– Exigimos renuncia de Marta Esquivel presidenta de la CCSS
– Es non grata para las y los trabajadores de la Seguridad Social
– Presidenta atenta contra estabilidad laboral de las y los trabajadores de la CCSS
En el SINAE AFINES demandamos a las autoridades de la CCSS el pago del reajuste salarial como en derecho corresponde y se cumpla con el acuerdo en firme del 8 de setiembre del 2022. Hacemos un llamado vehemente a la Dirección de Recursos Humanos de la institución para que haga las gestiones pertinentes y así, en diciembre las y los trabajadores tengan su merecido dinero en la bolsa. En el SINAE AFINES hemos luchado para que este pago se aplique al ser LEGAL, JUSTO y MERECIDO, enviamos notas al respecto a la Junta Directiva, a la Presidencia Ejecutiva, a la Gerencia General y a la Dirección de Recursos Humanos de la CCSS. Demostramos con documentación que el reajuste salarial debe pagarse, al no tener ningún impedimento legal y más aún, siendo respaldado por la autonomía de la CCSS.
Declaramos a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS como persona NON GRATA en la institución y EXIGIMOS SU RENUNCIA, por atentar contra la estabilidad laboral de las y los trabajadores de la CCSS y el sustento de sus familias. La Sra. Esquivel ha implementado prácticas dilatorias para no pagar el ajuste salarial, afectando así el patrimonio de los trabajadores en el cálculo del aguinaldo y el salario escolar. Es grave que la presidenta de la CCSS quiera quebrantar la autonomía de la institución intentando incorporarla en la regla fiscal para no pagar el reajuste salarial, buscando más bien, un desmantelamiento de los servicios públicos de salud y favorecer a terceros con contrataciones privadas.
¡QUE RENUNCIE MARTA ESQUIVEL A LA PRESIDENCIA DE LA CCSS!
Un reciente estudio del agrónomo Elidier Vargas Castro, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que Costa Rica usa muchos más agrotóxicos, en su mayoría considerados de alta peligrosidad, que los países de América que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Giorgio Trucchi
Según el estudio publicado el año pasado que retoma datos oficiales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Costa Rica emplea en promedio cantidades que oscilan entre 10 y 11,5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea (ia/ha).
En países como Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Colombia, miembros del OCDE, o Ecuador, Honduras y Guatemala, que tienen características similares en cuanto a condiciones agrícolas, el uso promedio es de 2 kilogramos.
Una situación que se vuelve aún más alarmante si consideramos que el PNUD señala que el uso real promedio en Costa Rica durante el período 2012-2020 ha sido superior a los 34 kg de ia/ha, con rangos que oscilan entre 24,6 y 47,1 kg1.
Agrotóxicos altamente peligrosos
El 93 por ciento de estos ingredientes activos son considerados altamente peligrosos. Al menos 80 de ellos están asociados a efectos agudos para el ser humano. Casi la mitad son prohibidos en la Unión Europea y más de dos tercios son asociados con cáncer.
También hay unas 119 moléculas que están relacionadas con afectaciones sobre animales, en especial las abejas, y ecosistemas. Más del 60 por ciento están prohibidas en Europa.
Mancozeb, Glifosato, Paraquat, Clorotalonil, Etoprofos, Diazinón y 2,4-D son los agrotóxicos más utilizados y con más productos registrados en Costa Rica.
Se estima que, entre 2012 y 2020, la aplicación promedio anual de ingredientes activos en agricultura fue de 18,3 mil toneladas.
Según el estudio, los principales afectados resultan ser las trabajadoras y los trabajadores agrícolas y la población rural en general (exposición promedio de 74 kg/ia por persona), seguido por los cuerpos de agua superficiales y los alimentos.
En 2020, el banano es el cultivo donde se dio el mayor uso de agrotóxicos, seguido por piña, arroz, café y caña de azúcar2.
Esta situación acarrea también costos económicos para el Estado costarricense, que deja de percibir entre 22 y 36 millones de dólares al año por las exenciones de impuestos a los agrotóxicos. A esto hay que agregarles al menos otros 9 millones por afectaciones a la salud.
Un falso paradigma
“En Costa Rica hay un doble discurso sobre medio ambiente y naturaleza que es terrible”, dijo a La Rel Clemens Ruepert, investigador y químico ambiental del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA).
