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Etiqueta: derechos humanos

Ha muerto Paul Rutler

Escrito en . Publicado en Cultura.

Gilberto Lopes
San José, lunes, 23 de marzo de 2026

Ha muerto Paul Rutler. Con Rutler abrimos las oficinas de France Presse en América Central a fines de los años 70: 1977, 78. Ya no cabía en la oficina de México, donde había estado. Con la guerrilla cada vez más activa en Nicaragua, con el Frente Farabundo Martí peleando en El Salvador, Centroamérica ocupaba, cada vez más, algunas primeras páginas de los periódicos de todo el mundo. Había que agrandarla, traer la oficina más cerca de los acontecimientos.

Rutler vino a hacerse cargo de eso. Yo trabajaba con él. Había que ubicar una oficina, contratar la instalación de lo necesario para recibir y enviar la información, instalar los equipos, armar el equipo de periodistas en la oficina de San José, pero también en cada capital centroamericana.

Era un trabajo enorme. En medio de esas guerras, nos hicimos periodistas.

Un 16 de julio (estamos en 1979), hay particular efervescencia en Nicaragua. Se espera la renuncia de Somoza. Convocan a sesión del congreso en un salón del hotel Intercontinental. La prensa no puede entrar.

Las agencias de noticias saben que el desafío es dar la primicia. No hay celulares, ni internet. Son las agencias la fuente de información para el mundo. Nuestro periodista en Managua se cuela por un corredor de servicio del hotel que da a la puerta de la sala donde están reunidos los diputados. No puede ver, oye mal. Pega el oído a la puerta. Nos llama desde Managua, nos dice que parece que es la carta de renuncia de Somoza lo que están viendo los diputados.

Aquí, en la oficina de San José, tenemos que tomar la decisión: ¿damos la información o esperamos confirmación más segura? Una decisión equivocada sería un desastre. Y el fin de varias carreras. El conocimiento detallado de la situación, la confianza en el equipo de profesionales y, ¿por qué no?, una cierta intuición, son la mezcla de la que sale la decisión. Nos miramos, evaluamos los datos, conversamos y decidimos: nos adelantamos, salimos con la primicia. Punto a favor de la oficina.

Meses después, abandonados los viejos teletipos con los que habíamos comenzado, con pantallas ya instaladas, estoy sentado frente a la mía, cuando suena el teléfono. Llama de El Salvador un sacerdote jesuita, viejo conocido (que no estuvo, después, en el grupo asesinado por el ejército). Está en el Seminario San José. Me dice que estaban reunidos allí los miembros del Comité Ejecutivo del Frente Democrático Revolucionario (FDR), que presidía el empresario Enrique Álvarez Córdoba. Y agrega: los están secuestrando. Me describe, por teléfono lo que está ocurriendo. Era noviembre de 1980. La comunicación es breve. Quizás menos de un minuto. O poco más. Tensa. –Vienen por aquí, tengo que cortar, me dice, mientras tomo notas apresuradas en mi pantalla.

Llamo a Rutler y le muestro lo que tengo. Me mira, sin poder creer en lo que ve. –¿Quién es la fuente? ¿Es de confianza?

–¡De toda confianza!

Tenemos que tomar una decisión: ¿qué hacemos con la información, imposible de verificar por el momento?

Recuerdo bien que en esa conversación salió una especulación sobre los efectos que podría tener divulgar de inmediato la noticia, cuando el hecho estaba aún en desarrollo y no era de conocimiento público en El Salvador. Quizás ayude a salvarles la vida, pensamos. No fue así. Al día siguiente aparecieron todos asesinados.

Pero dimos la noticia y a pocos minutos nos llamaban del gobierno de El Salvador, encabezado entonces por el demócrata cristiano Napoleón Duarte. Nos preguntaban de dónde habíamos sacado eso, si estábamos locos, que éramos unos irresponsables. Pero no era así. Nuevamente, era cierto lo que decíamos.

Así eran esos años, con Rutler y un equipo de algunos de los mejores periodistas de la región.

Eran años voraces, de vida y muerte.

Años después lo visité en Mulhouse, su ciudad natal, en la Alsacia francesa. Dirigía allí la oficina de la AFP.

Ese mundo que contamos entonces ya no existe. Pero el que existe no nació de la nada. Prueba de que hemos vivido, querido amigo.

Defensoría lideró informe sobre derechos de personas y pueblos afrodescendientes en las Américas

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Grupo de Trabajo sobre Afrodescendientes de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), liderado por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, ha desarrollado desde su conformación un proceso estructurado y progresivo para fortalecer la respuesta institucional frente a los derechos de las personas y pueblos afrodescendientes en la región. El punto de partida fue la articulación entre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de las Américas y el diseño de programas de sensibilización dirigidos a sus propias instituciones, con el objetivo de fortalecer capacidades y una agenda regional compartida.

A partir de ese trabajo, el Grupo avanzó hacia la elaboración y presentación de informes nacionales por parte de cada institución miembro, documentando la situación de los derechos de las personas afrodescendientes en sus respectivos países. Este proceso culminó con la construcción de un Informe Regional consolidado, al que contribuyeron las Defensorías de Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

Este informe analizó una serie de aspectos fundamentales como por ejemplo, el marco normativo nacional e internacional para la protección de derechos de las personas y pueblos afrodescendientes; las Políticas públicas diferenciadas y medidas de acciones afirmativas los Mecanismos de incidencia, participación y consulta a comunidades afrodescendientes; los sistemas de monitoreo y seguimiento a la implementación de políticas; las estrategias de litigio estratégico y acceso a la justicia y la coordinación interinstitucional y trabajo con organizaciones de la sociedad civil,

Según explicó Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes de Costa Rica, este informe regional representa un paso significativo en la construcción de una agenda común, basada en evidencias, buenas prácticas y desafíos compartidos. Más allá del diagnóstico, nos interpela a impulsar una acción coordinada desde nuestras instituciones, con enfoque étnico-racial, interseccional y de justicia reparatoria.

“Este trabajo se enmarca en un momento histórico de particular relevancia para los derechos de las personas y pueblos afrodescendientes. La reciente culminación del primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), y el inicio del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), ambos proclamados por la Asamblea General de la ONU, marcando una nueva etapa en los esfuerzos globales por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de dicha población”, agregó la Defensora de los Habitantes.

El Informe busca ser una herramienta útil para actores estatales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, para las personas y pueblos afrodescendientes, que han sido protagonistas en la lucha por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de sus comunidades. Al reunir y sistematizar la experiencia acumulada de siete Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, el informe ofrece insumos concretos para orientar acciones futuras, fortalecer capacidades institucionales y consolidar una agenda regional que responda a las demandas históricas de las poblaciones afrodescendientes de América Latina.

Este trabajo no hubiera sido posible sin la alianza estratégica con organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. Tanto la elaboración del Informe Regional como el Programa de Sensibilización contaron con el apoyo de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas (AMUAFROC), la Articulación Latinoamericana para el Decenio Afrodescendiente (ALDA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En materia de formación, el Programa se complementó además con un curso sobre Patrimonio Cultural Inmaterial impartido por el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL), ampliando el alcance temático del Grupo hacia la identidad y la cultura de los pueblos afrodescendientes. Finalmente, Costa Rica se prepara este año para la presentación de su informe nacional.

Puede descargar el informe en la siguiente dirección:
https://www.rindhca.org/rindhca-presenta-el-informe-regional-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-de-la-poblacion-afrodescendiente-en-america-latina/

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría insta aprobación de proyecto de pensión mínima intocable

Escrito en . Publicado en Trabajo.

• Resolución de la Sala Segunda refuerza la tesis de la Defensoría sobre la intangibilidad de un monto mínimo para garantizar una vida digna.

• Proyecto de Ley N.º 24.940 busca blindar la autonomía económica y los derechos de las personas adultas mayores.

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado vehemente a la Asamblea Legislativa para la pronta aprobación del Proyecto de Ley N.º 24.940, iniciativa que surgió para garantizar que ninguna persona vea comprometida su subsistencia básica, por deducciones desproporcionadas de su pensión.

La Defensoría considera urgente esta legislación debido a que personas adultas mayores cuyas pensiones se ven afectadas por cobros directos de créditos, reduciendo los montos hasta niveles que les impiden cumplir con pagos de servicios básicos, compra de comida o alquiler.

La iniciativa se ve respaldada a nivel jurídico con una reciente resolución N.º 2026-000550 de la Sala Segunda, la cual marca un hito en la protección de los derechos humanos al definir la existencia de un “núcleo vital de la pensión”. Según el Tribunal, este límite de intangibilidad es esencial para asegurar que el Estado y las entidades financieras respeten el derecho de toda persona pensionada o jubilada a una vida digna, incluso cuando existan compromisos crediticios previos.

Destaca de la resolución, la nota de la Magistrada Varela Araya quien señaló la relevancia del tema sobre el que versa este pronunciamiento, mismo que dio origen al proyecto de ley N.° 24940 que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa.

Dicho proyecto impulsado por la Defensoría de los Habitantes con el apoyo de la diputada Katherine Moreira, surge como respuesta a la vulnerabilidad extrema de miles de personas adultas mayores cuyas pensiones son reducidas a montos ínfimos y no cuentan con una protección de un monto mínimo que la Sala II ha denominado núcleo vital y la Defensoría llamó, pensión mínima intocable.

Con la aprobación del proyecto de Ley N° 24940, se busca garantizar a nivel legislativo, la protección a nuestra población adulta de su pensión mínima intocable, lo que supone el respeto a la capacidad de esta población de disponer de forma independiente y autónoma, de sus recursos económicos regulares, en este caso obtenidos por su derecho a la pensión o jubilación. La iniciativa propone:

• Establecer la «Pensión Mínima Intocable»: Un monto inembargable equivalente al límite de protección que hoy goza el salario, asegurando que el jubilado siempre cuente con recursos para sus necesidades básicas (salud, alimentación y vivienda).

• Respetar la autonomía financiera: Permite a las personas pensionadas gestionar créditos mediante el acuerdo de voluntades, pero bajo un marco legal que evita el sobreendeudamiento que anula la dignidad humana.

• Fomento de la «Economía Plateada»: Al brindar seguridad jurídica sobre sus ingresos, se incentiva la inclusión financiera, el emprendimiento y la participación activa de esta población en la economía nacional.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

¿Soberanía u obediencia?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Las palabras del presidente Rodrigo Chaves sobre Cuba no dejan espacio para la ambigüedad.

No solo rompió relaciones diplomáticas. Dijo que no reconoce la legitimidad del gobierno cubano, que “hay que limpiar el hemisferio de comunistas” y que “los americanos dicen enough is enough”. Con eso basta.

Porque ya no estamos ante una política exterior basada en derechos humanos. Estamos ante una toma de posición ideológica… y geopolítica.

Cuando un presidente habla en esos términos, la pregunta no es Cuba. La pregunta es Costa Rica.

¿Desde cuándo nuestra política exterior se formula en sintonía con el lenguaje de la Casa Blanca? ¿Desde cuándo “defender derechos humanos” significa repetir la lógica de confrontación de una potencia?

Porque mientras se rompe con Cuba, no se rompen relaciones con quienes bloquean, sancionan, intervienen o imponen condiciones a otros países. Entonces no es un tema de derechos. Es un tema de a quién se le aplican. Y eso tiene nombre: doble moral.

Costa Rica ha sido —al menos en su mejor tradición— un país de paz, de diálogo, de multilateralismo, de respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Hoy, en cambio, escuchamos un discurso que no dialoga: confronta. Que no media: se alinea. Que no construye puentes: los rompe. Y lo más grave es que no parece ser un hecho aislado. El propio presidente ha dicho que esta línea será continuada por la próxima administración de Laura Fernández.

Entonces la pregunta ya no es diplomática. Es política. ¿Vamos a seguir siendo un país que decide desde sus principios o uno que ajusta su voz al poder de turno? Porque cuando la política exterior pierde su voz propia, la soberanía no se pierde de golpe. Se cede… frase por frase.

Convocan manifestación pacífica “Sí a la paz” en San José

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

La Red de Solidaridad con Palestina convoca a la ciudadanía a participar en una manifestación pacífica bajo el lema “Sí a la paz”, con el propósito de expresar rechazo a la guerra y a la instalación de bases militares.

La actividad está abierta a todo público y se realizará este sábado 14 de marzo a las 5:00 p.m., con punto de encuentro en la Cancillería, Casa Amarilla, en San José.

Según la convocatoria, la manifestación forma parte de una iniciativa ciudadana que busca promover la paz y manifestar oposición a la guerra. La actividad iniciará a las 6:00 p.m. con una caminata, que partirá desde Casa Amarilla y concluirá en la tarima del TEC en San José, en el marco de las actividades de Amón Cultural.

La convocatoria también plantea la consigna “No al TLC con Israel”, en referencia al debate sobre ese tratado de libre comercio que impulsa el gobierno.

Las personas organizadoras indican que la actividad tiene carácter pacífico y abierto a la participación de toda la ciudadanía.

Informe internacional concluye que política de seguridad en El Salvador reúne elementos de crímenes de lesa humanidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

Un amplio informe titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES), concluye que las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad implementada en ese país reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser consideradas crímenes de lesa humanidad.

El estudio examina el impacto del régimen de excepción y otras medidas adoptadas en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño en los últimos años, y sostiene que diversas prácticas documentadas —incluidas detenciones arbitrarias masivas, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y persecución política— forman parte de una política estatal que cumple los criterios establecidos por el derecho internacional para esta categoría de crímenes.

El informe plantea que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una política sostenida que se desarrolló en un contexto de debilitamiento institucional y concentración del poder político.

Qué es GIPES y quiénes elaboran el informe

El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES) está integrado por especialistas internacionales en derecho internacional, derechos humanos, justicia penal internacional y análisis político.

El grupo desarrolla investigaciones independientes con el objetivo de analizar la compatibilidad de las políticas estatales con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho penal internacional, así como aportar elementos para la rendición de cuentas frente a violaciones graves.

El informe publicado en 2026 constituye uno de los análisis más amplios realizados hasta ahora sobre las consecuencias institucionales, jurídicas y humanitarias de la política de seguridad aplicada en El Salvador durante los últimos años.

Un análisis del debilitamiento del Estado de derecho

El documento señala que las violaciones masivas a los derechos humanos no surgen de manera espontánea, sino que requieren de un contexto institucional que las permita.

Según el informe, en El Salvador se habría configurado un entorno caracterizado por:

  • debilitamiento de los contrapesos institucionales,

  • concentración del poder político,

  • debilitamiento de los controles judiciales y legislativos,

  • uso prolongado de medidas excepcionales.

En ese contexto, el régimen de excepción instaurado desde marzo de 2022 se habría convertido en el instrumento central de la política de seguridad, con la suspensión prolongada de diversas garantías constitucionales.

El informe sostiene que este marco institucional permitió consolidar una estrategia de seguridad basada en detenciones masivas y amplias facultades policiales y militares.

Principales temas analizados en el informe

De acuerdo con su estructura y tabla de contenidos, el informe examina múltiples dimensiones del modelo de seguridad aplicado en El Salvador.

Entre los principales temas analizados destacan:

Destrucción de contrapesos institucionales

Uno de los primeros apartados analiza cómo la concentración del poder político y el debilitamiento de instituciones clave facilitaron la implementación de medidas extraordinarias sin controles efectivos.

Régimen de excepción y detenciones masivas

El informe examina la política de detenciones masivas desarrollada en el marco del régimen de excepción, así como los efectos sobre derechos fundamentales como:

  • la libertad personal,

  • el debido proceso,

  • la presunción de inocencia.

El documento también señala problemas estructurales para garantizar procesos judiciales dentro de plazos razonables para las personas detenidas.

Tortura, muertes bajo custodia y desapariciones

El informe analiza denuncias relacionadas con:

  • tortura en centros de detención,

  • muertes de personas bajo custodia estatal,

  • desapariciones forzadas,

  • posibles fosas clandestinas dentro de centros penitenciarios.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas de estas situaciones no han sido investigadas adecuadamente por las autoridades.

Restricciones a la prensa y persecución política

El documento también examina el impacto del régimen de excepción sobre el ejercicio de la libertad de prensa y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

Según el informe, el contexto de persecución y hostigamiento ha llevado incluso al exilio de periodistas y ha generado restricciones al acceso a la información pública, lo que afecta el derecho ciudadano a conocer la actuación de las autoridades.

Crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional

Uno de los ejes centrales del informe es el análisis jurídico sobre la naturaleza de las violaciones documentadas.

El GIPES concluye que los hechos analizados reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad, en tanto formarían parte de una política estatal sistemática dirigida contra la población civil.

Según el informe, esta conclusión implica no solo responsabilidad internacional del Estado, sino también posible responsabilidad penal individual de quienes diseñaron, ejecutaron o toleraron dichas políticas.

Recomendaciones del informe

El informe concluye con un amplio conjunto de recomendaciones dirigidas tanto al Estado salvadoreño como a la comunidad internacional.

Recomendaciones al Estado salvadoreño

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • restablecer plenamente el Estado de derecho, incluyendo la independencia del poder judicial;

  • garantizar el acceso inmediato a información sobre personas detenidas y su situación jurídica;

  • investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones y muertes bajo custodia;

  • establecer un programa nacional de reparación integral para las víctimas, que incluya indemnización, atención médica y garantías de no repetición.

Recomendaciones a la comunidad internacional

El informe también plantea acciones dirigidas a organismos internacionales y Estados democráticos.

Entre ellas destacan:

  • apoyar investigaciones independientes sobre violaciones graves de derechos humanos;

  • aplicar mecanismos de jurisdicción universal cuando existan elementos para investigar a los responsables;

  • aplicar sanciones a individuos o instituciones implicadas en violaciones graves de derechos humanos.

Asimismo, el documento plantea que los Estados parte del Estatuto de Roma consideren la posibilidad de remitir la situación de El Salvador a la Corte Penal Internacional, para que se investiguen los hechos documentados en el informe.

También recomienda brindar protección internacional a víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos que enfrenten riesgos por su trabajo de denuncia.

Una advertencia sobre el rumbo institucional

El informe concluye señalando que ningún modelo de seguridad puede considerarse exitoso si se basa en la violación sistemática de derechos humanos.

En ese sentido, plantea que El Salvador se encuentra ante una encrucijada histórica, en la que debe decidir entre profundizar un modelo de seguridad basado en la excepcionalidad permanente o reconstruir una política de seguridad ciudadana plenamente alineada con el respeto al Estado de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Le invitamos a descargar el informe desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/GIPES-El-Salvador-en-la-encrucijada-crimenes-de-lesa-humanidad-bajo-la-politica-de-seguridad-publica-Informe-2026.pdf

Solicitan a la Defensoría analizar resolución constitucional y promover acciones para proteger derechos de población afrodescendiente de Limón

Escrito en . Publicado en Comunidad.

El ciudadano limonense Marco Levy Virgo presentó ante la Defensoría de los Habitantes una solicitud formal para que esa institución analice los alcances de la Resolución N.º 2025042454 de la Sala Constitucional y valore la promoción de acciones jurídicas destinadas a proteger los derechos de la población afrodescendiente de Limón, reconocida en Costa Rica como pueblo tribal.

La gestión se realizó mediante el oficio MLV-0084-2026, dirigido a la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el cual se solicita la intervención de esa entidad para examinar el impacto jurídico de la resolución constitucional y para considerar eventuales acciones ante instancias internacionales de derechos humanos.

Solicitud de análisis y posibles acciones internacionales

En el documento, Levy Virgo plantea que la Defensoría evalúe la resolución de la Sala Constitucional desde la perspectiva de los derechos colectivos de la población afrodescendiente de Limón.

Asimismo, solicita que la institución valore la posibilidad de impulsar gestiones ante instancias internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el respeto de los estándares internacionales aplicables a pueblos tribales y comunidades culturalmente diferenciadas.

Según el planteamiento presentado, este análisis permitiría determinar si las decisiones institucionales adoptadas en el país han considerado adecuadamente los principios de consulta previa, participación y protección de derechos colectivos.

Mediación ante la Asamblea Legislativa

Además de la evaluación jurídica, la solicitud plantea que la Defensoría pueda ejercer un papel de mediación ante la Asamblea Legislativa, particularmente en relación con el proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.º 6043).

El planteamiento sostiene que la discusión de esta reforma debería considerar la consulta previa a las comunidades afrodescendientes del Caribe, en concordancia con los estándares internacionales que protegen a los pueblos tribales.

Antecedentes de gestiones institucionales

La solicitud presentada ante la Defensoría forma parte de una serie de gestiones realizadas en años recientes por el mismo autor ante distintas instituciones públicas.

Entre estos antecedentes se encuentra el oficio PEL-1878-2025, mediante el cual se realizaron consultas sobre decisiones estatales relacionadas con proyectos estratégicos en la región Caribe.

Posteriormente, mediante el oficio MLV-00129-2025, se plantearon nuevas interrogantes institucionales relacionadas con el reconocimiento de la población afrodescendiente de Limón como pueblo tribal y la eventual aplicación de mecanismos de consulta.

En respuesta a esas consultas, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) emitió el oficio CNC-ST-OF-0576-2025, en el cual se abordan aspectos jurídicos relacionados con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y la aplicación de normativa internacional en materia de pueblos tribales.

Estas comunicaciones forman parte del contexto institucional en el que se desarrolla el actual planteamiento ante la Defensoría.

Debate sobre derechos colectivos en el Caribe costarricense

La solicitud también se relaciona con una discusión más amplia sobre los derechos de la población afrodescendiente del Caribe costarricense, particularmente en relación con el reconocimiento de su identidad cultural, histórica y territorial.

En los últimos años, diversos sectores han señalado la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan garantizar la participación de estas comunidades en decisiones públicas que puedan afectar sus territorios, su desarrollo o sus condiciones de vida.

Desde esta perspectiva, la gestión presentada ante la Defensoría busca promover un análisis institucional que contribuya a clarificar el alcance de las resoluciones judiciales y de las decisiones administrativas relacionadas con estos derechos.

¿Por qué apoyar a Israel contra Irán?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Irán posee un régimen político que es deplorable, repugnante. Es una república islámica, sea un estado confesional, dirigido por una teocracia basada en el libro sagrado del Corán y aunque celebra elecciones periódicas, la casta suprema de ayatolás orientan las decisiones fundamentales del régimen. Es un Estado teocrático que persigue a los homosexuales y mantiene a las mujeres en un sistema de semi-esclavitud patriarcal. Pretende, además, tener una bomba atómica para amenazar a los estados vecinos y en primer lugar a Israel. Su sistema restringe fuertemente las libertades, el disenso y rige una fuerte presencia de los aparatos coercitivos como la Guardia Republicana.

Es en esencia un régimen político que no gusta a los costarricenses y con el cual no simpatizamos.

Israel el otro contendiente en el conflicto debería ser muy diferente a Irán para contar con nuestro apoyo.

Veamos entonces como son los del otro lado.

Israel es un estado judío, lo cual puede interpretarse como que el estado es confesional, porque, aunque no formalmente, si privilegia y apoya la religión del judaísmo. Al ser un estado judío se puede interpretar que será solo para los judíos lo cual produce discriminación contra otros grupos (apartheid) y si se interpreta que es solo para los que practican el judaísmo lo convierte en un estado confesional. Aunque no existe un consejo supremo de ayatolas, en Israel el rabinato orienta todo lo referente a la familia y la ciudadanía. El primer ministro es electo en un sistema discriminatorio contra otros grupos sociales, especialmente contra los palestinos. El poder ejecutivo impulsa reformas para debilitar a los tribunales de justicia, en especial debilitar los poderes de revisión y supervisión del Tribunal Superior tratando de disminuir el papel del Poder Judicial. En Israel también hay restricciones severas a la libertad de expresión, a las movilizaciones de la sociedad civil, se cierran medios de prensa debido a razones de seguridad del Estado. Los críticos más radicales del régimen tienen que abandonar el país. El ejército y las agencias de seguridad y espionaje son instituciones con un poder exorbitante en a la vida nacional. El primer ministro que ejerce está sostenido por los partidos políticos religiosos más extremistas partidarios del exterminio de pueblos enteros. El genocidio contra el pueblo palestino es cotidiano y el fundamento ideológico principal del régimen es el Antiguo Testamento y la Torá. Israel posee la bomba atómica sin generar preocupación alguna del mundo.

Como se aprecia, ambos regímenes políticos en esencia, en el fondo, son semejantes: confesionales, autoritarios, violadores de los derechos humanos.

Sin embargo, una de las partes se une a la mayor potencia militar, que es expansionista, cuyo interés es apoderarse de las riquezas naturales del mundo e imponer sus posiciones a todos los países, incluso por la guerra.

¿Apoyamos a Israel o Irán con este tipo de regímenes políticos?

En estos instantes se trata de apoyar la paz, la resolución pacífica de las controversias y el respeto al derecho internacional y la soberanía de los países.

Parece ser la única salida para esta humanidad.

No se trata de buenos contra malos ni del mal contra el bien.

Ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán del 28 de febrero del 2026: reacciones oficiales en América Latina

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El ataque planificado por Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado este 28 de febrero del 2026, constituye un nuevo episodio que viene a  desestabilizar a la ya convulsa región de Oriente Medio y al mundo en general, con consecuencias imprevisibles. 

Con, a modo de respuesta, una amenaza hecha en su momento que Irán ha materializado desde el mismo 28 de febrero: se trata de una respuesta militar de su parte con un alcance regional, y que abarca no solamente a Israel sino a todos los Estados de la región en los cuales se encuentra una base militar norteamericana (Arabia Saudita, Bahrein, Catar, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Kuwait, Jordania y Omán). 

