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25 verdades sobre la muerte del joven Nahel en Francia

Escrito en 13/07/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Salim Lamrani

Universidad de La Reunión

Un adolescente de 17 años ha muerto a manos de un agente policía durante un control de carretera, desatando una ola de emoción en la sociedad francesa.

El 27 de junio de 2023, en Nanterre, cerca de París, a los 8 de la mañana, dos agentes de policía dieron el alto a un coche ocupado por tres personas, todas menores, tras una negativa a cumplir la orden de detenerse. El conductor era un adolescente de 17 años llamado Nahel. Cuando el coche arrancó de nuevo, uno de los policías disparó a quemarropa y mató al joven, hijo único de una familia monoparental. El video disponible en las redes sociales muestra claramente que el coche no suponía ningún peligro para los dos policías.
Desconociendo la existencia del video, los dos policías declararon que el coche cargó contra ellos y que se habían visto obligados a usar sus armas de fuego para proteger sus vidas. Esto era claramente mentira. Alain Bauer, profesor de criminología en el Conservatoire des Arts et Métiers y reputado especialista en formación de policías y a gendarmes, insistió en el punto: “La versión falsa, totalmente desmentida por las imágenes, arruina todo el edificio. Es mentira. El coche no los atropelló. El coche no se les vino encima”. También denunció a “los pocos policías podridos, corruptos y ovejas negras de la profesión […] que ponen en entredicho a todos los que respetan la ley, el orden y que son defensores de las libertades”. Sin el video, la falsa versión de los policías habría prevalecido y el responsable de la muerte del adolescente nunca habría comparecido ante la justicia.
Retransmitiendo la falsa versión policial, los medios de comunicación se apresuraron en presentar al adolescente como un peligroso delincuente multirreincidente. En realidad, el joven Nahel no tenía antecedentes penales. La fiscalía de Nanterre incluso abrió una investigación por “resistencia a la autoridad e intento de homicidio de un funcionario público” contra el conductor. Esta decisión fue recibida con una incomprensión generalizada ya que las imágenes desmienten formalmente la versión policial. Además, la muerte del conductor pone fin automáticamente a cualquier procedimiento judicial. La fiscalía también abrió una investigación contra el policía por “homicidio voluntario cometido por una persona en el ejercicio de sus funciones oficiales”. Compareció ante un juez y permaneció en prisión preventiva en la Cárcel de la Santé.
El abogado del agente, Laurent-Franck Liénard, subrayó el carácter excepcional de la detención: “En mis 31 años de carrera defendiendo casos relacionados con el uso de armas, nunca he tenido a un cliente que haya sido puesto bajo custodia después de haber comparecido ante un juez”. Esta declaración ilustra la realidad de la impunidad policial y refuerza el sentimiento generalizado en la sociedad francesa según el cual la justicia protege a los policías que cometen crímenes. Jean-Pierre Mignard, abogado de víctimas de la violencia policial, es categórico al respecto: “Todas las profesiones tienen un código genético: el de la policía es la impunidad”.
Camille Chaize, portavoz del Ministerio de Interior, rechazó las polémicas en torno a los supuestos antecedentes penales de la víctima, esgrimidos por la policía y los medios de comunicación para justificar la actuación del agente. Preguntada al respecto, respondió: “No es el sentido del debate, no tiene sentido pensar así, poco importa si era conocido o no de los servicios de policía. […] Pero es cierto que algunas fuentes policiales […] señalan antecedentes penales, o incluso anotaciones en la barandilla, que es infrajudicial, no antecedentes penales, pero todo eso no tiene sentido, no importa”.
El abogado de la familia de la victima, Yassine Bouzrou, anunció que había presentado una denuncia contra los dos policías, una por homicidio culposo y otra por complicidad de homicidio culposo. Explicó lo siguiente: “No hay ninguna duda sobre su intención de matar ya que la banda sonora del video lo muestra anunciando antes disparar: ‘Voy a meterte una bala en la cabeza’. La denuncia también se presentará contra su colega por complicidad de homicidio voluntario ya que parece ordenar a su colega que dispare diciendo ‘dispárale’ justo antes de que se produzca el disparo”.
El testimonio del pasajero que estaba sentado al lado de Nahel es condenatorio. Relató en detalle lo sucedido: “El primer policía le pidió a Nahel que bajara la ventanilla, cosa que Nahel hizo. Le dijo: ‘Apaga el motor o te disparo’. Le dio un primer golpe con la culata de la pistola. Luego llegó el segundo policía y también le golpeó con la culata de la pistola y se colocó en el parabrisas frente a Nahel. Desde ahí, el primer policía, que estaba a la altura de la ventanilla, lo apuntó con su arma y le dijo: ‘No te muevas o te pego un tiro en la cabeza’. El segundo policía le dijo: ‘Dispárale’. El primer policía lo golpeó de nuevo con la culata de la pistola. El coche tenía caja de cambios automática. El coche no estaba en ‘park’. Cuando recibió el tercer culatazo, su pie abandonó el pedal del freno y el coche avanzó. Y el segundo policía que estaba en el parabrisas disparó. Como resultado, su pie pisó el acelerador. Lo vi agonizando, temblaba. Chocamos contra una barrera. Me asusté y salí del coche. Salí corriendo. Pensé que me podían disparar también. Así que corrí.
El pasajero trasero, de 14 años, también brindó su testimonio. Iba al colegio para pasar el examen del diploma de colegio y se encontró con Nahel, que se ofreció a llevarlo. “Los policías apuntaron con sus armas a Nahel”, que recibió “unos tres golpes” e intentó “protegerse la cabeza”. Un policía afirmó “que iba a meterle un disparo en la cabeza”. Nahel luego “soltó el freno probablemente por pánico, intentando protegerse. El coche arrancó solo. Era automático. Y el policía le dijo a su colega que disparara. Y el arma se disparó”.
El Presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la acción del policía en una declaración pública: “Quiero expresar la emoción de toda la nación y decirle a su familia todo el afecto de la nación […]. Tenemos un adolescente que ha sido asesinado, es explicable, inexcusable”. Por su parte, Gérald Darmanin, Ministro de Interior, apuntócon el dedo “imágenes extremadamente chocantes”.
En febrero de 2017, el gobierno socialista de François Hollande impulsó la Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza a la policía a utilizar sus armas de fuego en caso de negativa a cumplir la orden. El apartado 4 establece que los agentes podrán utilizar sus armas “cuando no puedan inmovilizar, salvo mediante el uso de armas, vehículos, embarcaciones u otros medios de transporte cuyos conductores no acaten la orden de detenerse y cuyos ocupantes puedan, en su huida, causar lesiones a sí mismos o a terceros”. La Liga de Derechos Humanos y numerosos diputados denunciaron la ley como una “licencia para matar”, pidiendo su derogación. El propio abogado Liénard se opuso públicamente a la ley: “Si empezamos a decir a los policías que pueden disparar a un coche que huye, tendremos más tiroteos, más heridos y más condenas a policías”.
Desde 2017, el numero de personas que han perdido la vida tras una negativa a cumplir la orden ha aumentado de modo considerable. De 17 personas entre 2002 y 2017, una media de 0,88 por año, se ha pasado a 13 personas para el año 2022, algunas de las cuales eran simples pasajeros. Las víctimas presentan dos características: son en su mayoría jóvenes, o incluso muy jóvenes, y estaban racializadas. A modo de comparación, en Alemania, sólo se ha producido una muerte tras una negativa a cumplir la orden en diez años.
El 30 de junio de 2023, la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el racismo estructural presente en el seno de la policía y la gendarmería en Francia. Su portavoz Ravina Shamdasani hizo un llamamiento a las autoridades: “Ha llegado el momento de que el país aborde seriamente de los arraigados problemas de racismo y de discriminación racial entre las fuerzas del orden”. Pocos días después, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial denunció “el asesinato de Nahel M., de 17 años, de origen magrebí, a manos de un agente de policía en Francia” y se declaró “profundamente preocupado por la práctica persistente de la elaboración de perfiles raciales, combinada con el uso excesivo de la fuerza en el cumplimiento de la ley, en particular por parte de la policía, contra miembros de grupos minoritarios, en particular de origen africano y árabe, que con frecuencia se traduce en homicidios recurrentes, de manera desproporcionada y prácticamente impune”.
Interrogado al respecto, Laurent Nuñez, Prefecto de la Policía de Paris, nególa realidad de la situación: “No hay racismo en la policía”. No obstante, incluso el Presidente de la Republica Francesa ha reconocido la existencia de practicas discriminatorias persistentes: “Hoy en día, las personas de piel no blanca son objeto de mucho más escrutinio. Se las identifica como un factor problemático y eso es insostenible”.
Según diversos estudios, la mayoría de los agentes del orden votan a la extrema derecha. Así, según el Centro de Investigaciones Políticas de Sciences-Po (Cevipof), el instituto de sondeos Ipsos y la Fundación Jean Jaurès, el 60% de los policías y miembros de las fuerzas armadas votaron a Marine Le Pen en 2022. En 2017, el 67% de los policías activos votaron a la candidata de extrema derecha.