“Hay una gran expansión agrícola para la producción de monocultivos agroindustrial, en especial de banano, piña y caña de azúcar, que conlleva el masivo uso de agrotóxicos y una creciente pérdida de biodiversidad”, agregó el experto.
Esta situación, analizó Ruepert, se profundiza a raíz del falso paradigma de que estas prácticas son fundamentales para la generación de empleo y el crecimiento económico del país.
“Hay suficientes datos que demuestran todo lo contrario. Además, hay costos enormes que el Estado debe sostener por la contaminación ambiental y los efectos sobre el ser humano y animales”.
Si a esta grave problemática ambiental le sumamos la falta, casi absoluta, de respeto a los derechos laborales y sindicales de miles de personas que trabajan en las plantaciones, el escenario se asemeja, cada vez más, a una verdadera bomba de tiempo.
“La bomba ya está explotando, lamentablemente quienes tienen grandes intereses en este sector de la agroindustria, incluyendo a las autoridades públicas, emplean estrategias para aparentar todo lo contrario”, advirtió Ruepert.
Para el catedrático es clave que las organizaciones sociales, populares, sindicales vayan articulando espacios, esfuerzos y acciones, involucrando a más gente, multiplicando la información y la capacitación de sus miembros y afiliados.
“Es la única forma para que haya un cambio. Es la misma lucha y hay que hacerla todos juntos”, concluyó.
Foto: Giorgio Trucchi
1 Esto se debe a una diferencia de cálculos. El SFE toma en cuenta el total de área sembrada a nivel nacional (agricultura y pasto), mientras que el PNUD sólo el área de cultivos 2 Fuente consultada Semanario Universidad
SINTRAJAP expresa que JAPDEVA violenta la medida cautelar y resolución de la Sala Constitucional, por lo que los despidos ejecutados son ilegales. SURCOS comparte la carta enviada por el secretario general de SINTRAJAP, Antonio Wells Medina a la presidenta ejecutiva de la institución y al Consejo de Administración.
Luego de saludarles respetuosamente, pasamos nuevamente a exponerles los siguientes puntos para su efectiva aplicación, de cual exponernos a continuación:
El incumplimiento de la medida cautelar vigente por parte de JAPDEVA, otorgada por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito EXP: 18-000657-0679-LA Judicial de la Zona Atlántica, mediante el auto de las once horas y veintiún minutos del diez de agosto del año dos mil dieciocho. La cual se indica: «Se ordena a la parle emplazada a (sic) la suspensión inmediata de Despidos por este motivo y lo sucesivo mientras se tramita este proceso.»
Que mediante esta medida cautelar indicada en el punto anterior se ha garantizado el derecho de los trabajadores a tener trabajo lo cual buscamos sean efectivos y que de parte de JAPDEVA sean respetados.
JAPDEVA igualmente está incumpliendo lo resuelto por la Sala Constitucional mediante el Voto N° 2019-018505 de las once horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve, con el proceso de reorganización y de implementación establecido en la Ley N°9764 (Ley de Transformación de Japdeva) y el fuero especial con que cuentan los trabajadores de Japdeva a través de la Convención Colectiva. Hacemos notar, además, que siendo que a la fecha no se ha resuelto el levantamiento de la medida cautelar, la presidencia ejecutiva y la Administración de Japdeva ha procedido con los despidos prohibidos por la Medida Cautelar vigente, actuando JAPDEVA contrario a lo dictado por un Juez de la Republica de Costa Rica.
Además, es necesario indicar que nunca JAPDEVA contó con una base técnica para saber la cantidad de personal con la que debe operar JAPDEVA versus los movimientos de carga.
Por todo lo anterior, solicitamos la reinstalación de los trabajadores cesados y se detengan los ceses en JAPDEVA, por cuanto son ilegales según lo que ha establecido el Juzgado de Trabajo y lo advertido por la Sala Constitucional.
Un importante grupo de personas extrabajadoras de JAPDEVA protestaron frente a la Asamblea Legislativa este martes 15 de noviembre. Su reclamo: “Son demasiados los atropellos que sufren los trabajadores en JAPDEVA y no hay un rumbo claro de los procesos de reestructuración de la institución”.
La movilización coincidió con una petición a la presidencia legislativa para suspender durante 20 minutos la sesión, a fin de que la Comisión Especial de Limón atendiera al grupo de limonenses presentes en el Congreso. La solicitud fue firmada por los diputados Jonathan Acuña Soto, jefe de la fracción del Frente Amplio y Oscar Izquierdo Sandí, subjefe de la bancada del Partido Liberación Nacional. Asimismo, la diputada Ada Acuña Castro, del Partido Social Democrático envió una nota a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo con la solicitud de “una escucha enfática, que promueva acciones propositivas para el beneficio de la provincia de Limón”.
La legisladora puntualiza en su carta que es necesario “un espacio de reunión, con la participación de una comisión de empleados y ex trabajadores de la institución, de forma tal que se construya un diálogo franco sobre los planes estratégicos y propuestas que desarrollarán con la autoridad portuaria y su personal”.
Agrega la diputada Ada Acuña Castro: “El día de hoy representantes del sindicato de JAPDEVA se presentaron en las instalaciones del Congreso, para requerir el apoyo … para que sean escuchados sobre la propuesta de transformación del Gobierno, ya que han enviado documentación al respecto y no han sido atendidos y además alertaron públicamente supuestas irregularidades en el accionar de la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA”.
El lunes 07 de noviembre, se llevó a cabo un conversatorio sobre el tema «Hacia una Costa Rica en Paz Social. Aportando en el contexto internacional en pro de la eliminación de las guerras y de todo tipo de violencias», en la sala de conferencias -3, de la Asamblea Legislativa.
El 07 de noviembre es una fecha memorable, debido a que fue ese mismo día pero de 1889, que se dio el primer alzamiento popular presente en Costa Rica, donde se exigió que se respetarán los resultados electorales, puesto que habían dos partidos políticos, uno de ellos el Liberal Progresista (del Gobierno) y el Constitucional Democrático. En ese momento el presidente era Bernardo Soto, el cual apoyaba a Ascención Esquivel Ibarra, candidato del partido del gobierno, y por ende, quería favorecerlo, y desconocer el resultado de las elecciones, debido a que fue el señor Jose Joaquín Rodríguez quién ganó, lo anterior fue el detonante del alzamiento. Por eso, actualmente este día se conoce como «Día de la democracia costarricense», porque conmemora la lucha de los ciudadanos por respetar sus derechos.
Ahora bien, en el conversatorio también se mencionó la importancia de reconocer los derechos de las comunidades, el tener una identidad propia, lo cual es fundamental para construir la paz, al igual que los derechos laborales, los cuales se dan por sentado, porque se está enajenado, pero que es importante conocerlos.
«Realmente es en las brechas sociales, es en la desigualdad, es en ese odio, en esa ignorancia, es en esa incapacidad de reconocernos los unos a los otros que se gesta las guerras» (Rocío Alfaro), asimismo, menciona que hasta que entendamos que el otro soy yo, va a haber paz.
Se adjunta video del conversatorio para más detalles:
GINEBRA (10 de noviembre de 2022) – El Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, realizará una visita a Costa Rica del 16 al 25 de noviembre de 2022.
Durante la visita, el experto examinará casos de explotación laboral que pueden equivaler a trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre en diversos sectores de la economía como la agricultura/agroindustria, el turismo, la industria manufacturera y el trabajo doméstico. Obokata también evaluará en qué medida prevalecen las peores formas de trabajo infantil en el país y qué medidas han tomado el Gobierno y las empresas para eliminar estas prácticas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen a los Estados de «adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y a la trata de seres humanos y garantizar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.»
«Al convertirse en un país «Pathfinder» en el marco de la Alianza 8.7, Costa Rica se comprometió a acelerar la acción en este sentido y deseo evaluar qué progresos se han realizado para poner fin a la esclavitud en el país, cuáles son los desafíos restantes y qué más se necesita para poner fin a las prácticas similares a la esclavitud, incluso en el sector privado», dijo Obokata.
El Relator Especial pasará un tiempo en San José y Los Chiles, y se reunirá con funcionarios del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, representantes de la ONU y del sistema interamericano de derechos humanos, organizaciones internacionales y miembros de la comunidad diplomática.
Obokata compartirá sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa híbrida el 25 de noviembre en la Casa de la ONU, Oficentro La Virgen No. 2, Zona Industrial, Pavas, San José, a las 10 A.M hora local. El acceso estará estrictamente limitado a los periodistas.
El Relator Especial presentará un informe completo al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2023.
