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Etiqueta: derechos humanos

Ciudadano limonense manifiesta la importancia de los derechos afro costarricenses a la Asamblea Legislativa

En una misiva dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el ciudadano Marco Levy Virgo ha solicitado a la comisión que tome medidas para proteger los derechos de la población afrodescendiente en Costa Rica.

En su comunicado, Levy Virgo hace referencia a disposiciones legales y decretos ejecutivos, como el N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, que reconocen la existencia de una población afrodescendiente en el Caribe costarricense y la importancia de preservar su identidad cultural, tradiciones y territorios ancestrales. Sin embargo, señala que hasta la fecha no se ha promulgado una ley específica que garantice plenamente los derechos de esta población tribal.

El solicitante destaca que la Asamblea Legislativa, al aprobar la Ley Indígena en 1977, excluyó a la población afrodescendiente de sus disposiciones, des-aplicando así el Convenio Internacional de Derechos Humanos N°107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegía los derechos de las poblaciones indígenas y tribales, incluyendo a los afrodescendientes.

En vista de esta situación, Levy Virgo solicita a la Comisión de Derechos Humanos que informe sobre las gestiones, acciones y proyectos de ley planificados a favor de la población afrodescendiente. En particular, se enfoca en dos aspectos clave:

Delimitación y demarcación del territorio ancestral afrodescendiente: Dado que el Estado reconoce la presencia histórica de la población afrodescendiente en la costa del Caribe costarricense, se solicita a la Comisión que intervenga para que el Estado proceda a establecer legalmente los límites, dimensiones, ubicación y extensión del territorio ancestral afrodescendiente, protegido por el Convenio 169 de la OIT.

Creación de una ley especial para proteger los derechos de la población tribal afrodescendiente: Aunque el Estado reconoce a la población afrodescendiente como población tribal y su protección bajo el Convenio N°169 de la OIT, no existe una ley específica que salvaguarde sus derechos de propiedad ancestral. En este sentido, se insta a la Comisión a tomar medidas para promover la creación de una ley que proteja plenamente los derechos de la población afrodescendiente, de manera similar a la ley existente para los pueblos indígenas.

La solicitud de Marco Levy Virgo pone de relieve la necesidad de garantizar la igualdad de derechos y protección para la población afrodescendiente en Costa Rica. Se espera que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa tome acciones concretas y promueva la promulgación de leyes que salvaguarden los derechos de esta comunidad tribal, asegurando así la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos costarricenses.

Imagen ilustrativa.

Ante la desidia del Gobierno frente al Comité de la CDPD-ONU

Comunicado

El día de ayer, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que aborda el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recibía al Estado Costarricense para que brindará su informe sobre el cumplimiento y seguimiento de este Tratado Internacional suscrito por el país, sin embargo, la Administración Cháves Robles ha dejado una vez más plasmado su desinterés por las más de 670.000 personas en situación de discapacidad del país. 

No solo no enviaron a una delegación desde Costa Rica que tenga conocimiento y preparación sobre el tema -que de paso nos preguntamos una vez más, ¿dónde está el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, el señor Ricardo Sossa y el CONAPDIS?-, sino que las personas que estuvieron presentes, como el señor Embajador de Costa Rica en Ginebra, MR. Christian Guillermet Fernández, no supo responder a ninguna de las interrogantes realizadas por el Comité, e incluso manifestó: “Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”, terminando él y las otras personas que le acompañaron agachando la cabeza ante la vergonzosa participación que tuvieron. 

Fue tal la lamentable participación de Costa Rica, que el señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité manifestó: “Estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”. 

Desde el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad no solo denunciamos nuestra decepción y enojo ante la falta de seriedad y compromiso por parte del Gobierno de Costa Rica hacia las personas en situación de discapacidad, sino que exigimos una explicación ante la lamentable y vergonzosa participación que tuvieron y por qué el rector en materia de discapacidad (CONAPDIS) y el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, no estuvieron presentes. 

¡LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD MERECEMOS RESPETO Y UN ESTADO QUE GARANTICE NUESTROS DERECHOS!

Tras 5 años de impunidad, se conmemora el pensamiento y la lucha del defensor Sergio Rojas de la comunidad de Salitre

  • Diferentes instancias de la UCR se unen para realizar exposición y foro

Este lunes 18 de marzo se cumplen 5 años del asesinato impune del líder indígena Bribri del clan U̱niwak, Sergio Rojas Ortiz. A dos meses del quinto aniversario de este asesinato político, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur dictó sobreseimiento definitivo alegando que las evidencias recolectadas no son suficientes para realizar el proceso a cabalidad.

Sergio, quien también fue recuperador de tierras y defensor de la vida de los Pueblos Indígenas, fue amenazado de muerte en múltiples ocasiones y sufrió varios intentos de asesinato motivados por su rol dentro de los movimientos indígenas que se organizaron en favor de la recuperación de su territorio. Aun cuando sabía que su vida corría peligro, él mantuvo claro que su lucha es colectiva y en favor de la autodeterminación que les corresponde a los pueblos originarios.