Las embajadas de Estados Unidos en la región, sus naves, sus empresas, sus turistas o simples nacionaes de igual manera pueden verse convertidos en blancos militares a partir del 28 de febrero y resulta bastante aventurado pretender estar en capacidad de proteger puntos tan dispersos, de posibles ataques por parte de Irán. Ello sin contar con actos violentos que se puedan dar contra legaciones diplomáticas de Israel y de Estados Unidos y contra sus empresas o grupos de turistas en muchas otras partes del mundo.

El observar si las capacidades militares persas logran penetrar en el suelo de Israel y en diversos otros puntos permitirá determinar si los decisores en Estados Unidos e Israel ponderaron y balancearon de manera correcta (o incorrecta …) los  enormes riesgos que conllevaba su accionar contra Irán. De igual manera, la amenaza de bloquear el flujo de carga naviera que pasa  frente a las costas de Irán es otra amenaza hecha en su momento por Irán, en caso de iniciar Estados Unidos hostilidades en su contra.

Ya en junio del 2025, tuvimos la oportunidad de analizar desde la perspectiva jurídica, la total ilegalidad de los bombardeos realizados por Israel y Estados Unidos en Irán, durante 12 días. Dicho sea de paso, en aquel episodio, misiles y drones enviados por Irán lograron burlar los sistemas de defensa de Israel pese a las «seguridades» dadas por algunos altos jefes militares en Israel (véase al respecto nuestra nota titulada «Irán  / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público», del 28 de junio del 2025). Y es que, como bien se sabe, en las confrontaciones modernas el recurso a drones (incluso comerciales de muy bajo costo) permite ahora a los ejércitos de un Estado ya sea:

– burlar de manera relativamente sencilla los sistemas de defensa de otro Estado (pensados para interceptar misiles, y no drones), ya sea;

– saturar el espacio con drones y misiles de poca carga y desgastar los sistemas de defensa antimisiles, para luego, enviar misiles con cargas mucho mayores en determinados puntos considerados estratégicos.

Estados Unidos e Israel: una necesidad urgente de desplazar la atención

No esta de más indicar que esta operación militar conjunta de Estados Unidos y de Israel permite a ambos Estados desviar la atención mediática  internacional y la de la comunidad internacional en su conjunto..

En el caso norteamericano, tanto el escándalo por los denominados «Epstein files» como la verdadera humillación sufrida el pasado 20 de febrero por el actual ocupante de la Casa Blanca ante el mundo y ante su propia opinión (al declarar la Corte Suprema totalmente ilegales los aranceles decididos de manera arbitraria al iniciar su gestión), han pasado a un segundo plano desde el 28 de febrero, lo cual resulta sumamente útil de cara a la contienda electoral del los «midterms» en Estados Unidos. No obstante, desde el punto de vista electoral, el apoyo popular (incluso dentro de su propio partido) a esta nueva aventura militar de Estados Unidos en Oriente Medio no pareceria darse para el actual ocurrente ocupante de la Casa Blanca, luego de cuatro dias de intensa confrontación con Irán, y con las primeras personas muertas y heridas (tanto en Israel como en las filas del ejército norteamericano). Esta nueva y costosa aventura militar, cuyos objetivos son incertos, es contraria a una promesa hecha y reiterada como candidato presidencial a sus correligionarios del actual ocupante de la Casa Blanca.

En el caso de Israel, esta operación militar conjunta con  Estados Unidos  permite a Israel desviar toda la atención del mundo:

– del drama indecible al que somete a la población civil palestina y al genocidio en curso en Gaza, tal y como confirmado por investigadores del Consejo de derechos Humanos de Naciones Unidas en el informe A/HRC/60/CRP.3 de septiembre del 2025  (Nota 1), así como;

– de la colonización a marcha forzada muy intensa que lleva a cabo en otro territorio palestino ocupado, Cisjordania, la cual fue objeto de un reciente comunicado de varios Estados condenándola de manera vehemente (véase comunicado del 23 de febrero colgado por la diplomacia de España). 

El hecho de posponer nuevamente una investigación independiente en Israel sobre las responsabilidades del actual pimer ministro y sus jefes militares al permitir el ataque del Hamás del 7 de octubre del 2023, teniendo información de sus servicios de inteligencia sobre los planes del Hamás que fue archivada, es otro aspecto muy positivo para el actual primer ministro israelí.

Es de notar que este 4 de marzo, el denominado Grupo de La Haya, liderado por Colombia y Sudáfrica convocó a una reunión urgente con 35 Estados que han dicho presente, para considerar nuevas acciones de cara al genocidio en curso en Gaza (véase nota de prensa).

Algunas reacciones oficiales registradas en el continente latinoamericano

Las reacciones oficiales no se han hecho esperar por parte de Estados que condenan este ataque de Estados Unidos y de Israel y la respuesta de Irán iniciada el mismo 28 de febrero del 2026. 

En Europa, se puede citar el comunicado oficial de Noruega, y en Oriente Medio, el comunicado oficial de Turquia, de Senegal (véase comunicado oficial) en cuanto al continente africano, o bien el comunicado oficial de Singapur o el comunicado oficial emitido por el vocero de la diplomacia de China, entre muchos otros textos de Estados que condenan oficialmente mediante su aparato diplomático, el uso de la fuerza entre Estados, en violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas de 1945.

En América Latina, entre muchos, podemos referir a nuestros estimables lectores a la reacción oficial de  Brasil (véase comunicado), o bien la de Chile (véase comunicado oficial) que claramente expresa que:

«El Gobierno de Chile expresa su preocupación por la grave escalada militar en el Medio Oriente y condena los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo. Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional«.

En igual sentido se pronunció Colombia (véase comunicado oficial), México (véase comunicado oficial) o bien Uruguay (véase comunicado oficial), comunicado en el que se indica que:

«El gobierno de Uruguay expresa su extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos«.

El comunicado oficial de Costa Rica

En el caso de Costa Rica, es interesante indicar que, a diferencia de Brasil, de Chile, de Colombia, de Uruguay y de muchos otros Estados del planeta, se omite mencionar a Estados Unidos y a Israel en el comunicado oficial, publicado pasadas las 16:00 horas del 28 de febrero, que se lee de la siguiente manera (texto integral):

Costa Rica urge desescalada y diálogo en Medio Oriente

San José, 28 de febrero de 2026. El Gobierno de Costa Rica expresa su grave preocupación por la escalada de tensiones y las operaciones militares en el Medio Oriente. 