FIN
El Sr. Tomoya Obokata fue nombrado Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en marzo de 2020. El Sr. Obokata es un estudioso japonés del derecho internacional y los derechos humanos, especializado en la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas y la esclavitud moderna. Actualmente es profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de York, y anteriormente enseñó en la Universidad de Keele, en la Universidad de Queen’s Belfast y en la Universidad de Dundee (todas ellas en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
En el proyecto de Ley 23331 se pretende autorizar la venta del conglomerado BCR, a lo cual el movimiento social y sindical se opone.
Esa lucha procura exigir el respeto a todos los derechos laborales.
En comunicado recibido por SURCOS, se señala que el conglomerado del BCR se enfoca en tres ejes importantes:
La pretendida venta del BCR implica el desmantelamiento del Estado Social de Derecho de nuestro país, a partir de la privatización o venta de activos del estado.
El valor social que representa la venta del BCR para cada uno de los ciudadanos costarricenses, que por estimaciones que se han realizado, este costo social ronda por los 400.000 millones de colones.
Dar la lucha por los derechos laborales de todos los ciudadanos costarricenses es urgente en este momento.
Por lo tanto, ¡El BCR no se vende con este proyecto y con ningún otro!
105 trabajadores fueron despedidos hace casi un año y a la fecha no han recibido el pago de sus liquidaciones.
Pese a existir un acuerdo con el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Marta Esquivel Rodríguez y la ANEP, la empresa ALUNASA incumplió nuevamente sus responsabilidades patronales con los trabajadores de la empresa de capital venezolano, que esperaban el día de ayer, 7 de noviembre, recibir el pago de sus liquidaciones.
La deuda de la empresa ALUNASA haciende a poco más de mil millones de colones (1,021,296,900), por el despido de 105 trabajadores realizado el 16 de noviembre del 2021, quienes a la fecha no han recibido ni un solo pago por concepto de liquidaciones.
José Luis Rosales Elizondo, presidente de la seccional ANEP-ALUNASA, detalló que con mucho pesar los trabajadores han comprobado cómo los representantes patronales han incumplido con el pago acordado con el Ministerio de Trabajo como garante.
“Son muchas las familias que contaban con este dinero, para arreglar pagos con bancos y evitar perder sus propiedades… En pocos días se cumplirá un año desde nuestros despidos, y aquí estamos aun esperando, el justo pago de nuestras liquidaciones…”, manifestó Rosales.
*Antecedentes*
Las reuniones entre la ANEP, su seccional en ALUNASA y los representantes del actual Gobierno, iniciaron el pasado 29 de julio, cuando la entonces ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, recibió a los trabajares y los representantes de nuestra organización.
Tan solo 13 días después, el 10 de agosto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, anunciaron que, tras conversaciones con los representantes patronales, se había obtenido el compromiso de firmar conciliaciones de pago de liquidaciones laborales.
Pocos días después, cada uno de los trabajadores despedidos, fueron convocados por el MTSS de Puntarenas y por una semana entera, se estuvieron celebrando las audiencias de conciliación, con los 105 trabajadores, acordando el pago por un monto mayor a los mil millones de colones (1,021,296,900) pagaderos como fecha máxima, el lunes 7 de noviembre. Acuerdo que fue incumplido por ALUNASA.
“Desde que la seccional ANEP-ALUNASA fue atendida hasta la fecha, hemos podido sentir el respaldo del Gobierno de Rodrigo Chaves y su equipo de trabajo. Sabemos que don Rodrigo, con quién también la seccional ANEP-ALUNASA se reunió, acompáñanos por el secretario general de la ANEP, don Albino Vargas, entre otras figuras de la alta dirección de nuestra organización sindical, no va a permitir que lo que él mismo anunció en conferencia de prensa, quede ahora como una promesa incumplida, por las acostumbradas maniobras de los representantes patronales de ALUNASA”, sentenció Rosales.
Desde la ANEP, solicitamos a las autoridades pertinentes aplicar todo el peso de la ley, y las sanciones respectivas a la empresa ALUNASA por el incumplimiento del pago de las responsabilidades patronales, tal cual fue expuesto por Marta Esquivel Rodríguez, hoy presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El día de hoy, la Seccional ANEP-ALUNASA ha estado en comunicaciones contantes con la presidenta de la CCSS, autoridades del MTSS y el propio Gobierno de la República para buscar soluciones alternas a la vía judicial.
