Expresamos repudio al cierre masivo anunciado por el gobierno Ortega Murillo, que cancela la personería de las asociaciones, organismos sin fines de lucro, y comunidades basadas en la fe, generando desprotección, nuevas búsquedas de opciones de atención para la población civil y desempleo de quienes más lo requieren. Tales medidas afectan especialmente a las mujeres, cuyo trabajo en las ONG ha sido fundamental y quienes fueron las más afectadas durante la pandemia por COVID 19.

Entendemos estas medidas represivas como un continuum de violencia sistemática contra el pueblo de Nicaragua, periodistas, intelectuales, personas defensoras de derechos humanos, líderes indígenas, religiosos y mujeres opositoras al régimen.

Según el Informe de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al -Nashif, 30 personas “han sido detenidas desde marzo de 2024 en el contexto de la represión del espacio cívico” de forma ilegal y arbitraria, “seguidas de juicios que no cumplen las garantías básicas de debido proceso y juicio justo”.

Denunciamos también los hechos violatorios del derecho a la libertad de expresión, que erosionan los Derechos Humanos en el país y nos sumarnos a muchas otras voces en el mundo que reclaman preservación de la vida, la seguridad y la libertad a los pueblos de la región y de Nicaragua en particular.

Suscribimos, Feministas Picos Rojos CR, Voces Nuestras, Colectiva por el Derecho de Decidir, Gema Observatorio de Medios de Comunicación y Género, Profesionales para la ciudadanía y Mujeres por Costa Rica, en San José, Costa Rica, 28 de agosto de 2024

Chiquita desaloja a decenas de trabajadores

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Carlos Quiroz | Foto: (archivo personal)

Con Carlos Quiroz

Tiempos difíciles para Chiquita Brands. Después de los graves problemas que está teniendo en Estados Unidos, la transnacional bananera está siendo acusada de desalojar y echar a la calle a su propio personal en el Atlántico costarricense.

Giorgio Trucchi

En el municipio de Talamanca, fronterizo con Panamá, la empresa Chiriquí Land Company, subsidiaria de Chiquita Brands, controla dos fincas bananeras (Tayrona y Cañaveral).

El 85 por ciento de los trabajadores tiene nacionalidad panameña y, en su mayoría, pertenece a la etnia Ngöbe-Buglé (unas cuatrocientos personas).

Un acuerdo firmado el año pasado entre Costa Rica y Panamá les otorgó la doble nacionalidad para que pudieran gozar de ciertos beneficios.

Un 46 por ciento sigue viviendo en territorio panameño, se levanta a diario a las 3 de la mañana y cruza el puente que divide los países para ir a trabajar. El restante 54 por ciento reside en territorio costarricense.

Muchos de ellos viven en cuadrantes¹ que la compañía bananera construyó y cuyas casas les fueron otorgadas en comodato.

Desalojando familias

Igual que otras compañías transnacionales y empresas fruteras nacionales, Chiquita acostumbra en sus contratos de trabajo incluir el ofrecimiento de viviendas para los trabajadores y sus familias.

Este beneficio está reglamentado por el código de trabajo costarricense (art. 164) bajo la figura del “salario en especie²”.

En las últimas semanas, la compañía está avisando a decenas de trabajadores que tienen 15 días para desocupar sus viviendas y buscar a dónde irse.

Algo que también se está llevando a cabo, hasta con más brutalidad, en otras zonas del país y que la Rel UITA ha venido documentando.

“Lo que Chiquita está haciendo es brutal. Hay compañeros que tienen décadas trabajando en la empresa y que están siendo desalojados juntos a su familia”, dijo a La Rel, Carlos Quiroz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Chiriqui Land Company (Sitrachiri).

“En este momento están sacando a 17 familias, aduciendo que no cumplen con los requisitos de asignación de vivienda y trayendo argumentos tontos. Esto es ridículo y sabemos que van por más desalojos. Se habla de al menos 47 familias afectadas”, agregó.

Chiquita, las mismas mañas

Lo que más llama la atención es que todos los trabajadores afectados están afiliados al Sindicato, cuatro de ellos son delegados sindicales en las fincas.

“Lo que creemos es que se trata de una arremetida para forzar a los trabajadores a aceptar algunas propuestas, avanzadas por la empresa, que violan nuestro convenio colectivo”, manifestó Quiroz.

Chiquita estaría presionando para que los trabajadores renuncien al empleo de mutuo acuerdo, retiren su liquidación y acepten ser recontratados con garantías desmejoradas, en especial la que se refiere al derecho a vacaciones.

“Sin embargo, en este acuerdo se sigue garantizando el derecho a la vivienda, por lo tanto, creemos que la amenaza de desalojo persigue el objetivo de obligar a los compañeros a aceptar esta propuesta”, explicó el dirigente sindical.

Ofensiva sindical

El pasado 21 de agosto, Quiroz, en calidad de secretario general del Sindicato, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se detenga la orden de desalojo.

También se instó a la empresa a frenar la medida y sentarse a negociar.

“Vamos a esperar que la Sala se pronuncie, mientras tanto estamos denunciando ese atropello a nivel nacional e internacional. Los compañeros se mantienen firmes y no quieren salir. También estamos valorando otras acciones judiciales”, concluyó Quiroz.

¹Complejos habitacionales que surgen en los alrededores de las plantaciones donde viven las y los trabajadores y sus familias.
²Entre las diferentes formas de retribución, el salario en especie se paga con bienes o medios distintos al dinero como, por ejemplo, alimento, alojamiento o transporte. Este no podrá ser mayor al 50 por ciento de lo que reciba el trabajador en dinero efectivo.

Fuente: https://www.rel-uita.org/costa-rica/chiquita-desaloja-a-decenas-de-trabajadores/

Asociación Americana de Juristas reclama la libertad inmediata de Daniel Jadue

Escrito en . Publicado en Derechos.

La AAJ denuncia el caso de Danuel Jadue, alcalde de Recoleta, Santiago de Chile, y ex candidato a la Presidencia, quien se encuentra detenido con prisión preventiva, como un caso del lawfare en América Latina, presentando graves violaciones al debido proceso y a las garantías constitucionales. 

El sociólogo y arquitecto Daniel Jadue, de ascendencia palestina y militante del Partido Comunista, es alcalde desde el año 2012 de la comuna Recoleta de Santiago, República de Chile. Fue reelecto en las elecciones municipales del 2021 con el 64,08 por ciento. Su gestión generó la implementación de las farmacias populares, ópticas populares, inmobiliarias populares, la Universidad Abierta de Recoleta, festivales de cultura masivos y gratuitos, la escuela popular de teatro, y otras iniciativas. 

Su capacidad de gestión llevó a que desde el 2017, la población de la comuna haya aumentado en un 22%, generando un impacto positivo en la vida de miles de habitantes. Su exitosa creación de las Farmacias Populares, una red que ofrece medicamentos 70% más baratos que las farmacias cartelizadas. Fue una iniciativa ampliamente replicada en muchas otras localidades.

Por ello, afectó intereses oligopólicos y monopólicos de tres cadenas de farmacias, que concentran el 90% del mercado, las que implementaron un boicot descubierto en una investigación del Instituto de Salud Pública, tras una denuncia presentada por Jadue. De igual manera, la implementación de un sistema de viviendas populares, a menor costo con políticas de apoyo a las personas de menores recursos, afectó a los intereses del sector inmobiliario.

La persecución judicial se concreta a partir de una denuncia de una importadora de medicamentos, la empresa Best Quality, a través de un comisionista -condenado por estafa- justamente por el rol de Jadue en la implementación de las farmacias populares. 

En la audiencia celebrada el 3 de junio pasado, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió imponer a Jadue presión preventiva, a pesar de admitir que no existen pruebas, en violación al principio de la presunción de inocencia. En una resolución carente de proporcionalidad, no se ha podido fundar ni justificar la extrema medida, ni por la supuesta peligrosidad, ni por el riesgo de fuga y mucho menos por el posible entorpecimiento de la investigación. 

Por tanto, la AAJ se suma a la campaña internacional exigiendo la inmediata libertad de Daniel Jadue, y el cese del uso abusivo de instrumentos jurídicos para impugnar y deslegitimar a referentes políticos y sociales, mediante la persecución por vía judicial-mediática, en beneficio del poder económico.

A 10 de julio de 2024

Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental 

Luis Carlos Moro. Secretario General 

Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación

permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra

En relación con este caso, la Agrupación de Chilenos y Chilenas del Exilio en Costa Rica organizó un acto de solidaridad con Daniel Jadue.

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) exigió la inmediata liberación de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, Santiago de Chile, y denunció su detención como un caso de lawfare en América Latina. Jadue, conocido por implementar farmacias populares que ofrecían medicamentos a precios reducidos, fue acusado injustamente tras afectar intereses de grandes corporaciones farmacéuticas.

La AAJ destacó que, a pesar de la falta de pruebas, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago impuso prisión preventiva, violando su presunción de inocencia. La organización condenó el uso indebido del sistema judicial para deslegitimar a líderes políticos y se sumó a la campaña internacional por su liberación.

¡Con doña Digna Rivera, exigimos justicia para Jerhy!

