• La resolución del más alto tribunal de derechos humanos de la región señala que de seguir adelante con la tramitación de las iniciativas que pretenden amnistiar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, constituiría un desacato y tendría un impacto irreparable en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Guatemala y Costa Rica. 27 de octubre de 2023. En una resolución dada a conocer el lunes 23 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) amplió las medidas de protección del derecho al acceso a la justicia otorgadas a víctimas de 14 casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y ordenó al Estado de Guatemala que cese el trámite de las iniciativas de ley que pretenden establecer una amnistía, o que las deje sin efecto, en caso de que alguna resulte aprobada.

La Corte IDH se refiere a los proyectos de Ley 5920, que se encuentra en estudio en la Comisión de Gobernación y la Comisión de la Defensa Nacional, y 6099, que fue aprobado con dictamen favorable por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Desde entonces, ha sido remitida en dos oportunidades para su consulta ante la Corte de Constitucionalidad, siendo rechazada por incumplimiento de los requisitos legales.

Ambas iniciativas de Ley son variaciones de la iniciativa 5377 de Ley de Amnistía que se tramitó en 2019 y fue archivada por la CC en 2021, debido a que vulneraba el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de casos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos los casos Molina Theissen, Bámaca Velásquez y la Masacre de Las Dos Erres.

En su resolución, el Tribunal considera que en tanto las iniciativas de Ley imponen la revisión de oficio de condenas por delitos cometidos durante el conflicto armado, así como de cualquier proceso penal o investigación en curso relacionada con delitos cometidos durante este, se pone en peligro la justicia ya obtenida o en camino para las víctimas y se aseguran beneficios inmediatos para sindicados, imputados y condenados, quienes podrían acceder a una libertad inmediata. Advierte además que, al continuar con la intención de aprobar esta clase de amnistías que procuran la impunidad, Guatemala estaría incurriendo en desacato de la resolución de la Corte Interamericana de 12 de marzo de 2019, que ordenó el archivo de la iniciativa 5377 por estas mismas razones.

Otro aspecto por destacar es que la Corte IDH se refiere a los obstáculos que han enfrentado los operadores de justicia a cargo de este tipo de casos cuando han logrado avances en el procesamiento y sanción de los responsables. Abogados, fiscales y jueces se han visto sujetos a actos de intimidación, acciones judiciales, así como campañas de desprestigio y estigmatización, como en el caso del juez Miguel Ángel Gálvez, ahora en el exilio; y en el del juez Pablo Xitumul, quien llevaba el proceso por desaparición forzada en contra de Marco Antonio Molina Theissen. En consecuencia, la Corte considera que estas circunstancias excepcionales generan un alto riesgo de que a nivel interno no se pueda ejercer un adecuado control judicial en caso de aprobarse dichas iniciativas de ley.

Para las organizaciones integrantes de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte IDH contra Guatemala, que agrupa a representantes, víctimas y familiares, la resolución de la Corte IDH llega en el momento oportuno pues no se debe permitir el avance de leyes pro-impunidad. “A la luz de sus obligaciones internacionales, el Estado guatemalteco debe llevar a cabo los procesos penales con todas las garantías, especialmente la debida diligencia, para sancionar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Argumentos a favor de la extinción de la responsabilidad penal de los autores de estos crímenes para mantener “la paz” son inadmisibles.

“Confiamos en que la Corte de Constitucionalidad actúe en consecuencia de sus fallos anteriores y favorezca el acceso a la justicia, es lo que la sociedad guatemalteca merece y demanda”, señaló Gisela De León del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

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Integrantes de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento:

Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en la Verapaces Maya Achi (ADIVIMA)

Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BJDH)

Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Familia Molina Theissen

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Pedro Chitay (Caso Chitay Nech)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)

Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI)

Representantes en el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar)

La Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala está conformada por personas y organizaciones de la sociedad civil que representan a víctimas de violaciones a derechos humanos ante la Corte IDH, con el objeto de impulsar conjuntamente el cumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal interamericano al Estado de Guatemala.