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Etiqueta: derechos laborales

Francisco: el Papa de los trabajadores, los migrantes y los marginados

Frank Ulloa Royo

Frank Ulloa | Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA

El Papa Francisco ha sido una de las figuras más influyentes en la defensa de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los trabajadores y migrantes. Su visión se ha centrado en la justicia social y en la dignidad del trabajo, llamando a la Iglesia a ser un refugio para los más vulnerables. Sin embargo, dentro de la misma institución eclesiástica, sus ideas sobre el trabajo y los derechos laborales no siempre han sido plenamente acogidas.

En Costa Rica, la Iglesia ha promovido el solidarismo a través de instituciones como la escuela Juan XXIII, lo que ha generado tensiones con los sindicatos tradicionales. A pesar de que el Catecismo de la Iglesia Católica enfatiza la importancia de la justicia social y la dignidad del trabajo, la falta de una postura clara en favor de los sindicatos y los derechos laborales podría interpretarse como un pecado de omisión. Francisco ha insistido en que la Iglesia no puede permanecer en silencio ante la explotación y el sufrimiento humano.

En su mensaje a la Conferencia Internacional del Trabajo en 2021, el Papa afirmó: «Busquemos soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de una negociación colectiva, y que promueva el bien común, una base que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación.»

Asimismo, en un Encuentro Internacional de Organizaciones Sindicales, instó a los dirigentes gremiales a actuar con solidaridad y justicia, diciendo: «Sindicato es una palabra bella que proviene del griego dikein (hacer justicia), y syn (juntos). Por favor, hagan justicia juntos, pero en solidaridad con todos los marginados.»

El contexto actual refuerza la relevancia de su mensaje. La crisis migratoria en América Latina y el Caribe ha sido un tema central en su discurso, instando a la Iglesia a trabajar activamente en la protección de los derechos de los migrantes. En Costa Rica, la Conferencia Episcopal ha abordado la problemática migratoria, destacando la necesidad de una respuesta humanitaria y pastoral ante el creciente flujo de personas en tránsito.

La deuda social de la Iglesia con los sindicatos y los trabajadores sigue siendo un tema de debate. Francisco ha dejado en evidencia la necesidad de una mayor coherencia entre la doctrina social de la Iglesia y su acción concreta. En este contexto, su mensaje sigue siendo un llamado urgente a la justicia, la solidaridad y la acción colectiva.

Una Iglesia encerrada en sus templos o en salida hacia los marginados

El legado del Papa Francisco trasciende su tiempo en la Iglesia y se convierte en un desafío para las nuevas generaciones de católicos. Su indignación ante una Iglesia encerrada en sus templos, alejada de los más necesitados, fue una constante en su pontificado. Francisco no solo predicó la necesidad de salir a las periferias, sino que exigió una acción concreta, una Iglesia que no se limite a la comodidad de sus estructuras, sino que se ensucie las manos en el servicio a los marginados.

«Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades» (Evangelii Gaudium, 2013). Con estas palabras, dejó claro que la misión de la Iglesia no es la autoconservación, sino la entrega total a quienes sufren.

Su fallecimiento marca el fin de un papado que sacudió las estructuras tradicionales y desafió a los fieles a vivir el Evangelio con autenticidad. La crisis migratoria, la explotación laboral y la indiferencia ante el sufrimiento humano fueron temas que abordó con firmeza, instando a la Iglesia a no permanecer en silencio. En Costa Rica y en el mundo, su mensaje sigue resonando como un llamado urgente a la acción.

Ahora, la responsabilidad recae en la nueva generación de católicos. ¿Responderán al desafío de Francisco? ¿Serán capaces de construir una Iglesia que no solo hable de justicia, sino que la practique? Su legado no es solo un recuerdo, sino una tarea pendiente. La Iglesia debe decidir si sigue encerrada en sus templos o si finalmente sale a buscar al necesitado, como él lo pidió.

Reinstalado trabajador despedido por Chiquita

Obeth Morales | Foto: Giorgio Trucchi

Con Obeth Morales

Tribunal resuelve que transnacional no siguió el debido proceso

Giorgio Trucchi / Rel UITA

El 6 de agosto de 2022, Osmin Lodero, trabajador de campo y delegado sindical en Finca Roble (Sarapiquí), propiedad de Chiquita Brands Costa Rica SRL, fue despedido por la patronal sin seguir el debido proceso. Dos años y medio después, el tribunal ordenó su reintegro.

Un mes antes, Lodero se vio supuestamente involucrado en una agresión, por lo que la empresa decidió despedirlo, obviando que gozaba de fuero sindical y sin acudir a las autoridades del trabajo para la debida autorización.

“Intervenimos de inmediato y demostramos que Osmin realizaba trabajo sindical de forma continua y que la empresa estaba violando el debido proceso”, dijo a La Rel, Obeth Morales, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr).

La empresa se justificó diciendo que no sabía que el trabajador era delegado sindical en Finca Roble. Además, trató de hacer valer un artículo del código laboral, que limita a cuatro el número máximo de dirigentes sindicales que gozan de fuero laboral.

“Demostramos en los tribunales que la empresa estaba enterada de su desempeño sindical y nos apegamos a los convenios internacionales ratificados por Costa Rica. Finalmente, el juez nos dio la razón”, explicó Morales.

Reintegro y pago de salarios

En agosto de 2024, la sentencia de primera instancia ordenó a Chiquita Brands el reintegro del trabajador despedido, el pago de salarios caídos (24 meses) y del 15 por ciento de costas procesales.

La empresa recurrió a casación, sin embargo, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar dicho recurso.

Todo fue confirmado y ganamos el caso de manera definitiva. El despido fue declarado nulo e ineficaz y se confirmaron las medidas ordenadas en primera instancia”, manifestó el abogado laboral.

Entre las 9 y las 11 de la mañana del 22 de abril se ejecutará la sentencia judicial y la reinstalación de Osmin Lodero.

“Prácticamente todas las empresas agroindustriales actúan de la misma manera, sin importarles la protección de la cual gozan quienes desempeñan un cargo de representación colectiva y violando el debido proceso. Es una sentencia importante”, concluyó Morales.

Convocan este 9 de abril frente a la Sala Constitucional por pronta resolución de acciones de inconstitucionalidad

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y sus organizaciones sociales y sindicales adscritas exigen pronta resolución de acciones de inconstitucionalidad presentadas desde 2019.

Comunicado

Diversas organizaciones sociales y sindicales convocan a una concentración mañana miércoles 9 de abril de 2025, a las 9:00 a.m., frente a la Sala Constitucional, Calle Morenos, Sabana Sur, con el objetivo de exigir una pronta resolución a las acciones de inconstitucionalidad presentadas desde el año 2019 contra leyes regresivas que atentan contra los derechos de la clase trabajadora costarricense.

