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Etiqueta: desigualdad económica

Foro de Mujeres del Instituto Nacional de Mujeres – un llamado ante la grave situación nacional

Las 33 organizaciones de mujeres, feministas y mixtas integrantes del Foro de Mujeres del INAMU manifiestan públicamente su preocupación por la situación de violencia y agitación social que se vive en Costa Rica es producto del deterioro de la calidad de vida de las grandes mayorías de costarricenses, como consecuencia de un profundo proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad. No sólo del aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. A lo que se suma el crecimiento inédito del desempleo en el país y del subempleo. Situación que impacta de manera particular a las mujeres.

La situación de violencia social e inseguridad que se vive en Costa Rica en los últimos días. Y que viene a complicar la de por sí deteriorada situación que enfrenta la economía del país y la vida cotidiana de las grandes mayorías de familias pobres y empobrecidas. Que no sólo han perdido a sus familiares cómo producto de la pandemia provocada por el coronavirus, sino que también han perdido sus de por sí escasos ingresos. Y con esto, su calidad de vida y las posibilidades de una sobrevivencia básica.

Asimismo, denuncia el aumento de la carga global de trabajo de las mujeres de las grandes mayorías, que se han visto recargadas con las responsabilidades de las tareas del cuidado de la salud de las personas sanas y enfermas, con la demanda de apoyo a las y los estudiantes con tareas educativas desplazadas a los hogares y que adicionalmente asumen responsabilidades de generación de ingresos por medio del teletrabajo o ejerciendo actividades en la economía informal. Exponiendo de esta forma su vida y su salud. Situaciones todas que culminan en un aumento de la violencia en contra de las mujeres, que lejos de disminuir en esta coyuntura, ha aumentado.

Ante esta situación de desigualdad estructural y de profundización de las brechas económicas y sociales, el Foro de Mujeres del INAMU DEMANDA:

  1. AL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO la instalación de un proceso de diálogo abierto y transparente que incorpore no sólo al sector empresarial y productivo del país, sino que convoque a los sectores sociales organizados en toda su diversidad. Esto como una muestra abierta e inequívoca de la voluntad política de negociar no sólo la salida a la crisis actual, sino de modificar las condiciones estructurales que han transformado a Costa Rica en uno de los países más desiguales de América Latina.
  2. LA CONVOCATORIA AMPLIA A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS AL PROCESO DE DIÁLOGO, de manera que se garantice una representación real de la diversidad de mujeres y sus demandas. Demandamos la integración de las organizaciones de mujeres rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, migrantes, indígenas, afrodescendientes, pequeñas productoras y microempresarias, cooperativistas, trabajadoras sexuales y sindicalistas. Así cómo a las organizaciones de mujeres jóvenes y adultas mayores.
  3. LA INSTALACIÓN DE UN PROCESO DE DIALOGO CON TODOS LOS SECTORES SOCIALES QUE SE REALICE CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA. Eso implica que a la mayor brevedad se dé a conocer la metodología del mismo, las personas encargadas de conducirlo y los mecanismos para toma de decisiones.
  4. QUE EL PROCESO DE DIALOGO NO SEA SECTORIZADO, NI REGIONALIZADO para que todas las voces puedan escucharse s y construir propuestas y soluciones conjuntas que nos ayuden a mitigar la crisis que vivimos.

¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NI CONTRA LAS FAMILIAS POBRES Y EMPOBRECIDAS!
foromujeres@inamu.go.cr

Imagen ilustrativa, UCR.

Protesta debe conducir a un proyecto viable de nueva sociedad

Gerardo Morales García

La protesta de la calle en estos momentos tiene, al parecer, como máximo objetivo bloquear las principales carreteras del país y medir fuerzas con la policía, que intenta desbloquear los puntos críticos.

El enfrentamiento con la policía ya deja un saldo bastante abultado de heridos y detenidos. Además de una buena cantidad de daños materiales a vehículos particulares y del Estado. Y la violencia crece conforme pasan los días y no se ve ninguna opción de diálogo y entendimiento.

El COVID-19 ha pasado a un segundo plano. No importa ya el contagio ni las alertas. Los fallecimientos siguen aumentando, pero eso ya no es el punto central de reflexión.

Hay algo preocupante en esta coyuntura. La lucha inmediata es contra el Ejecutivo, y en particular contra la figura del Presidente. No es contra un sistema económico determinado ni siquiera contra un modelo de desarrollo ni su sistema político. O al menos no explícitamente en tanto el adversario no son las cámaras empresariales, el capital, ni tampoco quienes evaden y eluden impuestos. Esos ven los acontecimientos desde sus casas y mansiones. Sin mayores sobresaltos.

Tampoco el objetivo es el rediseño del Estado o la estructura jurídica del Estado o puntos críticos de la democracia como sistema político. La consigna genérica es “no más impuestos” con la consiguiente ambigüedad de un discurso que puede ser defendido también por los responsables históricos de la desigualdad económica y social del país. No más impuestos piden también quienes deberían contribuir más con la economía nacional, quienes pagan salarios bajos y tributan lo mínimo. Los mismos que adeudan grandes sumas a la seguridad social y que ven, repito, los acontecimientos desde sus casas, porque el problema pareciera no ser con ellos.

Con esto quiero enfatizar que la agenda de la protesta y la estrategia puede repetir lo mismo de siempre: hay violencia creciente, daños al patrimonio del Estado, heridos, detenidos y hasta muertos. Pero no se pasa de ahí. El sistema que genera desigualdad sigue igual, los salarios siguen hacia la baja, la calidad de vida se deteriora y la pobreza se mantiene o crece con la pérdida de empleos.

Es decir, se protesta pero no se profundiza en un proyecto viable de nueva sociedad, de nuevos tipos de convivencia social, de nuevas reglas del juego. Eso no interesa porque a la larga la política de corto plazo, la reivindicación inmediata, no da para pensar en algo mucho más fuerte y viable.

En lo particular me duele que de pronto un movimiento contestatario se convierta en un callejón sin salida, en un movimiento ritual que no logra trascender su propio impulso. Y que el objetivo central sea la violencia per se y no algo que convoque realmente a un cambio radical del sistema. Presumo que nuestras revoluciones serán siempre conservadoras, donde el oportunismo y la consigna de corto plazo terminan generando más frustración en los sectores vulnerables, que nunca se benefician realmente con nuestras revueltas de bloqueos y quema de patrullas de la fuerza pública, fuerza pública a la cual le exigimos, en otros momentos, que nos cuide del crimen organizado y de la delincuencia.

Se que mi visión no es la ortodoxa de los revolucionarios profesionales, de los líderes que prometen el cambio con petardos y bulla pero que al final no logran conjuntar los intereses de la ciudadanía como en otros tiempos si lo pudo hacer un Manuel Mora con su capacidad organizativa y negociadora.

Como no me siento representado plenamente ni por el gobierno ni por los líderes que han asumido la estrategia del bloqueo y la quema de patrullas, no me queda más que esperar a que las partes se sienten realmente a negociar una salida que nos ayude a todos a respirar dignamente en algún momento. Y que más temprano que tarde podamos soñar realmente con un nuevo proyecto de sociedad. Un proyecto donde no se tenga que recurrir a préstamos de usura o a la reducción del Estado social.

Se qué hay muchos intereses en juego, desde los electorales hasta el simple revanchismo camuflado. Y que ya uno está bastante curtido como para no caer en el pecado de ingenuidad.

Y como todavía puedo pensar libremente, sin directrices de nadie, me tomo el derecho de expresar mi opinión en esta hora realmente difícil, con varias pandemias en desarrollo.

Ante la situación de protestas que vive el país SINAE AFINES hace un llamado al presidente

Mensaje para el presidente de la República

El Sector sindical y los trabajadores de la Caja que cuidan la salud del pueblo de Costa Rica, tenemos la autoridad moral para señalar verdades:

1)Hace 2 años el movimiento sindical costarricense salió a la calle por los mismos motivos que hoy se movilizan miles de personas, para defender al país, ante tanta desigualdad social a través de más impuestos indirectos.

2)La pandemia desnudó el fracaso de la política país económica y social, gestada desde octubre del 2007, cuando en el refrendo al TLC, ganó el «Si», _ Aún estamos esperando el Mercedes que prometió Oscar Arias.

3)El Gobierno y la Asamblea Legislativa son los responsables de este conflicto social. La Asamblea porque tiene una Red de Cuido para proteger los intereses económicos de un grupo que representa un enorme poder financiero y político de este país, que no quiere pagar impuestos como debería y corresponde.

4) En esa misma línea de ideas, el presidente de la República es el principal responsable de este conflicto, porque ha gobernado para las minorías y de manera soberbia e indiferente hace oídos sordos al pueblo que pide a gritos no más impuestos indirectos y que pague el gran capital su responsabilidad tributaria que desde hace años no hace, por la evasión, elusión, fraude fiscal, exoneraciones o exenciones tributarias.

Ante esta situación es urgente:

  1. A) Es de imperiosa necesidad abrir los caminos del diálogo honesto, en busca de una concertación nacional sin exclusión alguna.

Este diálogo debe ser inspirado en la búsqueda del Bien Común y sustentado en principios y valores que marquen la sociedad justa, inclusiva y solidaria que aspiramos.

Por eso Sr. presidente, así como tuvo el valor y humildad para ser tomado en cuenta en los debates cuando fue candidato y hacerse escuchar, tenga el mismo valor y humildad para escuchar al pueblo de Costa Rica.

  1. B) Estos espacios de encuentros, deben ser sin condicionamientos. Así como el Poder Económico de manera directa incide financiera y políticamente sobre usted y la Asamblea Legislativa; el único recurso que tiene el pueblo, es la manifestación pacífica.
  2. C) Se debe hacer una Agenda Estructural País, que aborde lo inmediato, corto y mediano plazo y en esa inmediatez, debe desistir de una negociación con el Fondo Monetario internacional FMI.

Don Carlos Alvarado, escuche a las mayorías, escuche al pueblo, aún está a tiempo, de ser el reformador de una verdadera política de justicia tributaria y no de ser recordado como el peor presidente de la historia en nuestro país.

Atentamente;
Lenin Hernández Navas.
Secretario General
SINAE AFINES

I Congreso Mundial en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo: resoluciones

Sindicatos y gremios de les trabajadores de la educación del sector básico, medio y universitarios, de la ciencia y la cultura, colectivos de investigadoras(es) y educadores(as) populares del mundo, así como actores sociales, reunidos de modo virtual, los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el I Congreso Mundial de educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo resuelven:

Resolución Primera: difundir ampliamente la Declaración final del Congreso Mundial de Educación 2020: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo, así como cada uno de sus acuerdos. En ese marco las organizaciones participantes la enviarán a los Ministerios de Educación o sus equivalentes, los medios de comunicación, las centrales sindicales, la UNESCO y los organismos multilaterales el próximo 5 de octubre, como expresión de las resistencias en el día mundial de los y las docentes. Para ello, se traducirá al inglés, portugués y francés.

Los debates del I Congreso Mundial de educación 2020: en defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo Educativo están disponibles en canal de YouTube de Otras Voces en Educación

Comité Organizador
I Congreso Mundial de Educación 2020
En defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo educativo

En el siguiente enlace podrá ver las resoluciones:
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/361270

Declaración final del I Congreso Mundial en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo

25, 26 y 27 septiembre 2020

Sindicatos y gremios de les trabajadores de la educación del sector básico, medio y universitarios, de la ciencia y la cultura, colectivos de investigadoras(es) y educadores(as) populares del mundo, así como actores sociales, reunidos los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el I Congreso Mundial de educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo declaramos que:

La pandemia del COVID-19 generó una situación inédita de parálisis global programada, que desnudó las profundas desigualdades del sistema, pero que también se convirtió en una oportunidad para el gran capital en su propósito de avanzar en una redefinición de sus procesos y dinámicas, con elementos de mayor exclusión y dominación. La ola de privatizaciones de los servicios básicos y de interés social ocurridas en las últimas décadas, hizo que los sectores sociales más empobrecidos y la clase trabajadora fueran los más afectados por la crisis de la pandemia.

Tal parálisis se imbricó con la crisis económica del capital que venía eclosionando en una nueva recesión económica mundial. En ese contexto vimos surgir gobiernos neo- conservadores con políticas de corte fascista como el de Trump o Bolsonaro, que con sus políticas negacionistas de los riesgos para la salud del COVID-19 llevaron a miles de seres humanos a los hospitales y a la muerte. Muchos gobiernos, siguiendo el ejemplo de Trump y Bolsonaro, privilegiaron las ganancias por encima de la vida humana. Esto debe ser enfrentando por los pueblos y sus organizaciones sociales y sindicales en el plano de las ideas, la movilización y la organización.

La actual coyuntura mundial es de crisis profunda del sistema capitalista que lo lleva, una vez más, a intentar colocar sobre las espaldas de los y las trabajadores los costes de esta situación.

Con lo que respecta a educación, la pandemia del COVID-19 ha servido de pretexto para avanzar en la agenda neoliberal de sociedad educadora, la cual se concreta con novedosas formas de privatización educativa, asociadas al acceso a la conexión a internet y la posesión de equipos para participar en las clases remotas y virtuales.

El experimento de la virtualidad en casa está siendo usado para colocar una disputa que no existía en febrero de 2020, entre educación presencial en la escuela versus educación virtual en casa. El capitalismo sabe que no puede suprimir de manera impune y rápida las escuelas, pero está creando el imaginario social sobre la obsolescencia de lo escolar. Con ello procura dar entrada a las corporaciones tecnológicas y de contenidos educativos digitales al “mercado educativo”, lo cual va acompañado de una desinversión sostenida en la actualización y formación docente para contextos digitales como el actual.

La propuesta de educación virtual, híbrida y multimodal ha encontrado a millones de niños, niñas y jóvenes sin posibilidades reales de continuar sus estudios. No son ellos, los y las jóvenes y los más chicos(as) quienes están dejando los estudios, es el sistema capitalista quien los está dejando fuera, al romperse el papel igualador de condiciones de aprendizaje asignado a la escuela.

A pesar de ello, la docencia internacional ha asumido por cuenta propia y con el acompañamiento de sus gremios y sindicatos la tarea de actualizarse para enfrentar los actuales desafíos pedagógicos. Los educadores del mundo somos un digno ejemplo del compromiso con la continuidad del derecho a la educación, en condiciones cada vez más adversas, quienes hemos garantizado de manera real el sostenimiento del vínculo pedagógico con los y las estudiantes.

Los/as docentes han sido sometidos al acoso laboral, sobre carga en sus horarios y tareas, encerrados/as en sus casas, resolviendo por su cuenta la continuidad de la actividad educativa. Situación que además, ha incrementado la jornada de trabajo por las tareas de cuidado y sostenimiento del hogar, afectando especialmente a las trabajadoras docentes con hijes menores o adultes mayores a su cargo. Esto lo ha hecho el magisterio mundial con el mínimo o ningún reconocimiento de los gobiernos.

Ello no oculta la emergencia de nuevas formas de privatización, al transferir a las familias, docentes y estudiantes las responsabilidades de los Estados nacionales de garantizar las condiciones mínimas para ejercer el derecho a la educación. Son ahora las familias, docentes y estudiantes quienes deben comprar o repotenciar computadoras, pagar planes de datos para el acceso a internet e incluso adquirir plataformas privadas para poder dar clases virtuales. Esta privatización está siendo ocultada con una estruendosa cortina de humo comunicacional de los gobiernos algunos de los cuales, incluso, han sostenido un supuesto éxito educativo en la pandemia, con frases oportunistas sobre la vocación docente.

Algunos gobiernos de manera irresponsable han intentado convocar a una vuelta a clases en medio del ascenso de los contagios, sin que aún se cuente con una vacuna y sin las adecuadas condiciones de bio seguridad, cuestión que expresa con claridad que sus mayores preocupaciones están en reactivar la economía capitalista en crisis, a costa de la seguridad y vida de les niñes, familias y les trabajadores de la educación, exponiendo a la inmunización por rebaño.

Mientras el capital hoy defiende la escuela como guardería y sitio para transmitir conocimientos funcionales al modo de producción, nosotros defendemos la escuela del pensamiento crítico, de la solidaridad, del encuentro humano, del vínculo con la transformación social.

La actual crisis ratifica viejas certezas al tiempo de instalar nuevos desafíos. La certeza según la cual la experiencia educativa ineludiblemente se sostiene en una actividad presencial ha recuperado nuevamente valor para el ejercicio docente, tan denostado por la mercantilización educativa neoliberal. Con todo ello, el retorno a las aulas y a la presencialidad no puede ser un regreso a aquella realidad naturalizada de desigualdades expresadas antes de marzo 2020 y con dramatismo durante la pandemia.

El desafío que enfrenta la generación de trabajadores y trabajadoras de la educación en el presente es aún mayor: se trata de pensar y construir respuestas, no solo para la coyuntura, sino que desde el presente de resistencias se pueda trazar un horizonte estratégico, que pasa ineludiblemente por la construcción de alternativas pedagógicas que sustenten una nueva escuela, una nueva universidad.

Asumir de la manera más consistente y responsable este desafío, supone ir más allá de las fronteras nacionales puesto que lo que está en juego es precisamente la superación de la crisis de un modelo globalizado de educación neoliberal.

La universidad pública intenta ser tensionada por el capital hacia modelos de privatización, lo cual demanda un renovado compromiso con su carácter público, algo que forma parte de nuestras preocupaciones centrales.

Por ello, este I Congreso Mundial de Educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo acuerda:

Primero: condenar de manera firme y contundente este nuevo modelo de privatización educativa que se intenta imponer en el marco de la pandemia del COVID-19. Por ello, se insta a los gobiernos, a que en el periodo que aún resta de la pandemia se garantice el acceso universal y gratuito al internet y los planes de datos, así como la dotación de equipos de computación a docentes y estudiantes. La crisis generada por el COVID-19 no puede ser un pretexto para imponer el paradigma neoliberal de sociedad educadora ni para descargar sobre los y las trabajadoras(es) la actual crisis económica mundial;

Segundo: declarar por unanimidad que la educación pública, gratuita, popular, laica, científica, no sexista, no racista y de excelencia es para nosotres entendible en un marco de presencialidad, encuentro, diálogo y construcción compartida del conocimiento en las aulas e instituciones educativas, y siempre al servicio de los problemas globales, nacionales y locales de las grandes mayorías Por ello, denunciamos los intentos de las grandes trasnacionales y corporaciones tecnológicas de promover el modelo de educación en casa, como una ruta para elevar sus ganancias en detrimento de las necesidades humanas de aprendizaje de los pueblos;