Un estudio realizado en 2017 por Jacques Toubon, Defensor de los Derechos y ex Ministro de Justicia con Jacques Chirac, ilustra los prejuicios racistas presentes en el seno de las fuerzas del orden y el maltrato policial a los jóvenes de los barrios populares. Así, los individuos percibidos como negros o árabes tienen “20 veces más probabilidades que los demás de ser parados” por la policía. El Defensor de los Derechos señala que el 40% de esas personas afirman haber sido tuteadas, el 21% insultadas y el 20% maltratadas durante su última parada. Otro estudio del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) subraya que “el comportamiento de la policía francesa […] puede asimilarse a la elaboración de perfiles raciales”. Christian Vigouroux, deontólogo del Ministerio del Interior, llegó a presentar en 2021 un informe de 160 páginas sobre “la lucha contra la discriminación en el seno de las fuerzas de seguridad”, en el que formulaba 54 propuestas que han quedado desatendidas por las autoridades.
Según el Derecho Internacional, “la discriminación racial es una forma particularmente odiosa de discriminación y, en vista de sus consecuencias peligrosas, exige una vigilancia especial y una respuesta enérgica por parte de las autoridades”. El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Según Amnistía Internacional, “en Francia, la práctica de los controles de identidad está extendida y profundamente arraigada en la actuación policial, hasta el punto que fomenta una discriminación sistémica”. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la discriminación sistémica “puede entenderse como un conjunto de normas jurídicas, políticas, prácticas o actitudes culturales imperantes en el sector público o privado que crean desventajas relativas para algunos grupos y privilegios para otros”. AI agrega que “la práctica de controles de identidad discriminatorios es conocida y está ampliamente documentada”, denuncia su “magnitud” y subraya “sus efectos devastadores sobre las víctimas, incluidos niños que a veces tienen sólo 12 años”.
La Corte Suprema, el más alto tribunal del ordenamiento jurídico francés, reconoció la existencia de esta práctica en una sentencia de 2016 y subrayó que tales controles constituían una falta grave de la que es responsable del Estado.
Jean Hossam Botros Messiha, militante de extrema derecha, nacido en Egipto y nacionalizado francés a los 20 años, que sigue siendo considerado inmigrante por el Instituto Nacional de la Estadística y de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, portavoz de Eric Zemmour durante la campaña presidencial de 2022 y partidario de la teoría racista del “gran reemplazo”, que declara que la inmigración – de la cual se benefició a los 8 años – constituye ahora “una amenaza existencial histórica para Francia”, abrió un fondo en línea a favor del policía investigado por homicidio culposo. En pocos días, el “fondo de la vergüenza”, como la han calificado numerosos observadores, recaudó 1,6 millones de euros con más de 76.000 donantes, haciendo millonario a un hombre responsable de la muerte de un adolescente, suscitando la ira legítima de la familia y la indignación de la opinión pública.
La muerte de Nahel desencadenó una explosión de cólera en toda Francia, cuya dimensión política fue minimizada por las autoridades, que prefirieron ver en estas revueltas urbanas sólo un impulso destructivo. Los sublevados tienen la sensación de que la única manera de hacer oír su voz es la violencia. Numerosos comercios y edificios públicos, principalmente en los barrios populares, fueron saqueados por jóvenes, algunos de tan sólo doce años. Se quemaron cerca de 12.000 coches y se dañaron 2.500 edificios públicos, entre ellos más de 250 comisarías de policía y más de 150 escuelas. La casa personal del alcalde de La Häy-les-Roses fue incluso atacada con un coche ariete mientras su familia estaba dentro.
La respuesta del gobierno a la agitación social ha sido puramente autoritaria y represiva movilizando a 45.000 agentes del orden, incluidas unidades de elite como el GIGN, el RAID y la BRI. En Marsella, un padre 27 años perdió la vida tras recibir “probablemente” un disparo de flash-ball, según la fiscalía. En Meurthe-et-Moselle, un joven veinteañero se encuentra en coma tras recibir un disparo en la cabeza por parte de la policía. Según las autoridades judiciales, no hay indicios de que estas dos personas estuvieran implicadas en los disturbios. Ambas eran de origen magrebí. Además, cerca de 3.500 personas fueron detenidas, y casi el 60% de ellas no tenían antecedentes penales, según Gérard Darmanin. Según el Ministro de Interior, el 90% de los detenidos son franceses. En su comparecencia ante el Senado, descartó la explicación relacionada con la identidad: “Eché un vistazo en las comisarias. Sí, hay gente que aparentemente podría ser de origen inmigrante. Pero había muchos Kevin y Matteo”.
Los tribunales, por su parte, fueron expeditivos y despiadados. A guisa de ejemplo, un hombre de 28 años fue condenado a 10 meses de prisión con orden de ingreso a una cárcel por robar una lata de Red Bull valorada en 1,15 euros. Su abogada Camille Bal declaró: “Los principales autores de la violencia son los que estuvieron ausentes en gran medida de las vistas de ayer. Los que fueron detenidos por la policía eran los que aparecieron después del delito, después de que la tienda hubiera sido blanco de los matones. Mi cliente entró en el Monoprix a oscuras, cogió una lata de Red Bull, salió y lo desplumaron como una rosa”. Para la abogada Camille Vannier, que participó en la defensa colectiva, “la justicia está completamente manipulada” por el poder político. Subraya que los jueces siguen ciegamente los requisitorios: “Es muy preocupante desde el punto de vista de la independencia del poder judicial. Órdenes de ingreso en prisión, órdenes de ingreso en prisión, órdenes de ingreso en prisión por delitos menores”. La abogada Elsa Marcel también expresó su asombro: “Las sentencias son extremadamente duras, los procedimientos son chapuceros, hay muchos escenarios en los que no se no reconocen a las personas, los informes de detención son sumamente vagos, es una justicia política”.
El 30 de junio de 2023, los dos principales sindicatos policiales Alliance Police y UNSA Police publicaron un comunicado de prensa extremadamente violento, confirmando todas las acusaciones de racismo lanzadas contra las fuerzas del orden. Los manifestantes de los barrios populares son animalizados y descritos de “hordas salvajes” y de “pestes” a las que hay que combatir, pidiendo que se utilicen “todos los medios” para ello. El comunicado amenaza también directamente al gobierno con sedición en términos apenas velados, lo que no tiene precedentes para una policía republicana cuya misión es obedecer al ejecutivo y hacer respetar la ley: “Por estas razones, Alliance Police Nationale y UNSA Police asumirán sus responsabilidades y advierten desde ahora al Gobierno que al final, estaremos en la acción y sin medidas concretas de protección jurídica de los Policías, una respuesta penal adecuada, y la puesta a disposición de medios importantes, los Policías juzgaran del nivel de consideración mostrado. Hoy, los Policías están en combate porque estamos en guerra. Mañana, estaremos en resistencia y el Gobierno tendrá que darse cuenta de ello”. En otro movimiento sin precedentes, la UNSA Education condenó públicamente el comunicado, denunciando palabras “preocupantes e insoportables”. En cuanto al gobierno, no ha tomado ninguna medida contra los autores de la declaración.
La muerte de la joven Nahel fue la chispa que encendió un polvorín social en los barrios abandonados por la República. Además del racismo sistémico, que afecta sobre todo a las personas de origen inmigrante (el 47% de los subsaharianos y el 30% de los magrebíes son víctimas), las poblaciones desfavorecidas están siendo desatendidas por los poderes públicos. Las cifras hablan por sí solas: el 7.5% de la población francesa (5,5 millones de habitantes) vive en los suburbios. El desempleo en estas zonas duplica la media nacional. La mitad de los jóvenes están en paro. Cerca del 40% de los habitantes no tienen ningún diploma, frente a una media nacional del 20%. En los barrios obreros hay casi la mitad de bibliotecas y tres veces menos instalaciones deportivas que en el resto del país. La tasa de pobreza es tres veces superior a la del resto del país (42% frente a 14,9%). Como recordatorio, hay 9 millones de pobres en Francia, de los cuales 3 millones son niños. Mientras que la media nacional es de 400 médicos por 100.000 habitantes, sólo hay 250 en los barrios populares. El 40% de los barrios obreros carece de guarderías, mientras que el número de familias monoparentales es el doble que en el resto del país (20%). En contra de la creencia popular, las transferencias sociales son menores en estas zonas: 6.100 euros por año y por habitante frente a los 6.800 euros para la media nacional. Además, estos barrios, lejos de encontrarse con respiración asistida, contribuyen más al esfuerzo nacional que el resto del país. Por ejemplo, Seine-Saint-Denis es el tercer departamento más pobre de Francia (el primero de Francia continental) de un total de 101, y el que recibe menos protección social per cápita, pese a ser el octavo contribuidor social a las finanzas públicas del país. En Seine-Saint-Denis, por ejemplo, hay 1.100 funcionarios de hospital por cada 100.000 habitantes, frente a una media de 1.800 en el resto de Francia. Los gobiernos prestan poca atención a la difícil situación de estas poblaciones empobrecidas porque tienen muy poco poder político o electoral.De hecho, el 48% de los habitantes de barrios populares no votaron o se abstuvieron en las últimas elecciones presidenciales.
Es necesario que los políticos en general y el Gobierno en particular tomen medidas urgentes:

