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Etiqueta: desaparición

México: A 10 años de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, nos siguen faltando 43 

Las Américas, 27 de septiembre de 2024. Ha transcurrido una década desde la detención y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, un centro de formación de docentes ubicado en Ayotzinapa, Tixla, estado de Guerrero, México. A lo largo de estos 10 años no ha habido justicia y los avances han sido posibles por la lucha inclaudicable de los padres y madres.

La investigación de la desaparición de estos jóvenes, un gravísimo caso de violencia estatal en México, en un primer momento fue dolosamente desviada para encubrir a los responsables. A pesar de las solicitudes de los padres y madres, de sus representantes y de las autoridades fiscales, no ha sido posible el acceso pleno a información militar indispensable para esclarecer los hechos y determinar el paradero de los jóvenes. Al respecto, en agosto de 2023 el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Ayotzinapa fue claro en señalar que el ejército mexicano contó con información sobre la detención y desaparición de los estudiantes y a pesar de esto, decidió no actuar. Los expertos señalaron también la persistencia de mentiras y engaños para encubrir a los responsables y tergiversar la verdad de lo sucedido.

En este aniversario CEJIL se une a las voces que reconocen el inmenso coraje y valentía de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos que no han cesado en su búsqueda de justicia y en su clamor por recuperar a sus hijos. Con ellas y ellos, nuestra solidaridad.

De igual manera, expresemos nuestro reconocimiento a las organizaciones que acompañan a las familias en esta lucha: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Serapaz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Estas organizaciones han sufrido acoso e intentos de desprestigio por su labor de defensa de los derechos humanos.

La desaparición forzada es un crimen que no cesa hasta en tanto no aparezcan las personas o se esclarezca su paradero. Pero, sobre todo, es una herida que no se cierra, una espera que no termina, un dolor que no encuentra alivio. Por eso, en este 10 aniversario, retomamos las demandas de familiares y organizaciones:

A las autoridades encargadas de impartir justicia, exigimos el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la identificación, juicio y en su caso sanción, de todos los responsables, tanto en la esfera civil como militar. En este proceso es indispensable asegurar investigaciones independientes y rigurosas.

A las autoridades militares, demandamos la entrega de todos los archivos en su poder relacionados con este caso, pues está claro que tienen información que puede agilizar las investigaciones.

Y a quienes asumen el nuevo gobierno, le solicitamos vehemente que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de las familias y las organizaciones que las representan, especialmente garantizar la independencia de las investigaciones para que la verdad prevalezca en este caso. Es indispensable en el proceso que se reconozca y respete la legitimidad de la defensa de los Derechos Humanos y cesen los ataques a las organizaciones.

Finalmente, reiteramos la exigencia de que se determine el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos. Les faltan a sus familias, le faltan a México, nos faltan a toda la humanidad.

Violencias Estatales y desaparición forzada en América Latina

El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), invita al espacio de diálogo abierto al público que se realizará mañana martes 26 de setiembre, para conversar sobre «Violencias Estatales y desaparición forzada en América Latina«.

Se contará con la participación de Julieta Montoya (Argentina), Cindy Vargas (Térraba, Costa Rica) y Tania Paloma Hernández (México).

La actividad se realiza en conmemoración del tercer aniversario de la desaparición forzada en Ayotzinapa.

Para confirmar su asistencia: 2253 0229.

 

Compartido en redes digitales por Eva Carazo.

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Manifiesto de los Pueblos de la Nación Diaguita

Los hechos que vienen sucediéndose en un marco de creciente represión desde la desaparición del ciudadano Santiago Maldonado hace 50 días, pone en evidencia los intereses existentes sobre los bienes naturales en territorio mapuche por parte de los gobiernos tanto nacionales como provinciales. En esta nueva campaña al desierto se cuenta con medios de comunicación de alcance nacional que han instalado la manipulación mediática constante para desinformar a la sociedad argentina demonizando nuestros reclamos como pueblos y pretendiendo instalar irresponsablemente, en muchos casos desde los propios funcionarios del gobierno una imagen distorsionada de la problemática.

