El Colectivo Mujeres por Costa Rica manifiesta su oposición al Proyecto de Ley Número 21.182 que extiende las jornadas laborales a 12 horas sin pago de horas extra (proyecto 4/3).
La sólida democracia costarricense se ha consolidado en el respeto a la búsqueda de bienestar para toda la población. Consideramos que este proyecto representa un retroceso en los derechos laborales, que afectará a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El Estado no puede promover un crecimiento económico que perjudique a los más desfavorecidos, sino que, por medio de sus políticas públicas, debe buscar un desarrollo acorde con las tradiciones legales, institucionales y democráticas de nuestra historia, que han sido garantía de la paz social.
Quienes defienden el proyecto lo hacen en el nombre de la productividad empresarial. Curioso argumento, que desconoce las discusiones dadas en países europeos. En varios países desarrollados se ha constatado una relación inversa entre duración de las jornadas laborales y productividad: a jornadas MENOS largas, la productividad es MAYOR. Costa Rica se convertiría en uno de los países de la OCDE con jornadas laborales más largas, puesto que otros países miembros de esa organización tienen jornadas de 35 o 36 horas por semana. Otro argumento dado por sus defensores es de que la aprobación de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra atraerá más inversión y generará más empleos. Este es otro curioso argumento, que olvida que Costa Rica ha logrado atraer empresas por la calidad de la mano de obra y su estabilidad política, no por ofrecer empleo precarizado. Las empresas que funcionan actualmente con jornadas de 8 horas, mantienen tres turnos; si se pasan a jornadas de 12 horas, solo emplearán la cantidad requerida para dos turnos.
Varias son las razones que nos ponen en alerta contra este proyecto:
Impacto en la salud: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre el deterioro en la salud física y psicológica de las jornadas laborales largas, como es el caso de las 12 horas. En sectores bien remunerados como en el caso de quienes laboran en computación, se llega al llamado “burn out”. Con mucha más razón en ocupaciones expuestas al ruido de máquinas, a agentes químicos, a altas o bajas temperaturas durante largas horas, a las vibraciones de máquinas. Esta situación produce más accidentes laborales, fatiga crónica, problemas cardio vasculares, intoxicaciones, sordera, trastornos del sueño, estrés. En el caso de las mujeres, debido a la manera como se ha establecido la división del trabajo, a estas jornadas prolongadas se suman las horas de trabajo no remunerado en el hogar: cuidado de los niños y de las niñas, labores domésticas, cuido de personas adultas mayores o con alguna discapacidad. El desgaste físico y emocional para las mujeres será mayor, haciendo tambalear el sostén afectivo necesario que requieren las personas a su cargo y perjudicando de manera más destructora el bienestar de esas mujeres.
Retrocede en el derecho a la creatividad, al descanso, al disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones. La jornada de 8 horas, establecida desde inicios del siglo pasado, dio derecho a 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas recreativas. En Costa Rica se estableció en 8 horas desde la aprobación del Código del Trabajo de 1943, se incorporó a la Constitución de 1949 y se ratificó con la firma del convenio 1 de la OIT, ratificado por Costa Rica el 20 de enero de 1982. La jornada de 12 horas arrebata esos derechos, pues los días libres tendrán un trabajo doméstico acumulado y un cansancio tal que no habrá tiempo para desarrollar cualquier otra actividad a la que toda persona tiene derecho.
Significa para las mujeres un factor de exclusión más del mercado laboral: la pandemia demostró con claridad algo que las mujeres conocíamos, es decir, que en los mercados laborales son muchos los factores que se presentan en contra de las mujeres, tales como dificultades para ascender a puestos de mando, rechazo velado a mujeres embarazadas, menor pago a las mujeres por igual trabajo, etc. Los datos del INEC muestran que la pérdida de empleo en este año ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres: comparando los datos de setiembre del 2022 con los de abril 2023, hay 110 mil mujeres menos en el mercado laboral. Las jornadas de 12 horas significarán más cantidad de horas pagadas por el cuido de los niños y las niñas. El proyecto presentado, además, al eliminar el pago de esas horas extra, hará aumentar los gastos de cuido sin contar con el pago de horas extra. Si no se paga ese cuido, la calle será el refugio de niños, niñas y adolescentes durante esas horas. La situación se complica entonces mucho más para las mujeres. No podemos olvidar el drama de los hogares monoparentales (la mayoría de los cuales tiene una mujer como jefa de familia) ante esa situación.
El proyecto 4/3 repercute de manera negativa en la vida familiar: con jornadas extenuantes, sumadas a las horas de trayecto desde y hacia la casa, afectarán la dinámica de pareja, los niños, niñas y adolescentes crecerán sin momentos de compartir vida familiar, no contarán con el apoyo cotidiano en sus tareas, no tendrán momentos de ser escuchados y acompañados por sus padres. ¿Quién los lleva y trae para ir a la escuela? Los horarios de los días libres para quienes viven en pareja, no siempre van a coincidir, provocando trastornos a la relación. En hogares monoparentales la situación de los hijos e hijas se agravaría aún más. Las tareas de cuidado de la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos, no se pueden posponer, ni ajustarse a 4 días no se cuidan y tres días sí se cuidan.
Cierra las posibilidades del ascenso social vía educación: pese a que esa vía de movilidad social se ha dificultado cada vez más, permanece aún para muchas personas la posibilidad de estudiar fuera de las horas de trabajo y lograr, no solo su desarrollo como persona, sino abrirse oportunidades de mejoras futuras en su situación económica. Con la jornada de doce horas es imposible para quienes trabajan, estudiar después de cumplir su jornada.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica hace un llamado a los diputados y las diputadas para que cumplan con la tarea de salvaguardar las condiciones de vida de las y los costarricenses, a velar por el bienestar de toda la población. Les instamos a rechazar el Proyecto de Ley Número 21.182, que produciría efectos nefastos en la vida de muchas personas, sobre todo mujeres, personas con alguna discapacidad, niñas, niños y adolescentes y haría tambalear los cimientos de nuestra democracia.
Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica
Dra. Nora Garita Bonilla M.Sc. Sandra Cartín Herrera Ana Helena Chacón Echeverría, Exvicepresidenta de la República Dra. Yamileth González García Dra. Elizabeth Fonseca Corrales Dra. Yolanda Rojas Rodríguez Dra. Alicia E. Vargas Porras Dra. Virginia Ramírez Cascante Arq. Eugenia Solís Umaña Licda. Vera Sancho Mora Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021 Dra. Margarita Bolaños Arquín Periodista Erika Henchoz Castro
Este lunes 5 de junio será la inauguración XVIII Congreso Centroamericano de Sociología: «Alternativas y resistencias frente a la erosión de los derechos humanos y democracias en el Istmo Centroamericano”.
Hora: 9:00 am Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice. 10:00am Panamá.
Sede de la inauguración: Auditorio Institucional Cora Ferro (Heredia, Campus Higuerón-Universidad Nacional).
Por Memo Acuña (escritor y sociólogo costarricense)
Hace poco un medio de comunicación nacional me preguntaba mi opinión sobre el tránsito de personas por el paso fronterizo entre Colombia y Panamá denominado Tapón del Darién y las implicaciones para el país de una posible afluencia masiva de migrantes una vez superado ese duro trance.
Mi respuesta fue ubicar el sentido de dinámica de la movilidad en la que las personas en tránsito no buscan quedarse en el país sino más bien generarse las condiciones requeridas para continuar su camino.
Es un proceso con varias dimensiones concatenadas y no puede ser reducido a un asunto de hipervisibilización o aumento de la inseguridad provocada por el paso de tales movilidades.
Trabajar en argumentar desde una idea como estas, contribuye a desmontar la noción difundida de una crisis migratoria que el país debe atender con sus escasos recursos.
La crisis, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, no la producen quienes migran sino los sistemas institucionales, económicos y sociales que crean las condiciones causales a las que se adiciona la implementación de políticas migratorias basadas en el enfoque securitario.
Un aspecto que adiciona a la fabricación de las crisis migratorias es la socialización de informaciones distorsionadas o que den la impresión de que la situación no puede controlarse. Justamente el presidente de la República, Rodrigo Chaves emitió recientemente una opinión en la que señalaba el costo ( SIC) de mantener a poblaciones migrantes en el país dotándolas de servicios como educación y salud.
Si el enfoque es el costo, algo anda mal en la posición gubernamental y denota ciertamente un uso instrumental del tema para seguir generando núcleos duros de apoyo con temas sensibles. Bien es sabido que en regímenes populistas, los gobiernos se granjean el apoyo popular estableciendo posiciones que la mayoría desea escuchar. La migración es uno de ellos.
Hubiera sido necesario que antes de emitir tales declaraciones, el mandatorio dedicara un par de horas de su intensa agenda para leer con detalle el informe de la OCDE-OIT de 2018 sobre la contribución de as migraciones al desarrollo económico del país. Sabría que por ejemplo esa contribución fue estimada en cerca de un 12% del Producto Interno Bruto, aporte para nada menor en las circunstancias de la economía global y nacional.
La reciente designación de una nueva jerarca de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indica dos aspectos a señalar: la inconsistencia que ha caracterizado el liderazgo del sector en los últimos años y su ubicación como parte del ámbito de seguridad, gobernación y policía.
En la actualidad se discute una nueva política migratoria por entrar en vigencia a partir de 2024. Convendría discutir con seriedad si la Institucionalidad que gestiona las migraciones en el país debe seguir ubicada bajo el alero de los esquemas securitarios que, entre otras cosas, se nutren con fuerza de opiniones orientadas a construir una corriente de opinión contraria a la gestión de tales procesos, basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El país se enfrenta a uno más de sus actuales desafíos. Las migraciones no pueden ser problematizadas de la forma en que la sociedad lo ha hecho hasta el momento. Es necesario un golpe de timón histórico que incluya decencia, conocimiento y oficio para acabar con las percepciones negativas y los peligros de opiniones que luego se conviertan en acciones de intolerancia, discriminación y rechazo.
“A diez años del asesinato de Jairo Mora Sandoval ¿Dónde está su huella?”
Palabras de su madre Fernanda Sandoval en este aniversario:
Muy buenas tardes, gracias a la Universidad de Costa Rica por regalarme este espacio hoy 31 de mayo. Para mí y toda Costa Rica es un día muy triste y especial, en que recordamos la pérdida de Jairo. Soy Fernanda Sandoval, madre del ambientalista Jairo Mora, que en las playas de Moín a este joven le quitaron su sueño de proteger a sus queridas baulas y demás especies marinas. Esta protección nació desde que él era un niño, cuando él tenía la oportunidad de ir a la playa a proteger, para entender y tener mucho conocimiento. Esa era la gran pasión de él, proteger las playas de nuestra querida Costa Rica.
Familia costarricense sigamos su ejemplo, porque esto es algo de admirar en muchos países del mundo quisieran tener estos lindos animalitos que no le hacen daño a nadie, solo se encargan de embellecer nuestros mares y playas. Protejamos todas las faunas.
Cuando él era un niño, tenía que caminar 4 kilómetros de montaña y potrero para ir a la escuela. En este momento él se encargaba de observar a los animales del bosque y aves, y así fue pasando el tiempo. Cuando él empezó a descubrir que le fascinaban las tortugas marinas él se dedicó tiempo completo a ellas. Desde que empezó a ir al colegio siempre decía «las protegeré hasta que yo deje de vivir». Lo digo por este párrafo que él me regaló cuando era un jovencito de 12 años:
«Corría por lo largo de mi linda playa, y todo por correr y jugar siendo un niño inocente me encontré con unos pequeños animalitos cuando construía castillos de arena, y hacía huecos y decía que eran el pozo de la libertad. Estos pequeños animalitos corrían por la larga arena caliente igual que yo, en busca del inmenso mar. Yo les decía «Corran rápido que se las van a comer los animales hambrientos». Así pasó el tiempo, y yo crecí un poco más. Un buen día, mi mamá me llevó a conocer esos animalitos grandes, eran las baulas, ellas me dieron el gran valor de hoy. De ahí nació mi gran pasión por ellas, porque ellas no conocen el miedo para salir a nuestras playas, por eso me dije «yo tengo que protegerlas». Por su gran valentía, por eso la playa es mi segundo hogar y por ellas doy la vida«. Escrito el 20 de abril de 1999.
– Así fue notificada nuestra organización el día de hoy por el sistema de gestión en línea
La Sala Constitucional dio curso a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la ANEP, el pasado 10 de febrero del 2023, contra la Ley Marco de Empleo Público en la cual se cuestiona una serie de artículos y normativas presentes en la ley Nº 10.159.
En la acción de inconstitucionalidad de la ANEP, se solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 5, inciso b),6, 7, incisos a), c), d) f), l) y m), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29,30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49 incisos a), c), d), e) f), Transitorios VII, XI, XII y XV de la Ley Marco de Empleo Público n°10.159 (LMEP), por estimar que lesionan los artículos 1, 9, 11, 34, 39, 50, 56, 57, 62, 73, 74, 84, 85, 87, 99, 156, 170 y 188 y siguientes, así como los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el debido proceso, las autonomías constitucionales, el principio de retroactividad, los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Todos estos derechos están establecidos en la Constitución Política y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica en materia de derechos económicos y sociales.
Para la ANEP, las normas impugnadas afectan tres grupos de derechos y principios: los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías), los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario) y los sindicales (derecho a la negociación colectiva).
Para nuestra organización, el Estado costarricense es un Estado Social de Derecho, lo que significa que deben garantizarse una serie de derechos fundamentales. Entre ellos, la no concentración del poder, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la progresividad de los derechos.
Desde la ANEP, consideramos que una de las afectaciones que denota la LMEP es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al MIDEPLAN, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público.
En nuestra organización tenemos claro que la Asamblea Constituyente de 1949, estableció en la Constitución Política, los principios de separación de poderes y autonomía de algunas instituciones públicas, instituciones de educación universitaria superior y municipalidades, como una forma de garantizar un sistema de “pesos y contrapesos” que equilibran el uso del poder público y garantizan el Estado Social de Derecho.
En la notificación la Sala Constitucional le confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al presidente del Directorio Legislativo y a la ministra de Planificación Social y Política Económica.
MBA Lic. Bach. Luis Gilberto Martínez Sandoval Académico Universitario, Sede Central UTN www.utn.ac.cr Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales, Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Grupo Wong Ecuador y, América Latina, Escritor, Científico Social
«La política exterior puede, por lo tanto, ser ya definida como el conjunto de acciones de un Estado en sus relaciones con otras entidades que también actúan en la escena internacional con objeto, en principio, depromover el interés nacional.»
P.A. REYNOLDS
En Costa Rica, el Presidente y, el Canciller a través de la Dirección General de Politica Exterior, definen la política exterior costarricense dado que es la “dependencia responsable de la coordinación de la política exterior de Costa Rica. Con fundamento en los lineamientos generados por la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y, los Altos Intereses de la Nación, esta dependencia establece los procedimientos a seguir para resguardar y promover los principios que han inspirado las relaciones con otros Estados u Organismos.” “En cuanto a su misión la Dirección de Política Exterior es la instancia responsable de brindar el apoyo necesario tanto al Ministro como al Viceministro a fin de que, conjuntamente con el Presidente de la República, se procure la elaboración, formulación, implementación y evaluación de la política exterior del país; así como el logro de una eficaz orientación de las relaciones internacionales, la promoción de los intereses políticos, económicos y sociales, además de ser el ente facilitador de las gestiones nacionales ante Gobiernos, Organismos e Instituciones Internacionales, y participar activamente en la salvaguarda de la soberanía nacional.”
La Dirección citada supra, ha establecido los siguientes ejes estratégicos, mismos que vienen de otras administraciones gubernamentales:
La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional.
La promoción, la protección y el respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales.
La promoción de la paz, del desarme y de la seguridad nacional, regional y mundial
El fortalecimiento del Derecho Internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo.
La promoción del desarrollo sostenible y la coordinación y representación política en las negociaciones ambientales internacionales.
La política exterior se define “como el conjunto de las decisiones y acciones públicas que toma el gobierno de un Estado dirigidas en el ambiente internacional en función de los intereses nacionales que se traducen en objetivos- metas” Para Andrés Rozental,, “la esencia de la política exterior es un cálculo político guiado por el interés nacional junto con la instrumentación de una estrategia coherente para alcanzar los objetivos marcados”.
Existen puntos en común que establece la política exterior, entre los que se pueden mencionar los siguientes:
No puede ser separada de la política interior de los Estados.
Es una política manejada por el grupo de personas que se encuentre en el poder en ese momento.
El conjunto de políticas que se definan debe funcionar como un instrumento conciliador entre el interés nacional y los intereses globales.
Debe establecer objetivos y estrategias concretas para la solución de un problema o un determinado fin.
Respecto a el proceso de toma de decisiones en política exterior implica las fases siguientes:
La evaluación del ambiente político internacional y nacional.
Configuración de las metas.
La determinación de opciones políticas.
Acción formal de toma de decisiones que estar guiada por la rama ejecutiva del gobierno (Presidente) y, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto con participación del Ministro o Ministra de la Presidencia.
La aplicación o implementación de la opción política escogida.
En ese sentido, los expertos sugieren que cada nación debe seguir el modelo de actor racional que se guía por la teoría de la elección racional en sus relaciones internacionales y política comercial. Según el modelo de actor racional, el Estado usa el proceso de toma de decisión racional, un proceso que incluye:
La configuración de las metas y su valoración
La consideración de las opciones
La evaluación de sus consecuencias
La maximizan de valor
En ninguno de los ejes estratégicos de la Dirección General de Política Exterior esta plasmada las dimensiones político-estratégica y geo económicas para el país. Ni mucho menos una estrategia holística de proyección global, basada en la consolidación de espacios regionales de poder y la consecuente construcción de liderazgo en política exterior de Costa Rica. Costa Rica requiere de una política exterior de mayor visibilidad. Debemos tener una mayor participación global y regional. Una política exterior más asertiva y de mayor agresividad. Más proactiva.
Formulamos algunas preguntas:
¿Cuáles son las principales estrategias en política exterior que establece la Dirección citada supra?
¿Cuáles son los fundamentos de la política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto? ¿Regiones o Naciones?
¿Cuál es la convergencia y coevolución en lo económico, diplomático y estratégico a nivel institucional MREC para Costa Rica en el Siglo XXI?
¿Cuáles son los intereses nacionales centrales en la política exterior costarricense de la presente administración?
¿Cuál es nuestra estrategia geoeconómica en política exterior y diplomacia comercial costarricense?
¿Tenemos como nación estado una política exterior un “plan único” consciente y de gran alcance (algo así como un plan maestro)?
En el Siglo XXI nuestra política exterior deberá ser menos burocrática institucional y más pragmática y enérgica según el interés nacional y las regiones a priorizar.
Adicionalmente, se plantea, por parte de la Dirección citada supra en relación con los procesos de integración regional, como reto principal contribuir a la revitalización de una estrategia de integración SICA, OEA, SEGIB, CELAC y AEC que son conocidos por estudiosos de las relaciones internacionales como procesos históricos de integración fracasados y burocráticos sin resultados tangibles.
Un solo ejemplo, el SICA no a podido hacer desde su creación una propuesta regional de todo un transporte ferroviario de personas y bienes en América Central que una desde Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá con una poderosa Agencia Ferroviaria similar a la de la Unión Europea base para una verdadera integración y movilidad de factores específicamente el factor humano centroamericano y el movimiento de bienes. Y, con pasaporte común centroamericano.
Asimismo, en el ámbito multilateral nuestra política exterior se guía por representaciones permanentes en Nueva York, Ginebra y Viena ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias especializadas. Lo anterior ha caracterizado nuestra política exterior costarricense desde 80’s hasta la fecha.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuenta con 47 sedes diplomáticas llamadas Embajadas y, 52 Consulados – que dada la nueva realidad del avance en TICs y la Revolución Científica Tecnológica de entornos virtuales ya no son tan necesarias y podrían derivar en Embajadas según Regiones Estratégicas Geopolíticas y Geoeconómicas y no por países o nación. Con ello ahorraríamos considerables recursos del presupuesto nacional.
Por ejemplo, Costa Rica puede tener una Embajada Regional con un Equipo de Alto Nivel Especializado para China y el Sudeste Asiático, o bien para atender la Región de Centro América, o una para la Región del NAFTA, la Alianza Pacífico, Mercosur, así también, una Embajada y Consulado Regional que atienda todos los 27 países de la Unión Europea en diversos temas de carácter político – diplomático y de auxilio consular y, no una Embajada por país que es un gasto público excesivo e innecesario. Debemos Regionalizar Institucionalmente como prioridad en política exterior y diplomacia costarricense.
Como bien nos explican (Pearson, Frederic S., Rochester, J.Martin: 2010): “La diplomacia de hoy ha cambiado considerablemente con los años, a medida que han cambiado las condiciones del sistema internacional.”. “En el siglo XIX y principios del siglo XX, las embajadas tendían a ser pequeñas y a menudo estaban compuestas únicamente por un embajador y un pequeño grupo de funcionarios. Se esperaba que los embajadores fueran personas con una formación amplia y con capacidad de aprender una gran variedad de funciones. Hoy día, el personal de las grandes embajadas incluye especialistas tales como funcionarios de información, funcionarios consulares, los agregados comerciales, agregados militares y oficiales de inteligencia. La creciente burocratización de las embajadas refleja el volumen creciente de la complejidad de las transacciones internacionales. Debe agregarse que muchos países pobres carecen de recursos económicos y del personal necesario para mantener el moderno tipo de embajadas descrito” (Ibidem: 2010) “Las avanzadas comunicaciones y la tecnología del transporte propias de la era moderna han hecho que los gobiernos dependen cada vez menos de sus embajadores en el sentido de que sean sus principales representantes en el manejo de los asuntos con un país extranjero”.
Adicional a lo anterior, existen convenios y tratados internacionales negociados por COMEX y ratificados por la Asamblea Legislativa que requieren por parte de la presente administración de una profunda evaluación como de su análisis y costo de oportunidad y valorar usar la cláusula de escape. Véase: https://www.comex.go.cr/tratados/
Nuestra Nación- Estado cuenta con una Presidencia de la República como su Canciller de la Republica de Costa Rica que son personas con experiencia internacional. El Dr. Rodrigo Chaves Robles, Economista, Exfuncionario de carrera del Banco Mundial durante más 35 años que ha desempeñado cargos en más de 45 países de América, Europa y Asia. Su actual Canciller el Dr. Arnoldo André Tinoco Canciller de la República de Costa Rica, Abogado de profesión, que ha ocupado cargo como Cónsul General Honorario de Noruega en Costa Rica, Árbitro Internacional. Ambos son quienes toman las decisiones racionales en política exterior.
Costa Rica tiene para los próximos años grandes desafíos que debemos enfrentar usando creativamente nuestra política exterior y diplomacia comercial. Por ejemplo, la desigualdad en lo económico y educativo. Hay que sacar la economía hacia el crecimiento y desarrollo económico con inversión extranjera directa. La desigualdad es profundamente marcada en las provincias de Limón y Puntarenas y las fronteras. Y debemos poner freno a la corrupción e inseguridad ciudadana.
Tanto la política exterior como la diplomacia son instrumentos estatales poderosos para enfrentar los desafíos internos. Al igual que la política monetaria y fiscal para el Banco Central. Son instrumentos estatales para conseguir fines-metas.
Para afrontar estos y otros desafíos del país requerimos una política exterior y diplomacia comercial internacional activa y diferente – disruptiva- a lo que hemos hecho hasta el día de hoy.
En ese sentido, solo dando un nuevo enfoqueguiado por el realismo político y el pragmatismo podemos integrarnos de manera exclusiva con China, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), ser parte activa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), Japón, Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico (PBEC), el foro de las Islas del Pacifico, la Alianza del Pacífico. ¡El Siglo XXI se juega allí no se juega en Occidente! Requerimos de una política exterior activa guiados por la convergencia y la coevolucion de alto nivel según regiones estratégicas para captar la atracción de Inversión Extranjera Directa IED como la generación de “Cumbres” y reuniones de alto nivel (RAN) para impulsar nuestra economía principalmente en infraestructura (p.ej. aeropuertos, puertos, carreteras, transporte de carga del Atlántico al Pacífico) y aprender de los procesos que están desarrollando en ciencia, tecnológica y técnica. Así también, la mejora de los modelos educativos y construir ciudades del futuro en Costa Rica.
Como especialista en el estudio de las relaciones económicas y políticas internacionales me parece que se debe diseñar e implementar en éste gobierno una política exterior pragmática, comercial y desideologizada para avanzar a un nuevo enfoque en nuestras relaciones internacionales y comercio exterior. Trabajando dos conceptos la convergencia y la coevolución guiada por el interés nacional. Por eso, debemos cambiar el enfoque que hasta ahora se le había venido dando a la política internacional y comercial exterior costarricense, asumiendo un papel, no de consejo y obediencia como normalmente se entendería, sino dominante, fuerte y hasta cierto punto autosuficiente en la política exterior costarricense. Guiada por una presencia activa del Poder Ejecutivo en las relaciones económicas y políticas internacionales.