-La Ley sobre la Seguridad Ciudadana de 2017 debe suspenderse a la espera de su abrogación. Esto protegerá tanto a los ciudadanos como a los agentes de policías al volver al statu quo ante que establece un marco estricto para el uso de armas de fuego.

-Resulta imperativo que cese la negación dentro de las fuerzas del orden, las autoridades gubernamentales y los responsables políticos sobre el racismo estructural presente en el cuerpo policial.

-Hay que poner fin a la impunidad para los policías culpables de crímenes y que sean sancionados de modo ejemplar, a la altura del delito cometido. Los policías racistas, y más generalmente los que no respetan la deontología y el Código de Conducta de la profesión, deben ser excluidos del cuerpo de las fuerzas del orden.

-Los casos de violencia policial deben ser sistemáticamente retirados de las salas de audiencia locales para garantizar la serenidad de los debates – reivindicación del Sindicado de Magistratura – habida cuenta de los estrechos vínculos existentes entre la fiscalía y las fuerzas del orden.

-Una comisión “Verdad y Justicia”, compuesta por miembros independientes, debe crearse para analizar todos los casos de violencia policial y dar una respuesta a las víctimas y sus familias.

-Se debe reformar la Inspección General de la Policía Nacional, que ha perdido toda credibilidad debido a la debilidad de las raras sanciones pronunciadas contra agentes responsables de delitos y crímenes, y componerse de personas independientes, no vinculadas a las fuerzas del orden.

-Los policías y gendarmes deben estar equipados con cámaras peatonales, lo que ofrecerá garantías tanto a los agentes como al público y permitirán mejorar la calidad de los controles.

-Los policías deben emitir un recibo por cada control para reducir la discriminación.

-El Estado debe revisar su doctrina de mantenimiento del orden y sus prácticas y métodos, con un regreso a una política basada en la prevención y no la represión. Por ejemplo, la policía de proximidad, alabada por todos los agentes sociales por su eficacia y su capacidad a establecer vínculos con los jóvenes, debe restablecerse, particularmente en los barrios populares.

-Es indispensable mejorar el salario de los policías y ofrecerles mejores condiciones de trabajo para facilitar su tarea y hacer que la profesión resulte más atractiva.

-Los aspirantes a las oposiciones para convertirse en policías deben pasar por un proceso de selección más riguroso, para descartar a los que no estén hechos para el trabajo. Del mismo modo, la policía debe asegurarse de integrar en sus rangos a personas de orígenes diversos, ofreciéndoles condiciones de trabajo dignas, libres de cualquier forma de discriminación.

-El proceso de formación también debe revisarse de arriba abajo, mejorarse y prolongarse durante mucho más tiempo, tal y como reclama la profesión desde hace tiempo (pruebas psicológicas, prueba de tolerancia al estrés, respeto de los valores de la república, etc.).

-El gobierno debe dar una respuesta política, económica y social a la cuestión de la pobreza, de la exclusión social y de la discriminación, poniendo en marcha acciones positivas ambiciosas para ayudar a las persones de los barrios populares que llevan demasiado tiempo viendo cómo los poderes públicos ignoran su sufrimiento.

Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de Sorbonne Université y profesor titular de la Universidad de La Reunión, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Imagen: https://www.elmundo.es

«Apague y vámonos», en 5 MINUTOS… O MENOS

Escrito en 13/07/2023. Publicado en Trabajo.

Seguimos experimentando y les presentamos una nueva sección de 5 MINUTOS… O MENOS, «Apague y vámonos», con Martín Chinchilla Castro como invitado y los dos conformamos… «Los Martín-nez».

En este primer «experimento», conversamos sobre la angustia que sienten los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, trabajando 12 horas diarias, de lunes a jueves, para aprobar un inhumano proyecto de Ley que modifica la jornada laboral a 12 horas diarias por 4 días seguidos (o 5 o 6 días), «el tiro por la culata».

5 MINUTOS…O MENOS

12 de julio de 2023

ANEP presentó ante el Consejo de Derechos Humanos ONU, denuncia por el cambio de pensiones IVM-CCSS

Escrito en 12/07/2023. Publicado en Derechos, Trabajo.