Estamos conscientes que este tipo de violencia racista sistémica sigue siendo ejercida hacia las personas indígenas por parte de múltiples actores y que tiene una incidencia directa en mantener el conflicto por los territorios en el que actualmente se encuentran los Pueblos Originarios del sur de Costa Rica.

Es por esto que, en el marco del quinto aniversario del asesinato de Sergio Rojas, se ha organizado una exposición que lleva por nombre “Justicia y pueblos indígenas en la Costa Rica actual: memoria de la vida y pensamiento de Sergio Rojas Ortiz” donde se recuperan narrativas y testimonios en un esfuerzo por reconstruir su pensamiento y liderazgo, la muestra permanecerá por tres semanas en el Lobby de la Facultad de Ciencias Sociales (1 piso). También se desarrolla el conversatorio titulado “Pueblos indígenas: reflexiones sobre la impunidad en el caso de Sergio Rojas Ortiz”. Las actividades se realizarán a partir de las 4:00 pm en el Lobby de la Facultad de Ciencias Sociales (1 piso) en la Ciudad de la Investigación, para posteriormente pasar al conversatorio en la Sala de Audiovisuales del mismo edificio. Participaran personas de la academia, así como personas de los territorios originarios.

 A pesar de cinco años de ausencia física, la semilla de Sergio Rojas continúa floreciendo en los distintos territorios que han sido recuperados, inspirando otras luchas y defensas a favor de los territorios originarios. Su pensamiento forma parte de una memoria ancestral que nos recuerda que cuando nuestras luchas colectivas no cesan a pesar de la ausencia física.

Informes: decolinialidadpuebloscr@gmail.com y geodialogosdesaberes@gmail.com

Arrancan audiencias para reconocer el derecho al cuidado

  • República de Argentina planteó la solicitud de una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado el año anterior; otros Estados, entre ellos Costa Rica, se han sumado.

  • Un conversatorio analiza los avances y los pasos a seguir dentro de este proceso que busca alcanzar un nivel de igualdad y equidad en favor de las mujeres, a quienes se les encarga tradicionalmente las tareas de cuido.

UNA Comunica. 13 de marzo de 2024. La labor de cuido ha recaído históricamente en las mujeres y ello ha conllevado a que se normalice una serie de actitudes discriminatorias que generan consecuencias económicas y sociales en su contra. Para atenuar esta situación, la República de Argentina planteó una solicitud, en enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado.

Justamente esta semana, del 12 al 14 de marzo, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, recibió en audiencia a los Estados y organizaciones que apoyan esta tesis.

La Universidad Nacional (UNA), por medio del proyecto Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) apoyan y colaboran en esta gestión de la que son parte, además de Costa Rica, Colombia, México, Chile, Paraguay y Uruguay, países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Como Universidad, estamos plenamente identificados con aquellas acciones que garanticen la igualdad en las relaciones sociales que han propiciado una brecha importante en los roles entre los hombres y las mujeres. Tradicionalmente se ha encomendado a la mujer, en su papel de madre y de cuidadora del hogar, la responsabilidad de velar por la seguridad de hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, cuando esta responsabilidad debería ser compartida y asumida con absoluto apego a la justicia y la equidad”, manifestó Irma Sandoval, investigadora del Idespo.

La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022 reveló que, en Costa Rica, las mujeres incrementaron en un 16,4%, entre el 2017 y el 2022, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. En términos nominales, las mujeres dedican 32:04 horas a la semana a estas labores, mientras que los hombres destinan 16:30 horas. Por ejemplo, el cuidado de personas totalmente dependientes está a cargo de las mujeres en un 77%.

La valoración de estos datos la hizo el Programa Estado de la Nación el pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, al señalar que “muchas de las brechas en el mercado laboral se asocian con factores culturales y sociales históricos, al valorar de manera diferenciada los roles de género en los distintos ámbitos de interacción. Un ejemplo es la injusta distribución del trabajo doméstico no remunerado”.

A escala mundial, el panorama no tiende a cambiar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que las mujeres dedican 3,2 veces más horas que los varones a los trabajos no remunerados.

El proceso

Fue el 20 de enero del año anterior cuando la República de Argentina dirigió un oficio a Juan Enrique Pérez Manrique, juez de la Corte IDH, solicitando una opinión consultiva sobre el tema del cuidado.

En el escrito, se detalla que “las desigualdades en el ámbito del cuidado anteceden y explican las diferencias entre los géneros en el ejercicio y goce de los derechos humanos: el papel social y tradicional de las mujeres como proveedoras de los cuidados y encargadas del trabajo doméstico, ha limitado su capacidad para incursionar en el mercado laboral formal y coartado su autonomía económica”.

Luego de la presentación de la solicitud por parte de la República de Argentina, la Corte admitió la presentación del pedido y habilitó una instancia para que los distintos actores presentaran la documentación que argumenta la posición de que el cuidado debe considerarse un derecho desde el sistema interamericano.

“Estos documentos se les conoce como amicus curiae que son presentados por las partes solicitantes de una opinión consultiva de parte de la Corte, y donde se aporta información relevante que le va a permitir al Tribunal deliberar e interpretar. Este proceso ya concluyó y ahora empezamos esta semana con las audiencias orales, para que luego se proceda con la parte deliberativa de cara a una decisión final”, detalló Laura Pautassi, experta de referencia internacional de cuidados y académica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, quien está de visita en el país para participar las audiencias.

Conversatorio

En el marco del proceso de audiencias públicas, el próximo 14 de marzo se llevará a cabo el conversatorio El reconocimiento del derecho al cuidado en América Latina y el Caribe, a partir de las 5:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Durante el conversatorio se hará un recuento de las acciones que han conllevado a la presentación de esta solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del estado de situación en los países y de los retos que se avecinan en la lucha para que se avance en el reconocimiento de este derecho.

“Desde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha considerado que el derecho al cuidado se viene configurando de manera progresiva, que es un derecho cuyo reconocimiento y protección debe fortalecerse. Sobre esa perspectiva, los Estados deben avanzar para que la justicia social y económica garantice una mayor equidad en favor de las mujeres”, agregó Leonela Artavia, economista y coordinadora del proyecto Trabajo y Crisis de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

Comunicado ALAMUD

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

El día 14 de marzo era un día importante, la administración Chaves Robles tuvo el encuentro para establecer un diálogo con el Comité de la Organización de Naciones Unidas, para abordar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el encuentro se desarrolló en Ginebra Suiza, mismo donde las organizaciones de personas con discapacidad de Costa Rica presentaron sus informes y el encuentro fue una completa decepción. Según las palabras del señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité “estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.

Las respuestas de los representantes del Estado en la audiencia fueron evasivas, incorrectas y sin contenido, reflejando la indiferencia con la que el Estado asumió esta participación.

En sus palabras de cierre el embajador de Costa Rica, MR Christian Guillermet Fernández, -a quien le correspondió asumir la representación ante la ausencia de una delegación del Gobierno-, mencionó “…. Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”.

Desde ALAMUD denunciamos públicamente la falta de seriedad de las autoridades gubernamentales y la ausencia de interés del Gobierno de turno por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al punto de no enviar a este encuentro a ninguna persona técnica, ni a ninguna autoridad.

La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y mujeres de 6 organizaciones más y activistas independientes presentaron un informe alternativo al del Estado e hicieron enormes esfuerzos para redactar el informe recogiendo la realidad de mujeres con discapacidad de las 7 provincias del país. Lo hicieron sin recursos y para poder presentarlo en la sede de Naciones Unidas debieron buscar los apoyos de otras organizaciones para que se financiara la participación, sin contar con recursos públicos.

Es importante, indicar que las mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica enfrentamos una muy difícil situación en nuestras cotidianidades, caracterizadas por una diversidad étnica, geográfica, etaria, cultural, lingüística, y también vivimos con mayor riesgo de violencia y discriminación en razón de factores como la dependencia económica, el nivel educativo y la negación de la capacidad jurídica, entre otros.

Situación de las Mujeres con Discapacidad en Costa Rica

Somos el 61% de la población con discapacidad y el 17,6% del total de mujeres del país estamos en situación de discapacidad. Un 65,3% de las mujeres con discapacidad ha experimentado al menos una forma de violencia, el 31.1% han sufrido maltrato físico y el 20% han sufrido violencia sexual. Somos el 82.8% de las personas que tienen “mayores dificultades” para el desempeño de actividades de la vida diaria. Por otro lado, el 62.3% de las mujeres con discapacidad señalan que sus condiciones de salud son de regulares a malas.

En materia laboral el desempleo afecta a más del 70% de mujeres con discapacidad y si ya el salario de una persona con discapacidad es un 11% más bajo, disminuye a un 23% más bajo cuando se trata de mujeres en situación de discapacidad.

Ante esta realidad el Gobierno, es indiferente, guarda silencio y desatiende sus obligaciones, debilitando el Estado Social de Derecho y la democracia costarricense.

Compartimos el Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de las Disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado Costarricense, en relación con los Derechos de las Mujeres y las Niñas.

Yemen-Hutíes, aliado de Palestina-Gaza

Mg. José A. Amesty Rivera

Recordemos que, la guerra Israel-Gaza, es un conflicto armado en curso que comenzó el 7 de octubre de 2023, mientras los israelíes festejaban la fiesta de Sucot, grupos armados de militantes palestinos, principalmente de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, lanzaron un gran ataque contra Israel desde la Franja de Gaza, con cohetes y un ataque de comandos en camiones y motocicletas.​ El ataque tomó a Israel por sorpresa, durante el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur.​ Israel respondería poco después con una represalia denominada «Operación Espadas de Hierro», que incluiría bombardeos e incursiones militares contra la Franja de Gaza. 

Han pasado 22 semanas del inicio del conflicto, y se ha agregado como aliado de Gaza, la nación árabe de Yemen-Asia, más específicamente, el movimiento de los Hutíes de Yemen.  