Tercero: la presencialidad no se opone al uso de la innovación tecnológica en las escuelas, liceos y universidades, pero ello demanda el desarrollo de plataformas virtuales independientes y nubes digitales soberanas en manos de los sistemas educativos nacionales y las organizaciones sindicales del magisterio. Este tema se convierte en central en la lógica de frenar nuevas formas de dependencia científica y del conocimiento derivadas de la dependencia tecnológica. La docencia mundial tiene el saber pedagógico para trabajar desde cada especificidad el conocimiento que se corresponda al desarrollo tecnológico en las aulas con una perspectiva igualitaria, de justicia social, anti patriarcal, feminista, ecológica, crítica, emancipatoria, de defensa de nuestra memoria histórica y los pueblos ancestrales y anticapitalista;

Cuarto: Ante la desinversión educativa que viene ocurriendo en el marco de políticas neoliberales, lo cual se expresa en el deterioro de las condiciones de trabajo y salariales de les docentes, planteamos a la OIT y la UNESCO la urgencia de producir una nueva actualización de las “Recomendaciones de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966)” y de las “Recomendaciones de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior” (1997), así como de sus revisiones posteriores. Se debe garantizar el respeto a los derechos laborales de la docencia, con pleno acceso a la formación y actualización permanente, gratuita y en servicio, a cargo de los estados y las instituciones educativas.

Quinto: es urgente abrir un diálogo educativo abierto y permanente con las organizaciones de los/ las estudiantes y sus familias que defienden el derecho a la educación en los nuevos contextos de asedio de las corporaciones tecnológicas, para con ellos y ellas construir rutas de trabajo compartidas;

Sexto: establecer un plan de unidad en las luchas que se exprese en la solidaridad activa con todas las formas de defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo que se libren en los territorios locales, nacionales, continentales y mundiales. En ese sentido trabajaremos en una ruta unitaria que permita el establecimiento de la segunda semana de junio de 2021 como la semana mundial de movilizaciones en defensa de la educación pública, la ciencia y la cultura, en la cual se coordinen organizaciones de les trabajadores de la educación, asociaciones de familias y estudiantiles. Trabajaremos en el post congreso para impulsar la Marcha Global de les Trabajador@s de la Educación, los estudiantes y las familias y la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultura;

Séptimo: Transformar el Grupo de Contacto Internacional que posibilitó llegar a este Congreso Mundial, en el Espacio de Encuentro Global de las Luchas en Defensa de la Educación Pública con el propósito de allanar el camino para la conformación de un espacio estable y permanente, la Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores(as) de la Educación.

Octavo: se aprueba emitir por separado las declaraciones de solidaridad con las luchas de los pueblos y el movimiento pedagógico que fueron presentadas ante la mesa de debates.

Participantes en el I Congreso Mundial de educación 2020: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo

Luis Bonilla-Molina (OIREPOD), Claudia Baigorria (CTA-A, Argentina), Pedro Hernández (CNTE, Sección 9, México),Mercedes Martínez (FMPR, Puerto Rico), David Lobao (SINASEFE, Brasil), Fernando Abrego (ASOPROF, Panamá), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Eduardo González (MUD, Chile), Luz Palomino (CII-OVE), Nelson Alarcón (FECODE, Colombia), Jorge Dorantes Silva (CNSUESIC, México), Vladimir Laura (CONMAURB, Bolivia), Denis Solis (ASPE, Costa Rica), Luis Tiscornia (CONADU-H, Argentina), Rosa Berrio (USTEC-STES-IAC, España), Mari Luz González (STES, España), Secretaria General de la FERC Francesa, Albert Sansano (FME,FSM), Laura Isabel Vargas (UNE, Ecuador), Laura García Tuñón (ENDYEP, Argentina), Andrea Zilbersztain (CEIP-H Argentina), Ernesto Aguilar Mondragón (CNSUESIC, México), Aníbal Navarrete (Chile), Lev Velásquez, (CNTE, México), Richard Araujo (APOESP, Brasil), Alfredo Cáceres (SUTEBA Tigre, Argentina), Andrés Quisphe (UNE, Ecuador), Carlos Munevar (La Roja, Colombia), Casey Davison (Sidney Australia), César Valdovinos (CINPECER, México), Faustino Celestino Martínez (Monterrey, Nuevo León, CNTE, México), Fredy Mamani (Maestros Rurales, Bolivia), Julia McRae (Surrey Teachers´ Association, Canadá), Gamaliel Guzmán Cruz (CNTE, Michoacán, México), Luis Sánchez (AEVE, Panamá), Miguel Ángel Hernández (SITRAIEMS, México), Pavel Escobar (CNTE, Chiapas, México), Sara Chambers (CTU, Chicago), Dermeval Marins de Freitas (SEPE, Brasil), Yesid González (ADE, Colombia), Miguel Rivera González (FMPR, Puerto Rico), Luis Miguel Dorry (OVE México), Rebecca Garelli (National Educators United, Arizona, EEUU), Pedro Gómez Bámaca (CNTE, Sección 7 Chiapas, México), María del Carmen López (MAEC, Oaxaca), Orlando García (ASOMOGRERP, Panamá), Gustavo Teres de Rosario (AMSAFE, Argentina), Lorena Gordillo (SUTE, Mendoza, Argentina), William Velandia (FECODE, Colombia), Luis Miguel Cisneros (Investigador, México), Eblin Farega (ANDES, Brasil), Luis Tiscornia (CONADU-H, Argentina), Antonio Elías (Uruguay), Daniel Libreros (UN, Colombia), Daniel Jorge (FERC CGT, Francia), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú) Marc Casanovas (USTEC, STES-IAC, Cataluña), Sidney Kgara (NEHAWU, Sudáfrica), Denis Solis, (ASPE, Costa Rica), Julieta Kusnir (Los Ángeles, EEUU), Luis Edgardo Salazar (FECODE, Colombia), Monique Dols (Nueva York, EEUU), Raúl Gil (Uruguay), Sebastián Henríquez (SUTE, Mendoza), Vicent Mauri (Intersindical de Valencia), Sheila Ceccon (Instituto Paulo Freire, Brasil), Nelsy Lizarazo (CLADE), Mari Luz González (STES, España), Cecily Myart-Cruz (Presidenta UTLA), María Elisa Salgado (SUTEBA Tigre), Nelva Reyes (CGTP – Panamá), Luis Bueno (CNSUESIC, México), Toninho Alves (FASUBRA, Brasil), Rosa Cañadel (España), Elizabeth Búrigo (Brasil), Rose Mary Hernández (FOVEDE, Venezuela), Carolina Jiménez (CLACSO Colombia), Trino Barrante (SINDEU, Costa Rica), Estela Gramajo (Intergremial de Formación Docente, Uruguay), Fernando Gómez (COAD, Argentina), Roberto Aguilar (Bolivia), Hugo Aboites (México), Shirley Florencia de la Campa (México), Pedro Hernández Castillo (ASPU, Colombia), Denis Chávez (Universidad de Panamá), Leopoldo Munera (MANPUP, Colombia), Xavier Diez (Intersindical, Cataluña, España), Albert Sansano (FME/FSM) Ángel Rodríguez Rivera (Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APPU, Puerto Rico), Osvaldo Coggiola (ANDES Brasil), Eloy López Hernández (CNTE, Sección 22, México), Karina Bathyany (CLACSO), Beatriz Introcaso (COAD, Rosario, Argentina), José Cambra (ASOPROF, Panamá), Marcela Browne (Argentina), Oscar Hernández Neri (Red de Universidades Alternativas, RUA, México), Gustavo Adolfo López Torres (ASPU – UPN, Colombia), Sandra Lario (Argentina), Luis Miguel Dorry (OVE), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz, Colombia), Edgar Isch (Ecuador), Tere Garduño (México), Anaida Colón (Chapman, EEUU), Ángela Zambrano (Ecuador), Peter McLaren (EEUU), Henry Giroux (Canadá), Bill Ayers (EEUU), Francisco Cabrera Romero (GIPE, CEAAL), Fernando Lázaro (CEIP-H, Argentina), Oscar Jara (CEAAL), Jurjo Torres Santomé (A Coruña. España), Erika Candelaria Hernández (Oaxaca, México), Jesús Alemancia (Red Mesoamericana Alforja), Martha Alfonso (Fecode, Colombia), Alfonzo Tamayo (Revista Educación y Cultura, Colombia), Mauro Jarquín (México), Vernor Muñoz (CME), Fernando García Culebro (Ove- Chiapas), Lourdes Urbáez (Educadora popular, Venezuela), Sócrates Silverio Galicia (CNSUESIC, México), Catherine Walsh (Ecuador), Juan Carlos Cascos (Kairós), Ezequiel Alfieri (Argentina), Valeria Rojas Urrea (Coordinadora de Federaciones de Trabajadoras(es) de la Educación, Chile), Mariano Isla (Asociación de Pedagogos de Cuba), Luis Huerta-Charles (EEUU), Lara María Bertolini (Travazona, Argentina), Enrique Diez (Investigador, España), Nano Balbo (Argentina), Teresa Vélez (FMPR, Puerto Rico), Janeth Motato (Consejo Regional Indígena del Caldas, CRIDEC, Colombia), Juan Ramírez (UTLA, EEUU), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por el Derecho a la educación), Fernando Santana (CEIP-H), Edwin Morales Laboy (FMPR, Puerto Rico), Maura Elena López Aguilar (CNTE, Sección 34, Zacatecas, México), Víctor Manuel Fernández Andrade (Magisterio Zacatecas, México) y diez mil seiscientos ochenta y un (10.681) inscritos e inscritas, quienes participaron activamente en los debates a través del YouTube de Otras Voces en educación y los Facebook live, Instagram live y Twitter live de las organizaciones participantes

