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Etiqueta: derechos sindicales

Los derechos democráticos de los trabajadores se desmoronan: Índice Global de los Derechos de la CSI 2024

El Índice Global de los Derechos de la CSI de 2024 es de difícil lectura: una clara y urgente advertencia de que los valores democráticos y los derechos fundamentales suscritos por la mayoría de los países a escala internacional se están desmoronando.

El secretario general de la CSI, Luc Triangle, ha declarado: «El Índice viene registrando desde hace 11 años un rápido deterioro de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en todas las regiones del mundo. Los trabajadores son el corazón latente de la democracia; su derecho a ser escuchados es crucial para la vitalidad y la sostenibilidad de los sistemas democráticos. La vulneración de sus derechos constituye un ataque a la propia democracia. La democracia, los derechos sindicales y los derechos de los trabajadores van unidos: no se puede tener lo uno sin lo otro.

El Índice Global de los Derechos de la CSI es un examen exhaustivo de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras recogidos en la legislación de 151 países, los cuales se califican en función de una lista de 97 indicadores derivados de la jurisprudencia y los Convenios de la OIT. Como tal, es la única base de datos de este tipo. Los países se califican en una escala del 1 al 5+ basada en el grado de respeto de los derechos de los trabajadores. Las violaciones de los derechos se registran cada año de abril a marzo.

Los 10 peores países para los trabajadores y las trabajadoras son: Bangladesh, Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Myanmar, Túnez y Türkiye.

  • Un total de 22 sindicalistas han sido asesinados en 6 países: Bangladesh, Colombia, Filipinas, Guatemala, Honduras y República de Corea.
  • En 12 países las condiciones son pésimas debido a la ruptura del Estado de derecho, por lo que han obtenido una calificación de 5+.
  • Solo dos países han registrado mejoras en su puntuación en 2024: Rumanía ha pasado de un 4 a un 3, y Brasil ha obtenido un 4, lo que supone una mejora con respecto al 5 registrado el año pasado
  • Trece países han obtenido peores calificaciones: Arabia Saudita, Costa Rica, Federación Rusa, Finlandia, Israel, Kirguistán, Madagascar, México, Nigeria, Qatar, Sudán, Suiza y Venezuela.
  • En el 87% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga.
  • En el 79% de los países se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva.
  • En el 75% de los países se excluye a los trabajadores del derecho a establecer o afiliarse a un sindicato.
  • En el 74% de los países se ha impedido el registro de sindicatos.
  • En el 65% de los países los trabajadores carecen de acceso o tienen un acceso restringido a la justicia.
  • En el 43% de los países se ha restringido la libertad de expresión y de reunión.
  • En 74 países se han efectuado arrestos y detenciones de trabajadores.
  • En 44 países se han dado casos de trabajadores que sufrieron actos de violencia.
  • Europa ha obtenido una puntuación media de 2,73, peor que el 2,56 que obtuvo en 2023, manteniendo un rápido deterioro con respecto al 1,84 de 2014 y registrando así el mayor declive de todas las regiones del mundo en los últimos 10 años.
  • La peor región del mundo para los trabajadores es Oriente Medio y Norte de África, con una calificación media de 4,74, peor que el 4,53 que recibió en 2023 y que el 4,25 que obtuvo en 2014. Los derechos a la negociación colectiva, a afiliarse a un sindicato y a registrar un sindicato han sido vulnerados por todos los países de la región.

Un movimiento verdaderamente democrático

Luc Triangle ha declarado: Aunque se han constatado modestos indicios de mejora, el panorama general proyecta un ataque implacable a las libertades civiles, a los derechos laborales y a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. El Índice cuenta la historia de trabajadores, trabajadoras y sindicalistas valientes que a menudo se enfrentan a graves peligros para mejorar la vida de sus compañeros y defender los derechos democráticos.

“Esto se produce en el contexto de una persistente y devastadora crisis del coste de la vida, de una disrupción tecnológica que está cambiando rápidamente el mundo del trabajo, y de un empeoramiento de los niveles globales de conflictos violentos en el marco de los cuales los trabajadores y las trabajadoras se enfrentan a las catastróficas consecuencias de la guerra.

» La única manera de abordar estas tendencias de manera sostenible es con un movimiento verdaderamente democrático. Un movimiento que trascienda fronteras y sectores, edades y géneros, razas y religiones, y que tenga el poder, la presencia y la responsabilidad para transformar el equilibrio de poder en todos los lugares de trabajo, países e instituciones mundiales. Los sindicatos son ese movimiento.

“Por eso, con la publicación del Índice de 2024, en un año en el que 4.000 millones de personas acudirán a las urnas, la campaña de la CSI Por la Democracia se ha propuesto defender y reforzar la democracia en el lugar de trabajo, en la sociedad y a escala mundial frente a los intereses creados de la derecha, centrados en erosionar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esta es nuestra lucha común.

«Somos los que más abogamos y luchamos por los valores democráticos que ejercemos cada día para crear un mundo más justo y seguro para todos. Nuestro trabajo es ahora más crucial que nunca».

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2024 se publicará el 12 de junio a las 13h00, durante la Conferencia Internacional del Trabajo que tendrá lugar en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra (Suiza). La presentación podrá seguirse en línea a través de este enlace.

El acto contará con contribuciones y testimonios de representantes sindicales sobre la violación de los derechos que sufren los trabajadores y las trabajadoras en algunos de los países peor clasificados del mundo; y contará con las intervenciones de Luc Triangle, secretario general de la CSI, y Paapa Danquah, director jurídico de la CSI.

Compartido con SURCOS por Lorea Pino.

Fuente: https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2024-es

Gilbert Brown Young, referente e inspiración

Juan Carlos Cruz B, comunicador social

Ha muerto uno de los últimos líderes gremiales con sólida formación político-sindical y con sincera convicción en los principios de una social democracia que ya no existe. Deja un vacío difícil de llenar, máxime en tiempos de resignación frente al avance de las derechas y del autoritarismo, de la desesperanza en el futuro y del pragmatismo acomodaticio de las nuevas generaciones.

Gilbert Brown fue un cuadro sindical que creció en la Costa Rica que ofrecía posibilidades de movilidad social, en la que se desarrolló y consolidó la clase media a la buena de sombra de las instituciones del Estado de Bienestar y que, antes de la década de los 80, alimentaron la vida democrática nacional.

A Gilbert Brown le tocó vivir la transición del Estado benefactor al modelo neoliberal y sin titubeo, se sumó a las grandes luchas por la defensa de las instituciones públicas y de los derechos sindicales. A él le tocó vivir la gloria del viejo Partido Liberación Nacional y sufrir la debacle ideológica y política de este.

Un hombre que igual sabía cuándo había que hablar y cuándo debía escuchar. No se aferraba al pasado, salvo cuando de sacar lecciones para proyectarse al futuro se trataba. Fue así como, desde la Secretaría de la Rerum Novarum, se involucró en el innovador proceso de articulación de organizaciones productivas y sociales, que se llamó “Costa Rica: Hacia la Tercera República Frente a los desafíos nacionales del siglo XXI”, un conjunto de respuestas consensuadas a los desafíos nacionales con visión de largo plazo.

A diferencia de otros líderes gremiales, él tuvo la disposición de abrirse a nuevos temas que no entraban en la agenda sindical, como fue la reivindicación de los derechos de la población afro costarricense. Con las reticencia de un hombre de su tiempo, pero con la madurez que da la experiencia, comprendió la importancia que tiene la lucha por la igualdad de las mujeres trabajadoras y no dudó en apoyarla.

Gilbert Brown fue un hombre muy bien informado y desarrolló la habilidad de ligar su análisis de la realidad de RECOPE, con la situación del país. Si algo tuvo claro, es que RECOPE no es una isla y que la supervivencia de la Empresa y del monopolio de los hidrocarburos no es ajena al destino del resto de las instituciones nacionales que conforman el cada día más amenazado Estado de Bienestar.

Más allá de los honores rituales a quien sin duda los merece, es necesario que la nueva generación de sindicalistas honre el legado de Brown, recuperando la identidad y la mística sindical en cuanto a la defensa de todos los derechos para toda la clase trabajadora y fortaleciendo los procesos de formación político sindical de las y os afiliados.

Sirva la memoria de Gilbert Brown de inspiración y punto de referencia para la militancia sindical, frente a las amenazas actuales y los desafíos de la presente generación, para sentar las bases de una sociedad más democrática, justa y solidaria.

¡Gracias por todo, a su memoria Maestro Brown!

ANEP rechaza las acciones anti sindicales de funcionarias del Hospital San Vicente de Paul

Saquen a la del sindicato”, se escuchó a todo pulmón por los pasillos del Hospital San Vicente de Paul, por parte de Lizbeth Granados del Departamento de Enfermería en contra de Carolina Castro Zúñiga, asesora sindical de ANEP quien realizaba un acompañamiento a una de nuestras personas afiliadas.

Nuestra afiliada se reincorporaba a sus labores tras una incapacidad psiquiátrica producto de discriminación por ser una persona con discapacidad y por su condición de sindicalista.

En el momento en el que se llega a donde era su espacio de trabajo se dan cuenta que no tenía escritorio, computadora, silla, teléfono ni nada de sus herramientas de trabajo, por lo que se acompañó hasta donde su jefatura. La funcionaria, temblaba, lloraba ya que nunca le comunicaron nada de esto y la misma temía por su estabilidad laboral y emocional.

Esperando una acción positiva por parte de la jefa, Lizbeth Granados, se dio todo lo contrario, pues manifestó que a ella no le correspondía, que se tenía que hablar con la señora Mildreth Garza Jiménez, Directora de Enfermería, a quien también se acudió pero, lamentablemente, tampoco quiso atenderlas y de forma tajante se los hizo saber.

Ante esto, se trató de conversar con Prisicila Balmaceda Chaves, Directora del Hospital, pero tampoco se logró, ya que rechazó el acceso a su oficina y solo pidió que se le enviara un correo electrónico.

Tras la nula respuesta de las encargadas y de ver como nuestra afiliada, presentaba ataques de ansiedad, por parte de nuestra asesora, Carolina Castro Zúñiga, se toma la determinación de levantar un acta que deje como evidencia lo sucedido.

Se esperaba que las funcionarias involucradas firmaran el documento, pero esto colmó su paciencia al punto en el que la señora Granados comenzó a pedir a gritos que la seguridad interna sacara tanto a nuestra asesora sindical y a nuestra afiliada, ya que, a su criterio, no estaba trabajando.

Durante ese momento Granados afirmaba que ella NUNCA iba a recibir, firmar o tener contacto con lo que tuviera que ver con el sindicato, acto sumamente reprochable para la ANEP.

Desde la Secretaria General de ANEP se solicitó incluir dentro de una audiencia conciliatoria próxima que se va a dar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tratar las presuntas practicas laborales desleales por parte de la parte patronal.

ANEP rechaza tajantemente toda acción violenta y solo busca que haya espacios laborales de paz y armonía, en donde prevalezca el dialogo.

Fuente: https://anep.cr/anep-rechaza-las-acciones-anti-sindicales-de-funcionarias-del-hospital-san-vicente-de-paul/

A pesar de represalias patronales, seccional de choferes de autobús de Guadalupe continúa creciendo

La empresa autobusera “Guadalupe Limitada” ha emprendido una campaña de miedo para que sus trabajadores desistan de agremiarse. Ante tal circunstancia, ANEP recuerda que la Constitución Política respalda a cualquier persona trabajadora que cuente con el deseo de unirse a un sindicato. 

Nathaly Montero Campos, presidenta de ANEP con relación al grupo de Autobuses Guadalupe, expone que los y las trabajadores de esta empresa autobusera resalta que sus las solicitudes que realizan no son peticiones de privilegios, si no de derechos contemplados en la ley; además, tiene la convicción y claridad de que se debe luchar para hacer valer estas facultades.

Wilber Yubank Morales, un chofer afiliado, señala que agremiarse es bueno para mejorar la calidad laboral de las personas trabajadoras de la empresa. Por otra parte, el chofer afiliado Heiner Vargas comenta que existe disconformidad general de las y los trabajadores agremiados o no con el manejo que ha dado la empresa debido a que hay una reducción importante de las horas laboradas y no se está cumpliendo con las 48 horas semanales por lo que la situación económica de cada persona se complejiza.

Además, se denuncia la problemática de una falla en el funcionamiento de las máquinas que registran el abordaje de una persona adulta mayor por lo que el costo de este pasaje lo deben asumir las personas choferes. Asimismo, se han presentado quejas por parte de la población usuaria de este servicio en cuanto a las largas filas y de la ausencia de una estrategia por parte de la empresa para resolver estas circunstancias.  

ANEP argumenta que a pesar del miedo que se ha generado por parte de la empresa en cuanto a afiliarse a un sindicato, el personal trabajador sigue agremiándose a la ANEP ya que se encuentran cansados de los constantes atropellos a los que han sido sometidos.

Si desea observar el reportaje elaborado por ANEP, le invitamos a consultar el siguiente enlace:

Condena internacional por cancelación del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC) y otras organizaciones en Nicaragua

Centroamérica, 16 de febrero de 2022.

Las organizaciones que integran la Red Centroamericana en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila (REDCAM), consorcios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales centroamericanas y europeas, condenamos la violencia institucional del Gobierno de Nicaragua contra el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC) y otras cinco organizaciones no gubernamentales, a las que el gobierno nicaragüense, a través, de la Asamblea Nacional, canceló su personalidad jurídica este 15 de febrero de 2022, entre ellas: Fundación Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz (Fundemuni), Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Centro Nicaragüense para la Promoción de la Juventud y la Infancia y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).

La cancelación es parte de un largo proceso de persecución, que ha incluido allanamientos, capturas y otras vulneraciones a los derechos humanos del personal y dirigentes del Movimiento María Elena Cuadra, así como a más de 90 organizaciones no gubernamentales, universidades y periodistas, ya que se han aprobado leyes atentatorias del derecho a la asociación, libertad de expresión y defensa de los derechos humanos, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Amparados en esta ley, se atribuyen afirmaciones falsas al MEC y se violó su derecho al debido proceso, ya que las autoridades se negaron a recibir la documentación que demostraba el cumplimiento de la ley, por parte de esta organización feminista con más de 28 años de trayectoria en la defensa de los derechos de las trabajadoras y las mujeres más pobres del país. 

Demandamos al Gobierno de Nicaragua y al Presidente de la República Daniel Ortega, cesar la persecución contra el personal del MEC y cualquier vulneración de sus derechos humanos. Reiteramos que el gobierno nicaragüense es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, que contienen una serie de principios y derechos elementales derivadas de instrumentos nacionales e internacionales que protegen a las personas defensoras de derechos humanos. 

La cancelación y persecución de las organizaciones no gubernamentales demuestran la gravedad del accionar represivo del gobierno contra los derechos de las mujeres y la ciudadanía nicaragüense, a expresarse con libertad, a ejercer su derecho al trabajo, derecho al debido proceso, a organizarse, a defender sus derechos y vivir dignamente. Es una muestra más de que la vida en Nicaragua es insostenible, ante lo cual la comunidad internacional no puede quedarse apática ya que estas medidas violan derechos elementales reconocidos desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por mencionar algunos:

Artículo 3:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; Artículo 6. “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

Artículo 8:

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 10:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Demandamos al Estado de Nicaragua la restitución de los derechos violentados, expresamos nuestra solidaridad y solicitamos el apoyo de instancias internacionales, a pronunciarse y demandar el cese inmediato de los reiterados atropellos y vulneraciones a los derechos humanos de las dirigentes y personal del Movimiento María Elena Cuadra y de las organizaciones no gubernamentales canceladas por el gobierno nicaragüense, en los últimos meses.

 

Imagen ilustrativa.

Análisis del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público: implicaciones para los derechos laborales y sindicales

El área de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica invita a participar de las Jornadas de Análisis del dictamen de la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público. En este caso, se analizarán las implicaciones para los derechos laborales y sindicales.

La actividad será el martes 10 de agosto de 2021 a las 5 p.m. y será transmitida vía Facebook y YouTube en los perfiles de: Rectoría UCR, FEUCR, Facultad de derecho UCR, FCS UCR y Facultad de Educación UCR.

El espacio tendrá la participación de:
-Mauricio Castro, docente de la Facultad de Derecho
-Ariane Grau, coordinadora de la Escuela Sindical de APSE
-Leonardo Castellón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas

Alcances del dictamen: empleo público y Estado Social de Derecho

El pasado jueves 05 de agosto la Universidad de Costa Rica dio inicio a las Jornadas de Análisis del dictamen de la Sala Constitucional y su relación con el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público. La primera sesión se titula: “Alcances del dictamen: empleo público y Estado Social de Derecho”.

Se contó con la participación de:

  • Gustavo Gutiérrez Espeleta
  • Rosaura Chinchilla Calderón
  • Alfredo Chirino Sánchez
  • Constantino Urcuyo Fournier

El objetivo de esta actividad es abrir un proceso de reflexión en las distintas temáticas que abarca el fallo, con expertos de la UCR y de otros ámbitos, que contribuya a la formulación de argumentos sobre lo que implica este dictamen para la sociedad costarricense.

A continuación compartimos el vídeo completo:

 

Imagen: La Sala Constitucional emitió el dictamen en relación con el proyecto de Ley Marco de Empleo Público el pasado 31 de julio. Foto: Karla Richmond, UCR. Andrea Marín Castro, periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR.

La UCR organiza jornadas para analizar el dictamen de la Sala Constitucional en relación con el proyecto de Ley de Empleo Público y sus implicaciones

Se realizarán del 5 al 13 de agosto

El pasado 31 de julio, la Sala Constitucional emitió su fallo en relación a las consultas de constitucionalidad que se le hicieron al proyecto de Ley de Empleo Público. Dado este contexto, el Área de Ciencias Sociales, junto con la Rectoría de la UCR, están organizando las jornadas de análisis del dictamen de la Sala Constitucional del proyecto de Ley Marco del Empleo Público.

El objetivo de esta actividad es abrir un proceso de reflexión en las distintas temáticas que abarca el fallo, con expertos de la UCR y de otros ámbitos, que contribuya a la formulación de argumentos sobre lo que implica este dictamen para la sociedad costarricense.

La primera sesión se llevará a cabo el jueves 5 de agosto a las 5 de la tarde. Este espacio se dedicará a conocer los alcances del dictamen en relación al empleo público y al estado social de derecho. Se contará con la participación de la Dra. Rosaura Chinchilla Calderón, docente de la Facultad de Derecho y del Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho.

Durante las jornadas se analizarán otros temas como el diseño constitucional del Estado, las implicaciones de los derechos laborales y sindicales, la independencia judicial y electoral, la objeción de conciencia y la autonomía universitaria.

Se contará con la participación de personas expertas como José Manuel Arroyo Gutiérrez, ex magistrado; Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Ariane Grau Crespo,coordinadora de la Escuela Sindical de APSE; y la diputada Paola Vega Rodríguez , entre otras.

La institución siempre ha manifestado la necesidad de contar con una ley que tenga principios rectores sobre las políticas de empleo público, pero que respete el diseño institucional del Estado costarricense.

De esta manera, la UCR se ha convertido en un espacio de discusión y análisis sobre el tema y con este tipo de actividades busca seguir proponiendo y reiterando la necesidad, a las y los diputados, de que se construya un proyecto de Ley de Empleo Público que incluya a diversos actores de la sociedad, por medio del diálogo abierto y que supere una actitud de polarización, que ha sido la tónica en la discusión actual.

Para Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, como institución es vital contar con un proceso de reflexión en torno a este tema, ya que tiene una enorme repercusión en el porvenir de Costa Rica. La discusión va más allá de los salarios, como se ha querido establecer, por lo que estas jornadas sirven para comprender que está pasando con el futuro del Estado Social de Derecho.

Las distintas sesiones se podrán seguir en vivo por el canal de Youtube de la UCR y de la Facultad de Ciencias Sociales; así como por las páginas de Facebook de la Rectoría, la Facultad de Derecho y la de Educación.

Cronograma

Jueves 5 de agosto
5:00 p. m.
Alcances del dictamen de la Sala Constitucional en empleo público y Estado Social de Derecho


Participan:
Rosaura Chinchilla Calderón
Docente, Facultad de Derecho

Alfredo Chirino Sánchez
Decano, Facultad de Derecho

Modera:
Constantino Urcuyo Fournier
Profesor Jubilado, Escuela de Ciencias Políticas

Lunes 9 de agosto
5:00 p. m.
Diseño constitucional del Estado: entre frenos, balances y contrapesos

Participan:
Carlos Manuel Arguedas Ramírez
Ex magistrado Constitucional titular, Corte Suprema de Justicia
Ex diputado
Docente jubilado, Facultad de Derecho

Paola Vega Rodríguez
Diputada

Olga Marta Sánchez Oviedo
Ex Ministra de Planificación Nacional y Política Económica

Modera:
Patricia Quesada Villalobos
Directora, Consejo Universitario

Martes 10 de agosto de 2021
5:00 p. m.
Implicaciones para los derechos laborales y sindicales

Participan:
Mauricio Castro Méndez
Docente, Facultad de Derecho

Ariane Grau Crespo
Coordinadora de la Escuela Sindical de APSE

Comenta:
David Díaz Arias
Docente, Facultad de Ciencias Sociales

Modera:
Leonardo Castellón Rodríguez
Decano, Facultad de Ciencias Económicas

Miércoles 11 agosto
5:30 p. m.
Independencia judicial y electoral

Participan:
Adriana Orocú Chavarría
Presidenta, Asociación Costarricense de la Judicatura
Docente, Facultad de Derecho

Fernando Cruz Castro
Presidente, Corte Suprema de Justicia
Docente, Facultad de Derecho

Comenta:
José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex magistrado
Docente jubilado, Facultad de Derecho

Modera:
Isabel Avendaño Flores
Decana, Facultad de Ciencias Sociales

Jueves 12 de agosto de 2021
5:00 p. m.
Objeción de conciencia

Participan:
Mauren Solís Madrigal
Magistrada Suplente
Docente, Facultad de Ciencias Sociales

Sara Barrios Rodríguez
Docente, Facultad de Ciencias Sociales

Comenta:
Marinela Córdoba Zamora
Docente, Facultad de Ciencias Sociales

Modera:
Margarita Salas Guzmán
Ex comisionada Presidencial para Asuntos LGBTIQ+
Docente, Facultad de Ciencias Sociales

Viernes 13 agosto
5:00 p. m.
Autonomía universitaria

 

Imagen: La Sala Constitucional emitió el dictamen en relación al proyecto de Ley Marco de Empleo Público el pasado 31 de julio. Foto: Karla Richmond, UCR.

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

La persistente insensibilidad de Dole

Cándido Amador Espinoza tiene años trabajando en chapia en Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, subsidiaria de Standard Fruit Company | Dole. El pasado fin de semana fue internado en el hospital, después de que la empresa se rehusara a aplicar las medidas médicas señaladas por el seguro social para preservar su salud.

Giorgio Trucchi / Con Obeth Morales

Don Cándido viene padeciendo de problemas del corazón y solicitamos a la empresa su traslado a otra área de trabajo. Lamentablemente el procedimiento es muy largo y engorroso y la empresa no hace nada para agilizarlo, más si eres del sindicato”, dijo Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa).

Agroindustrial Piñas del Bosque (Dole) acostumbra solicitar una certificación médica del especialista que está atendiendo al trabajador en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde se indique cuáles son las restricciones médicas, por cuanto tiempo y qué tipo de labores puede desempeñar.

“Obviamente el especialista sólo puede indicar los padecimientos del trabajador y pide que sea el doctor de la empresa a decidir qué labores puede hacer. De hecho lo que ocurre es que todo se vuelve muy engorroso y pasan meses antes de la reubicación”, manifestó Morales.

En el caso de Cándido Amador, su padecimiento cardíaco está relacionado con una intoxicación con agrotóxicos sufrida en los piñales de Dole.

Tuvo que ser internado en varias oportunidades, sin embargo la empresa nunca hizo efectiva su reubicación, y Cándido sigue expuesto a los efectos de las fumigaciones y a recaídas.

Además, chapear (desmalezar) es una labor muy pesada y esto empeora su condición.

El directivo sindical explicó a La Rel que hay varios compañeros que sufren situaciones muy similares.

Javier Zúniga, con graves problemas de la columna, tiene dos meses esperando que lo reubiquen. También tenemos a Oscar, Hilda y muchos más que sufren de desgaste en las articulaciones y la empresa no actúa

Mientras tanto los tienen haciendo cualquier tipo de labor, desatendiendo las restricciones médicas. Esto es vergonzoso”, dijo Morales.

Hostigamiento, acoso y represión laboral

Una situación que por un lado evidencia la persistente insensibilidad de Dole y la crueldad de su sistema de relaciones laborales y, por el otro, demuestra la absoluta ineficiencia y complicidad de las autoridades costarricenses.

“El año pasado realizamos una reunión tripartita a la que también participó la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentrag) y la Rel-UITA.

Presentamos una lista de los padecimientos y enfermedades que sufren trabajadores y trabajadoras, pero al final la empresa no quiso establecer un procedimiento expedito para atender los asuntos de salud.

Las autoridades se quedaron calladas y lo poco que acordamos no sirvió para nada. Los problemas siguieron iguales o hasta peores”, aseveró el secretario general del Sinatraa.

Para él, tanto el caso de Cándido Amador como el de muchos otros compañeros enfermos tienen también profundos rasgos antisindicales.

“Todos son afiliados al sindicato y les ‘cobran’ las luchas que han emprendido en estos años en defensa de los derechos laborales y sindicales.

Recientemente, por haber exigido que se les brindara el transporte para llegar a los lugares de trabajo, la empresa ha desencadenado una fuerte represalia.

Hostigamiento, acoso y represión laboral sólo son algunas de las formas sistematizadas de persecución antisindical “, concluyó Morales.

 

Foto: Cándido Amador (archivo personal).

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/la-persistente-insensibilidad-dole/