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Etiqueta: derechos humanos

Mensaje de Covirena Caribe Sur al diputado Yonder Salas por su definición de terrorista

Este 23 de agosto de 2022, Marta Castro, integrante de Covirena, Caribe Sur, Puerto Viejo, le escribió al diputado del Partido Nueva República y presidente de la Comisión Caribe Limón, señor Yonder Andrey Salas Durán expresando su descontento por los términos que utilizó en una sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa. Le escribe el siguiente mensaje:

“Estimado señor 

Reciba un saludo de los Inspectores Ambientales Ad-Honorem del comité de COVIRENAS del Caribe Sur.

El pasado jueves 18 de agosto en la sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, donde estuvieron presentes los señores Franz Tattenbach ministro del Minae, Rafael Gutiérrez viceministro del Minae y director ejecutivo del SINAC, así como el director del ACLAC Mario Cerdas y varios funcionarios, usted hizo referencia a que en la provincia de Limón “hay un montón de terroristas”. (adjunto audio).

A través de este medio le solicitamos defina la palabra “terrorista”, según el uso que Usted le dio, así como, explique a quiénes se refiere exactamente con montón de terroristas.

Como dijo la diputada Alfaro de esta misma Comisión, el problema de la pobreza en Limón ´´no es causado por el ambiente´´

La riqueza natural de la zona con sus aguas color turquesa y hermosos bosques costeros, atraen gran cantidad de turismo, razón por la cual se debería estar protegiendo este generador de recursos económicos. 

El cambio climático y la erosión costera son dos grandes amenazas para la costa caribeña. Ejemplo de esto se puede constatar en el Parque Nacional Cahuita, sector Puerto Vargas donde la zona de acampar desapareció hace ya varios años y donde el sendero dentro del Parque Nacional Cahuita se ha tenido que mover de lugar varias veces, ya que esta erosión se ha venido intensificando en los últimos años. 

Estos importantes factores deberían ser tomados en cuenta por esta Comisión y reconocer que el valioso documento de humedales, elaborado por técnicos especialistas del SINAC-MINAE, en lugar de obstaculizar proyectos de desarrollo para la zona del Caribe Sur, están protegiendo vidas humanas de factores climáticos extremos, ya que los humedales son esponjas naturales que absorben enormes cantidades de agua, lo que los convierte en protectores contra huracanes, tormentas, altas mareas etc.

Ni que decir sobre la fijación de carbono que sucede en los humedales, lo cual los convierte en mitigadores de la emergencia climática que vivimos.

Si no se respetan estos humedales, esas mismas construcciones y ese desarrollo que tanto se quiere explotar, se convertirá en una pérdida de dinero y peor aún de vidas humanas. (adjunto imagen)

Adjunto varias fotografías de las últimas tormentas ocurridas en el Caribe Sur donde encallaron dos embarcaciones, así como caída de árboles, inundaciones etc. 

¿Tendrá entonces el Estado que indemnizar a estas personas? 

¿No sería mejor que este tipo de desarrollo se edifique en lugares seguros ´?

Finalmente nos gustaría conocer su opinión respecto a la importancia de los Humedales y el valor de la ecología para la vida humana” 

Ante este correo que también fue recibido por Maria Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, ella comparte el descontento de Covirenas del Caribe Sur, respondiendo lo siguiente: 

“Buenas tardes, señoras y señores, Diputados del Comité de Ética:

Apoyamos en todos sus extremos esta misiva de denuncia que hacen los COVIRENAS del Caribe sur.

No es posible, que a estas alturas se trate de esta manera a las personas que luchan para la defensa de la Constitución Política (Art. 50 y otros), defensa del marco legal socio ambiental, Derechos Humanos, Convenio RAMSAR, Convenios internacionales de protección a la Biodiversidad, Convenio OIT 169, entre muchos otros.

O sea, no tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y mucho menos defender lo que todas y todos deberíamos de estar defendiendo y no un pequeño, pero valiente y fuerte grupo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la Madre Tierra.