Se reúnen para conversar sobre las políticas públicas, acciones del gobierno, que son a través de estas estrategias que le dan respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Se puede entender como uso estratégico de recursos para liberar los problemas nacionales. Esta es la preocupación de un grupo de organizaciones sindicales que han visto que estas políticas públicas no resuelven los problemas de los ciudadanos, los trabajadores y las trabajadoras del sector del mercado laboral. Es por eso que estas organizaciones sindicales han tomado un acuerdo y una decisión de unirse para crear estrategias que puedan establecer un cambio en esas políticas públicas.
Gracias a esta iniciativa y esfuerzo que realiza los sindicatos se quieren dar una perspectiva diferente a estas políticas públicas, como dar en concesión en obra pública, dar un bono de sesenta mil colones a los trabajadores o bien permitir que las operadoras revolucionan y usen los recursos de los trabajadores para invertir fuera del país, mientras otros países invierten en sus fondos en nuestro país. Son algunas de las cosas que se han hecho, este grupo de trabajadores tienen una mentalidad diferente a lo que se está proponiendo.
El señor secretario general del sindicato nacional de enfermería, menciona que este proceso de unidad en acción sindical nace aproximadamente hace dos meses con el propósito de defender el estado social de derecho en nuestro país, para tener un equilibrio en el desarrollo económico y social. Estas instituciones públicas que han permitido a todos los costarricenses indistintamente de su condición social, de su condición de género, poder optar por las riquezas que tiene el país y cuando se habla de estas riquezas refiere a estas instituciones que brindan un servicio que son esencial para la dignidad humana, seguridad ciudadana, educación pública y acceso a la banca.
Donde se refiere a un estado social de derecho que les permita a todas y todos los costarricenses contar con servicios de salud y con un fondo de pensiones para el momento de su jubilación. Destacar que a través de las políticas de los últimos años hemos visto este debilitamiento estructural en estas instituciones y que este gobierno actual no escapa de esta realidad con una política muy agresiva. Por tanto este grupo nació con el propósito de defender el estado social de derecho. Para llevar esa equidad entre lo económico, lo social y lo ambiental. Por otro lado, con el propósito de defender y propiciar los derechos laborales y las libertades sindicales. Ese es el motivo por el cual este grupo anunció esta unidad en la acción sindical donde vendrán acciones muy concretas donde trate de articular con el sector.
Estas organizaciones sindicales quieren establecer estrategias de alianza con organizaciones sociales y fuerzas del país a través del diálogo y la concentración social con la finalidad de tener una verdadera incidencia positiva en la política pública que se ejecuta e impulsa desde la asamblea legislativa y el poder ejecutivo. Para promover y defender los derechos fundamentales en el trabajo considerando lo comunal, la protección del medio ambiente así como también cualquier modelo de desarrollo humano.
Muy pronto las acciones que realizará esta unidad sindical se va a hacer escuchar y los ciudadanos que desean participar, pueden unirse a alzar la voz, aquí pueden encontrar un buen momento, un buen lugar para poder cuestionar todas las políticas públicas que no solo afectan a los trabajadores públicos sino a cada ciudadano que está en su casa, pero aquí está la unidad sindical precisamente para ir contra esas políticas públicas que no son en beneficio de los y las trabajadoras del país.
Instamos a todos los funcionarios de Bomberos a que nos acompañen a la manifestación pasiva que realizaremos el viernes 4 de noviembre, a las 11:00 horas, saliendo de la Metropolitana Norte con destino a oficinas centrales del Instituto Nacional de Seguros.
Al personal que se encuentra en las estaciones los motivamos a manifestarse mediante el paro de cualquier otra labor que no sea la atención de emergencias. Nos haremos sentir sin afectar a la población que es nuestra razón de ser.
Unámonos para defender nuestra autonomía, nuestra institucionalidad y nuestros derechos como Bomberos y Bomberas.
No es un «agregado» de nuestra institución, no es un «agregado» del INS, somos una institución de primera respuesta a emergencias, y así lo indica la Ley 8228.
No permitamos que violenten nuestra Convención Colectiva, pasándole por encima y tomando decisiones no consensuadas con los trabajadores.
«Somos del INS para restricciones y limitaciones, pero no para los beneficios. Somos INS para levantar imagen y sacar pecho con nuestro escudo, pero no para tomarnos en cuenta para un aumento o pago de anualidades».
