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Etiqueta: derechos laborales

SITRAHSAN busca respeto por derechos del personal del Ministerio de Hacienda

Comunicado SITRAHSAN

 

El pasado jueves 18 de mayo del presente año, SITRAHSAN se reunió con la diputada Ligia Fallas y sus asesores en la Asamblea Legislativa, donde se trataron temas de mucho interés para el personal del Ministerio de Hacienda, en busca de que se respeten sus derechos y se deje de pisotear la honestidad y transparencia del trabajo realizado por nuestros funcionarios. También se obtuvo el compromiso de la señora Diputada Fallas, de apoyar y luchar porque se haga realidad y de la mejor forma, la modernización de los puestos fronterizos de nuestro país, esto con los recursos del empréstito que está siendo aprobado en la Asamblea Legislativa con organismos internacionales.

Otros temas tratados fueron el control de contenedores, herramienta muy importante para el sistema aduanero y control del contrabando de mercancías sin pago de impuestos y control de trasiego de drogas mediante la instauración de scanner en los puertos de ingreso.

Seguimiento a las denuncias respecto al ingreso de miles de toneladas de Cemento proveniente de China, con la manipulación de los controles Aduaneros y fiscales para imputar e individualizar a las personas que abusaron del poder, visto como una vulneración al régimen jurídico, realizando actos cuyo fin es distinto del ordenamiento jurídico.

SITRAHSAN busca respeto por derechos personal de Hacienda2

“Continuamos con la tesis de que el Ministerio de Hacienda, debe ser dirigido por personal técnico que impida la injerencia del componente político, Hacienda tiene entre sus competencias y naturaleza jurídica, normas especiales de gran complejidad, materia muy diversa y de mucho impacto en la economía nacional, si se desconoce las normas jurídicas que nos rigen. El Ministerio de Hacienda como tal, debe ocupar un espacio importante de concentración del control fiscal y aduanero, debilitado por el traslado de competencias a auxiliares de la función pública, que terminan con poner candados en los almacenes y amenazando al funcionario hacendario de eventuales allanamientos durante el ejercicio del control.

En Materia de Tributación, no basta la instauración de herramientas digitales, y dejar el control en manos de Sistemas informatizados, que realicen la clasificación del riesgo en materia de controles, porque ya se sabe, que si a un sistema le insertan datos basura, basura va a generar.

En materia salarial, debemos realizar un trabajo de motivación interna, porque el funcionario hacendario, no tiene conocimiento siquiera en muchos casos del impacto de su gestión, somos los cobradores del estado, hay desconocimiento por áreas en común, de las funciones que realizan otros órganos colaterales; algunos funcionarios ni saben de merceología o no conocen de valor en materia de imposición de bases; otros no pueden llenar una declaración de ventas; la denuncia y facilitación de acceso a sistemas de información tributaria para verificaciones previas, está muy vigilada y podría causarle el despido al mismo trabajador hacendario, aunque sea utilizado en la búsqueda de la verdad real de los hechos, para determinar potenciales acciones de vulneración al régimen de control hacendario, situación por la que debemos promover una mejora legal en este y otros componentes, como el salarial”, acotó su Secretario General Adjunto

 

Acciones realizadas por el SITRAHSAN en procura del bienestar laboral hacendario y del país en general.

 

Enviado por Miguel Ureña C. Secretario General Adjunto SITRAHSAN.

Llamado ante el referéndum para abrir el monopolio estatal sobre los hidrocarburos y vender RECOPE

Luego de varios años de difamación en contra de RECOPE y de los derechos laborales de sus trabajadores, el grupo de fachada del Movimiento Libertario, llamado “No más RECOPE” ha recibido el visto bueno, por parte del TSE, para recolectar firmas que permitan convocar a un referéndum para la apertura del monopolio de la Refinería Costarricense de Petróleo, RECOPE.

Tal decisión nos pone nuevamente ante la disyuntiva entre las dos visiones contrapuestas de la Costa Rica que queremos, dilema que ha estado presente durante las tres últimas décadas y que tienden a polarizar el país. Así ocurrió en el año 2000 con el intento de abrir y privatizar la generación eléctrica, las telecomunicaciones y el acceso a Internet, en lo que se llamó el Combo del ICE; en el 2007 con el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.

De un lado, está la visión neoliberal que impulsan las cámaras empresariales, los medios informativos a su servicio, los partidos políticos tradicionales y algunos jerarcas de las instituciones públicas que, se han dedicado a sabotearlas desde adentro para debilitarlas.

Del otro lado de la acera, estamos muchas y muchos costarricenses que defendemos las instituciones representativas del Estado Social de Derecho y los servicios que prestan, que para nosotros constituyen derechos ciudadanos y no mercancías. Tal es el caso de la salud, la educación, el agua, la electricidad, los hidrocarburos, los recursos naturales y el espectro radioeléctrico.

Son las mismas visiones encontradas que dividen el mundo entre la procura del bien común y la acumulación de riqueza en las manos de unos pocos.

En el caso de este proyecto, caben las siguientes consideraciones:

  1. Este proyecto no sólo busca romper el monopolio, sino que privatizar RECOPE, entregándolo a otro monopolio privado.
  2. Quienes votarían en el referendo son personas que han sido bombardeadas sistemáticamente durante, al menos, los últimos cinco años, por una campaña manipuladora, que apela a:
    1. El “derecho a escoger” de los consumidores
    2. Que los precios de los combustibles van a bajar cuando venga la “libre competencia”
    3. Que hoy lo que los costarricenses están pagando son “las gollerías” de la Convención Colectiva de los trabajadores y las malas inversiones de RECOPE.
  3. Abre las puertas a la exploración y explotación petrolera en el territorio nacional.
  4. Representa una grave amenaza a la seguridad y la soberanía nacional, que representan un patrimonio estratégico para el desenvolvimiento de la economía nacional.

El proyecto de ley que pretenden aprobar vía referendo lo que busca es que sea el sector privado el que se adueñe del negocio de la compra y distribución de hidrocarburos en el país. No hay tal beneficio colectivo, ni precios más bajos ni mejoras en la calidad.

A la población se le ha hecho creer que abriendo el mercado habrá muchas opciones a la hora de comprar combustibles. ¡Eso es falso! porque, en primer lugar, 1) en materia petrolera no hay competencia. 2) Todos los precios son fijados por quienes dominan el mercado a través de la OPEP y 3) porque el mercado petrolero costarricense es pequeño (de aproximadamente 40 mil barriles diarios), de manera que no admite una gran cantidad de oferentes: prácticamente o el monopolio es del Estado o es de una empresa privada.

Esa empresa tendrá costos de operación y márgenes de utilidad como cualquier otro y ese costo van al precio del producto. Por el contrario, RECOPE trabaja al costo, descontando de sus utilidades la operación e inversión en mejoras y reposición de las plantas y los equipos.

RECOPE cuenta con una buena estructura y con muy buen sistema de poliductos, si no fuera así, ninguna empresa extranjera se aventuraría a participar de este negocio. Ya que, de acuerdo con el texto del proyecto, quien asuma el negocio de los combustibles utilizaría las instalaciones de RECOPE, sin invertir un solo cinco. Piensan aplicar el mismo esquema con el que las cableras se aprovechan de la infraestructura del ICE para colocar su negocio, con una inversión mínima y generando muy poco empleo. De esta manera, un agente privado se apropia de un bien público sin haber invertido mayor cosa y quedándose con la ganancia.

Como parte de la campaña, se le ha mentido a la gente diciéndole que el costo de la gasolina, el diesel y gas licuado de petróleo son responsabilidad de la Convención Colectiva. Al respecto, está demostrado que la convención representa en el litro de cualquier combustible no más de dos colones.

Vociferar por los ingresos de los empleados de RECOPE y apoyar una apertura en las condiciones que discutimos, es apoyar a que capital extranjero venga, pague a costarricenses salarios menores, que obviamente obtendrán una buena ganancia, llevándose nuestro dinero para otro país.

El precio final de los combustibles está dado por la alta carga impositiva conocida como impuesto único, así como la modalidad de ajuste tarifario que tiene a su cargo la ARESEP considerando las variables del precio internacional y del tipo de cambio. Nada de eso está en manos de RECOPE.

La solución al problema de los altos costos de los combustibles fósiles, no está en la apertura del mercado y la privatización de RECOPE, como pretenden algunos, sino en la revisión del impuesto a los combustibles y el cambio gradual de nuestra matriz energética, de manera que migremos de los combustibles fósiles a las fuentes alternativas, más amigables y más baratas, cosa que no se podrá asegurar con un monopolio privado. Para nuestro Sindicato, ese tránsito en la matriz energética debe ser liderado por RECOPE.

Lejos de resolver el problema del precio de los combustibles, el proyecto libertario que se pretende llevar a referéndum, amenaza uno de los últimos baluartes del Estado Social de Derecho, la soberanía energética y la seguridad nacional. Es por ello que consideramos que la lucha nacional contra la ruptura del monopolio estatal sobre los hidrocarburos y la privatización de RECOPE, es una causa nacional y queremos solicitarles que su apoyo.

