(Al final puede agregar su firma en apoyo a esta declaración)
Ante la difícil situación que soportan los pueblos mayas Poqomchi y Q’eqchi de la Sierra de Las Minas de Purulha, Baja Verapaz, desde la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes de CONVIDA 20, y con el apoyo de entidades y personas a nivel internacional, urgimos al gobierno de Alejandro Giammattei Falla de Guatemala, detenga la represión en contra de las comunidades que demandan el derecho histórico a sus tierras – territorios que les fueron arrebatadas desde hace más de 500 años.
En estos momentos dramáticos de permanente violación de derechos humanos y de los derechos de los pueblos, que vive nuestra América Latina, no es admisible que siga imperando la fuerza de los poderosos y que prevalezca la muerte. Con cuánta razón manifestaba en su momento San Oscar Romero: “debe de prevalecer la ley de Dios que dice: NO MATAR”. Con él decimos al gobierno de Guatemala: ya basta de provocar tanto sufrimiento y tanta desolación, únicamente para imponer un sistema que desde siempre ha producido muerte para los pueblos originarios y afrodescendientes.
El neoliberalismo y el extractivismo, se construyen sobre la represión, el despojo y la muerte de comunidades de pueblos originarios y por eso estos mismos pueblos, con justa razón se oponen a sus estrategias que son etnocidas y ecocidas.
Por todo esto nos solidarizamos con los pueblos Mayas de Guatemala que sufren los embates de este sistema criminal. Demandamos que la solidaridad internacional se pronuncie y que lo más pronto termine esta barbarie. Urgimos, al gobierno de Guatemala, detener la represión y los sistemáticos desalojos en los territorios ancestrales. La militarización nunca ha sido y no es la solución para resolver los problemas que llevan siglos en Guatemala y en toda América Latina.
Por último, llamamos a las fuerzas militares y policiales con las mismas palabras del Santo Monseñor Romero: “Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios… Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla… Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado”.
Abya Yala 25 de noviembre del 2022
Fabián Morales, COLOMBIA Luis Carlos Marreno, CUBA Darío Solano, REPÚBLICA DOMINICANA Kajkoj Máximo Ba Tiul, GUATEMALA Luis Javier Angulo, PERÚ Héctor Martínez Fernández, Tarahumara – MÉXICO Nidia Arrobo Rodas, ECUADOR Frei Betto, teólogo de la liberación y escritor de BRASIL
Puede enviar su firma a Fundación Pueblo Indio al correo: fundacionpuebloindiodelecuador@gmail.com Obligatorio: Nombre personal y/o la de su organización Correo electrónico de contacto País
Manifestamos nuestra honda preocupación por el intento de promover en Costa Rica una educación economicista, utilitaria y fragmentada. En los últimos días han surgido dos iniciativas educativas basadas en la psicología economicista. Por una parte, el Proyecto de Ley para el Fomento de la Cultura de Emprendimiento e Innovación, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente N. 23.240. Se justifica en las cifras alarmantes del desempleo que enfrenta el país y consta de 6 artículos, de los cuales los dos primeros contravienen las políticas y la legislación nacional e internacional vigentes:
Compromiso del estado costarricense. Señala que el Estado implementará el fomento y la formación del emprendedurismo y la innovación en todos los niveles del sistema educativo. “…para impactar de manera positiva en la generación de ingresos por cuenta propia, el crecimiento económico y la generación de empleos.
Enseñanza del emprendimiento. Señala que es obligatorio, para el sector educativo privado y público, implementar programas de fomento al emprendimiento innovador y desarrollo empresarial, desde el nivel de educación preescolar hasta la educación técnica y vocacional. El MEP define contenidos, metodología y evaluación.
Estos dos artículos rozan el interés primordial de protección y desarrollo pleno de la niñez, al incluir la educación preescolar y la educación primaria como niveles a los que se les forme en emprendedurismo para generar sus propios ingresos por cuenta propia.
La Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, señala que: “El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata y no deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. También, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el trabajo infantil “… es una violación de los derechos humanos fundamentales, que ha demostrado perjudicar el desarrollo de los niños, pudiendo conducir a daños físicos o psicológicos que les durarán toda la vida. El trabajo infantil califica el trabajo nocivo para el desarrollo físico y mental de los niños e incluye tareas que son mental, física, social o moralmente peligrosas y dañinas para los niños, e interfieren con su escolaridad.”
De igual forma, estos dos artículos rozan con la Política Curricular vigente: Educar para una nueva ciudadanía, aprobada por el Consejo Superior de Educación.
Nos confunde el apoyo ofrecido a la propuesta de ley, por parte de la señora Ministra de Educación, Anna Katherinna Müller y el señor Viceministro Académico, Melvin Chaves Duarte ante la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, el pasado 25 de octubre, quienes proponen una reestructuración educativa basada en la psicología económica y del consumidor, en busca del emprendedurismo como una forma de ser.