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El 24 de febrero del 2020, fue asesinado Jerhy Rivera Rivera en el territorio Bröran de Térraba, mientras un grupo de personas defendía los territorios ocupados ilegalmente por terratenientes de la zona. Elides Rivera Navas, su tía materna, señala que Jerhy fue cruelmente ultrajado antes de recibir el disparo que acabó con su vida: “Muchos son los que están involucrados dentro de eso. Si bien es cierto que uno fue el que disparó el arma como arma, pero lo cierto es que había muchos que lo golpearon, que lo patearon, le quebraron incluso la cabeza antes de morir del balazo. A él le deshacen tres dedos, se los muelen, ¿a pedradas? Podés ver el ensañamiento, podés ver el odio. Todo lo que han dejado desbordar de malos sentimientos”.

Está documentado que el 18 de agosto del 2022, durante una reunión pública y oficial, con representantes del gobierno, en Buenos Aires, Luis Eduardo Varela Rojas afirmó haber asesinado a Jerhy Rivera en defensa propia. Recibió fuertes aplausos y alabanzas de parte del público ahí reunido. El 1 de febrero del 2023, el Tribunal Penal de Pérez Zeledón condenó a 22 años y 15 días de prisión a Luis Eduardo Varela Rojas por el homicidio del líder indígena de Térraba, Jehry Rivera Rivera, y por amenazas a una testigo del asesinato. Según el juez del proceso: “El tema de quién mató a don Jehry, no es un tema controvertido, está claro que fue el imputado quien lo asesinó y eso no es discusión para este Tribunal”.

El 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó poner en libertad a Luis Eduardo Varela Rojas, alegando vicios en la valoración de la prueba.

Del 19 al 23 de agosto 2024, se programó un juicio en el Tribunal de Pérez Zeledón; el mismo que había dictado una sentencia mínima por el cargo de homicidio.

Surgen preguntas frente a estos hechos: ¿Por qué reina la impunidad ante los atropellos que viven las poblaciones indígenas? ¿Por qué los asesinos de Sergio Rojas se pasean tranquilamente por Salitre? ¿Por qué las denuncias por amenazas y agresiones de todo tipo no prosperan en las instituciones que le deben dar trámite? ¿Por qué el Estado costarricense no cumple con las medidas cautelares “MC 321-12”, en las que se definió que sus instituciones son las responsables de garantizar y resguardar la vida e integridad física de Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre?

Exigimos al Estado costarricense que cumpla sus compromisos: el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957; la Ley Indígena 6172 de 1977; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por la Asamblea Legislativa en 1993; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita por Costa Rica desde el 2007.

Por su inacción, el Estado costarricense es responsable del asesinato de Sergio Rojas ocurrida en marzo del 2019 y del asesinato de Jerhy Rivera llevado a cabo en febrero del año siguiente.

Basta ya del racismo estructural del Estado costarricense y de la sociedad en su conjunto. El problema de fondo es la violación a los Derechos Humanos, a la legalidad costarricense y a los convenios internacionales que Costa Rica ha firmado para asegurar que en los territorios ancestrales se respeten las normas, la autonomía y la espiritualidad de los pueblos indígenas.

¡Es una vergüenza que en nuestro país la justicia se vista con ropajes colonialistas y racistas! ¡Justicia para Jerhy es sembrar una semilla de paz en los territorios indígenas!

¡Que un asesino confeso ande libre amenazando y alardeando de lo que hizo nos deshumaniza a todas las personas!

¿Qué modelo de ciudadanía se está fomentado con esos actos?

Por eso, exigimos, con doña Digna Rivera Navas, justicia para su hijo Jerhy.

Firma responsable: Comité de Solidaridad con doña Digna. Costa Rica

Cc. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y otras organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional. Nos unimos a este pronunciamiento las siguientes personas, organizaciones, colectivas y colectivos:

En el documento adjunto puede ver las firmas que respaldan este documento.

¡Con doña Digna Rivera, exigimos justicia para Jerhy!El 24 de febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera fue asesinado en el territorio Bröran de Térraba mientras defendía las tierras indígenas de ocupaciones ilegales. Su muerte no solo fue brutal, sino que además, la impunidad que ha rodeado el caso refleja un profundo problema de racismo estructural y violación de derechos humanos en Costa Rica.A pesar de que Luis Eduardo Varela Rojas confesó públicamente haber asesinado a Jerhy en defensa propia, fue liberado en julio de 2023 debido a vicios en la valoración de la prueba, a pesar de haber sido condenado inicialmente a 22 años de prisión. Este hecho, junto con la falta de acción del Estado en cumplir las medidas cautelares y proteger a los pueblos indígenas, evidencia una grave negligencia en la justicia costarricense.Exigimos que el Estado costarricense cumpla con sus compromisos internacionales y nacionales, y que se garantice la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, la justicia en Costa Rica siga siendo cómplice de actos de violencia y discriminación contra las comunidades indígenas.¡Justicia para Jerhy Rivera! ¡Es hora de acabar con el racismo y garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país!

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