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Etiqueta: derechos laborales

SINAE Afines defiende aumento salarial para personal de la CCSS

Lenin Hernández Navas, gerente general del SINAE, declaró ante la situación del aumento salarial para los trabajadores de la Caja, lo siguiente:

“Por la injerencia política por parte del Poder Ejecutivo en contra de la autonomía de la CCSS y por las presiones y amenazas del señor presidente en contra de la Junta Directiva de la institución, ante el acuerdo en firme que le otorga un reajuste salarial a las y los trabajadores de la Caja, es de nuestro conocimiento que la Junta Directiva quiere llevar ante la Contraloría General de la República la revisión de este acuerdo.

Pero les presento un documento emitido por la Contraloría General de la República en febrero de 2021 que textualmente dice: “(…) Por tanto, resuelve re valorar por concepto de aumento salarial semestral, los salarios del personal de la Contraloría General de la República, de acuerdo con el índice salarial que se adjunta a la presente resolución, rige a partir del 1 de enero de 2020”.

Lo que nosotros hemos venido argumentando, ese aumento salarial definido a finales del año 2019 para hacer efectivo en el año 2020, en la institución nunca se otorgó y fue retenido en el año 2020-2021 y lo que llevamos del año 2022, ¿por qué en la Contraloría General de la República y en otras instituciones si se efectuó este aumento? Porque es un aumento legal que cumple con los preceptos de la ley de finanzas públicas, así las cosas, este reajuste salarial en la Caja es legal, justo y necesario y no es de recibo las amenazas del señor presidente y sus argumentaciones que son laxas y gozan de una gran falta de respeto a los trabajadores de la Caja y a la institución”.

Compartimos el video:

SIFUPCR se compromete a dar seguimiento al tema de ajuste salarial a los trabajadores de la CCSS

El Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica, informa a los y las funcionarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, su respaldo al acuerdo de pago de deuda salarial y anualidades que aprobó la Junta Directiva de la Caja.

Reconocen que es un triunfo de la clase trabajadora que abre una ventana de oportunidad para romper con la lógica del congelamiento salarial que impuso la reforma fiscal.

Apuntan que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que reforma la regla fiscal, flexibiliza aún más los gastos de capital y pago de intereses de la deuda pero no aborda el eje salarial, de ahí la importancia de que este acuerdo avance.

Manifiestan la urgencia por conocer el impacto del congelamiento salarial en otras variables claves, como el consumo, la recaudación de impuestos y los ingresos de la seguridad social y se comprometen a darle seguimiento al tema.

Juan Carlos Durán C SIFUPCR HSJD – 9 Set 2022

Sindicatos del Bloque Salud-CCSS en defensa de la autonomía de la CCSS

COMUNICADO DE PRENSA

El Bloque Salud-CCSS, que reúne a las organizaciones más representativas de la Caja Costarricense de Seguro Social, Sindicatos de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS e Instituciones Afines (SIPROCIMECA), UNIÓN MÉDICA NACIONAL, Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME), Asociación de Profesionales en Enfermería (ANPE), Unión Nacional de Empleados de la CCSS (UNDECA), Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS) y el Sindicato Nacional de Servicios de Salud (SINASS) en reunión del día de hoy, por la negativa del Gobierno de reconocer el derecho al ajuste salarial de los y las trabajadoras de la Institución y debido a la desinformación y polarización fomentada desde el gobierno de la República, respecto de la situación de la CCSS, demandamos:

  1. Exigimos respeto a la autonomía constitucional de la CCSS: Nuestro Estado de Derecho exige el respeto al principio de legalidad, que obliga a cualquier ciudadano a cumplir las leyes; por lo que debe respetarse la autonomía y la independencia del Poder Ejecutivo de que goza la CCSS, consagrados en la Constitución Política y la Ley Constitutiva de la CCSS.
  2. La Caja no está quebrada: Rechazamos las declaraciones tendenciosas que pretenden desfinanciar, desprestigiar, mercantilizar y privatizar la Caja. La Caja está solvente, como lo manifestaron y demostraron los directores de la Caja que representan a las personas trabajadoras de nuestro país, donde se manifiesta que la Institución a pesar de la pandemia y el ciberataque viene atendiendo la demandas en salud y pensiones de la población costarricense.
  3. Que el Estado pague lo que le debe a la CCSS: Éste y otros gobiernos no solo han usado a la Institución como Caja Chica, financiándose con los recursos institucionales, evidenciado por los 900.000 millones de colones del seguro de salud, actualmente destinados a ese fin. Adicionalmente, la deuda siempre creciente del Gobierno que no paga lo correspondiente a asegurados por el estado, entre otros, llega a la escandalosa suma de 2.7 billones de colones, sin contar lo adeudado por traspaso del primer nivel de atención
  4. Exigimos el pago inmediato del ajuste salarial: En virtud de que el acuerdo de ajustar los salarios en el orden de los 7.500 colones se encuentra en firme, como ha sido comunicado, las organizaciones hemos cursado un oficio exigiendo el pago inmediato del ajuste respectivo, conforme al acuerdo del 8 de setiembre pasado.

En defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y ante las maniobras para no reconocer un ajuste salarial, producto de la negociación colectiva y que está jurídica y técnicamente fundamentado, las organizaciones sindicales del Bloque hemos acordado consultar a las bases las acciones de lucha que estaremos realizando.

San José, 20 setiembre de 2022

Representantes del sector laboral en junta directiva de la CCSS desmienten que institución esté quebrada

Representantes Sector Social laboral en la Junta Directiva de la CCSS hoy martes 20 de setiembre, en conferencia de prensa convocada en respuesta a las diversas inconsistencias informativas generadas a la opinión pública y manifestaciones no precisas del presidente Rodrigo Chaves y gobierno en los últimos días.

Se detallan aspectos técnicos de legalidad y presupuesto para la ejecución del reajuste salarial aprobado, así como la situación real económica de la CCSS.

Directores afirman la total gestión de legalidad del acuerdo de reajuste salarial a los trabajadores y desmienten categóricamente que la CCSS esté quebrada como lo señaló erróneamente y con muy mala intención el presidente.

Miembros participantes de Junta Directiva:

● Martha Elena Rodríguez González. Representante sector sindical. 
● Maritza Jiménez Aguilar. Sector Solidarista. 
● Jose Luis Loría Chaves. Sector Cooperativo.

Información de Martín Rodríguez Espinoza

UNDECA llama a defender la autonomía de la CCSS y demanda pago inmediato de ajuste salarial acordado

Costa Rica atraviesa una crisis política, social e institucional sin precedentes, que tiene la democracia al borde del precipicio.

No obstante, que el señor Álvaro Ramos Chaves no fue un funcionario sospechoso de ser amigo de trabajadores o sindicatos, tenemos que reconocerle que fue respetuoso del Estado de Derecho; pero su compromiso con el principio de legalidad constitucional, lo llevó a tener controversias por los comportamientos autoritarios del Gobierno de Rodrigo Chaves, la última, por su posición respetuosa de la legalidad del ajuste salarial adeudado a las personas trabajadoras de la CCSS.

La dignidad de don Álvaro y apego a los principios democráticos y científicos, demostró que estuvo muy por encima de la conducta sumisa que esperaba su implacable verdugo, y en definitiva, le costaron que el Presidente de la República y su obediente Consejo de Gobierno, cuyos salarios se incrementaron en más de un millón de colones, ordenaran su destitución inmediata.

El ajuste salarial acordado por la Junta Directiva de la CCSS estuvo sustentado en criterios técnicos, jurídicos y constitucionales, en el Código de Trabajo, la autonomía constitucionalmente atribuida a esa institución y pronunciamientos de MIDEPLAN.

Este ajuste salarial se aprobó e hizo efectivo en una gran cantidad de instituciones: Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Nacional, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Junta de Protección Social, Poder Judicial y varias municipalidades, entre otros.

Es más, tenemos, que destacar que la misma Contraloría General de la República, órgano constitucional que le corresponde la fiscalización superior de la Hacienda Pública, desde el año pasado, mediante resolución suscrita por la señora Marta Acosta, Contralora General, hizo efectivo ese ajuste salarial.

