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Etiqueta: derechos sociales

Costa Rica: una democracia bipolar

Escrito en . Publicado en Análisis, Cultura.

Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez

(Anotaciones al margen leyendo a Boaventura de Sousa Santos)

            Costa Rica es una democracia que padece una especie de bipolaridad. Una patología consistente en ser, por un lado, una democracia formal (electoral) bastante desarrollada y hasta ejemplar en el mundo, pero a la vez, una democracia real (participativa) bastante débil, diríamos que raquítica. Los mecanismos puramente normativos existen: un tribunal electoral independiente, eficiente y con credibilidad; un régimen de partidos políticos amplio y relativamente accesible; contiendas electorales regladas y pacíficas; y un comprobado respeto por los resultados del sufragio. Sin embargo, todo eso está muy lejos de una efectiva intervención e influencia ciudadana en las decisiones que finalmente se imponen. El poder real de la ciudadanía sobre la escogencia de candidatos a la Presidencia o a la Asamblea Legislativa no existe, queda en manos de reducidos grupos, asambleas o convenciones partidarias, cuando no, en simples encuentros de amigos; en la mayoría de los casos, es mediante vínculos familiares (nepotismo puro y duro) o religiosos (fundamentalismos morales) como se manejan las posibilidades fuertes de elección; los procesos de financiación adolecen de opacidad y subterfugios sin control, uno de cuyos peores síntomas es la compra-venta de bonos conforme los requisitos de la deuda pública adelantada; y, además, un círculo vicioso que liga los pronósticos de encuestas con el poder financiero de los bancos –ahora sobre todo privados- sellan el destino de más de una candidatura.

            En la práctica no se ha querido modificar esta realidad. No ha sido posible asegurar a toda propuesta electoral un mínimo razonable de difusión y conocimiento entre la población. Sigue habiendo una dependencia total de la propaganda a los medios financieros y de comunicación de masas y, en fin, el poder económico bien puede manipular quién si, y quién no, tiene chances reales de obtener un buen resultado en las urnas. Parece imposible, hasta ahora, que quienes resultan electos en medio de esta atmósfera viciada vayan a querer cambiar las reglas del juego.

            Para mal de todos, el funcionamiento estable de la democracia formal-electoral no ha impedido el deterioro creciente de la democracia real en tanto forma de organización política concebida para asegurar a toda la ciudadanía, no sólo el respeto a sus derechos fundamentales, sino también el acceso a los servicios públicos básicos (alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda, energía, nuevas tecnologías). Los defectos señalados en los procesos electorales y la lejanía práctica entre electores y elegidos, ha puesto en crisis el principio de representatividad. Cada vez la calificación de la gente al Parlamento o al Ejecutivo es más severa y hasta brutal. No hay manera de que un ex-presidente de la República, haga lo que haga, conserve un poco de prestigio y estima popular. La representación popular en Costa Rica se ha convertido en un auténtico ejercicio vital, sólo para masoquistas.

            Pero además, en lo importante, como si se tratara de ese bulto, grano o lunar sospechoso que crece sin cesar y que indica que algo grave, profundamente malo, nos está carcomiendo por dentro, la inequidad social, medida por un índice “gini” cada vez más cercano al valor “1”, es decir, cada vez más revelador de una concentración peligrosa de la riqueza social en pocas manos, nos advierte que, en efecto, somos un organismo democrático seriamente polarizado.

            Otra cuestión clave en esta deriva bipolar de la democracia costarricense tiene que ver con una curiosa ambigüedad en cuanto a la tutela de los derechos humanos. Aunque gracias a presiones externas, la Sala Constitucional ha terminado por confirmar derechos esenciales para algunas minorías (fecundación in vitro, matrimonio igualitario y un buen número de otros derechos particulares), con efecto directo en la esfera individual de las personas; pero ha fallado estruendosamente en cuanto a la custodia de los derechos humanos de carácter colectivo, al bendecir una reforma fiscal nada progresiva; una reaccionaria prohibición de la huelga en el sector público; y una ley de empleo público que contiene, entre otras perlas, un “derecho” a la objeción de conciencia en el ejercicio de la función pública. Es decir, serios retrocesos en todo aquello que tiene que ver con el tema laboral y una apuesta por el sacrificio de los sectores trabajadores del país, cuestión que parece vital para la afirmación de una economía fanáticamente adherida al modelo neoliberal, y que ha contado con la complicidad de una justicia que ha hecho auténticos malabares con la Constitución Política.

            Me temo que la debacle del PAC en la última contienda electoral tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo. Es cierto lo que se ha señalado como causas de este fenómeno: la inviabilidad de un tercer período de gobierno; el hecho de dar la espalda a los sectores medios, urbanos y educados que fueron su apoyo tradicional; la debilidad de las candidaturas; la asfixia financiera a que fue sometido el partido; el gobierno Alvarado Quesada que, en temas económico-sociales de gran trascendencia, terminó asumiendo la agenda neoliberal y pagando el coste político que implicaba, y que se suponía prioridad de otros; y, en fin, el “deporte” nacional promovido por importantes medios de comunicación y redes sociales en orden a desprestigiar la institucionalidad pública y la gestión de cualquier gobierno, cualesquiera sean sus logros o fracasos.

            No obstante, en este diagnóstico convencional se ha dejado por fuera una causa esencial. La promesa cardinal del PAC no fue ni siquiera la eticidad en la gestión pública. Antes de eso, se propuso la “acción ciudadana”, es decir, el reencuentro de la gente con la democracia participativa, la posibilidad de rescatar el legítimo principio de representatividad; el trabajo con organizaciones de base según temas e intereses sectoriales y, en fin, la recuperación de la confianza en que se iba a escuchar y atender las demandas de la gente. Sin embargo, en medio del fragor político y electoral de estos últimos veinte años, esta fue una cuestión esencial que se dejó de lado, una alternativa que no se cuidó ni se fortaleció y que no quiso, o no pudo, capitalizar los movimientos sociales en contra del Combo ICE o el rechazo al TLC. No sé qué van a hacer los responsables de esta agrupación política a futuro, pero si algo me parece elemental, es que tienen que definir con absoluta claridad -como lo tendría que hacer cualquier otra agrupación partidaria que pretenda salvar nuestra democracia-, tópicos esenciales como: si siguen creyendo en la acción y participación de la ciudadanía; si, en la dicotomía entre libertinaje (bandera neoliberal) y democracia (participativa), tienen claros cuáles son sus límites y qué están dispuestos a rescatar en razón de una convivencia democrática efectiva; también tienen que definirse sobre si los derechos humanos son sólo cuestión de reivindicaciones individuales o, necesariamente, cuestión de conquistas colectivas esenciales. Tendría que comenzarse por hacer un inventario de los temas/problemas que están incidiendo en esa yaga abierta llamada “inequidad” y decirle a la población costarricense si se va a seguir estrujando a la clase trabajadora (pública y privada) en cuanto a regímenes salariales y de pensiones; si el modelo de desarrollo nacional pasa por tomarse en serio el cambio climático y las estrategias de energías limpias; si se va a pagar la enorme deuda pendiente en materia de violencia y desigualdad contra las mujeres; si se van a tutelar los derechos de las poblaciones originarias, su cultura y su derecho a la tierra; si el tema de la igualdad entre hombres y mujeres se va a llevar hasta sus últimas consecuencias; y si, para terminar con estos ejemplos, algún día se le va a entrar en serio a la defraudación y elusión fiscal para que cada quien contribuya en la medida de sus posibilidades y el Estado tenga recursos para la prestación de servicios estratégicos.

            En conclusión, en el marco de un capitalismo que parece tener largo aliento, a la par de respetar la propiedad privada y la iniciativa empresarial, de lo que se trataría es de contener la voracidad extractiva sobre la naturaleza y la desalmada especulación financiera del capitalismo salvaje, con el propósito de afirmar los valores de una democracia participativa que traiga equilibrios, que cierre brechas, y donde las personas estén siempre por delante del lucro y la acumulación insaciables de unos pocos.

Cambio de modelo en Chile: ¿El norte estará en el sur?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Fernando Astorga Gatjens

El triunfo electoral de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales chilenas del 19 de diciembre anterior, tuvo su fragua en octubre del 2019, en un país marcado por un inesperado estallido social de alcances tsunámicos.

En ese octubre pre pandémico, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó un aumento del valor de los boletos del Metro de Santiago, los estudiantes protestaron brincándose los molinetes de ese sistema de transporte. Lo que fue inicialmente una acción puntual de protesta derivó pronto en un movimiento generalizado en la capital y en otras ciudades del país austral.

El fuerte contraste entre una élite económica y política, beneficiaria directa del modelo neoliberal y que se rodeó golosamente de privilegios, frente a amplias mayorías empujadas a la pobreza, acumuló las condiciones propicias para el intempestivo estallido social.

El modelo chileno que los políticos y medios adeptos a esa doctrina, habían convertido en un referente internacional, se derrumbó como un castillo de naipes. El proyecto marcado por la reducción del rol del Estado y la expansión del papel del sector privado, que impulsó e impuso la dictadura de Augusto Pinochet, con la asesoría de Milton Friedman, no resistió la acumulación de injusticias y desbalances sociales.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía con un saldo tan trágico como doloroso: 20 muertos, 233 heridos y más de 700 personas detenidas. Empero la represión fue más gasolina que agua. Y lo que fueron, inicialmente, reivindicaciones económicas y sociales (centradas en pensiones, salud, educación) se tornaron en exigencias políticas. Ganó fuerza el reclamo de una Convención Constituyente que pusiera fin a la camisa de fuerza que ha sido la Constitución, creada a imagen y semejanza de la dictadura de Pinochet.

La acción de la protesta social fue tan fuerte que el gobierno de Piñera no tuvo más remedio que convocar a un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente, para redactar una nueva Constitución y también para fijar el mecanismo del proceso. Originalmente, el referéndum fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a causa de la pandemia de la covid-19, hubo de ser pospuesto para el 25 de octubre del mismo año. El resultado aprobatorio fue contundente: Mas del 78 % de los que votaron dijeron que si aprobaban la Constituyente mientras menos del 22 % se inclinó, por lo contrario.