En una sesión de la Junta Directiva Nacional de la ANEP se entregó una primera lista de personas trabajadoras que fueron violentadas en sus expectativas de pensionarse, ya sea por invalidez, vejez o muerte, debido a los recientes cambios que realizó la Caja Costarricense del Seguro Social. Las personas presentes en esta lista ya contaban con todos los requisitos necesarios para pensionarse.

El documento fue entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según la asesoría que recibió la ANEP, lo que se está evidenciando es una violación a los derechos humanos, lo que llevó a que se presentara en un escenario internacional.

Se abrirá un segundo periodo de inscripción en donde las personas que cumplan los requisitos pueden formar parte, además, para ser parte de la lista se debe de estar afiliado al ANEP y llenar un formulario que se puede encontrar en www.anep.cr

La ANEP ha hecho cambios en cuanto a las maneras de velar por los derechos de los trabajadores, ahora con un enfoque hacia los derechos humanos en donde ha habido una gran inversión para que exista un asesoramiento correcto para los mismos/as.

ANEP solicita urgentemente protección de los derechos jubilatorios de personas de edad en Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Escrito en 11/07/2023. Publicado en Trabajo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ha acudido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar con urgencia la intervención protectora del derecho a la seguridad social de las personas de edad en Costa Rica. En una petición conocida como «Other Letter» en el lenguaje diplomático-técnico, ANEP busca el respaldo internacional para abordar la problemática de las reformas recientes en el sistema de pensiones del país.

La reforma aprobada el 14 de diciembre de 2021 por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha generado una gran preocupación. Esta reforma modifica los artículos 5, 23 y 24, y deroga disposiciones transitorias finales XII, XIII, XIV y XV del Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Dichos cambios han frustrado las expectativas de pensionarse de un considerable número de trabajadores, tanto del sector público como privado, quienes estaban cerca de cumplir todos los requisitos antes de que las modificaciones entrarán en vigor el 12 de enero de 2024.

ANEP presentó una argumentación jurídico-legal basada en la doctrina y en los tratados internacionales de Derechos Humanos que Costa Rica está obligada a respetar. Su petición al Consejo de Derechos Humanos de la ONU busca declarar que la vigencia y aplicación de las reformas mencionadas atentan contra los derechos de pensión, seguridad social, progresividad y seguridad jurídica de las personas pertenecientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. ANEP sostiene que Costa Rica está experimentando un peligroso proceso de reversión de conquistas sociales, exclusión económica y sobre-explotación laboral. En este sentido, apelan a la Doctrina Universal de los Derechos Humanos y a los tratados internacionales suscritos por el país, como mecanismos estratégicos y de defensa obrero-social legítimos.

La solicitud de ANEP al Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene carácter urgente y busca la protección y el respeto a los derechos jubilatorios que las personas afectadas habían cumplido al 100% antes del 12 de enero de 2024. Hasta el momento, un primer grupo de 614 personas asociadas a ANEP se ha inscrito en el proceso de tutela obrera promovido en Costa Rica, específicamente para el sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. Además, se ha abierto la inscripción para un segundo grupo de personas interesadas en unirse a ANEP.

Actualmente se espera que esta solicitud de intervención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tenga un impacto significativo en la protección de los derechos jubilatorios de las personas de edad en Costa Rica y promueva un diálogo constructivo para abordar la situación en cuestión.

Campaña Solidaridad con Julian Assange

Escrito en 10/07/2023. Publicado en Derechos.

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos solicita su apoyo y solidaridad con Julian Assange, víctima de persecución por los gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido en el caso WikiLeaks.

Culpado por difundir verdades ocultas, penado porque enfrentó a los que quieren imponer el oscurantismo a toda la humanidad.

Desde hoy y hasta el 15 de septiembre pueden adherirse, a nivel personal o como organización o colectivo, a la carta solicitando su liberación.

Solicitamos que se sumen a la causa mediante este enlace.

Solidaridad internacional con Hedme Castro Vargas Defensora de Derechos Humanos ACI PARTICIPA, Honduras

Escrito en 08/07/2023. Publicado en Derechos.

Nos pronunciamos con suma preocupación en solidaridad con la compañera defensora de Derechos Humanos Hedme Castro Vargas, directora ejecutiva de la Asociación por una Ciudadanía Participativa – ACI PARTICIPA, quien está siendo víctima de una vil campaña mediática de desprestigio y deslegitimación donde pretenden vincular su persona y trabajo con el crimen organizado.

En este escenario adverso e injusto contra ella, su familia y ACI PARTICIPA, recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 6 de marzo de 2023 la Resolución 11/2023, a fin de otorgar medidas cautelares a favor de Hedme Fátima Castro Vargas y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Honduras. Dicha resolución se da en un contexto de constantes vigilancias, amenazas y otras acciones que la ponen en riesgo en el ejercicio de sus labores desde el 2017, situación que se mantendría en el tiempo e incluso se habría extendido a sus familiares. Lo anterior, a pesar de contar con medidas de protección por parte del Estado.

Reiteramos nuestra solidaridad con ella y su valiosa organización ACI PARTICIPA, quienes han demostrado de manera permanente un apoyo absoluto al respeto de los Derechos Humanos en Honduras y a nivel internacional, asumiendo de manera consecuente valientes acciones de sensibilización y capacitación, solidaridad, apoyo jurídico y denuncia permanente frente a todo atropello a los Derechos Humanos de su pueblo y los demás pueblos del mundo.

Hacemos un llamado a la señora presidenta Xiomara Castro y a las autoridades políticas del país para que tomen medidas oportunas, inmediatas y efectivas que garanticen la vida de la compañera Hedme Castro y su familia, y de cada activista de ACI PARTICIPA, quienes son ejemplo de verdadero compromiso con su pueblo en la construcción de una sociedad con verdadera justicia social, libre de todo mecanismo que atente contra la vivencia plena de todos los derechos humanos. A la vez, le instamos a garantizar su derecho a la justicia y libertad de expresión, fortaleciendo la implementación de medidas de protección por parte del Estado, en congruencia con la Resolución 11/2023 (CIDH) emitida recientemente el 6 de marzo de 2023.

Firma responsable:

Ana Cecilia Jiménez Arce
ACODEHU
San José, Costa Rica
7 de julio, 2023

Costa Rica: Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) Code Pink CR Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras-Costa Rica Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok Coordinadora de Lucha Sur Sur Human Rights Casa El Migrante Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) Mujeres en Lucha Social Partido Obrero Socialista Partido Vanguardia Popular Red de Solidaridad con Palestina Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)

Argentina: Red Luchas Socioambientales de Salta Bolivia: Feminismo Comunitario Antipatriarcal

México: Sección Mexicana de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública Perú: Iglesia Fraternidad Cristiana Vida.

Movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones -BDS Latinoamérica (Solidaridad con el pueblo de Palestina)

Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestramérica y ComuniSur (Frente Comunicacional Continental)

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Camilo González Posso Presidente de INDEPAZ, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante de la Comisión Política de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Yonatan Vargas Abogado Defensor de Derechos Humanos y Analista Internacional de la CRBZ, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, , Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Strio. General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Honduras Coordinador General Christopher Castillo de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH, México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Patrocinio Martínez López representante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca – CODEPO, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas y Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca (CODEPO), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC.

Acerca de la prohibición emitida por el “comisionado de inclusión social”. Denunciamos su actitud autoritaria y nada transparente y demandamos su renuncia inmediata

Escrito en 05/07/2023. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Circula una nota, fechada 4 de julio de 2023 y firmada por el señor Ricardo Antonio Sossa Ortiz, “comisionado de inclusión social”, así designado por el presidente Chaves. Según el sello colocado en la nota, esta se origina en Casa Presidencial. No especifica destinatarios, aunque, en el encabezado menciona a los/las “estimados señoras y señores jerarcas”, por lo que pareciera incluir a todas las instituciones públicas que, de una u otra forma, responden jerárquicamente a la Presidencia de la República.