Advertimos a los y las trabajadoras de la benemérita CCSS, emblemática del Estado Social y Democrático, garante de la salud de la población, que nuestra querida institución está en un gravísimo riesgo, por una parte, por la exorbitante intervención política del Gobierno, y por otra parte, por los espurios intereses mercantilistas y privatizadores.

UNDECA llama a todos y todas las trabajadoras de la CCSS a pronunciarse y salir a defender enérgicamente la autonomía institucional y demanda el pago inmediato del ajuste salarial.

¡Detengamos la hostilidad política contra las personas que laboran en la CCSS, que más que merecido tienen este ajuste! La CCSS no está quebrada, el gobierno le debe más de 3 billones de colones y tampoco le paga.

El Bloque Sindical de Salud: UNDECA, UMN, SIPROCIMECA, ANPE, SINASSASS Y SINAME, informa que nos estaremos reuniendo a primera hora el próximo martes.

San José, 18 de setiembre de 2022

El presidente camina hacia un posible segundo acto dictatorial

COMUNICACIÓN POLÍTICA DE SIFUPCR

18 setiembre 2022

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR

No tenemos la menor duda de que se avecina una semana histórica para el país y su institucionalidad, hecho que coloca a una de las instituciones más emblemáticas en el centro de un proceso que definirá la ruta de lo que conocemos como Estado Social de derecho.

Decimos lo anterior pues la parte visible del tema de la deuda salarial en la CCSS esconde un escenario paralelo altamente riesgoso para el país en su conjunto.

Es decir, más allá del tema salarial, lo cierto es que el presidente a nuestro juicio, ya ejecuto un primer acto dictatorial al destituir al respetable Don Álvaro Ramos Chaves.

Decimos esto porque la familia laboral de la Caja y el país en su conjunto tienen derecho saber y a entender que el tema de la deuda salarial en la Caja, aparte de ser legal, no implica un nuevo gasto y que además en términos reales esa deuda talvez alcance a ser posiblemente de un 1%, mientras la inflación ha llegado arriba del 11 %.

Esto sin dejar de decir, que el poder adquisitivo real de los trabajadores y trabajadoras de la Caja, tuvo una pérdida en los dos últimos años del 12% para el sector no profesional, mientras que el sector profesional arribo a una pérdida del 37%. (Esto último aunado a la reforma del régimen del IVM, según datos oficiales, ha generado el retiro de al menos 200 profesionales de la CCSS y se espera un mayor boom de deserción).

Así las cosas, hay que tener claridad meridiana que el verdadero problema de fondo para el Gobierno en ejercicio y los partidos políticos que aspiran llegar al Ejecutivo radica en la fisura que genera el acuerdo de pago en la Caja a la lógica fundamentalista de la ley 9635 y su cuadrada regla fiscal, cuadratura que hasta el mismo presidente desea cambiar, al punto de haber presentado un proyecto de ley para modificarla, claro con la excepción hecha del tema salarial.

En esa línea el caso de la Caja acarrea un riesgo de efecto domino en una buena cantidad de instituciones, lo cual dinamitaría aún más la ley 9635 y su regla fiscal en el tema de los salarios y eso no puede, ni debe suceder.

Es por estas y posiblemente otras razones, que parece estar en desarrollo un acoplamiento político ideológico de Eli Feinzaig, Rodrigo Arias Sánchez y otras fracciones legislativas cristianas y evangélicas, para chantajear a Rodrigo Chaves Robles, que ocupa platica para gastar y mantener su populismo en la cima, aunque los cambios estructurales que le urgen al país no caminen nada y se siga acumulando un estallido social.

 En esta lógica cobra sentido mayúsculo frenar a toda costa y revertir el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja para pagar la deuda salarial a cambio de dar los votos para los eurobonos que necesita el presidente, ya sea en un solo monto o a poquitos.

Es así como el presidente podría entrar en una lógica que lo conduzca a valorar las rutas políticas y «legales» que posiblemente contengan las características de un segundo acto Presidencial con rasgos dictatoriales.

A nuestro entender los escenarios que indicaremos al final pueden ayudar a visualizar esas rutas y dependiendo de cómo avancen los acontecimientos la próxima semana, los riesgos para el país son enormes, pues la fisonomía dictatorial que está en desarrollo cuenta con arquitectos e ingenieros, que la están construyendo a partir de posibles argucias legales, conjuntadas claro está, con una narrativa mediática y de redes para asestar un golpe furibundo a la institucionalidad, que sin duda va más allá del tema salarial de la Caja.

Así, las cosas nuestro sindicato informa para que la gran familia de la CCSS, tenga claridad de que lo que está por definirse a partir del próximo Martes 20 de setiembre 2022 tiene una parte visible en lo del pago denla deuda, pero que en caso de tener que desarrollar un movimiento de lucha, al menos es menester dejar claro previamente que esta pelea de la Caja tiene repercusiones gigantescas para el país en su conjunto, es decir, estamos a las puertas de una huelga política por la defensa de la institucionalidad denla Patria, que además rompe con la lógica dogmática de la ley 9635 ( » ley de fortalecimiento de las finanzas públicas» y su regla fiscal).

Tenemos entonces que el desarrollo de los acontecimientos para la próxima semana podría estar consolidando un segundo acto de características dictatoriales por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles y en ese sentido la familia laboral de la Caja y la población en general debe ser bien informada de los riesgos país que encierra la parte visible del tema de la deuda salarial al personal de la Caja.

Escenarios:

 1.- La ex- ministra de trabajo llega con un mandato claro Rodrigo Chaves Robles de imponer la tesis de gobierno de forma radical. (Fuente: Información filtrada de una opinión vertida por un colaborador cercano a la ministra de Trabajo), ahora presidenta ejecutiva de la CCSS).

Este escenario implicaría un acuerdo de Junta que tiene dos posibilidades:

A- Revocar el acuerdo de pago de deuda salarial de 2020, con criterios jurídicos sacados de la manga.

B- O buscar un acuerdo de la Directiva de la CCSS, en la línea de suspender el acuerdo de pago del aumento o bien suspender indefinidamente los aumentos de salarios en la CCSS.

Ahora bien, si la Junta no la acuerpa, el gobierno posiblemente (Entiéndase Rodrigo Chaves Robles), tomará medidas radicales para «LIMPIAR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS».

En esa línea se hemos consultado a varios juristas para entender las posibilidades que tiene el gobierno de intervenir la CCSS y hay tres opciones.

A.- Inventar un debido proceso con una Medida cautelar de separación de directores.

B. Pedir la renuncia de uno miembro del estado y dejar la CCSS, acéfala sin Junta directiva por falta de Quorum estructural (sin un miembro la Junta no puede legalmente sesionar), y hacer y deshacer como quieran.

C- Promover la intervención alegando que estamos incumpliendo con la ley de presupuesto y el tope del 60% de endeudamiento. Cosa sin fundamento, pero todo se puede esperar.

Juan Carlos Durán Castro SIFUPCR

Mensaje de Juan Carlos Durán Castro al diputado Eliécer Feinzaig

El señor Juan Carlos Durán Castro, dirigente del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), manifestó su preocupación sobre las declaraciones del señor diputado, Eliécer Feinzaig Mintz, con respecto al aumento salarial de los empleados de la CCSS.

Durán alegó que con respecto a este tema, el aumento salarial a los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es más que merecido, pues los trabajadores de la institución son productivos en sus labores, lo cual se vio reflejado durante la crisis sanitaria por el COVID-19, además, defendió la autonomía de la CCSS para tomar decisiones en cuanto al salario de sus funcionarios, y aseguró que, en caso de ser necesario, se estará luchando por dicho aumento.

En días pasados, el señor diputado, durante una sesión del Plenario Legislativo, comentó que la decisión del Gerente General de la CCSS por aumentar el salario de los funcionarios de la institución es insostenible, pues ese aumento significa un costo más para los costarricenses y, a pesar de aumentar el gasto institucional, no se aumenta la eficiencia de los servicios que brinda la Caja.