Así las cosas, el 15 y 16 de mayo de 2021 los electores chilenos acudieron a elegir a 155 constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna. Más de 6,3 millones votaron. Los resultados representaron una abrumadora derrota para la derecha, ya que, de los 155 elegidos, 48 fueron independientes, 52 de la oposición, los pueblos originarios obtuvieron 17 puestos y el oficialismo tan solo 38. Una cifra a todas luces insuficiente para fijar la agenda y acuerdos de la Convención, que arrancó sus tareas el 4 de julio de 2021 y las completará a finales de junio de 2022.

El 21 de noviembre de 2021 se celebraron los comicios para elegir quien dirigirá, desde la presidencia, los destinos de Chile entre 2022 y 2026. También fueron electos los senadores, diputados y consejeros regionales. A raíz de las situaciones y procesos desarrollados a partir de octubre de 2019, se esperaba un claro triunfo del candidato de la coalición de izquierda, “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric, aun cuando los números no le alcanzaran para evitar el balotaje. Sin embargo, en un resultado inesperado, el candidato ultraderechista, José Antonio Kast se impuso sobre Boric por dos puntos.

Este resultado envalentonó a la derecha que esperaba ganar en la segunda ronda, que se celebró el 19 de diciembre. Para esta elección se confabularon todos los ingredientes para la polarización política. Se enfrentaban dos proyectos diametralmente opuestos.

Kast (55 años), neoliberal confeso, detractor de la Convención Constituyente, simpatizante de Pinochet, admirador de Trump y Bolsonaro, y con una serie de proyectos amenazantes para los imperativos avances sociales y los derechos humanos, frente a Boric (35 años), líder de la nueva izquierda chilena, madurado al calor de las luchas estudiantiles y sociales, adversario abierto del modelo neoliberal e impulsor de una Constitución que sea llave y matriz de la imperativa e impostergable justicia social para un pueblo marcado por lustros de desigualdad y pobreza, en medio de la concentración indignante de la riqueza de las élites.

El 19 de diciembre se jugaba entonces algo más que una elección entre dos candidatos presidenciales; se jugaba la perpetuación del modelo neoliberal frente a su progresivo desmantelamiento. Eso lo comprendió el pueblo de Chile que acudió a las urnas en un porcentaje mayor que en la primera ronda y le dio un contundente triunfo a Boric (55,87 %) sobre Kast (44,13 %).

El nuevo presidente tomará posesión del cargo, en marzo de 2022 y tendrá como desafío el cambio de modelo, con la abierta oposición de la derecha y las élites económicas, cuyo peso es significativo. Eso se puso de manifiesto al día siguiente de la elección de Boric, cuando esa abstracción denominada mercado (que no son otra cosa que empresas y personas de carne y hueso), mostró su descontento con la caída de la bolsa de Santiago mientras el peso sufrió una significativa depreciación.

La elección de Boric no solo es muy importante para Chile. Lo es para América Latina, región donde las fuerzas progresistas han ido ganando terreno.

Chile ha sido destacado como un “milagro económico” aunque ese milagro siempre fue para una minoría y algunas trasnacionales avariciosas. Las mayorías, mientras tanto, lo vieron desde muy lejos. En el presente, puede emerger un modelo alternativo que consolide la democracia y haga renacer un Estado Social de Derecho, robusto y fuerte como lo soñó Salvador Allende. Esto le dará sentido al propósito y consigna el Norte está al Sur.

Imagen: https://www.radioagricultura.cl

Actuario Rodrigo Arias López presenta recurso de reconsideración ante Defensoría de los Habitantes en relación con desvío de fondos del IVM

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

El actuario y matemático Rodrigo Arias López presentó un recurso de reconsideración ante la Defensoría de los Habitantes, en relación con su tesis sustentada en investigación propia de que hubo desvío de fondos de los recursos correspondientes al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que debe cubrir las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Ante gestiones del máster Arias López, la Defensoría de los Habitantes envió una serie de requerimientos de información a las instancias correspondientes de la CCSS. Luego de varias respuestas el órgano defensor solamente concluye: “…la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI”.

Ante ello, Rodrigo Arias López estima que la Defensoría no está cumpliendo con su deber por tres razones:

Primero. En el oficio de la referencia esa Defensoría se limita a comunicar las consultas que le realizó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las respuestas de la CCSS, sin que haya realizado ninguna investigación ni análisis independiente, serio y objetivo como en derecho corresponde, sobre la legalidad de las actuaciones de la CCSS sobre el desvío de más de un 7,5% sobre los salarios del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Segundo. En relación con lo anterior, se observa que en el oficio que se cuestiona, esa Defensoría dedica 15 páginas para realizar citas textuales de preguntas que le realizó a la CCSS y de las respuestas que recibió y al final se limita a decir lo siguiente en un único párrafo:

A la luz de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI.

Tercero. Consta en el oficio que se cuestiona que la solicitud de intervención de esa Defensoría la realicé el 17 de diciembre de 2021; es decir, hace CUATRO AÑOS. En tal sentido, el artículo 17 de la Ley de esa Defensoría dispone lo siguiente:

“2.- La intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República debe darse dentro del plazo de un año, contado a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos. No obstante, tendrá amplia discrecionalidad para aceptar reclamos o quejas aun fuera de ese plazo si, a su juicio, considera necesaria su intervención.”

Le invitamos a leer el documento completo del recurso de reconsideración presentado ante la Defensoría de los Habitantes por el matemático y actuario Rodrigo Arias López:

RAL-041-2021Descarga

La economía como ética doméstica

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

A la memoria de los cinco años de ausencia física de Fidel y 191 de Bolívar.

Rafael A. Ugalde Quirós*

No vivieron para ver el ventarrón de Bolívar bajando los Andes y llanos suramericanos. Poco a poco lo que nació de las manos de los magos Fidel y Hugo, como una tenue brisa, alcanzó velocidades de ciclón; así, las proezas de un montón de soñadores por una América Latinocaribeña soberana, inspirados unos por Martí o Sandino; otros por Castro y Chávez, el “Che”, Mariategui o Allende, botó paredes carcomidas por siglos de injusticias en Cuba, Perú, Nicaragua, Venezuela, México, Chile. La lista seguirá.

Aunque los magos no están ya con nosotros, desde la dimensión mágica en donde viven, no nos quitan la mirada, exigiéndonos una fuerte coherencia entre lo que se dice y se hace en economía – como consecuencia del actuar ético diario-, pues solo ello es capaz de aclararnos la grosera mentira sobre un sistema que nos decía hasta el hartazgo que una vez rebalsado el vaso de riqueza todos serían exitosos “emprendedores”, estudiantes con futuro asegurado como profesionales, trabajadores con salario digno, campesinos con asistencia tecnológica y libre de intermediarios para producir lo que nos comeríamos, así como todos “igualiticos” y los “más felices del mundo”. En fin: el rebalse de riqueza nos conservaría como personas con dignidad integra.

Como suele ocurrir cuando existe alguna falacia, ésta es implacable según la ética aristotélica, soliendo estallarnos en nuestras propias narices. Como parte de la mentira global proveniente de las grandes metrópolis Costa Rica pregonó desde hace más de 30 años Libre Comercio, arbitraje de calificadoras de créditos, endeudamiento a todos los niveles y hasta la venta del alma al diablo, con tal de profundizar “nuestra centenaria democracia”. Dejando a un lado el déficit primario, y centrándonos en el faltante financiero, que corresponde al pago de intereses por la deuda externa, ello significará este año al menos el 3.53% del PIB. Es el más alto en la última década y media, según los economistas; mientras no cesan las exigencias de más endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y éste, sumamente complacido por las genuflexiones de rigor, aguanta hasta que aprueben el millonario crédito, pues está devengando intereses.

Foto Semanario Universidad.

Y esta es la verdadera democracia alcanzada en los últimos años y callada por los medio de comunicación que exigen vender todo, despidos masivos en el Estado y quienes salven el empleo, ojala dejen la pésima costumbre de almorzar y comer todos los días: Según el Semanario Universidad ( 21/4/2020), citando la revista especializada “Forbes” solo la empresa “Florida Ice and Farm” y “Grupo Nación” tienen ingresos anuales de $ 1549 millones, algo así de ₡421.418 para FIFCO y ₡ 43.757 millones para el Grupo Nación, en 2019. “Han sido partícipes en las recaudaciones de las campañas presidenciales de Abel Pacheco (2002-2006) y Oscar Arias (2006-2010). Con este último sostiene una afinidad comercial pues ambos son miembros del sector azucarero”, sostuvo Universidad. “Forbes” tiene a la Constructora “Meco” con ingresos anuales por $689.6 millones; describiéndola como la firma constructora más grande de Centroamérica. Ésta, así como un sin número de empresas, crecieron gracias a una pequeña élite gubernamental que pusieron el Estado Social a disposición de su poder corporativo. Otro grupo determinante, en lo que en América Latina denominan el “Estado Corporativo”, viene a ser Café Brit y Morpho Travel Retail según el cual para “Forbes” tuvo ingresos por $ 150 millones en 2019. Desde ese año el grupo Britt está bajo el régimen de zonas francas.

INSOSTENIBILIDAD DE LAS FALACIAS

En nuestro sistema, el factor valor, ocurre cuando la mercancía llega el mercado y es consumible, olvidando el esfuerzo del obrero o asalariado en forma de fuerza de trabajo, pues ésta solo interesa en la medida que el contratante de ella puede abaratarla. Así, por ejemplo, sería ético desde la óptica del intercambio de mercancías con un valor asignado – no me apunto- que un abogado defienda un narcotraficante, pero no aparezca a menudo defendiendo a muchos de ellos, aunque esa única presencia suya en estrados haya significado la fortuna de su vida; o el del padre de familia enfurecido, fuera de sus casillas, porque tratan de violar a su hija, pero calla la violación de la menor llevada a cabo por el vecino. El factor “valor” está con la cabeza abajo y los pies hacia arriba.