Las corporaciones, los privados y el propio estado avanzan en distintos puntos de Argentina generando un lamentable retroceso en materia de aplicación concreta del derecho colectivo reconocido constitucionalmente.

La falta de voluntad de los representantes ante el congreso nacional de tratar la prórroga de la Ley 26.160 es coincidente con esta política pública nacional de desconocimiento de los derechos indígenas, al menos por una gran parte de quienes nos representan. Las serias consecuencias que traería aparejada la falta de aprobación de la correspondiente prórroga vendrán a agravar la ya delicada situación de nuestras comunidades a lo largo del país, hostigadas brutalmente por los poderes judiciales provinciales ordenando los múltiples desalojos que se suceden cotidianamente en nuestros territorios en clara violación de esta Ley.

La clara incapacidad o decisión de las autoridades nacionales de trabajar seriamente sobre los problemas de fondo, creando mecanismos eficaces para cumplimentar las acciones ya encaminadas como la finalización de los relevamientos territoriales, profundizan la mora de un estado que tiene la obligatoriedad de cumplir con sus compromisos constitucionales de resguardar nuestros derechos.

Nos solidarizamos con el pueblo Mapuche que padece los embates represivos más cruentos, sin dejar de mencionar que esto es parte de una realidad que padecemos a lo largo de todos nuestros territorios y hacemos un llamado a la movilización permanente de nuestras organizaciones en alianza con las organizaciones que luchan en defensa de sus derechos laborales, culturales y de género, que son víctimas como nosotros de este modelo que nos oprime.

Adherimos a las movilizaciones que se realizaran en distintas provincial y en Bs As el próximo 27 para visibilizar nuestro reclamo y exigir que se prorrogue la Ley 26.160.

POR LA MEMORIA DE NUESTROS MARTIRES Y TITAQUINES

EN DEFENSA DE LA VIDA QUE ES NUESTRA PACHA MAMA

Manifiesto de los Pueblos de la Nacion Diaguita3

Manifiesto de los Pueblos de la Nacion Diaguita2

*Imagen tomada de http://uniondiaguita.blogspot.com/

Enviado por Franklin Ledezma Candanedo.

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COPINH denuncia detención de compañero indígena Lenca

Comunicado

Honduras: Alerta

 

COPINH alerta de manera URGENTE la detención y hasta el momento desaparición del compañero de COPINH Mauro Gómez de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, Intibucá. Compañeras y compañeros de Río Blanco nos informaron que hoy, a medio día, fue detenido en la vega del Achotal mientras trabajaba, por miembros de la policía y el ejército de Honduras, el nombrado compañero, alegando el delito de tala de un árbol.

Además alertan que hoy mismo se observaron en la comunidad 3 carros pertenecientes a la empresa DESA que circulaban con miembros de la policía. Las autoridades hicieron manifiesto que lo trasladarían a La Esperanza, Intibucá, pero a esta hora la Coordinación General se ha movilizado a investigar y no se encuentra registrado como detenido en La Esperanza, por tanto, desconocemos su paradero.

Invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales a llamar de manera inmediata a las autoridades hondureñas para saber el fin y liberación de nuestro compañero Mauro.

Entre ellos al Secretario de Seguridad, Julián Pacheco: (504) 9456-3699; Sagrario Prudott (Jefa de de DDHH en la Secretaría de Seguridad): (504) 3152-8878.

Hay que decir que este hecho sucede inmediatamente después de culminada la audiencia sobre el mecanismo de protección para defensores y defensoras (…), que se desarró en Panamá en el marco del 159 Periodo de Sesiones de la CIDH, quedando demostrada la negligencia y la actuación cínica del Estado de Honduras.

2 de diciembre del 2016.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de copinhonduras.blogspot.com

Enviado a SURCOS Digital por Rafael López Alfaro.

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Tiempos de fuego sobre Venezuela

Algo no va a aguantar más en Venezuela. Es una sensación que se percibe en el aire, las conversaciones, la manera de chocar de la calle, los transportes públicos, las personas, la tensión en las colas que están en todas partes y son perenes, resisten al sol y la lluvia. Como si se estuviera viendo en cámara lenta el impacto que está por venir, una olla a presión a punto de desbordar.

Algunos hechos lo indican: los asesinatos de los chavistas Ricardo Durán, jefe de prensa del Gobierno del Distrito capital; de César Ver, diputado suplente del Consejo Legislativo del estado Táchira, y de Marcos Tulio Carrillo, alcalde de La Ceiba; la desaparición de dirigentes campesinos, la imagen del colectivo atropellando y matando a dos policías, los rumores de saqueos que se agudizan, la denuncia de la preparación de un Golpe de Estado para el 15 de mayo, el llamado hecho el 1 de mayo por Nicolás Maduro a una rebelión en caso de perderse el Gobierno. Y el cotidiano: vivir en Venezuela es resistir desde hace ya dos años a la escasez generalizada, la presión para ver dónde y a qué precios conseguir alimentos, medicamentos, productos de higiene, agua.

Se trata de los efectos de la guerra no convencional desatada sobre la revolución bolivariana, que opera con, al menos, cuatro frentes en simultáneo. En lo comunicacional las acciones son nacionales -todo paralelismo con el grupo Clarín es válido- y fuertemente internacionales: desde la BBC, a El País, pasando por La Nación. Se trata de deslegitimar al Gobierno, en particular a Nicolás Maduro, construir una matriz que convenza que existe una crisis humanitaria en Venezuela para legitimar una intervención extranjera. En lo geopolítico la estrategia es de tenaza: abrir conflictos desde Guayana Esequiba, Colombia y Estados Unidos, con apoyo de ONG financiadas por la Usaid y la NED, y ataques de organismos como la OEA. En lo económico el plan es desabastecer, aumentar los precios, destruir el poder adquisitivo -un 97% menos en 3 años- crear colas, redes de reventa, desgaste popular. El último plano, el violento, contempla tanto la infiltración de paramilitares para disputar los territorios populares, las acciones de calle incendiarias como asedios e intentos de saqueos -convocados abiertamente por dirigentes de la oposición-, así como el incremento de homicidios y robos para asfixiar el día a día.

El objetivo es recuperar el Gobierno y de ahí el poder. Todas las vías son posibles: insurreccional, golpista con un sector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, electoral. Esta última opción, descartada por una parte de la oposición durante un tiempo, volvió a emerger luego de los resultados de diciembre pasado que dieron una victoria legislativa a la derecha. El llamado a referéndum revocatorio, que ya comenzó con la recolección de firmas, es la continuidad de esa línea. Los números parecen indicar que lograrán convocar al referéndum, que requiere reunir firmas equivalentes al 20% del registro electoral (3.959.560) Para lograr la revocación, necesitarían tener más votos de los obtenidos por Nicolás Maduro en el 2013, es decir más de 7.587.532. Otra cuestión es central: en caso de darse el referéndum antes del 10 de enero, y de perder el presidente, deberán darse elecciones para elegir al nuevo mandatario. En caso de darse después de esa fecha, asumiría a la cabeza del Gobierno el vicepresidente, quien terminaría el mandato, hasta el 2018. Los tiempos queman.

Se trata de un plan de guerra elaborado desde los Estados Unidos, como lo demuestra el documento “Operación Venezuela Freedom 2”, perteneciente al Comando Sur, firmado por el almirante Kurt Tidd. Ahí quedan expuestas las conclusiones sobre la primera fase de las operaciones y los puntos a seguir para terminar con el chavismo en el Gobierno. El lapso es de seis meses, y lo legal/electoral aparece en realidad como pantalla, no como plan real. Quienes dirigen los tiempos de la desestabilización son los Estados Unidos, que necesitan recuperar el control directo sobre el circuito de materias primas, en particular el petróleo.

Lo que se vive en Venezuela es el impacto de las nuevas metodologías imperialistas, aplicadas por ejemplo en Libia y Siria. Se trata de crear caos, romper el vínculo entre el pueblo y su Gobierno, construir un escenario de ingobernabilidad para negociar con quienes logren controlar poder: el nuevo Gobierno, bandas paramilitares, quienes estén dispuestos, una vez más, a entregar sin mediaciones las riquezas nacionales.

La excepción venezolana

La actualidad Venezuela se enmarca en la etapa política de contraofensiva continental. Es parte del Golpe en marcha en Brasil contra el Gobierno del Partido de los Trabajadores, de la revancha encabezada por Macri en Argentina. El imperialismo busca recuperar terreno, las clases dominantes latinoamericanas necesitan reconfigurar los gobiernos en una etapa de crisis del capitalismo. En ese contexto la revolución cobra un sentido particular: es el punto del continente a partir del cual se propagó la integración del siglo XXI -Alba, Unasur, Celac, PetroCaribe-, se impulsó una alternativa regional que consiguió lo que no se había logrado en décadas, siglos, incluso nunca.

Y es más que eso: el proceso bolivariano fue, y sigue siendo, el que puso sobre la mesa el debate sobre el poder y la construcción de un proyecto no capitalista. Tanto en lo teórico -quedan materiales imprescindibles de Hugo Chávez- como en la práctica popular. Desde el inicio se le quitó poder a las clases dominantes -burguesía, oligarquía e imperialismo- para redistribuírselo al pueblo organizándose. No se trató de gestionar el Estado de forma progresiva para ampliar el consumo, sino de socializar la democracia, el poder y terminar con la estatalidad burguesa. Para eso varias herramientas y ensayos fueron construidos desde 1999: desde la democracia participativa y protagónica, hasta las comunas y el, por construirse, Estado comunal. En Venezuela se expropiaron tierras, fábricas, se nacionalizó el petróleo, se desplazó a los partidos políticos que habían gobernado durante treinta años. Por eso la respuesta fue tan rápidamente violenta: el Golpe de Estado del 2002, sabotaje petrolero del 2003 y referéndum contra Chávez del 2004 fueron la muestra nítida de eso.

Eso explica la dimensión de la revancha que se prepara contra el chavismo, es decir los sectores populares. Lo dijo Nicolás Maduro luego de la derrota legislativa en diciembre: lo que está en juego no es un cambio de Gobierno, sino un intento de contrarrevolución. Sabemos en el continente lo que eso significa. Las clases dominantes perdieron poder simbólico, político, económico. Buscan recuperarlo y ejercer un castigo de masas.

La violencia contrarrevolucionaria es proporcional a lo profundo de la experiencia revolucionaria. Solo aplicando tres años de guerra no convencional cada vez más aguda, se logró erosionar una parte de lo acumulado durante los 16 años de proceso. La capacidad de resistencia demostrada frente a desabastecimientos, colas de 12 horas para conseguir dos o tres productos, un mercado en negro como cáncer, asesinatos selectivos a dirigentes, ataques psicológicos a gran escala, ridiculización mediática del presidente, indican la profundidad de la revolución. El chavismo es mucho más que un gobierno, es una experiencia de participación y empoderamiento radical. Para comprenderlo hay que ir barrio adentro, campo adentro, conocer las experiencias comunales, de construcción de viviendas, observar la redención de los humildes cuando marcha el chavismo.

Debates urgentes

Existe un enemigo claro. Que desata la guerra, no se muestra -esa es su estrategia- y al que se llega por documentos, análisis, discursos, acumulación de pruebas, comparaciones históricas. Pero hay otro, vestido de rojo, de cargos gubernamentales, de responsabilidades y poder. Es evidente por su impacto en la vida cotidiana, la ineficiencia estatal que corroe el proceso, el contrabando a Colombia, que tiene nombre cuando es arrestado por corrupción. El último caso fue la denominada Operación Gorgojo, donde resultaron detenidos los responsables de la red de distribución de alimentos estatal Abastos Bicentenarios. Luego de varios años de guerra económica se descubrió entonces que una de las herramientas principales para hacerle frente estaba en realidad bajo control de sectores corruptos. Lo mismo pasó con la Ley de Precios Justos, donde por dos años el marcaje de precios finales le fue cedido por debajo de la mesa al sector privado.

El impacto de la corrupción en las bases del chavismo es profundo. Enojo, desánimo, desconfianza con sectores del Gobierno, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Elementos que, en el contexto global, se acumularon y fueron parte de las causas los resultados electorales del 6 de diciembre: no fue tanto una victoria de la oposición -así lo dicen los números- como un voto castigo del chavismo a su conducción. Las consignas al día siguiente eran contundentes: depuración, limpieza. Principalmente de la mediación política central, el Partido Socialista Unido de Venezuela, así como de dinámicas superestructurales de rotación de cargos, repetición de los mismos dirigentes en puestos estratégicos, sordera gubernamental, convocatoria a espacios de debate popular sin consecuencias en las tomas de decisiones. Un debate de fondo: dónde debería estar el poder en la revolución, donde (no) reside y por qué.

Asuntos de muchos años que, en la actual etapa, se tornaron urgentes. Siempre existieron sectores reticentes a impulsar el proceso de empoderamiento radical popular, que se vieron a sí mismos, en ministerios, puestos de dirección, oficinas con aire acondicionado en torres de muchos pisos, como portadores exclusivos del proceso. Su justificación preferida: “El pueblo no está listo”. Para quienes acordar con el sector privado, razonar en términos de porcentajes y negocios, fue más importantes que construir los cimientos de una nueva institucionalidad gobernada por los sectores populares organizados en su territorio. Que se opusieron directamente a que eso suceda, y hoy controlan grandes cuotas del Gobierno, en gobernaciones, alcaldías y ministerios, por ejemplo. Dirigentes contra los cuales Hugo Chávez descargó su último discurso, sentenciado con la consigna de “comuna o nada”. La revolución es la disputa por su sentido y accionar.

Se trata de deudas impostergables. Así como la construcción de una nueva matriz de desarrollo económico. Una consigna que puede resultar sencilla de enunciar, pero que en un país moldeado durante un siglo alrededor de la dependencia de la renta petrolera, es particularmente compleja de construir. Sobre todo, cuando el precio de venta del barril se encuentra por debajo de 40 dólares desde hace ya casi dos años. El Estado dispone de cada vez menos dinero. Por eso fue anunciada la pronta explotación del megaproyecto minero denominado Arco del Orinoco, una futura fuente de ingreso de dólares, que irá, según parece, contra el mismo Plan de la Patria -el plan de gobierno escrito por Hugo Chávez para el 2013-2019- que indica: “Tenemos la tarea histórica de contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, y ello supone detener la devastadora fuerza de destrucción del modelo capitalista”. La situación apremia en la economía venezolana, y se ha priorizado acuerdos con los sectores privados, y la búsqueda de fuentes de ingreso controversiales como ésta última. Existen acompañamientos estatales a empresas de propiedad social, fábricas recuperadas, tierras agrícolas comunales, pero pequeños en relación a lo que requiere el proyecto y la etapa.

Resulta difícil elaborar pronósticos acerca de cómo se darán los próximos sucesos. Es seguro que la guerra se agudizará, y aunque algunos sectores del chavismo en el gobierno busquen acuerdos, no pareciera existir la posibilidad de frenar la decisión impostergable de la contrarrevolución. Conciliar no es una posibilidad. El país parece una olla a presión, donde todo el mundo se levanta preguntándose si hoy será el día en que pase. ¿Qué? Algo, un estallido, un Golpe, una violencia incendiaria, una intervención, una descarga popular sobre quienes arman las redes del mercado paralelo, llamados bachaqueros, y crean una batalla de humildes contra humildes. En ese contexto muchos escenarios son posibles. Por ejemplo, que se realice el referéndum revocatorio, Nicolás Maduro pierda, y sea elegido en su lugar un nuevo presidente chavista en vez de un opositor. O que tenga lugar un ciclo agudo de violencia cotidiana que desemboque en un Golpe que saque al presidente y abra un escenario de confrontación callejera. Algo no va a aguantar mucho más, eso parece seguro.

 

Fuente original http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/05/tiempos-de-fuego-sobre-venezuela/ Compartido con SURCOS Digital por Javier Solís.

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…Y ahora: ¿quién tiene a la periodista Hernández?

Carlos Meneses Reyes

 

La noticia de la desaparición de la periodista colombo-española Salud Hernández, en pleno Catatumbo, arrecia conmoción en la Provincia de Ocaña. Cómo nos duele OCAÑA. Cómo la indolencia del Estado colombiano permite que mientras en La Habana se finiquiten los borradores para la firma del Acuerdo Final (AF), entre los plenipotenciarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejercito del pueblo (FARC-ep) y el Gobierno colombiano, el escenario de la guerra recrudece en El Catatumbo. Para la periodista Jinet Prietro en la región del Catatumbo el discurso de la paz se siente más como publicidad que como realidad.

Pero que hacia la periodista salud Hernández en el Catatumbo

Caracterizada por su posición ideo-política, La Enferma Hernández- así calificada por su posición enfermiza a oponerse a todo cuanto signifique solución política al conflicto interno colombiano- pareciere que cumpliere con un legado expreso de la extrema derecha hispanoamericana porque el mandato constitucional de la búsqueda de la paz, no se realice en Colombia. Una mujer de ese talante periodístico desde que llegó a Colombia traída por Francisco (el facho ) Santos ha demostrado la realidad del activismo político, en el periodismo, de extrema derecha. El diario de capital español El Tiempo, por intermedio de su director, expresa que estaba en una labor de recopilación de información sobre el cultivo de la coca y el narcotráfico en El Catatumbo y sobre lo cual presentaría algunas entregas. Inexplicable tal conmiseración, ante un fenómeno de por sí conocido, sobre el que se ha escrito ríos de tinta y en el que aparecen involucrados más de treinta y cinco mil hectáreas de cultivos de coca. A manera de comparación, la inconveniencia y desfase de ese trabajo, resulta parecido al trabajo de Natalia Springer, en cuanto aporte académico-jurídico de “procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales internacionales cometidos en el marco del conflicto” y que represento miles de millones de pesos a ella otorgados por el Fiscal Montealegre. Danza de corrupción clientelista denunciada por el Fiscal Delegado ante la Corte, Alejandro Ramelli y que permitió al jurista Carlos A Ruíz Socha, expresar que el Fiscal Montealegre, posando de justiciero dejó presentado un espurio expediente de “macroimputación” a la comandancia del ELN por supuestos cientos y miles de crímenes. Agregando ese abogado colombiano, Ph D en Derecho y Ex asesor de las FARC-EP en el actual proceso de paz de La Habana: “hay que ser un poco estúpido para no darse cuenta de cómo se busca presionar puerilmente al ELN para que acepte dócil someterse mediante esta minuta y suscribir por desesperación la cuestionada justicia especial para la paz”.

A manera de recuento, La Enferma Hernández, había entregado en material de “investigación periodística” en el bello sitio turístico de La Playa de Belén- Ocaña (a donde no llegan turistas por la guerra), un panorama re memorable de cómo quedó esa región ocañera luego de la supuesta muerte en combate de Víctor Navarro Serrano, alias Megateo (dirigente del EPL). La calificada periodista deja el sin sabor de la reserva mental al no expresar (así no le diere aceptación) la opinión de masa del campesinado de no credibilidad en esa muerte. La crónica inconclusa de un muerto en el que no existe cadáver. Más parecido a un falso positivo, en el que la policía (no cívica y si militar) de alta montaña- asume el operativo y la emblemática periodista determina que el mítico personaje voló en átomos. ¡Qué indignante! Revolcar la memoria del prócer Ricaurte, por parte, además de colombiana, de una súbdita del rey de España!

Que esta retención no represente más sacrificio para la provincia de Ocaña

El Presidente Santos, como comandante supremo de las fuerzas armadas colombianas ha ordenado celeridad y por su orden activado los protocolos de búsqueda de la periodista. Algo que en el argot represivo significa pleno poder a la “autoridad” militar en la que más afectada es la población campesina e inminente la violación de los derechos humanos y ecológicos en esa región.

Wilfredo Cañizares, representante de la Fundación Progresar, una de las ONG con más credibilidad en el Norte de Santander, expresa que en el Alto Catatumbo, desde el 1º de enero de este año hasta el 16 de abril, han ocurrido 27 asesinatos, fuera de combate. Una mujer, Nelly Amaya, fue asesinada al frente de su casa, porque era allegada a policías y militares. Desde hace más de seis meses se encuentra desaparecido el líder agrario Henry Pérez, presidente de las juntas de acción comunal en la zona. También registra amenazas contra 12 líderes más. “Les llegó un aviso diciendo que tenían un día para irse y se fueron”.

Durante los días en que la periodista Hernández visitaba El Tarra, asesinaron a un campesino de apellido Pérez Contreras (23 años). Los jóvenes Javier Navarro Chinchilla y Cristian David Ropero Rincón de 20 y 21 años, desaparecieron del casco urbano, lo cual motivó movilización de más de quinientas personas, lográndose la liberación o aparición de esos dos jóvenes…Ante ese panorama trágico, el ELN había negado el secuestro (el pasado 20 de abril) de la abogada ocañera Melissa Trillos y el líder comunal Henry Pérez. La abogada, apareció misteriosamente junto a un desconocido para ella, en jurisdicción de Guamalito-Convención. El Presidente Santos trinó que el desconocido era del ELN y con tan precipitada aseveración, tendió un manto de duda sobre la situación y destino de Henry Pérez.

La verdadera situación del Catatumbo

Huelga resaltar un panegírico al respecto y los niveles de lucha alcanzados del campesinado catatumbero, pese a la atroz aplicación del terrorismo de estado expresado en la horrible noche del paramilitarismo. Nunca se ha silenciado ni la voz ni el trueno, ni menguado el relámpago del Faro del Catatumbo. En modo alguno la irrupción armada pretendió sustituir al Estado. Afirman los entendidos que fue el abandono del Estado la causa objetiva de esa irrupción guerrillera. De manera que no es cierto que el Catatumbo “ha quedado en manos de guerrilleros”. Lo de republiquitas independientes fue una contraofensiva militar desde el Plan Laso (1964) y hasta entonces (Plan Colombia). Y que el Catatumbo ha quedado en manos de paramilitares – narcotraficantes disfrazados de guerrilla y toda una gama de delincuentes”; tampoco es cierto, en la medida en que la guerra sucia contrainsurgente anidó en sus parajes y montañas bajo la institucionalidad político militar del Estado. Jamás la capacidad económica de un Megateo pudo desplazar la capacidad de un ejército y su doctrina militar de un verdadero estado dentro del estado, ni de la autoridad civil institucional, bajo una doctrina del “enemigo interno” y que ha permitido el imperio de la delincuencia común y organizada por el desmonte e inaplicabilidad del Estado de Derecho. Ello significa: Total Violación de los Derechos Humanos!

Pero a todas luces prioriza la vida de la periodista Hernández. La insurgencia en Colombia ha demostrado la prioridad por la vida. La extrema derecha militarista y guerrerista aúlla con el fascista Viva la Muerte!

Con relación a Hennry Pérez el ELN anunció: “estamos en total disposición de contribuir a las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de la situación y el retorno con la vida del dirigente”. Pues sea está también una oportunidad política para que el Ejército Popular de Liberación –EPL, en consonancia, se pronunciara respecto a la retención o desaparecimiento de la controvertida periodista, que es noticia de efecto nacional e internacional.

 

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Ayotzinapa: 6 meses después

Este jueves 26 de marzo se cumplió ya medio año del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Acontecimiento brutal, ya clasificado como crimen de lesa humanidad, que ha abierto un parte aguas en la actualidad de la política y de la institucionalidad del Estado Mexicano.

En el “Río de las Calabacitas”, hoy el grito conjunto de las voces amordazadas y reprimidas emerge del silencio de la muerte a través de los miles y miles de pasos de quienes por toda la República Mexicana no han parado de marchar exigiendo la aparición de los 43 estudiantes normalistas. Emerge a través de las pancartas y de las incansables protestas solidarias; a través de las movilizaciones estudiantiles y de las múltiples palabras escritas por figuras señeras de la intelectualidad mexicana; a través de los informes de los distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de otra índole (CNDH, CIDH, ONU) que hablan de tortura sistemática y que demandan al Gobierno Federal de la República Mexicana esclarecer la verdad sobre los brutales “hechos” de Ayotzinapa y sentar las correspondientes responsabilidades institucionales.

Sin embargo, la posición del Gobierno Federal mexicano ha sido y continúa siendo inconmovible en sostener su “verdad histórica”: los 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados por bandas del crimen organizado y después quemados en un basurero de Cocula. No hay nada más qué decir, caso cerrado. Por otra parte, según señala la actual Procuradora General de la República, Sra. Arely Gómez González, tampoco ningún organismo especializado ha presentado ninguna prueba de que en Ayotzinapa se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. “Pasemos la página y vuelvan a la normalidad”, ha sentenciado el Presidente Lic. Enrique Peña Nieto. “Supérenlo ya”, ha dicho el ex Presidente Vicente Fox Quesada.

A diferencia de las voces oficiales que rechazan cualquier responsabilidad suya y que han tomado la decisión de dar por concluidas las investigaciones y por cerrado “el caso”; que desconocen y rechazan además incluso hasta el informe presentado por el enviado especial de la ONU, las familias, padres y madres, de los 43 estudiantes normalistas han decidido tomar los caminos del mundo y llevar su denuncia y reclamo de justicia a diferentes foros internacionales. Totalmente inesperado. Las altas autoridades del Gobierno mexicano jamás hubieran esperado que llegara por fin una primera vez en que fallaran tanto sus cálculos y sus controles sobre las comunidades empobrecidas, marginadas y excluidas del campo mexicano. Las familias de los 43 estudiantes hoy no solo cuentan con un reconocimiento y un insoslayable respaldo en el contexto de la sociedad mexicana, sino que además han logrado posicionar su protesta y reclamo alrededor de todo el mundo; han logrado obtener respeto, admiración, cariño y solidaridad a nivel mundial.

De aquí en adelante, Ayotzinapa ya es una impronta de valentía y de dignidad de alcance cósmico en la historia mexicana. Más importante y valiosa aún, cuanto que acontece en la cúspide de aplicación de un modelo de desarrollo y de gobierno que tiene como una de sus principales características la del desprecio absoluto por las personas, por la vida y por la sustentabilidad de la naturaleza. Ayotzinapa representa el reclamo profundo y concreto por el derecho a la vida y por el respeto a la dignidad humana.

 

Luis Muñoz Varela

Docente Sede del Pacífico UCR

 

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