La Junta Directiva de la CCSS no debe ceder a la indebida presión del Gobierno con el pago del ajuste salarial adeudado de los años 2020 y 2021

Comunicado de prensa

El presidente de la República Rodrigo Chaves llamó a cuentas al presidente ejecutivo de CCSS, Álvaro Ramos, cuestionando el acuerdo de la Junta Directiva de esta institución, que instruyó que se cancelara a las personas trabajadoras, el ajuste salarial que pactó la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, a finales del año 2019, para todos los trabajadores del sector público y cuyo incumplimiento violentaría la negociación colectiva y los convenios internacionales de la OIT.

Por una parte, esta impropia conducta del presidente Rodrigo Chaves, constituye una abusiva intervención política, que vulnera la autonomía constitucional de la Caja.

Por otra parte, el presidente ignora que, en virtud de este acuerdo, aunque de manera muy tardía, la Caja está honrando una deuda que tenía pendiente con los trabajadores, desde hace más de dos años, así señalado por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Planificación, en el oficio MTSS-DMT-OF-429-2020/MIDEPLAN-DM-OF-0479-2020, del 24 de abril de 2020, reiterado por Mideplan en oficio MIDEPLAN-DM-OF-0811-2021 del 10 de agosto de 2021.

Conforme con el artículo 695 del Código de Trabajo los acuerdos de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público son vinculantes para todas las instituciones públicas, en este caso, desde el 2012 la Junta Directiva de la CCSS acordó aplicar los ajustes decretados para el sector público y debidamente ajustados a derecho.

Este acuerdo, adoptado en firme por la Junta Directiva, se fundamentó en sólidos criterios jurídicos y actuariales, que respaldan su legitimidad y garantizan la sostenibilidad financiera institucional.

El acuerdo tiene un carácter normativo, que da lugar a un derecho subjetivo, reconocido a favor de las personas trabajadoras, que jurídicamente no puede ser revocado por ese órgano supremo institucional, por más presión que ejerza el presidente de la República, su ministro de hacienda y algunos diputados.

Este acuerdo configura un derecho subjetivo pleno, amparado por el principio de intangibilidad de los actos propios de la Administración, de rango constitucional, que le impide a la Junta Directiva de la CCSS derogarlo o dejarlo sin efecto, en perjuicio de las personas trabajadoras que laboran al servicio de esa institución.

El ajuste salarial general, en el orden de 7.500 colones mensuales, está muy por debajo del exorbitante aumento que el propio presidente recetó, con cuchara muy grande a sus ministros y viceministros. Un jugoso aumento del 100% que en nada puede compararse al ajuste acordado para los trabajadores de la CCSS quienes, al igual que los funcionarios del sector público y pueblo costarricense han sufrido las graves consecuencias del impacto del combo fiscal y políticas neoliberales.

Demandamos al gobierno y sector empresarial el pago de la deuda acumulada desde hace años y que ronda los tres billones de colones. Dinero que vendrían a garantizar a la CCSS los recursos financieros para cubrir las diferentes necesidades que tenga esta institución en beneficio de todos los costarricenses.

Las organizaciones sindicales presentes hacemos un llamado de unidad a los trabajadores, organizaciones sindicales y sociales para hacer valer el pago del ajuste salarial. y, en consecuencia, se mantenga incólume ese justo pago, que más que merecido lo tienen las personas trabajadoras.

San José, 15 de setiembre de 2022

Hecho histórico: convención colectiva de trabajo en empresa agrícola

El pasado lunes 22 de agosto en Sarapiquí de Heredia se conformó el acta oficial de homologación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que indica que empieza a regir una convención colectiva de trabajo entre la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). 

Como resultado y esfuerzo de diferentes personas trabajadoras de las bananeras, así como empleados públicos y privados del país, se celebra este acontecimiento y hecho tanto histórico como significante para los derechos laborales y de vida de los y las trabajadoras bananeras de Costa Rica. 

Así demostró el premio Nobel de Economía que el salario mínimo no destruye empleo

David Card. Imagen tomada de Semanario Universidad.

David Edward Card (Guelph, 1956) economista canadiense especializado en el ámbito laboral y profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley. Fue uno de los tres galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2021, junto a Joshua Angrist y Guido Imbens.

Es uno de los debates clásicos de la ciencia económica y resurge en España cada vez que el Gobierno revisa al alza el salario mínimo interprofesional (SMI). Quienes se oponen a las revalorizaciones argumentan que la subida de la remuneración básica por encima de la que fija la mano invisible —y que, según la ortodoxia, está determinada por la productividad— acaba expulsando siempre a los trabajadores más desfavorecidos, especialmente los jóvenes, del mercado laboral. Pero ¿tiene que ser necesariamente así? David Card, profesor de la Universidad de California en Berkeley a quien la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha galardonado este lunes con el Premio Nobel de Economía por sus «contribuciones empíricas a la economía laboral», contradijo esta teoría en uno de los estudios que le han valido el prestigioso reconocimiento.

Junto al ya fallecido Alan Krueger —ex asesor de los presidentes estadounidenses Bill Clinton y Barack Obama—, Card estudió las consecuencias de la subida del salario mínimo en Nueva Jersey sobre los trabajadores de cadenas de comida rápida en ese estado y en las zonas limítrofes de la vecina Pensilvania. En aquel momento, 1992, se trataba de dos prósperos territorios industriales del norte del país en manos de administraciones demócratas, pero solo el primero decidió aumentar la paga, desde los 4,25 hasta los 5,05 dólares la hora. La experiencia de estudios previos, especialmente en los años setenta, hacía pensar que el empleo se reduciría en Nueva Jersey debido a la nueva regulación, en contraste con lo que sucedería al otro lado del río Delaware. Pero no fue así.

Las conclusiones fueron las siguientes: el salario medio de entrada había subido un 10% en Nueva Jersey, mientras que el salario medio se había incrementado un 3,1%. En ese estado, no sólo no se había destruido empleo a tiempo completo, sino que se había creado, al contrario que en Pensilvania. Incluso se produjo una «pequeña y estadísticamente insignificante» migración de trabajadores desde el territorio que no había aumentado el salario mínimo hacia el que sí lo había hecho. La única consecuencia negativa fue para los consumidores: el precio del menú aumentó más al este que al oeste del río Delaware, aunque los investigadores matizan que los establecimientos más sensibles a la medida no encarecieron más sus productos que los menos afectados.

Pero las conclusiones no se quedaron ahí. Aunque la decisión de subir el SMI se produjo en 1990, cuando Estados Unidos aún disfrutaba de uno de los mayores ciclos de crecimiento de su historia tras las reformas del presidente Ronald Reagan, se aplicó dos años después, en plena recesión. Entonces, señala el trabajo, algunos sectores pidieron dar marcha atrás a la medida con el argumento de que no era una buena idea en un momento de crecimiento del desempleo. El mismo razonamiento que ha esgrimido en España la patronal CEOE para oponerse al incremento de 15 euros mensuales aprobado por el Gobierno en un contexto en que la economía española aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia del coronavirus.

En sus conclusiones, Krueger y Card descartan que los resultados del estudio estén viciados por el devenir de la economía: «Es poco probable que los efectos del alza del salario mínimo fueran ocultados por la mejora de la situación económica general». Y se muestran taxativos: «El alza del salario creó empleo». Otros estudios, como los del Banco de España, no dicen lo mismo: el organismo regulador calculó que en 2019 se perdieron entre 90.000 y 170.000 empleos en nuestro país por culpa de la subida del SMI.

La controversia seguirá, pero este lunes el premio se lo ha llevado la obra de David Card, que demostró que se puede subir el SMI sin necesidad de destruir empleo y, en ocasiones, ese incremento incluso puede incentivar su creación. Tres décadas después de la investigación, no faltarán las interpretaciones políticas sobre un asunto que sigue generando discusión. Con o sin evidencia empírica que la respalde.

De ahí que las políticas de salarios decrecientes no favorecen el crecimiento ni el desarrollo de los pueblos. Lo que ocasiona son rezagos que imposibilitan la competitividad de los sectores y por ende obstaculizan el desarrollo y crecimientos de los sectores y agentes de la economía.

 

Foto de David Card recuperada de Semanario Universidad.

Compartido con SURCOS por SITRAHSAN.