Esperamos sanciones al diputado Yonder Salas y a todos y todas que comparten esta lamentable opinión, no es la primera vez que se da este tipo de insultos a la dignidad de las personas desde la Asamblea Legislativa, recordamos el caso del exdiputado de Limón Patterson del PAC, que fue muy lamentable, merecemos mucho respeto y apoyo, estamos trabajando, en forma voluntaria desde hace años, para la sobrevivencia de sus propias generaciones y de la biodiversidad.

Justamente por esto es que queremos que Costa Rica, ustedes señoras y señores diputados, ratifiquen y firmen el Acuerdo de Escazú, para poder llevar a los tribunales internacionales este tipo de agresiones contra la dignidad y derechos básicos humanos de las y los que luchamos para que se haga valer el Artículo 50 de nuestra Constitución, se respete toda forma de Vida, respeto a la libertad de expresión y acción, entre otros.

En espera de la respuesta del Comité de Ética de la Asamblea Legislativa y conocer qué tipo de sanción van a aplicar al diputado Yonder Salas de la provincia de Limón.”

Ante esta situación, el profesor de Derecho de la UCR Nicolas Boeglin externa la siguiente crítica a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo con este mensaje:

“Si nuestros diputados/as y algunos altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de dejarse influenciar por las cámaras empresariales y sus «expertos», tendríamos desde hace algunos años un Acuerdo de Escazú vigente y Costa Rica luciéndose ante la región y el mundo como indiscutible líder en materia de derechos humanos y de ambiente.

Como no lo tenemos, pues no queda más que remitirles un poco de lectura sobre el contenido del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú que fue una propuesta inicial de Costa Rica, Chile, Perú y Panamá en las negociaciones, y que quedó plasmada en el texto definitivo de la siguiente manera ( en rojo el subrayado es nuestro) en el Acuerdo de Escazú:

Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales 

  1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. 
  2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico. 
  3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.   

Fuente: texto del Acuerdo de Escazú: 

El hecho que Costa Rica no sea Estado Parte al Acuerdo de Escazú no impide su avance normativo como tratado internacional vigente: al respecto, les comparto la guía de implementación del Acuerdo de Escazú adoptada en marzo del 2022 durante la primera Conferencia de Estados Parte (COP) realizada en Chile. 

Como se recordará, Chile y Costa Rica lideraron las negociaciones durante más de 5 años y medio, que culminaron en Escazú el 4 de marzo del 2018. Nótese que la segunda COP prevista para el 2024 se realizará también en Chile, dado que Costa Rica no es Estado Parte:

En pp. 143 y ss se explica el alcance del Artículo 9 precitado, y se detalla cómo implementar el Artículo 9, sea un Estado Parte o no Parte al Acuerdo de Escazú.

¿Podrían inspirarse (un poco) nuestros/as legisladores desde ya para que expresiones como las usadas por este diputado y otras expresiones usadas en otros espacios tendientes a estigmatizar y a incitar el odio contra quienes defienden el ambiente sean repudiadas y sancionadas de una u otra manera por el ordenamiento jurídico vigente costarricense?”

Voces y Política: Segundo Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios Zona Sur

Se extiende la invitación a sintonizar el programa Voces y Política, el próximo miércoles 31 de agosto a las 5:00 p.m.

En esta ocasión se estará conversando sobre el “Segundo Informe: Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los pueblos originarios Zona Sur”.

Se contará con la participación de Felipe Vargas Morales, recuperador del Territorio Bribri de Salitre y Donal Sandí Morales recuperador del Territorio Bribri de Yabamï Dí (Cabagra).

Escuche el programa por la 96.7 FM en Radio Universidad o véalo a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.

 

Compartido con SURCOS por el Programa Voces y Política.

Entrevista: El impacto de la “Loca de Gandoca” en las luchas ambientalistas

El pasado 24 de agosto, la señora Rebecca Ramírez Fernández, del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entrevistó al señor Nicolás Boeglin Naumovic, doctor en derecho y profesor de la Universidad de Costa Rica, con respecto a la obra “La loca de Gandoca”, novela escrita por Anacristina Rossi, que en este 2022 cumple 30 años de ser publicada.

Al señor Boeglin se le consultó si el conocimiento del texto se ha traducido en un impacto verdadero en las luchas ambientalistas que se han desarrollado en el país, tras lo cual explicó que, el texto de Anacristina Rossi marca un hito en la literatura costarricense, pues fue la primera vez que un autor dedicó una novela a explicar una lucha ambiental, de manera que, cuando se lee, muchas personas pueden sentirse identificadas y sospechar de contubernios entre las autoridades, nacionales y locales, y los empresarios que buscan desacreditar la lucha ambiental. Por ello es un texto que reúne a las personas e identifica con la lucha social y ambiental.

Además, recalcó que el libro tuvo la suerte de haber sido publicado en el año 1992, cuando se dio la Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo, que es el primer texto que propone herramientas legales para aplicar un derecho ambiental. Esta declaración tuvo un impacto severo en el país, a tal punto que, en el año 1995, se adoptó una Ley Orgánica del Ambiente y a su vez, promovió la reforma constitucional que originó el artículo 50 actual de la Constitución Política.

Por otra parte, el libro marca una época e inicia una lucha de todos los sectores ecologistas en el país. Incluso hoy en día, se puede ver esta lucha con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que es de vital importancia para Costa Rica pero las cámaras empresariales se oponen a él.

Finalmente, comentó el señor Boeglin que la literatura tiene la “magia que llega a todos los sectores”, además, al formar parte del programa del Ministerio de Educación Pública (MEP), se tiene la garantía de que todas las personas que se gradúen en el sector educativo público deban leer la novela y, por ende, conocerla, así como enterarse de las luchas por la defensa del medio ambiente.

 

Compartido con SURCOS por Nicolas Boeglin.

Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural responsables de agresiones a pueblos originarios de la Zona Sur

COMUNICADO PÚBLICO:

II Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur (2021) arroja a Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural como principales agresores

  • Hecho se confirma tras ser vinculado a 26 incidentes de seguridad en el 2021. Incluso, el teniente Ángel Porras es identificado directamente.

  • Se identifica un nuevo actor en las agresiones: la Asociación Multiétnica y Pluricultural. La cual es conformada por personas ocupantes ilegales, no indígenas y personas afines.

Jueves 25 de agosto 2022. El día de ayer, miércoles 24 de agosto, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) presentó el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” en la Universidad de Costa Rica. El Primer Informe responde a los hechos acontecidos en el 2020 y ambos documentos surgen a partir de complejos procesos de comunicación y monitoreo de agresiones cotidiano entre las organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Así, los hechos relatados en el documento refieren a vivencias y denuncias que realizaron personas que pertenecen a Pueblos Originarios y que se encuentran recuperando tierras-territorios en la Zona Sur del país.

A saber, el informe recoge hechos de los Territorios: Bribris de Salitre, Yabamï Dí, Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba (Crun Shurin). En éstos, se registraron 63 incidentes de seguridad, que se desprenden en 24 diferentes tipos de agresiones.

Sobre los hechos, la Fuerza Pública fue relacionada con al menos 26 incidentes de seguridad y que se desprenden en 5 diferentes tipos de agresiones. Entre ellos, generan alarma los ataques del 24 y 25 de marzo con gases lacrimógenos contra personas recuperadoras cabécares de China Kichá. Operativo injustificado y que, finalmente, ocasionó el re ingreso del ocupante ilegal y no indígena Miguel Vargas Mata a la casa de habitación en Yuwi Senaglö donde se encontraba antrincherado. Ello, pese a que la Fuerza Pública conoce de primera mano que Vargas Mata implica un riesgo y amenaza para las personas recuperadoras cabécares.

Como si ello fuera poco, el 25 de marzo fue detenido arbitrariamente Carlos Zúñiga Fernández. Detención que se dio a través de engaños y una serie de violaciones a los Derechos Humanos del recuperador cabécar cometidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.

Además, el informe identifica a un Teniente particular: Ángel Porras; vinculado a 4 incidentes de seguridad en el Territorio Cabécar de China Kichá. “El Teniente Porras era el encargado del operativo de los días 24 y 25 de marzo. Es decir, es el responsable de dar visto bueno al ataque con gases lacrimógenos contra las personas recuperadoras que se encontraban defendiendo el Territorio frente a una turba de personas no indígenas que querían volver a introducir a Vargas Mata a Yuwi Senaglö y además de agredir a las y los recuperadores”, comentó Nery Chaves, encargada de la investigación y sistematización del Informe.

“En 2020, la acción de los ocupantes ilegales superaban a las agresiones cometidas por la Fuerza Pública. En 2021, la Fuerza Pública, por sí sola, supera las agresiones por parte de terratenientes con un 57% y se le ve -en diferentes hechos- sumamente vinculada con agresores que, posteriormente, amenazarían y golpearían a personas recuperadoras hasta que éstas decidan escapar de las recuperaciones. Tales son los casos de los Territorios de Yamabï Dí, China Kichá como ya mencioné y el de Salitre; dónde en una comunidad deben convivir con el sujeto que cometió intento de homicidio contra el compañero Minor, del clan Tubölwak y recuperador”, insistió Nery Chaves.

“En Salitre la complicidad de la Fuerza Pública con los ocupantes ilegales y los no indígenas es clara desde que iniciamos a recuperar hace 12 años. La Policía no detiene los ataques en nuestra contra e incluso, ha formado parte de diferentes agresiones. Además, nunca está presente en el Territorio y si aparece es mucho tiempo después. Por eso, la Fuerza Pública no significa una garantía de nuestro bienestar y por eso, no hay confianza en ellos”, declaró Lesner Figueroa del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa del Territorio Bribri de Salitre.

“Si bien, el Informe detalla menos incidentes que el año pasado, el conflicto en los Territorios Indígenas sigue mutando y haciéndose cada vez más complejo. La Fuerza Pública sigue siendo un actor imparcial, que lejos de imponer la paz se alía con personas que abiertamente quieren agredir a las personas indígenas. A ésto se suma la salida a la luz pública de la Asociación Multiétnica y Pluricultural, conformada por personas que ocupan ilegalmente terrenos en los Territorios Indígenas y que convocó a manifestaciones en contra las recuperaciones con información falsa y mentiras. También, en noviembre, se le vio muy activa a la Asociación cuando en el Territorio Bribri de Yamabï Dí, las personas recuperadoras se encontraban resistiendo y sobreviviendo a una de las escaladas de violencia más fuertes del 2021. Por eso, no se debe interpretar que porque hay menos hechos de violencia en el 2021 significa que el conflicto está mermando, sino que está transformándose constantemente”, indicó Gustavo Oreamuno, defensor y participante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

Pese al contexto desalentador, los Pueblos Originarios se niegan a dar marcha atrás. “Confiamos en Sibö, en nuestras ancestras, ancestros y mayores de que nuestra lucha es digna, legítima y fundamental para nuestros Pueblos. Yo no creo que ningún o ninguna Bribri, Cabécar o Brörán den marcha atrás a lo que ya tanto nos ha costado, al contrario… estamos recuperando nuestras fuerzas para seguir, de la mano con Sibö, defendiendo nuestras tierras, nuestros cultivos y nuestros Pueblos, que, sin el Territorio no somos nada”.

Para mayor información, el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” puede ser descargado en el sitio web de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (http://www.coordinadoradeluchasursur.com). También, el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa con la participación de varios medios de comunicación y donde se estrenó el audiovisual «CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak» . Finalmente como parte de las actividades de presentación del segundo Informe, a las 6pm de hoy será el foro en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional, en Heredia.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

ADJUNTAMOS:

Enlace II Informe versión digital: http://www.coordinadoradeluchasursur.com/2022/08/ii-informe-de-agresiones-y-violaciones.html

Enlace video: CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak:

Audiovisual que recoge elementos clave del caso del compañero Sergio Rojas Ortiz, indígena Bribri del clan U̱niwak, asesinado el 18 de marzo de 2019. Sergio fue líder y defensor de los derechos de los Pueblos Originarios en Costa Rica.

A pesar de la violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios por parte del Estado de Costa Rica, en especial el derecho colectivo a la tierra – territorio, a las múltiples agresiones sufridas y a la impunidad reinante; los Pueblos Originarios continúan resistiendo y desde sus cosmovisiones y culturas fortaleciendo y revitalizando sus organizaciones propias y autoridades tradicionales y ejerciendo su derecho colectivo a la tierra – territorio, por medio de los procesos autónomos de recuperación de sus territorios; la semilla de Sergio ha germinado en las tierras recuperadas

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Comunicado ante las declaraciones hechas sobre el homicidio de Jerhy Rivera en reunión con el Viceministerio de Paz – Centro de Amigos para la Paz

El Centro de Amigos para la Paz hacemos un ferviente llamado a las autoridades civiles y sobre todo a las autoridades gubernamentales involucradas en los procesos de negociación y resolución atinentes la problemática de recuperación de tierras que viven las comunidades indígenas de la región del Pacifico Sur de nuestro país a que evalúen y asuman responsablemente su rol protagónico en dicha problemática.

En tal sentido es impostergable que manifestemos ante las autoridades gubernamentales, eclesiásticas, diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil, instancias judiciales y medios de comunicación, nuestra posición de no aceptación de los mecanismos y métodos implementados al día de hoy que han llegado al extremo de validar y vitorear a personas que aceptan ser culpables de homicidio y otras con cargas penales ser actores del proceso de búsqueda de soluciones a un conflicto que lejos de proponer soluciones se encamina a la profundización de las contradicciones y al ejercicio de la violencia y el asesinato.

Con suma preocupación ante un conflicto que lleva décadas a pesar del ordenamiento legal de nuestro país y de los compromisos internacionales atinentes suscritos por el Estado Costarricense y que ha cobrado la vida de dirigentes y líderes indígenas y que, lejos de encontrar vías de solución con gran dolor y preocupación tenemos que presenciar el vitoreo y aceptación pública del asesinato de un líder y dirigente indígena en una mesa de negociación regentada por autoridades gubernamentales, hecho que nos interpela a llamar a la sociedad costarricense y a nuestras autoridades judiciales y administrativas a asumir su responsabilidad y compromiso constitucional ante tal situación.

Pedimos por este medio que se actué de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, garante de la justicia y la paz social y que por normativa constitucional las instituciones involucradas y funcionarios involucrados sean garantes de un debido proceso que al día de hoy a la luz de los hechos están ausentes.

Nos pronunciamos como pacifistas y activistas de la no violencia activa ante nuestras autoridades gubernamentales, autoridades judiciales y civiles en aras de la paz y la justicia social a que se tomen las medidas correctivas y se proceda de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, nuestros Pueblos Indígenas merecen el reconocimiento de sus derechos y el Estado de nuestro país tiene la obligación de garantizarlos.

Paz para nuestros Pueblos Indígenas con Respeto a sus Derechos y Autonomía Indígena.

Recurso de Amparo en defensa de salud de afectados con arsénico

La Sala Constitucional dio trámite a Recurso de Amparo contra la ministra de Salud por no informar sobre acciones del Ministerio para atender a los afectados por ingesta de aguas contaminadas por arsénico desde hace más de 10 años.

El documento adjunto es la resolución dónde se consta algunas de las preguntas que debe responder la señora ministra.

El señor Daniel Salas fue condenado dos veces por los Magistrados por no responder a las mismas preguntas que se le formularon a la ahora ministra.

Las preguntas que nos hacemos es ¿Qué ocultan? ¿Por qué no quieren responder? 

Cientos de vecinos sufren de enfermedades graves e incapacitantes, hay decenas de muertos, vecinos que sufren de ERN crónica y otras patologías asociadas al consumo de dicho elemento tóxico.

Solicitamos seguir la sugerencia del doctor Wong de la CCSS  y realizar análisis de pelo, orina y sangre para detectar la presencia de arsénico en los vecinos, lo que ayudaría a prevenir los problemas. ¿Por qué se niegan a hacerlo en un número reducido de vecinos de Montenegro y Agua Caliente de Bagaces como plan piloto?

Exigimos respuestas.

La señora ministra de Salud tiene la palabra.

 

Compartido con SURCOS por la Asociación Confraternidad Guanacasteca.

Imagen: Semanario Universidad.

Fortalezcamos la U Pública

Él es Ernesto, indígena boruca, graduado de la carrera de Planificación Económica y Social-EPPS- UNA, gracias al esfuerzo y sacrificio personal y de su familia. 

Más del 64% de la población graduada de las universidades estatales provienen de hogares donde padres y madres no tienen un título universitario. 

Fortalezcamos la U Pública, sigamos construyendo país.

Enlace al vídeo completo: https://www.facebook.com/watch?v=381848360799666 

Audio filtrado de Gonzalo Peraza Agüero amenazando a los recuperadores de los pueblos originarios

SURCOS comparte la siguiente información:

Este lunes 22 de agosto de 2022 se filtró un audio de Gonzalo Peraza Agüero, presidente de la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires, organización que se encarga de conglomerar personas ocupantes ilegales en los territorios indígenas.

En dicho audio incita a las personas indígenas y no indígenas de Buenos Aires a levantarse en agresión contra las personas recuperadoras y el personal de la UCR para que no permitan que vuelvan a entrar al territorio, brindando información falsa diciendo que buscan sacarlos de su territorio y agredirlos. El interés de Gonzalo Peraza en que no entren al territorio radica en que estos ocupantes ilegales que su organización conglomera en los territorios indígenas tienen intereses en estos territorios y están en contra de su recuperación por parte de los pueblos originarios.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ya ha denunciado las agresiones de esta organización, agresiones que van desde la tergiversación de la información y, como se puede ver en el audio, convocatoria a manifestaciones con información falsa, incitación al odio, apología al delito y amenazas de muerte y de agresión. Gonzalo ya se ha visto involucrado varias veces en actos de violencia, como el que tuvo lugar en el Territorio Bribís de Cabagra en noviembre de 2021; además también se vio involucrado, este 29 de julio, en el Territorio Bribri de Cabagra, en actos de amenaza de muerte a mano armada a algunos miembros de la comunidad Dí Bütôk wüyïrké. Además, su asociación fue la que se encontraba reunida con la Mesa Técnica Interinstitucional cuando el asesino de Jerhy Rivera Rivera, Luis Eduardo Varela Rojas, reconoció que era el responsable del asesinato y fue vitoreado por el público presente.

Por lo tanto, la Coordinadora de Lucha Sur Sur exige al poder judicial iniciar una investigación contra las personas que conforman el AMPBA, por su vínculo con actos de agresión en contra de los recuperadores y los Pueblos Originarios.

También se exige al poder Ejecutivo hacerse responsable de este conflicto y llevar a cabo medidas para solucionar esta situación, como el desalojo de personas ilegales que residen en los territorios de los Pueblos Originarios.

Audio completo disponible en: https://www.facebook.com/watch/?v=486315943499927&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

Sobre los ataques por parte de Israel a seis ONG palestinas

El pasado 18 de agosto del presente año 2022, operaciones militares israelíes atacaron los locales de seis ONG palestinas ubicadas en la Franja de Gaza que se dedican a trabajar en temas de Derechos Humanos. Las acciones fueron completamente arbitrarias, violentas y sin fundamento ya que no existe motivo para que se llevarán a cabo; más allá del hecho de que para el Gobierno Israelí son consideradas “organizaciones terroristas”.

Al respecto los Ministerios de Asuntos exteriores de Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, los Países Bajos, España y Suecia se expresaron en el siguiente comunicado:

“​​Estamos profundamente preocupados por las redadas que tuvieron lugar en la mañana del 18 de agosto, como parte de una preocupante reducción del espacio para la sociedad civil en los Territorios Palestinos Ocupados. Estas acciones no son aceptables.

La progresiva reducción del espacio civil en los Territorios Palestinos Ocupados sigue siendo motivo de preocupación. Nos mantenemos firmes con las ONG para defender el derecho a la libertad de expresión y asociación en los Territorios Palestinos Ocupados.

Una sociedad civil libre y fuerte es indispensable para promover los valores democráticos y para una solución de dos estados. Como indicamos el 12 de julio, no se ha recibido información sustancial de Israel que justifique revisar nuestra política hacia las 6 ONG palestinas sobre la base de la decisión israelí de designar a estas ONG como «organizaciones terroristas». Si se presentaran pruebas convincentes de lo contrario, actuaríamos en consecuencia.”

Por otro lado desde el 7 de agosto se reportaba que como siempre tenemos medios de (“des”) información indicando que la operaciones militares israelíes «defienden», cuando en realidad, se agrede de forma intencional y deliberada a una población civil indefensa y  atrapada en Gaza sin mayor escapatoria, cuando una situación similar ya había sucedido con anterioridad en el año 2014 como lo reveló un informe realizado por una Comisión de Investigación de la ONU revelando la campaña de medios de prensa que se prestan para la desinformación.

Ante esta situación acontecida en 2014 en la votación en la ONU en el mes de julio del Consejo de Derechos Humanos Costa Rica sí puso la firma y EEUU solitariamente  con el NO, buscó que no se investigara nada.

Ante la situación que se estaba reportando desde el 7 de agosto escribió Pablo Hernández Arias al Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco:

Estimado Señor Ministro:

La Red de Solidaridad con Palestina, organización de la sociedad civil costarricense, ante los graves acontecimientos que se están sucediendo en la Franja de Gaza, territorio de Palestina y Estado con quien nuestro país tiene relaciones diplomáticas y hasta un Convenio de cooperación e intercambio cultural, solicita del Ministerio a su cargo y de su persona, que recoge la tradición pacifista y respetuosa de los derechos humanos y del Derecho internacional, la condena inmediata de los ataques aéreos que está realizando las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel contra  el territorio, edificaciones y personas, niños inclusive, en la Franja de Gaza, desde el viernes recién pasado así como el cese inmediato e incondicional de esos ataques.

Solo traemos a reproducir las palabras de la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese,  quien condenó los ataques aéreos israelíes sobre Gaza y subrayó que se trataba de un «acto flagrante de agresión».

Albanese dijo en un tuit en su página oficial en «Twitter», este sábado, que «dado que el derecho internacional sólo permite el uso de la fuerza para la autodefensa, la operación militar israelí es un flagrante acto de agresión».

“Este es un acto ilegal, inmoral e irresponsable”, agregó.

Esperando una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores esta solicitud, se despide por la Red de Solidaridad con Palestina de Costa Rica

 

Compartido con SURCOS por Nicolas Boeglin.

Feminicidio en Honduras

22 de agosto de 2022

Por Marlin Oscar Ávila

El término Feminicidio ha sido conceptualizado por investigadoras como Russell, Harmes y Carcedo quienes argumentan que niñas y mujeres son violentadas por el solo hecho de ser mujeres y que la inequidad social hace que estos malos tratos queden impunes ante la justicia y la sociedad. Russell y Harmes explican que hay diferentes tipos de feminicidios y los clasifican en cuatro, según la relación del victimario con la víctima. Estos son: 1 feminicidio de pareja íntima, 2 feminicidio de familiares, 3 feminicidio por otros perpetradores conocidos y 4 feminicidio de extraños. Aunque los perpetradores tienen diferente relación con la víctima, el perpetrador siempre es varón. Las autoras le dan mayor relevancia a los feminicidios de parejas íntimas por ser más recurrentes en los índices de feminicidio.[1]

El fenómeno no es exclusivo de un país o región. Según la CELAC[2], en América Latina, incluyendo el Caribe (21 países): el Feminicidio o femicidio, último año disponible, 2020,

estuvo como se demuestra en el gráfico abajo, esto corresponde a la cuantificación anual de homicidios de mujeres asesinadas por razones de género. Se expresa en números absolutos y en tasas por cada 100.000 mujeres. De acuerdo a las legislaciones nacionales se denomina feminicidio u homicidio agravado por razones de género.[3]

En este gráfico podemos notar que es Brasil el país con mayor incidencia en feminicidios para el 2020, seguido por México y Argentina. Del Caribe aparece República Dominicana con el mayor índice. De Centroamérica aparece Honduras, quien sigue a Argentina en Sur América, con el cuarto lugar.

En Honduras sucede que hay indicadores actuales que deben preocuparnos, tanto a la ciudadanía sin poder estructural, a la población organizada, como a instituciones del Estado hondureño, más aún cuando en estas instituciones hay mujeres con alto prestigio por sus luchas sociales en el pasado.

Organizaciones de mujeres como CEM-H. CDM[4] y otras, dan a conocer las estadísticas de feminicidio nacional.

En lo que va del presente año, según estas fuentes nacionales, la tasa de mayor incidencia, en el presente año, es del 37.5% de asesinatos (femicidio) de mujeres, ha sido de jóvenes con 20 años de edad. Seguidos por 20.19% de mujeres con 30 años y niñas de 10 años de edad en un 14.42%. Los tres departamentos con las más altas estadísticas son Cortés (con 22.46%), Francisco Morazán (con 15.94%), y Olancho (con 12.32%). En estos tres departamentos se ubican las fuerzas vivas con mayor poder político y de mayor influencia de formación y opinión en la sociedad del país. Según las mismas fuentes, las víctimas al momento de ser asesinadas, se dedicaban al comercio, en un 39%; estudiantes, en un 15%; amas de casa, en otro 15%; las demás eran profesionales con títulos universitarios, a excepción de un 5% dedicada a aseadora o mucama. Los agresores (o victimarios) fueron categorizados como: pareja de la víctima en un 53.33%, o ex pareja, en un 20%; seguidos por ser la hijastra en un 13.33%; la hija, en un 6.67% o la madre, en un 6.67%.

Desde luego, no solamente se trata de visualizar el hecho criminal consumado. Esta un proceso intermedio de violencia contra el sexo femenino cotidiano, el cual se identifica desde temprana edad en los hogares, donde la familia maltrata a las niñas, con humillaciones, ofensas contra su dignidad, frente al varón a quien muchas veces se les califica de héroes y campeones sin demostrar serlo, por el simple hecho de ser del sexo masculino. Están las escuelas, donde las maestras y maestros dan seguimiento a tal deformación social. Si revisamos la integración de los tres poderes del Estado, estos están prácticamente dirigidos por hombres; de manera tal que el discurso de equidad de género son palabras que el viento las lleva y trae o papel mojado en normas llenas de hipocresía política.

Para muestra de lo que hacen los medios para deformar nuestra conciencia y hacer ver a nuestras mujeres y niñas como objetos de consumo y mercado, el viernes 19 del presente, un medio muy escuchado como lo es HCH,[5] trató de grabar por TV las piernas de un grupo de niñas escolares del Instituto Dionisio de Herrera, todas de entre 14 y 15 años.

Es necesario, no solamente endurar las leyes contra violadores y asesinos de mujeres, pero de transformar las instituciones comandadas por personas tolerantes de incestos, femicidios y fomentadores de la impunidad (jueces) de agresores sexuales dentro de nuestra sociedad. Irónico parece ser que, cuando se tiene a la cabeza del poder Ejecutivo a una mujer, no haya contundencia en la política para evitar el alto feminicidio en Honduras. ¿Será por lo que se rumora tanto en cuanto a que el poder lo ejerce realmente un hombre chovinista, quien está detrás del telón, manejando los hilos del poder?

[1] https://www.google.com/search?q=diferencias+entre+femicidio+y+feminicidio&oq=diferencias+entre+famicidio+y+&aqs=chrome.4.69i57j0i13l3j0i22i30l6.25965j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

[2] La Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Su membresía incluye a …

[3] https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio

[4] http://www.cemh.org.hn/femicidios-2022/; https://derechosdelamujer.org/project/2022/

[5] https://lph.news/nacionales/alex-caceres-olvida-apagar-microfono-y-pide-que-graben-las-piernas-a-menores-de-14-y-15-anos/