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Etiqueta: derechos humanos

Inicia juicio por el asesinato del líder brörán de térraba, Jerhy Rivera Rivera

Escrito en . Publicado en Derechos.

COMUNICADO PÚBLICO

– Organizaciones de Pueblos Originarios de la Zona Sur y organizaciones solidarias de distintas partes del país acompañan a la madre, familia de Jerhy Rivera y al Pueblo Brörán de Térraba en las afueras de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.

– El Tribunal de Pérez Zeledón admite como prueba el vídeo de la confesión del imputado Varela por el asesinato de Jehry Rivera e investigador judicial admite en su testimonio que Jerhy Rivera Rivera fue asesinado por el conflicto existente por las tierras-territorios en la Zona Sur y que Jerhy fue arrastrado por el suelo al menos 5 metros del lugar donde fue asesinado.

Lunes 23 de enero del 2023. El día de hoy inició el juicio por el asesinato de líder Brörán del Territorio de Térraba, Jerhy Rivera Rivera. Jerhy fue asesinado por su rol en los procesos de recuperación de tierras-territorios del Pueblo Brörán de Térraba el 24 de febrero del 2020, en el segundo día en el que una turba de entre 150-200 personas asedieron a las personas del Pueblo Brörán que se encontraba recuperando tierras territorios desde el 23 de febrero de ese mismo año.

En las afueras del recinto judicial se encuentran distintas organizaciones acompañando a la madre, familiares de Jerhy Rivera y al Pueblo Brörán de Térraba: una comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa (Autogobierno Bribri de Salitre), la Red de Mujeres Rurales, el Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iriria Tsöchok, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), además de personas de los Pueblos Originarios de otros Territorios de la Zona Sur y otras organizaciones de distintas partes del país.

Entre los hechos más importantes y que han sucedido en el desarrollo del juicio hasta ahora se encuentran: 1) *el Tribunal de Justicia de Pérez Zeledón admitió como prueba el vídeo de la confesión del imputado Varela por el asesinato de Jerhy Rivera* y; 2) según el testimonio de *William Mora Alfaro, investigador judicial de Buenos Aires, *reconoció que Jerhy fue asesinado por su participación en el conflicto de tierras-territorios en la Zona Sur y además admitió que Jerhy fue arrastrado 5 metros después de ser asesinado.*

Mora Alfaro fue el investigador encargado del levantamiento de informes policiales, así como de las primeras investigaciones del homicidio por razones políticas. *Su testimonio confirma que Jerhy fue asesinado por razones políticas y que además sufrió ensañamiento por parte de la turba que se encontraba hostigando y violentando a las personas recuperadoras del Pueblo Brörán desde el 23 de febrero del 2020.*

Llamamos a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones hermanas y solidarias a continuar atentos y atentas al desarrollo del juicidio sobre el asesinato de Jerhy Rivera Rivera. A estar vigilantes de que la impunidad sobre este caso se detenga.

*Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).*

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El Perú en un callejón sin salida

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

«Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua». Con esta frase, hoy 18 de enero, recordamos el nacimiento del escritor, antropólogo y etnólogo peruano autor de “Los ríos profundos”, José María Arguedas.

Rogelio Cedeño Castro. Sociólogo y escritor costarricense.

La pérdida de más sesenta vidas de ciudadanos peruanos, como fruto de la represión del gobierno instaurado, mediante un golpe de estado congresal militar, por los perdedores de las elecciones de 2021, no es un acto que se pueda calificar como democrático, más bien representa la instauración de una dictadura sangrienta y represora, un régimen donde los derechos humanos y el estado de derecho no existen. Las grandes mayorías del Perú Profundo: gentes de los Andes, la costa y la selva que han salido a defender su voto, además de su derecho legítimo de participar en la toma de decisiones en un país profundamente desigual, racista y discriminador de las grandes mayorías urbanas y rurales.

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Cuando se mencionó el caso de Brasil, con el asalto a los edificios de los poderes públicos en la capital brasileña, y los peligros que estas acciones representan para la democracia en la región latinoamericana, se omitió profundizar en las condiciones mínimas de legitimidad y de respeto al estado de derecho que se requieren para que la democracia latinoamericana vaya más allá de las mascaradas electorales que se organizan cada cuatro o cinco años en nuestros países. La ausencia o el irrespeto sistemático al debido proceso, la presunción de inocencia, las garantías de contar con una defensa legal y el habeas corpus conforman una peligrosa corriente que nos deslizan hacia el autoritarismo y el totalitarismo de una derecha agresiva, inculta, mentirosa y enemiga de la libertad de pensamiento: todo ello con el concurso decisivo de los poderosos medios de comunicación corporativos, y de un poder judicial manipulado por los poderes fácticos e imperiales, donde algunos jueces, y fiscales manipulan descaradamente los mecanismos de la “justicia” tornándola inviable, tanto como la democracia misma en los países de América Latina, al judicializar la política en beneficio de sus intereses acusando falsamente, a través de los mecanismos del lawfare, a aquellos políticos que se quieran salir de la disciplina neoliberal, con sus políticas de saqueo sistemático de nuestros países y de irrespeto a los derechos humanos. En síntesis una institucionalidad presuntamente democrática de espaldas al pueblo, sin su participación más allá del manipulado sufragio.

Además, la intervención descarada de los defensores incondicionales de los intereses de las corporaciones transnacionales europeas y estadounidenses (incluida la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos) acentúan lo que constituye el mecanismo, mediante el que se ha tornado imposible el ejercicio democrático efectivo en la mayoría de los países de nuestra región, por lo que nos encontramos en una profunda crisis de la democracia, sólo equivalente a la que planteó en 1966, el expresidente dominicano Juan Bosch (1909-2001) en su libro CRISIS DE LA DEMOCRACIA DE AMÉRICA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, a raíz de la invasión de la República Dominicana, en abril de 1965, por cuarenta mil marinos estadounidenses, con el propósito de impedir el retorno a la democracia en ese país caribeño, emprendido por los revolucionarios constitucionalistas de aquella generación dominicana. Bosch calificó esa figura dándole el nombre de pentagonismo, ahora estamos ante un ascenso neofascista a escala internacional y regional.

Dado lo anterior, es que surge la obsesión de algunas gentes, por descalificar el recurso de acudir a los planteamientos teóricos de algunos autores y estudiosos de la sociología política, o la sociología del conocimiento (que trata de destrabar-por así decirlo- o explicitar la intrincada y compleja relación entre el conocimiento y la existencia social en sí misma), para intentar explicar o entender los alcances y componentes de la presente crisis peruana y latinoamericana, no importa si los aportes de los años sesenta y setenta del siglo pasado, o los de este cambio de siglo, en cuanto a los alcances de sus elaboraciones teóricas y trabajo de campo sobre estos temas, esa hostilidad latente aunque agresiva es algo que raya en el desvarío, el ridículo y la sinrazón manifiesta por parte de algunas gentes de la derecha totalitaria, que incluso se atreven a opinar sobre temas que no conocen o de los que no han leído ni una página.

Lo cierto es que, tanto la sociología como la antropología y la historia social, como las mismas sociedades latinoamericanas en tanto objeto de estudio, han experimentado grandes cambios en este medio siglo transcurrido, dentro del tiempo de la larga duración histórica: un hecho esencial, en el caso del Perú, es que hasta la década de los sesenta las grandes mayorías campesinas de los Andes Centrales del Perú estaban sometidas a un régimen de servidumbre, discriminación y racismo manifiesto, un tema que trataron con una dosis de empatía, e identificación con los pueblos originarios, no carentes del rigor analítico y el conocimiento sobre el terreno en el que se ponen de manifiesto esas realidades, autores como el antropólogo, novelista, poeta y traductor quechuahablante José María Arguedas Altamirano (Andahuaylas 1911-Lima 1969) y el periodista, escritor, cronista, poeta y novelista Manuel Scorza ( Lima 1928- Madrid 1983), con su saga de novelas cortas sobre las luchas campesinas en los Andes Centrales en aquellos años, previos a las reformas que introdujo el general Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975, quienes no necesariamente fueron sociólogos o se asumieron como tales, además de Héctor Béjar, el gran maestro de la sociología peruana, dada la inmensa producción bibliográfica producto de varias décadas de investigación y reflexión sistemática.

La verdad es que en un texto como este no pretendo, ni podría jamás agotar todo el complejo problema de la nación peruana, desde sus orígenes en cuanto a estado-nación, dos siglos hacia atrás, cuando fue inventada por los criollos herederos de los colonizadores españoles como un país, sin tener en cuenta a los pueblos originarios y poblaciones afrodescendientes.

La sociología, en tanto ciencia social, al igual que historia y la economía política no legitima en sí misma a los gobernantes de una nación, pero el apoyo del pueblo sí. En el caso peruano, nos encontramos con que Dina Boluarte, la presidenta de facto y sus titiriteros militares y oligarcas fujimoristas son rechazados por casi el noventa por ciento de la población(88 por ciento, según una encuesta de las más recientes).

A propósito de las acusaciones contra el presidente derrocado Pedro Castillo Terrones. formuladas por jueces y una fiscal oficiosa, además de parcializada, alguna gente parece olvidarse del debido proceso, la presunción de inocencia y el habeas corpus pilares del estado de derecho en una sociedad que sea democrática de verdad, tal y como habíamos mencionado al inicio de este texto. Ahora bien, de lo que se acusa a Pedro Castillo es de “acciones ilícitas” por las que no podía ser juzgado siendo presidente, las que, de ser ciertas, resultan ser insignificantes a la par del prontuario de todos los presidentes que lo antecedieron en el cargo, a lo largo de los últimos treinta años: unos presos, otros en fuga y uno suicidado (Alan García Pérez).

En el contexto actual, resulta inocultable la necesidad de destacar lo antidemocrática y mala perdedora que es la mayoría de la derecha en esta parte del mundo, no sólo en el Perú, sino también en Bolivia y hasta en Brasil, donde hace unos días trataron de dar un golpe de Estado. Por supuesto que esos son temas que a algunas gentes de la derecha no les interesan por lo que prefieren obviarlos, al igual que las más de sesenta víctimas mortales ocasionados por la represión ultraderechista ¿será que esos peruanos asesinados no son seres humanos? algo muy similar, a lo que pasó en Bolivia, en noviembre de 2019, con las víctimas de Sakata y Senkaba (alrededor de 40) durante la dictadura de Yanine Áñez, esa que el valiente pueblo boliviano supo revertir.

El presidente legítimo del Perú, el señor Pedro Castillo Terrones continúa secuestrado por gentes que usurparon el mando de la fuerza pública, cuando aún no había sido vacado por el congreso, ni se había seguido el debido proceso para concretarla. En lo que fue una clara violación del orden constitucional, algo que resulta de suyo evidente.

La lamentable ignorancia y cinismo manifiesto de algunas gentes las alejan cada vez más de la realidad. A fin de cuentas, tal vez no haya ciencia social o ciencias sociales(tal vez la brujería y la nigromancia podrían resultar mejores para algunos) como suelen afirmar sin ningún fundamento, pero lo cierto es que la mentira descarada sobre lo social tampoco nos aproxima al conocimiento de lo que de verdad ocurre: Todos los anteriores presidentes del Perú se agacharon ante la oligarquía y firmaron su hoja de ruta, a pesar de ello Alan García Pérez se suicidó cuando iba a ser detenido hace ya tres años(¿se asiló en los infiernos acaso?) al haber graves evidencias en su contra, Alejandro Toledo sigue detenido en Estados Unidos esperando ser deportado por defraudaciones multimillonarias, Ollanta Humala sigue procesado y con detención domiciliaria, Alberto Fujimori en la cárcel por crímenes contra la humanidad y así sucesivamente. Lo extraño es que a Pedro Castillo Terrones, que de socialista o comunista no tiene nada, no se le siguió el debido proceso y continúa secuestrado por el nuevo régimen, ese que ya ha asesinado a más de sesenta peruanos. Dina Boluarte, al igual que Jeanine o Yanine Áñez, la aprendiz de dictadora de Bolivia en 2019-2020, tiene manchadas las manos de sangre, al igual que su premier militar ultraderechista Alberto Otárola, terminará en la cárcel como la boliviana y el ultraderechista Fernando Camacho, otro de los ejecutores del golpe de estado de 2019 en Bolivia.

Asamblea General de Naciones Unidas confirma solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: Costa Rica y Guatemala votan en contra

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

El pasado 30 de diciembre del 2022, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución que confirma y ratifica una anteriormente aprobada en el mes de noviembre del 2022 (Nota 1): en ella, se solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya pronunciarse mediante una opinión consultiva, sobre la ocupación prolongada y la colonización del territorio palestino por parte de Israel (véase nota de la DW así como está muy completa nota de TV5Monde, y el comunicado oficial de Naciones Unidas).

Las dos preguntas formuladas a la CIJ contenidas en la resolución A/Res/77/247 (véase texto) se leen de la siguiente manera (párrafo 18):

«a) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de que Israel continúe violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de sus prolongados actos de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de la aprobación por Israel de legislación y medidas discriminatorias conexas?

b) ¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel que se mencionan en el párrafo 18 a) al estatuto jurídico de la ocupación y qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto para todos los Estados y para las Naciones Unidas?«

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Ya habíamos tenido la oportunidad de analizar y de poner en perspectiva el voto anterior, acaecido el 11 de noviembre del 2022 en el seno de la Cuarta Comisión de la Asamblea General; así como de señalar el profundo temor que despertó en las máximas autoridades de Israel: véase nuestra nota al respecto titulada «Palestina: ocupación y colonización por parte de Israel prontas a ser examinadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)».

Este temor anunciaba gestiones diplomáticas al más alto nivel, las cuales fueron desplegadas por parte de Israel y de su fiel aliado norteamericano a partir del 11 de noviembre para frenar a toda costa esta iniciativa: tal como lo veremos a continuación, estas gestiones tuvieron una efectividad bastante limitada, salvo contadas excepciones (una de ellas siendo Costa Rica).

Alcance de las presiones diplomáticas ejercidas entre los dos votos

El 11 de noviembre, en el seno de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, el resultado había sido de 98 votos a favor, 17 en contra y 52 abstenciones. En la votación realizada el 30 de diciembre en la Asamblea General como tal, el resultado arrojó un total de 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones.

El tablero de la votación reproducido a continuación permite conocer en detalle cuáles fueron los Estados que sucumbieron a las intensas presiones de toda índole desplegadas por el aparato diplomático israelí y por su incondicional aliado norteamericano. Cabe advertir desde ya que estas gestiones diplomáticas no produjeron mayores efectos, salvo algunas excepciones: con un único caso – algo peculiar – de un Estado que votó a favor en noviembre y en contra en diciembre (Kenia). Como viene siendo costumbre en este tipo de contiendas, ninguna explicación oficial se ha dado sobre tan repentino cambio de posición del delegado de Kenia en Naciones Unidas.

El voto de los Estados de América Latina en este 2022: Guatemala y Costa Rica únicos en votar en contra

Al revisar en detalle lo que ocurrió entre noviembre (primera votación) y diciembre (segunda votación), en América Latina, Guatemala, mantuvo su voto en contra en ambas votaciones. Cabe precisar que Guatemala fue el único Estado de América Latina en votar en contra durante la votación registrada en noviembre del 2022. No está de más recordar que Guatemala ha sido el único Estado en el mundo en sentirse obligado a «segundar» al entonces Presidente de Estados Unidos en el 2018, trasladando también su embajada a Jerusalén después de Estados Unidos (véase nota de France24).

En esta segunda votación, Ecuador, Haití, Honduras y Uruguay por su parte mantuvieron su abstención anterior del mes de noviembre. No está de más indicar que pese a que estos cuatro Estados (al igual que muchos otros), recibieron diversas presiones por parte de Israel y de su fiel aliado norteamericano, optaron por no cambiar de posición.

En cambio, es de destacar el repentino cambio de posición entre el voto del 11 de noviembre y el del 30 de diciembre de los siguientes Estados: Brasil votó a favor el 11 de noviembre y se abstuvo el 30 de diciembre. Igual sucedió con las delegaciones de Panamá y de República Dominicana. El voto de Brasil se dio mientras ya emprendía viaje su entonces Presidente hacia Estados Unidos, declinando participar a la ceremonia de toma de posesión de las nuevas autoridades electas brasileñas, realizada el 1ero de enero del 2023.

Mucho más llamativo, son los casos de Costa Rica y de Colombia, que se habían abstenido en la primera votación del 11 de noviembre.

– Costa Rica, que se abstuvo el 11 de noviembre, pasó a votar en contra el 30 de diciembre, uniéndose a 25 otros Estados (entre los cuales reaparece el grupo de Estados que, año tras año, busca proteger a Israel en Naciones Unidas de forma automática, a saber, Australia, Canadá, Estados Unidos, Islas Marshall, Micronesia, Nauru y Palau). Salvo error de nuestra parte, ninguna explicación oficial se ha dado con respecto a este repentino cambio de posición por parte del aparato diplomático costarricense;

– Colombia por su parte, optó por cambiar de posición y de votar a favor de la resolución.

Fueron únicamente Guatemala y Costa Rica por parte de toda América Latina, los Estados que votaron en contra de esta resolución. Es la primera vez después de muchos años que se observa un voto tan singular por parte de Costa Rica sobre la cuestión palestina, tratándose de un Estado que había logrado tomar sus distancias con Israel a partir del 2006, después de un largo período de «intricado, pero aún velado conjunto de intereses que entraban en juego al tratarse el tema de Israel» en Naciones Unidas, según la expresión usada por el excanciller costarricense Bruno Stagno (Nota 2).

En Europa los Estados que se abstuvieron en noviembre y que votaron en contra en diciembre fueron Croacia, Reino Unido y Rumanía.

La inquebrantable «coalición» en Naciones Unidas con la que Israel siempre puede contar

Como ya viene siendo costumbre en este tipo de contiendas en Naciones Unidas, un observador reconocerá entre los votos en contra el «núcleo duro» de Estados opuestos a cualquier texto a favor de Palestina, que incluye a Australia, Canadá, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y Estados Unidos. En general, este pequeño núcleo consigue atraer algunos votos ocasionales y circunstanciales (sea de Europa, de África, así como de América Central).

Como ejemplo, entre otros muchos, cuando en noviembre de 2012 la Asamblea General reconoció a Palestina como «Estado Observador No Miembro«, adoptando la resolución A/Res/67/19 (138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones), a esta extraña asociación de Estados se unieron Panamá y la República Checa (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

De idéntica forma (9 votos en contra), en una votación en el seno de la Asamblea General sobre la obligación de no trasladar embajadas a Jerusalén que tuvo lugar diciembre del 2017, reuniendo 128 votos a favor y 35 abstenciones (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas): cabe precisar que se trató de un texto muy similar objeto de la una votación previa en el seno del Consejo de Seguridad, en la que Estados Unidos votó en contra de manera solitaria (veto) frente a 14 votos a favor (véase nota nuestra al respecto).

Esta curiosa «coalición» según el término utilizado por el Washington Post en 2012 (véase artículo), también se expresó en el 2021, durante la votación de la resolución A/RES/76/225 (véase texto), con sus 7 votos en contra, frente a 156 votos a favor y 15 abstenciones (véase detalle de la votación): lejos de ser una alianza circunstancial, los lazos que unen a sus miembros parecieran ser los de un frente real, duradero y bastante sólido.

En el año 2022, estos vínculos reaparecieron durante la votación de la resolución titulada «Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina» A/77/L.26, adoptada el 30 de noviembre de 2022 por 153 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones (véase detalle de la votación durante la cual Hungría y Liberia se unieron a la mencionada «coalición«, habiéndose abstenido finalmente Australia).

Este pequeño grupo puede a veces verse algo aún más reducido: una de las expresiones más modestas en número de votos de la llamada «coalición» (4 votos: Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Micronesia) es sin duda esta resolución votada en octubre de 2003 sobre la construcción del muro construido por Israel en territorio palestino, adoptada con 144 votos a favor y 4 en contra (véase el comunicado oficial de Naciones Unidas).

Un detalle de cierto interés sobre los «no votantes» («No Show»)

Como bien se sabe, cada uno de los 193 Estados representados en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas tiene ante sí tres opciones al momento de votarse una resolución: instruir a su delegado votar a favor, en contra, o bien abstenerse. Una cuarta «opción» sin serlo del todo, consiste en rehuir tomar posición o abstenerse, y ordenar a su representante en Naciones Unidas no hacerse presente al momento de registrarse la votación (una técnica también denominada en inglés del «No Show«).

Mientras que fueron 27 los Estados que optaron por el «No Show» (ausencia de su delegado al momento de registrarse el voto ) el 30 de diciembre, habían sido 24 en el voto de noviembre: entre las ausencias más llamativas registradas el pasado 30 de diciembre, están las de los delegados de Afganistán, de Antigua y Barbuda, de Benin, de Cabo Verde, de Chad, de Comoras, de Gambia, de Niger, de Timor-Leste, de Surinam, de Zambia, de Ucrania, y de Uzbekistán que habían votado a favor de esta misma resolución en noviembre del 2022.

Es muy probable que las antes mencionadas «gestiones» se relacionen con esta súbita «ausencia colectiva» de estos 12 Estados al momento de votarse esta resolución, lo cual merecía una pequeña mención.

A modo de conclusión

Más allá del efecto (algo limitado) de las presiones ejercidas por Israel y Estados Unidos para frenar esta iniciativa, lo cierto es que esta resolución fue ratificada y que fue trasladada al juez internacional de La Haya para que examine la situación que se vive en Palestina a la luz de la normativa internacional vigente: dicha solicitud fue oficialmente registrada el pasado 19 de enero en La Haya (véase comunicado oficial de la CIJ en francés y en inglés con fecha del 20 de enero del 2022). El procedimiento consultivo ante la CIJ permite la presentación de escritos por parte de los demás Estados, por lo que es muy probable que Israel y Estados Unidos logren convencer a varias cancillerías a redactar opiniones jurídicas a favor de Israel (Nota 3).

En momentos en que Estados Unidos y Europa buscan convencer al resto del mundo de la imperiosa necesidad de condenar fuertemente a Rusia por la agresión militar que sufre Ucrania desde el pasado 24 de febrero del 2022, por la destrucción intencional por parte de Rusia de infraestructura pública que permite la susbsistencia de la población civil ucraniana, los dos votos relacionados a Palestina en los últimos meses del 2022 evidencian la inconsistencia de muchos, al no querer invocar la aplicación de estas mismas normas internacionales en el territorio palestino. ¿Acaso no es de interés de cualquier Estado Miembro de Naciones Unidas y de la comunidad internacional como tal que estas mismas reglas invocadas, con justa razón, por Ucrania se apliquen de manera uniforme y sean debidamente respetadas por todos los demás Estados, incluyendo Israel (Nota 4) ? ¿Acaso no es una atribución de cualquier Estado el acudir a una instancia judicial internacional como la CIJ cuando se considera víctima de violaciones de reglas vigentes en el ordenamiento jurídico internacional por parte de otro Estado? Esta segunda pregunta debería interpelar a los Estados que ya reconocen oficialmente a Palestina como Estado (y que totalizan 138 en la actualidad), un reconocimiento en el que Costa Rica jugó un notorio y decisivo papel en América Latina (Nota 5).

— Notas —

Nota 1: El texto de la resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de noviembre de 2022 está disponible en las distintas lenguas oficiales aquí. En cuanto a los pocos estudios realizados sobre esta resolución, véase POWER S., «UN General Assembly Committee Adopts Resolution Requesting Second Advisory Opinion from ICJ on Occupied Palestinian Territory«, EJIL-Talk, edición del 20 de diciembre del 2022, disponible aquí. Así como este muy completo folleto de 13 preguntas elaborado por Diakonia, Centro de Derecho Internacional Humanitario (sin indicación de autores), «The ICJ advisory opinion on the legal consequences of Israel’s occupation of Palestinian territory«, noviembre de 2022, disponible aquí.

Nota 2: En un libro editado en el 2013, Bruno Stagno, canciller de Costa Rica en el período 2006-2010, escribe: «Recordé dos casos que de una u otra manera reflejaban el intricado, pero aún velado conjunto de intereses que entraban en juego al tratarse el tema de Israel. Como Embajador, Representante Permanente ante las Naciones Unidas, lo había vivido y sufrido. Recordaba como para marcarme en las votaciones sobre la situación en Medio Oriente, el entonces embajador de Costa Rica en Washington DC, Jaime Daremblum, alienaba a algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, para que me enviaran cartas instándome o instruyéndome a votar a favor de Israel. El congresista Tom Lantos sería el más insistente, dirigiéndose incluso directamente al Presidente Pacheco de la Espriella. También, recordé la indignación con que la Embajadora Emérita, Emilia Castro de Barish, comentaba cómo en el pasado se había aceptado que un funcionario de la Misión Permanente de Israel se sentara en la segunda fila de asientos, reservados para Costa Rica, con el fin de velar por el voto «correcto» de Costa Rica». Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados. La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Heredia, Editorial UNA (EUNA), 2013, pp. 70-71.

Nota 3: La misma CIJ en el 2004 emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de la construcción de un muro por parte de Israel en el territorio palestino ocupado. La pregunta que había sido formulada al juez internacional en el 2003 por parte de la Asamblea General en la Resolución ES/10/14 (véase texto) adoptada con 90 votos a favor, 8 en contra – Australia, Estados Unidos, Etiopía, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru y Palau – y 74 abstenciones (véase comunicado oficial) era la siguiente: «¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la construcción del muro que levanta Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, según se describe en el informe del Secretario General, teniendo en cuenta las normas y principios de derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General?«. En aquel período del 2003-2004, casi 50 Estados presentaron a la CIJ su opinión jurídica (véase enlace oficial con remisión a los documentos enviados por estos Estados). En el texto de la opinión consultiva dada a conocer tan solo siete meses después, y cuya lectura integral se recomienda, se notará que la parte resolutiva – párrafo 163, 2) – se tomó con 14 votos a favor y tan solo uno en contra, el juez norteamericano Thomas Buergenthal. En este otro enlace de la misma CIJ, se puede leer el texto en español de esta importante opinión consultiva del 2004. Con relación a la votación de la resolución ES/10/14 del 8 de diciembre del 2003, en América Latina votaron a favor Argentina, Brasil, Cuba, Haiti, México, Panamá, y se abstuvieron los siguientes Estados: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Nota 4: Sobre el caso de Ucrania y Rusia, remitimos a nuestro breve análisis sobre la no comparecencia de Rusia ante el juez de La Haya: BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza. A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 23 de marzo del 2022. Texto disponible aquí.

Nota 5: El reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Costa Rica en febrero del 2008 vino a reactivar en la región latinoamericana y en otras partes del mundo el apoyo a Palestina como Estado. Con posterioridad al reconocimiento de Costa Rica, América Latina respondió a este llamado procediendo a similar gesto en favor de Palestina: por orden cronológico, se trata de Venezuela (abril del 2009), República Dominicana (julio del 2009), Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay (diciembre del 2010), Perú y Chile (enero del 2011), Argentina (febrero del 2011), Uruguay (marzo del 2011), El Salvador y Honduras (agosto del 2011) así como Guatemala (abril del 2013). En agosto del 2018, Colombia procedió a reconocer a Palestina como Estado. Cabe precisar que una solicitud oficial de Palestina hecha en el 2011 ante el Consejo de Seguridad para integrar de pleno Naciones Unidas como Estado Miembro (véase nota) espera /aún) que se resuelva: el hecho que no haya sido resuelta al iniciar el año 2023 no ha impedido en lo más mínimo que ya sean 138 los Estados que reconozcan formalmente a Palestina como Estado; y que desde el 2012, Palestina se haya visto otorgado el estatuto de «Estado No Miembro Observador» por la Asamblea General de Naciones Unidas, permitiéndole desde entonces acceder a un sinnúmero de tratados multilaterales. En caso de dudas sobre el punto de saber si, jurídicamente, un Estado no Miembro de Naciones Unidas tiene esta capacidad legal, basta recordar que Suiza no fue miembro de Naciones Unidas sino hasta el 2002.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Foto principal extraída de nota de prensa titulada «The Media’ s Pro-Israel bias echoes coverage of apartheid», 2019.

Erick Ulate y la Defensoría de los Habitantes

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Luis Paulino Vargas Solís

La misión y responsabilidad asignadas a la Defensoría de los Habitantes tienen que ver centralmente con una cosa: la defensa de los derechos humanos de todas las personas habitantes de Costa Rica. Si en el pasado pudo haber alguna duda sobre eso, la evolución natural de las cosas se ha encargado de despejarla: hoy nadie espera menos del defensor o defensora, excepto un sólido compromiso con los derechos humanos. Debemos recordarlo, puesto que uno de los diputados del partido de gobierno, levanta un monumento a la ignorancia, cuando tiene la osadía de contradecir tal cosa, recurriendo a un sancocho de argumentos enrevesados e incoherentes.

Toda una farsa para justificar su apoyo a Erick Ulate, lo cual nos habla muy bien de la clase de candidato de que estamos hablando.

Al igual que el diputado en mención, Ulate ni entiende qué son los derechos humanos, ni tiene trayectoria alguna como defensor, estudioso o activista de los derechos humanos. Ya eso sería argumento sobrado para afirmar, con absoluta certeza, que nombrarlo defensor, sería un gravísimo error. Pero es que la cosa no se agota ahí. Es mucho más que eso.

Está también el retorcido papel que ha jugado en el Consejo de Transporte Público (CTP), donde ha defendido los intereses de las compañías autobuseras, en perjuicio de todas las personas usuarias, y, en especial, de quienes tienen alguna discapacidad y de las personas mayores. Pero la cosa tampoco termina ahí. Todavía hay más.

Es que, encima de todo lo dicho, la ideología de “el consumidor”, del que Ulate es beligerante propagandista, es una ideología mentirosa, orientada a la defensa de poderosos intereses económicos. La cruzada por la desregulación y liberalización de mercados, que Ulate promueve con desbordada pasión, deja al descubierto, y en desamparo, a las personas humildes y a los sectores más vulnerables, porque las deja subordinadas a los poderes que dominan los mercados, los cuales, la gran mayoría de las veces, son los de influyentes oligopolios.

Tener esto último presente, permite entender por qué Ulate apoyó a los autobuseros, en vez de apoyar a las personas usuarias. Esa es su ideología y esos son sus compromisos: a favor del poder económico.

Publicado originalmente en Facebook, compartido con SURCOS por el autor.

El Comité de Solidaridad con los pueblos originarios Iriria Tsöchok exige justicia para Jhery Rivera

Escrito en . Publicado en Derechos.

Justicia para Jehry Rivera y su familia

El 24 de febrero del 2020 quedará en la comunidad Bröran de Térraba como una mancha de dolor. El asesinato del líder indígena y recuperador de territorio ancestral fue ejecutado durante un ataque de una turba de 150 personas no indígenas y aliadas quienes, desde el 23 de febrero del 2020, habían hostigado, violentado y amenazado al Pueblo Bröran, pese a que el 23 de febrero se había dado una alerta temprana a los viceministros de Diálogo y de Seguridad. Semejante acto de cobardía y atropello solo puede ser explicado como parte de una violencia sistemática contra la identidad y la cultura de los pueblos originarios.

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Las palabras de su madre, Digna Rivera, aclaran muy bien la dimensión de este duelo nacional: “Porque mi hijo murió por defender el derecho legal de las tierras indígenas que, como territorio indígena, nos pertenecen en el territorio de Térraba y en todos los demás territorios. …Creo que no ha sido bonito para nosotros y creo que no ha sido bonito para ningún pueblo indígena perder un compañero, un luchador, un entregado a la lucha y la defensa de los derechos, aparte de ser hijo, hermano, sobrino, nieto, padre que lo sufrimos en carne propia, también se nos va una pieza importante de los valientes que se atreven a salir a reclamar por nuestros derechos”.

Justicia para Jehry Rivera y cese a la impunidad

Jehry fue asesinado por la espalda y con presencia policial que no garantizó su protección ni la del Pueblo Bröran. Antes de que Jehry, como es parte de la cultura, regresara a la tierra, antes de que sus familiares y amistades se despidieran, su asesino confeso fue puesto libertad. Si el Estado costarricense cumpliera sus compromisos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este asesinato y el de Sergio Rojas en marzo del 2019 no se habrían producido, pues, desde el 30 de abril del 2015, dicha comisión le había solicitado a Costa Rica medidas cautelares en favor de los Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre. Las medidas cautelares “MC 321-12” establecen que el Estado costarricense es responsable de garantizar y resguardar la vida e integridad física de esos pueblos.

En lugar de cumplir con el mandato de cuidar la vida y la seguridad en los territorios indígenas, el Estado costarricense propicia reuniones como la de la Mesa Técnica el 17 de agosto del 2022 en Buenos Aires de Puntarenas; en la cual, se incentivó el racismo y se aplaudió la declaración del presunto asesino de Jehry Rivera cuando se enorgulleció de haberlo matado.

Justicia para Jehry Rivera y respeto a los derechos humanos

Todas las instancias del Poder Judicial deben acoger como parte de su actuar las formulaciones que, sobre Derechos Humanos de los pueblos originarios, ha construido la legislación nacional e internacional. La impunidad con que actúan finqueros y ocupantes de los territorios ancestrales debe terminar. Son continúas las amenazas, las agresiones y las violaciones a los derechos de estas poblaciones en forma de ataques a la integridad física de las personas y en forma de incendios y destrucción de cultivos a la integridad de sus territorios. Tal y como lo señala el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su informe del 28 de septiembre de 2022:

“91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”.

Tal y como lo plantea este relator especial de Naciones Unidas, exigimos que el Tribunal de Pérez Zeledón acate:

“Proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado para las personas indígenas víctimas, en particular a los pueblos indígenas bribri de Salitre y brörán de Térraba por los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, incluidas, pero no limitadas a:

  1. Garantías de no repetición mediante esquemas preventivos y alerta temprana con participación de la Defensoría de los Habitantes;
  2. ii) Medidas de satisfacción como la disculpa pública”.

Suscribimos este comunicado público:

– Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

– Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).

– Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre.

– Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).

– Recuperadoras/es Cabécares de China Kicha.

– Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba.

– Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba.

– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.

– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.

– Cootraosa.

– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.

– Asociación Voces Nuestras.

– Frente Tierra.

– La Juventud Vanguardista Costarricense.

– Confluencia Solidaria.

– Partido Vanguardia Popular.

– Partido Frente Amplio

– Movimiento de Trabajadores y Campesinos.

– Bloque de Vivienda.

– Radio 8 de octubre

¡La justicia para Jhery Rivera es la justicia para reparar una mínima parte de 500 años de atropello y violencia!

Comunicado de la Red de Mujeres Rurales y Tinamaste ante el juicio 23 al 25 de enero 2023

Escrito en . Publicado en Derechos.

Del 23 al 25 de enero se realizará el juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera, indígena bröran, recuperante de tierras y defensor de los derechos ambientales en su territorio. Estos acontecimientos nos obligan a reflexionar sobre la violencia que se vive en el campo costarricense, nos debe obligar a no ser indiferentes, a tomar posiciones y actuar.

Es necesario empezar diciendo o recordando que este país se ha construido sobre el racismo. El proceso de invasión española marca el origen de las relaciones que hoy se viven y que no se revisan ni se critican a profundidad, por eso Costa Rica es un país tremendamente racista y lo vivimos a diario las comunidades indígenas, además del racismo que viven otros grupos. En este país se desconoce o niega la historia local y nacional y con ello la historia oficial borra la identidad de cada región que ha tenido presencia indígena.

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En la Red de Mujeres Rurales, en conjunto con Tinamaste, hemos ido analizando que hay muchas formas en las que se muestra el racismo. Este racismo, si bien ha existido desde hace mucho tiempo, con muchas discriminaciones por el color de la piel, por el grupo al que se pertenece, no es un asunto del pasado. Sigue existiendo y es alimentado por muchas políticas que ignoran, olvidan o se dedican a agredir a los pueblos.

Vivimos en una sociedad que quiere ocultar las discriminaciones, para hacernos pensar que son naturales, mientras nos siguen despojando de la tierra y los bienes de los pueblos.

El control que ejercen los gobiernos, representantes de los sectores dominantes, mediante sus instituciones, impone una visión del mundo occidental, neoliberal, extractivista y egoísta hacia nuestros territorios, hacia nuestras formas de vida y los bienes comunes.

Este control institucional, que llaman desarrollo, ha significado para los pueblos la pérdida de autonomía, que repercute en el debilitamiento de las relaciones comunitarias, del tejido social que nuestros ancestros y ancestras tenían como parte de su identidad. Han venido matando nuestras culturas, y por lo tanto matando nuestra identidad.

El juego de los poderosos ha sido dividir para vencer, se han impuesto gobiernos locales por medio de las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIS), en muchos casos con dirigentes que abusan del poder y abusan de los bienes que le pertenecen a las comunidades; hacen lo que el poder les dicta y traicionan a los pueblos. Estas ADIS no representan al territorio, son representantes del gobierno, no de la comunidad. El absurdo es que en la mayoría de los territorios participan invasores no indígenas en la elección de las ADIS. Por eso decimos que los territorios deben ser saneados.

En la Red hemos caminado en reivindicar e indagar para conocer la historia de las mujeres y hombres, de las áreas rurales y las comunidades. Consideramos que es necesario conocer la historia de los procesos de cómo se organiza una comunidad, la forma de vivir de los hombres y mujeres que habitaron los territorios ancestrales, que vivieron en equilibrio con los demás elementos, que se organizaban para realizar tareas comunales desde la autogestión, la solidaridad y para el bienestar de la comunidad.

Las mujeres del campo hemos intercambiado información y conocimiento entre nosotras, indígenas y campesinas, para conocer las distintas formas de despojo, de discriminación y desprecio. Porque vivimos discriminación por el color de la piel, por nuestros rasgos, por nuestra forma de hablar. Y hemos conocido de las compañeras que hemos sido discriminadas en los servicios de salud, en las instituciones que no toman nuestras denuncias por violencia física, sexual o psicológica, y menos tenemos posibilidad de respeto sobre nuestros bienes, sobre los daños al ambiente. Nuestras demandas no son atendidas por ser mujeres del campo, por ser indígenas, afrodescendientes o campesinas y por ser pobres.

Pero el racismo ha llegado a sus formas más brutales contra las mujeres y los pueblos indígenas, con el asesinato. Por eso los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, no son hechos aislados. Y como mujeres organizadas en defensa de nuestros derechos vemos el incremento de la violencia contra las mujeres y contra los pueblos indígenas. Esto no es casualidad, mujeres y pueblos indígenas estamos no solo conociendo nuestros derechos, sino luchando porque sean realidad estos derechos.

Las mujeres rurales, indígenas y campesinas vivimos discriminaciones y racismo desde que nacemos, porque nos establecen y nos agreden cuando nos niegan el derecho a producir nuestros alimentos y nos imponen en el mercado qué debemos comer, cómo vestir, cuando nos imponen qué trabajos realizar, cuando no podemos estudiar e incluso somos excluidas de poder decidir. La política y las instituciones se especializan en no favorecer realmente a las mujeres, porque las mujeres seguimos sin acceso a la tierra, sin acceso a bienes y sin poder decidir en nuestros espacios y territorios.

Las mujeres del campo, igual que los distintos pueblos de este país, hemos venido viviendo una economía que concentra cada vez más la tierra, para que la población rural seamos solo peones y peonas, que no tomemos decisiones sobre la tierra, la forma de producir y la organización de las comunidades. La violencia en nuestros territorios tiene que ver con las características económicas de este país. Por eso se violan leyes y convenios internacionales, o se hacen otras leyes para favorecer a las empresas, mientras se dejan impunes los asesinatos y femicidios.

Por eso como Red de Mujeres Rurales-Tinamaste seguimos luchando para que esto cambie y nos podamos respetar aunque los colores de nuestras pieles sean distintos y nuestras formas de vida y culturas tengan diferencias.

Llamamos a toda la población a exigir justicia, a exigir no más despojo y violencia contra los pueblos indígenas, no más despojo y violencia contra las mujeres, que son manifestaciones del mismo modelo de sociedad.

¡No más impunidad ante la violencia contra las comunidades indígenas!

¡Repudio a los asesinatos políticos de Sergio Rojas y Jehry Rivera y exigir justicia!

¡No más impunidad ante los femicidios y otras formas de violencia contra las mujeres!

¡Respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios!

¡Respeto a los derechos de las mujeres indígenas en sus territorios!

 

RED DE MUJERES RURALES-TINAMASTE

18 de enero 2023

El candidato del gobierno

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Madrigal

El Gobierno de don Rodrigo Chaves propuso la candidatura de Cristhian Arguedas para ocupar el puesto de Procurador General. El candidato resultó ser -se deduce de lo que escribe- una persona racista, homofóbica y vulgar.

En otras palabras un sujeto que no respeta los Derechos Humanos y, además, un pachuco con título, pero pachuco al fin. Las cosas que escribe, que desde luego corrió a borrar, son vulgares, sin ningún respeto por las personas y de un nivel increíblemente soez en una persona que se llama profesional. (Pueden verlas en La Nación porque resulta difícil reproducirlas).

El llamado profesional, además, no se desdice de su desprecio por los DDHH, sino que reafirma sus creencias al justificarlas afirmando que lo hace acogido al derecho constitucional de expresarse. El candidato también fue un prominente dirigente del Movimiento Libertario. Su ideario debe estar muy cerca de Trump, de Bolsonaro o del supremacismo blanco. El candidato desistió de su pretensión. Ojo no fue que el Gobierno retiró su candidatura, es que el susodicho desistió.

Ante semejante despropósito, quedan algunas preguntas: ¿cómo es posible que el Gobierno de Chaves proponga un candidato de tal ideología? ¿Refleja el pensamiento del candidato frustrado también el ideario del Gobierno o de un sector del mismo? ¿Siendo el Procurador el abogado defensor del Estado, ¿cómo lo haría una persona con una ideología cercana a los fachos? Debería el Gobierno explicar la propuesta de esa candidatura porque la duda ronda en el país.

Un grupo de amigos habíamos apostado una cena para el ganador de la pregunta de “¿cómo va a votar Pilar Cisneros?”. La abrumadora mayoría se había apuntado a que lo haría favorablemente por el candidato. Desgraciadamente nos privaron de semejante acontecimiento. (Me refiero a la cena).

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Juicio por asesinato de Jehry Rivera

Escrito en . Publicado en Derechos.

El próximo lunes 23 de enero iniciará el juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera ocurrido en febrero de 2020 en Térraba, en la zona sur de Costa Rica.

Jehry Rivera Rivera, indígena brörán de Térraba, lideraba un proceso de recuperación de su territorio, ubicado en el cantón de Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas.

En Térraba, al igual que en otros territorios indígenas de la región, las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios por ley y por herencia ancestral han sido usurpadas por terratenientes. En consecuencia, ante la permisividad e inoperancia de las instituciones estatales, las comunidades han decidido ejercer su derecho y tomar posesión de algunos de los terrenos usurpados.

Desde el domingo 23 de febrero de 2020, familias brörán habían emprendido varios procesos de recuperación de terrenos que estaban bajo ocupación ilegal por parte de personas no indígenas. La noche del 24, una turba de usurpadores, terratenientes y sus peones atacó a las familias recuperadoras. Al enfrentárseles, Jehry recibió cinco disparos por la espalda.

El que disparó es un hombre de apellido Varela, quien en su momento se entregó a las autoridades pero posteriormente fue puesto en libertad. En agosto de 2022, Varela confesó haber cometido el homicidio y fue ovacionado por el público durante una actividad pública con presencia de funcionarios oficiales en Buenos Aires de Puntarenas.

El juicio comenzará el lunes 23 a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta el miércoles 25. Familiares y amistades de Jehry invitamos a acompañar este proceso durante los tres días del juicio en los Tribunales de Pérez Zeledón.

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Miércoles de activismo antimilitarista en Estados Unidos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Al cumplirse el duodécimo primer aniversario de la reapertura de la cárcel ilegal y centro de torturas de Guantánamo, este miércoles una manifestación en Washington D.C. le exigió al presidente estadounidense Joe Biden el cierre de la base naval en territorio cubano.

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Los manifestantes frente a la Casa Blanca vistieron overoles naranjas y capuchas negras sobre sus cabezas imitando el atuendo que vistieron los cientos de hombres musulmanes, adultos y menores de edad, que fueron detenidos en el extranjero y entregados a las autoridades estadounidenses.

En una carta abierta al presidente Biden, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, el Centro para los Derechos Constitucionales de Estados Unidos y más de 150 organizaciones escribieron: “El centro de detención de Guantánamo fue diseñado específicamente para eludir las obligaciones legales y funcionarios del Gobierno de Bush incubaron allí la tortura. […] Guantánamo sigue causando daños cada vez mayores y profundos a los hombres de avanzada edad cuya salud empeora día a día y que siguen detenidos allí de manera indefinida. La mayoría de ellos no ha sido acusado de ningún cargo y ninguno ha recibido un juicio justo”, citaba Democracy Now!, que además advertía que 35 personas siguen encarceladas en Guantánamo.

El mismo día la organización pacifista CodePink interrumpió una charla organizada por la Institución Brookings sobre políticas de Defensa de los Estados Unidos en la que participaba el congresista demócrata Adam Smith.

Las militantes se subieron al escenario para pedirle a los asistentes más diplomacia y no más guerras, en referencia al financiamiento de la guerra en Ucrania. Además le pidieron a los demócratas mayor presión sobre Biden y que se encare la seguridad nacional enfrentando la crisis del cambio climático, ofreciendo soluciones de vivienda a los habitantes y dejando de centrarse en la industria armammentista. “En lugar de asignar 880.000 millones de dólares para la guerra, deberíamos centrarnos en los servicios sociales”, dijo la representante de CodePink Olivia DiNucci.

 

Fuente: https://www.pressenza.com/

Pronunciamiento: Al lado de los más débiles

Escrito en . Publicado en Derechos.

A poco más de un mes, el régimen Boluarte – Otárola ya carga en sus espaldas el horror de decenas de muertos, cerca de 50 víctimas. Todos eran gente del pueblo que protestaban contra la criminalización de sus luchas y el golpe de Estado en el Perú. Se trata, no cabe dudas, de un gobierno criminal con ansias de poder que se ha interesado más en proteger la “propiedad”, desproteger la vida de sus ciudadanos y escalar la represión a nivel de masacre y genocidio.

Convencidos de que “la paz brota de la justicia” lamentamos mucho el proceder de las principales iglesias cristianas en esta coyuntura. Desde el campo católico como del evangélico, recientes pronunciamientos tienen en común equiparar a las víctimas y a sus agresores, como un enfrentamiento entre iguales. Incauta o premeditadamente han utilizado la figura de Caín y Abel cuando en realidad se trata de David y su honda resistiendo a Goliat y su mortal armadura. Del pueblo de “Israel” huyendo del todopoderoso Faraón. De Jesús y su látigo contra los mercaderes del templo. Del Perú profundo luchando por dignidad y justicia frente a los intereses de las transnacionales, la oligarquía y las élites de la sociedad peruana.

La explícita determinación del Premier Alberto Otárola, real comandante de las fatales decisiones del gobierno, en complicidad con Dina Boluarte, apuntan clara e insensiblemente que nuestros hermanos y hermanas seguirán recibiendo balas, palos y gases como respuesta a sus justos reclamos. Esta situación hace apremiante que bases y cúpulas de las iglesias, católica y evangélicas, abandonen la comodidad camaleónica de una supuesta “neutralidad” y denuncien proféticamente en nombre de Dios el carácter terrorista, asesino e ilegítimo del actual régimen. Desde el sur va creciendo y extendiéndose cada vez más el clamor popular que exige a los líderes religiosos delaten con todas sus letras el régimen Boluarte – Otárola, sin el inaceptable y vergonzoso argumento de que “debemos apoyarlos a pesar de sus excesos”.

El criminal gigante no debe permanecer en pie; en este momento, su furia ya muestra su flaqueza. Desde la espiritualidad, las prácticas pastorales y los compromisos con los más excluidos y pobres de la tierra, urge que Obispos, Pastores, liderazgo y comunidades cristianan opten por la vida y no por la muerte, tomen partido, como lo manda el Evangelio, al lado de los más débiles. Porque nuestras luchas van “contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo”.  

Colectivo Ecuménico por el Perú – CEP

“Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso” (Salmo 82:3).

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