Costa Rica condena enérgicamente los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.

Costa Rica reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de las Naciones Unidas y urge a la desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas para proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países de la región.

Comunicación Institucional

049-2026 CR ataque Medio Oriente 

Sábado 28 de febrero de 2026» 

Se puede considerar el texto bastante omiso al «urgir» por una desescalada en su título …sin mencionar la escalada inicial que constituye el ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel. De igual manera, el tercer y último párrafo texto de este comunicado oficial pareciera dar a entender de manera bastante evidente, que el «respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de Naciones Unidas» no aplican cuando se trata de Estados Unidos y de Israel. 

Un reciente análisis publicado en el sitio especializado de EJIL Talk precisa la ilegalidad total que constituye (sin discusión alguna) el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel perpetrado contra Irán el pasado 28 de febrero, a la luz de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. 

Es de notar que ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el delegado de Estados Unidos no encontró nada mejor que sostener que Estados Unidos actuó el 28 de febrero en … legítima defensa, invocando el Artículo 51 de la Carta de Naciones (véase texto de intervención). Al respecto, merece lectura la intervención del delegado de China durante la misma sesión urgente del Consejo de Seguridad, celebrada el mismo 28 de febrero por la noche en Nueva York (véase texto intregral).

La diplomacia de Argentina en resguardo de Israel (nuevamente) y la de Paraguay (nuevamente)

Finalmente, en el caso del comunicado oficial de Argentina, se apoya la acción conjunta de Estados Unidos e Israel y se condena a Irán (véase comunicado oficial): lo cual en nada debe sorprender dada la alineación de la diplomacia de Argentina a las posiciones de Israel y de Estados Unidos desde varios años, y facilmente comprobable revisando los votos de Argentina en Naciones Unidas a partir de diciembre del 2023. 

De igual manera, se pueden verificar las votaciones en las que Paraguay alinea sistemáticamente su voto con el de Israel en Naciones Unidas, por lo que el texto de su comunicado oficial tampoco debe mayormente sorprender (véase texto completo).

Ya habíamos tenido la opoprtunidad, al momento de analizar el otro ilegal bombardeo por parte de Israel de la capital de Catar, Doha, el 9 de septiembre del 2025 y el silencio de Argentina y de Paraguay, de indicar que:

«En  lo que respecta a Argentina y a Paraguay, su silencio con relación a lo ocurrido este 9 de septiembre del 2025 en Doha, confirma  – una nueva vez – su calidad de «fichas útiles» de Israel en América Latina y ello desde varios años: una posición oficial que se ha visto reflejada en varias votaciones en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Gaza e Israel» (Nota 2). 

Es de notar que el sitio oficial de la diplomacia de Bolivia se ha mantenido mudo sobre lo ocurrido el 28 de febrero del 2026.

A modo conclusivo

Más allá del triste espectáculo que brindan las diplomacias argentina y paraguaya cuando se trata de evitar condenar a Israel cuando viola de manera grosera y flagrante el derecho internacional, lo cierto es que este ataque de Estados Unidos e Israel inicia un período incierto en el que al parecer, algunos decisores en Estados Unidos e Israel evaluaron de manera poco correcta la capacidad de respuesta militar de Irán. Y ello pese a las advertencias que los mismos Estados de la zona le hicieron ver a Estados Unidos semanas antes del 28 de febrero del 2026. En esta nota de prensa publicada en India el 3 de marzo del 2026, se hace ver la profunda frustración de varios Estados árabes con Estados Unidos, al exponerlos de manera irresponsable a los misiles de Irán, lo cual puede poner en tela de duda los acuerdos suscritos con el actual ocupante de la Casa Blanca durante su gira en Oriente Medio en el 2025..

Por otra parte, este editorial del New York Times advierte del lo riesgoso y costoso que puede significarle a Estados Unidos esta nueva aventura militar improvisada por el actual ocupante de la Casa Blanca.

Ya en el caso reciente de Groenlandia, se pudo observar un espectáculo raramente visto con pretensiones totalmente desapegadas de la realidad y del derecho internacional del ocurrente y algo errático ocupante de la Casa Blanca (Nota 3).

Estos mismos decisores en Washingthon y en Tel-Aviv además, obviaron al parecer las lecciones aprendidas en Irak (2003), Afganistán (2002), o Libia (2011): las intervenciones militares externas logran a veces decapitar a un régimen y derrocarlo, pero lejos de estabilizar la situación en un Estado, provocan un caos y una radicalización extrema de ciertos sectores políticos que hacen imposible un consenso nacional dentro de los Estados víctimas de este tipo de intervenciones. 

Cabe recordar que en el caso de la agesión militar sufrida por Irak en el 2003, y el caos total que siguió, Estados Unidos había invocado una legítima defensa denominada «preventiva«: un concepto legal inexistente en la Carta de Naciones Unidas. 

Desde el punto de vista de los derechos humanos, el comunicado oficial del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona (véase texto completo), alerta sobre el siguiente punto:

 «I have already warned that failing to do so risks an even wider conflict, that will inevitably lead to further senseless civilian deaths and destruction on a potentially unimaginable scale, not just in Iran but across the Middle East region«.

Notas

Nota 1:En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026), sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:

«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.

Este informe puede ser completado con el anterior informe  de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que: 

«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: análisis del ataque de Israel a Qatar del 9 de septiembre, desde la perspectiva jurídica«, 14 de septiembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace. 

Nota 3: En el caso de Groenlandia, las recientes amenazas proferidas por el actual ocupante de la Casa Blanca para adquirir este territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de Dinamarca «por las buenas o por las malas» demonstró su profundo desconocimiento de su parte de las reglas internacionales en la materia vigentes desde 1945. Por cierto, el pasado 22 de febrero del 2026, Groenlandia y Dinamarca, algo desconfiadas y precavidas, rechazaron la oferta de enviar un barco hospital a Groenlandia ofrecido por Estados Unidos (véase nota de The Guardian). Tuvimos la oportunidad de indicar en un breve análisis desde la perspectiva legal sobre este repentino apetito norteamericano por adquirir Groenlandia observado en estos primeros meses del 2026 (véase nota nuestra titulada «Groenlandia y Estados Unidos: aspectos desde la perspectiva jurídica internacional muy, pero muy, basicos …» ) que:

«no hay manera de sostener en este inicio del 2026  que Groenlandia está en venta o que puede ser adquirida. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades«.