Yemen del Norte, que era la República Árabe de Yemen, y Yemen del Sur, anteriormente la República Democrática Popular de Yemen, se unificaron en 1990, esto sacudió la geopolítica de la región, porque Yemen del Norte era de orientación socialista y Yemen del Sur era socialista marxista-leninista. 

La ONU considera que Yemen vive la crisis humanitaria más grave del planeta, con más del 80% de la población necesitada de protección. Según la organización internacional, más de 16 millones de yemeníes pasan hambre. Considerando esta realidad, no es de extrañar la respuesta a occidente de los rebeldes yemenitas. 

Es decir, en la actualidad, Yemen se encuentra entre las naciones más pobres de Asia y del mundo árabe.

Por otro lado, el movimiento Hutí, es antiimperialista, anticolonial, y sus acciones son una demostración práctica de solidaridad, con el pueblo palestino; los Yemenitas lo hacen deteniendo el comercio controlado por los países occidentales, que son los patrocinadores de Israel en la guerra colonial y el genocidio en Gaza. 

En 1992 se formó el movimiento político Ansarolá (que significa los que creen en Dios) que hoy es más conocido como el movimiento hutí, nombre que honra a uno de los líderes del movimiento, Badredin Hutí, asesinado en 2004, durante un levantamiento contra el gobierno. Los hutíes proceden de la comunidad zaidí del islam chií, es decir, son árabes islamitas. 

No obstante, los hutíes no pretenden ser una organización religiosa, sino un movimiento político de resistencia a la injerencia occidental en Yemen. 

El escenario de detención del comercio, por parte de los hutíes, es en el mar rojo, por donde fluye el 15 por ciento del comercio internacional del mundo, y más específicamente en el estrecho Bab al Manded clave para el comercio mundial. El volumen de buques de carga que atraviesan este estrecho, ha descendido casi un 60% desde que comenzaron estos ataques de los hutíes. El estrecho de Bab al Mandeb, une al Índico con el Mediterráneo a través del canal de Suez. Esto explica la importancia geoestratégica y geoeconómica del estrecho de Bab al Mandeb. 

¿Cuál ha sido el aporte-apoyo de los hutíes a la lucha de Palestina?

  • En octubre del año pasado, inmediatamente después de la invasión a la Franja de Gaza por parte del régimen israelí, Yemen se solidarizó con el pueblo de Palestina. El Ejército yemení lanzó una serie de ataques contra barcos vinculados a Israel en el mar Rojo, utilizando drones, misiles de crucero y balísticos, que provocaron repercusiones en todo el mundo. 
  • Luego, a mediados de noviembre, altos funcionarios yemeníes dejaron claro que ya no tolerarían ningún transporte marítimo vinculado al régimen israelí frente a sus costas. Anunciaron que el Ejército yemení, atacaría todos los barcos propiedad de empresas israelíes u operados por ellas, o que lleven la bandera del régimen israelí. A su vez, también solicitaron, a todas las naciones que retiren a sus ciudadanos que trabajan como tripulantes en dichos buques, enviando una señal clara de lo que estaba por venir. 
  • Occidente, a su vez, subestimó el poder militar yemení, retratándolos como guerreros tribales con armas rudimentarias. 
  • Lo que continuó fue que, Yemen inició operaciones militares contra la flota mercante afiliada a Israel, apoderándose primero del carguero Galaxy Leader de 189 metros de eslora mediante el uso de helicópteros y lanchas rápidas.
  • Luego, durante diciembre y enero, veinte barcos más fueron atacados con drones, misiles antibuque y balísticos, mostrando a la audiencia mundial un impresionante arsenal de diversas armas fabricadas localmente. Algunas de estas armas incluían misiles navales, misiles de crucero de largo alcance y municiones sospechosas. 
  • Más adelante, a pesar del establecimiento de patrullas navales en los mares Rojo y Arábigo, de EEUU y el Reino Unido, Yemen no se inmutó y los ataques contra barcos afiliados a Israel continuaron con mayor ritmo y convicción. No detuvieron los ataques, sino que intensificaron las operaciones y las amplió, a las flotas mercantes de los países implicados en la agresión, provocando así una caída aún más significativa del tráfico mundial a través de Bab El-Mandeb.
  • Yemen llevó a cabo el mayor ataque con decenas de drones, utilizó nuevos drones submarinos y misiles balísticos antibuque contra una treintena de barcos, dañó a una docena más y hundió dos cargueros británicos. 
  • En fin, para EEUU, las acciones de los hutíes, han sido una derrota táctica por un país que, durante mucho tiempo, ha sido considerado un actor menor en el escenario internacional. 
  • Finalmente, para Israel y sus aliados, deben advertir el peligro sobre lo que sucedería en el mar Mediterráneo, en caso de una extensión del conflicto al movimiento de la Resistencia libanés Hezbolá, así como para el propio dúo angloestadounidense, en el caso de aventuras belicistas en el Golfo Pérsico. 

¿Qué representan los hutíes en el escenario geoestratégico del Medio Oriente?

El periodista especializado en política internacional y corresponsal de guerra, Eduardo Vasco, en su artículo: Los hutíes abren la caja de Pandora y ponen en jaque el imperialismo y el sionismo, señala al respecto que, «los hutíes lograron hacer lo que Israel y Estados Unidos han tratado de evitar a toda costa, hasta ahora: convertir el genocidio en Gaza en una crisis global» y, además, golpear «la economía, al bloquear el tránsito por el Mar Rojo de cualquier buque o embarcación israelí con destino a Israel».

Es decir, «la acción hutí no es espectacular solo porque golpea la columna vertebral de la maquinaria genocida de Israel, sino, sobre todo, porque está paralizando la economía mundial, es decir, el funcionamiento mismo del régimen capitalista, que está en la raíz del problema de la guerra de agresión en el Medio Oriente». Reiterando que, «el bloqueo naval impuesto por los hutíes tiene el potencial de intensificar la guerra y expandirla al resto de la región y también dañar radicalmente el comercio mundial». 

Por ejemplo, señala Vasco: «⅓ del suministro marítimo de petróleo pasa por el Mar Arábigo (entre la India y la Península Arábiga) y el bloqueo del Mar Rojo, aunque los hutíes han garantizado que solo se aplica a los barcos relacionados con Israel, en realidad hace temer a todas las empresas, provocando un aumento del precio del petróleo debido al desvío de la ruta – British Petroleum ya ha anunciado que ya no pasa por allí. Más del 60 % de las líneas navieras internacionales ya han suspendido el transporte a Israel a través del Mar Rojo y las empresas que han decidido cambiar de rumbo (como Maersk, MSC, CMA, CGM y Hapag-Lloyd) representan más de la mitad del transporte mundial de contenedores». 

Finalmente, indica, Mohammed Abdul-Salam, portavoz del movimiento Ansar Allah (nombre oficial de la organización hutí), indicó el carácter de la operación: «la causa palestina no está abierta a la negociación y no podemos aceptar lo que le está sucediendo al pueblo de Gaza». Se trata de una acción enteramente solidaria e internacionalista, motivada por los más nobles sentimientos de hermandad con los palestinos. Los hutíes, en este momento, son la máxima expresión de los sentimientos de todos los musulmanes del mundo, (y de millones de no musulmanes humanistas, progresistas, democráticos y socialistas). Por lo tanto, cuentan con un apoyo moral inquebrantable e inalcanzable.  

Imagen tomada de: https://www.france24.com/es/20190921-yemen-huties-cese-fuego-ataques-arabia-saudita

UCR. Pronunciamiento del Consejo Académico de Áreas a favor de las iniciativas de ley para prohibir toda forma o manifestación de »terapias» de reconversión por motivos de orientación sexual e identidad de género

Foto: Cristian Araya Badilla, UCR.

Proyectos de ley se ventilan actualmente en la corriente legislativa

Quienes suscriben, miembros integrantes del Consejo Académico de Áreas, han conocido la Resolución CC-CSE-2-2024, con fecha 21 de febrero de 2024, del Consejo Superior Estudiantil, que coordina el estudiante Nickolas José Guevara Díaz, donde solicita expresamente a este Consejo “sumarse al llamado y manifestar un apoyo afirmativo al proyecto y que realicen un esfuerzo conjunto para instar a las diputaciones en la Asamblea Legislativa a votar afirmativamente en primer y segundo debate el proyecto de Ley 20.970”, que busca “PROHIBIR TODAS AQUELLAS ‘TERAPIAS’ DIRIGIDAS A REVERTIR O MODIFICAR CON FINES DE PRETENDIDA ‘CURACIÓN’ LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS LGBTI”.

Al respecto, las y los aquí firmantes manifestamos nuestro rotundo respaldo al proyecto y otras iniciativas de Ley en ese sentido. Apoyamos de forma contundente el llamado del Consejo Superior Estudiantil para instar a los Diputados y Diputadas de la República a aprobar, en primer y segundo debate, dichas propuestas.

Sobradas manifestaciones éticas y científicas concuerdan en que las llamadas “terapias de conversión” atentan contra la dignidad y la salud física y mental de las personas, y constituyen una flagrante violación a los Derechos Humanos. Esas “terapias” equivalen a verdaderas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Constituyen además una de las formas más violentas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género contra la población LGBTQI+, cuyas manifestaciones se han dado impunemente a lo largo de la historia.

Estudios científicos llevados a cabo desde diferentes áreas del conocimiento han desarrollado ampliamente el tema y concuerdan en condenar estas prácticas. En esa dirección, importantes instancias se han manifestado en contra de las “terapias de conversión”, como la Caja Costarricense de Seguro Social, la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Colegio de Profesionales en Psicología, numerosos organismos internacionales, Embajadas acreditadas en el país e incluso el Ministerio de Salud, yendo hasta proponer que sean enjuiciadas penalmente aquellas personas que en el ejercicio profesional de las ciencias de la salud induzcan o incurran en dichas prácticas, con lo cual estamos de acuerdo.