Quedamos a su disposición para reunirnos y conversar sobre las distintas formas de concretar su participación en esta lucha.

SITRAPEQUIA.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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UNT presenta proyecto de convención colectiva para el sistema penitenciario nacional

Unión Nacional de Trabajadores (UNT)

Comunicado de Prensa

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El pasado miércoles 26 de octubre, a la 1 p.m. representantes de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras UNT, entregaron una formal solicitud a la Ministra de Justicia y Paz, para iniciar el proceso de negociación de una Convención Colectiva para el cuerpo policial, personal de cocina y operadores de equipo móvil del Sistema Penitenciario Nacional.

El derecho a negociar y contar con una Convención Colectiva es un derecho universal de los trabajadores, garantizado en el país por el Código de Trabajo, Constitución Política y Tratados Internacionales de Trabajo (OIT), debidamente ratificados.

Hacer efectivo este derecho humano esencial de la clase trabajadora, es el objetivo de toda organización sindical y por eso la UNT, sindicato que agrupa a más de la mitad de policías, cocineros y choferes del Sistema Penitenciario, hoy escribe una nueva página en la lucha por la dignificación de las condiciones de trabajo de estas personas.

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Conforme al Reglamento para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público, la UNT inicia formalmente el proceso, presentando a la señora Ministra el Proyecto de Convención Colectiva que pretende negociar. Seguidamente corresponderá a la Administración, escoger y apoderar a una comisión de alto nivel para que la represente en el proceso de negociación.

El documento que se entregará hoy a la Ministra fue elaborado con los aportes que hicieron los trabajadores involucrados, a través de un proceso de consulta y fue discutido y avalado por el cuerpo de delegados y delegadas en Asamblea realizada el pasado miércoles 19 de octubre en la Casa Sindical de nuestro sindicato hermano UNDECA.

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Iniciamos una nueva etapa de trabajo sindical en el Sistema Penitenciario, esperando que se haga justicia con estas personas trabajadoras que han estado abandonadas por más 30 años y dotarlos de un instrumento que les garantice la defensa de sus derechos y el mejoramiento continuo de sus condiciones socio laborales.

Para más información comunicarse con Susan Quirós Díaz al 8877-5471 o Edgar Morales Quesada al 8356-6251.

 

Enviado a SURCOS Digital por UNT.

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BUSSCO enfrentará proyectos de ley de empobrecimiento

«Defenderemos a miles de familias»

  • Proyectos como estos pretenden empobrecer a miles y miles de familias y privatizarlo todo, la salud, la educación, el agua, la electricidad

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) manifiesta su total rechazo al nuevo proyecto de Ley de Empleo Público, que impulsa la diputada liberacionista Sandra Piszk. El proyecto conserva las intenciones de afectar los derechos laborales de la clase trabajadora.

BUSSCO mantiene su posición en contra de cualquier intención que pretenda afectar a los (as) trabajadores (as) y reitera que la fecha de inicio de la gran huelga nacional, será el momento en que el Gobierno y diputados intenten aprobar cualquiera de los proyectos en discusión.

En relación con las acciones por seguir, el BUSSCO informa que continúa con las giras nacionales para la preparación de las bases y comités regionales BUSSCO.

Campaña informativa

El BUSSCO continúa una nueva campaña hacia la ciudadanía y contra el gobierno de Luis Guillermo Solís y el Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti y diputados que impulsan estos proyectos de ley. Entre los mensajes que comenzarán a circular están:

“Presidente Solís, usted nos está llamando a huelga”, dice una de las nuevas vallas.

“Álvarez Desanti, no se queme, no al combo contra el empleo público”, dice otra de las vallas contra el presidente de la Asamblea Legislativa.

La misma consiste en la colocación de vallas, publitapias, en sitios estratégicos de la capital, campaña masiva en redes sociales y volanteo de información a la población, entre otros.

El fantasma del “combo del ICE” ronda por todo el país. Por eso, las sesenta organizaciones que se agrupan en BUSSCO han acordado la anterior estrategia nacional que contempla, entre otros, la instalación de vallas en sitios como Los Chiles, Ciudad Quesada, Coto Brus, Ciudad Neilly, Golfito, Guápiles y Guanacaste

Encuentro del pueblo

Celebramos un Encuentro Popular el pasado 31 de octubre con los comités regionales del BUSSCO, y diferentes actores sociales, que tuvo como objetivo definir las acciones específicas y contundentes de confrontación social.

Estas acciones son adicionales a la estrategia de movilización para una huelga donde no sólo está el músculo político de los trabajadores públicos, sino el de una sociedad inconforme con este gobierno, que traiciona a la clase trabajadora a cambio de nuevos impuestos y que se pliega al proyecto neoliberal de Liberación Nacional, del PUSC y Movimiento Libertario, partidos responsables directos de esta crisis, pues han cogobernado al país por más de 30 años.

Los responsables directos de la crisis social y económica son los partidos políticos que han ejercido el poder y tendrán que asumir las consecuencias y responsabilidades si prosiguen por la ruta establecida de enfrentar a la clase trabajadora con los proyectos de empleo público.

 

Enviado a SURCOS Digital por Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense.

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Fraude fiscal y empleo público: ¿chantaje político en desarrollo?

Comunicado de Prensa

Jugada política en el seno de la comisión parlamentaria de hacendarios representa un trueque político contra los derechos laborales del sector público

 

Los graves acontecimientos de las últimas horas ocurridos en el seno de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, con ocasión del “sorprendente” movimiento, totalmente inesperado de parte de la derecha parlamentaria al servicio del capital, para desnaturalizar la esencia de la iniciativa legislativa gubernamental contra el grave fraude fiscal y robo de impuestos que azota al país, nos pone en alarma total, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Desesperado como está el actual Gobierno de la República por el llevado y traído asunto del déficit fiscal, y ante la real emergencia de recursos fiscales frescos, la restauración de los planteamientos fundamentales originales de su propio proyecto contra el fraude fiscal, estaría generando un compromiso totalmente oculto para que se viabilice, en próximos días, el trámite de los proyectos en contra del Empleo Público como el contenido en el expediente legislativo No. 19.506.

Para la ANEP estamos en presencia de una especie de trueque político (más bien, un chantaje político), que consiste en el “intercambio” de aprobarle al Gobierno algunas de los artículos que ha propuesto para atacar, aunque sea mínimamente, el grave robo de impuestos y fraude fiscal que azota a la sociedad trabajadora del país; y que, a su vez, el Gobierno avale, dé viabilidad política y hasta sus votos ya no solamente para aprobar ese nefasto proyecto 19.506 sino que para que al mismo le apliquen la vía rápida, con base en el artículo 208-bis del reglamento legislativo; tal y como sucederá con el proyecto contra el fraude fiscal que deberá aprobarse, forzosamente, en el próximo mes de setiembre.

Alertamos así a toda la comunidad laboral del sector Público. A cada empleado público y a cada empleada pública, como a sus respectivas familias, les indicamos que estamos llegando a una situación de extremo peligro para la estabilidad salarial, familiar y social de todos quienes servimos laboralmente para el Estado.

Después de dos años de intensa investigación, profundo estudio, rigurosos análisis, sesiones de estudio, consultas a especialistas, más de cien artículos y comunicados de prensa, en la ANEP llegamos a la contundente conclusión de que el déficit fiscal no tiene nada que ver con los salarios del empleo público.

Sin embargo, insisten en pasarle la factura a los empleados públicos, a la clase trabajadora en general, de la gravedad de un problema que ésta jamás generó.

Con la participación de otros importantes sectores laborales organizados que están participando el proceso “Unidad Sindical en la Acción”, nos manifestaremos frente a la Asamblea Legislativa el próximo jueves 1 de setiembre.

En el caso específico de la ANEP se está convocando, de emergencia, a las bases dirigentes de la organización, representantes de las 117 seccionales que la componen, a una sesión de urgencia del Consejo Consultivo Nacional (CCN), para aprobar el texto que se le presentará, unitariamente, a los señores diputados y a las señoras diputadas; y para seguir fortalecimiento el planteamiento los mecanismos organizativos y de concientización que amerita un proceso de Huelga General si en el parlamento insisten en proyectos como el mencionado y, peor aún, en darles vía rápida.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP

 

Imagen tomada de http://www.anep.or.cr/

Enviado a SURCOS Digital por Secretaría General ANEP.

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Unidad Sindical en la Acción: generar las acciones colectivas necesarias para…

Comunicado de Prensa

 

ANEP comparte el documento definitivo (ver documento adjunto al final de esta nota), con las firmas originales de los y de las representantes de las diversas organizaciones sindicales que han acordado un esfuerzo mancomunado de Unidad Sindical en la Acción; esfuerzo iniciado el viernes 15 de julio, en el Hotel Balmoral y continuado el jueves 4 de agosto, en el salón de conferencias de la Jupema (Junta de Pensiones del Magisterio Nacional).