Esos ejemplos, grotescos a todas luces, son reiterados, aunque parezcan mentiras, en el diario quehacer de nuestra economía. Recientemente el siempre bien ponderado economista nacional, Dr. Fernando Zúñiga Umaña, explicaba como la lógica del actual sistema económico es simplona e insostenible. El 19 de diciembre de 2021 él apuntaba que para estos sectores su sentido nos pregona que el socialismo es sinónimo de pobreza, hambre y miseria. Eso significa que entre más tiende un sistema político al socialismo, más crece la pobreza. Sin embargo, ni en África como un todo, o en países como Haití, Honduras, Brasil, Guatemala, Colombia, y muchos otros más, la pobreza existente rompe con la regla anterior, dado que no son, ni por asomo, países socialistas, y están cobijados y lo han estado por siglos, por el imperialismo del norte o por los países desarrollados de Europa.

La lógica nos dice lo contrario, añade Zúñiga Umaña en su brillante artículo, desaparece el elemento socialismo, y se mantiene la pobreza, la miseria. El socialismo, por tanto, no es sinónimo de pobreza, más bien hay otros elementos que privan, tales como la dependencia, explotación, endeudamiento y muchas otras variables que afectan a estos países pobres y no socialistas.

Pero hay una variable fundamental que el imperio utiliza contra el socialismo, y son los bloqueos y las sanciones económicas. Si el socialismo genera pobreza per se, para qué bloquearlo y sancionarlo financieramente. Bloqueo y sanciones (financieras, comerciales, tecnológicas u otra índole) es la variable control para impedir el desarrollo de los países socialistas y sus pueblos.

La simplicidad y el autoritarismo con que nuestras burguesías gobiernan nuestra América Latinocaribeña hacen imposible visualicen un elemento consustancial entre los pueblos: la coherencia entre ética, dignidad y aspiración de soberanía.

Por asuntos de mi anterior profesión viví junto al pueblo cubano, en carne propia, el llamado “periodo especial” de principios de 1990. Nadie me lo contó. Hubo ocasiones que comí una vez, pero nunca faltaron los abrazos y la solidaridad durante las meriendas entre y para todos los trabajadores en sus respectivos centros de labores. Cuando vos estás convencido que la dignidad no se negocia encuentras en los “otros” algo que es una energía indescriptible, pueden intentar matarte, pero no te mueres.

Periodo especial en Cuba: alimentos y salud a los más vulnerables.

Durante esos despiadados y criminales días de crudo embargo podía suceder que el almuerzo no estuviera seguro del todo, a lo mejor la cena se veía allá lejos, o tuviera que volar pata varios kilómetros desde las proximidades de “La Rampa” (juventud divino tesoro), en el centro de La Habana, pero el pan, el yogurt o la leche, jamás faltaron en la casa en que permanecía en el coqueto y populoso reparto El Mañana para la abuela y el famoso Andy, un niño que habitaba en la morada.

La Unión Soviética caía a pedazos gracias al “trabajillo” muy bien culminado por Gorbachov y el imperio norteamericano, mientras Washington con las burguesías regionales atornillaron más duro el bloqueo contra la isla, en una decisión que hoy con la óptica de jurista no cabe duda que quien niegue que esa acción es un crimen de lesa humanidad es neófito en leyes o arrastrado congénito. Durante más de 60 años la tierra de Martí estuvo prácticamente sola como una estrella en el firmamento azul con su tradicional y única arma poderosísima: la dignidad de un pueblo no se negocia.

No privatizó hospitales. No vendió su sistema educativo. No despidió masivamente trabajadores. No negocio una sola empresa estatal. En medio de todo esto empezó a modernizar el acueducto de La Habana, a tirar el cableado telefónico domiciliario, a fomentar las huertas familiares, los uniformados no importaban el grados, con las uñas, eran responsables de arrancar la maltrecha industria doméstica, advertidos que era obligatorio maximizar el poco petróleo que esporádicamente llegaba. ¡Patria para todos; o todos morimos! Miles de personas quedaron ciegas porque el embargo no permitía a nadie vender a Cuba gotas oftálmicas contra el glaucoma; prohibieron la venta de analgésicos de quirófanos, sanciones a quien vendiera tratamiento contra el cáncer, la hipertensión, la diabetes etc. Por el contrario, a sabiendas que en cualquier momento su gobierno sería difamado por los mismos de siempre, el presidente de entonces, Fidel Castro, envió centenares de médicos por todo el mundo, llenó de maestros los campos de varias naciones para que acabaran con siglos de oscuridad, defendió su ciencia y tecnología para que hoy se traduzcan en vacunas contra la Covid 19, para todos aquellos gobiernos soberanos que requieran solidaridad martiana.

 Este crimen de lesa humanidad hace que Estados Unidos y sus amigos en la región se sumen ahora permanentemente contra Venezuela, con sus millonarios depósitos de petróleo, agua y metales preciosos en la agenda del bestial capitalismo; Nicaragua, Bolivia, muy pronto Honduras o cualquiera otra nación, que opte por una ética coherente con su pueblo.

Lujos y riqueza, incoherencia ética de la actual economía. (Foto tomada de BBC Internet).

¿Por qué entonces sí es tan ético el actual sistema económico de exclusión social y racismo se castiga a quienes creen que existen otras salidas dignas? Sencillo: la democracia, según esta ética aristotélica, no es solamente llamar a votar cada cierto tiempo como “fiesta” de unos pocos sobre todos los demás. Esta incoherencia filosófica del “neofascismo” hace que hoy el 10% más rico de la población en América Latina y el Caribe paga una tasa efectiva de impuesto sobre la renta personal excepcionalmente baja si se la compara con la tasa aplicada al ingreso de los trabajadores asalariados, de acuerdo con la investigación “Tributación para un crecimiento inclusivo” presentada recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y OXFAM. En algunos países de la región, el estrato de mayores ingresos paga por concepto de este impuesto entre el 1% y el 3% de su ingreso bruto, mientras que en otros países aporta alrededor del 10%. En comparación, en Estados Unidos la tasa efectiva para el 10% más rico es de 14,2% y en algunos países europeos incluso excede el 20%, explica el documento.

Este modelo es defendido por quienes dicen están contra el terrorismo concebido ligeramente; pero llenaron de bombas a Viet Nam, a Irak, Libia, Siria y actualmente dejan morir de hambre la gente de Yemen. La Organización de la Naciones Unidas (ONU) acaba de condenar por abrumadora mayoría la evocación constante de los símbolos fascistas en muchos países y las actuales formas de neofascismo presentes en el mundo. Votaron contra la condena Estados Unidos y Ucrania.

No extraño para nada en este contexto que a nuestro país, junto a Panamá y República Dominicana, encargaran el triste papel de formar el “eje” democrático contra Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela, ante el desmoronamiento de una vieja y reumática Organización de Estados Americanos (OEA), frente al fortalecimiento evidente – aunque invisibilizado por el gobierno y sus acólitos medios de comunicación “independientes”- de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).En una reciente Cumbre este organismo acordó crear un banco de vacunas, buscar y distribuir inyectables contra la Covid 19, exigir la liberación de licencias farmacéuticas, crear la agencia espacial regional y fortalecer la integración, entre otros.

 Por eso en Bolivia su pueblo descubrió que le habían robado la democracia, que va más allá de unas elecciones presidenciales. Rescató las conquistas cercenadas por la OEA, en medio de la furia de los racistas y la burguesía de Santa Cruz, colocando a su presidente Luis Arce a la cabeza del Estado para cuidar su gas natural, resguardar los minerales indispensables como futuras fuentes energéticas del orbe, el sistema de salud pública desarrollado desde el gobierno de Evo Morales, la educación de las grandes masas y la inclusión pareja de hombres y mujeres en el campo socioeconómico. En Perú, el pueblo humilde, llamado despectivamente cholado, eligió a Pedro Castillo, quien gobierna en condiciones muy inciertas por decisión de las élites tradicionales que tienen el respaldo del imperio. En Venezuela bloqueada, con sus recursos en el extranjero saqueados y atentados contra la luz y el agua, su pueblo arrasó con las caricaturas de oposición reaccionaria, en las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre de 2021.

 En Chile, el pueblo se reveló en las elecciones 19 de diciembre de 2021, contra el sabotaje del transporte público privatizado, escogiendo un jovenzuelo, Gabriel Boric, quien deberá debatirse entre las ideas de un régimen de clara estirpe fascista, que dejó blindado a un injustísimo sistema económico, y las esperanzas de unidad latinocaribeña de ciudadanos avasallados, desde antes que el dictador Pinochet muriera. El joven sobrevivientes a las protestas estudiantiles de años recientes, cuando disparaban a los ojos de mujeres y varones, se impuso al “fascho” José Antonio Kast por casi 12 puntos de diferencia, en la segunda vuelta.

 Esto es lo que a veces no entiende la llamada “izquierda light” –por eso es impostergable el debate de ideas- ( “izquierda revolucionaria” de cafetín, buros o fomentadora de pleitos entre varones y féminas, aunque ambos son tratados como miserables salarialmente en toda la región), cuando condena violaciones de los derechos humanos en Bolivia, Venezuela, Nicaragua o Cuba, pero ven normal el delito de lesa humanidad, por los brutales bloqueos económicos y restricciones comerciales, financieras etc. Pegan gritos al cielo porque encarcelaron a quienes reciben miles de dólares de Organizaciones extranjeras no Gubernamentales (ONGs), cuyo origen solo ellos conocen, pero callan cuando asesinan a mansalva a pobres adolescentes negros, por la simple razón de ser afrocaribeños. Condenan a una nación que defiende su derecho a existir como tal, sorteando embargos petroleros, atentados a la electricidad y al agua, pero hacen mutis sobre un gobierno que nadie eligió y “gobierna” desde las redes sociales para robarse el oro depositado en Gran Bretaña.

 Nicaragua es sancionada como sí aún fuera parte de las llamadas “guerras bananeras” (1912 hasta el triunfo sandinista en 1979), empezando en esos lejanos años del siglo pasado la ocupación de la nación centroamericana que hoy libra una guerra a muerte contra el narcotráfico proveniente desde Colombia. Pronto, Honduras, también transitará por la ruta de las sanciones y los bloqueos, pues acaba de anunciarse guerra sin cuartel contra la corrupción y el negocio de las drogas al más alto nivel del Estado. Ya no estará tan sola en la región como en 1960, cuando solo había lejanamente una estrella blanca en el firmamento azul.

¿Cómo hacer comprender a la nueva izquierda latinocaribeña y sus aliados socialdemócratas reaccionarios, que sin gobierno junto el pueblo la ética económica va al carajo y nuestras burguesías no pierden tiempo?

¡Ese es el peligro con la izquierda “light”!

  • Periodista, abogado y notario por la U.C.R

San José 21 de diciembre 2021 exclusivo para SURCOS.

EL CUENTO DE LA RANITA EN LA OLLA CALIENTE

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Manuel Hernández

¿Cuál democracia?
Todavía algunos siguen creyendo que disfrutamos de un sistema robusto de libertades públicas.
La democracia hace rato que la derrumbaron.
Recuerdan la metáfora del cuento de Olivier Clerc.
Una ranita que la metieron en una olla con agua tibia, que estaba muy cómoda en su charca, cuya temperatura empezó a aumentar hasta que ya no pudo saltar y quedó totalmente rostizada.
Pues, por contrario a esta fabula, aquí, desde 2018, nos ensartaron, como decimos, de una, en la olla hirviendo, que cada vez le metieron más fuerza al fuego, y no reaccionamos o saltamos cuando teníamos que hacerlo resueltamente.
¿Nos falló el instinto de conservación o salvación?
Nos disciplinaron fácilmente, desde el puro principio de la orgía en la olla caliente y se trajeron, de un solo tajo, al suelo la democracia
Así, rostizaron, sin despeinarse, las libertades democráticas.
La pregunta que corresponde hacernos, como dicen Levitsky y Ziblatt, es la siguiente:
“Realmente es tan fácil borrar del mapa las instituciones democráticas?” (Cómo mueren las democracias, pág. 116).
Por cierto, el menú de la foto está exquisito para la cena de hoy.
Por si alguno tiene interés:
El restaurante principal está en Alto de Cuesta de Moras, con una Sucursal en Zapote y otra en Calle Morenos, muy cerca de la Iglesia del Perpetuo Martirio de la Constitución.
Los chef son carniceros certificados.
Delikatessen!

Iglesia Católica intercede ante el Presidente de la República para detener desalojo

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

La Iglesia Católica ha intercedido ante el Presidente de la República para detener el desalojo de las familias que permanecen en los asentamientos “La Bendición I” y “La Bendición II”, ubicados en el distrito de Pavas, cantón Central de la provincia de San José, sobre los cuales pesa una orden judicial que se ejecutará el 1 de octubre.

Esta medida, de carácter jurídico, plantea serios problemas vitales para la población afectada, de modo especial para los niños y niñas que viven con sus familias en este asentamiento –más de 200–.

La nota enviada a SURCOS por el presbítero Luis Alejandro Rojas expone eventuales perjuicios para la niñez que habita en dicho lugar de precario y tugurio.

«El señor Arzobispo de San José ha externado su preocupación y solicita una intervención humanitaria en tiempo de pandemia», señala la nota.

Compartimos el documento enviado al presidente Carlos Alvarado Quesada:

CARTA-AL-PRESIDENTE-SOBRE-DESALOJODescarga

Acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS sobre reforma a IVM son nulos

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Mala gestión y desvío de fondos es lo que lleva a la quiebra a IVM

Asesor de Román Macaya recomendó cambiar el modelo financiero de IVM

M.Sc. Rodrigo Arias López

Una mala gestión y el desvío de cuotas superior a un 7.5% sobre los salarios -equivalente a más de ₡750 mil millones anuales- es lo que está llevando a la quiebra al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El IVM solo cuenta con una reserva de ₡2.5 billones cuando lo que debería tener según la normativa es ₡54 billones. ₡34 billones del faltante de reservas corresponden al 7.5% sobre los salarios que durante décadas han desviado para cubrir otros programas de seguridad social que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que son total o parcialmente con cargo al presupuesto nacional (Leyes N° 5349, N° 5905, N° 7735, N° 7739, N° 7935 y N° 7983). Otros ₡16 billones del faltante de reserva se explican por turbios manejos de la Ley N° 7374, entre otros hechos, por lo que el escamoteo total de fondos de IVM llega a ₡50 billones, que es casi igual a la reserva requerida por este régimen de pensiones.

Lo anterior se realiza a vista y paciencia de la Auditoría Interna de la CCSS, ya que a pesar de los múltiples informes que ha realizado dicho órgano auditor (ASF-065-2011, ASF-084-2014, ASAAI-210-2013, ASF-009-2014, ASF-019-2012, ASF-151-2013, ASAAI-187-2012, ASF-321-2012, ASF-112-2017, ASF-186-2016, ASF-15-2017, ASF-195-2017, ASF-137-2019, ASF-171-2020), todo termina en nada o como “cumplido”; pero cuesta a los asegurados ₡5 mil millones anualmente en el pago de salarios y demás gastos que demanda dicho órgano de vigilancia de fondos públicos.

Esto pone en serias dudas la integridad de la administración de IVM y del deber de probidad al que están obligados los funcionarios públicos. Recordemos que el artículo 73 de la Constitución ordena que los fondos y reservas de los seguros sociales (seguros de salud y pensiones de los trabajadores asalariados), no pueden ser desviados para otros fines distintos a los de su creación. Los artículos 32 y 34 de la Ley N° 17 establecen que el IVM debe gestionarse como un fondo de capitalización colectiva. Sin embargo, el actuario Ronald Cartín Carranza y actual asesor de la Presidencia Ejecutiva, quien presuntamente es nombrado a dedo a diario como Director a.i. de la Dirección Actuarial, propuso en el año 1980 cambiar o “formalizar” el modelo de capitalización completa por uno de primas escalonadas. El plan fue ejecutado con un primer escalón de 63 años de duración; en 2010 cambia la tarifa cada 5 años y a partir de 2020 cada tres años. En el estudio actuarial del año 1980 realizado por Cartín se lee lo siguiente:

Objetivo general del presente estudio

El presente estudio pretende dar un ordenamiento financiero adecuado y una definición matemático-actuarial apropiada y conveniente, al actual régimen financiero del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

  1. La implantación en la CAJA de un nuevo sistema de financiamiento, que sea conveniente a la evolución económica y social del país y que permita adaptar en forma flexible las prestaciones a los fenómenos tanto demográficos como económicos y sociales, permitiendo el otorgamiento de prestaciones suficientes para cumplir con la finalidad social que le fue asignada al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

Presuntamente al actuario se le olvidó que la evaluación actuarial y sus recomendaciones tenían que basarse en la normativa constitucional y legal (entre ella el artículo 73 Constitucional y los artículos 32, 34 y 43 de la Ley 17), de conformidad con lo ordenado a los miembros del Colegio de Ciencias Económicas en la Ley N° 7105 que dice: “Observar una conducta intachable, conforme con el reglamento de ética profesional, el reglamento y la ley.”  Los artículos 5 y 19 de tal Código de Ética indicado dicen lo siguiente:

Artículo 5. En el desempeño profesional y de las funciones que ejerza el colegiado debe actuar según los dictados de su conciencia y su leal saber y entender, sin hacer concesiones que menoscaben los intereses generales, o el buen nombre de los profesionales en Ciencias Económicas. Por eso su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz, ético y de buena fe.

Artículo 19. El colegiado tiene el deber ineludible de cumplir con las normas legales vigentes. Igualmente deberá ajustar sus actividades profesionales a las disposiciones y acuerdos que con carácter general y obligatorio dicten los organismos facultados para ello, siempre que se encuentren apegados a derecho.

En la página 54 de su informe, el Sr. Cartín llegó a la siguiente conclusión: “De conformidad a lo expuesto en las dos secciones anteriores, ante las inconveniencias de aplicar el sistema de prima media constante (como lo son los serios problemas de inversión ocasionados por la acumulación de enormes capitales y la dificultad de adaptar las prestaciones conforme al aumento en el costo de la vida), se concluye que el sistema financiero más adecuado para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte es el de la prima escalonada. Este representa una solución intermedia que, mientras garantiza la estabilidad de las tasas de cotización por un período relativamente amplio, evita la excesiva acumulación de reservas.”

En sus conclusiones el actuario no solo desacreditó al modelo de capitalización de reservas completas, para el cual también aclaró que en 1980 ya ocupaba una prima superior a la vigente -no vio el 7,5% que le estaban desviando, pues tampoco miró los artículos 32 y 43 de la Ley 17-, sino que también denigró al modelo de reparto; pues señaló que el costo sobre lo salarios crecería a un ritmo bastante alto; pero que para el año 2025 se estabilizaría. ¡Oh, qué alentador, en cuatro años el costo de IVM sobre los salarios dejará de crecer! Fue así como recomendó lo siguiente, para que todo fuera “oficialmente”, pues la Junta Directiva de la CCSS ya venía violentando la Ley 17, desviando fondos:

Adoptar oficialmente el «sistema de prima escalonada», como el método financiero que regirá el funcionamiento del Régimen de Pensiones. Para tal efecto es recomendable incluir en el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte la correspondiente reforma que defina claramente, sin dejar lugar a dudas, la organización financiera del Régimen.

Ya con esa recomendación la jerarquía de la CCSS se sintió con luz verde del actuario para seguir desviando fondos, pero necesitaba maquillar la normativa reglamentaria; por eso hoy leemos en el artículo 30 del Reglamento de IVM lo siguiente:

“En consistencia con la naturaleza y reformas introducidas al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, el sistema de financiamiento que rige es el de Primas Escalonadas, al que a su vez corresponde el método de valuación denominado Proyecciones Demográficas y Financieras. Es en ese marco en donde deben efectuarse las valuaciones actuariales para este Seguro, en las cuales se debe garantizar que los cálculos reflejen fielmente los métodos y las hipótesis adoptadas.”

Si alguien sigue con dudas sobre como los maquillistas se las ingenian para desviar tanta cantidad de billones de dinero, basta con que lea el artículo 43 de la Ley 17 que dice lo siguiente: “Artículo 43.- La Caja regulará la distribución de sus fondos con arreglo a los cálculos actuariales que le sirvieron de base, o con los que se adopten en virtud de los resultados que arrojen las revisiones ordenadas en el artículo anterior”, lo cual como dicen, “es un saludo a la bandera”, pues en el informe de auditoría ASF-205-2018 de fecha 4/12/2018, dice lo siguiente:

Mediante entrevista escrita, el Lic. Guillermo López Vargas, Director Actuarial y Económico, respecto a las razones por las cuales las valuaciones actuariales del Seguro de Salud, anteriormente no se remitían a Junta Directiva, manifestó: ‘Por ser un corte más financiero que actuarial, se remitían a la Gerencia Financiera para su valoración y quedaba a su criterio llevarla a Junta de Directiva. Las del Seguro de Pensiones esas si históricamente se han comunicado o la Junta Directiva. La Valuación Actuarial del 2015 del Seguro de Salud fue la primera que se conoció en Junta Directiva».

En cuanto a la Valuación Actuarial del Seguro de Salud 2015, esta se presentó formalmente luego de atender requerimientos anteriores, en el artículo 8 de la sesión 8978 celebrada el 19 de julio 2018. No obstante, llama la atención que dicho acuerdo de Junta Directiva no señala haberse aprobado la Valuación Actuarial.

Lo anterior significa que la Junta Directiva de la CCSS no dirige ni fiscaliza las operaciones de la Caja como lo ordena el artículo 14 de la misma Ley, sino que es a ella a quien la dirigen y gobiernan, pues todo el mundo se preguntará ¿cómo puede cumplirse el artículo 32 de la Ley 17, que ordena que los fondos del seguro social se dividan en dos partes, una para el fondo de reparto del seguro de salud y otra para el fondo de capitalización del seguro de pensiones, si esa Junta Directiva nunca había visto un estudio actuarial del seguro de salud y no ve ningún estudio actuarial conjunto de salud y pensiones?. La respuesta es que esa es la clave de los maquillistas para el desvío de fondos de IVM.

Si todavía alguien sigue dudoso, que vea la valuación actuarial que la Junta Directiva de la CCSS utilizó para tomar la reciente decisión de elevar las edades de retiro y bajar beneficios en IVM. Notará que el actuario asesor de Román Macaya y “Director a.i,” de la Dirección Actuarial según firma -presuntamente nombrado a dedo y quien recomendó en 1980 el modelo de primas escalonadas para IVM-, junto con el jefe del Área Actuarial presuntamente incurren en violación del código de ética y del deber de probidad definido en el artículo 3 de la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422, pues en la página 4 dicen que el estudio actuarial se realiza según “la normativa del régimen”, citan en la página 18 el artículo 32 de la Ley 17 y conocen que el costo del fondo de reparto (seguro de salud) regulado por la Ley 17 es de solo un 7.11% sobre los salarios en lugar del 15% que le trasladan -desviándole 7.89% (15% – 7.11%) sobre los salarios al IVM -; sin embargo, omiten mostrarlo en el estudio actuarial de IVM, con lo cual se convierten en cómplices de los maquillajes para  continuar con el desvío de fondos. En el resumen ejecutivo del informe actuarial se lee lo siguiente:

La valuación fue elaborada bajo la dirección y los lineamientos generales del actuario M.A.S. Ronald A. Cartín Carranza, Director Actuarial ai, de la DAE. El actuario responsable de la ejecución de las proyecciones, balances actuariales y otros cálculos aquí presentados. fue el actuario M.Sc. Cristian Torres Jiménez_ Jefe del Área Actuarial de la DAE.

El indicador de «Costo Anual» (Egresos año/Salarios año) presenta una tendencia evidentemente creciente, y con tendencia a superar el 13% para el año 2030 (y posteriormente alcanzar niveles cercanos al 33% para el año 2085).

El análisis del Balance Actuarial al 31/12/2018 con Grupo Abierto señaló un déficit actuarial de aproximadamente 100 billones de colones, obteniéndose una Razón de Solvencia del 48.3 % (o sea, al 31 de diciembre de 2018, hay un déficit que no permitiría al Fondo financiar al 51.7% de las promesas en el periodo de 100 años bajo estudio).

¿Recuerdan que nos habían dicho que para el año 2025 ese costo anual se estabilizaría; pero ahora nos dicen que casi se triplicará después de 2030 a 2085? En 1980 nos recomendaron no crear reservas; pero hoy usan como excusa esos faltantes -incluso bastante inflados- para mostrarnos una situación bien precaria del IVM y tener pretextos para elevar edades y bajar beneficios. ¿Recuerdan que nos dijeron que el cambio de un modelo de reservas completas a un modelo de primas escalonadas era para “dar un ordenamiento financiero adecuado” a IVM y que cumpliera sus fines? ¿Qué dicen en su informe los actuarios sobre el desvío de fondos de IVM? Nada.

Todo lo anterior sucede como una afrenta a la Mesa de Diálogo convocada en 2017, pues la Junta Directiva de la CCSS, en el artículo 180 de la sesión N° 8976, celebrada el 12 de julio del año 2018, acordó en el acuerdo tercero, acoger todas las recomendaciones realizadas por dicha mesa de diálogo, entre ellas las siguientes, que se encuentran sin cumplir por el Sr. Román Macaya y la administración activa de la CCSS (Ver informe auditor AI-2211-19):

“Se realicen las gestiones que correspondan para que se nombre como Director de la Dirección Actuarial a un actuario, en virtud de que las funciones sustantivas corresponden a esa disciplina.”

“Realizar un estudio de sostenibilidad del Seguro de Salud, que incluya la razonabilidad y pertenencia de las contribuciones, el cual sea elaborado por un organismo independiente con experiencia en sistemas públicos de Seguridad Social.”

Lo anterior no es sorprendente, pues la Directiva de la CCSS derogó en el año 2010 el Reglamento de la Dirección Actuarial, que en su artículo 3 ordenaba que la Dirección Actuarial fuera dirigida por un director experto en el campo actuarial. En su lugar aprobó un manual organizacional, que no indica los requisitos del puesto de Director Actuarial y que menciona que su fundamento es el reglamento que no existe pues fue derogado. En el manual organizacional se lee lo siguiente como factor clave de éxito:

“Se debe actualizar el reglamento de la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, aprobado por la Junta Directiva, en el artículo 11°, de la sesión N° 6489, celebrada el 24 de enero de 1991, con el propósito de que responda a la estructura funcional y organizacional establecida en el presente Manual de Organización.”

También en el manual organizacional se cita lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Política sobre la idoneidad comprobada para realizar nombramientos en cargos públicos, lo cual también está regulado en el artículo 21 de la Ley 17; sin embargo, el puesto de director actuarial ha sido llenado interinamente a dedo durante más de 12 años.

Como para ofender más a la Mesa de Diálogo de 2017, la jerarquía de la CCSS no solo ha incumplido la ejecución de esas dos recomendaciones, sino que su Junta Directiva nombró como Gerente Financiero a la misma persona que ya había ocupado el cargo durante seis años, presuntamente eliminando el requisito académico obligatorio de maestría afín al puesto y sin considerar que la misma persona estaba denunciada ante la Fiscalía General de la República por presuntos daños ocasionados a la CCSS que aceleraron la crisis del seguro de salud en el año 2011.¿Recuerdan que los estudios actuariales del seguro de salud se los enviaban a la Gerencia Financiera? Ella decidía si los tramitaba o no a la Junta Directiva; o sea, lo que existe es una Junta Directiva de adorno o de papel en la Ley 17. ¿Alguna duda? Los estudios actuariales del seguro de salud con corte al 31/12/2017 siguen maquillados, les falta el balance por modalidad de seguro y no dicen nada al respecto en sus conclusiones y recomendaciones. Igual característica tiene el estudio actuarial de IVM con corte al 31/12/2018 por la misma razón. ¿Quiénes y donde los maquillan? ¿En la Dirección Actuarial? ¿La Gerencia financiera sigue participando? ¿Y la Dirección Jurídica? ¿Y qué hace Don Román Macaya? ¿Los miembros de la Junta Directiva de la CCSS serán al fin y al cabo los responsables? ¿Y la Auditoría Interna? ¿La Contraloría General de la República? ¿El Ministerio Público qué hace? ¿O será que existe una camarilla para desviar fondos de IVM?

Y como para ponerle la cereza al pastel el asunto podría estar enturbiado por conflictos de interés entre el Director Actuarial y algunos subalternos, quienes presuntamente habrían recibido el pago de hasta 10 anualidades adicionales a las usuales, sin cumplir con los requisitos aprobados por la Junta Directiva de la CCSS en el artículo 5 de la sesión 8345 del 7/5/2009, pues desde el año 2013 no están laborando en el Área Actuarial, todo lo cual conoce el Sr. Román Macaya Hayes y hasta la Contraloría General de la República. Todo esto en relación con el teje y maneje del desvío de fondos públicos.

Todos estos hechos llevarían al IVM a una situación prácticamente de insolvencia a partir del año 2009, cuando los aportes ya no fueron suficientes para pagar los gastos, obligando -sin necesidad pues lo que hay es un desvío de fondos- a un aumento de los aportes de 1.66% sobre los salarios (0.66% el Estado y 1% el trabajador), lo cual ayudó poco porque ya era demasiado tarde y además el Covid vino a derramar el vaso lleno de pésima gestión.

Por todo lo anterior es que considero que el reciente acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS de reforma a IVM es completamente nulo; se realizó al margen de la normativa constitucional y legal citada anteriormente, sin un estudio actuarial que considere el impacto de la pandemia, sin crearle a IVM nuevas fuentes de financiamiento y sin reintegrarle los desvíos de fondos que le han venido haciendo. Con ello también incurren en la falacia de informar a la ciudadanía que con esa reforma le están dando sostenibilidad a IVM hasta el año 2050. Una mentira más.

Sin duda una de las acciones necesarias para restaurar la viabilidad financiera de IVM, es que le reintegren gradualmente el desvío de 7.5% sobre los salarios que le hacen, a razón de un 1% sobre los salarios por año, comenzando en 2022. A partir del año 2029 la devolución debe ser completa; es decir, un 7.5% sobre los salarios. Y por supuesto, hay que evitar que la CCSS siga siendo manejada por maquillistas.

He sido sumamente reiterativo brindando este tipo de opiniones técnicas desde hace casi dos décadas, tanto siendo funcionario de la CCSS como ejerciendo mi derecho como ciudadano. Este análisis fue presentado a la Junta Directiva de la Caja por FECTSALUD sin que hubiera sido tomado en cuenta, confirmándose que el principal objetivo de los maquilladores es continuar desviando fondos de IVM.

Más estafas “legales” contra la Caja Costarricense de Seguro Social – (Parte 8)

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Más estafas “legales” contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Proyecto del PUSC avalado por PLN, PAC y PRN pide garrote para la insigne institución.

Se tramita en la corriente legislativa un proyecto de Ley bajo el expediente 21.522 “AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES” presentado por los diputados del PUSC, entre ellos Pedro Miguel Muñoz Fonseca, el 31 de julio de 2019, el cual pretende condonar deudas a patronos y trabajadores independientes con la CCSS y las cuentas individuales que los trabajadores tienen en el Régimen Obligatorio de Pensiones y el Fondo de Capitalización Laboral creados por la Ley de Protección al Trabajador N° 7983. (Ver https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/07/EXPEDIENTE-N.°-21.522.pdf).

Preocupa no solo la afectación que tendrá la CCSS, sus asegurados y los trabajadores con cuentas individuales obligatorias, sino también el desestimulo y el mensaje erróneo que le envían a los patronos y trabajadores independientes honrados que pagan puntualmente sus obligaciones con la seguridad social. Sin embargo, como veremos más adelante, los trabajadores independientes y sus seguros en la CCSS requieren de una solución urgente. La motivación del proyecto es deficiente y no presenta los datos completos de la morosidad con la CCSS y nada sobre la morosidad con la Ley N° 7983. Únicamente dice “Al 31 de mayo de 2019, existen 15.553 patronos activos que adeudan a la institución ₡71.445 millones, monto que no incluye los intereses, multas y sanciones”, lo cual, como veremos, oculta la realidad.

Recientemente el diputado Pedro Muñoz -cacique del PUSC- presentó un texto sustituto del proyecto 21.522, en el cual excluye las condonaciones de adeudos a las cuentas individuales (Ley 7983; a lo mejor doña Rocío Aguilar Montoya hizo lobby!), a cambio de condonaciones de rubros en mora con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Ver http://www.masterlex.com/descargas/PuntoJuridico/2021/Junio/Texto_sustitutivo_Condonacion_CCSS.pdf). Como dice el dicho, el hilo se revienta por la parte más delgada, a pesar de que se autodenominan “socialcristianos”. Después los veremos con el puñal escondido pidiendo el voto a los más pobres. La nueva versión “fue votada por nueve legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y el diputado independiente Erick Rodríguez”, informa La Extra (https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451968/avanza-amnist-a-para-trabajadores-independientes-). Para fortuna del PUSC ya no estará solo escondiendo el puñal cuando esté buscando el apoyo popular el próximo año. Por supuesto que los jerarcas de la CCSS hacen la pantomima o el show de que se oponen al mismo (https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/caja-se-opone-a-condonar-deudas/). Saben que con eso ganan publicidad gratuita. ¿Quién le creerá a Macaya lo que dice en esa publicación, cuando el desvío de fondos y los maquillajes actuariales son lo cotidiano que ocurre en la CCSS, con la bendición de él y de la Junta Directiva de esa institución?:

“Tiene que ser un pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado. Todos esos filtros son los que tienen que considerarse a la hora de cualquier iniciativa, en este caso condonar o crear una amnistía”. “Ahí es donde la Junta Directiva, principalmente porque está violando el artículo 73, que le asigna exclusivamente a la institución el gobierno de esos seguros sociales, acordó oponernos al proyecto tal y como está”, dice Macaya en esa fuente.

¿Será que la cantidad de filtros que tienen la Constitución y las leyes actuales sobre el seguro social y la seguridad social no le permiten a Macaya y demás autoridades y Directivos de la CCSS ver lo que en ellas dice? ¿O será que la Constitución y las leyes actuales no tienen los filtros que Macaya exige? ¿O sería que a Macaya lo asesoró el nuevo trío “López, Picado, Alfaro” que asesoró a doña Rocío Sáenz pocos años atrás? En la época de doña Ileana Balmaceda -cuando quebraron el seguro de salud- el trío era distinto (era el trío “López, Guardia, González”); el nuevo trío tiene dos miembros renovados, con más músculo, bendición y poder para que todo sea como Macaya lo exige, con “pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado”. Los tres componentes idóneos: el jurídico, el financiero-económico y el actuarial. Por eso en el nuevo trío un miembro -el de mayor experiencia- domina la técnica actuarial al dedillo y es capaz de encontrar superávits donde hay pérdidas, otro maneja con gran sabiduría, rentabilidad y seguridad la platilla que aún le queda a la CCSS, en particular, el anémico IVM, su gran experiencia mató la necesidad de exigirle un título de maestría para nombrarlo en el puesto, por lo que ese requisito se cambió a “deseable” como antiguos y viejos conocidos ¿quién lo cambió?, y el tercero es experto en ciencias jurídicas para que le diga al oído al resto del equipo -incluido Macaya y los 8 caballeros y damas restantes de Junta Directiva- lo que es justo, legal y lo que no; también cuenta con gran experiencia. Si así fue, sin duda que Macaya y compañia está en todas como decimos los Ticos ¿Quién pondría en duda la experiencia, formación profesional y la ética de este RENOVADO Y FORATELECIDO trío? Aunque no faltaría quien lo dude y diga: “pobre el IVM y sus asegurados, lo que les espera”.

La cifra de ₡71.445 millones de morosidad patronal que menciona Pedro Muñoz en su proyecto, no solo está desactualizada, sino que oculta la verdad a la sociedad. El monto de la deuda morosa con la CCSS al año 2020 asciende a casi ₡840 mil millones, sin incluir la deuda estatal; pero recordemos que los miembros de la Junta Directiva de la CCSS, como son super cuates, compadres y camaradas de los otros políticos de Zapote y Hacienda, le tienen contabilizada al Estado una deuda bien bajita de solamente ₡2.2 billones. Más de la mitad de esos ₡840 mil millones corresponden a casos inactivos, muchos de los cuales son pura sinvergüenzada para no honrar las obligaciones. (Ver el Cuadro 1).

En https://www.elpais.cr/2020/02/05/ccss-rechaza-proyecto-legislativo-de-amnistia-para-recaudar-cargas-sociales/ se informa: “Luis Diego Calderón, Gerente Financiero de la Caja respondió que el dato histórico en el sector patronal es de cerca de 250 mil millones de colones, que de estos 76 mil millones corresponden a patronos activos y el monto restante corresponde a patronos inactivos, la estimación de lo adeudado representa menos del uno por ciento de la facturación de la Caja al año”, por lo que al comparar esas cifras con las del Cuadro 1 -suministradas por la CCSS a FECTASALUD y ANEP- se observa que presuntamente no se ajustan a la verdad completa; además de que el Gerente minimiza su importancia al decir “representa menos del uno por ciento”.

El proyecto de ley de Pedro (ahora del PUSC, PLN, PAC, PRN y Erick Rodríguez) no solo es omiso en mostrar la información sobre morosidad de los patronos y trabajadores independientes inactivos, sino que omite la morosidad superior a los ₡281 mil millones que tienen los trabajadores independientes y el análisis de las causas fundamentales por las cuales esta morosidad es tan elevada en este sector de trabajadores.

Sin lugar a dudas los gobiernos y las autoridades de la CCSS, principalmente la Junta Directiva, son los responsables directos de la situación preocupante que afronta, no solo este sector de trabajadores independientes, sino los regímenes de salud y pensiones que se han visto afectados por la irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos a quienes no les importa el futuro de los trabajadores, sean asalariados o no asalariados, como lo he venido mostrando y seguiremos viendo.

La Ley 7983 dispuso en su transitorio XVIII lo siguiente: “La Caja formulará dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, un plan de universalización de la cobertura del seguro social, en el que deberá establecer un cronograma con objetivos anuales cuantificables que deberán ser verificados y evaluados por el Sistema Nacional de Evaluación, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.” ¿Dónde están esos planes de la CCSS y las evaluaciones del ministerio candidato a Mega Ministerio? ¿Alguien los conoce para que me los muestre? Y si eso no existe ¿cómo iban a lograr la universalización de los seguros a los trabajadores independientes, ordenada en el Transitorio XII de esa misma ley? La respuesta los políticos la tenían clara, seguir desviando fondos de los trabajadores asalariados, tal como lo he venido mostrando.

Precisamente la Ley 7983 dispuso en el artículo 78 fondos adicionales para financiar dicha universalización (el seguro para los independientes). Pero ¿recuerdan lo que sucedió con esos recursos? ¿Le llegaron a la CCSS? ¿Le llegan hoy completos a la CCSS?: “Recursos para el fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte Se establece una contribución del quince por ciento (15%) de las utilidades netas de las empresas públicas del Estado, se encuentren en régimen de competencia o no. Lo anterior, calculado de conformidad con los estados financieros auditados anualmente, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en cuanto a su financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS a los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza” dice el garroteado artículo 78. ¡Viva Maripepa! Recuerden que la vedette quería ser primera dama en Tiquicia, lo que atrajo la atención de los medios mucho más que los dineros que le esconden a la Caja.

La misma ley adicionó al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS N° 17 el párrafo siguiente -por aquello de que los recursos del artículo 78 no fueran suficientes-: “Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal.” ¿Dónde están esos dineros? ¿Qué hizo la Junta Directiva de la CCSS para tener esos fondos? ¿Quién está en la cárcel? ¿Dónde está el Ministerio Público defendiendo a los asegurados? ¿Qué hacen la Contraloría General de la Repúblicas y las Auditorías Internas? ¿Y los diputados, al menos uno de los 57? Bueno, para ser honrado, reconozco el esfuerzo del diputado José María Villalta, no solo con esos fondos del artículo 78, sino también por la recuperación -en alas de cucaracha- de aquel mega chorizo del artículo 9 de la Ley 7374, superior a los ₡6 billones que obviamente no aparecen como deuda estatal en los estados financieros avalados por la Junta Directiva de la CCSS -solo los ₡2,2 billoncillos-. ¡Así es el trato entre compadres, no faltaba más! Por mera “coincidencia” ese texto adicionado al artículo 74 de la Ley 17 se parece al texto del artículo 9 de la Ley 7374. El texto más reciente supera al más antiguo principalmente porque “amenaza con cárcel”, por lo que seguro de ahí saldrá un mega salchichón mayor que el mega chorizo de ₡6 billones que nació del artículo 9 de la Ley 7374. Cuando alguien lo intente medir seguro no va a poder porque estará demasiado hediondo.

La Ley 7983 también agregó al artículo 3 de la Ley 17 lo siguiente: “Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal y que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, la cuota del Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal. Para tales efectos, se creará un programa especial permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. ¿Qué hizo al respecto la Junta Directiva de la CCSS? ¿Alguien sabe cuándo crearon el “programa”? ¿Quién lo creó, los diputados? No lo localizo.

Y para cerrar con boche de oro la misma Ley 7983 le adicionó el siguiente texto al artículo 1 de la Ley N° 17: “La institución creada para aplicar los seguros sociales obligatorios se llamará Caja Costarricense de Seguro Social y, para los efectos de esta ley y sus reglamentos, CAJA. “La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente.” Es decir, le ordena a la CCSS no usar las cuotas de los asalariados para esa universalización del seguro al sector no asalariado. No obstante, los miembros de la Junta Directiva de la CCSS parece que padecían o aún padecen dislexia, pues leyeron que los autorizaban a desviar fondos de las cuotas aportadas por los patronos y por los trabajadores asalariados, como ya lo venían haciendo desde antes del año 2000. Como tantearon que los trabajadores asalariados aguantaban o no sabían que les desviaban aportes, en el año 2007 la Junta Directiva de la CCSS aumentó las cuotas a los trabajadores independientes a tal grado que los asfixió, le quitó responsabilidades al Estado y dejó la base mínima contributiva lo más bajita que pudo para que los favores a los gobiernos fueran bien altos, creyendo los miembros de esa Junta Directiva que el Estado era lo mismo que el Consejo de Gobierno que los nombra cada cuatro años. ¡Muy agradecidos los compadres!

Regresando al proyecto de Pedro ¿será que los diputados del PUSC -acuerpados ahora por otros partidos- realmente están pensando en ayudarle a los patronos y trabajadores independientes que por las malas decisiones de los políticos incluidos ellos, están hoy en una situación muy complicada, o será que desean ayudarle a grupos poderosos de ambos sectores? La respuesta a esta interrogante no está disponible, habría que preguntarle a Pedro y compañía; sin embargo, algunos datos ponen a meditar a medio mundo. Según la información proporcionada por la CCSS para construir el Cuadro 1, existen al menos 38 patronos que le adeudan a esa institución ₡35,985 millones en forma conjunta. La deuda individual de cada uno varía desde los ₡500 millones hasta los ₡3,461 millones. Diez de ellos adeudan cada uno más de ₡1,000 millones. Algunos ya cerraron la empresa. Veinte trabajadores independientes tienen deudas con la CCSS que varían de los ₡100 millones hasta los ₡319 millones y una deuda total de ₡2,867 millones, sin descartar que estos montos estén más que duplicados por las escalas aprobadas en el año 2007. Me pregunto si Pedro Muñoz estará al tanto de ello o si solicitará a la CCSS que le aporte la información completa y detallada, incluyendo multas e intereses, nombres, apellidos, cédulas físicas y jurídicas. ¿Publicará Pedrito esos datos en los medios?

Supongamos que el proyecto de Pedro es aprobado -espero que no-. ¿Quién tapará el hueco que quedaría en las finanzas de la CCSS -salud y pensiones- por esa creación o maquillaje de los políticos de la CCSS y los gobiernos iniciada en el año 2000 con la Ley 7983? Los asalariados obviamente. El proyecto de reforma a IVM les quedará como anillo al dedo; más adelante doña Rocío Aguilar Montoya les ofrecerá una atractiva cuenta individual. Unas décadas después llamarán al cierre del IVM y posteriormente la CCSS.

¿Qué dice el máximo órgano constitucional sobre el desvío de fondos de los seguros sociales en la CCSS? Es un asunto que no les compete, sentenció hace una década el máximo órgano (Ver [1] y [2]):

“No le compete a esta Sala revisar si lo actuado por las autoridades accionadas se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración. Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”.

Chistosamente los juristas me mandaron a la CCSS -la autoridad recurrida- la que desvía los fondos . Más adelante les contaré lo que sucedió cuando se lo envié a la Fiscala General doña Emilia Navas Aparicio, cuando movía las redes sociales de la esperanza.

¿Qué dice la Sala sobre estos maquillajes de la Junta Directiva de la CCSS y los gobiernos iniciada contra los trabajadores independientes en el año 2007 y las omisiones o el incumplimiento de partes fundamentales de la Ley 7983 indicadas anteriormente? Nada aún, a pesar de que desde el año 2017 tienen en el escritorio una acción de inconstitucionalidad durmiendo el sueño de los justos. Ni la misma Procuraduría General de la República (PGR) -siendo abogado del Estado- se pudo tragar el cuento. ¡Me pregunto si don Gilberth Alfaro Morales observó pasar el ELEFANTE, o si será que forma parte del grupo de los camaradas y compadres!. La PGR concluyó (Ver [3]):

“CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, se concluye que los acuerdos impugnados, dictados por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, son parcialmente inconstitucionales en cuanto han creado una escala contributiva que exime al Estado de contribuir, para efectos de ajustar la ausencia de la cuota patronal, con el seguro social de los Trabajadores Independientes de mayor ingreso, específicamente aquellos ubicados en las categorías 4 y 5, lo cual violenta los principios constitucionales de razonabilidad, solidaridad social, justicia social y igualdad. ” (Destacados no son del original)

Aunque me temo que el asunto es más serio que eso. Posiblemente los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional están muy tranquilos y frescos en el fondo de pensiones al que ellos pertenecen, que si es el del Poder Judicial se financia con una cuota que es casi tres veces la que la Junta Directiva de la CCSS le traslada a IVM, muy flaquita debido al 7,5% sobre los salarios que le desvían desde hace décadas. Presuntamente más tranquilos estarán los llamados a “impartir justicia” sabiendo que si suben la cuota del Estado en IVM también sube la cuota del 29% que se cotiza para el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. ¿Quiénes pagan la cuota del 29% sobre los salarios de ese fondo de pensiones? Hasta los más pobres de Costa Rica con los impuestos que recauda el Gobierno y por supuesto todos los cotizantes de IVM que ahora quieren leñatear.

[1] https://drive.google.com/file/d/14RXzD83l6G8JzqzEnF93P52gxZUsTWdv/view?usp=sharing

[2] https://drive.google.com/file/d/1KJudBrL0vjDq18CM0eyVjLGjFo3WdKa1/view?usp=sharing

[3] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.aspx?ContInforme=0&param1=AIP&nValor1=1&param5=17-011922-0007-CO&paramInf=1&strTipM=IP1

El lobo y la oveja

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Hernán Alvarado

El 24 de octubre de 2020, La Nación publicó en su página 15 un artículo un poco raro de un autor tristemente célebre, titulado: «El instrumento y la toalla», factura del primer ciudadano de la República. Fue una comunicación baladí, tan inocua que pasó inadvertida, pese a que informa tanto sobre quién gobierna; o cuando menos sobre su megalomanía -conocido efecto del ejercicio del poder. Tal vez fue otro intento desesperado de mejorar imagen, mientras repite, pendiente abajo, que no le «…importa el costo político personal o la vanidad de la popularidad.»

Si los diputados hubieran cumplido con la reforma constitucional del artículo 9, del año 2003, y hubieran aprobado ya la revocatoria de mandato, otro gallo le cantaría. Hasta entonces la rendición de cuentas del artículo 11 seguirá siendo un saludo a la bandera. Pero el último informe de este mandatario fue más bien un insulto al Soberano. Raro también que mencione, entonces, en este extraño artículo, su «corazón republicano».

Dime con quien te comparas…

El artículo presenta un asunto personal y excepcional, a la sombra del actual «contexto crítico», «…coyuntura tan dura para el país». Y «más que para mostrar espiritualidad» lo hace para «delinear los valores» que guían su conducta. Ahora bien, ¿qué sentido tiene ventilarlos públicamente? ¿Acaso combate así la imagen de ateo que sus oponentes han querido endilgarle? Más adelante llega a afirmar que «Gracias a Dios no le debo nada a nadie, más que a mi familia… y al banco». ¿Y a sus electores, tampoco les debe nada? Confiesa, quizá sin querer, que el voto es para él un cheque en blanco, lo que explica bastante bien por qué gobierna como lo hace.

Al Presidente no le interesa mostrar espiritualidad, pero se apoya en una «oración que durante cinco años repetí en las mañanas y arraigó en mí como principio orientador de vida». Enseguida cita la oración que comienza diciendo: «Señor, hazme instrumento de tu paz…». Entonces, corresponde aludir primero al sujeto omitido de la oración, a Francisco de Asís (1182-1226), figura extraordinariamente significativa.

Francisco encontró su fe en el templo de San Damián, donde una imagen de Jesucristo le pide restaurar su iglesia en ruinas. Él restauró su templo, pero también su iglesia, es decir su pueblo, fundando tres órdenes religiosas. El que bautizaron Juan representa la esperanza del cristianismo, porque sustituye la pasión del sacrificio por el gozo de una presencia suprema. Lejos de fundar su fe en el miedo y el castigo, la busca en el amor humano. Francisco de Asís renuncia a su riqueza material y a sus títulos de nobleza para convertirse en un instrumento de paz; renuncia al ejército papal, a su ropa, incluso renuncia a ser sacerdote, por no considerarse digno de la investidura. Su mensaje es tan potente porque predica con el ejemplo; cuidando a los pobres, a los enfermos y protegiendo a los animales. La leyenda del lobo retrata bien su apuesta ética. Se cuenta que Francisco pactó con un lobo que azotaba a la ciudad de Gubbio; fiera que merecía el peor castigo. Pero su compasión lo amansa y convence a los pobladores de alimentarlo, en vez de perseguirlo. Su mensaje es conciliador y convoca a una convivencia pacífica, esperanzada y dichosa. En ese sentido, el Papa actual eligió muy bien su nombre, el cual porta con suma dignidad, aunque por ser la primera vez parezca más bien un síntoma.

Nada en común, entonces, con el estilo de gobierno del Presidente; así que se ve enseguida que la comparación no aplica. Más aún, resulta chocante que aluda a una voluntad espiritual tan radical para referirse a un ejercicio político tan superficial, que ha traído dolor y decepción a tanta gente; entre otros, a los miles de despedidos durante la pandemia para cuidar la rentabilidad de las empresas y los cientos de jubilados a quienes se les ha metido, descaradamente, la mano en el bolsillo.

Bien haría el señor Presidente en seguir el ejemplo de Francisco, renunciando a su arrogancia y mejor aún a su puesto, tan mal ejercido hasta ahora; por haber convertido la Presidencia de la República en piedra de discordia; en vez de erigirla, según había prometido, y según su deber, en atalaya de la concordia nacional. Por otra parte, hasta ahora él solo ha renunciado a una pensión que todavía no tiene y a una popularidad que ya había perdido irremediablemente.

¿Otro falso mesías?

El Presidente piensa que nos ha salvado de lo peor, prestándose como «un instrumento para el país», «…para hacer las cosas que antes no se quisieron o no lograron hacerse». En cambio, él quiso y pudo hacerlas porque comprende que la popularidad, que lo puso ahí, es pura «vanidad». En particular, para quien se siente llamado a «evitar una nueva crisis social, económica y política». Por eso, afirma que en el tiempo que le queda seguirá resolviendo «…por el fondo, no cosméticamente, y menos aún pateando la bola al próximo gobierno.»

Según lo que dice, él piensa que nos alejó del abismo con la reforma fiscal, aunque no hay mejor ejemplo de una decisión cosmética, que beneficia a unos cuantos y tira la bola hacia adelante. No hay mejor muestra de que en este país la clase política le tiene miedo a la mafia empresarial. La misma que hace «clavos de oro», goza de jugosas exenciones y amnistías, evade y elude sus obligaciones fiscales, se roba el impuesto de ventas, contrabandea y estafa impunemente. Cuando haya investigación en serio seguro que se encontrará también su asocio, de larga data, con el narcotráfico; con el que comparte la manía de esconder ganancias. Al respecto, el Presidente puede preguntarle a su principal asesor, el ministro que lo enlaza con el sector privado. La mafia empresarial demanda mejores servicios y carreteras, junto con el recorte del gasto público, trapito de dominguear del Presidente que revela para quien trabaja tanto.

La pandemia, junto con la crisis que desató, puso en evidencia que fue una falsa solución, una medida remendona para evadir el problema de fondo, o sea, una reforma fiscal justa y progresiva. Ahora el virus le sirve de excusa, aunque mala porque su eventualidad fue prevista desde el 2015; prueba de ello es que ya casi se tenían las vacunas listas. Hoy que el país se encuentra sumido en la anunciada crisis fiscal y en una más profunda crisis económica, el Presidente declara impávido que «Si aspiré a gobernar fue para evitar a toda costa una dolorosa crisis fiscal para las personas del país, apelmazada por 20 años durante los cuales, por un motivo u otro, no se concretaron las soluciones.»

Él está convencido de haber evitado lo peor, de haber sido un instrumento «en especial para quienes sufren pobreza y desempleo», bajo el alero de un manoseado argumento neoliberal: la medicina es amarga, pero es mejor que la enfermedad; las medidas son dolorosas, pero sería peor no tomarlas. El problema es que después de 40 años de neoliberalismo la enfermedad se ha agravado cada vez más pues la verdadera pandemia es la desigualdad social, resultado de esa política económica impuesta, desde el «consenso de Washington», mediante una dictadura en «democracia», ejercida con desparpajo por esos «representantes» que no escuchan, ni respetan, ni rinden cuentas a quienes los eligieron; puesto que ya se sabe que «La clase política no le tiene miedo al pueblo» (diputada del PLN, Yorleny León).

Si se ha gobernado o no para los pobres y desempleados lo dirán próximamente, en las urnas, los jóvenes, las personas con discapacidad, los vendedores ambulantes, las pequeñas empresas familiares, las jefes de familia, los pequeños agricultores abandonados hace años, los trabajadores despedidos, las comunidades pesqueras y fronterizas, las personas pensionadas. Y todos aquellos que se han quedado esperando una reactivación «inclusiva y solidaria». Admitiendo que el Presidente se ha prestado como instrumento, la pregunta entonces sería: ¿un instrumento de quién y para qué?

¿Y la oveja?

Lejos de ser instrumento de paz social, este Presidente ha venido a atizar la lucha de clases, apoyándose en la maquinaria mediática de la plutocracia. En complicidad con una Asamblea Legislativa que da vergüenza ajena, ha ignorado o vacilado a quienes protestan y proponen. Ha criminalizado las manifestaciones callejeras, ha satanizado las pensiones dignas y se ha aprovechado del confinamiento para aprobar, a toda velocidad, una serie de medidas anti-laborales, a cual más ocurrente, inconstitucional e irresponsable. Mientras tanto, los diputados se han ido a enterrar en su búnker, que más parece una caja de (mala) leche que un «santuario de la democracia».[1] Nos costará años reparar los desaguisados de este (des)gobierno.

Por otra parte, el Presidente dice que combate el populismo porque «…es la peor amenaza que nos acecha y contra el que había y hay que actuar». ¿Y por qué? Porque «…expresa odio hacia algunos o discriminación en todos los sentidos.» Sin embargo, pasa por alto que el principal rasgo populista es precisamente un líder mesiánico como él, que se sirve del odio y el miedo con la cuchara grande. Él se ha basado, por ejemplo, en las campañas orquestadas y denigrantes contra las personas jubiladas, contra los empleados públicos, contra las universidades y su autonomía, con el único fin de cargar de impuestos a las mismas espaldas de siempre y continuar con su obsesiva reducción del Estado. Ese populismo neoliberal, al que parece atado de pies y manos, muestra hoy sus garras más despiadadas, porque está más acorralado que nunca. Por eso crea enemigos por doquier, mediante campañas repetitivas de corte neofascista, a cual más mentirosa y manipuladora.

Así que no es casualidad que don Carlos haya salido premiado con el título del peor presidente, entre 11 países considerados, según información reciente de CID-Gallup; algo que no debería seguir tomando a la ligera. Ningún presidente que haga lo que hay que hacer obtendría una calificación tan mala. En definitiva, el Presidente no es convincente porque su discurso no pega con la realidad y él mismo convirtió el «diálogo nacional», su mayor esperanza, en otro simulacro mediático; para lanzarnos después en las fauces del Fondo Monetario Internacional.

En suma, estamos enfrentando a un Presidente que se cree salvador, hasta el punto de pretender compararse con Francisco de Asís; mientras hace un discurso incendiario, provocador y desafiante. Él dice que combate privilegios (de los pensionados) mientras defiende los lujos y privilegios de la mafia empresarial, al punto de que el último Ministro de Hacienda debió irse por poner el dedo en la llaga de la evasión y por no encontrar «el prócer» que necesitaba el país, según sus propias palabras, para enfrentar la delicada situación fiscal post pandemia. Lo cierto es que este gobierno ha sido, como lo expresara Luis Fernando Astorga, un gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos; que se ha dedicado, contra su juramento, a conculcar nuestra Constitución, actuando como una dictadura que impone su ley y su criterio, sorda a cualquier otra opinión. A eso llama gobernar con firmeza.

De ahí que la democracia liberal representativa esté tan herida de muerte, porque sus salvadores desprecian a quienes los eligen y les piden cuentas. Hoy mismo, esa élite gobernante se siente llamada a acabar con el Estado social que surgió del pacto histórico del 49. Pero un derecho es una libertad socialmente conquistada, por eso pretender transformar los derechos adquiridos en odiosos privilegios resulta tan regresivo, tan bárbaro, tan brutal como querer devolver la rueda de la historia. Eso atenta contra los derechos humanos, incluso contra el derecho de propiedad, infectando a todo el sistema de inseguridad jurídica, a penas propia de un Estado fallido. En conclusión, este gobierno arbitrario y autoritario, de corte neofascista, ha declarado repetidamente y de diversas maneras que ha venido a hacerle la guerra a nuestra paz social. A eso llama resolver los problemas del país.

Al final, el Presidente suelta su broma: «¿Y la toalla? Solo me sirve para secar sudor y arropar el amor por Costa Rica». Un intento ingenioso, aunque malogrado, que más bien parece otra «burrada», porque ¿en qué cabeza cabe que el amor por Costa Rica necesita ser arropado y además con una toalla sudada?[2] Para colmo, don Carlos ha resultado, como Presidente, un mal comunicador y humorista. ¿Y la oveja? Sirva solo para recordar que hoy abundan los lobos que suelen arroparse con su linda piel.

[1] Sobre la estética fascista de ese edificio ver el excelente artículo de Laura Flores Valle en el Fígaro, titulado: Mirar y obedecer: la estética autoritaria del nuevo edificio legislativo; se encuentra en: el-figaro-net.

[2] «Si digo una burrada me corrigen porque yo no paso de periodista» Carlos Alvarado, 21 de noviembre de 2020.