Por tanto, exhortamos a los Diputados y Diputadas de la República a votar a favor del proyecto de Ley 20.970 y de cualquier otra iniciativa de proyecto de ley que se ventile en la corriente legislativa, cuyo objeto sea prohibir todas aquellas “terapias” dirigidas a revertir o modificar, con fines de pretendida “curación”, la orientación sexual de las personas LGBTQI+, ya que las mismas constituyen una verdadera amenaza a la salud pública.

Suscriben el 8 de marzo, 2024 en oficio CAA-22-2024

Dr. Francisco Guevara Quiel, decano de la Facultad de Letras y coordinador del Consejo Académico de Áreas

Estudiante Valentina Palacio Mora, presidenta de la Federación de Estudiantes UCR

Dr. Orlando Arrieta Orozco, decano de la Facultad de Ingeniería

Dra. Magda Cecilia Sandí Sandí, decana de la Facultad de Educación

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas

Dra. Rosaura Romero Chacón, decana de la Facultad de Ciencias

Dr. Norman Rojas Campos, decano de la Facultad de Microbiología

Dra. Isabel Avendaño Flores decana de la Facultad de Ciencias Sociales

Dr. Oriéster Abarca Hernández, coordinador del Consejo de Áreas de Sedes Regionales

MGA. Enrique Montenegro Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias

Dr. Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina

PhD. Cristina Barboza Solís, decana a. i. de la Facultad de Odontología

M.Sc., M.L. Jáirol Núñez Moya, director de la Escuela de Estudios Generales

M.A. Juan Carlos Calderón Gómez, decano de la Facultad de Artes

Dra. Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho

Dra. Flor Jiménez Segura, decana del Sistema de Estudios de Posgrado

Consejo Académico de Áreas
Consejo Académico de Áreas, Universidad de Costa Rica

Ganadores del Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez alzan la voz por periodistas palestinos asesinados

El equipo de la serie documental «Platos Rotos: la corrupción que pagamos», que resultó ganadora del Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez en 2023, alzaron su voz en solidaridad con los periodistas palestinos que según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el 2023 representaron más del 70% de los periodistas asesinados en el mundo.

En la ceremonia del 11 de marzo de 2024 en el Teatro Nacional, el equipo de producción de la serie se unió al llamado de diversas organizaciones internacionales, como Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y la UNESCO, para exigir la protección de las y los periodistas palestinos en el conflicto actual.

Al utilizar el lema «No se mata la verdad matando periodistas», lograron transmitir un mensaje a favor de la libertad de prensa en el contexto del conflicto armado de Israel y Palestina. Posteriormente a que se les entregará el reconocimiento, proyectaron este mensaje con una manta, adicionalmente pines en su ropa para destacar la estadística mencionada sobre los periodistas palestinos asesinados en 2023.

Las personas detrás de «Platos Rotos: la corrupción que pagamos», docuserie realizada por Quince de la Universidad de Costa Rica (UCR), buscaron mostrar solidaridad por quienes dieron su vida y por los que siguen poniéndola en riesgo para enseñar la realidad, y manifestarse  ante los acontecimientos, que según Carlos Sánchez, el secretario general de Reporteros sin Fronteras, afirmó que desde octubre hasta el 11 de marzo se reportaron al menos 103 periodistas asesinados. 

Para finalizar la intervención, el productor ejecutivo de la serie, Carlos Matute, mencionó que como periodistas “es nuestro deber ético y profesional recibir este galardón con un profundo agradecimiento, y sin apartar la mirada de Gaza”.

Fuentes: 

Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica. https://www.instagram.com/reel/C4Z_6jEOlr_/?igsh=N2Jmc2MxMjJxY2hq

Fernández González, A. B. (2024). ¡Alto al asesinato de periodistas palestinos! claman los ganadores del Premio Nacional de Periodismo. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/cultura/alto-al-asesinato-a-periodistas-palestinos-piden-galardonados-con-el-premio-de-periodismo/

Imagen tomada de Semanario Universidad.

Comunicado de la Iglesia Luterana Costarricense sobre el Proyecto de Ley 20.970

Comunicado de la Iglesia Luterana Costarricense -ILCO- en relación con el Proyecto de Ley 20.970

A la Asamblea Legislativa, al Pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad.

En estos días se ha desatado el debate entre grupos religiosos, unos a favor y otros en contra del Proyecto de Ley 20.970 titulado: “Adición de los artículos 35 bis, 68 bis, 384 bis e inciso al artículo 260 de la Ley General de Salud N. 5395”. No creemos pertinente enfocarnos en un debate alrededor del tema de la homosexualidad desde la fe cristiana, pues eso significa “ideologizar” el Proyecto y su análisis. La Iglesia Luterana Costarricense tiene zanjado ese debate desde hace muchos años: somos una Iglesia inclusiva, tenemos fuertes bases bíblicas y teológicas para sustentarlo y nos oponemos a todo tipo de homofobia o lesbofobia, camuflada o abierta. Por eso nos permitimos proponer a la Asamblea Legislativa, al Pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad nuestra lectura del Proyecto.