La voluntad política de este esfuerzo de Unidad Sindical en la Acción es para generar las acciones colectivas que sean necesarias para:

  • Promover una reforma tributaria que se base en el principio de que “los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres”.
  • Exigir al Gobierno no enviar al período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa ningún proyecto de ley que afecte la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos.
  • Exigir el Poder Legislativo el archivo definitivo de los expedientes que afecten la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos.
  • Respaldar la aprobación de proyectos de ley orientados a que el sistema tributario de nuestro país se oriente hacia una mayor justicia tributaria.

Unidad Sindical en la Accion

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP.

 

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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Trabajadoras domésticas logran aseguramiento por medio tiempo

COMUNICADO DE PRENSA

Aseguramiento por medio tiempo del trabajo domestico: un logro para las trabajadoras domésticas en Costa Rica

 

El viernes 22 de julio la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica, aprobó el aseguramiento por medio tiempo de las trabajadoras domésticas por mandato del poder ejecutivo. Este logro fue posible a partir de un acuerdo interinstitucional del Ministerio de Trabajo, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de la República y la Asociación de Trabajadoras Domésticas – Astradomes.

Hasta ahora el aseguramiento de las trabajadoras domésticas nacionales y migrantes se realizaba únicamente a tiempo completo, aunque éstas trabajaran sólo medio tiempo. Esto representaba altos costos para el empleador, lo que en muchos casos implicaba una evasión de sus obligaciones patronales. Siendo ahora a cargo de tres actores: el empleador, la trabajadora y el Estado, las trabajadoras domésticas tendrán beneficio y garantía de su seguro social. Además si la trabajadora está a cargo del cuido de adultos mayores o niños se reducirían aún más los costos al empleador por el aseguramiento.

Se espera que este acceso al seguro social, facilite también el proceso de regularización de las trabajadoras domésticas no costarricenses. No obstante este es apenas un pequeño avance para conseguir dicho estatus de regularización migratoria. Así lo subrayan la señora Rosita Acosta Ramírez, presidenta y fundadora de la Asociación Astradomes para la defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas, y la señora Jenifer Soto Loaisiga, asesora de trámites migratorios.

Los costos de la regularización migratoria de las trabajadoras domésticas no costarricenses siguen muy siendo altos, se requieren documentos que muchos patronos no quieren facilitar, el tiempo para procesar los casos es muy largo y en dichos periodos suele haber cambiado la situación de trabajo de la trabajadora doméstica. Asimismo el permiso de trabajo que se otorga con la regularización no es portable, por lo que amarra la trabajadora migrante a su patrón, lo que se percibe según la señora Acosta como “una esclavitud moderna”.

Por lo tanto, si bien el aseguramiento de las trabajadoras domésticas representa un logro muy importante, desde Astradomes señalan que aún es necesario redoblar esfuerzos para la promoción, visibilización y mejoramiento de la situación laboral, tanto en el caso de trabajadoras domésticas extranjeras, como nacionales.

Para ello es urgente un compromiso real desde las instituciones del Estado, la sociedad civil y cada persona individualmente, para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos laborales de estas trabajadoras.

 

Más información: Tel. 2280 1646. Correo electrónico: astradom@racsa.co.cr

Facebook: Asociación de Trabajadoras Domésticas – Astradomes

Dirección: Curridabat, San José. Del Centro Comercial Plaza Cristal 125 metros al este y 25 metros al norte, Urbanización José María Zeledón.

Contacto: Rosita Acosta Ramírez. Cel. 8829 3370

 

*Imagen tomada de la página de Facebook de Astradomes.

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Voces Nuestras.

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UNT exhorta a diputados y diputadas a constatar precarias condiciones laborales de trabajadores del sistema penitenciario nacional

Ante la noticia de que los y las integrantes de la Comisión Especial Permanente de Seguridad y Narcotráfico visitarán el Centro Penitenciario La Reforma el próximo 3 de diciembre, la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores, ha emplazado a las diputadas y diputados para que también se realice una visita a las cocinas, puestos de trabajo y dormitorios de las y los policías penitenciarios y del personal que labora en las cocinas, dado que el respeto a los derechos humanos en las cárceles del país, sin lugar a dudas, pasa por respetar los derechos laborales de quienes atienden a las personas privadas de libertad, según comunicado de la UNT.

Asimismo, dicho sindicato instó a las y los legisladores a visitar otros centros penales y a observar de primera mano, las precarias condiciones en las que el cuerpo policial, de cocina y los mismos técnicos, prestan sus servicios.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Unión Nacional Trabajadoras y Trabajadores.

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