En un país democrático como lo es Costa Rica, se están violentando principios constitucionales y derechos fundamentales como el derecho a huelga, la libertad sindical, derechos laborales consolidados y convenios internacionales ratificados por nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La inacción prolongada de la Sala Constitucional ante estos recursos ha permitido que se mantengan en vigencia disposiciones legales que debilitan la institucionalidad pública y vulneran los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores en todo el país.

Esta manifestación pacífica busca visibilizar la urgencia de justicia constitucional en materia laboral y reafirmar la importancia del respeto al Estado de Derecho y a los principios democráticos que nos rigen.

¡La defensa de los derechos laborales y la institucionalidad pública no puede esperar más!

A 100 años de la Ley de Accidentes de Trabajo, con jornadas de 8 horas, en la encrucijada de las nuevas condiciones de trabajo, ante las jornadas de 12 horas diarias

Vladimir de la Cruz

Las clases trabajadoras costarricenses empezaron a distinguirse con conciencia de clase a finales del siglo XIX. Iniciaron sus organizaciones con las sociedades mutualistas, las sociedades de socorros mutuos y las sociedades de mutuo auxilio, que eran organizaciones policlasistas, donde podían agruparse trabajadores, artesanos, obreros, estudiantes, patronos, hombres y mujeres en general. Mi abuelita materna Ofelia Rodríguez Rodríguez, perteneció a una de ellas en el siglo pasado, hasta su muerte.

Hacia 1870, por el impulso del padre Francisco Calvo, también fundador de la Masonería costarricense, surgen las sociedades de artesanos, las sociedades de obreros y las sociedades de trabajadores, que eran organizaciones clasistas, a las cuales solo podían afiliarse artesanos, obreros y trabajadores. Con éstas, la sociedad costarricense empezó a perfilarse y conocerse como una sociedad dividida en clases sociales.

A finales del siglo XIX, el Lic. Félix Arcadio Montero, el último Rector y Presidente de la Universidad de Santo Tomás, que se opuso a su cierre, destacó como un gran líder liberal en Costa Rica y en Centroamérica. Fundó el partido de Obreros y Artesanos, a finales de la década de 1880 y a principios de la década de 1890 fundó el Partido Independiente Demócrata, que afirmó esa conciencia clasista de los trabajadores, artesanos y obreros, cuando su partido llamaba a aglutinarse a los chaquetas, a los descalzos y descamisados contra el Olimpo y los Levitas, enfatizando en quienes estaban en el poder, y en las alturas políticas, y por la forma de sus vestimentas.

La lucha política de Félix Arcadio Montero, fue intensa. Obligó a que los partidos oligárquicos de ese momento, la mayoría liberales, impulsaran en su interior los llamados Clubes de Artesanos, Clubes de Obreros y Clubes de Trabajadores, como hace poco tiempo lo hacían los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y los partidos de izquierda, que tenían sus frentes, secciones y sindicatos de trabajadores.

Las luchas políticas de finales del siglo XIX hicieron que el partido Independiente Demócrata eligiera dos diputados, a Félix Arcadio Montero Monge y a Faustino Montes de Oca, y que uno de los partidos liberales eligiera diputado a su dirigente trabajador Víctor Golcher.

Las luchas políticas intensas llevaron a planear un atentado contra el presidente Rafael Iglesias Castro, cuya culpa se le echaron a Félix Arcadio Montero, motivo por el cual fue injustamente detenido y expulsado del país. A su regreso al país, en 1897, fue asesinado, envenenado, en el barco en que venía. Exaltado por el movimiento liberal centroamericano se le honró en su muerte. Casado con Rosa Segura Fonseca, sus hijos siguieron sus pasos liberales y vinculados al movimiento obrero y sus luchas, especialmente Bolívar, Arístides y Alejandro. Sus nietos, los Montero Vega, Álvaro y Arturo, también, militando en el Partido Comunista y su movimiento sindical, desde la gloriosa década de 1940-1948 hasta sus muertes, y uno de sus bisnietos, también ha sido dirigente sindical.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre 1901-1903, las sociedades mutualistas y las de trabajadores dieron paso a las Ligas Obreras y a los Sindicatos, tal y como existen hoy.

La sociedad costarricense había cambiado. Se construían los barrios Aranjuez y Amón, entre 1890 y 1912, la electricidad era un factor de progreso. El capitalismo agrario se había desarrollado. Había fábricas de gaseosas, de cervezas, imprentas, telares e hilanderías, se construían grandes edificios, se vendía electricidad al servicio privado desde 1896 en Alajuela, Heredia, Cartago y San José.

Las luchas obreras internacionales se conocían en el país. Las luchas de los trabajadores europeos y estadounidenses por la jornada de 8 horas, en 1886, 1888 y 1890 fueron seguidas en la prensa diaria, que ya existía desde 1886.

Una de las primeras demandas e inquietudes de los trabajadores nacionales fue la jornada de trabajo de 8 horas, que desde 1913, empezó a presionarse y celebrarse con el desfile del Primero de Mayo, como día Internacional de los Trabajadores.

Los sindicatos que surgieron a principios del siglo XX avanzaron en luchas y en huelgas, defendiendo salarios y condiciones de trabajo. En 1905 se constituyó la primera Federación de Trabajadores, en San José. Siguieron las de provincias, que a inicios de la década de 1910 ya existían algunas.

En 1909, el Centro de Estudios Sociales Germinal, que impulsaron Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, los científicos Jiménez Rojas, con cursos de capacitación a los trabajadores, los motivaron y condujeron para fundar la primera Confederación General de Trabajadores, única en todo el país desde 1913 hasta 1923, que se disolvió para unirse al recién fundado Partido Reformista, del sacerdote y General Jorge Volio Jiménez.

La década de 1910 -1920 golpeó fuertemente al país, por la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial y sus repercusiones, que crearon el ambiente para la llegada de Alfredo González Flores al gobierno, el impulso de sus reformas y el golpe de Estado que le dieron en 1917, entre otras cosas, por ese motivo.

De la crisis de la guerra mundial surgió la Revolución Rusa y su repercusión inmediata en Costa Rica, con el Dr. Aniceto Montero, que impulsó el Centro Socialista de Costa Rica, a modo de un partido identificado con las ideas comunistas, marxistas y especialmente leninistas. Cuando murió Lenin, en 1924, organizó desfiles de duelo con los trabajadores nacionales. También se dieron las condiciones para impulsar la Liga de las Naciones y la Organización Internacional del Trabajo, OIT,

La década de 1920 inició con el retorno a la democracia bajo el gobierno de Julio Acosta García, 1920-1924. En su gobierno fueron electos como diputados, que se identificaban con los trabajadores y sus luchas, José María Zeledón Brenes, Bolívar Montero Segura, el dirigente obrero Gerardo Matamoros, Jorge Volio Jiménez y Julio Padilla Romero.