Encuentro Nacional rumbo al Congreso Mundial en defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo Educativo

DECLARACIÓN

La actual pandemia por el COVID–19, impuso sobre la sociedad, un confinamiento generalizado a nivel mundial sin precedentes. De esta forma, logró inmovilizar, aunque no completamente, a los diversos movimientos sociales anticapitalistas, de tal modo que cimbró sus lógicas organizativas y de resistencia política. Esta circunstancia ha sido aprovechada por los gobiernos para favorecer a las corporaciones del capitalismo informático.

Es urgente que los trabajadores de la educación, la ciencia y la cultura, los académicos y los estudiantes, los movimientos sociales y populares, reinventemos y re-articulemos nuestras formas de lucha para defender la escuela pública, la cultura, la ciencia y la tecnología para poner en el centro el desarrollo humano y no el capital humano.

La pandemia paralizó los procesos educativos en el mundo. Más de 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de docentes suspendieron de manera abrupta las actividades en las escuelas y las aulas. En el caso mexicano, donde la mitad de los hogares no cuentan con computadoras ni con conexión a internet, fueron excluidos tres de cada diez estudiantes de la estrategia de educación oficial, y los que sí lograron participar, fueron expuestos a una educación virtual precaria, excluyente, bancaria y sin un método de aprendizaje creativo ni crítico. Este escenario en el que la educación en la escuela se desplazó al hogar con tiempos rígidos y actividades que invaden sus dinámicas cotidianas, tensó una crisis emocional y afectiva entre los alumnos y sus familias. A partir de este escenario sociopolítico, se agudizó la desigualdad económica, cultural y digital, así como la violencia social y de género.

Concebimos la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología como bienes públicos y derechos humanos universales, por tal motivo nos pronunciamos por el pleno cumplimiento de la universalidad y gratuidad en su acceso y disfrute, para lo cual se requiere un incremento del presupuesto del gobierno federal y de los gobiernos estatales.

También nos pronunciamos por la eliminación de todas las políticas y programas del neoliberalismo, que han promovido la privatización y mercantilización de la educación, la ciencia y la cultura. En ese sentido, demandamos la eliminación del sistema híbrido, público-privado, porque prioriza las certificaciones y acreditaciones antes que la vida y el desarrollo pleno de la salud, del aprendizaje necesario y urgente, además de promover la estandarización de la educación; porque refuerza la visión gerencial y de la reproducción de las desigualdades, al estar basado en una noción de la calidad y de excelencia, desde una perspectiva economicista y tecnocrática.

Igualmente denunciamos el uso de la pandemia para reforzar la tendencia privatizadora de la ciencia y la cultura en la educación, por medio de plataformas virtuales comerciales y de contenidos sesgados por la visión corporativa de los dueños de los espacios digitales. El capitalismo de plataformas construye la desigualdad social en el acceso al conocimiento y la comunicación, produce un apartheid tecnológico, una clase de infopobres en la que los niños y jóvenes marginados, así como los trabajadores precarizados, no pueden resolver el problema del equipo y la conectividad.

EDUCACIÓN BÁSICA

En el caso de México se entregó la rectoría de la educación, inicialmente a Google para que 36 millones de estudiantes y 2 millones de docentes fueran el mercado cautivo de la transnacional de las tecnologías digitales; en una segunda fase de la educación remota se pactó con la oligarquía de las televisoras privadas y como consecuencia su rescate económico y moral, tras una caída constante de credibilidad por sus filas conservadoras durante cuarenta años de neoliberalismo.

En contraste, se impulsa un recorte brutal a la formación inicial y continua de los docentes. Contrariamente a los preceptos constitucionales y al Plan Nacional de Desarrollo, en los que se establece el reforzamiento de las escuelas formadoras de docentes y la revalorización del magisterio, el proyecto presupuestal de egresos de la federación para 2021 contempla un recorte de 95.3% a las escuelas normales y a la universidad pedagógica nacional; para el desarrollo profesional de los docentes en el servicio educativo se proyecta un recorte del 89% y para capacitación un 49%. Las corporaciones del capitalismo informático van por el desplazamiento del magisterio, por un amplio mercado de productos educativos digitales y por la eliminación de la escuela física y presencial.

Consideramos que los preceptos bajo los cuales se confeccionó la actual reforma educativa no lograron desarraigar las imposiciones del neoliberalismo y mantienen criterios empresariales en la política educativa nacional. Por ello, no aceptamos ningún tipo de educación o de política que limite el ingreso y la permanencia de los estudiantes al Sistema Educativo y reivindicamos la lucha por la democratización de nuestro país, de la educación pública y los sindicatos.