La nota hace referencia a una llamada “Declaración de San José 2023”, al parecer promovida por una organización de nombre “Alianza Empresarial para el Desarrollo” (AED), la cual aparentemente tiene por objetivo promover el respeto a los derechos de las personas del colectivo LGBTIQA+.

En esa carta, el susodicho comisionado ordena a las y los jerarcas no firmar esa nota. O sea: desde Casa Presidencial se les prohíbe hacerse partícipes de esa iniciativa. Enseguida el señor Sossa Ortiz ordena que, “en un plazo de tres días hábiles” (negrita y subrayado del original), se le hagan llegar los nombres de quienes conforman, en cada institución, la comisión que debe ocuparse de estos asuntos, según los dispuesto en el Decreto Ejecutivo 38.999 del año 2015.

Al respecto, manifestamos lo siguiente:

Desconocemos en qué consiste la mencionada “Declaración de San José 2023”, pero sí debemos deplorar y condenar la actitud autoritaria e irrespetuosa que se pone de manifiesto en esta nota, la cual, por cierto, corresponde al estilo característico de este gobierno, y su tendencia sistemática hacia la centralización de decisiones, lo que implica frenar el flujo de información hacia la ciudadanía y asfixiar las iniciativas autónomas.
El irrespeto se agranda, puesto que no se ofrece ninguna razón que justifique esta orden, cuando tan solo se dice, en un estilo oscuro y retorcido, que esta “iniciativa no aparenta tener malicia alguna”. La ciudadanía en general, y los movimientos LGBTIQA+ en particular, tienen derecho a conocer por qué se toman decisiones de esta naturaleza. Tener el poder para tomarlas no es una justificación suficiente, primero, porque es un proceder arbitrario, carente de ninguna racionalidad clara, y, sobre todo, porque es algo completamente inapropiado en un contexto democrático.
Nos llama poderosamente la atención que el señor Sossa Ortiz venga a solicitar a estas alturas el nombre de quienes conforman las comisiones institucionales. El actual gobierno tiene ya 14 meses de haber asumido funciones ¿qué estuvo haciendo ese señor durante todo ese tiempo? ¿Se le fue su tiempo escuchando, impasible, a un tipo que, en su cara, se pavoneaba diciendo que fue él quien asesinó al líder indígena Jerhy Rivera? Todo esto es vergonzoso e indignante, y pone de manifiesto una actitud de desprecio hacia los derechos humanos, no solo los de las diversidades sexuales y de género, sino los de otros grupos discriminados, como los pueblos indígenas.
La actuación del señor Sossa Ortiz ha sido manifiestamente deficitaria, e, inclusive, tolerante y permisiva, respecto de situaciones claramente violatorias de los derechos humanos. Lo mencionado en el punto anterior, en relación con el caso de Jerhy Rivera, lo ilustra claramente. Su total abulia respecto de las celebraciones del día contra la homo-lesbo-bi.trans-fobia y su ausencia en la Marcha del Orgullo, lo ratifican. Tampoco le escuchamos decir nada cuando su jefe, el presidente Chaves, intentando descalificar al diputado Ariel Robles, recurrió a expresiones abiertamente homofóbicas. A todo lo cual suma ahora esta decisión tan arbitraria y antojadiza. Por todo ello, y por el respeto que se merecen todas las poblaciones que este sujeto dice representar, incluidas las personas LGBTIQA+, demandamos su inmediata renuncia.
Hacemos un llamado respetuoso a los liderazgos de las diversas organizaciones LGBTIQA+ de Costa Rica, para mantenerse muy alertas. La democracia y el Estado de derecho están siendo reiteradamente asediados, y los discursos de odio y los desplantes de intolerancia, circulan hoy y se expresan masivamente. La indiferencia y el silencio no son las respuestas apropiadas ante situaciones tan graves y preocupantes.

POR EL MOVIMIENTO DIVERSIDAD ABELARDO ARAYA

Luis Paulino Vargas Solís Víctor Hugo Monge Aguilar

Cédula 2-0327-0373 Cédula 1-0432-0270

Organizaciones llaman a respetar la integridad del proceso electoral y la voluntad ciudadana en Guatemala

Escrito en 04/07/2023. Publicado en Derechos.

Las organizaciones firmantes que hemos dado seguimiento al desarrollo de las elecciones en Guatemala para la presidencia de la República, diputaciones y alcaldías, externamos preocupación por la suspensión de la oficialización de los resultados de las votaciones realizadas el pasado 25 de junio por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Las audiencias de revisión de escrutinios por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyeron el 30 de junio conforme a los plazos legales, y confirmaron los resultados obtenidos en las votaciones, según los cuales Sandra Torres del partido UNE y Bernardo Arévalo del partido Semilla disputarán la segunda vuelta electoral, programada para el 20 de agosto. Sin embargo, el 1 de julio, nueve partidos políticos inconformes con la decisión ciudadana presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad por supuesta alteración del resultado de las elecciones.

La CC determinó mediante amparo provisional (3731-2023) brindar un plazo de 5 días para realizar una nueva audiencia para cotejar las actas que formaron parte del proceso electoral donde “los sujetos legitimados podrán hacer valer las objeciones e impugnaciones que estimen pertinentes”; ordenando al Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspender la calificación y oficialización de resultados. La CC determinó remitir el proceso a la Corte Suprema de Justicia para que continúe con el trámite al constituirse en Tribunal de Amparo. En acatamiento a la resolución de la CC, el TSE informó el 2 de julio la suspensión de la calificación y la oficialización de resultados de las Elecciones Generales.

Los reportes de las misiones internacionales de observación electoral de la Unión Europea (MOE UE) y de la Organización de Estados Americanos (MOE OEA), así como de la misión de observación nacional (MOE GT), coinciden en que la jornada de votaciones del pasado 25 de junio se desarrolló de modo íntegro y sin incidentes que puedan implicar la invalidación de los resultados electorales.

En un contexto en que el Estado de Guatemala ha emprendido procesos para criminalizar a operadores de justicia independientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos; y en el cual se impidió la participación de candidaturas presidenciales con potencial de disputar el poder, resulta preocupante observar mensajes que amenazan con el uso indebido del sistema penal contra las personas integrantes de las Juntas Electorales.

La legitimidad de las elecciones recae sobre las Juntas Electorales integradas por ciudadanos y ciudadanas que participan de manera cívica. En este sentido, hacemos un llamado a que se respete el derecho al voto y se desista del uso del sistema de justicia para tratar de incidir de forma indebida en esta etapa del proceso electoral para intentar invalidarlo y desconocer la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Exhortamos al Estado de Guatemala a tomar las medidas necesarias para garantizar que se respete el derecho de participación ciudadana y la integridad del proceso electoral.

Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse al tanto de lo que acontece en Guatemala. Este es un momento histórico en el cual la veeduría nacional e internacional es imprescindible para prevenir actos arbitrarios que desvirtúen la voluntad popular.

03 de julio de 2023

Firman: 196 organizaciones nacionales e internacionales.

Nombres a continuación.