En palabras de la señora Ministra: “Que el proyecto de Ley coincide con la propuesta que estamos desarrollando en el MEP. Y estamos viendo el emprendedurismo, no solo como un tema de empleo, sino como una forma de ser. Lo que queremos es que los niños desde pequeñitos lleguen a desarrollar, emprender: emprender negocios, emprender con iniciativa, enfrentar riesgos, buscar soluciones innovadoras”.
De acuerdo con la propuesta de las autoridades educativas, la formación para el emprendedurismo se inicia con primera infancia (desde los 0 meses hasta los 8 años, según UNICEF). Se busca, dicen, ofrecer una educación para aprender a dar el valor a las cosas y enseñar a ser consumidor. Además, incluiría guías para el Bienestar Económico en la Educación Primaria. Se busca que haya emprendimento personal y social para la vida.
Para educación secundaria y técnica, nuestra preocupación es menor, pues toda la literatura apunta a que en esa edad el desarrollo del adolescente está maduro para aprender y aplicar habilidades técnicas. Pero aún así, se evidencia siempre una visión utilitaria de la educación, alejada de la creatividad, los valores, la conciencia necesaria para la construcción de sociedades creativas y solidarias.
La concepción del ser humano como un ser social y cultural, cuya razón de vida es el desarrollo pleno y la convivencia, pasa a un segundo plano, para colocar en primer lugar al ser humano económico, cuya razón de vida es producir y consumir cosas y servicios, utilizando la transacción monetizada como forma principal de intercambio.
Aquí debemos también diferenciar la psicología economicista de la Economía Creativa promulgada por la la ONU y apoyada por la UNESCO (con la cual sí coincidimos), la cual aboga por la relación de ecosistemas que sean relevantes para las personas creadoras, y llama a la acción para repensar las políticas relacionadas con la educación, la seguridad social, el empleo, la adaptación digital, la propiedad intelectual, etc.
Abogamos por una educación que promueva la Creatividad para el Desarrollo Pleno y el Bienestary llamamos a una reflexión nacional inclusiva y multilateral sobre el estado actual y el futuro de la educación del país.
Si desea conocer el Manifiesto completo que incluye fundamentos y referencias a convenciones internacionales y legislación nacional, puede ingresar aquí:
El pasado 25 de noviembre, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el proyecto TC-765 Semillero Estudiantil para la Acción contra el Racismo de la UCR, estuvo presente en la lucha para erradicar la violencia de género, racista y clasista.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su defensa por el respeto de los Derechos Humanos, denunció penalmente varios hechos de aparente tortura que se estarían presentado contra personas extranjeras detenidas por condición migratoria irregular en el Centro de Aprehensión Región Central (CARC), ubicado en Los Lagos de Heredia.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Probidad del I Circuito Judicial de San José, el pasado 22 de noviembre, por delitos de acción pública en contra de varios oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), destacados en dicho centro de detención, principalmente contra dos oficiales de apellido Delgado y Santamaría.
Según los hechos por los cuales se presentó la denuncia, en este centro de aprehensión de migración hay dos grupos de oficiales de policía, el grupo de Santamaría y el grupo de Delgado, que en apariencia están utilizando la tortura, los golpes y la agresión psicológica para obtener información, así como mecanismo de castigo cuando consideran de forma arbitraria que los detenidos no se comportan de forma adecuada.
En fecha 16 de noviembre del 2022, “en la guardia nocturna del Centro de Aprensión de Migración, los oficiales del grupo de día de Kenneth Delgado, se quedaron después de la salida con el grupo de Esteban de la O y golpearon de manera brutal e injustificada a dos detenidos identificados como Nelson Romero y Moisés Diaz, porque uno de ellos tenía una batería del control remoto de la pantalla de patios, los patearon y golpearon fuertemente, posteriormente a uno lo arrastraron del cabello por todas las celdas hasta llevarlo a una celda denominada bocho, que es una celda muy pequeña, al otro lo golpearon tan fuerte que se defecó y se orinó, esta situación no es la primera vez que sucede, ya que ocurre frecuentemente con otros detenidos, por ejemplo, con anterioridad a este evento, el grupo del oficial Delgado le dio una golpiza tan fuerte a un hombre de nacionalidad mexicana, que le ocasionaron sangrado en un oído”, indica la denuncia.
En otra ocasión reciente sin precisar fecha exacta la denuncia indica que, “accionaron con suma violencia contra un hombre de nacionalidad salvadoreña, los oficiales instigaron a dos nicaragüenses luego de abrirles la celda para que golpearan salvajemente al salvadoreño, la prueba de esto la consignaron en una bitácora de uno de los puestos, donde indicaron alevosa y falsamente “que por accidente” los nicaragüenses se salieron de la celda y golpearon al salvadoreño, lo cual es totalmente falaz comparado a lo verdaderamente ocurrido, Jorge Santa María es uno de los oficiales que provocan a los detenidos para luego vapulearlos de manera brutal e inmisericordia.”
