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Etiqueta: derechos humanos

Mensaje de Didier Leitón Valverde, secretario general de SITRAP para la población trabajadora agrícola de todo el país

Didier Leitón Valverde, secretario general de SITRAP explica la situación que padecen trabajadores de plantaciones con el irrespeto a los derechos humanos y a los derechos laborales.

Además, expone el papel que cumplen las certificadoras internacionales de esas plantaciones, que emiten sus calificaciones sin considerar la violación de derechos y las condiciones de vida no dignas para estas personas y sus familias.

Le invitamos a escuchar la breve exposición siguiendo este enlace.

Red SEPA se solidariza con pueblo, estudiantes y docentes de Jujuy, Argentina

Red Social para la Educación Pública – Red SEPA

Al pueblo de Jujuy, Argentina
A las y los docentes de Jujuy
A la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA

Durante el reciente fin de semana en Argentina, el pueblo de Jujuy se manifestó contra la imposición de una reforma constitucional en la provincia que busca restringir la protesta social y atenta contra derechos laborales, políticos y sociales.

Denunciamos que ante esta legítima expresión magisterial, estudiantil y popular la respuesta por parte del gobernador Gerardo Morales fue la brutal represión y detenciones arbitrarias de 16 personas de pueblos originarios.

Consideramos que el gobierno provincial debe favorecer el diálogo y el respeto a los derechos humanos; en especial el derecho a la protesta social.

Desde la Red Social para la Educación Pública en América (Red SEPA), alianza continental de organizaciones sociales, estudiantiles y sindicatos magisteriales, manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo de Jujuy, víctima de la violencia física, institucional y simbólica ejercida desde el gobierno provincial.

Así mismo enviamos nuestro apoyo a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina-CTERA y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina-CTA, quienes han convocado al Paro Nacional Docente para este jueves 22 de junio en solidaridad con el pueblo jujeño, por aumento salarial docente y en rechazo a la Reforma Constitucional.

Nuestra solidaridad desde la Red SEPA ante las justas demandas del pueblo y magisterio argentino. Saludamos esta gran movilización en defensa de sus derechos. Estaremos atentas y atentos a las acciones que realicen y reforzaremos, desde nuestros distintos espacios, los llamados de solidaridad a los que nos convoquen.

¡No a la represión y violencia contra el pueblo jujeño!

¡Por una educación del pueblo y para los pueblos!

Steve Stewart, Secretario Técnico

Comité Coordinador de la Red SEPA

Federación de Maestros de Columbia Británica (BCTF); Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública -Sección Mexicana-; Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA); Unión Nacional de Educadores del Ecuador (UNE); Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE)

¿De qué se habló en la manifestación por la defensa de la educación? Collage de voces para reflexionar sobre ¿qué está pasando?

Observatorio de Bienes Comunes

Este 20 de junio 2023 asistimos a la manifestación de por la Defensa de la Educación Pública, caminamos junto a todas las personas que decidieron hacer manifiesto su apoyo y revindicación de una educación pública incluyente. Aprovechamos este momento de unión y colaboración, para construir un collage de voces para reflexionar sobre la situación actual de la educación en Costa Rica, el estado del FESS 2023 y la importancia de la protesta social.

Para este collage, agradecemos las intertenciones de muchas de las personas que participaron en la tarima principal Kendy Chavez (Sindicato TEC), Karen Marín (FEUCR), Ana Doris Gonzalez (APSE), Atnhony Trejos (UTN), Luis Aguilar (ADEP), Esteban Paniagua (SITRAINA),Clareth Calderón (FEUNA), Rodrigo Arias (UNED), Gustavo Gutierrez (UCR), Gilberth Díaz (SEC), Hilda Montero (ANDE), Luis Alejandro (Movimiento Estudiantil Secundaria), María Estrada (TEC), Francisco Gonzalez (UNA), Manuel Rodríguez (SITRAPEQUIA). José Oviedo (Movimiento Agro), Luis Aguilar (ANDE) y a todas las personas que se mantuvieron en la plaza y le dieron sentido a este collage con sus intervenciones y emociones.

Para escuchar el programa, ingrese aquí.

Cuatro magistrados exhiben su racismo al no permitir la consulta indígena para el Protocolo de Nagoya

  • La importancia del voto de minoría de tres magistrados que estiman que es necesario consultar a los pueblos indígenas.

  • País se expone a que las organizaciones indígenas lleven este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(Bloque Verde 20 de junio 2023) En un reñido voto de cuatro contra tres la Sala Constitucional en la resolución número 2023006154 da luz verde al Protocolo de Nagoya para que siga su curso en segunda votación en la Asamblea Legislativa. Los tres magistrados consideran que es necesaria la consulta indígena según lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y refuerza la posición de la Defensoría de los Habitantes en cuanto que la ausencia de consulta si vulnera los derechos de los pueblos originarios.

Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garita Navarro demostraron que la Sala Constitucional tenía un línea jurisprudencial que considera obligatoria la consulta indígena en casos de que una medida legislativa o administrativa es susceptible a afectar a los pueblos indígenas. Esta jurisprudencia lamentablemente se rompió con esta resolución que niega justamente la consulta a los pueblos originarios.

El dictamen de minoría también deja claro que la forma en la supuesta consulta hecha desde la Asamblea Legislativa no cumplió lo dispuesto en el Convenio 169. Hay que recordar que este procedimiento se realizó mediante envío por correo electrónico a las asociaciones de desarrollo de los 24 territorios indígenas con un plazo de ocho días hábiles. En este sentido los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garita Navarro insisten en que “no se constituye como un método idóneo para garantizar la efectiva participación y opinión de las comunidades indígenas y el correspondiente deber de consulta”

El Protocolo de Nagoya acelera procesos de desposesión por medio de mecanismos de mecanismos de propiedad intelectual como las patentes y los derechos de obtentor (como UPOV) sobre los conocimientos de los pueblos indígenas. Este tratado internacional provoca que los bienes comunes, entre ellos los recursos de la biodiversidad y conocimientos asociados, considerados como dominio público, de origen ancestral, hereditario y otros de soberanía del Estado, sean adjudicados como bienes patrimoniales del dominio privado.

Este proceso en vía de ratificación por la Asamblea Legislativa es a todas luces racista y discriminatorio porque afecta de manera negativa a las personas portadoras de conocimientos, en su mayoría adultas mayores de las comunidades. Pretende apropiarse de sus saberes y prácticas cotidianas heredadas ancestralmente, hasta el punto de patentarlas. Esto también niega la posibilidad de las futuras generaciones del goce de ese conocimiento ancestral.

Dentro del Protocolo de Nagoya quedan muy claras las formas de apropiación de esta riqueza cultural, lo que no queda para nada claro son las formas de “repartos de beneficios” que menciona insistentemente los propulsores de esta iniciativa. No está estipulado cómo la patente por parte de un tercero del uso de una planta, bacteria, hongo, insecto o animal va a “traer beneficio” a los pueblos que la han descubierto y resguardado por siglos o quizá milenios. Esto no fue preocupación de los y las legisladoras impulsoras de este proyecto.

Instamos a las organizaciones indígenas a llevar este caso de racismo judicial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar esta injusticia estructural dentro del más alto tribunal de justicia costarricense.

La aprobación de la jornada 4 x 3, vendría a afectar gravemente la salud y entorno familiar de los trabajadores agrícolas

Gerardo Villalobos expone su oposición a la jornada 4×3. Considera no poder cumplir una jornada de 12 horas, pues tiene una hija a quien debe recoger de la escuela todos los días, además de padecer de hipertensión. Por lo cual, le pide a los diputados que no aprueben la ley de la jornada 4×3.

Para escuchar a Gerardo ingrese en el siguiente enlace: https://fb.watch/k-x20aTMB-/?mibextid=v7YzmG

Represión en Jujuy, Argentina y llamado a respetar derechos humanos

Cintia Guari de Abra Pampa, fue estudiante abanderada de la escuela de su pueblo, actual estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias fue reprimida y está detenida por defender nuestra tierra.

Es un reclamo docente por sueldos dignos, es un reclamo de todos los gremios por un salario digno, es un reclamo de los pueblos originarios por sus tierras, es una lucha del pueblo jujeño que no va a permitir más atropellos ni amenazas, porque la reforma de una constitución provincial nos afecta a todos.

Por su parte, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, la CTA, y congresistas repudiaron la represión en Jujuy. Esto ante las protestas dado el impulso por parte del gobierno local de una constitución que viola derechos. El detalle en el siguiente video:

Enviado por IVONNE YUGRA de Jujuy Argentina.

Declaración de Heredia XVIII Congreso Centroamericano de Sociología

“Alternativas y resistencias frente a la erosión de los derechos humanos y democracias en el Istmo centroamericano”

Las sociólogas y sociólogos participantes en el XVIII Congreso Centroamericano de Sociología ACAS-2023, realizado en Heredia, Costa Rica, entre el 5 y 9 de junio 2023, evidenciamos y analizamos en los diversos ejes y mesas de trabajo, nuestras realidades y las complejas problemáticas que aquejan a nuestra región.

A la comunidad académica y sociedades centroamericanas y latinoamericanas,

EXPRESAMOS:

1. Nuestra profunda preocupación ante el deterioro y precarización de las condiciones de vida de las mayorías poblacionales en los países centroamericanos, cuyas causas históricas son las estructuras que sostienen modelos de desigualdad, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, las juventudes, las personas con discapacidad y las personas LGBTIQ+.

2. Estas condiciones se han agravado a raíz de las medidas neoliberales desde hace más de tres décadas, y de la pandemia del COVID 19 que vino a develar esas estructuras y a profundizarlas, abriendo nuevas brechas como la brecha digital y provocando un incremento de la pobreza y de las migraciones en condiciones de riesgo.

3. Nuestra indignación ante el avance de medidas que fortalecen los autoritarismos basados en fundamentalismos religiosos, que derivan en represión, restricción de libertades de expresión, pensamiento, asociación y de locomoción, persecución de activistas, defensoras y defensoras de derechos y del territorio, también de periodistas, intelectuales y operadores de justicia que han debido exiliarse por amenazas a su integridad. Esta situación es especialmente grave en Nicaragua donde, desde el 2018, se han clausurado más de 3mil organizaciones sociales, universidades y aproximadamente trescientas mil personas han salido de su país, y cientos de estudiantes, docentes, investigadores y activistas han enfrentado cárcel, destierro y últimamente la desnacionalización y confiscación de sus bienes.

4. Expresamos nuestra enérgica protesta ante la situación dada en Guatemala, donde fue violentada la autonomía de la única universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, al imponer a una autoridad de manera ilegal e ilegítima. Esto pone en riesgo la garantía del derecho a la educación superior de las y los jóvenes en ese país, y plantea un peligroso precedente para otras universidades en la región.

5. Condenamos la violencia contra las juventudes, la niñez, las mujeres, en todas sus formas, cuya expresión más extrema es el juvenicidio y el feminicidio, pero que incluye el acoso, la violación, los embarazos y maternidades forzadas incluso en niñas y adolescentes. También rechazamos la violencia política que las excluye de los espacios de participación política, económica, laboral, cultural y académica. Señalamos el enorme costo para la autonomía de las mujeres, al ser restringidos sus derechos sexuales y reproductivos.

6. Denunciamos los límites de la democracia formal a través del debilitamiento de los sistemas electorales de nuestros países que no están garantizando la voluntad ciudadana y popular; por el contrario propician el fraude electoral, los modelos autoritarios, la corrupción a todos los niveles como producto de los financiamientos ilícitos, que resultan en gobiernos que sirven a los intereses de los grupos de poder, nacionales y foráneos.

7. Expresamos nuestra preocupación y denuncia ante la falta de interés de los Estados de la región centroamericana para garantizar el desarrollo de la sociología, como una ciencia fundamental para el estudio, comprensión y transformación de nuestras sociedades. La eliminación de las materias de sociología en la formación de profesionales, de carreras y centros de investigación, la invisibilización de la disciplina en los ámbitos de la producción y cultura nacional, y los bajos o nulos presupuestos destinados para la investigación social. Asimismo, nos solidarizamos con las/los académicas/os que están siendo perseguidos y criminalizados por su posicionamiento crítico.

En esta coyuntura regional llamamos a:

1. Fortalecer los espacios académicos y asociativos ante el avance de las medidas autoritarias que están erosionando los derechos humanos, políticos, cívicos, económicos, educativos, culturales, ambientales y que atentan contra la vida digna de las mayorías en la región centroamericana.

2. Renovar el compromiso ético con el análisis y construcción de nuevos paradigmas y propuestas sociales y políticas que transformen nuestra realidad, reivindicando la justicia epistémica económica, política, social y sexual.

3. Consolidar alianzas regionales e internacionales con las universidades, escuelas de sociología, Centros de Investigación Internacional, redes, asociaciones y organizaciones de sociólogas y sociólogos, y de otras disciplinas, organizaciones de sociedad civil, pueblos originarios, movimientos feministas, ecologistas, sindicatos, movimientos estudiantiles y otras expresiones del movimiento popular organizado.

Heredia, 9 de junio 2023

Organizaciones llaman al Estado costarricense a garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas

Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.

San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.

Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.

Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y  refugiadas así como su libertad de tránsito.

La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.

Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.

La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.

Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.

En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a  considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.

En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:

  1. Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
  2. Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
  3. Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
  4. Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
  5. Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias.  Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.

Organizaciones firmantes:

  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
  • Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
  • Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
  • Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
  • Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica.