En el 2023 se cumplirán ochenta años de la instauración del Código de Trabajo, hoy modificado con la Reforma Procesal Laboral, norma superior y especial que regula el vínculo de la patronal con el sector trabajador.
Desde SITRAHSAN tenemos claro que la historia ha sido recurrente, siempre trabajador necesitó un árbitro, ya que la costumbre es; que todo derecho laboral debe llevarse a contienda judicial, lamentablemente; eso suele suceder con más frecuencia el patrono, a pesar de que ya ochenta años debieron dar un marco de certeza jurídico que se estableciera con la resolución de los múltiples casos en sede laboral, no deberían repetirse o reiterarse, pero lamentablemente parece que en lugar de evolucionar, vamos para atrás.
El Estado como patrón, se ha visto indigestado con el actuar de los “virus humanos” y ha tenido que lidiar con esos “tumores malignos” y la actuación de los demás miembros del cuerpo del Estado, inyectarse para erradicar esas actuaciones “cancerígenas”, ya que a la óptica de un mal cirujano ya desgastado, pensará que quitar más tejido sano, erradicaría la continuidad de la enfermedad o el mal, de ahí es que nos atacan malos “tumores” con epítetos inadecuados de funcionarios públicos, de incremento al gasto, de gasto superfluo y no de inversión social, en fin de todas las ocurrencias, hasta de cumplir normas de ingreso internacional a organismos como la OCDE o del FMI mismo. (símil quizás del COVID-19).
Esos proverbios, si vale el término, deben desaparecer con la complicidad de usted o cada actor de este Ministerio, esa complacencia, o tolerancia e impacto social, evoca su propio actuar, la muletilla de “poco me importa” debe cambiar.
Hoy día los logros de personas visionarias en materia de derechos laborales, exigen la aplicación de sentencias judiciales, resolviendo quizás años de contienda por una mala interpretación de algunos “malos abogados”, debemos decirlo así, porque muchas veces, sin ser especialistas en temas públicos, interpretan una norma literal, o la fraccionan, intimidando al pobre trabajador, olvidando de sus actos, la responsabilidad, civil, penal o administrativa.
SITRAHSAN no es el dueño de la verdad, es claro, pero es una organización que analiza adecuadamente cada movimiento de la contraparte, estamos vigilantes y no reactivos, es quizás por eso, que sentimos que las propuestas no mitigan el actuar patronal, lo que pretendemos es mostrar nuestro punto de vista y la solución posible a un conflicto o evitarlo, pero a muchos con poder eso no les agrada, ya que quieren “meter gallega” cuando el bienestar nacional mismo esta en juego, y eso no lo vamos a permitir.
Acaso una mala política afecta al trabajo o afecta el bienestar integral?, claro, el impacto de un traslado, de un órgano director, de un ascenso mal otorgado, de un “clip” a una exoneración que no corresponde, o pasarle más casos complicados a otros y a otros funcionarios casos “light”, no nos va a afectar, ya que de ahí, podría hacerse más visible la ineficiencia se genera o el compadrazgo y sentirse parte de la “argolla” les podría brindar seguridad, pero no; ahora todos vamos a ser considerados como iguales “todos empleados Públicos”
El proyecto de Ley que se ventila, viene bastante determinativo en materia de derechos laborales y las potestades, de los políticos que representan al PATRONO, no es las del Estado las que se persiguen, se ventilan crear “super Ministros”, para orientar la actuación laboral pública, cuando quizás, la experiencia profesional individual de esos “super Ministros”, carece de la solvencia y decoro necesario, que hasta para administrar una pulpería les cuesta. Y esos son los notables aportes de esa clase política, “apliquemos mano dura al sector público”, según rezan, sin determinar el colateral de esa actuación con impericia.
Bueno, lo que resta del discurso en la celebración del ochenta aniversario de nuestro Código Procesal Laboral, es que “el ropaje hueco tal cual mendigo indigente pestilente” se mantiene y debe mantenerse firme, y empezar a remendar esos huecos creados por la tolerancia y complacencia misma del trabajador que piensa que política pública no le afectaría nunca.
Es hora de que nos unamos, y con los derechos a la salud, al bienestar, a la paz laboral, a la actuación libre de acoso y hostigamiento, pulamos, arropemos, perfumemos el “indigente empleado público”, y comprendan mucho político de turno, que las teorías de humanidad del trabajo mismo, dignificando al trabajador, es como se logra mayor productividad.
Debemos dotar de herramientas y recursos, legales y jurídicos, en especial al trabajador en el Ministerio de Hacienda, para poder atacar, esos dos flancos, los malos administradores de la Hacienda Publica y los que defraudan al Estado precisamente por esa “camisa de fuerza” o “censura” que nos ponen a quienes aquí laboramos y que el impacto final de nuestro actuar en SITRAHSAN pretendemos, es traer bienestar no solo a nuestro trabajo, a nuestra salud, a nuestra seguridad, es para todo el País y al Bienestar Nacional.
Adela Torres, secretaria general de Sintrainagro | Foto: Alexandra Muñoz.
¡Prohibido olvidar!
Este 5 y 6 de diciembre el movimiento sindical recuerda los 94 años de la masacre de las bananeras, un acontecimiento que la historia colombiana intentó, sin éxito, disimular.
Gerardo Iglesias
En noviembre de 1928, más de 30.000 trabajadores de la compañía estadounidense United Fruit Company (hoy Chiquita Brands) estaban en huelga en la zona bananera del Magdalena.
La empresa se había negado a estudiar un pliego petitorio que solicitaba celebrar contratos de trabajo, aumento salarial, el pago de los sueldos en dinero y no en vales, y el cierre de los comisariatos de la compañía bananera.
Nada muy extravagante, pero el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez calificó a esos trabajadores como malhechores e insurrectos, declarando el estado de sitio y el toque de queda.
El 6 de diciembre de 1928, en la estación de ferrocarril de Ciénaga, donde había reunidos más de 7.000 trabajadores, el ejército colombiano abrió fuego contra los huelguistas.
En la represión murieron casi 4.000 trabajadores.
Este lunes 5, en esa misma localidad, el Sintrainagro participa del Foro Nacional sobre la desmitificación de los hechos ocurridos en 1928, reivindicando la memoria de quienes los antecedieron en la lucha por mejores condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras bananeros.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su defensa por el respeto de los Derechos Humanos, denunció penalmente varios hechos de aparente tortura que se estarían presentado contra personas extranjeras detenidas por condición migratoria irregular en el Centro de Aprehensión Región Central (CARC), ubicado en Los Lagos de Heredia.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Probidad del I Circuito Judicial de San José, el pasado 22 de noviembre, por delitos de acción pública en contra de varios oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), destacados en dicho centro de detención, principalmente contra dos oficiales de apellido Delgado y Santamaría.
Según los hechos por los cuales se presentó la denuncia, en este centro de aprehensión de migración hay dos grupos de oficiales de policía, el grupo de Santamaría y el grupo de Delgado, que en apariencia están utilizando la tortura, los golpes y la agresión psicológica para obtener información, así como mecanismo de castigo cuando consideran de forma arbitraria que los detenidos no se comportan de forma adecuada.
En fecha 16 de noviembre del 2022, “en la guardia nocturna del Centro de Aprensión de Migración, los oficiales del grupo de día de Kenneth Delgado, se quedaron después de la salida con el grupo de Esteban de la O y golpearon de manera brutal e injustificada a dos detenidos identificados como Nelson Romero y Moisés Diaz, porque uno de ellos tenía una batería del control remoto de la pantalla de patios, los patearon y golpearon fuertemente, posteriormente a uno lo arrastraron del cabello por todas las celdas hasta llevarlo a una celda denominada bocho, que es una celda muy pequeña, al otro lo golpearon tan fuerte que se defecó y se orinó, esta situación no es la primera vez que sucede, ya que ocurre frecuentemente con otros detenidos, por ejemplo, con anterioridad a este evento, el grupo del oficial Delgado le dio una golpiza tan fuerte a un hombre de nacionalidad mexicana, que le ocasionaron sangrado en un oído”, indica la denuncia.
En otra ocasión reciente sin precisar fecha exacta la denuncia indica que, “accionaron con suma violencia contra un hombre de nacionalidad salvadoreña, los oficiales instigaron a dos nicaragüenses luego de abrirles la celda para que golpearan salvajemente al salvadoreño, la prueba de esto la consignaron en una bitácora de uno de los puestos, donde indicaron alevosa y falsamente “que por accidente” los nicaragüenses se salieron de la celda y golpearon al salvadoreño, lo cual es totalmente falaz comparado a lo verdaderamente ocurrido, Jorge Santa María es uno de los oficiales que provocan a los detenidos para luego vapulearlos de manera brutal e inmisericordia.”
También se detalla que, “Hace unas semanas hubo un incidente grave con un hombre de nacionalidad peruana, donde el oficial Santamaría provocó la ira del peruano y este por padecer de una enfermedad mental, utilizó un fierro del camarote para agredir gravemente a otro extranjero; por directriz superior, Santamaría no podía acercarse al peruano, debido a que el oficial de forma reiterada estuvo provocando a los aprendidos durante los días que estuvo a cargo de la supervisión”.
Según la información suministrada a la ANEP, la jefatura, aparentemente cohonesta y es cómplice de las actuaciones, encubriéndolas criminalmente, en especial las del oficial Santamaría quien “cuenta con múltiples antecedentes de agresiones contra los detenidos y aún así alega que no lo pueden tocar ni hacerle nada” ya que se ve respaldado por la jefatura.
La denuncia también hace referencia a que hace unas semanas sin precisar fecha exacta, “se reunieron varios detenidos con la Gestora de apellido Padilla, denunciando el mal trato recibido por el oficial Delgado, sin embargo, no se han tomado medidas al respecto, sin importar la existencia de violencia y tortura tanto física como psicológica que utilizan los oficiales como mecanismo para la resolución de conflictos.”
Por estos hechos presentados y denunciados a la ANEP por parte de una fuente interna del Centro de Aprehensión Región Central, se decide elevar el caso a una denuncia penal, amparados en el abuso de autoridad presente el artículo 338 y el artículo 123 bis sobre tortura del Código Penal que establecen.
Artículo 338. -Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.
Artículo 123 bis.
Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil. Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.
Esta acción de la ANEP, también busca salvaguardar el honor de los oficiales de migración que cumplen su labor con absoluta probidad. gran transparencia y sacrificio, y que este incidente de carácter aislado se investigue y no quede impune.
Tras la renuncia del representante de la CCSS por parte del Estado, Guillermo Hernández Ramírez, se juramentó este 26 de noviembre a Juan Ignacio Monge Vargas como el nuevo representante del Estado. Con esto las inquietudes no se hicieron esperar por parte del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), la cual señalo:
“Declaramos Non grato a este señor puesto por el Presidente Rodrigo Chaves Robles en la Junta Directiva de la CCSS , ya que la moción por él presentada, para que se nos pagase el ajuste salarial hasta 2024 revela su irrespeto por el esfuerzo humanizado de la gran familia laboral de la CCSS. SIFUPCR deplora del Presidente Chaves Robles nombramientos de personajes de corte antilaboral y antihumano y será vigilante de las futuras actuaciones de este destructor del Estado Social de Derecho, la institucionalidad y la democracia.”
Por cuánto, la SIFUPCR mantiene sus declaraciones hechas anteriormente el 23 de noviembre, cuando se seleccionó a Vargas como nuevo representante del Estado, como una persona no grata, donde las intenciones establecidas por este han sido malintencionadas.
Información compartida con SURCOS por Maikol Hernández Arias
Durante más de cien años los trabajadores agrícolas han sido sometidos a condiciones de trabajo inaceptables por parte de las compañías extranjeras que en complicidad con el Estado costarricense, se apropiaron de las mejores tierras del país. ¿Por qué hoy prevalecen condiciones de trabajo semejantes a las de hace un siglo? ¿Por cuáles razones, después de tantos avances en instrumentos internacionales de derechos humanos, la realidad laboral sigue siendo muy semejante a la de un siglo atrás?
El 16 de noviembre de 2020, Costa Rica ha depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, convirtiéndose en el 47° país que ratifica el Protocolo a nivel mundial y el quinto a nivel de la región de América Latina y el Caribe.
Por otra parte, ha pasado más de un siglo del Convenio 11 de la OIT sobre el derecho de asociación sindical de los trabajadores agrícolas, y a pesar de ello, no ha sido posible que estos puedan organizarse en sindicatos. Fueron las administraciones a partir de la década de los años ochenta las responsables de la desarticulación del sindicalismo agrícola y la eliminación de toda forma de negociación colectiva. Esta fue sustituida por organizaciones solidaristas y comités empresariales de trabajadores denominados comités permanentes. Estos últimos en supuesta representación de los trabajadores sustituyen a los sindicatos y firman arreglos directos. Las empresas transnacionales no permiten la negociación colectiva y apenas dejan existir algunos sindicatos para dar la apariencia que permiten la libertad sindical.
A pesar de la ratificación de los Convenios de OIT, números 11, 87 y 98 sobre libertad sindical y el Convenio 30 y su protocolo, no existen políticas eficaces para acabar con las formas de trabajo forzoso, prevalece la explotación de los trabajadores con mayor repercusión en migrantes, mujeres y niños y otros grupos vulnerables.
El Protocolo requiere que los Estados adopten medidas efectivas para prevenir y combatir el trabajo forzoso, incluido el trabajo por servidumbre de deudas, el trabajo doméstico forzoso, o la trata de personas, y para proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas, tales como una indemnización. Sin embargo, el acceso a la justicia está muy limitado, resulta oneroso y esto se agrava cuando se trata de poblaciones en situación de pobreza y marginalidad, como lo es la mayoría de los trabajadores agrícolas del país.
El trabajo asalariado ha estado concentrado desde finales del siglo XIX en los productos agrícolas de exportación, especialmente banano, café, caña de azúcar y más recientemente palma aceitera, piñas y otras frutas tropicales. Así se formó el proletariado agrícola que ha trabajado para los latifundios y empresas transnacionales que se fueron apropiando de las mejores tierras del país y construyeron sus propios enclaves sin fiscalización estatal.
En las zonas de enclaves agroindustriales, las personas tienen imposibilidad de acceder a la educación formal superior y a la formación profesional, debido a la inexistencia de las instituciones públicas en estas regiones. Situación que provoca que los niveles educativos sean bajos y de esta forma garantiza el relevo generacional de mano de obra en condición de vulnerabilidad. Aprovechando su condición de únicos empleadores en las comunidades, los jóvenes solamente tienen la oportunidad laboral en la agroindustria. Esta es una realidad perversa.
Las plantaciones afectan además la agricultura de producción de alimentos de los costarricenses, fueron cosechados con trabajo familiar de un sector de campesinos pobres, que muchas veces no cuentan con los medios para impulsar empresas agrícolas exitosas. Muchos de ellos ocupan mano de obra temporal en cosecha, y los propios miembros de la familia incluidos los niños y las niñas.
En el café, estos campesinos, con la orientación del Estado logran organizarse en cooperativas y vincularse al comercio internacional, conformando una clase media campesina. Los avances educativos y sanitarios promovidos por el Estado costarricense le permitirán junto al café, construir condiciones de vida y trabajo diferenciadas de los asalariados agrícolas.
Los trabajadores ocupados en las empresas agroindustriales donde la explotación capitalista impuso las condiciones de trabajo, un siglo después se encuentran en condiciones de miseria, sin posibilidad de tener acceso a la tierra y menos aún de aprovechar el desarrollo logrado por el país en materia de salud, educación y condiciones de vida.
Si los comparamos con otros sectores económicos, los trabajadores agrícolas están débilmente protegidos por las leyes laborales nacionales. En algunos casos esto se debe a que el alcance de la legislación es muy limitado para orientar las relaciones laborales, en donde prevalecen prácticas históricas de explotación y trabajo forzoso, que supone la explotación del trabajo de las mujeres, niños y niñas, población migrante y trabajadores indígenas.
En Costa Rica la legislación de protección simplemente no se cumple y las instituciones estatales son omisas o carecen de políticas públicas eficaces, porque prevalece la protección de estas empresas transnacionales, sus negocios, sobre los derechos laborales, la salud y el medio ambiente.
Además, la aplicación de la legislación, en general, es una problemática en las zonas rurales, donde los trabajadores, muchos de ellos migrantes, no están familiarizados con los detalles de la ley. Incluso cuando existe una legislación específica sobre jornadas de trabajo, salarios y formas de pago, contratación y alojamiento, mientras que la inspección y la aplicación tiende a ser débiles o inexistentes.
En el caso de las mujeres, la explotación se agrava por las distintas formas de violencia a que son sometidas. La mayor parte de las asalariadas agrícolas se caracteriza por la mala calidad de los empleos que se les ofrece, lo cual, redunda en los altos niveles de pobreza que persisten entre los trabajadores agrícolas.
Las mujeres no se encuentran en ningún puesto de mando. En la práctica realizan las mismas labores pesadas al igual que los demás trabajadores. Las líneas de ascenso no existen. No se regula en los acuerdos directos nada que tenga que ver con igualdad de género.
En este contexto se da mucha agresión sexual y contra el derecho a la intimidad de las trabajadoras. Los servicios sanitarios no están diferenciados ni existen en el campo. Las mujeres deben realizar sus necesidades fisiológicas en zanjas en condiciones humanamente inaceptables.
En cuanto a la salud laboral no se toman previsiones por su condición de mujeres. Deben trabajar con la misma intensidad que se les exige a sus compañeros de trabajo pues el pago es a destajo, el monto del pago depende del cumplimiento de la tarea asignada.
Sus empleos son mal remunerados y los salarios no les permiten satisfacer sus necesidades mínimas, a pesar de cumplir con extensas jornadas de trabajo. No obstante, estas condiciones, sus aportes son fundamentales para superar la pobreza del hogar.
En estos escenarios se trabaja para comer y no para vivir, reproduce al mismo tiempo una mano de obra que desde muy joven se engancha en el mismo estilo de vida, con los mismos patrones culturales y con un futuro de limitaciones fácilmente pronosticable. Aparte en la importante población migrante en la agricultura, muchas son víctimas de explotación y trata de personas.
Las tarifas salariales fijadas a las labores por destajo las imponen las empresas sin que medie tutela del Estado o el Consejo Nacional de Salarios. Las fórmulas utilizadas para fijar estas tarifas son desconocidas por los trabajadores y por el mismo gobierno. Situación que coloca a los trabajadores en estado de indefensión, ya que deben ejecutarlas al ritmo e intensidad que unilateralmente le imponga el patrono. Desde nuestro punto de vista, el salario a destajo es el principal riesgo de trabajo, ya que arrastra a los trabajadores a realizar sobre esfuerzos, exponerse a riesgos y desgastarse físicamente de forma acelerada.
Podemos afirmar que el poder de las transnacionales agroindustriales no permite ningún nivel de inspección o control por parte del Estado costarricense y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la administración de justicia, tampoco constituyen un límite para su violación de los derechos laborales y el trabajo forzoso, y por tanto realizan sus infracciones a las leyes y normas constitucionales con absoluta impunidad. Esto quedó demostrado durante la reciente pandemia de COVID-19 donde muchas empresas agroindustriales propiedad de transnacionales no permitieron el ingreso de autoridades de salud.
Así, por ejemplo, persiste el trabajo infantil, les retienen documentos a los trabajadores migrantes y los hacinan en cuartuchos, les cobran el transporte hasta la finca donde ese día laboran. También deben comprar su alimentación o prepararla en lugares insalubres.
Los trabajadores y trabajadoras están por su cuenta sin una participación activa del Estado en materia de control de la salud laboral. Adolecen de agua potable y hasta se les sanciona por exigirla, trabajan largas jornadas bajo el sol, siendo personas iletradas riegan venenos, los trabajadores indígenas de las bananeras suscriben sus contratos de trabajo en idioma español aún y cuando no lean este idioma. No podemos omitir en este documento, la forma indiscriminada con que se vierten los agrotóxicos en la tierra, se contaminan los ríos, se talan los bosques, se enferman los vecinos, sufren los animales y se afectan de forma indirecta a los pequeños agricultores de las comunidades quienes padecen los efectos de plagas y reducción de tierra.
El Estado es un gran ausente. El acceso a la salud, a la justicia y la inexistencia de controles en materia de inspección de trabajo para que se pague la seguridad social afecta gravemente las condiciones de trabajo que resultan indignas. Frente a todo esto los trabajadores y trabajadoras se les niega el acceso a la justicia, no solo porque para plantear una demanda laboral requieren contratar la asistencia legal de un profesional, lo que resulta costoso o significa disponer de la mitad de los que se le vaya a indemnizar, sino porque los juzgados están muchas veces a distancias importantes de los lugares donde se ubican las empresas. Esto afecta las denuncias administrativas y judiciales de riesgo de trabajo facilitando la impunidad empresarial.
Más grave aún, persisten condiciones favorables a la trata de personas por las migraciones descontroladas y la inacción del Estado y sus autoridades. Muchas de estas empresas están ubicadas a ambos lados de la frontera con Nicaragua y Panamá, y miles de trabajadores deambulan sin que existan estrictos controles fronterizos porque rigen las normas de libre circulación sin requisitos que exigen estos enclaves territoriales donde se siembran los monocultivos.
Todo esto sucede en un país donde las leyes, tratados y convenios internacionales, son letra muerta, mientras los trabajadores no pueden organizarse libremente en sindicatos. Mientras los sindicatos no operen con libertad en la agroindustria costarricense, seguirá imponiéndose la esclavitud y la violación a los derechos humanos.
El señor y la señora, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (FENTRAGH) y Dania Bando Castillo, secretaria general adjunta, en el marco de la reunión sindical con Tomoya Obokata, Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, alzan la voz sobre las empresas agroindrustriales multinacionales y los mecanismos que utilizan estas para violentar los derechos humanos de los trabajadores, la forma en que estos afectan a las comunidades y el impedimento de la libertad sindical, esto ultimo es relevante pues sin libertad sindical no hay forma de revertir o luchar contra las nuevas formas de esclavitud en Costa Rica, según lo dicho por los representantes de la FENTRAGH.
Otros temas que se presentaron en la reunión fueron los de trabajadores migrantes, indígenas y el trabajo infantil en las agroindustrias. El tema de los migrantes es complejo pues estas poblaciones son invisibilizadas, y se les niega todo tipo de derecho laboral. La discriminación en la población indígena se presenta por medio de contratos en español, idioma que no manejan.
La Contraloría dio la razón de que la regla fiscal no aplica para la Caja.
Lo que dice la Contraloría rectifica algo muy importante, la autonomía constitucional especial de la Caja está viva y eso nos ayuda en términos de que nos tengan que pagar nuestro salario.
Es necesario decirle a la presidenta ejecutiva que en la sesión de hoy esperamos que todo salga bien, porque ella no tiene la moral necesaria después de haber entrevistado al actual presidente del Banco Popular de ponerlo en ese cargo sabiendo que tenía una sanción de posible hostigamiento en la Universidad de Costa Rica.
Así que la Junta Directiva de la Caja espera que hoy a partir de la carta de Gerencia General se diga la fecha exacta de cuándo nos pagan nuestro nuestro retroactivo.
El pasado 18 de noviembre la presidenta ejecutiva de la CCSS, la señora Marta Esquivel asistió al Hospital San Juan de Dios, donde el señor Ricardo Fonseca, promotor SINAE Afines indica “hoy le hemos entregado a la señora Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, el sentir de los 62 mil trabajadores, donde la están nombrando non grata tanto para la institución como para la seguridad social de este país”, lo anterior debido a las acciones que ha tenido la presidenta y por no pagarle a los trabajadores un reajuste salarial.
El representante de dicho comité hace un llamado a todas las personas en apoyo a las víctimas de violencia que vivieron en su lugar de trabajo, afirmando que a los trabajadores de esta cadena de tiendas, presuntamente, no se les paga el salario mínimo, no tienen seguridad social, se violentan sus derechos humanos y son sometidos a castigos físicos injustificados.
Es por esto que se pide a los ciudadanos unirse y solicitar al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, así como a diversos entes de gobierno que tengan alguna relación con este caso, que procedan con la investigación y demandas legales con el fin de que los responsables paguen este delito.
Organizaciones sindicales denuncian negligencia e inoperancia de la certificadora Rainforest Alliance.
A pesar de las reiteradas denuncias, continúa certificando a empresas productoras de banano y piña que violentan derechos humanos, contraviniendo lo establecido en sus propias cláusulas de certificación.
Certificadora no cumple con la responsabilidad de brindar información adecuada y precisa ante consumidores y entes de control de los gobiernos, tanto en Europa como en Estados Unidos.
Desde SITRAP, ANEP y COSIBA-CR, organizaciones que tenemos décadas trabajando por el respeto de los derechos laborales en plantaciones bananeras y piñeras de Costa Rica, presentamos el siguiente comunicado, a modo de denuncia pública, debido a la reiterada negligencia e inoperancia de la certificadora Rainforest Alliance (RA), la cual ha ignorado, una y otra vez, nuestras sistemáticas denuncias de violaciones a derechos laborales en diversas empresas bananeras y piñeras, a las cuales continúa certificando, muy a pesar de que las denuncias que hemos presentado contravienen las cláusulas de certificación establecidas por la propia certificadora.
Asimismo, en el comunicado de los sindicatos SITRAP, ANEP y COSIBACR, se indica:
“Que las empresas cuenten con la certificación Rainforest Alliance no significa ninguna garantía en cuanto a la mejora de los derechos laborales, la salud ocupacional, el respeto al medioambiente, el respeto a la libertad sindical y a la negociación de convenciones colectivas.”
“Que se deben crear normas o políticas vinculantes en los supermercados y/o en países consumidores de banano y piña para que se exija al productor y exportador, el cumplimiento de la libertad sindical, la negociación colectiva.”
“Que los sindicatos suscribientes de este comunicado solicitamos el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos para dar a conocer las violaciones a los derechos laborales que se están dando en las empresas bananeras y piñeras.”
SURCOS comparte la siguiente publicación de FENTRAGH:
Compartimos el video de la trabajadora Meylin del Carmen Quirós Ortiz, de Finca San Cayetano, propiedad de Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A, subsidiaria de la multinacional agroindustrial Del Monte, mediante el cual, se denuncian graves hechos sucedidos el día 18 de noviembre de 2022.
Este tipo de situaciones son comunes en la agroindustria costarricense, mientras que las autoridades se tapan los ojos y oídos, convirtiéndose de esta forma en cómplices de las formas de esclavitud que aventajan la institucionalidad estatal.