De Venezuela a Davos. La línea roja del presidente Trump que altera las relaciones internacionales

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

¿Era previsible el ataque de Trump a Venezuela para sustraer al presidente Nicolás Maduro? La movilización militar que hizo Trump al Caribe sur, al frente de Venezuela, suponía una acción militar altamente planificada de mayor envergadura. Varios meses de planificación detallada al frente de las costas venezolanas para precisar lo que finalmente hicieron, una acción precisa para “extraer”, para “secuestrar”, para “sacar” a la fuerza al presidente Maduro.

Era una acción sumamente costosa para los Estados Unidos. No era un simple ensayo o práctica de los cuerpos militares que se organizaron para esa operación. Aparte de los medios de guerra movilizados supuso casi 15.000 efectivos también llevados y preparados para haber actuado en un posible desembarco, si les hubiera sido necesario, por empantanamiento de la acción de la “sustracción” del presidente Maduro.

Su salida no ha significado “descabezar” el Poder Ejecutivo de Venezuela. Ha quedado intacto debido a la estructura institucional y constitucional de su sustitución como presidente. De los miembros del Poder Ejecutivo ninguno hasta ahora ha cambiado. Tan solo la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que en su condición, ha sustituido al presidente, como presidenta encargada, cargo que puede ejercer mientras Maduro del todo quede incapacitado de ejercer la presidencia. En este sentido a Maduro en Venezuela se le sigue considerando el presidente y a Delcy como la presidente Encargada, con todas las funciones de presidir el Poder Ejecutivo.

Un alto militar estadounidense lo había declarado ante una pregunta que le hicieron, sobre si los venezolanos se darían cuenta de cuando iniciaban sus acciones militares. De manera simple lo dijo: se darán cuenta cuando en ese momento no puedan comunicarse, porque interrumpirían todo tipo de comunicaciones en el territorio venezolano.

¿Era creíble ese ataque? Parecía dudoso. Parecía más una acción de amedrantamiento, orientada a provocar una “renuncia” del presidente Maduro. Parecía una operación de presión y amenaza para provocar el cambio en la dirección del Poder Ejecutivo venezolano, lo que no se produjo, y no se iba a producir.

¿Nocturna o diurna esa acción militar? Obviamente nocturna. Ventaja total para los atacantes, no solo por la tecnología usada, por los medios de guerra empleados, por las ventajas que da la nocturnabilidad en el ataque, sobre la base de que los atacados están en ese momento más a la “defensiva”, en cierta forma “desarmados” por estar descansando o durmiendo, por la sorpresa que puede producir el ataque nocturno difícil de localizar, si se han inutilizado redes eléctricas, radares y medios de detección de aeronaves, especialmente, sean helicópteros y aviones de apoyo.

Ventaja también para los atacantes en cuanto en las acciones de guerra. La iniciativa la tiene la aviación, en todas sus formas, por la capacidad de destruir infraestructura, de provocar incendios y demolición de edificios, que obliga a distraer fuerzas locales en atender esas emergencias. A esta capacidad se sumaba la del alcance en disparo que tenían los buques de guerra que tenían al frente de Venezuela, en posibilidad de apoyar una acción terrestre que no fue necesaria realizar.

¿Esperaba Trump algún apoyo local efectivo y público a su acción militar en Venezuela? Probablemente esperaban algo de apoyo, al menos en la “captura”, “secuestro”, “rapto”, “sustracción” que hicieron de Maduro. La realidad inmediata no tuvo ningún apoyo. Nadie en Venezuela, por más que no quisieran a Maduro, iba a movilizarse a favor de esa acción militar estadounidense.

La oposición política a Maduro, hasta ese momento, era en el escenario político y electoral. Con bajos y altos. Los altos para la oposición cuando ganaron algunos procesos electorales fundamentales, como fue la elección de la Asamblea Nacional, en manos mayoritaria de la oposición, sin que eso significara nada desde el punto de vista del poder real, efectivo. Los otros poderes del Estado y la totalidad de las instituciones estatales seguían en manos de Maduro y el madurismo. Más lograron cuando en paralelo convocaron a la Asamblea Constituyente que en la práctica se convirtió en una Asamblea Nacional Bis, debilitando la original, que fue de nuevo retomada por el Madurismo.

No ha habido durante todo el período de la V República, desde 1999 hasta hoy un solo evento de resistencia militar a los gobiernos de Hugo Chavez, desde 1999 hasta el 2013, ni al de Maduro desde el 2013 hasta el 2025.

Durante el período del presidente Chavez era fuerte la vida política y electoral, sostenida especialmente por las reformas y grandes proyectos sociales importantes que él impulsó, y por las condiciones del presidente Chavez que lo destacaba como el líder y político más importante de toda Venezuela, sobre la oposición política y sobre sus propios seguidores. En mi opinión, en ese período, no había un líder político como él.

Durante el período del presidente Maduro se debilitó su presencia como líder nacional. Las últimas dos elecciones principalmente mostraron esta debilidad, que implicó que se cuestionaran esos procesos electorales en su favor, provocando el desconocimiento de su investidura por gran cantidad de países, al mismo tiempo que otra igual cantidad de países le reconocieran como presidente.

En la realidad política nacional e internacional Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela, para todos los efectos internacionales, como el venezolano. Lo sucedido el 3 de enero no le ha quitado ese reconocimiento de su investidura. Al contrario, se lo ha fortalecido. Lo que se produjo el 3 de enero fue un acto personalizado del presidente Trump contra el presidente Maduro, aprovechando la fuerza militar que el presidente estadounidense, en su fuero ejecutivo puede usar. No pudo declarar la guerra a Venezuela porque requería el apoyo legislativo de los diputados y congresistas que no se lo daban.

Trump, para detener a Maduro, y actuar en el plano internacional, con el matonismo con que lo está haciendo, acudió a una reformulación inicial de su política de seguridad nacional, estableciendo la lucha contra el narcotráfico como una lucha de carácter antiterrorista y, como lucha antiterrorista la puso en la mira de las acciones que se pueden realizar, bajo esta óptica, con el Ejército de los Estados Unidos. De esta manera, justificó su accionar en la movilización para ir a capturar, sin que hubiera una orden internacional puesta en INTERPOL, para capturar a Nicolás Maduro como líder del narco, del narco tráfico, o de una organización narcoterrorista, que la crearon bajo el nombre de Cartel de los Soles, organización que ha servido para involucrar a otros dirigentes políticos venezolanos, como Diosdado Cabello, que sigue siendo el dirigente político y militar más destacado en este momento en la Venezuela post maduro. Sobre Maduro y sobre Cabello el presidente Trump había puesto recompensas de 50 y 25 millones de dólares.