Para lograr lo anterior, requerimos de asesoría de alto nivel política y diplomática para rediseñar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior, PROCOMER y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Lo que permitirá crear una institucionalidad coordinada para instrumentar una estrategia nacional en dos áreas vitales: política comercial exterior y política internacional. Nuestra política exterior y, comercial debe hacer un giro de negocios y encontrarse, unificarse en una sola institucionalidad poderosa de cara al mundo. En ese sentido, requerimos fusionar y absorber el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el Ministerio de Comercio Exterior, Procomer y Ministerio Economía, Industria y Comercio e imitar lo que realizo Japón en su momento con el MITI con extraordinarios resultados.
Nuestra prioridad en política exterior y comercial es la búsqueda de Atracción de Inversiones Extranjeras Directas para generar empleos, crear dos Zonas Económicas Exclusivas – que son muchos más profundas que las Zonas Francas- una en Puntarenas y otra en Limón usando todos los cantones y distritos de ambas provincias una con proyección al Sudeste Asiático y la otra con proyección hacia el Atlántico. Desarrollar el proyecto de ferrocarril para volver a unir el Pacifico y el Atlántico como la idea de un Canal Seco que consiste en un par de grandes puertos, uno localizado en el Océano Pacífico y otro en el Mar Caribe, dos conjuntos de líneas férreas con suficiente velocidad de viaje y capacidad de carga, con una serie de facilidades logísticas para acelerar el intercambio de mercadería entre un lado y el otro. (Loría Salazar: 2016).
Costa Rica debe usar pragmáticamente la diplomacia y política exterior para mover su eje de desarrollo del Valle Central hacia la proyección marítima: Provincia de Limón y Provincia de Puntarenas. Y unirse con un ferrocarril de carga bienes y de personas como bien lo pensó Tomás Guardia Gutiérrez en tiempos del Siglo XVIII y que lamentablemente fue clausurado por la Administración Figueres Olsen. Es tiempo de movernos hacia las costas pacífica y atlántica con proyección marítima – incluye también construir dos nuevas megaciudades modernas como centros de negocios una en cada provincia costera similar al proyecto NEOM, Arabia, el Nuevo Futuro (que mide tres veces el tamaño de Chipre), una nueva ciudad y área económico- tecnológica en todos los 9,189 km² que mide la Provincia de Limón y en los 11,266 km² que mide la Provincia de Puntarenas- generando toda la infraestructura necesaria en ambas provincias costeras: Puntarenas, Esparza, Buenos Aires, Montes de Oro, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores, Garabito.
Debemos cambiar el enfoque que hasta ahora se le ha venido dando a la diplomacia y política internacional costarricense tanto en comercio exterior como política exterior por parte de los Presidentes y Cancilleres de turno que fue elaborada para la Guerra Fría y que ya no funciona para las nuevas realidades en la Globalización y las nuevas realidades tecnológicas y científicas guiadas por la Inteligencia Artificial.
Es hora de proponer una reorganización institucional que permita bajo una nueva ley marco o decreto ejecutivo fusionar los Ministerios citados supra para que se convierta en un superpoderoso Ministerio. Y, darle la responsabilidad de definir y conducir la política exterior, la política de comercio exterior y la inversión extranjera directa (IED) con miras no solo a promover la integración de Costa Rica a la economía global sino también generar un super ministerio de gran poder de decisión y negociación y cuyos cambios estructurales puedan generar un redireccionamiento estratégico en política exterior y comercio internacional para obtener:
Alineamiento estratégico con China y Sudeste Asiático, los BRICS, EUA priorizando el Estado de California y, UE priorizando Alemania y los Países Escandinavos, con la Región de Centro América y con los Bloques Comerciales de Sur América. Y, alineamiento estratégico con países del Medio Oriente (selectivamente elegidos)
El gobierno bien puede contratar una firma de asesoría llevada al más alto nivel que nos daría la visión global y los elementos necesarios para la reorganización institucional como también el redireccionamiento estratégico en nuestra política exterior y comercial internacional. Asi también, a través de la diplomacia comercial y de negocios acercarnos a grupos como: Grupo Bilderberg, Corporación RAND, Hollinger Group, Gulfstream Aerospace, NASA, la Agencia Espacial Europea, la Administración Espacial Nacional de China o CNSA. Como también, una política exterior y diplomacia comercial dirigida hacia las corporaciones Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Berkshire, Tencent, Facebook, Alibaba, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Visa, Exxon Mobile, Walmart, Banco ICBC, Pzifer. Lo que abre la posibilidad de generar oportunidad de negocios para nuestra nación en el corto plazo con los alineamientos estratégicos citados supra. No podemos seguir dependiendo de CINDE.
Tenemos ventajas competitivas importantes en el Poder Ejecutivo. El Sr. Presidente, viene de un Organismos Internacional como el Banco Mundial (35 años donde laboró para 45 naciones). Y la conducción de la política exterior por Constitución Política es suya no del Canciller. Está posicionado como un líder popular en América Latina y el Caribe no visto en los últimos 40 años. Conoce muy bien EUA, la UE, Sudeste Asiático, América Latina. Está joven tiene 61 años para dar un viraje en política exterior y comercial internacional costarricense. Habla Español, Inglés y Bahasa Indonesia – Turco. Está casado con Signe Zeikate nacida en Letonia, que también es economista y quien fuera directora del Programa para el Desarrollo de los Países Pobres del Banco Mundial. Ambos de alto nivel internacional. El Presidente es un llíder pragmático, un verdadero Chief Executive Officer (CEO) a cargo de la presidencia de la República de Costa Rica. Llegó a la Presidencia con el 53% de los votos. Y hoy goza del 83% de opinión favorable de los y las costarricenses. No representa el statu quo, ni tiene negocios con las élites tradicionales de éste país ni los intelectuales ni grupos de interés ni grupos de presión. Representa lo nuevo, el cambio, y su base político electoral está en dos provincias costeras: Puntarenas y Limón. Allí es donde hay que desarrollar igual que China dos Zonas Económicas Exclusivas donde se rijan – igual que China y sus provincias costeras- por la economía de mercado, liberalización, apertura comercial etc. Y aunque las propuestas del Sr. Presidente en política exterior son:
Reanudación del proceso de ingreso a la Alianza del Pacífico, plan de integración regional y libre comercio conformado por México, Colombia, Perú y Chile.
Inicio de la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Ecuador.
Nombramiento de embajadores con perfil económico y técnico en varias embajadas claves como las de la Organización Mundial del Comercio, OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica.
La modernización y agilización del Puerto de Caldera.
Foro Económico Mundial de Davos en Suiza.
Debemos cambiar el enfoque que hasta ahora se le había venido dando a la política internacional y política comercial costarricense. Solo un proceso interno de reorganización de la institucionalidad que genere por fusión una nueva estructura nos permitirá integrarnos a la nueva estrategia global costarricense en el Siglo XXI, con la finalidad de estar fuertes para la competencia en los mercados globales seleccionados y, en alianza con las empresas multinacionales globales que nos permitirán desarrollar dos grandes Zonas Económicas Exclusivas citadas.
En conclusión, como bien lo señalan expertos consultados en la web “La política exterior de un país es instrumental para alcanzar ciertos objetivos nacionales, lo que implica que deberá caracterizarse por su adecuada flexibilidad y mantenerse en evolución al desarrollo del sistema internacional para poder servir eficazmente a los intereses de su nación.”… Parafraseando a Henry A. Kissinger la guía esencial para la política exterior de Costa Rica en los próximos años del Gobierno del Dr. Rodrigo Chaves Robles deberá tener una clara definición de interés nacional guiado por los cambios en la geopolítica y geoeconomía mundiales que emergen en el Siglo XXI. Y proponer una fusión del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio con Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para crear un superMinisterio de Comercio Exterior, Economía, Industria, Banca y, Relaciones Internacionales por sus siglas MCEIBRI. Cuyas atribuciones sean definir y dirigir, la política comercial externa y de inversión extranjera, dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, incluido lo relacionado con suscribir tratados y convenios sobre esas materias. Que coordine esfuerzos con Ministerio de Agricultura y Ganadería como el Ministerio de Hacienda y su política arancelaria. Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás foros comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en general, temas de comercio e inversión. Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países. Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones. Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con exportaciones e inversiones. Evaluar las políticas de comercio exterior e inversiones por lo menos una vez cada dos años. Apoyo interinstitucional.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
El estado de excepción y la violación sistemática de los derechos humanos ha sido una amenaza constante para la ciudadanía, incluso en las llamadas sociedades o países “democráticos” que suelen incubar en seno tendencias autoritarias, las que terminan haciéndolos emular a los regímenes totalitarios contra quienes dicen luchar en nombre de la democracia.
Uno de los casos menos conocidos, hoy condenado al rincón de un olvido todavía muy conveniente de la llamada “historia oficial” para algunas gentes es el de los ciudadanos costarricenses de origen alemán e italiano quienes fueron acusados, sin tener derecho a la defensa y al debido proceso, de ser partidarios de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, encerrados en campos de concentración en Costa Rica (donde existió al menos uno, donde hoy se encuentran las instalaciones del mercado de mayoreo), a partir del 7 de diciembre de 1941 cuando adelantándose a la declaración de guerra a las llamadas potencias de eje que harían los EEUU y las potencias aliadas, en los días siguientes al ataque japonés a la basa naval estadounidense de Pearl Harbor, en las islas de Hawái, Costa Rica entró oficialmente en guerra con esos países y elaboró una lista negra con más seiscientos ciudadanos costarricenses que apareció publicada en el diario La Tribuna, sembrando el odio entre la ciudadanía, algo que con el paso de los años se les revertiría a los gobiernos de Rafael A. Calderón y Teodoro Picado, y a sus partidarios calderonistas de entonces, al ser derrotados en la guerra civil de 1948. Lo “negro”, en el peor de los sentidos, no fue la lista en sí misma, sino el hecho de que se privara de su libertad, de sus derechos políticos y de sus bienes a un importante grupo de costarricenses de origen europeo, a los que no había que comprarles ni venderles para llevarlos a la ruina, dentro de lo que constituye una monstruosidad política y jurídica.
Poco después, los vencedores de entonces, cayeron a partir de 1948, en la trampa de introducir el estado de excepción durante casi tres décadas, al establecer dentro del articulado de la Constitución de 1949, la prohibición de la formación de partidos políticos de izquierda, además del impedimento de su participación en los procesos electorales, dejando la decisión en manos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), creado en 1947 mediante una propuesta del diputado vanguardista-comunista Luis Carballo, pues hasta entonces todo el proceso se manejaba desde la Casa Presidencial y se acudía, con mucha frecuencia a los fraudes electorales.
El constituyente Rodrigo Facio Brenes y otros compañeros se negaron a votar esa medida punitiva contra la izquierda, al intervenir en los debates que condujeron a la elaboración de la Constitución Política de 1949, cuando dejó clara su oposición al párrafo segundo del artículo 98 (una propuesta muy reaccionaria de Fernando Volio Sancho), utilizada para sacar a casi toda la izquierda costarricense del juego político, durante casi tres decenios, porque su texto estaba introduciendo el estado de excepción permanente en un texto constitucional, como una norma pétrea antidemocrática, la que además le daba al Tribunal Supremo de Elecciones atribuciones indebidas sobre la naturaleza y la formación de los partidos políticos, las que han ido mucho más lejos del propósito inicial, llegando a deformar profundamente la naturaleza de los llamados “partidos políticos” en Costa Rica.
Rodrigo Facio dijo al respecto que: “…, en el propio seno de la Comisión Redactora, yo me pronuncié, y así consta en las actas respectivas, contra que fuese el Tribunal Supremo de Elecciones el llamado a declarar la descalificación de partidos inconstitucionales porque dije, y ahora lo repito, así lo que lograríamos sería poner en entredicho la imparcialidad de un organismo llamado exclusivamente a fallar, dentro del campo jurídico, el aspecto aritmético de los votos emitidos por los partidos, al ponerlo a fallar sobre cuestiones de fondo, como son los programas, la ideología o los medios de acción de esos partidos (Óscar Castro Vega RODRIGO FACIO EN LA CONSTITUYENTE DE 1949 Editorial UNED San José Costa Rica 2003, página 216).
Dentro de su razonamiento general sobre el tema Facio Brenes indicaba lo siguiente: “¿… será una norma de prohibición general, tal cual la ofrece la moción del compañero licenciado Volio Sancho? Yo creo francamente que no, por varias razones. Porque una fórmula así de amplia ofrece posibilidades de abuso, para perseguir injustamente, por motivos políticos del momento, a este o al otro partido. Porque de lo que se trata es adelantarse a un peligro concreto: el del comunismo (hay en cambio una cierta benevolencia hacia el ala fascista de los vencedores del conflicto armado, quienes dieron lugar a la Asamblea Constituyente, sin dejar de perseguir a los vencidos calderonistas y “comunistas”), y para hacerlo se acude a una fórmula indeterminada que puede ir mucho más allá de la reacción contra el comunismo” (Óscar Castro, Op.Cit, página 213).
Esto último se hizo evidente durante las décadas siguientes cuando se proscribieron numerosos partidos políticos de izquierda, conformados no solamente por seguidores de Vanguardia Popular, sino también de otras corrientes de ese lado del espectro político: De esta manera, fueron privados de sus derechos políticos ciudadanos como el escritor y pedagogo Joaquín García Monge, además de editor del Repertorio Americano, el novelista Fabián Dobles Rodríguez de filiación vanguardista pero que también había sido inicialmente miembro del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, como asimismo a muchos dirigentes políticos que provenían de la llamada “izquierda liberacionista”, dando lugar a verdaderas cacerías de brujas entre gentes que parecían tener cercanías ideológicas importantes entre sí, lo que se hizo más evidente con el paso del tiempo.
Ya el mismo Rodrigo Facio, durante la discusión de ese abominable texto de Volio Sancho, habló acerca de la persecución y proscripción sufrida por el APRA en el Perú durante la dictadura de Manuel Odría (1948-1956), cuando Víctor Raúl Haya de la Torre debió asilarse en la Embajada de Colombia en Lima, pasando varios años en ella sin recibir el salvoconducto para salir del país. Todo esto ocurrió también en un país llamado Costa Rica, donde los políticos del establecimiento tienen la fea costumbre de ofrecer benemeritazgos a granel a las gentes que habían perseguido toda una vida, privándolas incluso del ejercicio de la ciudadanía, durante buena parte de sus vidas.
Integrantes de la delegación de Chile durante la COP2 sobre el Acuerdo de Escazú, realizada del 19 al 21 de abril de 2023. Foto extraída de la red social de Twitter.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
(Una versión en francés de este texto está igualmente disponible en este enlace).
El pasado mes de abril, inició en Buenos Aires (Argentina) la segunda Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú, un tratado regional adoptado en Costa Rica en el 2018 (véase texto completo).
Esta cita, que se celebró entre el 19 y el el 21 de abril, también se denominó por sus siglas en inglés «Conference of Parties» o «COP2»: se trata en efecto de una reunión en la que participan los Estados Partes al Acuerdo de Escazú, y que suman a la fecha 15 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
La inauguración del evento contó con la presencia de Jefe de Estado argentino (véanse nota oficial y comunicado de prensa de la Casa Rosada) y se pudieron seguir todas las sesiones en directo, accesando el enlace oficial de la CEPAL previsto para este efecto (véase enlace).
Estados Partes y Estados no Partes invitados y eventos paralelos
Esta COP2 fue objeto de una reunión preparatoria previa, realizada también en Argentina el pasado 6 de marzo, en la que se precisaron los temas a discutir (véase informe): se indica (en páginas 15 y 16 del precitado informe) que fueron invitados a participar a esta reunión preparatoria representantes de Estados que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú, a saber: Brasil, Colombia y Perú. Un gesto de naturaleza política de los 15 Estados Partes hacia estos tres Estados, invitados a observar diversas sesiones, una de ellas muy esperada sobre las iniciativas de cada Estado Parte para implementar en el plano nacional el Acuerdo de Escazú.
En el caso de Centroamérica, no se observó presencia de delegados de El Salvador, Guatemala y Honduras, pese a la crítica situación que viven ahí quienes alzan la voz en defensa del ambiente. Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la dramática situación de los defensores del ambiente en El Salvador, Guatemala y Honduras (véase informe) evidencia la urgente necesidad de adoptar medidas y figuras legales previstas en el mismo Acuerdo de Escazú.
Cabe señalar que, de forma paralela a las reuniones de los representantes estatales durante esta COP2, se realizó una serie de muy variados eventos organizados desde la sociedad civil y desde diversas organizaciones internacionales (véase programa de eventos paralelos).
El Acuerdo de Escazú favorece y fomenta la participación del público, y las COP constituyen un llamativo espacio en el que delegados estatales y organizaciones de la sociedad civil pueden interactuar con la mayor naturalidad: un esfuerzo en materia de transparencia que ameritaría ser replicado en el caso de reuniones similares relativas a otros tratados internacionales en materia de ambiente y de derechos humanos, sean instrumentos jurídicos universales o regionales.
En esta COP2, Chile (uno de los dos Estados que lideró las negociaciones durante más de 5 años y medio que culminaron en Escazú), participó esta vez como Estado Parte: véase entrevista a la negociadora chilena del Acuerdo de Escazú, publicada en País Circular, del 18/04/2023. Un reciente informe (véase texto) sobre el grado de cumplimiento de Chile con los estándares que propone el Acuerdo de Escazú analiza las diversas iniciativas tomadas por las autoridades gubernamentales chilenas, que deberían de poder replicarse en otras latitudes en América Latina. A su vez la sociedad civil presentó valiosas propuestas a los Estados Partes, tal como por ejemplo, entre muchas otras, este informe elaborado por OXFAM (véase documento).
Más generalmente, esta otra entrevista a un alto funcionario de la CEPAL (publicada en Diálogo Chino, edición del 14/04/2023) permite también apreciar los desafíos que para los Estados de la región significa la construcción de una verdadera democracia ambiental, y ello a partir de los principios enumerados en el Acuerdo de Escazú.
La COP 1 y la COP2 en breve
Como se recordará el Acuerdo de Escazú se adoptó en marzo del 2018 en Costa Rica, y el proceso de negociación fue co-liderado por Chile y Costa Rica. Este tratado regional entró en vigor en abril del 2021 al reunir las ratificaciones necesarias (en total 11, según lo establece el mismo tratado en su Artículo 22).
La primera COP se reunió un año después, en abril del 2022, en Santiago de Chile (véase programa y declaración final), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.
Desde entonces, el Acuerdo de Escazú ha sumado a tres nuevos Estados Partes: Chile (junio del 2022), así como las ratificaciones de Belice y de Granada registradas recientemente (marzo del 2023) que tuvimos la oportunidad de comentar (además de otros notorios avances del Acuerdo de Escazú en lo que va del año 2023), así como la persistente negativa de Costa Rica en aprobarlo (Nota 1). Sobre este último punto, ya en el 2020 tuvimos la oportunidad de advertir de la «llegada de los mitos» en contra del Acuerdo de Escazú, que se plasmaron en varios comunicados de influyentes sectores económicos costarricenses (Nota 2).
En días recientes, autoridades en Brasil señalaron su interés en acelerar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa del 13/04/2023): cabe precisar que la titular de la cartera de ambiente de Brasil estuvo presente en la ceremonia de inauguración de la COP2 (véase nota oficial). El triste paréntesis que significó para los derechos humanos y el ambiente, así como para las poblaciones indígenas brasileñas, la administración del Presidente Bolsonaro (2017-2022), permite augurar un renovado interés de las autoridades de Brasil en adherir al Acuerdo de Escazú. Organizaciones tales como Transparencia Internacional (véase documento) o Human Rights Watch (véase carta) han solicitado desde varios meses una pronta ratificación por parte de Brasil del Acuerdo de Escazú. El 11 de mayo del 2023 se informó del envío formal por parte del Poder Ejecutivo al Congreso del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa).
Se espera además que próximamente Colombia concluya el proceso de ratificación, al haber sido aprobado el Acuerdo de Escazú por las dos cámaras de su Poder Legislativo en noviembre del 2022, una aprobación que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 3).
En América Latina, además de Colombia, los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú, pero aún no lo han aprobado: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Al tiempo que ni tan siquiera lo han firmado los siguientes: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.
Los acuerdos alcanzados en la COP2
Más allá de los obstáculos de todo tipo que se han generado en algunos Estados para bloquear la aprobación del Acuerdo de Escazú y del desinterés de otros en (por lo menos …) firmar este acuerdo, son varios los temas sobre la implementación del Acuerdo de Escazú que se discutieron entre los Estados Partes a partir de este 19 de abril en Buenos Aires.
A ese respecto, llama la atención la escasa cobertura en medios de prensa costarricenses sobre las diversas iniciativas gestadas a partir del Acuerdo de Escazú en el 2022, y era previsible que esta COP2 en Argentina sufriera el mismo trato: ni una sola nota en la prensa costarricense publicada al respecto.
En abril del 2022, se compiló una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo) que puede desde ya ser usada para generar u orientar políticas públicas en diversos Estados, sean estos Estados Partes o no.
Entre los diversos temas a tratar en Buenos Aires, figuró también la designación de los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento que crea este tratado regional en su Artículo 18, así como la implementación del Fondo Voluntario de Contribuciones (Artículo 14). Esta entrevista al candidato de Argentina designado (véase texto) permite conocer mejor la tarea que se espera del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, cuyas reglas sobre su composición y su funcionamiento fueron adoptadas por los Estados Partes durante la COP1 del 2022 celebrada en Chile (véase documento). En el caso de la candidata de nacionalidad costarricense, fue designada por los demás Estados Partes para integrar este mismo Comité (véase nota de OjoalClima del 1/5/2023, única referencia que encontramos en Costa Rica mencionando su eleción).
Adicionalmente, se buscó la forma de darle seguimiento a las diversas recomendaciones y conclusiones del primer foro sobre defensores ambientales, reunido en Quito (Ecuador) en el mes de noviembre del 2022 (véase informe): un Plan de Acción (véase documento) ha sido puesto a consulta para las organizaciones de la sociedad civil con miras a contar con sus insumos y propuestas. Al respecto, un segundo foro sobre defensores ambientales tendrá lugar esta vez en Panamá, durante la última semana de setiembre del 2023.
Cabe señalar que desde el 27 de febrero del 2023 está circulando en la corriente legislativa el proyecto de ley 23.588 en Costa Rica (véase texto): una propuesta de ley que pretende proteger a los defensores del ambiente. Al no observarse una sola referencia al Acuerdo de Escazú y al evidenciarse otras notables carencias y omisiones, somos de la opinión que se trata de una burda maniobra política (véase sobre este proyecto de ley nuestra nota titulada «El proyecto de ley 23.588 denominado ´Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente´: algunas breves observaciones«).
Finalmente, se adoptó una declaración final titulada Declaración de Buenos Aires (véase texto) por parte de los Estados Partes, en la que reiteran los acuerdos alcanzados y la necesidad que los Estados que aún no son Estados Partes aprueben el Acuerdo de Escazú «lo antes posible» (punto 14).
A modo de conclusión
Estas y muchas otras iniciativas confirman el paso firme y decisivo que están imprimiéndole al Acuerdo de Escazú los Estados Partes y la CEPAL, conscientes de la importancia de llevar con marcha sostenida la implementación de este tratado regional: un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, tal y como apuntado en varias publicaciones (Nota 4).
Es de notar que la próxima reunión de los Estados Partes (o «COP») se realizará nuevamente en Santiago de Chile, en el mes de abril del 2024 (confirmándose de paso el marcado desinterés de las autoridades de Costa Rica, al volver a la misma capital que para la primera reunión de este tipo): se considera que probablemente Colombia ya sea Estado Parte para esta cita, y (si se toma en cuenta los deseos externados por los representantes de Brasil durante esta COP2), que Brasil también lo sea o a punto de serlo.
Con relación a Costa Rica, los titulares de esta nota de la DW (Alemania) y de esta otra de France24 (Francia), o bien el título de este cable de la agencia internacional de noticias AFP replicado en un medio uruguayo, permiten apreciar el profundo desconcierto que, a nivel internacional, ha causado su ausencia entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú: a más de cinco años desde su adopción en suelo costarricense, el Acuerdo de Escazú avanza sin Costa Rica, y no se vislumbra mayor cambio de posición de sus autoridades para los próximos tres años.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: viento en popa«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., » ´Llegaron los mitos´: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 17/12/2020. Texto disponibleaquí. En el mes de abril del 2021, ante un comunicado de una cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase la emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. Luego, en el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase el foro en este enlace oficial de la UCR). Finalmente, en junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase el foro). Estos últimos reaparecieron en esta carta colectiva de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Colombia a pocos meses de ser oficialmente Estado Parte del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 15/11/2022. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs., disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la precitada guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).
El pasado 18 y 19 de mayo de 2023 se reunieron Pueblos Indígenas y Negros de 12 países de América Latina y el Caribe para discutir y analizar sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que hay sentencias desde el año 2000 sin cumplimiento, a lo que representantes de pueblos que asistieron al foro indicaron:
Además, es claro que este Sistema Interamericano es la vía para alcanzar la justicia, los mecanismos nacionales para la misma no están reconociendo la problemática y las demandas históricas de los pueblos indígenas y negros. Pero también es cierto que, pese a las sentencias emitidas por la Corte IDH, “el cumplimiento de las mismas y el sistema de responsabilidad internacional está lejos de ser parte de las decisiones prioritarias de los Estados parte, generando con ello, no solo agrandar la mora y la impunidad galopante, sino que incrementa la conflictividad en los territorios y pone en riesgo la sobrevivencia de los pueblos”.
Piden una rendición de cuentas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar a conocer los criterios utilizados para determinar los tiempos en cada caso, puesto que es evidente la mora, el retraso procesal y la variabilidad de este órgano, afirmaron en el foro.
Además de la violencia y conflicto causado por la tardanza en el cumplimiento de la implementación de las sentencias en los territorios, las poblaciones subrayan con alarma “el asentamiento de terceros ilegales en las comunidades y la tendencia a una permisibilidad por los Estados y la misma Corte IDH”. Apuntaron que “esta permisibilidad alienta los ataques en contra de las comunidades indígenas” tanto por los terceros como los grupos de poder económico y político.
Las personas participantes señalaron que la ausencia de un mecanismo coercitivo para presionar el cumplimiento de las sentencias, permite que los Estados se ocupen fundamentalmente de indemnizaciones y publicaciones de las sentencias, sin que se avance sobre los derechos como la restitución del territorio ancestral.
Bajo el nombre de Foro Internacional sobre el Cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH (Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Negros de América Latina y el Caribe), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) organizó y convocó al mismo tanto representaciones de dichos pueblos, como de personas académicas y expertas en el tema, el cual tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica (UCR) en San José.
El participante Pablo Sibar, indígena Brörán, investigador comunitario de la UNED y parte del Proyecto Universidades y Pueblos Indígenas de CONARE mencionó sobre el Foro que este “fue un trabajo muy importante donde las organizaciones pudimos intercambiar nuestras luchas y procesos que llevamos, pero también es triste escuchar de nuestros hermanos que las sentencias de la Corte siguen sin cumplirse”.
Recordó que está es “la última instancia que tenemos nosotros los pueblos indígenas es la Corte, donde no es nada fácil llegar hasta ahí, sin embargo, muchos hermanos lo han logrado. Inclusive nosotros estamos en un proceso desde el 2012 ante la Comisión y esperamos que algún día eso suba hasta la Corte para ver la resolución de ello”.
Doris Ríos indígena Cabécar y también investigadora comunitaria de la UNED y parte del Proyecto Universidades y Pueblos Indígenas de CONARE recordó que “no solo a nivel de Costa Rica sino de Latinoamérica, los estados son violentadores de derecho, incumplen sentencias. Me queda claro que no queda más que los territorios o los países que están en lucha por la reivindicación de sus derechos tienen que continuar luchando, porque aún con estas sentencias de Corte no se hacen valer los derechos. Me deja claro que nosotros dependemos de nosotros mismos”.
«Tengo 47 años, nací en Costa Rica, producto de una relación entre mi madre tica (de 35 años) y mi padre hondureño (de 63 años). De pequeña me decían que era «hija natural», porque mis padres no se casaron y no convivían juntos. Soy la menor de 13 hermanos y hermanas, la mayoría de los cuales no conocí por ser hijos de diferentes mamás», cuenta la abogada costarricense Marcia Aguiluz en el artículo «¿Qué significa ser mujer en Centroamérica?»
Como feminista y defensora de los derechos humanos, Aguiluz da un panorama crudo y certero de los muchos males, discriminaciones y violencias que azotan a las mujeres de la región.
Pero también pregunta y se pregunta, no solo en busca de respuestas sino para intentar empoderar a las mujeres y generar cambios. Sociales y personales.
Si pudiera desbaratar el patriarcado, dice, lo primero que desbarataría sería «la culpa que tenemos las mujeres y que llevamos en el cuerpo. La culpa de no ser perfecta. La culpa de no ser amada si no soy de tal manera. La culpa de tener hijos. La culpa de no tener hijos. La culpa de irme de mi casa. La culpa de quedarme. La culpa de trabajar fuera de casa. La culpa de quedarme en casa».
¿Cómo las violencias determinan a la mujer centroamericana?
En términos de homicidios, feminicidios, robos, los delitos tradicionales, Centroamérica claramente es una de las regiones más violentas del mundo.
A las mujeres la violencia nos cruza, nos atraviesa en el alma y lo vivimos de miles de formas.
Las cifras son escandalosas. Algunos ejemplos: sólo en 2022 hubo 1.128 feminicidios a nivel regional; en Guatemala entre enero y abril de 2022 se documentaron 1.013 casos de violación de niñas y adolescentes, y en Nicaragua cada 2 horas ocurre un caso de violencia sexual, alrededor de 15 por día.
Está además, la violencia del rol que se nos impone.
Lo digo siempre con mis amigas: ¡qué jodido!, ¿verdad?: cuando sos niña le debés obediencia a tus papás; cuando te casás, se la debés a tu marido; cuando eres madre a tus hijos y cuando envejecés, a tus papás porque tenés que regresar a cuidarlos.
¿Cuándo es el momento en que las mujeres somos libres?, ¿por qué siempre tenemos que estar al servicio de alguien más? Es tremendamente violento si lo ves en una línea de tiempo: ¿cuándo es el momento de nosotras?
Al hacer ese análisis en una mujer rural, en una que vive en Honduras, en una mujer lesbiana o trans, en una mujer migrante o con discapacidad, el panorama es aún más tremendo.
¿Y qué pasa con el estereotipo de la centroamericana voluptuosa, alegre, colorida? ¿Existe, convive?
Uno de los grandes problemas de los estereotipos es que nos imponen una forma de actuar.
Que se diga que la mujer centroamericana es alegre, que siempre está contenta, nos pone en un pedestal en el que es difícil caminar, aún cuando sea un estereotipo positivo. Tampoco nos da libertad, porque no tenemos derecho a enojarnos o a quejarnos.
El estereotipo de que la mujer centroamericana siempre está contenta también puede ser perjudicial, opina Aguiluz. Getty Images
Durante algunos años nos han hablado de que Costa Rica es el país más feliz del mundo y eso tiene su carga. Las trabajadoras de maquilas en Honduras ganan un salario que ni siquiera paga la canasta básica, pero aún así tienen que estar alegres.
¿Tenemos las condiciones para ser verdaderamente felices? ¿o se nos encasilla para que no rechacemos lo que nos está haciendo infelices?
Dices que te sientes profundamente centroamericana, ¿cómo es esa identidad?
Una identidad que hemos construído a lo largo de las amistades, de la lucha, los afectos, las rabias que nos da la injusticia de ver los comunes denominadores de los gobiernos, no importa si son de derecha o de izquierda.
Tenemos tantas raíces en común, a la vez tantos desafíos y una élite muy mezquina, ¿verdad?
Muchas veces hemos llorado. Yo conocí a Berta Cáceres (líder y activista indígena), trabajé con ella y recuerdo cuando me llamaron el día que la asesinaron en 2016 para decirme «mataron a Berta» y vos decís, pero ¿qué es esto?
Para mí ser centroamericana es sentir en la piel el dolor, los desafíos, las luchas y también las alegrías de mis hermanas y hermanos centroamericanos. Yo los siento en mi corazón y los vivo en mi piel.
De niña te decían que eras hija natural, ¿cómo te marcó?
Muchísimo porque siempre me hizo sentir menos.
Tenía una hermana mayor y ella era la hija del matrimonio, era la importante y todos los demás hermanos y hermanas hijos de mi papá, éramos de otra categoría.
Crecí con el inconsciente de que necesitaba ser más y debía destacar para ser digna de ser hija de papá. Por supuesto, una de pequeña no racionaliza, pero cuando lo veo en retrospectiva, sin duda alguna marcó muchísimo.
¿Se cuestiona aún que las mujeres que podamos tomar decisiones respecto de nuestra vida, sexualidad, maternidad?
Hay tres claves que guían mi trabajo como defensora: la lucha por la dignidad, por la igualdad y por la libertad, que no son iguales para todas las personas.
Como feminista no puedo decirle a una mujer «usted tiene que salir a trabajar y no hacerle la comida a su marido». Es una imposición violenta.
El tema es que las mujeres sean libres para decidir. Si su libre elección es quedarse en casa y tener diez hijos, aplaudo esa elección. Si quieren ser madres es maravilloso, pero de una manera consciente, no con la carga, la culpa y la señalización de que tiene que ser de esa manera.
La muerte de Berta Cáceres en 2016 tuvo un impacto regional e hizo que surgieran muchas preguntas sobre lo que estaba pasando en Centroamérica. Getty Images
Que las mujeres decidan lo que quieren para sus vidas, démonos esa posibilidad.
¿Cómo te has liberado en tu vida personal?
Es una lucha diaria. No llega un momento en el que uno dice: me liberé de todo esto.
Quizás empecé a transformarme hace unos 20 años, pero hace unos diez me convertí al feminismo y lo digo con orgullo: soy feminista.
Creo que es la primera liberación: reconocerme como una persona que cree en ciertas cosas.
Y antes que eso, la liberación de mí misma. He sido tremendamente estructurada, con metas muy claras y roles asumidos, y me llegó el cuestionamiento interno de decir, ¿qué es lo que hace que quiera esto?, ¿por qué cuando tenía 29 años dije es hora de formar una familia o me voy a quedar solterona? Y en efecto, lo hice.
Luego llegó el momento en el que pensé, esto no es lo que yo quiero.
Así que tomé decisiones que he considerado liberadoras, como un cierto estilo de vida familiar, criar a mis hijos bajo ciertos valores, crear una relación distinta con mi mamá.
Las mujeres tenemos esta cuestión con nuestras madres, donde les ponemos un peso muy grande.
Mi mamá era servidora doméstica, no tuvo acceso a la educación y yo crecí cuestionándola. ¿Por qué permitió esto? Una de mis liberaciones ha sido honrar eso, reconocer su fortaleza y que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía.
¿Y con los hijos cuál ha sido la liberación?
Tengo mellizos, un niño y una niña, y hoy los crío equivocándome todo el tiempo y pidiéndoles disculpas, que no es cosa fácil, porque en los primeros años de sus vidas tenía que ser la mamá perfecta.
Era mi concepción, y el mensaje que les estaba dando les generó ansiedad porque en ese nivel de perfección también era tremendamente exigente.
¿Qué estoy haciendo colocándoles un ideal de mujer que no existe?, me pregunté.
Ser la mamá que se levanta a la hora perfecta, que se acuesta a la hora perfecta, que cumple las 50 tareas del día, que va al trabajo, le va bien y además es amorosa, tiene un costo personal enorme.
Entonces fue rebobinar y decir no, no, perdón, perdón, no soy la mamá perfecta. Y conversar con ellos desde la imperfección, algo tan simple como decirles, bueno, resulta que yo también tomé licor cuando era adolescente, también me enamoré de una persona, hice estupideces.
Creo que la peor trampa que nos ha jugado el patriarcado a las mujeres es este ideal de perfección que también estaba transmitiéndole a mis hijos y que no existe.
En el artículo te refieres al aborto en Centromérica, donde es ampliamente penalizado, ¿el cuerpo de las mujeres le sigue perteneciendo a otros?
Nunca ocurrió de otra manera en Centroamérica. Ningún país permite el aborto libre, solo en algunos está permitido en situaciones extremas.
Hace poco en Costa Rica tuvimos el caso de una niña de 12 años que tuvo una bebé y el presunto violador, que era su padrastro, parece que la secuestró. No solamente hay una bebé desaparecida, sino una niña de 12 años con una hija y el sistema no detectó que había un problema.
El aborto es un tema que genera divisiones y debates en Centroamérica. Getty Images
Los datos de violencia sexual son atroces. Decir que se quiere proteger la vida del feto es el discurso fácil.
Las estadísticas donde existe aborto seguro muestran que se hacen en etapas tempranas, que bajan las cifras de mortalidad materna, ocurren menos en mujeres adultas y si se acompaña de educación sexual y políticas de prevención, disminuyen.
Si el objetivo fuera reducirlos, las políticas serían de otra naturaleza, pero en Centroamérica son punitivistas, y la penalización es claramente castigadora: ¿cómo se atrevió usted a desafiar el mandato de maternidad?.
Cuando algunas personas dicen ‘es que las mujeres lo van a agarrar como deporte’, yo digo: ¿qué te hace pensar que las mujeres somos tan estúpidas, tan irresponsables?, porque si las creyéramos sujetas pensantes, tendrían la inteligencia para decidir qué es lo mejor para sus vidas.
Los grupos que se oponen al aborto se han apropiado de los conceptos de protección de la vida y de la familia, ¿cómo lo han logrado?
Es uno de los de los grandes desafíos, las narrativas que estos grupos han creado, porque quién va a estar en contra de la vida. Han tenido la habilidad de desarrollar en palabras sencillas temas muy complejos.
Recientemente aprobaron en Perú un proyecto de ley que le otorga protección al feto, derecho a la vida, a la salud, al desarrollo de la personalidad, una serie de cosas que uno dice, pero ¿qué es esto tan absurdo?, ¿en qué momento empezamos con estos retrocesos tan fuertes?
Y por lo menos en Centroamérica lo vinculo a la presencia fuerte de grupos fundamentalistas en la política y al desdibujamiento del Estado laico.
Antes podíamos tener a las Iglesias, la católica y algunas evangélicas, manifestando sus opiniones, pero ahora los tenemos en los partidos, están construyendo política pública. Y las élites políticas entendieron que tienen mercados cautivos y han generado alianzas fuertes con estos grupos, donde ellos también han pedido sus cuotas.
También hablas de la violencia que sufren las mujeres defensoras de los derechos humanos y las mujeres políticas, ¿se las ataca en su escencia más que en su labor?
Tiene que ver con con su identidad de mujer, con su cuerpo, con las palabras que usan. Los ataques son personales, se les va a cuestionar en relación a su personalidad.
Menciono el ejemplo de una diputada costarricense que es gordita, que decía que se lo pensaba antes de sacar una foto comiéndose un postre, porque si la mostraba iban a venir cientos a atacarla, a decirle que por ser gorda no tenía derecho a comerse ese postre.
Hay un impacto psicológico distinto, y es difícil desprendernos cuando están atacando lo central: nuestro cuerpo o nuestra familia.
En el caso de mujeres defensoras, la mayoría de los ataques son amenazas: ‘le vamos a hacer esto a tus hijos’ ¿Y qué hace uno cuando le dicen eso? Deja lo que sea.
Planteas que en las labores de cuidado la brecha sigue siendo inmensa y mencionas «la carga mental», ¿cómo la describirías?
Es toda la labor de gerencia y logística que hay que hacer para lograr algo. Ese tiempo que gastás en pensar y coordinar.
Algo tan sencillo como la entrada a clases de los hijos en febrero; pues desde que salen de vacaciones en diciembre, estoy pensando en qué fecha necesito pagar la matrícula, comprar los útiles, a dónde voy a conseguir los uniformes, si tienen el bulto escolar, y lo tengo que pensar dos meses antes para que estén listos, a diferencia del padre que sabe que van a entrar a clases en febrero.
Esto está completamente invisibilizado y las mujeres somos parte del problema, de cómo lo asumimos y cómo nos cuesta soltarlo también.
Si pudieras desbaratar algo del patriarcado, ¿qué sería lo primero en echar abajo?
Desbarataría la culpa que tenemos las mujeres y que llevamos en el cuerpo. La culpa de no ser perfecta. La culpa de no ser amada si no soy de tal manera. La culpa de tener hijos. La culpa de no tener hijos. La culpa de irme de mi casa. La culpa de quedarme. La culpa de trabajar fuera de casa. La culpa de quedarme en casa.
Imagínate un mundo libre de culpas para nosotras, es que sería maravilloso.
Esta entrevista fue elaborada para la versión digital de Centroamérica Cuenta, un festival literario quese celebró en República Dominicana entre el 16y el 21 de mayo.