#NoNosCallaran, Acción Comunitaria- Guatemala, Acción Joven- Honduras, Acción Solidaria- Venezuela, Asociación de Desarrollo Integral Maya Adima, Agenda Nacional Política Trans – México, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto- El Salvador, Alianza de Mujeres Costarricense -Costa Rica, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, Alianza por una Guatemala Mejor. Los Ángeles -CA, Amazon Frontlines. American Friends Service Committee – Oficina para Latinoamérica y El Caribe, American Jewish World Service, AMES- Costa Rica, Asociación de mujeres en cooperación para el Desarrollo (Amucoode)- Costa Rica, APT Norte, Articulación de Movimientos Sociales, Asociación Belwjeb’ Tz’i’, Asociación Cambiando Vidas, Asociación Centro Civitas, Asociación Coalición Sembradoras de Vida, Asociación Comunidad Esperanza, Asociación Cultural Q’anil San Juan Sacatepéquez, Asociación de Estudiantes Universitarios «Oliverio Castañeda de León» (AEU), Asociación de Mujeres Alas de Mariposas, Asociación de Mujeres Garífunas Guatemaltecas Iseri Ibágari, Asociación de Mujeres Nuestra Voz , Asociación familiares de detenidos desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Asociación Nuevos Horizonte, Asociación Pop No’j, Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH) -Costa Rica, Asociación pro derechos humanos, Asociación SERES, Awal Casa de Producción, Batucada del Pueblo, Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA)- Paraguay, Center for Human Rights & International Justice, Boston College, -USA, Centro De Atención Psicosocial (CAPS), Centro de Atención Psicosocial (CAPS) – Colombia, Centro de Atención Psicosocial (CAPS) – Perú, Centro de Capacitación y promoción de la Democracia (CECADE), Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS), Centro de Derechos Reproductivos – Programa para América Latina y el Caribe, Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S. J.» (CSMM), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Formación Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil, Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos EQUIDAD – Perú, Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios (CEDEAL)- Ecuador, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CiiDH), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectiva Feminista para el Desarrollo Local- El Salvador, Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala, Colectivo Chico Mendes- Alemania, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad , Colectivo de Estudios Rurales Ixim, Colectivo de familiares de víctimas del caso Diario Militar, Colectivo de Hombres Trans Trans-Formación, Colectivo Pata de Chucho, Comisión Ciudadana Departamental por la Transparencia y Probidad de Sacatepéquez, Comisión ciudadana departamental por la transparencia y probidad en Alta Verapaz (CCDTP-AV), Comisión Ciudadana Por la Transparencia y Probidad de Amatitlán, Comisión Ciudadana por la Transparencia de Santiago Atitlán, Comisión Ciudadana por la Transparencia y Probidad de Chiquimula, Comisión de justica paz e Integridad de la Creación (OFM), Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los Derechos Humanos, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) Caserío El Zarzal, del municipio de San Jerónimo -Baja Verapaz, Consumo Consciente, Convergencia por los Derechos Humanos, Cooperativa de producción apícola para el desarrollo Juvenil Junam Qab R.L, Cooperativa Integral de Producción Apícola JUNAM QAB, Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), Corporación Femm, Corporación Miles, Cristosal, Darlington Medical Associate, Data cívica, Decolonized International Solidarity Network- Canada, EATIP (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial), Elementa DDHH, ENTREMUNDOS, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ Honduras), Estado de la Región, Programa Estado de la Nación, Factor 4, Famdegua, Festivales Solidarios, Foro de ONG Internacionales de Guatemala (FONGI), Frente Ciudadano contra la Corrupción (FCCC), Frente Nacional de Juventud (FNJ), Frente Nacional de la Juventud MOEL K’AT, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Transparencia Internacional-Ecuador, Fundación Me Importa Guate, Fundación Myrna Mack, Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDENDE), Fundación Oxlajuj N’oj, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundación para La Paz y la Democracia (FUNPADEM), Fundación Tierra Nuestra Generación HT – El Salvador, Global Justice Association, Grupo Cairo y Montevideo, Grupo de Solidaridad, Grupo de trabajo de Agenda CEDAW -Costa Rica, Grupo Estratégico por la PAE, Guatemala Human Rights Commission -USA, Guatemalanetz Bern -Suiza, Hombres Trans – Panamá, ICCPG, Impunity Watch, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras, Instituto 25A, Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado (ITEI), Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), International Institute on Race, Equality and Human Rights, International Service for Human Rights (ISHR), JusticiaYa, Km207 Guatemala-Suiza, La Enredadera, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Las Insumisas Podcast, Latin America Working Group (LAWG), Latin American and Caribbean Solidarity Network, Red de Organizaciones de Lesbianas y Bisexuales de América Latina y el Caribe (LESLAC), Misión de observación electoral MOEL K’AT integrada por: KOMÓN MAYAB’; FNJ; NIM B’E; ASEDIS-USAC y Jóvenes por la Democracia, Montreal Elders For Environmental Justice – Canadá, Movimiento de mujeres con Poder Constituyente, Movimiento La Rosa, Mujer y Ciudadanía – Venezuela, Mujeres con valor construyendo un futuro mejor (MUVACOFUM), Mulabi/ Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, NIM B’E “Acción Política de Los Pueblos”, OASIS, Observatorio ciudadano para La Paz “La pupila del cielo”, Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género, ODHAG, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Múnich – Alemania, Older Women Live (OWL) Collective Ckut 90.3 FM, Montreal – Canadá, ONG de Desarrollo Covacha, ONG IGUAL- Bolivia, Organización de mujeres Estrellas Tzutujiles, Organización de Mujeres Tierra Viva, Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas- Honduras, Organización Mundial Contra la Tortura, Otra Guatemala Ya,Otros Cruces ,Pastoral Juvenil, Plataforma Canadá Guatemaltecxs, Exiliados por Terrorismo de Estado, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Plataforma juvenil MOLAB -San Cristóbal Verapaz , Popol Na, Programa Con Manos de Mujer, Protección International Mesoamérica, Radio Güija 92.1 FM, Red de Coaliciones Sur, Red Americana de Hombres trans y PDGFAN, Red Comunitaria de Mujeres Mayas K’iche’, Red de Mujeres en Incidencia Social y Desarrollo Costa Rica (REMISOD), Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE), Red Internacional de solidaridad con Guatemala, Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad, Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG),Red para la Infancia y la Familia – Perú, Red Rompe el Miedo- Guatemala, REDCODE, Redlad, Revista electrónica gAZeta, Robert F. Kennedy Human Rights, Seattle International Foundation (SIF), Seguridad en Democracia (SEDEM), Semillas para la Democracia, Servicio Jesuita para Migrantes- Costa Rica, Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala, Surkuna – Ecuador, Synergía Iniciativas por los Derechos Humanos, Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe, Todos por Guatemala/All for Guatemala- Canadá, Transparencia-Venezuela, Transparencia y probidad de Chichicastenango, UNAMG, UNAMOS, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTIQ de Colombia, Visibles Guatemala, Voces de Guatemala en Berlín- Alemania, Women’s Link Worldwide, Yabal Guatemala

Humanistas exigen cese de la represión en Jujuy y la liberación de Milagro Sala

Escrito en 03/07/2023. Publicado en Derechos.

En un documento dirigido a la Comunidad internacional, diversas expresiones humanistas denunciaron la represión desatada por el gobierno de Gerardo Morales en la provincia argentina de Jujuy contra la protesta no violenta de trabajadores de la educación, pueblos originarios, organizaciones sociales y sindicales, campesinos y pobladores.

Asimismo, expresaron su repudio ante la nueva arremetida contra la salud y la vida de su primer presa política Milagro Sala y su compañero Raúl Noro, quién se encuentra en su domicilio transitando una situación de salud muy complicada.

El enérgico llamamiento convoca a todas las personas y organizaciones afines de cada provincia, de Nuestra América y del mundo, a sumarse activamente a este reclamo, por una resistencia justa contra toda forma de violencia, la vigencia total de los Derechos Humanos en la provincia de Jujuy, el cese inmediato de la represión y la violencia, y la urgente liberación de Milagro Sala.

A continuación, el texto íntegro del comunicado.

Convocatoria Humanista a la Comunidad Mundial

POR EL CESE DE LA REPRESIÓN Y LA VIOLENCIA EN JUJUY, ARGENTINA Y LA LIBERACIÓN DE MILAGRO SALA

Desde el Movimiento Humanista, Partido Humanista, Organismos e integrantes de Comunidades de El Mensaje de Silo a nivel mundial, repudiamos y denunciamos enérgicamente la sostenida violencia ejercida por el Gobernador de Jujuy Gerardo Morales sobre su propio pueblo mediante una salvaje represión, persecución, torturas y hostigamientos a manifestantes, a sus familiares, a trabajadores de la educación, a Pueblos Originarios, Organizaciones Sociales, Sindicales, pobladores y campesinos en general que se suman a las protestas, que por cierto, han sido siempre pacíficas, no violentas.

Al mejor estilo de las dictaduras que asolaron nuestra región en otras épocas, Morales reinicia una espiral de violencia que nos remonta a oscuras etapas de nuestra historia que creíamos superadas. Morales utiliza esta represión como parte de su campaña política, postulándose a la vicepresidencia de Argentina junto a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a Presidente, y refuerza su muestra de poder arremetiendo nuevamente contra la salud y la vida de su primer Presa Política Milagro Sala y su compañero Raúl Noro, quién se encuentra en su domicilio transitando una situación de salud muy complicada.

En el mismo marco de abusos de poder, es conocido el interés económico sobre el manejo del litio, siendo Jujuy uno de los principales productores a nivel mundial, promoviendo desde el Estado, expropiaciones de tierras, persecuciones y represión. Morales y sus socios, son actualmente los principales beneficiarios que hoy extraen y exportan litio desde Argentina, produciendo una alta contaminación del agua que se utiliza para el consumo humano, animal y de riego.

A todos estos atropellos, el Gobernador Morales agrega un nuevo abuso de poder y violación de derechos, introduciendo ilegalmente reformas a la Constitución Jujeña, lo que motivó aún más al pueblo a continuar las protestas pacíficas, obteniendo como respuesta, una feroz represión en lugar del diálogo.

Es por eso que denunciamos y repudiamos estos hechos de violencia, solicitando a los poderes correspondientes que intervengan, incluido el actual gobierno nacional, para detener esta situación de injusticia que camina por andariveles terminales.

Convocamos a todas las personas y organizaciones afines de nuestro país, de cada provincia, de Nuestra América y del mundo, a sumarse activamente a este reclamo, por una resistencia justa contra toda forma de violencia, la vigencia total de los Derechos Humanos en la provincia de Jujuy, el cese inmediato de la represión y la violencia, y la urgente liberación de Milagro Sala.

La violación a los derechos humanos no tiene jurisdicción, su defensa tampoco, es por eso que apelamos a la comunidad internacional.

Para lograr estos cambios, invitamos a fortalecer, no solo las acciones sociales y políticas en esta dirección (tan importantes en este momento), sino también, a fortalecer nuestro espíritu y nuestra Fuerza interna, para acompañar diariamente con nuestras mejores imágenes y deseos de tranquilidad y de bienestar, a nuestra querida hermana y hermano, Milagro Sala y Raúl Noro y a todo el Pueblo jujeño.

Quienes lo deseen, pueden adherir con su firma a este documento a través de este enlace https://forms.gle/rBgVnP2Pi73hYPDs9

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2023/07/humanistas-exigen-cese-de-la-represion-en-jujuy-y-la-liberacion-de-milagro-sala/

Compartido con SURCOS por la Asociación Mundo sin Guerras y sin Violencia.

¿Quién sigue? ¿El rector de la UCR?

Escrito en 03/07/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

¿Quién sigue? Preguntó el editorial del Diario La Nación, después de haber denunciado presuntas o reales irregularidades en las que habría incurrido la administración Chaves, contra personas físicas o jurídicas vinculadas con tres medios de comunicación, estos son el Grupo Nación, CRHoy y el programa radiofónico “hablando Claro” que se transmite por medio de Radio Columbia. Curiosa y coincidentemente, al menos dos de los tres medios de comunicación son críticos de la administración y el programa “Hablando Claro” también lo ha sido.

En un caso, ya hubo pronunciamiento de la Sala Constitucional, la cual halló en el accionar gubernamental, (acompañado de otras organizaciones) “…un mecanismo indirecto, atropellado e ilegítimo que violenta la libertad de expresión […] Configurándose así, a todas luces, una clara y evidente desviación ilegítima del poder”. En el segundo caso, mediante una conferencia de prensa, el poder ejecutivo denunció un supuesto “megacaso” de evasión por parte del empresario Leonel Baruch, asegurando en esta ocasión el ministro de Hacienda que, existía un informe técnico para acreditarle un fraude fiscal. Dicho informe no apareció nunca, en su lugar afloró otro estudio anterior, de octubre del 2022, cuya autoría es de “Tributación Directa”, en el cual se puntualiza la inexistencia de fraude fiscal y se pide archivar la acusación. Sin embargo, más recientemente el propio presidente Chaves, sin haber prestado atención a que el asunto había quedado aclarado, reincide en la denuncia ya que, preguntó al Ministerio Público en una de las habituales conferencias de prensa, qué había pasado con la “evasión” del empresario Baruch. En el tercer caso, nuevamente el presidente de La República Rodrigo Chaves vincula con alevosía, esta vez a la periodista Vilma Ibarra, con una supuesta y grave actuación: le atribuyó haber recibido la suma, nada menos que de $732.000 (dólares), con el objeto de hacerle propaganda a la construcción de una carretera. Todo ello, sin haber tenido el valor de mencionarla por su nombre, pero trayendo a colación hechos circundantes claramente asociados a ella. A esta hora, aunque la periodista Vilma Ibarra lo enfrentó con gallardía, ni siquiera se ha disculpado. (Cfr. La Nación. Editorial del 17 de junio 2023. Pág. 25).

Como se puede apreciar, no se trata de hechos baladíes o insignificantes, sino de denuncias que, de haber resultado ciertas serían faltas graves en contra de la entidad jurídica o las personas físicas mencionadas, las que, desde luego, se han considerado denigradas u ofendidas por el presidente Chaves. Además, hay otros hechos similares a estos que dan cuenta de una actuación del presidente encaminada a reprimir y silenciar la crítica, rayana en el irrespeto y deslegitimación de otros poderes de la República, intolerante, como se ve, con quien lo critica, ligera y hasta irresponsable a la hora de endilgar epítetos acusativos contra ciudadanos o entidades jurídicas que no están de acuerdo con su proceder ético y político. En pocas palabras, el presidente Chaves ha tenido un comportamiento arrogante, prepotente y despreciativo de la honra ajena; por todo ello, tratándose de un mandatario en una democracia, su proceder es reprochable. Trasluce más bien una actitud típica de un gobernante autoritario que pareciera querer implantar un gobierno sin contrapesos. Su populismo por otro lado, lo conduce a congeniar con aquella parte de la población que solo espera escuchar del presidente promesas, que no necesariamente va a cumplir; pero, algunos de ellos estiman que el mandatario va a satisfacer las apetencias de las personas. Veremos. O sea, tenemos un presidente autoritario y populista, un “cocktail” desaconsejable para una democracia como la nuestra, que tiene problemas muy serios que resolver.