Aún con esa calificación estadounidense que hacía Trump de Maduro no le autorizaba internacionalmente para actuar como lo hizo. Por la legislación internacional los presidentes gozan de inmunidad en este sentido.

Cuando ha habido necesidad de extraditar narcotraficantes a Estados Unidos se ha hecho con base a tratados de extradición de Estados Unidos con esos países. Tratados que Estados Unidos aplica solo en su favor. Cuando Costa Rica trató de extraditar un agente de la CIA, John Hull, que había vivido en Costa Rica, y había cometido actos sujetos de ser juzgado en Costa Rica, John Hull huyó del país a los Estados Unidos y ningún proceso de extradición se pudo aplicar y ejecutar, por el amparo que recibió Hull en Estados Unidos, y por la debilidad, también, de los gobiernos de Costa Rica, que no mantuvieron la presión de la extradición. Por otra parte, Estados Unidos no se sujeta a organismos judiciales internacionales, ni ha aprobado Convenios y Tratados de Derechos Humanos.

El pretexto inicial de Maduro como la principal figura de la organización narcoterrorista, como la califica Estados Unidos, del Cartel de los Soles, se calló cuando en el Tribunal donde fue presentado Maduro, para sus trámites acusatorios y defensivos, se eliminó ese pretexto. Ahora invoca otros pretextos, que tampoco le corresponde aplicarlos en defensa de los venezolanos, como son el origen del nacimiento de Madura, si fue en Colombia o en Venezuela, y la demostración palmaria de las actas del proceso electoral último que no ha presentado oficialmente, justificando su triunfo electoral, mientras la oposición política ha exhibido copias de ellas demostrando su triunfo.

Ha quedado claro que lo que le interesa a Trump en Venezuela son los pozos petroleros, la diversa riqueza natural que tiene Venezuela. De manera más precisamente le interesa el control de las relaciones internacionales de Venezuela, especialmente las que tiene con Cuba, Rusia, la República Popular China e Irán, y en estas relaciones lo que corresponde a las exportaciones venezolanas de petróleo. En esto Trump ha sido claro.

Según él, ha recuperado el petróleo que se le ha robado a Estados Unidos. ¿Pero, dónde están los pozos petroleros para habérselos robado: en Venezuela o en Estados Unidos? En Venezuela, claro está. Y claro es que también las riquezas naturales de los países les pertenecen a esos países. Obvia Trump que desde la presidencia de Carlos Andrés Pérez se había producido la nacionalización del petróleo sujetando así a las empresas extranjeras a esa nacionalización, en su producción y comercialización. Por eso también Trump se interesa en Groenlandia.

En esta dimensión inserta los recursos minerales, de Groenlandia, de Ucrania y Venezuela, como parte de su concepto de seguridad nacional, así como el control de las rutas comerciales que le puede significar el control del Canal de Panamá, y el control del norte de Groenlandia por el movimiento internacional que tiene hoy, resultado del deshielo, como ruta comercial del Artico, que para Trump favorece a China y a Rusia. Son las líneas rojas estratégicas de su gobierno, control de rutas y de recursos naturales.

Tampoco Trump descuida México y Canadá. Insiste en territorios y riquezas de estos países.

En el caso de América Latina también queda claro que el continente en su conjunto es parte de esta visión geopolítica y de control estratégico de Trump. Ya no hay Política de Buena Vecindad. Hay política de agresividad y de intervencionismo donde sea necesario, y de establecimientos de Protectorados donde pueda hacerlo.

Trump no tiene problema de reconocer que su actuación corresponde a una nueva redefinición de la Doctrina Monroe, la cual está acompañada de las Políticas del Destino Manifiesto, del Gran Garrote, de la Diplomacia de las Cañonera, de la Doctrina Truman de la post guerra mundial, de la de los golpes de estado y establecimiento de dictaduras y tiranías en Latinoamérica.

Y si se trata de Derechos Humanos tampoco se puede confiar en Estados Unidos. No ha firmado las siguientes Convenciones: la de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; para reprimir la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena; el de la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales; el del derecho del mar; la de la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencias de minas antipersonal y sobre su destrucción, (a ésta se opone).

Además, la convención contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios; el de la represión y el castigo del crimen del Apartheid; el Protocolo de Kioto; los Estatutos del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

No ha ratificado los siguientes Convenios: el de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, para reducir o eliminar la liberación de sustancias químicas nocivas al ser humano y el medio ambiente; el de Basilea sobre control transfronterizo de desechos peligrosos; el de la diversidad biológica; el de los Derechos del Niño.

Asimismo, no ha firmado el de Libertad Sindical y de protección del derecho de sindicación; el de Derecho de sindicación y negociación colectiva; el de la edad mínima de admisión al empleo; contra la delincuencia organizada transnacional; contra la tortura; y el de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Tampoco ha ratificado el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, que prohíbe todo ensayo de armas nucleares; los protocolos facultativos de las convenciones sobre los derechos del niño, relativos a la participación de niños en conflictos armados, y el de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía; ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales.

Estados Unidos declaró, en 1985, que se separaba de la jurisdicción y no acataría las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, que ha servido para solucionar controversias entre Estados, al igual, en el 2002, del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, para enjuiciar criminales de guerra y genocidas.

Mientras los Estados Unidos no ratifique estos convenios y actúe bajo los lineamientos del gran garrote, de las cañoneras y de la nueva doctrina Monroe, no se puede creer en los buenos propósitos que pregona.

Con Venezuela Trump advirtió que su línea roja en las relaciones internacionales no tiene límites, más que lo que le indica su moral, como lo ha dicho.

Si se trata de presencia en organismos internacionales, Trump ha planteado el retiro de los Estados Unidos en más de 50 organismos, que afecta por sus repercusiones a muchos países, miembros de ellos, y por los alcances que tienen en el significado de las relaciones internacionales. Incluso ha cuestionado la existencia del organismo de las Naciones Unidas, promoviendo su Junta de la Paz o Consejo de la Paz, más como un organismo privado de potencias y 26 países “fundadores” que lo quieran integrar y someterse a las directrices que desde allí imponga Trump. Es parte del diseño estratégico y geopolítico de los Estados Unidos hoy.

La reunión de Davos, hace pocos días, ha puesto de relieve el inicio de un nuevo proceso de reordenamiento de las relaciones internacionales, donde la Unión Europea se fortalece o tiende a perecer. Tampoco era previsible el matonismo diplomático de Trump en Davos, ni creíble su desplante ante los principales políticos europeos, a quienes les tendió un felpudo y no una alfombra roja.