A las luchas sociales de salarios, condiciones de vida y de jornadas de trabajo, a principios del siglo XX, desde 1908 hasta 1925, se dieron luchas y demandas para exigir una Ley de Accidentes de Trabajo, que protegiera especialmente a los trabajadores agrícolas que eran la mayoría nacional. Varias veces se intentó en el Congreso Nacional discutir y aprobar esta ley, sin éxito, pero luchando por ella cotidianamente.

Con el partido Reformista, enfrentando a los socialistas de Aniceto Montero, Jorge Volio había izado la bandera de la Ley de Accidentes de Trabajo, que era una demanda que venía en lucha desde 1908.

Se acababa de fundar la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del 1 de febrero al 11 de abril de 1919, organismo hoy parte de las Naciones Unidas para fomentar legislación laboral y social, trabajando conjuntamente empleadores, trabajadores y gobiernos. En 1917 había triunfado la Revolución Comunista en Rusia y en 1922 se había constituido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tuvieron mucha resonancia en Europa en esos años, exaltando el arribo de la clase trabajadora al poder.

Aún antes de la OIT, en Costa Rica ya se habían aprobado disposiciones ejecutivas y leyes que regulaban la relación trabajo-capital. Los trabajadores por su parte luchaban, demandaban y pedían regulaciones y leyes sobre sus condiciones de trabajo. Una de esas luchas se inició en 1908 demandando la Ley de Accidentes de Trabajo, adquiriendo fuerza esta lucha en 1925.

La ley aprobada no afectó a los terratenientes, a los cafetaleros ni a los bananeros dejando desprotegidos, en ese sentido a los trabajadores del campo, que pedían también atender las enfermedades endémicas y mordeduras de víboras entre otros accidentes de trabajo, y tener dispensarios médicos en los centros de trabajos agrícolas. Antecedente de esta Ley fue la Ley de Accidentes de Trabajo de México, de 1904, y lo establecido en la Constitución mexicana de 1917. Aunque no protegió a la inmensa mayoría de los trabajadores fue un avance muy importante.

En la constitución de la OIT se impulsó lograr mayor justicia social. Su trabajo se orientó a formular Convenios sobre distintas temáticas laborales y sociales.

El primero de sus Convenios internacionales del Trabajo, RATIFICADO por Costa Rica, es el del reconocimiento de la jornada de 8 horas diarias de trabajo y, luego, el de la semana laboral de 40 horas. Después siguieron los Convenios sobre salarios, sobre Higiene y seguridad del trabajo, el trabajo de las mujeres y los niños, el empleo, el paro y las migraciones, los seguros sociales y pensiones, riesgos profesionales, trabajos especiales, entre ellos el trabajo agrícola, el trabajo intelectual, el trabajo indígena, sobre los derechos de asociación de los trabajadores y sobre sus condiciones de vida.

El Convenio No. 12, aprobado en 1921 es sobre la reparación de accidentes de trabajo en la agricultura, que se amplió en el Convenio No. 17, de 1925, a la reparación de accidentes de trabajo y, por los Convenios números 18 y 19, de 1925, regularon la reparación de las enfermedades profesionales y la igualdad de trato en los accidentes de trabajo.

De inmediato a su fundación la OIT se preocupó en regular a los accidentes de trabajo, documentos que en la lucha de los trabajadores costarricenses por lograr la Ley de Accidentes de Trabajo no se conocían en ese momento. Sin embargo, la lucha iniciada desde 1908 para lograr la Ley de Accidentes de Trabajo era una necesidad en el país.

Las luchas políticas contra la dictadura de Tinoco y del inicio de la década de 1920, se habían fortalecido con las luchas huelguísticas y organizativas, desde 1918 hasta 1920, para lograr la jornada de 8 horas diarias, con la Ley No. 100 del 9 de diciembre de 1920.

La lucha por esta Ley de Accidentes de Trabajo era más de los sectores agrarios o campesinos que de los trabajadores urbanos. Al aprobarse esta Ley, la No. 53 del 31 de enero de 1925, sobre “Reparación por Accidentes de Trabajo” y sus reformas posteriores, se favoreció más la protección de los trabajadores urbanos, pero ya era una conquista social.

Desde aquellos años, hace 100 años o más, la preocupación por los accidentes de trabajo se agitaba como problema fundamental de los trabajadores, especialmente agrícolas. Durante años esa ley no se aplicó adecuadamente en su protección. Se mantuvieron las demandas por su cumplimiento y se reformó levemente sin detener los accidentes de trabajo, que siguen siendo una pesadilla para los trabajadores, sus familias, la seguridad social y el presupuesto nacional que tiene que atender estas situaciones. El Estado sigue indolente ante esta situación.

Los accidentes de trabajo son constantes y cotidianos. Hoy afectan tanto a trabajadores del campo como de las ciudades, y se regulan como todo aquello “que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad para el trabajo”; es cualquier percance que le ocurra a un trabajador durante su jornada laboral, o es consecuencia del percance del trabajo que realiza el trabajador.

Desde 1925 se han venido regulando los accidentes de trabajo, los riesgos laborales y profesionales y las enfermedades ocasionadas por los trabajos. Hoy se atiende por la Caja Costarricense del Seguro Social y especialmente por el Instituto Nacional de Seguros y su excelente Hospital del Trauma, a la población ocupada formal e informalmente, de los sectores Primario, Secundario y Terciario de la economía nacional, que sufren estas situaciones laborales.

En los últimos cinco años, con jornadas de trabajo nacionales de 8 horas diarias, los accidentes de trabajo no bajan de 110.000 al año, y alcanzan hasta 130.000 al año, afectándose los hombres en un 75% y las mujeres en un 25%.

Con el sistema de jornadas diarias de 12 horas de trabajo que se quiere imponer, al estilo de las jornadas esclavistas del siglo XIX, los accidentes de trabajo aumentarán, por las mismas condiciones que existen, y se mantendrán con esas jornadas de 12 horas, por lo menos en un 40% más de las que ya se producen. Es decir, podrán alcanzar de los 160.000 a 170.000 trabajadores accidentados por año, aumentando igual el número de los trabajadores fallecidos por accidentes laborales.

Los accidentes de trabajo actualmente se concentran principalmente en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y pesca, en la construcción, en la industria, en la administración pública, defensa y planes de seguridad social, en la construcción, en el comercio por mayor y por menor, así como en la reparación vehículos y motocicletas, en las Industrias manufactureras, las actividades de servicios administrativos y de apoyo y en las actividades de alojamiento y venta de comidas.

En la administración pública se produce el mayor número de accidentados, siguiéndole los sectores de la agricultura, la construcción y la industria. A nivel provincial Puntarenas, Limón y Guanacaste son las que reportan más siniestralidades laborales. Más del 90% de los accidentes de trabajo se producen en el mismo puesto de trabajo habitual, dentro o fuera del centro de trabajo. Por rango de edad la mayor cantidad de accidentes de trabajo se produce en trabajadores jóvenes, un 44%, entre 15 y 34 años, un 37%, entre los de 36 y 49 años, y un 18%. entre 50 y 65 años. En las mujeres trabajadoras a medida que aumenta la edad aumentan los accidentes.

De todos los accidentados un 78% resulta incapacitado entre uno y dos días, y el promedio de fallecidos por los accidentes de trabajo se mueve entre el 6% y el 10% de los trabajadores siniestrados. Los accidentes de trabajo se producen en las empresas que tienen menos de 9 trabajadores hasta las que tienen más de 50 trabajadores.

En el país hay más de 80.000 empresas sujetas a velar por la calidad de su trabajo y de sus condiciones de trabajo, de su seguridad e higiene ocupacional.

De acuerdo con el Convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los inspectores del trabajo están facultados para investigar estas condiciones y a la vez están facultados para impulsar o recomendar medidas a fin de que se subsanen los defectos que ellos adviertan en la instalación, el montaje, en los métodos de trabajo que constituyan razonables peligros para la salud o seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no tiene la cantidad de inspectores en capacidad de realizar estas tareas de inspección laboral. De esas 80.000 empresas no se visitan 3000 al año para precisar problemas en el incumplimiento de las condiciones de salud y de seguridad laboral que se debe tener.

Celebramos el centenario de la Ley No. 53 del 31 de enero de 1925, sobre “Reparación por Accidentes de Trabajo”. Pero no podemos dejar de decir que la legislación actual y el sistema de seguridad social que atiende esta situación sigue siendo deficiente.

Los sindicatos deben poner más atención a este problema. En la campaña electoral que ya está encima, los partidos políticos deberían comprometerse en atender con mayores recursos la inspección laboral y de la seguridad social y de mejorar, hasta donde sea posible, las instituciones de salud pública que atienden a los accidentados.

Compartido con SURCOS por el autor.

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras señala tres logros históricos

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC) ha anunciado tres importantes logros que refuerzan su compromiso con los derechos laborales en Costa Rica.

En un comunicado la ATTBPDC destaca estos logros como «hitos trascendentales» que consolidan un modelo bancario con visión social y democrática.

Autonomía legislativa reforzada

El pasado miércoles 19 de marzo, el Proyecto de Ley No. 24.627 fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa elimina la ratificación del Poder Ejecutivo para los representantes de la Asamblea en la Junta Directiva del Banco, devolviendo el poder decisorio a sus legítimos propietarios: las personas trabajadoras.

La ATTBPDC ha hecho un llamado a los legisladores para que respalden esta reforma en el Plenario, subrayando que «la autonomía del Banco Popular es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país».

Prórroga para los Fondos Generacionales

En una segunda victoria, se ha conseguido posponer por un año la implementación de los Fondos Generacionales. Este período adicional permitirá realizar un análisis más profundo con base en estudios técnicos y consultas a todos los sectores productivos y sociales del país.

La medida busca garantizar que cualquier reforma tenga el menor impacto negativo posible en la clase trabajadora y proteja la estabilidad del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Acuerdo de diálogo para el sistema de cuido

El tercer logro se concretó el jueves 20 de marzo, cuando la ATTBPDC alcanzó un acuerdo con la diputada Monserrat Ruiz sobre el Proyecto de Ley No. 23.719 para el fortalecimiento del sistema nacional de cuido.

Inicialmente, este proyecto contemplaba utilizar el 0.25% del aporte patronal destinado a la Banca Social del Banco Popular. Gracias al diálogo establecido, se eliminó esta deducción del proyecto, preservando los recursos para los programas sociales del Banco.

Además, se acordó crear una mesa multisectorial para desarrollar una propuesta viable que garantice la sostenibilidad del sistema nacional de cuido sin afectar a las personas trabajadoras.

La ATTBPDC, que representa a más de 1.5 millones de trabajadores costarricenses, continuará informando sobre estos avances que, según señalan, «no son solo nuestros, son de todas las personas trabajadoras de Costa Rica».

Sala Constitucional acoge parcialmente recursos de ANEP contra Ley de Equilibrio Financiero

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informó que la Sala Constitucional acogió parcialmente las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como «Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público».

Según declaraciones de Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, y Rafael Mora Solano, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la organización, la resolución restituye derechos laborales que habían sido modificados por dicha normativa.

«Las anualidades tendrán que seguirse reconociendo tal y como se venían aplicando antes de la ley 9635», manifestó Vargas Barrantes, quien calificó la resolución como un logro para las personas trabajadoras del sector público.

Por su parte, Mora Solano explicó los alcances de la resolución: «La sala está acogiendo parcialmente estas inconstitucionalidades y está diciendo que en el caso de las anualidades tienen que volverse a pagar como se pagaban antes». Detalló que quienes recibían el pago de forma porcentual volverán a ese esquema y que el reconocimiento se hará en el momento en que se cumpla el año laboral, no hasta junio como establecía la ley impugnada.

Según los representantes sindicales, otro aspecto relevante de la resolución es que se restablece el derecho a negociar convenciones colectivas en instituciones públicas, incluyendo aspectos salariales.

La ANEP indicó que está preparada para ayudar a su afiliación afectada a recuperar los derechos que les fueron limitados y extendió una invitación a personas trabajadoras no afiliadas para que se acerquen a la organización con el fin de iniciar los procesos correspondientes.

El sindicato había liderado protestas contra esta ley durante tres meses y argumentó ante la Sala Constitucional que la normativa violaba derechos humanos. Los representantes sindicales adelantaron que informarán sobre otros aspectos contemplados en la resolución próximamente.

Foro analiza la realidad laboral y sindical en Costa Rica

El miércoles 5 de marzo de 2025, en una transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED), se llevó a cabo un foro de análisis sobre la realidad laboral y sindical en Costa Rica. La actividad contó con la participación del Dr. Randall Blanco Lizano, académico y sociólogo, y la Lic. Ariane Grau Crespo, investigadora y activista social. Durante la discusión, se abordaron temas clave relacionados con la situación política, económica y social del país, así como el impacto del modelo neoliberal en el mundo laboral y sindical.

Costa Rica: una sociedad fracturada

El Dr. Randall Blanco Lizano expuso un análisis sobre la situación política del país, destacando la creciente desigualdad social y económica. En su intervención, criticó la construcción de una narrativa mediática sobre una “nueva derecha” y señaló que este tipo de categorizaciones desvían la atención de los problemas estructurales del modelo neoliberal. Asimismo, enfatizó que la actual administración de Rodrigo Chaves sigue profundizando las estructuras de acumulación de capital sin representar una verdadera ruptura con el modelo de gobiernos anteriores.

También se analizó el papel de los medios de comunicación y sectores políticos en la diferenciación entre una “buena derecha” y una “mala derecha”, lo que refuerza el status quo y mantiene intacto el modelo de acumulación económica y exclusión social en el país.

Impacto de las políticas neoliberales en el empleo y los derechos laborales

Por su parte, la Lic. Ariane Grau Crespo abordó las políticas laborales neoliberales implementadas en los últimos 40 años y su impacto en el mundo del trabajo. Destacó la reforma del empleo público, que ha reducido derechos laborales y debilitado la organización sindical en el sector estatal. Además, analizó la propuesta de flexibilización laboral, con énfasis en la jornada 4×3, la cual favorece a sectores empresariales, pero precariza aún más las condiciones laborales de la clase trabajadora.

Se hizo hincapié en el rol de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) como actor clave en la formulación de políticas públicas que han debilitado los derechos laborales en el país. Se recordó que las élites económicas han impulsado leyes que restringen el derecho a huelga y limitan la organización sindical, favoreciendo un modelo de explotación y exclusión.

Sindicalismo y lucha laboral: desafíos y oportunidades

En el foro se destacó que, a pesar de los ataques al sindicalismo y las restricciones legales, los sindicatos continúan siendo los principales actores de protesta en el país. Se evidenció que las movilizaciones han disminuido en los últimos años, producto de una fuerte represión estatal y una campaña de desprestigio mediático contra los trabajadores organizados. Sin embargo, las organizaciones sindicales siguen liderando la defensa de derechos fundamentales como la educación pública, la seguridad social y la denuncia de actos de corrupción.

Entre los principales desafíos para el movimiento sindical, se mencionó la necesidad de combatir la narrativa de los “privilegios” de los empleados públicos, fortalecer la organización en el sector privado y promover un sindicalismo democrático e inclusivo que integre a sectores vulnerables, como mujeres, migrantes y trabajadores precarios. Asimismo, se destacó la importancia de la unidad entre los distintos sectores sindicales y movimientos sociales para enfrentar la precarización laboral y las políticas neoliberales.

Conclusión

El foro concluyó con un llamado a la reflexión y la acción colectiva. Se enfatizó la importancia de recuperar la memoria histórica y no caer en discursos que perpetúan el modelo de acumulación neoliberal. Además, se instó a fortalecer la organización sindical, la movilización y la articulación de estrategias de lucha conjunta para la defensa de los derechos laborales y sociales en Costa Rica.

La actividad reafirmó la relevancia del sindicalismo como herramienta de resistencia ante el desmantelamiento de derechos y la creciente desigualdad en el país. Finalmente, se hizo un llamado a continuar generando espacios de análisis y discusión que permitan fortalecer la conciencia y la acción colectiva en la clase trabajadora.

Les invitamos a observar y divulgar la grabación de esta charla, la cual se encuentra disponible en este enlace:

El papel de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones en tiempos de caos (2)

Gerardo Castillo Hernández / Frank Ulloa Royo
Instituto Sindical de Formación Política

Introducción

Hace días venimos hablando de esto, pero nadie parece reaccionar. Vivimos tiempos de caos. Las guerras abiertas y las guerras económicas redefinen el mapa del poder global, mientras las democracias se tambalean, las izquierdas se fragmentan y la derecha se radicaliza (Bauman, 2017). Todo esto ocurre en un mundo donde millones de personas huyen de la miseria y la violencia, encontrando fronteras cerradas y sociedades crispadas (Sassen, 2014). En este contexto turbulento, el papel de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones adquiere una relevancia especial y se hace necesario un nuevo pensamiento para problemas realmente nuevos, donde las viejas recetas no operan (Hyman, 2001).

Guerras abiertas y guerras económicas

El planeta está en llamas. Ucrania sigue siendo un campo de batalla donde se miden Rusia y la OTAN, con una guerra de desgaste que amenaza con extenderse (Mearsheimer, 2014). Medio Oriente arde con las masacres y la violencia en Gaza, mientras en el Líbano, Siria e Irak persisten conflictos olvidados y sin aparentes soluciones. África sigue siendo un escenario de muerte y desplazamiento de grandes poblaciones originarias por el cambio climático, el hambre y las luchas resultado de los espacios de poder dejados por Francia y otras potencias colonialistas europeas que expoliaron estos países hasta la miseria (Mbembe, 2017).

Pero la guerra no es solo con balas y misiles. Estados Unidos y China libran una batalla económica feroz por el control de la tecnología, las materias primas y los mercados globales. Sanciones, bloqueos, guerra de chips y manipulación de divisas son las armas de esta nueva guerra fría, donde los aliados se reacomodan y la multipolaridad es ya un hecho (Allison, 2017).

Reacomodo de bloques: El fin del mundo unipolar

El dominio absoluto de Occidente se desmorona. China, Rusia, Irán y otras potencias emergentes desafían el orden establecido (Kissinger, 2014). Los BRICS se consolidan como un bloque alternativo, mientras Medio Oriente busca autonomía del control estadounidense. América Latina, siempre oscilante, trata de encontrar un equilibrio en medio de presiones externas y crisis internas (Dussel Peters, 2016).

Europa, mientras tanto, se encuentra atrapada en su dependencia de EE.UU., con economías debilitadas y una crisis política que alimenta el auge de la extrema derecha. La Unión Europea, lejos de consolidarse, se fractura con el auge del euroescepticismo y la desconfianza entre sus propios miembros (Judt, 2011).

Derrumbe de las democracias y el desconcierto de las izquierdas

Las democracias se resquebrajan. El desencanto con los sistemas políticos es evidente: abstencionismo récord, gobiernos débiles, corrupción desenfrenada y una creciente polarización que convierte el debate público en una guerra de trincheras (Levitsky y Ziblatt, 2018). Las instituciones pierden legitimidad y los discursos autoritarios ganan terreno (Mudde, 2019).

Las izquierdas, que en otros tiempos canalizaron el malestar social, hoy parecen perdidas entre discursos identitarios, falta de estrategia y desconexión con las bases populares. Sin un proyecto claro, quedan a la deriva, permitiendo que la derecha radical capitalice el descontento y lo transforme en una reacción violenta contra el statu quo (Mouffe, 2005).

Radicalización de la derecha y los nuevos fascismos

La extrema derecha avanza en todo el mundo. Su estrategia es clara: explotar el miedo, la crisis económica y el fracaso de las élites políticas. Con discursos nacionalistas, xenófobos y autoritarios, líderes como Trump, Le Pen, Milei y otros prometen orden en medio del caos, aunque ese orden signifique la erosión de derechos y libertades (Stanley, 2018). Las elecciones en Alemania parece que nuevamente será la puerta de entrada del fascismo a uno de los principales países europeos donde se consideraba superado (Kagan, 2017).

Este fenómeno no es casualidad. Es el resultado de años de desigualdad, precarización laboral y crisis de identidad en sociedades que sienten que han perdido el control sobre su destino. Con un enemigo común –migrantes, élites globalistas, feministas, izquierdistas, etc.–, logran aglutinar a sectores descontentos en una ofensiva reaccionaria (Piketty, 2014).

El rol de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones

En este panorama caótico, los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones enfrentan un desafío formidable: mantener la cohesión social, proteger los derechos laborales y promover la justicia social en un contexto de creciente desigualdad y polarización (Hyman, 2001).

  1. Defensa de los derechos laborales y ciudadanos: Los sindicatos deben redoblar sus esfuerzos para garantizar condiciones laborales dignas, salarios justos y la protección social de todos los trabajadores, independientemente de su origen o situación migratoria y asegurar espacios de poder político en las comunidades y la sociedad (Freeman y Medoff, 1984).

  2. Lucha contra la precarización laboral: La tendencia hacia la precarización del trabajo y la economía de colaboración entre empresas y personas (economía gig), obviando o neutralizando a los sindicatos, requiere una respuesta robusta de los sindicatos para asegurar la estabilidad laboral y la seguridad económica de los trabajadores (Standing, 2011).

  3. Inclusión y diversidad: Es esencial que los sindicatos promuevan la inclusión y la diversidad en el lugar de trabajo, protegiendo a las mujeres, migrantes y otros grupos vulnerables frente a la discriminación y la explotación (Freeman y Medof, 1984).

  4. Educación y formación: Fomentar la formación política para que los trabajadores puedan entender la nueva sociedad y sus estructuras de poder, así como la mejora de la educación y el reciclaje profesional, será clave para que los trabajadores puedan adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos, y mantenerse con alguna vigencia en el mercado laboral, antes que la robótica avance más y sustituya a los humanos (Brynjolfsson y McAfee, 2014).

  5. Participación política y social: Los sindicatos deben involucrarse activamente en la vida política y social, defendiendo los valores democráticos y luchando contra el avance de los discursos autoritarios y xenófobos (Hyman, 2001).

  6. Solidaridad internacional: En un mundo globalizado, será necesario que los sindicatos pongan su barba a remojar, mejoren las propuestas solidarias a nivel internacional, construyendo redes de solidaridad global que no respondan con exclusividad a los intereses de los trabajadores de las naciones en donde se concentran los centros del nuevo poder mundial (Castells, 2010).

A manera de inicio de un debate:

En un mundo marcado por el caos y la incertidumbre, el papel de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones es más importante que nunca. Al defender los derechos laborales, luchar contra la precarización en las calles, promoviendo el nuevo pensamiento político, la inclusión y la diversidad, y participar activamente en la vida política y social, los sindicatos pueden ser un faro de esperanza y justicia en tiempos oscuros. Su capacidad para adaptarse y evolucionar será clave para enfrentar los desafíos del siglo XXI y construir un futuro más justo y equitativo para todos (Hyman, 2001).

Bibliografía

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  • Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell.

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  • Mouffe, C. (2005). On the Political. Routledge.

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  • Sassen, S. (2014). Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy. Belknap Press.

La jornada esclavista de las 12 horas diarias de trabajo, 4-3, no debe aprobarse

Vladimir de la Cruz

La jornada de trabajo en Costa Rica se reguló en ocho horas diarias en 1920. Desde 1918 se dieron luchas importantes en ese sentido y se logró parcialmente para grupos de trabajadores. A nivel mundial fue con las luchas de los trabajadores y obreros de los Estados Unidos y Europa, con la huelga general de 1886 que culminó con los sucesos de Chicago, que se estableció y reconoció esta jornada de trabajo. Aun así, en 1890 se reanudaron estas luchas en Estados Unidos para lograr que la jornada se impusiera para todos los trabajadores.

En las movilizaciones y huelgas de 1890 se sumaron de nuevo los trabajadores europeos. Los reunidos en Francia en 1889 acordaron celebrar a partir del 1 de mayo de 1890, a nivel mundial, marchas y movilizaciones con el objetivo de apoyar a los trabajadores norteamericanos. Además, acordaron que esa fecha todos los años los trabajadores se movilizaran para hacer un balance de sus luchas del año trascurrido y plantearan una plataforma de luchas para el año venidero. Este fue el origen del Día Internacional del Primero de mayo como día de los trabajadores.

En Costa Rica desde 1913 se celebra este día internacional. Desde 1913 hasta hoy, con excepción de algunos pocos años, no se ha realizado esta celebración y jornada de lucha.

Este primero de mayo próximo, del 2025, debiera tensar la lucha de los trabajadores costarricenses, en defender esta jornada de trabajo de ocho horas diarias, lo debe empezar a prepararse desde ahora por las distintas centrales sindicales de trabajadores, y por los sindicatos y asociaciones labores que existan, debido a que en la Asamblea Legislativa hay un Proyecto de Ley en trámite que se orienta a establecer la jornada de 12 horas diarias, seguidas, por cuatro días a la semana, lo que han llamado las jornadas 4-3, violentando toda la legislación social laboral nacional y la internacional, aprobada por Costa Ria, en distintos tratados y convenios.

La jornada de ocho horas se logró justamente para acabar con los sistemas de trabajo que tenían jornadas extenuantes de 10, 12., 14, 16 y hasta 20 horas diarias. En Costa Rica en 1920 había empresas que tenían jornadas de 20 horas diarias, donde los trabajadores en la práctica permanecían en sus centros de trabajo.

Las luchas de 1886 y 1890 hicieron que la Iglesia, entre otros factores, se pronunciara con la Encíclica Rerum Novarum, en 1891 a favor de la organización sindical, a favor del derecho de huelga y a favor de un justo salario, desarrollando y haciendo surgir desde ese año una posición a favor de los trabajadores y de la justicia social, originando las corrientes social cristianas, sumadas en estas luchas obreras, junto a las corrientes políticas socialistas, anarquistas y comunistas que las habían iniciado con los partidos obreros socialdemócratas.

En Costa Rica desde 1901 existen los sindicatos tal y como hoy los conocemos. Desde 1905 existen las centrales sindicales, donde varios sindicatos se unen. Desde 1913 existen las Confederaciones de Trabajadores, donde se unen centrales y sindicatos. La Confederación General de Trabajadores, surgida en 1913, al impulso de Centro de Estudios Sociales Germinal, que dirigían Joaquín García Monge, Carmen Lyra, Omar Dengo, José María Zeledón Brenes, fue la que organizó la celebración y realización de aquel Primero de Mayo de 1913 y la de los años siguientes en esa década.

Aún así, la jornada no se cumplía en todos los establecimientos y centros de trabajo del país. Esto hizo que el Centro Socialista dirigido por el Dr. Aniceto Montero, en 1919 el Partido Reformista, del padre Jorge Volio, en 1923 y el Partido Comunista, en 1931, en sus planteamientos programáticos y sus luchas exigieran el cumplimiento de las jornadas de ocho horas establecido en 1920.

En los años siguientes, hasta 1943, se dieron luchas sociales, obreras y campesinas, intensas, que en la coyuntura política nacional e internacional, hicieron posible una alianza política y social del Gobierno, dirigido por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con la Iglesia Católica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y el partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, que dio por resultado la aprobación, en la Constitución Política, de esos años, que era la Constitución de 1871, del Capítulo de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, aprobados ambos en 1943, cuya aprobación se celebró en un gran desfile nacional, el 15 de setiembre de ese año, que el Dr. Calderón Guardia llamó Año de la Segunda Independencia, con apoyo de grandes manifestaciones obreras y de trabajadores del campo y de la ciudad.

Los sucesos de la guerra civil de 1948 no eliminaron esa legislación social y laboral. En la Asamblea Nacional Constituyente, de 1949, con apoyo de la Junta de gobierno que dirigía José Figueres Ferrer, se mantuvo y amplió el Capítulo de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, donde se contemplaba y establecía la jornada de ocho horas diarias en el país.

El desarrollo económico, político y social del país ha hecho que crezcamos continuamente, acomodándose el país, a las coyunturas internacionales, logrando fortalecer la democracia como sistema social y político y manteniendo los derechos sociales y laborales existentes, que se han fortalecido, igualmente, con los convenios y tratados que Costa Rica ha ido aprobando desde aquellos años.

Las tendencias mundiales, apoyadas por la Organización Internacional del Trabajo, de la cual formamos parte, y cuyos Convenios Internacionales, relacionados con esta jornada, hemos ratificado como país, hoy se orientan a establecer mundialmente las jornadas de trabajo de 40 horas semanales, y no de 48 horas, es decir jornadas de cinco días laborales de ocho horas diarias. También se orientan sus tendencias a favorecer las reducciones de las jornadas de trabajo diario, sin reducir el salario de los trabajadores, a jornadas de 36, 35 y hasta de 32 horas semanales, como se está haciendo en algunos países europeos. La jornada de 32 horas semanales la plantean como jornadas de ocho horas diarias por cuatro días a la semana, situación que están desarrollando experimentalmente en algunas actividades laborales y económicas, en países europeos, como Inglaterra. En esta reducción de jornadas se busca el mayor bienestar de los trabajadores, de manera puedan tener más tiempo libre, para el ocio, para el descanso, para el estudio, para pasar y disfrutar con sus familias.

En Costa Rica, desde inicios del siglo XXI, desde el 2004, se han impulsador proyectos de ley orientados a prolongar por ley las jornadas de trabajo a doce horas diarias, para un total de 48 a la semana. Con el cuento de las 48 horas semanales, que se respetan, proponen concentrarlas en 4 días y no en 6 como funcionan hoy.

Sin embargo, hay empresas e instituciones que trabajan con jornadas de 40 horas semanales y no de 48, ya como derechos adquiridos y consolidados, con jornadas de cinco días y no de seis laborales.

En el anterior gobierno, de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana y en el actual, dirigido por Rodrigo Chaves Robles, se impulsa un Proyecto de Ley para aprobar la jornada de trabajo de 12 horas diarias, por cuatro días a la semana, que ya se encuentra en la discusión legislativa.

Esto es volver a las jornadas de trabajo esclavistas que existían en el mundo, en Europa y en el continente, en el siglo XIX, contra las cuales se llevaron a cabo las grandes luchas sociales que culminaron en las jornadas huelguísticas de Chicago, y de Europa, de 1886 y 1890.

Los representantes de los empresarios esclavistas de Costa Rica, en el debate legislativo, no han podido señalar una sola empresa que necesite este tipo de jornada de trabajo. Hablan de que el país por sus condiciones de competitividad comercial y productiva necesita estas jornadas de 12 horas diarias. Pero, esa alta productividad y competitividad se ha logrado justamente con jornadas de ocho horas diarias. Hablan de la presencia de 500 empresas extranjeras y multinacionales, que generan 250.000 empleos, que laboran con éxito en el país, con jornadas de ocho horas diarias. Los representantes esclavistas no han podido señalar a una solo empresa de estas que solicite jornadas de doce horas para su ciclo productivo, aun cuando trabajen continuamente las 24 horas.

Cuando el país se promociona en el exterior, tratando de atraer inversionistas y empresas, se les informa de la legislación social y laboral que tienen que cumplir en Costa Rica, donde está incluida a jornada de trabajo de ocho horas diarias. A ningún inversionista ni empresa se le ofrece ni siquiera la posibilidad de establecerle esa jornada de 12 horas diarias. Los que vienen saben que tienen que cumplir la jornada de ocho horas diarias. Y, saben también, que si quieren que sus trabajadores laboren hasta cuatro horas extra por día tienen que pagarles una jornada extra con un 50% más del valor por hora de la jornada ordinaria de ocho horas. De esta forma, por ejemplo, si en la jornada diaria ordinaria de ocho horas la hora se paga a 100 colones en la extraordinaria se paga a 150 la hora extra.

En el fondo, lo que se quiere es eliminar estos pagos extras en el trabajo. Con la eliminación de este pago extra se impone una sola jornada con u solo salario sin pago extra reconocido, con lo cual se disminuye realmente el ingreso del trabajador y se le causa un daño hacia el futuro. El daño que se causa es sus ingresos futuros.

Por ley, los ingresos o pagos extras que un trabajador tenga se reconocen y repercuten para el pago del aguinaldo, o treceavo mes que se hace en diciembre. Sin ese reconocimiento como se quiere hacer con el establecimiento de las jornadas de 12 horas hay una reducción del aguinaldo, porque en la jornada de 12 horas que se quiere establecer no hay pago de horas extras. Todas las 12 horas se pagan con una misma tarifa.

Igualmente, hacia el futuro, cuando el trabajador pueda pensionarse, lo hará con un salario fijo, que no ha tenido incrementos salariales por pagos extras u otros que le beneficien, por lo que tendrá una pensión disminuida, como las quiere establecer el actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles, que tiene una pensión de $20.000 dólares de un organismo internacional, que se paga con cuotas que el país también paga por pertenencia a ese organismo internacional, de manera que todos los costarricenses, como a él le gusta reconocer, pagamos las pensiones de los pensionados, como él también se beneficia de altas pensiones.

El daño más importante, además del salario, el aguinaldo y la pensión disminuida que van a tener los trabajadores que sean sometidos a estas jornadas de 12 horas, va a ser en el interior de sus familias. El sistema económico y de transporte público no está en capacidad de atender esta organización de trabajo de manera que le permita al trabajador estar el mayor tiempo posible con su familia, su esposa e hijos. Veámoslo simplemente.

La inmensa mayoría de los trabajadores tienen que desplazarse para ir a sus trabajos. Ese desplazamiento o movilización le obliga a disponer de una o dos hora diarias para llegar puntualmente a su hora de trabajo. Para ello el trabajador agrega a su jornada de trabajo de doce horas una o dos horas más para llegar puntualmente. Al final del día de trabajo para regresar a su hogar el trabajador, igualmente, tiene que emplear, una o dos horas para ese regreso. Con esto el trabajador en términos reales estará fuera de su hogar por un total de 14 a 16 horas diarias, lo que lo saca de hecho y de manera violenta de su relación familiar, de su relación de pareja marital, de su relación de padre o madre con sus hijos que prácticamente no va a ver ni atender durante todas esas horas.

Las familias de trabajadores no tienen capacidad para mantener una niñera o alguien que colabore en el cuido de los niños, ni el sistema educativo está organizado para tener a los niños por lo menos ocho horas diarias en las escuelas y colegios. Algunas instituciones privadas de educación pueden tener estas facilidades, pero los colegios y escuelas públicas no tienen esa posibilidad, además de que hay casi 1000 establecimientos escolares y educativos en malas condiciones materiales de trabajo, en condiciones insalubres y en posibilidad de que las clausuren, agravando las condiciones de esos niños y sus familias.

La farsa de la ley que se quiere aprobar está en decir que al trabajador que se acoja a la ley le dan a posibilidad de que devuelva, después de tres meses de trabajo, a su jornada anterior. Al mismo tiempo que se le garantiza esto al trabajador, el mismo artículo de la ley dice que en ese caso el patrono puede cesarlo pagándole todos sus derechos sociales y laborales. Esto es lo que realmente va a suceder. Los echan a los que se devuelven y a los nuevos trabajadores les imponen la jornada de doce horas, sin otra posibilidad de laborar.

La jornada de trabajo de doce horas diarias, como se quiere establecer, va a aumentar los accidentes de trabajo, que ya existen por miles al año, va a aumentar la fatiga laboral y las consecuencias médicas y sanitarias que ello conlleva, con un gran impacto negativo y un elevado costo para la seguridad social y sanitaria del país y de las familias.

No es cierto, como afirman los representantes de los esclavistas costarricenses, que la Organización Internacional del Trabajo impulse estas jornadas extensivas de 12 horas diarias de trabajo. Tampoco es cierto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también las impulse o promueva. Lo cierto es que de los que de los países que en OCDE están, todos tienen jornadas de ocho horas, y varios de ellos ya están con las jornadas de 36 y 37 horas semanales con jornadas diarias de 6 y 7 horas, y no de 12 horas.

Los esclavistas que impulsan esta jornada de 12 horas de trabajo diario mienten cuando dicen que el Ministerio de Trabajo tiene capacidad para velar en la supervisión estricta de la aplicación de las jornadas de doce horas. No tiene capacidad como no la tiene para ejercer esa vigilancia en las condiciones actuales de sistema de trabajo nacional, no tiene los inspectores suficientes para atender la situación actual, menos la tendrá por complacencia en las prácticas laborales esclavistas que existen y no denuncian ni proceden contra ellas. El andamiaje de esta parte del Ministerio de Trabajo no está al servicio ni atención de los trabajadores. El ministerio más parece una oficina de relaciones laborales de los sectores patronales, y si se aprueba la ley lo será de los sectores patronales esclavistas. Algo parecido pasa con los inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social, en su relación con las grandes empresas.

Con la jornada de trabajo de 12 horas no se invierte nada en el bienestar de las futuras generaciones, como dicen los defensores de los esclavistas laborales. Si así fuera, en los Estados Unidos, de donde viene la mayor parte de las empresas extranjeras en el país, y de Europa, ya habrían establecido como la gran novedad de esta época las jornadas de trabajo de doce horas.

En la Asamblea Legislativa los esclavistas que impulsan esta ley no han podido demostrar que estas jornadas son las mejores, las más buenas y que existen en todos los países del mundo, como jornada ordinaria del modelo de trabajo hoy.

El Partido Unidad Social Cristiana, que todavía evoca la imagen del Dr. Calderón Guardia, este año que se cumplen 125 años de su natalicio, está un enterrando, junto a memoria histórica, la legislación laboral, pilar de la estabilidad democrática nacional, y gran obra del Benemérito de la Patria. Los herederos políticos de Calderón Guardia guardan silencio sepulcral ante este atentado a su legado histórico democrático. Los mercaderes del socialcristianismo, en la Asamblea Legislativa, se desnudarán en su condición de representantes esclavistas del trabajo con la aprobación de esta jornada de 12 horas de trabajo.

Los representantes del partido Liberación Nacional si se suman a los intereses esclavistas del trabajo se hundirán más en sus posibilidades electorales, abandonando definitivamente toda su historia socialdemócrata.

Los partidos restantes de la Asamblea Legislativa, exceptuando, el Frente Amplio, se montarán en el furgón de cola del gobierno, que no tiene ningún respeto por el Poder Legislativo y sus diputados.

Todos los sindicatos, todas las asociaciones gremiales y de trabajadores, deben unirse en este momento histórico, para detener la aprobación del proyecto de ley de las jornadas de 12 horas de trabajo diario. En esta dimensión también deben unirse todas las federaciones de estudiantes, que representan a los futuros trabajadores del país, para garantizarles de manera efectiva un mejor futuro social. Todas las asociaciones de mujeres también deben unirse en esta lucha, son sus familias y sus hijos los que saldrán altamente afectados con el establecimiento de las jornadas de 12 horas.

Esta lucha debe ganarse en la Asamblea Legislativa. Si no, en la calle y en las elecciones próximas votando contra los partidos que representan los intereses esclavistas. En este sentido, por ahora, como partido político, solo Esperanza Nacional, que postula a la presidencia de la República, al politólogo Claudio Alpízar, se ha pronunciado en contra de la aprobación de esta jornada esclavista.

 

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