¿Quién sigue? Dejó esta interrogante el editorialista de La Nación al final del artículo. Obviamente, ahora ya sabemos quién seguía, el Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el doctor en biología Gustavo Gutiérrez Espeleta.

Se produjo una sucesión de declaraciones públicas que ahora transcribo, con el objeto de que todos poseamos la misma información. El rector de la UCR dijo en una conferencia de prensa, efectuada el 21 de junio, dirigiéndose a Rodrigo Chaves en particular, pero al país en general, con voz pausada, profunda y firme: “Presidente, cuando quiera hablar del tema de fondo, aquí vamos a estar, cuando quiera trabajar propuestas para resolver los problemas de la educación pública del país y buscar soluciones para llegar a cumplir la Constitución Política, aquí vamos a estar, mientras su objetivo sea tergiversar información y polarizar, no cuente con nosotros”.

El rector Gutiérrez dio un mensaje breve, pero de contenido, reafirmando su voluntad de respetar la Constitución de la República, en consecuencia, expresó su afán de trabajar y luchar porque el gobierno cumpla en su integralidad con el artículo 78 de la Constitución vigente que establece la obligación del Estado de otorgar el 8% del gasto público anual respecto al PIB, a la educación pública en su conjunto. (Artículo este concordante con lo que estipulan también los artículos 84 y 85 de la misma Carta Magna).

Una vez más, frente a este llamado coincidente con los otros cuatro rectores de las universidades públicas, el presidente de la República aprovechó una conferencia de prensa, para irrespetar en este caso al rector de la Universidad de Costa Rica y a la Institución como un todo, puesto que el rector la representa. En mi concepto, además, el agravio contra el Dr. Gutiérrez es extensivo a las otras cuatro instituciones de educación superior pública del país.

El señor Chaves olvidando su investidura, fingió ignorar quién era el rector de la Universidad de Costa Rica, cuando se dirigió a sus asesores para que le dijeran el nombre del connotado funcionario público. Como artimaña, solo desmerece al presidente de los costarricenses, al tratar de insinuar que el nombre del rector no vale la pena recordarlo en una conferencia que se supone está convocada para rendir cuentas de sus actos. El respeto a la institucionalidad del país, que el mandatario juró defender exige que trate las diferencias con cualquier ciudadano, con la mayor consideración y decoro, pero particularmente cuando se dirige al representante de una de las instituciones más emblemáticas del país como es la Universidad de Costa Rica, institución designada Benemérita de la Patria por la Asamblea Legislativa. Semejante menosprecio en el trato para con el rector Gutiérrez, luce por lo tanto indecoroso, refleja patanería, altanería y deja ver a un tiempo, la incapacidad del presidente Chaves para afrontar con la seriedad debida, la difícil situación por la que atraviesa nuestro país y especialmente la educación costarricense. Si no hubiese sido una artimaña del presidente Chaves, como la he calificado, sino una ignorancia crasa o un desconocimiento real del nombre propio del rector, peor aún, porque si iba a tocar el tema de las diferencias con las universidades públicas, pues debió prepararse debidamente primero en todo, estaba impelido a saber quiénes son sus interlocutores. Más aún aquel al que pensaba denigrar. Ignorarlos o fingir ignorarlos, da el mismo resultado; en ambos casos proyecta ante la ciudadanía el mismo desdén y desprecio. Da exactamente lo mismo, deja la impresión, una vez más, de un dirigente mal preparado para tan alta investidura para la que fue electo por una mayoría popular.

¿A quién cree el señor presidente que se dirige en las conferencias de prensa, o en cualquier otra actividad donde desee comunicar algo? Si el presidente estima que es a una hinchada acrítica, que le va a aplaudir eufórica cualquier chanza o chapucería, no hace más que reflejar una enorme subvaloración de este pueblo. Habrá un sector quizás, que sigue al presidente con la docilidad propia de quien carece de criterio fundado para entender la complejidad de la administración pública y la gran diversidad que conforma todo el conglomerado social costarricense. Ese sector es, probablemente el único que quiere “pan y circo”. Pero le aseguro al señor presidente, que hasta entre sus partidarios, hay una buena parte de costarricenses, mujeres y hombres que esperan de usted una actitud digna y respetuosa, hasta con aquella persona o grupo de personas que no coinciden con sus postulados.

El mundo político, la sociedad política (que no politiquera), puede que no sea tan grande en Costa Rica, pero es influyente en el entramado social, lo mismo ocurre con lo que podríamos llamar el sector intelectual, artístico y cultural del país. Adicionalmente, hay una clase media alfabetizada grande, con capacidad y discernimiento frente a su accionar. No todos los grupos económicos “altos” a los que usted pretende favorecer, actúan como autómatas; ellos juzgan, valoran, tanto su accionar ético como político. Lo que podemos llamar el sector popular también está dotado de experiencia en la lucha social y política. No se confunda presidente, porque con el tiempo se podría llevar más de una sorpresa. Y los que son sus acólitos o compinches estarán con usted mientras conserven la expectativa de que sus congojas y problemas son afrontados con destreza y se van resolviendo.

Otra cosa, ¿cómo cree usted que se puede enfrentar el rezago educativo que padecemos? No sé cómo o de qué manera lo está pensando hacer, por lo pronto veo en su gobierno mucha conducta errática; sobre todo, me preocupa grandemente adónde dirigirá sus esfuerzos y los de su equipo de trabajo, de cara a sentar bases sólidas para reencausar la educación que, durante mucho tiempo brilló en nuestra sociedad. La educación pública fue, como es bien conocido, un lujo que favoreció inclusive la movilidad social ascendente. ¿Piensa acometer esa tarea, cuando lo alumbre la luz, o se deje asesorar bien, sin el concurso de las universidades públicas? Piénselo presidente, porque hasta en función de encarrilar su propio gobierno, le convendría mantener una actitud de respeto, a pesar de las diferencias.

Dicho todo lo cual, le informo algo que tal vez le ayude: el rector Gutiérrez no vale solo por haber sido escogido en un proceso electoral prístino de votación. Por cierto, debe usted saber que es seguramente, el medio académico cultural más grande del país, y las votaciones constituyen allí un “cónclave” muy concurrido y disputado, con discusiones de verdad, en las que los aspirantes deben estar muy bien informados para salir airosos. Además de ello, el Dr. Gustavo Gutiérrez es un profesional sólido en su campo, el de la biología, donde posee un gran prestigio y se ha desempeñado con gran solvencia, con gran conciencia ambiental. Infórmese y verá cuán cierto es lo que le digo. Finalmente, es un hombre respetuoso de las demás personas, con grandes dotes humanas y amplitud de miras.

Señor presidente Rodrigo Chaves, con respeto le aconsejo, si me lo permite, no trate mal a la gente, ni a la prensa, ni al sector empresarial que no lo apoya, tampoco a cooperativistas, sindicalistas o solidaristas, cuyas opiniones no le favorezcan; deje de mirar “por encima del hombro” a personas periodistas de la talla de Vilma Ibarra, una persona crítica pero consciente de los retos de nuestra sociedad y con gran amor por el terruño.

Una cosa más presidente Chaves, infórmese bien antes de ningunear a un ser humano de las altas calidades del rector Gutiérrez. Y de una vez le adelanto, conozca a todos los rectores, a todos, es gente de calidad; acérquese a ellos como se lo han ofrecido. Ganaría mucho, deje de malbaratar el prestigio acumulado. Ojalá no tengamos que preguntarnos más adelante ¿Y ahora a quien le toca sufrir su escarnio?