  1. ¿Qué busca el Proyecto?

El Proyecto busca que la Asamblea Legislativa -las señoras y señores diputados- voten a favor de una reforma a la Ley de Salud 5395.

Se trata de agregar tres nuevos artículos (35bis, 68bis y 384bis) a la Ley de Salud y un inciso al artículo 260 de la citada Ley.

  1. ¿Qué proponen esos artículos nuevos?

El artículo 35bis dice que es prohibido coaccionar (obligar) o forzar a una persona a esconder, modificar o negar sus características sexuales, de identidad de género, expresión de género u orientación sexual.

Dice también que es prohibido coaccionar (obligar) o forzar a una persona a que se someta a tratamientos aversivos que pretendan convertir, revertir o modificar a modo de pretendida curación sus características sexuales, expresión de género, identidad de género u orientación sexual y que represente una amenaza para su salud física y mental, bienestar y/o libertad individual.

El Artículo 68bis repite la misma prohibición y la misma excepción del Capítulo 35bis, pero la dirige principalmente a las y los profesionales en Ciencias de la Salud.

El Artículo 260 es un artículo que ya está en la Ley de Salud, y lo único que hace es agregar un inciso e) mediante el cual se prohíbe la propaganda engañosa o ambigua que promueva las terapias aversivas mencionadas en el artículo 35bis.

Finalmente, el artículo 384bis habla de las sanciones en caso de incumplimiento de esta Ley. El incumplimiento por primera vez se sanciona con una pena de 60 a 100 días multa. En caso de reiteración, se suspende (se inhabilita) en el ejercicio de su profesión a quien incumpla la Ley, por un plazo de tres años. En el caso de que no sean personas físicas sino jurídicas (por ejemplo, una clínica), se cancelará su licencia o permiso sanitario de funcionamiento.

Esta es lo que se pide aprobar a la Asamblea Legislativa.

Antes de continuar con el análisis, hay un punto que es fundamental aclarar: ¿Qué son terapias aversivas? Los “tratamientos aversivos o terapias aversivas” son aquellos tratamientos degradantes, que causen repugnancia, rechazo, molestia, sufrimiento moral o físico en quien lo recibe y que son utilizados para que la persona rechace o modifique, por ejemplo, su atracción hacia personas del mismo sexo.

La terapia puede ser física, química, psicológica, emocional etc. y con frecuencia terminan con daño emocional o físico de la persona sometida a la misma, cuando no con el suicidio.

Resulta evidente que quienes se oponen al Proyecto, sea por no haberlo leído atentamente, por haberlo leído con anteojeras ideológicas o por no haberlo leído del todo, están protegiendo a quienes difunden y aplican impunemente esas terapias y tratamientos aversivos que causan daño a la salud mental y psíquica de quienes se ponen en sus manos.

  1. Conferencia Episcopal, Alianza Evangélica y nuestra posición:

Ante el texto de la reforma propuesta, respetuosamente queremos señalar algunas valoraciones diferentes que tenemos en relación con las críticas que ha recibido el Proyecto de parte de la Conferencia Episcopal (católica) y del presidente de la Alianza Evangélica.

Los Obispos, en su pronunciamiento, afirman lo siguiente:

“… con preocupación vemos que el texto actualizado del proyecto no hace diferencia entre las personas menores y mayores de edad, con lo cual no se asegura el respeto que el Estado costarricense debe a los derechos y deberes de los padres y madres con respecto a sus hijos”.

Nuestra posición: Es bueno que los Obispos se preocupen por el bienestar de las personas menores de edad, lo que pasa es que la finalidad principal que se desprende del texto del proyecto es proteger a toda persona, independientemente de su edad, para que nadie sea sometido sin su voluntad a terapias aversivas, confusas, engañadoras, que busquen cambiar o modificar su identidad sexual mediante tratamientos que atenten “contra la salud física o mental y contra el bienestar y/o libertad individual”.

¿Cómo busca este Proyecto proteger a personas adultas y a menores? Pues prohibiendo la aplicación, promoción, propagandización de este tipo de terapias aversivas y permitiendo, previo consentimiento informado, la aplicación de terapias científicamente reconocidas que favorezcan la identidad, expresión y afirmación de la propia sexualidad, por parte de personas profesionales en la materia.

Nada hay en el proyecto que insinúe irrespeto ni amenaza a los derechos de las personas menores ni al ejercicio de la Patria Potestad que tienen padre, madre o personas encargadas de menores.

Luego dicen los señores Obispos que:

“… dicho proyecto de ley 20.970 impone una serie de sanciones a todos aquellos que no estén de acuerdo con los llamados servicios de “tipo afirmativo del género y sexualidad”, con lo que viola la libertad de pensamiento, de expresión y de religión, no permitiendo, en este sentido, la objeción de conciencia de los seres humanos, violando así los derechos de los profesionales en esta materia”.

Nuestra posición: Viéndolo objetivamente, eso NO lo dice el Proyecto. El Proyecto impone sanciones a quienes se presten a promover o realizar terapias en las que se obligue a las personas a someterse a tratamientos aversivos, riesgosos para la salud física o mental de las personas, sustentados en criterios no científicos y que atentan contra los Derechos Humanos de las personas.