También se detalla que, “Hace unas semanas hubo un incidente grave con un hombre de nacionalidad peruana, donde el oficial Santamaría provocó la ira del peruano y este por padecer de una enfermedad mental, utilizó un fierro del camarote para agredir gravemente a otro extranjero; por directriz superior, Santamaría no podía acercarse al peruano, debido a que el oficial de forma reiterada estuvo provocando a los aprendidos durante los días que estuvo a cargo de la supervisión”.
Según la información suministrada a la ANEP, la jefatura, aparentemente cohonesta y es cómplice de las actuaciones, encubriéndolas criminalmente, en especial las del oficial Santamaría quien “cuenta con múltiples antecedentes de agresiones contra los detenidos y aún así alega que no lo pueden tocar ni hacerle nada” ya que se ve respaldado por la jefatura.
La denuncia también hace referencia a que hace unas semanas sin precisar fecha exacta, “se reunieron varios detenidos con la Gestora de apellido Padilla, denunciando el mal trato recibido por el oficial Delgado, sin embargo, no se han tomado medidas al respecto, sin importar la existencia de violencia y tortura tanto física como psicológica que utilizan los oficiales como mecanismo para la resolución de conflictos.”
Por estos hechos presentados y denunciados a la ANEP por parte de una fuente interna del Centro de Aprehensión Región Central, se decide elevar el caso a una denuncia penal, amparados en el abuso de autoridad presente el artículo 338 y el artículo 123 bis sobre tortura del Código Penal que establecen.
Artículo 338. -Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.
Artículo 123 bis.
Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil. Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.
Esta acción de la ANEP, también busca salvaguardar el honor de los oficiales de migración que cumplen su labor con absoluta probidad. gran transparencia y sacrificio, y que este incidente de carácter aislado se investigue y no quede impune.
Información compartida con SURCOS por Maikol Hernández Arias
Durante más de cien años los trabajadores agrícolas han sido sometidos a condiciones de trabajo inaceptables por parte de las compañías extranjeras que en complicidad con el Estado costarricense, se apropiaron de las mejores tierras del país. ¿Por qué hoy prevalecen condiciones de trabajo semejantes a las de hace un siglo? ¿Por cuáles razones, después de tantos avances en instrumentos internacionales de derechos humanos, la realidad laboral sigue siendo muy semejante a la de un siglo atrás?
El 16 de noviembre de 2020, Costa Rica ha depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, convirtiéndose en el 47° país que ratifica el Protocolo a nivel mundial y el quinto a nivel de la región de América Latina y el Caribe.
Por otra parte, ha pasado más de un siglo del Convenio 11 de la OIT sobre el derecho de asociación sindical de los trabajadores agrícolas, y a pesar de ello, no ha sido posible que estos puedan organizarse en sindicatos. Fueron las administraciones a partir de la década de los años ochenta las responsables de la desarticulación del sindicalismo agrícola y la eliminación de toda forma de negociación colectiva. Esta fue sustituida por organizaciones solidaristas y comités empresariales de trabajadores denominados comités permanentes. Estos últimos en supuesta representación de los trabajadores sustituyen a los sindicatos y firman arreglos directos. Las empresas transnacionales no permiten la negociación colectiva y apenas dejan existir algunos sindicatos para dar la apariencia que permiten la libertad sindical.
A pesar de la ratificación de los Convenios de OIT, números 11, 87 y 98 sobre libertad sindical y el Convenio 30 y su protocolo, no existen políticas eficaces para acabar con las formas de trabajo forzoso, prevalece la explotación de los trabajadores con mayor repercusión en migrantes, mujeres y niños y otros grupos vulnerables.
El Protocolo requiere que los Estados adopten medidas efectivas para prevenir y combatir el trabajo forzoso, incluido el trabajo por servidumbre de deudas, el trabajo doméstico forzoso, o la trata de personas, y para proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas, tales como una indemnización. Sin embargo, el acceso a la justicia está muy limitado, resulta oneroso y esto se agrava cuando se trata de poblaciones en situación de pobreza y marginalidad, como lo es la mayoría de los trabajadores agrícolas del país.
El trabajo asalariado ha estado concentrado desde finales del siglo XIX en los productos agrícolas de exportación, especialmente banano, café, caña de azúcar y más recientemente palma aceitera, piñas y otras frutas tropicales. Así se formó el proletariado agrícola que ha trabajado para los latifundios y empresas transnacionales que se fueron apropiando de las mejores tierras del país y construyeron sus propios enclaves sin fiscalización estatal.
En las zonas de enclaves agroindustriales, las personas tienen imposibilidad de acceder a la educación formal superior y a la formación profesional, debido a la inexistencia de las instituciones públicas en estas regiones. Situación que provoca que los niveles educativos sean bajos y de esta forma garantiza el relevo generacional de mano de obra en condición de vulnerabilidad. Aprovechando su condición de únicos empleadores en las comunidades, los jóvenes solamente tienen la oportunidad laboral en la agroindustria. Esta es una realidad perversa.
Las plantaciones afectan además la agricultura de producción de alimentos de los costarricenses, fueron cosechados con trabajo familiar de un sector de campesinos pobres, que muchas veces no cuentan con los medios para impulsar empresas agrícolas exitosas. Muchos de ellos ocupan mano de obra temporal en cosecha, y los propios miembros de la familia incluidos los niños y las niñas.
En el café, estos campesinos, con la orientación del Estado logran organizarse en cooperativas y vincularse al comercio internacional, conformando una clase media campesina. Los avances educativos y sanitarios promovidos por el Estado costarricense le permitirán junto al café, construir condiciones de vida y trabajo diferenciadas de los asalariados agrícolas.
Los trabajadores ocupados en las empresas agroindustriales donde la explotación capitalista impuso las condiciones de trabajo, un siglo después se encuentran en condiciones de miseria, sin posibilidad de tener acceso a la tierra y menos aún de aprovechar el desarrollo logrado por el país en materia de salud, educación y condiciones de vida.
Si los comparamos con otros sectores económicos, los trabajadores agrícolas están débilmente protegidos por las leyes laborales nacionales. En algunos casos esto se debe a que el alcance de la legislación es muy limitado para orientar las relaciones laborales, en donde prevalecen prácticas históricas de explotación y trabajo forzoso, que supone la explotación del trabajo de las mujeres, niños y niñas, población migrante y trabajadores indígenas.
En Costa Rica la legislación de protección simplemente no se cumple y las instituciones estatales son omisas o carecen de políticas públicas eficaces, porque prevalece la protección de estas empresas transnacionales, sus negocios, sobre los derechos laborales, la salud y el medio ambiente.
Además, la aplicación de la legislación, en general, es una problemática en las zonas rurales, donde los trabajadores, muchos de ellos migrantes, no están familiarizados con los detalles de la ley. Incluso cuando existe una legislación específica sobre jornadas de trabajo, salarios y formas de pago, contratación y alojamiento, mientras que la inspección y la aplicación tiende a ser débiles o inexistentes.
En el caso de las mujeres, la explotación se agrava por las distintas formas de violencia a que son sometidas. La mayor parte de las asalariadas agrícolas se caracteriza por la mala calidad de los empleos que se les ofrece, lo cual, redunda en los altos niveles de pobreza que persisten entre los trabajadores agrícolas.
Las mujeres no se encuentran en ningún puesto de mando. En la práctica realizan las mismas labores pesadas al igual que los demás trabajadores. Las líneas de ascenso no existen. No se regula en los acuerdos directos nada que tenga que ver con igualdad de género.
En este contexto se da mucha agresión sexual y contra el derecho a la intimidad de las trabajadoras. Los servicios sanitarios no están diferenciados ni existen en el campo. Las mujeres deben realizar sus necesidades fisiológicas en zanjas en condiciones humanamente inaceptables.
En cuanto a la salud laboral no se toman previsiones por su condición de mujeres. Deben trabajar con la misma intensidad que se les exige a sus compañeros de trabajo pues el pago es a destajo, el monto del pago depende del cumplimiento de la tarea asignada.
Sus empleos son mal remunerados y los salarios no les permiten satisfacer sus necesidades mínimas, a pesar de cumplir con extensas jornadas de trabajo. No obstante, estas condiciones, sus aportes son fundamentales para superar la pobreza del hogar.
En estos escenarios se trabaja para comer y no para vivir, reproduce al mismo tiempo una mano de obra que desde muy joven se engancha en el mismo estilo de vida, con los mismos patrones culturales y con un futuro de limitaciones fácilmente pronosticable. Aparte en la importante población migrante en la agricultura, muchas son víctimas de explotación y trata de personas.
Las tarifas salariales fijadas a las labores por destajo las imponen las empresas sin que medie tutela del Estado o el Consejo Nacional de Salarios. Las fórmulas utilizadas para fijar estas tarifas son desconocidas por los trabajadores y por el mismo gobierno. Situación que coloca a los trabajadores en estado de indefensión, ya que deben ejecutarlas al ritmo e intensidad que unilateralmente le imponga el patrono. Desde nuestro punto de vista, el salario a destajo es el principal riesgo de trabajo, ya que arrastra a los trabajadores a realizar sobre esfuerzos, exponerse a riesgos y desgastarse físicamente de forma acelerada.
Podemos afirmar que el poder de las transnacionales agroindustriales no permite ningún nivel de inspección o control por parte del Estado costarricense y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la administración de justicia, tampoco constituyen un límite para su violación de los derechos laborales y el trabajo forzoso, y por tanto realizan sus infracciones a las leyes y normas constitucionales con absoluta impunidad. Esto quedó demostrado durante la reciente pandemia de COVID-19 donde muchas empresas agroindustriales propiedad de transnacionales no permitieron el ingreso de autoridades de salud.
Así, por ejemplo, persiste el trabajo infantil, les retienen documentos a los trabajadores migrantes y los hacinan en cuartuchos, les cobran el transporte hasta la finca donde ese día laboran. También deben comprar su alimentación o prepararla en lugares insalubres.
Los trabajadores y trabajadoras están por su cuenta sin una participación activa del Estado en materia de control de la salud laboral. Adolecen de agua potable y hasta se les sanciona por exigirla, trabajan largas jornadas bajo el sol, siendo personas iletradas riegan venenos, los trabajadores indígenas de las bananeras suscriben sus contratos de trabajo en idioma español aún y cuando no lean este idioma. No podemos omitir en este documento, la forma indiscriminada con que se vierten los agrotóxicos en la tierra, se contaminan los ríos, se talan los bosques, se enferman los vecinos, sufren los animales y se afectan de forma indirecta a los pequeños agricultores de las comunidades quienes padecen los efectos de plagas y reducción de tierra.
El Estado es un gran ausente. El acceso a la salud, a la justicia y la inexistencia de controles en materia de inspección de trabajo para que se pague la seguridad social afecta gravemente las condiciones de trabajo que resultan indignas. Frente a todo esto los trabajadores y trabajadoras se les niega el acceso a la justicia, no solo porque para plantear una demanda laboral requieren contratar la asistencia legal de un profesional, lo que resulta costoso o significa disponer de la mitad de los que se le vaya a indemnizar, sino porque los juzgados están muchas veces a distancias importantes de los lugares donde se ubican las empresas. Esto afecta las denuncias administrativas y judiciales de riesgo de trabajo facilitando la impunidad empresarial.
Más grave aún, persisten condiciones favorables a la trata de personas por las migraciones descontroladas y la inacción del Estado y sus autoridades. Muchas de estas empresas están ubicadas a ambos lados de la frontera con Nicaragua y Panamá, y miles de trabajadores deambulan sin que existan estrictos controles fronterizos porque rigen las normas de libre circulación sin requisitos que exigen estos enclaves territoriales donde se siembran los monocultivos.
Todo esto sucede en un país donde las leyes, tratados y convenios internacionales, son letra muerta, mientras los trabajadores no pueden organizarse libremente en sindicatos. Mientras los sindicatos no operen con libertad en la agroindustria costarricense, seguirá imponiéndose la esclavitud y la violación a los derechos humanos.
El señor y la señora, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (FENTRAGH) y Dania Bando Castillo, secretaria general adjunta, en el marco de la reunión sindical con Tomoya Obokata, Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, alzan la voz sobre las empresas agroindrustriales multinacionales y los mecanismos que utilizan estas para violentar los derechos humanos de los trabajadores, la forma en que estos afectan a las comunidades y el impedimento de la libertad sindical, esto ultimo es relevante pues sin libertad sindical no hay forma de revertir o luchar contra las nuevas formas de esclavitud en Costa Rica, según lo dicho por los representantes de la FENTRAGH.
Otros temas que se presentaron en la reunión fueron los de trabajadores migrantes, indígenas y el trabajo infantil en las agroindustrias. El tema de los migrantes es complejo pues estas poblaciones son invisibilizadas, y se les niega todo tipo de derecho laboral. La discriminación en la población indígena se presenta por medio de contratos en español, idioma que no manejan.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional busca un/a oficial de incidencia para integrar el Área de Incidencia en el Programa de CEJIL Mesoamérica.
CEJIL es una organización regional cuya misión es la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano mediante el uso de las herramientas que brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y otros mecanismos de protección internacional.
En los últimos días la familia Bribri Sandí Morales, recuperador@s de un terreno ubicado en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà ha recibido información de fuente confiable, que los finqueros no indígenas del sector de Bolas, están organizando un grupo de personas que atacarían en turba y con armas de fuego a esta familia, ingresando por la montaña al terreno recuperado.
También, recibieron información, sobre la supuesta traída de personas no Indígenas que ocupan ilegalmente el Territorio Brörán de Térraba para atacar a esta familia a más tardar el próximo 26 de noviembre. Está coordinación supuestamente la está realizando el señor Luis Pérez Jiménez, quien ocupaba ilegalmente la tierra recuperada por la familia Sandí Morales.
Nos preocupa enormemente está situación, ya sabemos y el Gobierno ha sido informado por diversos medios de las múltiples amenazas de muerte en contra de la familia Sandí Morales y de la supuesta contratación de servicios de sicariato en su contra, hechos denunciados públicamente en las Alertas Tempranas emitidas por la familia, el Consejo Iríria Sätkök y la Coordinadora de Lucha Sur Sur y enviadas formalmente al Estado de Costa Rica los días 10 y 16 de noviembre.
Los días viernes 18, 19 y 20 de noviembre desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se enviaron 3 correos sobre está situación a la Mesa Técnica Interinstitucional para los Pueblos Indígenas y no han sido contestados de manera satisfactoria, ni se conoce una posición oficial al respecto.
Es de conocimiento del Estado de Costa Rica de las amenazas y alto riesgo en el que se encuentra la familia Sandí Morales.
Recordamos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad de los Pueblos Originarios. Por lo que exigimos:
El Poder Ejecutivo tome acciones inmediatas y efectivas para garantizar la vida e integridad de la familia recuperadora.
El Poder Ejecutivo coordine con el señor Pérez Jiménez el retiro definitivo de su ganado del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).
El Poder Judicial haga cumplir de manera inmediata y efectiva las medidas cautelares que desde hace meses fueron dictadas contra Luis Pérez Jiménez y sus peones, pero que no se han cumplido y realice las investigaciones y diligencias necesarias para garantizar la vida e integridad de la Familia Sandí Morales.
El relator especial sobre formas contemporáneas de esclavitud externó inquietudes en temas de legislación al finalizar su misión (Foto de Katya Alvarado). Semanario Universidad.
Por Mario Bermúdez Vives
SURCOS comparte la siguiente producción del Semanario Universidad:
El Relator Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud Tomayo Obokata, quien realizó una misión para evaluar las condiciones del país en esta materia del 16 al 25 de noviembre, externó una preocupación por la discusión del proyecto de Jornadas de 12 horas (conocido como jornada de doce horas, o jornada 4×3), que se discute en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 21.182.
Obokata incluyó el tema en el informe final de su misión, promovida por las Naciones Unidas, en la sección de desafíos. «El Relator Especial está preocupado por la discusión que hay en torno a un proyecto de ley que tiene por objeto reestructurar las jornadas de trabajo a 12 horas durante 4 días seguidas de 3 días de descanso».
Consultado sobre los temas de legislación que el país debe implementar para avanzar en la lucha contra formas de esclavitud modernas y las que se deberían evitar para no generar retrocesos, mencionó este proyecto, por los impactos que puede tener en la salud mental de los trabajadores y los posibles efectos en la salud física. Precisamente el tema de las jornadas extendidas en sectores como la agricultura fue otro de los elementos de preocupación citados en el informe.
Además, Obokata mencionó su inquietud por los efectos que puede tener esta normativa en responsabilidades de cuido de niños o adultos mayores que pueden tener los trabajadores, y que se verían afectadas, especialmente en los casos de las poblaciones más vulnerables.
En contraste, Obokata considera que el país debe impulsar discusiones en el Parlamento que propicien la defensa de comunidades marginales y garantizar el acceso a la justicia de posibles víctimas de formas de discriminación laboral. También recomendó fortalecer el área de inspección laboral, y las sanciones a las personas y empresas que violenten los derechos humanos.
El tema de las posibles afectaciones a los derechos humanos del proyecto de Jornadas Flexibles ha sido parte de la polémica alrededor de este texto, que el gobierno impulsa como una forma para modernizar las condiciones de trabajo. La legisladora oficialista Pilar Cisneros ha insistido en que se trata de una normativa que solo se adoptaría por consenso y limitado a pocos casos, y que permitiría generar más empleos.
Sin embargo, organizaciones como el Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica consideran que la propuesta viola protecciones constitucionales a la niñez y a la mujer. A su vez, estimaciones de INS y el INEC sobre la cantidad de trabajadores que podrían verse incluidos dentro de las nuevas condiciones van desde los 300.000 hasta el millón de asalariados, según datos publicados por UNIVERSIDAD.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El auge de los discursos políticos machistas y la violencia de género no ceden terreno en el mundo
Cada día en Costa Rica las mujeres que incursionan en los campos político, empresarial y comunitario enfrentan el menosprecio de sus colegas; mientras al mismo tiempo otras deben sortear cotidianamente el acoso sexual en los entornos de trabajo o viven bajo diversas formas de violencia doméstica que siguen llenando las fiscalías a lo largo del territorio nacional.
Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, instancia del Poder Judicial, durante el año 2021 cada día el Ministerio Público recibió 57 denuncias relacionadas con delitos contemplados en la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer (Ley #8589 y sus reformas) como maltrato físico, incumplimiento de medidas de protección, ofensas a la dignidad, amenazas contra mujeres y daño patrimonial. En total, el Poder Judicial recibió casi 21 mil denuncias al amparo de dicha normativa.
Durante ese mismo periodo, de la totalidad de denuncias recibidas por el Ministerio Público la violencia sexual contra las mujeres fue la cuarta categoría de delitos en el ámbito nacional, pero al sumarla a los tipificados por la Ley #8589 y sus reformas son la segunda causa de denuncias, un 17%, solo superado por los delitos a la propiedad que superan el 40% de casos.
La violencia de género contra las mujeres se refiere a cualquier acto que cause daño, sufrimiento físico, sexual, emocional y en última instancia su muerte en razón de su género. Y aunque cada mes se solicitan 132 medidas de protección, al menos dos mujeres pierden la vida a mano de hombres con los que tuvieron algún tipo de vínculo emocional, y quienes sobreviven deben superar los efectos psicológicos posteriores.
Por eso, cada 25 de noviembre el mundo se reúne a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como un llamado un llamado global para reflexionar sobre la situación que viven millones de ellas. Al igual que en Costa Rica, de esta violenta pandemia no se exime ninguna nación, ya que según estadísticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el planeta una de cada tres mujeres es víctima de violencia de género y, con más alarma señala que cada 11 minutos ocurre un femicidio.
Aunque se intente normalizar las insinuaciones sexuales no deseadas, el acoso callejero y cibernético, e incluso la misma violencia física, la realidad es que la ONU considera los distintos tipos de violencias de género “como una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas”.
Para la Universidad de Costa Rica (UCR), mediante instancias de Acción Social (VAS) e Investigación (VINV), el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer (Ciem-UCR) impulsa acciones formativas, de capacitación y acompañamiento en el diseño de políticas públicas para la prevención del hostigamiento sexual y el acompañamiento de las mujeres que sufren violencia de género. Una de esas iniciativas es el proyecto “Cero tolerancia al hostigamiento sexual, la violencia contra las mujeres y la discriminación en la Universidad de Costa Rica y la comunidad nacional” (EC-514), que se propone una transformación cultural para vivir en una sociedad donde priven la igualdad, el derecho a una vida libre de violencias y el pleno respeto a los Derechos Humanos.
Los femicidios son una epidemia silenciosa que afecta a todos los países del mundo, unidos estos delitos a otros como el tráfico de personas con fines explotación, las agresiones y falta de políticas públicas para lograr la equidad de género. Por ejemplo, a setiembre del 2022 en Costa Rica ya se registran 34 muertes violentas que involucran a mujeres, 12 ya se consideran como femicidios, mientras otras 17 están a la espera de pruebas periciales para su correspondiente clasificación.
“El proyecto está integrado en tres líneas de trabajo de este centro en materia de investigación y atención de víctimas de violencia, y éste es una tercera parte de la estrategia nuestra en el Ciem-UCR. La otra parte es la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, además de la labor de investigación, y las tres se articulan muy bien. El eje de acción social es uno de los que promovemos, pensando en una estrategia contra las violencias, y mediante el otro de difusión creamos y distribuimos materiales informativos entre la comunidad universitaria”, comentó la Lic. Paola Brenes Hernández.
Mujeres del mundo levantan la voz
Aunque los movimientos mundiales han levantado la voz, como el conocido #MeToo (#YoTambien, en español), fundado por Tarana Burke, tuvieron un gran impacto global; al mismo tiempo tomaron fuerza propuestas políticas que cuestionan los avances en los derechos humanos, e incluso proponen la eliminación de las acciones afirmativas para proteger a las mujeres y crear condiciones de equidad en el mundo. En la actualidad, las activistas en América Central, los Estados Unidos, América del Sur, Europa y otras regiones siguen levantado sus voces para denunciar estas iniciativas neoconservadoras que perciben a los derechos humanos contrarios a sus idearios políticos.
En ese sentido, el proyecto EC-514 es otra de las instancias desde las que el Ciem-UCR que trabaja intensamente todo el año para capacitar a estudiantes de secundaria, universitarias y personas funcionarias públicas en temas de prevención y atención de casos de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género.
“Nuestras actividades dentro y fuera de la universidad incluyen cursos, capacitaciones, acciones conjuntas con algunas organizaciones, otras dirigidas a fiscalías de colegios profesionales y personal de instituciones públicas. Entre las líneas estratégicas que tenemos es llegar a grupos u organizaciones con potencial multiplicador para el abordaje de prevención y otras iniciativas”, comentó la Lic. Brenes.
En materia de prevención, este año el proyecto ha organizado un total de 90 espacios de capacitación en las sedes de la UCR, tanto de manera presencial como virtual. Las mismas fueron solicitadas por unidades académicas, administrativas, por docentes, estudiantes y diversos grupos organizados dentro de la comunidad universitaria. “En este momento estamos cerrando el curso de Promotoras de Derechos de las Mujeres, que se ha impartido desde el 2014, y que busca darle a estudiantes actividades y herramientas en esta materia. Son 14 sesiones en las que aprenden sobre abordaje de la violencia contra las mujeres para que puedan aplicarlo en sus espacios de movimiento estudiantil, y hemos tenido muy buenos resultados”, añadió la investigadora.
Lo anterior es relevante ya que la última encuesta publicada por el Ciem-UCR en julio pasado reveló que el 80% de las estudiantes aseguró haber vivido algún tipo de violencia de género, tanto dentro de la universidad como fuera de ella, entre ellas violencia emocional, sexual, hostigamiento, agresiones físicas o patrimonial. El estudio consultó a 658 mujeres entre junio y julio de 2021, y sus resultados tienen un grado de confianza del 95%.
Otra de las líneas de acción en la que el proyecto se involucra es la Red Universitaria contra el Hostigamiento Sexual, cuyo objetivo es promover el trabajo conjunto con asociaciones estudiantiles para el intercambio de experiencias, estrategias, recomendaciones. En lo que va del año 2022 más de 15 asociaciones se sumaron a este esfuerzo.
Otro curso es sobre la Introducción Feminista a la Vida Universitaria que estaba orientada a estudiantes de primer ingreso que se realizó en abril 2022, y en esa misma línea de la mano de la iniciativa Costa Rica Aprende con la U Publica impulsaron tres cursos de mayo a junio, el primero dirigido a estudiantes de Derecho sobre la “Introducción a los instrumentos internacionales de derecho de mujeres aplicables en Costa Rica”, otro sobre “Introducción al feminismo: un espacio para aprender, acompañarse y resistir”, dirigido a estudiantes de secundaria”. Y finalmente el de “Violencia contra las mujeres y Prevención del Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia”, enfocado en personas estudiantes de instituciones universitarias publicas y privadas.
¡Aquí estamos!
Si alguna persona requiere acompañamiento o asesoría legal debido a actos relacionados con la violencia de género puede solicitarlo a la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, mediante la línea telefónica 2511-1909 o al correo electrónico defensoriahs@ucr.ac.cr
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
En el ámbito periodístico, la mitad de las mujeres han experimentado violencia política, acoso sexual, maltrato psicológico, acoso en línea y otras formas de violencia de género (VG) mientras trabajaban, esto según datos de la Federación Internacional de Periodistas. Estos actos de violencia no sólo tienen como objetivo intimidar y silenciar a las mujeres que trabajan en los medios de comunicación, sino que sus efectos amedrentadores contribuyen a acallar historias y privar al público de información. Como consecuencia, estos ataques socavan el pluralismo y el derecho de acceso a la información.
Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, ponemos la mirada en la violencia online; es hora de que los medios de comunicación y los sindicatos denuncien públicamente TODOS los actos de abuso en línea. Es urgente que los/as legisladores/as conviertan el abuso en línea en una cuestión de salud y seguridad. Para ello, nuestra Asamblea Legislativa debe aplicar urgentemente el Convenio C190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el ámbito laboral.
Las direcciones de los medios de comunicación tienen el deber de garantizar un lugar de trabajo seguro y proporcionar, un mecanismo fiable para que las mujeres puedan denunciar y ser protegidas cuando sean objeto de abusos en línea.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica; la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su Consejo de Género de la cual somos directivos; pedimos al Gobierno de Costa Rica que actúe de manera responsable para erradicar la violencia contra las mujeres y que la Asamblea Legislativa agende el Convenio 190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo e instamos a las plataformas sociales a que introduzcan medidas efectivas contra el acoso online. El convenio prohíbe la violencia contra las mujeres en el trabajo, incluido el abuso en línea, y la convierte en un problema de salud y seguridad. Una vez ratificado por un país, obliga a los empleadores de los medios de comunicación a garantizar un lugar de trabajo seguro y a proporcionar un mecanismo sólido para que las mujeres periodistas presenten denuncias y estén protegidas cuando sean objeto de abusos.
Ninguna mujer periodista debería enfrentar los abusos en línea, y por supuesto, ninguna mujer debería hacer frente a ello sola.
El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica hace un llamado para pedir al Gobierno de Costa Rica y a las plataformas sociales que tomen medidas inmediatas para erradicar la violencia de género online. Instamos a las empresas a que adopten medidas inmediatas para prohibir los comentarios sexistas, racistas y abusivos en sus plataformas y que nos apoyemos en el Convenio 190 para que Costa Rica goce de mejores instrumentos para la eliminación de la violencia contra la mujer.
Licda. Sonia Arrieta Mora Secretaría General SNP
Junta Directiva 2022-2025 Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica
