Etiqueta: derechos sociales

El proyecto del 4/3. Un confite amargo

Escrito en 20/05/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

“Bueno, es que las cosas cambian con el tiempo y ahora tenemos que adaptarnos a la modernidad”, piensan los que actúan sin hablar, sin razonar, sin sentido histórico, los que se creen nuevos “próceres” en el mundillo político. Y como así son las cosas, no importa para ellos las luchas obreras, con mártires incluidos, que sucedieron desde hace más de 100 años tanto en Costa Rica como en el resto del mundo. Son los que ahora ceden mansamente a las intenciones de los que aspiran a ganar más, aunque no necesariamente sea para pagar al día sus impuestos y cargas sociales, pues… eso puede esperar por una mejor situación económica, alegan.

En nuestro pequeño país, ha de recordarse con admiración al Obispo Bernardo Augusto Thiel quien, pese a la airada protesta del Presidente José Joaquín Rodríguez, emitió en 1893 con entusiasmo y valentía la Carta Pastoral “Justo Salario”, derivada de la encíclica del Papa León XIII de 1891 Rerum Novarum. Extraordinario esfuerzo del segundo obispo de Costa Rica por sembrar la semilla de la Doctrina Social de la Iglesia católica en Costa Rica, cuyas flores ahora algunos quieren cortar de raíz.

Ha de destacarse que por esos años, el Congreso Obrero Socialista, reunido en París, declaró a partir de 1890 la celebración cada Primero de Mayo, como un Día Internacional de lucha por la Jornada de 8 horas. Un gran paso adelante pero no suficiente. En vista de las malas condiciones laborales que todavía imperaban impunemente en Costa Rica, surge a partir de 1905 la primera Federación de Trabajadores, y a partir de 1913 la pionera Confederación General de Trabajadores, que se extendió hasta 1923, cuando apoyó al notable político Jorge Volio en su esfuerzo visionario por desarrollar e impulsar las ideas reivindicativas de su Partido Reformista.

Dicha Confederación (la CGT) fue nutrida por el Centro de Estudios Sociales Germinal, en que sobresalían los maestros Omar Dengo, Joaquín García Monge, José María Zeledón, Carmen Lyra, además de otros destacados caudillos culturales de esos años como el mártir Rogelio Fernández Güell, unidos alrededor de la tarea de luchar por la jornada de trabajo de 8 horas, y otras reivindicaciones.

Entre 1918 y 1919 en que se desarrolló la sangrienta dictadura de Federico Tinoco, cuando la inmensa pobreza y los reclamos por mejores condiciones humanas, eran reprimidos por el ejército con torturas y asesinatos, era inevitable que fuera creciendo entre la población la necesidad de organizarse para luchar por mejores condiciones de vida. Así fue como en enero de 1920, los trabajadores ebanistas y carpinteros, especialmente del sector público, iniciaron la lucha por obtener la jornada de trabajo de 8 horas diarias, incluyendo al sector privado. Declarados en huelga nacional, la primera en la historia de Costa Rica, culminó con éxito el 3 de febrero imponiendo el reconocimiento de la jornada de 8 horas y un aumento salarial del 20%.

En el Diario de Costa Rica de la época se lee que “se fueron sumando a la huelga, los carpinteros, mecánicos y pintores del ferrocarril al Pacífico, los obreros de los talleres de Obras Públicas, los trabajadores de la Fábrica Nacional de Licores y de otras dependencias de gobierno. Así como los empleados del mercado, las costureras, las pureras, los zapateros, los empleados del tranvía, los de la planta eléctrica de Los Anonos, panaderos, pintores, tipógrafos, los empleados de la cervecería Traube, los saloneros, los cocheros de San José, los marineros del golfo de Nicoya, trabajadores de Puntarenas y Limón”. La escasa población adulta (medio millón era la población total) había dicho ¡basta! y vaya que se hizo sentir.

Para entonces gobernaba en forma provisional de maestro, abogado y político Francisco Aguilar Barquero, quien gobernó entre el fin de la dictadura de los Tinoco en setiembre de 1919 y el 8 de mayo de 1920, cuando asumió la Presidencia el líder anti-tinoquista Julio Acosta García. No fue extraño pues, que en diciembre de ese mismo año, el Congreso emitiera la ley número 100 en que se estableció que ocho horas eran el límite para la jornada diaria de trabajo.

Además, en el ámbito internacional cabe destacar la realización de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) convocada en Washington por el Gobierno de los EUA el 29 de octubre de 1919, en que se estipula que “En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, salvo las excepciones previstas…”

Sin embargo, la lucha habría de continuar pues el incumplimiento de gobernantes durante las siguientes dos décadas era evidente. Fue hasta 1943 en que Costa Rica, gracias a la sapiencia de beneméritos de la Patria como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el líder comunista Manuel Mora Valverde y el obispo Monseñor Víctor Manuel Sanabria, finalmente se incorpora en la legislación costarricense las normas que habrían de regir las relaciones laborales en un Código de Trabajo redactado de acuerdo con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Código que mantiene su vigencia y que establece en su artículo 136 que “La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis horas en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana”.

Ahora bien, envalentonados en medio de su ignorancia y sus mentiras, unos políticos han redactado un proyecto de ley que pretende borrar más de un siglo de justas reivindicaciones que, para ellos, ahora no tienen razón de ser. Al ignorar que las largas jornadas de trabajo provocaron al menos 745.000 muertes por cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares en el 2016 (un aumento del 29 por ciento desde el año 2000) según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), esos políticos, para satisfacer a los que no quieren pagar sobresueldos por el trabajo en horas extras, buscan engañar a los trabajadores privados y públicos ofreciéndoles “tres días de esparcimiento por semana”, si se negocian trabajar jornadas de 12 horas diarias. ¡Usted trabaja cuatro días y disfruta tres días en su casa o recreándose!, es lo que se lee en la cobertura del confite que se les ofrece. Eso sí, sin puntualizar que en esos tres días libres se podrían incluir los sábados y domingos que de por sí… muchos no trabajan. De esa manera, los proponentes ofrecen crear decenas de miles de nuevos empleos, cuyos trabajadores cubrirían jornadas parciales pagadas con salarios ordinarios… que antes se pagaban como moderadas horas extraordinarias a los empleados que así eran requeridos por sus patrones.

Las consecuencias las conoce cada trabajador, pues para muchos de ellos, las horas extra son fuente de ingresos requeridos para medio atender gastos que con sus salarios ordinarios no es posible satisfacer, y que con ese famoso 4/3 se desvanecen. O sea, contando al menos dos horas de traslado hacia y desde sus trabajos, estarían fuera de sus hogares unas 14 horas, por lo que saldrían al amanecer y regresarían al caer la noche. Solo unas pocas semanas después de ese trajín, posiblemente esa jornada laboral bestial se reflejaría en la salud de los trabajadores, tal y como lo expresa la estadística divulgada por la OMS y la OIT.

Pero si ello afecta la vida familiar en general, para el caso de las madres trabajadoras, ¡muchas de ellas jefas de hogar!, la situación es mucho más angustiante. No solo les impide el ingresito extra conque algunas veces cuentan para salir adelante con sus gastos, sino que les provoca problemas muy difíciles de resolver en su casa, con sus hijos, con sus padres y abuelos adultos mayores, con otras personas del núcleo familiar. Para sitios de trabajo que inician labores a las 7 de la mañana, por ejemplo, ya a las 6 deberían estar viajando hacia donde trabajan, para luego estar de regreso, exhaustas, a eso de las 8 de la noche, si tienen suerte en el traslado. Así ya no podrían prestarle atención de sus hijos escolares, ni en las mañanas ni en las noches; y si tienen bebés en una guardería, los horarios de éstas no corresponderían con el de sus horas laborales. Lamentablemente, como previsible consecuencia, algunas no podrían seguir trabajando, por lo que la pobreza inevitablemente se profundizaría. Habrá infinidad de otras situaciones posibles que podrían presentarse, pero no hay que cavilar mucho para percatarse de lo que sucedería.

En fin, abogamos porque las personas laicas y religiosas, políticas y civiles, hombres y mujeres, alcen sus voces calificadas y hagan sentir a los gobernantes que ese proyecto de ley nefasto debería archivarse de inmediato. Sobran las razones para rechazarlo y es prudente aprender de la historia para no cometer errores que podrían alterar, la ya de por sí frágil paz social que se vive en el país de la “pura vida”.

frepaleon@gmail.com

20 de mayo del 2022

Feroz huracán capitalista neoliberal sobre el pueblo que somos

Escrito en 10/05/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Ángel Salazar Oses

No se requiere ni adivinadora bola de cristal ni clarividencia de tipo alguno para predecir que nos espera como pueblo, durante estos próximos cuatro años, el peor calvario en cuanto a sistemática supresión de todos nuestros derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos -humanos en general-, y de las Instituciones que bien o mal nos los han garantizado.

Lo ocurrido en la Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo vino a confirmar plenamente el viraje total hacia la descarada dictadura del capital sobre el trabajo, esto es, de la argolla de los grandes ricos nacionales y transnacionales sobre el ya tradicionalmente explotado pueblo trabajador costarricense.

Se fundieron en la votación para garantizarse el dominio total sobre el directorio legislativo, el oficialismo con sus «opositores», entre comillas pues lo eran de fachada puramente y así, ya sin pudor alguno, las fracciones abiertamente capitalistas neoliberales como el Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Progreso Social Democrático (PPSD), el Liberal Progresista (PLP)) que se proclamaba simplemente liberal y el Nueva República (PNR), de orientación claramente neopentecostal auspiciada como es bien conocido desde USA, conjuntaron sus votos logrando de esta manera una apabullante mayoría de cincuenta votos que les permitió repartirse a su antojo todo el directorio. Indudablemente esta tremenda mayoría se mantendrá como tal para hacer de la Constitución, el país y sus instituciones lo que se les antoje a los verdaderos dueños de esas «fracciones». Prueba evidente de ello es que una de las primeras propuestas al plenario del flamante presidente de la Asamblea Legislativa, el oligarca Rodrigo Arias Sánchez, ha sido la de constituir de inmediato una Comisión para la Reforma del Estado, con el fin aparente de hacerlo más eficiente pero el real de privatizar todo lo que se puede convertir en negocio -Caja Costarricense de Seguro Social, universidades y educación estatal en general, Instituto Nacional de Aprendizaje, Fábrica Nacional de Licores, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Refinadora Costarricense de Petróleo, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ferrocarriles, Cárceles, etc, etc y, lo demás, ponerlo totalmente al servicio de los negocios de su privilegiada argolla..

Por cierto vale destacar que nuevamente se hace evidente, para quienes en el electorado votaron de buena fe por uno de estos cuatro grupos -PUSC, PPSD, PLP y PNR-, esperanzados en impedir que Figueres y el PLN, por un lado y el PAC por otro, tomaran el poder o lo mantuvieran respectivamente, que el primero de mayo en el ámbito del Legislativo y, con el nombramiento de ministros, viceministros, presidencias ejecutivas y demás autoridades supeditadas al Poder Ejecutivo, se confirmó que su buena intención más bien fue aprovechada por la mafia politiquera para legalizar este truculento proceso electoral mediante el cual los cinco partidos y el PAC, mejor dicho aún sus dueños reales, son hoy quienes detentan plenamente el poder en nuestro país. Esperamos que esta vez se aprenda esta lección y que quede claro que en Costa Rica no hay democracia sino plutocracia -gobierno de los ricos- y cleptocracia, esto es gobierno de los ladrones-, siendo las elecciones simples tragicomedias montadas, reglamentadas y administradas totalmente por la argolla dominante a fin de que el pueblo con su voto acrítico les legitime, según su legislación electoral, siempre en el poder.

A partir de estas premisas se hace evidente que esta Plutocracia Cleptócrata con su gobierno títere que ya se ha desatado sobre nosotros como pueblo, con todo su poder apoyado por sus medios de comunicación -manipulación-, por la religión fanática, la educación domesticadora, algunos sectores sindicales, algunas y algunos dirigentes de las Cooperativas y Asociaciones de Desarrollo Comunal oportunistas y trepadores politiqueros y, solidaristas abiertamente pero patronales, más un Poder Judicial nombrado en sus más altas esferas por el Poder Legislativo y, todos los aparatos represivos del Estado, se dedicará durante estos próximo cuatro años a convertir a Costa Rica en su feudo y a nosotros como pueblo en sus siervos menguados.

Nótese que no hemos mencionado al Frente Amplio pues creemos tiene todo el potencial necesario para convertirse en auténtica oposición, siempre y cuando convoque y aglutine al pueblo costarricense, al que se debe por completo, en una gran unidad y se convierta en su instrumento impulsando las tesis que el pueblo le plantee, sin jamás modificarlas para negociarlas con sus contendientes, pues la burguesía nunca cumple pactos salvo los que le conviene desde luego.

Obviamente todo el proceso que hoy sufrimos como Pueblo que somos es, como el Capitalismo Neoliberal que lo impulsa repetimos, homicida, ecocida, cleptocrático e insoportablemente patriarcal por lo que no lo podemos soportar ni permitir pues, sistemáticamente nos aniquila haciendo lo mismo con nuestra madre naturaleza.

¿Qué hacer entonces? La fórmula la repetimos como mantra todo el tiempo pues día a día la realidad la confirma como realmente efectiva y totalmente viable: como Pueblo debemos despertar, informarnos -estudiar la realidad para comprenderla y transformarla-, unirnos, organizarnos, empoderarnos comprendiendo que unidos somos más y más fuertes. tanto que hemos construido este mundo lo desarrollamos constantemente e incluso generamos toda la riqueza que hoy nos roba esa reducidísima minoría que hoy nos esclaviza y humilla; movilizarnos, convertirnos en Poder Popular y así investidos, como corresponde en auténtica Democracia, tomar las riendas de nuestro país. Así que empecemos por despertar pues, si no lo hacemos ahora ¡muertos estamos!

Nota: Publicado en Periódico Mi Tierra, compartido con SURCOS por el autor.

Fuente: periodicomitierra.com

Los cuidados como ejes de gobernabilidad – Voces y Política

Escrito en 27/04/2022. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Voces y Política:

Este miércoles 27 de abril tendremos un programa sobre “Los cuidados como ejes de gobernabilidad” con la participación de Larraitz Lexartza Artza, investigadora en Estudios sobre igualdad de género.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233. Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM ¡Nos escuchamos!

Costa Rica: una democracia bipolar

Escrito en 17/03/2022. Publicado en Análisis, Cultura.

Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez

(Anotaciones al margen leyendo a Boaventura de Sousa Santos)

Costa Rica es una democracia que padece una especie de bipolaridad. Una patología consistente en ser, por un lado, una democracia formal (electoral) bastante desarrollada y hasta ejemplar en el mundo, pero a la vez, una democracia real (participativa) bastante débil, diríamos que raquítica. Los mecanismos puramente normativos existen: un tribunal electoral independiente, eficiente y con credibilidad; un régimen de partidos políticos amplio y relativamente accesible; contiendas electorales regladas y pacíficas; y un comprobado respeto por los resultados del sufragio. Sin embargo, todo eso está muy lejos de una efectiva intervención e influencia ciudadana en las decisiones que finalmente se imponen. El poder real de la ciudadanía sobre la escogencia de candidatos a la Presidencia o a la Asamblea Legislativa no existe, queda en manos de reducidos grupos, asambleas o convenciones partidarias, cuando no, en simples encuentros de amigos; en la mayoría de los casos, es mediante vínculos familiares (nepotismo puro y duro) o religiosos (fundamentalismos morales) como se manejan las posibilidades fuertes de elección; los procesos de financiación adolecen de opacidad y subterfugios sin control, uno de cuyos peores síntomas es la compra-venta de bonos conforme los requisitos de la deuda pública adelantada; y, además, un círculo vicioso que liga los pronósticos de encuestas con el poder financiero de los bancos –ahora sobre todo privados- sellan el destino de más de una candidatura.

En la práctica no se ha querido modificar esta realidad. No ha sido posible asegurar a toda propuesta electoral un mínimo razonable de difusión y conocimiento entre la población. Sigue habiendo una dependencia total de la propaganda a los medios financieros y de comunicación de masas y, en fin, el poder económico bien puede manipular quién si, y quién no, tiene chances reales de obtener un buen resultado en las urnas. Parece imposible, hasta ahora, que quienes resultan electos en medio de esta atmósfera viciada vayan a querer cambiar las reglas del juego.

Para mal de todos, el funcionamiento estable de la democracia formal-electoral no ha impedido el deterioro creciente de la democracia real en tanto forma de organización política concebida para asegurar a toda la ciudadanía, no sólo el respeto a sus derechos fundamentales, sino también el acceso a los servicios públicos básicos (alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda, energía, nuevas tecnologías). Los defectos señalados en los procesos electorales y la lejanía práctica entre electores y elegidos, ha puesto en crisis el principio de representatividad. Cada vez la calificación de la gente al Parlamento o al Ejecutivo es más severa y hasta brutal. No hay manera de que un ex-presidente de la República, haga lo que haga, conserve un poco de prestigio y estima popular. La representación popular en Costa Rica se ha convertido en un auténtico ejercicio vital, sólo para masoquistas.

Pero además, en lo importante, como si se tratara de ese bulto, grano o lunar sospechoso que crece sin cesar y que indica que algo grave, profundamente malo, nos está carcomiendo por dentro, la inequidad social, medida por un índice “gini” cada vez más cercano al valor “1”, es decir, cada vez más revelador de una concentración peligrosa de la riqueza social en pocas manos, nos advierte que, en efecto, somos un organismo democrático seriamente polarizado.

Otra cuestión clave en esta deriva bipolar de la democracia costarricense tiene que ver con una curiosa ambigüedad en cuanto a la tutela de los derechos humanos. Aunque gracias a presiones externas, la Sala Constitucional ha terminado por confirmar derechos esenciales para algunas minorías (fecundación in vitro, matrimonio igualitario y un buen número de otros derechos particulares), con efecto directo en la esfera individual de las personas; pero ha fallado estruendosamente en cuanto a la custodia de los derechos humanos de carácter colectivo, al bendecir una reforma fiscal nada progresiva; una reaccionaria prohibición de la huelga en el sector público; y una ley de empleo público que contiene, entre otras perlas, un “derecho” a la objeción de conciencia en el ejercicio de la función pública. Es decir, serios retrocesos en todo aquello que tiene que ver con el tema laboral y una apuesta por el sacrificio de los sectores trabajadores del país, cuestión que parece vital para la afirmación de una economía fanáticamente adherida al modelo neoliberal, y que ha contado con la complicidad de una justicia que ha hecho auténticos malabares con la Constitución Política.

Me temo que la debacle del PAC en la última contienda electoral tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo. Es cierto lo que se ha señalado como causas de este fenómeno: la inviabilidad de un tercer período de gobierno; el hecho de dar la espalda a los sectores medios, urbanos y educados que fueron su apoyo tradicional; la debilidad de las candidaturas; la asfixia financiera a que fue sometido el partido; el gobierno Alvarado Quesada que, en temas económico-sociales de gran trascendencia, terminó asumiendo la agenda neoliberal y pagando el coste político que implicaba, y que se suponía prioridad de otros; y, en fin, el “deporte” nacional promovido por importantes medios de comunicación y redes sociales en orden a desprestigiar la institucionalidad pública y la gestión de cualquier gobierno, cualesquiera sean sus logros o fracasos.

No obstante, en este diagnóstico convencional se ha dejado por fuera una causa esencial. La promesa cardinal del PAC no fue ni siquiera la eticidad en la gestión pública. Antes de eso, se propuso la “acción ciudadana”, es decir, el reencuentro de la gente con la democracia participativa, la posibilidad de rescatar el legítimo principio de representatividad; el trabajo con organizaciones de base según temas e intereses sectoriales y, en fin, la recuperación de la confianza en que se iba a escuchar y atender las demandas de la gente. Sin embargo, en medio del fragor político y electoral de estos últimos veinte años, esta fue una cuestión esencial que se dejó de lado, una alternativa que no se cuidó ni se fortaleció y que no quiso, o no pudo, capitalizar los movimientos sociales en contra del Combo ICE o el rechazo al TLC. No sé qué van a hacer los responsables de esta agrupación política a futuro, pero si algo me parece elemental, es que tienen que definir con absoluta claridad -como lo tendría que hacer cualquier otra agrupación partidaria que pretenda salvar nuestra democracia-, tópicos esenciales como: si siguen creyendo en la acción y participación de la ciudadanía; si, en la dicotomía entre libertinaje (bandera neoliberal) y democracia (participativa), tienen claros cuáles son sus límites y qué están dispuestos a rescatar en razón de una convivencia democrática efectiva; también tienen que definirse sobre si los derechos humanos son sólo cuestión de reivindicaciones individuales o, necesariamente, cuestión de conquistas colectivas esenciales. Tendría que comenzarse por hacer un inventario de los temas/problemas que están incidiendo en esa yaga abierta llamada “inequidad” y decirle a la población costarricense si se va a seguir estrujando a la clase trabajadora (pública y privada) en cuanto a regímenes salariales y de pensiones; si el modelo de desarrollo nacional pasa por tomarse en serio el cambio climático y las estrategias de energías limpias; si se va a pagar la enorme deuda pendiente en materia de violencia y desigualdad contra las mujeres; si se van a tutelar los derechos de las poblaciones originarias, su cultura y su derecho a la tierra; si el tema de la igualdad entre hombres y mujeres se va a llevar hasta sus últimas consecuencias; y si, para terminar con estos ejemplos, algún día se le va a entrar en serio a la defraudación y elusión fiscal para que cada quien contribuya en la medida de sus posibilidades y el Estado tenga recursos para la prestación de servicios estratégicos.

En conclusión, en el marco de un capitalismo que parece tener largo aliento, a la par de respetar la propiedad privada y la iniciativa empresarial, de lo que se trataría es de contener la voracidad extractiva sobre la naturaleza y la desalmada especulación financiera del capitalismo salvaje, con el propósito de afirmar los valores de una democracia participativa que traiga equilibrios, que cierre brechas, y donde las personas estén siempre por delante del lucro y la acumulación insaciables de unos pocos.

Lina Barrantes, exdirectora del Teatro Melico Salazar responde a Rodrigo Chaves Robles

Escrito en 10/02/2022. Publicado en Cultura, Derechos.

En el siguiente video de un minuto, Lina Barrantes, exdirectora del Teatro Melico Salazar responde a Rodrigo Chaves acerca de la situación en el sector cultura. Le invitamos a escuchar su criterio compartido con SURCOS por varias personas del sector cultura:

Cambio de modelo en Chile: ¿El norte estará en el sur?

Escrito en 27/12/2021. Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Fernando Astorga Gatjens

El triunfo electoral de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales chilenas del 19 de diciembre anterior, tuvo su fragua en octubre del 2019, en un país marcado por un inesperado estallido social de alcances tsunámicos.

En ese octubre pre pandémico, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó un aumento del valor de los boletos del Metro de Santiago, los estudiantes protestaron brincándose los molinetes de ese sistema de transporte. Lo que fue inicialmente una acción puntual de protesta derivó pronto en un movimiento generalizado en la capital y en otras ciudades del país austral.

El fuerte contraste entre una élite económica y política, beneficiaria directa del modelo neoliberal y que se rodeó golosamente de privilegios, frente a amplias mayorías empujadas a la pobreza, acumuló las condiciones propicias para el intempestivo estallido social.

El modelo chileno que los políticos y medios adeptos a esa doctrina, habían convertido en un referente internacional, se derrumbó como un castillo de naipes. El proyecto marcado por la reducción del rol del Estado y la expansión del papel del sector privado, que impulsó e impuso la dictadura de Augusto Pinochet, con la asesoría de Milton Friedman, no resistió la acumulación de injusticias y desbalances sociales.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía con un saldo tan trágico como doloroso: 20 muertos, 233 heridos y más de 700 personas detenidas. Empero la represión fue más gasolina que agua. Y lo que fueron, inicialmente, reivindicaciones económicas y sociales (centradas en pensiones, salud, educación) se tornaron en exigencias políticas. Ganó fuerza el reclamo de una Convención Constituyente que pusiera fin a la camisa de fuerza que ha sido la Constitución, creada a imagen y semejanza de la dictadura de Pinochet.

La acción de la protesta social fue tan fuerte que el gobierno de Piñera no tuvo más remedio que convocar a un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente, para redactar una nueva Constitución y también para fijar el mecanismo del proceso. Originalmente, el referéndum fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a causa de la pandemia de la covid-19, hubo de ser pospuesto para el 25 de octubre del mismo año. El resultado aprobatorio fue contundente: Mas del 78 % de los que votaron dijeron que si aprobaban la Constituyente mientras menos del 22 % se inclinó, por lo contrario.

Así las cosas, el 15 y 16 de mayo de 2021 los electores chilenos acudieron a elegir a 155 constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna. Más de 6,3 millones votaron. Los resultados representaron una abrumadora derrota para la derecha, ya que, de los 155 elegidos, 48 fueron independientes, 52 de la oposición, los pueblos originarios obtuvieron 17 puestos y el oficialismo tan solo 38. Una cifra a todas luces insuficiente para fijar la agenda y acuerdos de la Convención, que arrancó sus tareas el 4 de julio de 2021 y las completará a finales de junio de 2022.

El 21 de noviembre de 2021 se celebraron los comicios para elegir quien dirigirá, desde la presidencia, los destinos de Chile entre 2022 y 2026. También fueron electos los senadores, diputados y consejeros regionales. A raíz de las situaciones y procesos desarrollados a partir de octubre de 2019, se esperaba un claro triunfo del candidato de la coalición de izquierda, “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric, aun cuando los números no le alcanzaran para evitar el balotaje. Sin embargo, en un resultado inesperado, el candidato ultraderechista, José Antonio Kast se impuso sobre Boric por dos puntos.

Este resultado envalentonó a la derecha que esperaba ganar en la segunda ronda, que se celebró el 19 de diciembre. Para esta elección se confabularon todos los ingredientes para la polarización política. Se enfrentaban dos proyectos diametralmente opuestos.

Kast (55 años), neoliberal confeso, detractor de la Convención Constituyente, simpatizante de Pinochet, admirador de Trump y Bolsonaro, y con una serie de proyectos amenazantes para los imperativos avances sociales y los derechos humanos, frente a Boric (35 años), líder de la nueva izquierda chilena, madurado al calor de las luchas estudiantiles y sociales, adversario abierto del modelo neoliberal e impulsor de una Constitución que sea llave y matriz de la imperativa e impostergable justicia social para un pueblo marcado por lustros de desigualdad y pobreza, en medio de la concentración indignante de la riqueza de las élites.

El 19 de diciembre se jugaba entonces algo más que una elección entre dos candidatos presidenciales; se jugaba la perpetuación del modelo neoliberal frente a su progresivo desmantelamiento. Eso lo comprendió el pueblo de Chile que acudió a las urnas en un porcentaje mayor que en la primera ronda y le dio un contundente triunfo a Boric (55,87 %) sobre Kast (44,13 %).

El nuevo presidente tomará posesión del cargo, en marzo de 2022 y tendrá como desafío el cambio de modelo, con la abierta oposición de la derecha y las élites económicas, cuyo peso es significativo. Eso se puso de manifiesto al día siguiente de la elección de Boric, cuando esa abstracción denominada mercado (que no son otra cosa que empresas y personas de carne y hueso), mostró su descontento con la caída de la bolsa de Santiago mientras el peso sufrió una significativa depreciación.

La elección de Boric no solo es muy importante para Chile. Lo es para América Latina, región donde las fuerzas progresistas han ido ganando terreno.

Chile ha sido destacado como un “milagro económico” aunque ese milagro siempre fue para una minoría y algunas trasnacionales avariciosas. Las mayorías, mientras tanto, lo vieron desde muy lejos. En el presente, puede emerger un modelo alternativo que consolide la democracia y haga renacer un Estado Social de Derecho, robusto y fuerte como lo soñó Salvador Allende. Esto le dará sentido al propósito y consigna el Norte está al Sur.

Imagen: https://www.radioagricultura.cl

Actuario Rodrigo Arias López presenta recurso de reconsideración ante Defensoría de los Habitantes en relación con desvío de fondos del IVM

Escrito en 21/12/2021. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

El actuario y matemático Rodrigo Arias López presentó un recurso de reconsideración ante la Defensoría de los Habitantes, en relación con su tesis sustentada en investigación propia de que hubo desvío de fondos de los recursos correspondientes al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que debe cubrir las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Ante gestiones del máster Arias López, la Defensoría de los Habitantes envió una serie de requerimientos de información a las instancias correspondientes de la CCSS. Luego de varias respuestas el órgano defensor solamente concluye: “…la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI”.

Ante ello, Rodrigo Arias López estima que la Defensoría no está cumpliendo con su deber por tres razones:

Primero. En el oficio de la referencia esa Defensoría se limita a comunicar las consultas que le realizó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las respuestas de la CCSS, sin que haya realizado ninguna investigación ni análisis independiente, serio y objetivo como en derecho corresponde, sobre la legalidad de las actuaciones de la CCSS sobre el desvío de más de un 7,5% sobre los salarios del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Segundo. En relación con lo anterior, se observa que en el oficio que se cuestiona, esa Defensoría dedica 15 páginas para realizar citas textuales de preguntas que le realizó a la CCSS y de las respuestas que recibió y al final se limita a decir lo siguiente en un único párrafo:

A la luz de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI.

Tercero. Consta en el oficio que se cuestiona que la solicitud de intervención de esa Defensoría la realicé el 17 de diciembre de 2021; es decir, hace CUATRO AÑOS. En tal sentido, el artículo 17 de la Ley de esa Defensoría dispone lo siguiente:

“2.- La intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República debe darse dentro del plazo de un año, contado a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos. No obstante, tendrá amplia discrecionalidad para aceptar reclamos o quejas aun fuera de ese plazo si, a su juicio, considera necesaria su intervención.”

Le invitamos a leer el documento completo del recurso de reconsideración presentado ante la Defensoría de los Habitantes por el matemático y actuario Rodrigo Arias López:

RAL-041-2021 Descarga

La economía como ética doméstica

Escrito en 21/12/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

A la memoria de los cinco años de ausencia física de Fidel y 191 de Bolívar.

Rafael A. Ugalde Quirós*

No vivieron para ver el ventarrón de Bolívar bajando los Andes y llanos suramericanos. Poco a poco lo que nació de las manos de los magos Fidel y Hugo, como una tenue brisa, alcanzó velocidades de ciclón; así, las proezas de un montón de soñadores por una América Latinocaribeña soberana, inspirados unos por Martí o Sandino; otros por Castro y Chávez, el “Che”, Mariategui o Allende, botó paredes carcomidas por siglos de injusticias en Cuba, Perú, Nicaragua, Venezuela, México, Chile. La lista seguirá.

Aunque los magos no están ya con nosotros, desde la dimensión mágica en donde viven, no nos quitan la mirada, exigiéndonos una fuerte coherencia entre lo que se dice y se hace en economía – como consecuencia del actuar ético diario-, pues solo ello es capaz de aclararnos la grosera mentira sobre un sistema que nos decía hasta el hartazgo que una vez rebalsado el vaso de riqueza todos serían exitosos “emprendedores”, estudiantes con futuro asegurado como profesionales, trabajadores con salario digno, campesinos con asistencia tecnológica y libre de intermediarios para producir lo que nos comeríamos, así como todos “igualiticos” y los “más felices del mundo”. En fin: el rebalse de riqueza nos conservaría como personas con dignidad integra.

Como suele ocurrir cuando existe alguna falacia, ésta es implacable según la ética aristotélica, soliendo estallarnos en nuestras propias narices. Como parte de la mentira global proveniente de las grandes metrópolis Costa Rica pregonó desde hace más de 30 años Libre Comercio, arbitraje de calificadoras de créditos, endeudamiento a todos los niveles y hasta la venta del alma al diablo, con tal de profundizar “nuestra centenaria democracia”. Dejando a un lado el déficit primario, y centrándonos en el faltante financiero, que corresponde al pago de intereses por la deuda externa, ello significará este año al menos el 3.53% del PIB. Es el más alto en la última década y media, según los economistas; mientras no cesan las exigencias de más endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y éste, sumamente complacido por las genuflexiones de rigor, aguanta hasta que aprueben el millonario crédito, pues está devengando intereses.

Y esta es la verdadera democracia alcanzada en los últimos años y callada por los medio de comunicación que exigen vender todo, despidos masivos en el Estado y quienes salven el empleo, ojala dejen la pésima costumbre de almorzar y comer todos los días: Según el Semanario Universidad ( 21/4/2020), citando la revista especializada “Forbes” solo la empresa “Florida Ice and Farm” y “Grupo Nación” tienen ingresos anuales de $ 1549 millones, algo así de ₡421.418 para FIFCO y ₡ 43.757 millones para el Grupo Nación, en 2019. “Han sido partícipes en las recaudaciones de las campañas presidenciales de Abel Pacheco (2002-2006) y Oscar Arias (2006-2010). Con este último sostiene una afinidad comercial pues ambos son miembros del sector azucarero”, sostuvo Universidad. “Forbes” tiene a la Constructora “Meco” con ingresos anuales por $689.6 millones; describiéndola como la firma constructora más grande de Centroamérica. Ésta, así como un sin número de empresas, crecieron gracias a una pequeña élite gubernamental que pusieron el Estado Social a disposición de su poder corporativo. Otro grupo determinante, en lo que en América Latina denominan el “Estado Corporativo”, viene a ser Café Brit y Morpho Travel Retail según el cual para “Forbes” tuvo ingresos por $ 150 millones en 2019. Desde ese año el grupo Britt está bajo el régimen de zonas francas.

INSOSTENIBILIDAD DE LAS FALACIAS

En nuestro sistema, el factor valor, ocurre cuando la mercancía llega el mercado y es consumible, olvidando el esfuerzo del obrero o asalariado en forma de fuerza de trabajo, pues ésta solo interesa en la medida que el contratante de ella puede abaratarla. Así, por ejemplo, sería ético desde la óptica del intercambio de mercancías con un valor asignado – no me apunto- que un abogado defienda un narcotraficante, pero no aparezca a menudo defendiendo a muchos de ellos, aunque esa única presencia suya en estrados haya significado la fortuna de su vida; o el del padre de familia enfurecido, fuera de sus casillas, porque tratan de violar a su hija, pero calla la violación de la menor llevada a cabo por el vecino. El factor “valor” está con la cabeza abajo y los pies hacia arriba.

Esos ejemplos, grotescos a todas luces, son reiterados, aunque parezcan mentiras, en el diario quehacer de nuestra economía. Recientemente el siempre bien ponderado economista nacional, Dr. Fernando Zúñiga Umaña, explicaba como la lógica del actual sistema económico es simplona e insostenible. El 19 de diciembre de 2021 él apuntaba que para estos sectores su sentido nos pregona que el socialismo es sinónimo de pobreza, hambre y miseria. Eso significa que entre más tiende un sistema político al socialismo, más crece la pobreza. Sin embargo, ni en África como un todo, o en países como Haití, Honduras, Brasil, Guatemala, Colombia, y muchos otros más, la pobreza existente rompe con la regla anterior, dado que no son, ni por asomo, países socialistas, y están cobijados y lo han estado por siglos, por el imperialismo del norte o por los países desarrollados de Europa.

La lógica nos dice lo contrario, añade Zúñiga Umaña en su brillante artículo, desaparece el elemento socialismo, y se mantiene la pobreza, la miseria. El socialismo, por tanto, no es sinónimo de pobreza, más bien hay otros elementos que privan, tales como la dependencia, explotación, endeudamiento y muchas otras variables que afectan a estos países pobres y no socialistas.

Pero hay una variable fundamental que el imperio utiliza contra el socialismo, y son los bloqueos y las sanciones económicas. Si el socialismo genera pobreza per se, para qué bloquearlo y sancionarlo financieramente. Bloqueo y sanciones (financieras, comerciales, tecnológicas u otra índole) es la variable control para impedir el desarrollo de los países socialistas y sus pueblos.

La simplicidad y el autoritarismo con que nuestras burguesías gobiernan nuestra América Latinocaribeña hacen imposible visualicen un elemento consustancial entre los pueblos: la coherencia entre ética, dignidad y aspiración de soberanía.

Por asuntos de mi anterior profesión viví junto al pueblo cubano, en carne propia, el llamado “periodo especial” de principios de 1990. Nadie me lo contó. Hubo ocasiones que comí una vez, pero nunca faltaron los abrazos y la solidaridad durante las meriendas entre y para todos los trabajadores en sus respectivos centros de labores. Cuando vos estás convencido que la dignidad no se negocia encuentras en los “otros” algo que es una energía indescriptible, pueden intentar matarte, pero no te mueres.

Periodo especial en Cuba: alimentos y salud a los más vulnerables.

Durante esos despiadados y criminales días de crudo embargo podía suceder que el almuerzo no estuviera seguro del todo, a lo mejor la cena se veía allá lejos, o tuviera que volar pata varios kilómetros desde las proximidades de “La Rampa” (juventud divino tesoro), en el centro de La Habana, pero el pan, el yogurt o la leche, jamás faltaron en la casa en que permanecía en el coqueto y populoso reparto El Mañana para la abuela y el famoso Andy, un niño que habitaba en la morada.

La Unión Soviética caía a pedazos gracias al “trabajillo” muy bien culminado por Gorbachov y el imperio norteamericano, mientras Washington con las burguesías regionales atornillaron más duro el bloqueo contra la isla, en una decisión que hoy con la óptica de jurista no cabe duda que quien niegue que esa acción es un crimen de lesa humanidad es neófito en leyes o arrastrado congénito. Durante más de 60 años la tierra de Martí estuvo prácticamente sola como una estrella en el firmamento azul con su tradicional y única arma poderosísima: la dignidad de un pueblo no se negocia.

No privatizó hospitales. No vendió su sistema educativo. No despidió masivamente trabajadores. No negocio una sola empresa estatal. En medio de todo esto empezó a modernizar el acueducto de La Habana, a tirar el cableado telefónico domiciliario, a fomentar las huertas familiares, los uniformados no importaban el grados, con las uñas, eran responsables de arrancar la maltrecha industria doméstica, advertidos que era obligatorio maximizar el poco petróleo que esporádicamente llegaba. ¡Patria para todos; o todos morimos! Miles de personas quedaron ciegas porque el embargo no permitía a nadie vender a Cuba gotas oftálmicas contra el glaucoma; prohibieron la venta de analgésicos de quirófanos, sanciones a quien vendiera tratamiento contra el cáncer, la hipertensión, la diabetes etc. Por el contrario, a sabiendas que en cualquier momento su gobierno sería difamado por los mismos de siempre, el presidente de entonces, Fidel Castro, envió centenares de médicos por todo el mundo, llenó de maestros los campos de varias naciones para que acabaran con siglos de oscuridad, defendió su ciencia y tecnología para que hoy se traduzcan en vacunas contra la Covid 19, para todos aquellos gobiernos soberanos que requieran solidaridad martiana.

Este crimen de lesa humanidad hace que Estados Unidos y sus amigos en la región se sumen ahora permanentemente contra Venezuela, con sus millonarios depósitos de petróleo, agua y metales preciosos en la agenda del bestial capitalismo; Nicaragua, Bolivia, muy pronto Honduras o cualquiera otra nación, que opte por una ética coherente con su pueblo.

Lujos y riqueza, incoherencia ética de la actual economía. (Foto tomada de BBC Internet).

¿Por qué entonces sí es tan ético el actual sistema económico de exclusión social y racismo se castiga a quienes creen que existen otras salidas dignas? Sencillo: la democracia, según esta ética aristotélica, no es solamente llamar a votar cada cierto tiempo como “fiesta” de unos pocos sobre todos los demás. Esta incoherencia filosófica del “neofascismo” hace que hoy el 10% más rico de la población en América Latina y el Caribe paga una tasa efectiva de impuesto sobre la renta personal excepcionalmente baja si se la compara con la tasa aplicada al ingreso de los trabajadores asalariados, de acuerdo con la investigación “Tributación para un crecimiento inclusivo” presentada recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y OXFAM. En algunos países de la región, el estrato de mayores ingresos paga por concepto de este impuesto entre el 1% y el 3% de su ingreso bruto, mientras que en otros países aporta alrededor del 10%. En comparación, en Estados Unidos la tasa efectiva para el 10% más rico es de 14,2% y en algunos países europeos incluso excede el 20%, explica el documento.

Este modelo es defendido por quienes dicen están contra el terrorismo concebido ligeramente; pero llenaron de bombas a Viet Nam, a Irak, Libia, Siria y actualmente dejan morir de hambre la gente de Yemen. La Organización de la Naciones Unidas (ONU) acaba de condenar por abrumadora mayoría la evocación constante de los símbolos fascistas en muchos países y las actuales formas de neofascismo presentes en el mundo. Votaron contra la condena Estados Unidos y Ucrania.

No extraño para nada en este contexto que a nuestro país, junto a Panamá y República Dominicana, encargaran el triste papel de formar el “eje” democrático contra Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela, ante el desmoronamiento de una vieja y reumática Organización de Estados Americanos (OEA), frente al fortalecimiento evidente – aunque invisibilizado por el gobierno y sus acólitos medios de comunicación “independientes”- de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).En una reciente Cumbre este organismo acordó crear un banco de vacunas, buscar y distribuir inyectables contra la Covid 19, exigir la liberación de licencias farmacéuticas, crear la agencia espacial regional y fortalecer la integración, entre otros.

Por eso en Bolivia su pueblo descubrió que le habían robado la democracia, que va más allá de unas elecciones presidenciales. Rescató las conquistas cercenadas por la OEA, en medio de la furia de los racistas y la burguesía de Santa Cruz, colocando a su presidente Luis Arce a la cabeza del Estado para cuidar su gas natural, resguardar los minerales indispensables como futuras fuentes energéticas del orbe, el sistema de salud pública desarrollado desde el gobierno de Evo Morales, la educación de las grandes masas y la inclusión pareja de hombres y mujeres en el campo socioeconómico. En Perú, el pueblo humilde, llamado despectivamente cholado, eligió a Pedro Castillo, quien gobierna en condiciones muy inciertas por decisión de las élites tradicionales que tienen el respaldo del imperio. En Venezuela bloqueada, con sus recursos en el extranjero saqueados y atentados contra la luz y el agua, su pueblo arrasó con las caricaturas de oposición reaccionaria, en las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre de 2021.

En Chile, el pueblo se reveló en las elecciones 19 de diciembre de 2021, contra el sabotaje del transporte público privatizado, escogiendo un jovenzuelo, Gabriel Boric, quien deberá debatirse entre las ideas de un régimen de clara estirpe fascista, que dejó blindado a un injustísimo sistema económico, y las esperanzas de unidad latinocaribeña de ciudadanos avasallados, desde antes que el dictador Pinochet muriera. El joven sobrevivientes a las protestas estudiantiles de años recientes, cuando disparaban a los ojos de mujeres y varones, se impuso al “fascho” José Antonio Kast por casi 12 puntos de diferencia, en la segunda vuelta.

Esto es lo que a veces no entiende la llamada “izquierda light” –por eso es impostergable el debate de ideas- ( “izquierda revolucionaria” de cafetín, buros o fomentadora de pleitos entre varones y féminas, aunque ambos son tratados como miserables salarialmente en toda la región), cuando condena violaciones de los derechos humanos en Bolivia, Venezuela, Nicaragua o Cuba, pero ven normal el delito de lesa humanidad, por los brutales bloqueos económicos y restricciones comerciales, financieras etc. Pegan gritos al cielo porque encarcelaron a quienes reciben miles de dólares de Organizaciones extranjeras no Gubernamentales (ONGs), cuyo origen solo ellos conocen, pero callan cuando asesinan a mansalva a pobres adolescentes negros, por la simple razón de ser afrocaribeños. Condenan a una nación que defiende su derecho a existir como tal, sorteando embargos petroleros, atentados a la electricidad y al agua, pero hacen mutis sobre un gobierno que nadie eligió y “gobierna” desde las redes sociales para robarse el oro depositado en Gran Bretaña.

Nicaragua es sancionada como sí aún fuera parte de las llamadas “guerras bananeras” (1912 hasta el triunfo sandinista en 1979), empezando en esos lejanos años del siglo pasado la ocupación de la nación centroamericana que hoy libra una guerra a muerte contra el narcotráfico proveniente desde Colombia. Pronto, Honduras, también transitará por la ruta de las sanciones y los bloqueos, pues acaba de anunciarse guerra sin cuartel contra la corrupción y el negocio de las drogas al más alto nivel del Estado. Ya no estará tan sola en la región como en 1960, cuando solo había lejanamente una estrella blanca en el firmamento azul.

¿Cómo hacer comprender a la nueva izquierda latinocaribeña y sus aliados socialdemócratas reaccionarios, que sin gobierno junto el pueblo la ética económica va al carajo y nuestras burguesías no pierden tiempo?

¡Ese es el peligro con la izquierda “light”!

Periodista, abogado y notario por la U.C.R

San José 21 de diciembre 2021 exclusivo para SURCOS.