Lo que sí permite el Proyecto es que las personas libre y voluntariamente -es decir, personas con capacidad de actuar, tal como la establece nuestro Código civil- puedan ejercer su derecho a someterse a tratamientos científicos, que afirmen o modifiquen positivamente su identidad, expresión, etc. lo cual es un Derecho Humano ampliamente reconocido.

Siguen diciendo los Obispos:

“…también se violan los derechos de aquellas personas que, libremente, no se sienten conformes con su condición y quieren buscar ayuda para cambiar”.

Nuestra posición: Discrepamos de esta afirmación de los señores Obispos, compartida por el presidente de la Alianza Evangélica: el Proyecto prohíbe que obliguen a someterse a tratamientos aversivos a quienes NO quieren cambiar, pero reconoce el derecho a someterse a tratamientos científicamente reconocidos a quienes sí quieren hacerlo.

A nadie, pastor, Iglesia ni profesional, se le impide aconsejar a quien se sienta incómodo con su presunta orientación heterosexual o homosexual, ni compartir lo que la Iglesia o grupo religioso enseñe acerca de eso. Lo que se prohíbe insistentemente en el Proyecto, son las terapias y tratamientos aversivos. Hemos de suponer que ni católicos ni evangélicos estarían de acuerdo en someter a alguna persona a tratamientos degradantes, que causen molestia, sufrimiento moral o físico (tratamientos aversivos).

Este Proyecto procura evitar que esas cosas sucedan o más bien, sigan sucediendo- en nuestro país.

Tanto las prohibiciones como los derechos que el Proyecto establece se orientan a una protección de la dignidad y de los derechos fundamentales de las personas sexualmente diversas.

Finalmente, los Obispos aseguran que: “… ya nuestras leyes cuentan con mecanismos para denuncias cuando se violente la libertad de alguna persona en cualquier tratamiento”.

Esto es reducir muy simplistamente los objetivos y alcance del Proyecto. Con esa misma lógica podrían los señores obispos pensar que tanto nuestras Leyes como los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por Costa Rica nos brindan mecanismos más que suficientes para garantizar la protección de los derechos de los padres y de las personas menores de edad.

Compartimos plenamente el Pronunciamiento de las comunidades de fe e iglesias cristianas inclusivas hacia las personas LGBTIQA+ presentes en Costa Rica, a favor del proyecto de ley 20.970 suscrito por varias Iglesias y organizaciones ecuménicas, entre ellas la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), la Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia- Costa Rica y otras.

Al no encontrar en el Proyecto nada que atente contra la fe cristiana, ni contra los derechos de padres, madres o personas encargadas de menores, oramos al Dios de la Vida, de la Diversidad y de la Justicia, para que ilumine a las señoras y señores diputados y voten afirmativamente el Proyecto de Ley 20.970.

Atentamente
Por Iglesia Luterana Costarricense:
Rev. Erick Umaña coordinador Área de Desarrollo de Comunidades de Fe.
Ob. Em. Melvin Jiménez coordinador del Cuerpo Pastoral.
Rev. Carlos Bonilla coordinador Área de Diaconía.

¡Conmemorando el 8M: Juntas Somos Resistencia!

Por José Daniel Gamboa Araya

En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebramos la valentía, la perseverancia y la lucha constante de las mujeres en todo el mundo. Bajo el lema «no somos competencia, juntas somos resistencia», recordamos y honramos las innumerables batallas que las mujeres han librado a lo largo de la historia en busca de igualdad, justicia y derechos fundamentales.

El 8 de marzo no es solo una fecha para conmemorar los logros alcanzados, sino también para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentamos en la lucha por la igualdad de género. Es un día para reconocer las múltiples formas de opresión y discriminación que persisten en nuestras sociedades y para renovar nuestro compromiso con la causa feminista.

Las mujeres de todo el mundo continúan enfrentando obstáculos en su camino hacia la igualdad: la brecha salarial, la violencia de género, la falta de representación en los espacios de toma de decisiones y la negación de derechos reproductivos, entre otros. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, las mujeres siguen demostrando una fuerza inquebrantable y una determinación incomparable.

Este 8 de marzo, rendimos homenaje a las mujeres que han liderado y continúan liderando las luchas sociales en todas partes. Desde las pioneras del movimiento sufragista hasta las activistas contemporáneas que luchan contra la discriminación racial, la violencia machista y la exclusión social, cada una de ellas ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad.

Es importante recordar que la lucha por la igualdad de género no es solo responsabilidad de las mujeres, sino de toda la sociedad. Todos y todas debemos comprometernos a promover la equidad, el respeto y la justicia para todas las personas, sin importar su género, raza, orientación sexual o identidad de género.

En este Día Internacional de la Mujer, unámonos en solidaridad y sororidad para construir un mundo más justo, inclusivo y equitativo para todas y todos. Recordemos siempre que «no somos competencia, juntas somos resistencia».