Los trabajadores de la educación mantenemos la exigencia de ser tomados en cuenta para la aportación de propuestas para la elaboración de contenidos, diseño de actividades escolares, estrategias de simplificación administrativa y todo lo que se relacione con el quehacer educativo. Sostenemos el principio de la comunicación y la convivencia humana como el medio para la difusión, el diálogo y la construcción de los saberes y los aprendizajes.

Nos reiteramos educadores populares, porque enseñamos aprendiendo entre maestros, alumnos y padres de familia, en las comunidades y en la ciudad, a partir de la realidad de la comunidad escolar y para beneficio de la población en general. De acuerdo con ello, seguimos proponiendo y reinventado formas de educación alternativa para llegar hasta los lugares más olvidados, porque promovemos la emancipación de las personas y sus comunidades a través de una educación que fomenta la colectividad, la solidaridad, la empatía, el respeto por el medio ambiente, el pensamiento crítico, la búsqueda del bien común, el amor y la ciudadanía patriótica.

EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR

Reivindicamos un proyecto de educación superior basado en las organizaciones colectivas de los trabajadores académicos, administrativos y estudiantes, que promueva una sociedad igualitaria, una formación integral y humanista, con pleno respeto a los derechos de todas y todos; que desarrolle el pensamiento crítico y creativo por medio de pedagogías críticas y liberadoras, además de responder a las grandes necesidades nacionales.

Sostenemos que las instituciones de educación superior deben ser espacios de libre ejercicio de los derechos, por lo que deben funcionar de manera democrática y gozar de una autonomía sustantiva cuyo ejercicio se debe garantizar con un subsidio público suficiente, oportuno e incondicional de carácter transexenal, no menor a los porcentajes recomendados por los organismos multilaterales como la UNESCO o la propia ONU. La autonomía debe comprender la libertad de cátedra e investigación, el autogobierno, la libertad de pensamiento y de expresión y la armonía con los derechos colectivos laborales de asociación y negociación colectiva en el plano nacional.

Demandamos condiciones de trabajo dignas para los trabajadores académicos y administrativos; un programa amplio de recuperación salarial y la eliminación de los programas unilaterales de estímulos mediante su incorporación al salario pactado bilateralmente; además de un ambicioso programa de creación de plazas de tiempo completo y de estabilidad laboral, para eliminar la precariedad en que laboran miles de profesores.

Asimismo, demandamos el respeto a las organizaciones colectivas de los trabajadores universitarios y su incorporación en las grandes discusiones nacionales sobre el proyecto de educación superior que requiere el país y sobre las políticas que se impulsarán en el sector.

Exigimos a las cámaras de diputados y senadores, así como a la SEP, que los centros, escuelas o proyectos comunitarios de las Universidades Alternativas, sean reconocidos en la Ley General de Educación Superior, como lo son las universidades privadas y públicas. Esto es una medida necesaria para alcanzar la equidad e incrementar la cobertura del nivel educativo sobre todo en poblaciones pobres, aprovechando el saber, la organización social y la cultura autogestiva de los pueblos. Además, proporcionar a estos estudiantes becas, en igualdad de circunstancias que las Universidades Benito Juárez.

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

La formación de vocaciones científicas y para la investigación inicia desde la educación básica. Fortalecer la educación desde sus cimientos con una visión de futuro y conciencia de clase de todas las áreas de las ciencias y tecnologías, es fundamental para el desarrollo integral del país.

La investigación científica requiere una formación con integridad, madurez intelectual y respeto por los principios éticos. Implica una formación sin discriminación por razones de raza, color, ascendencia, sexo, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, origen étnico, origen social, posición económica o social de nacimiento o discapacidad. Además, que todos los ciudadanos disfruten de las mismas oportunidades de educación y formación iniciales que califican para poder realizar carreras de investigación y desarrollo tecnológico, con acceso a los empleos no precarizados en la investigación científica.

Los programas de posgrado son formadores de científicos; sin embargo, tienen un alto índice de rechazo de aspirantes, lo que cancela la posibilidad de incrementar la planta de trabajadores científicos. Es indispensable incrementar los espacios para científicos en formación, teniendo programas de apoyo en el inicio y durante el desarrollo de su carrera; que cuenten con becas, movilidad y demás acciones afirmativas necesarias para suprimir la desigualdad de oportunidades, subsanar las desigualdades del pasado y los patrones de exclusión; fomentar en particular, que las mujeres y las personas de otros grupos con baja representación, tengan la posibilidad de realizar carreras científicas.

La formación científica debe promover las responsabilidades sociales del científico, y a su vez garantizar el acceso equitativo y libre a la literatura, los datos y los contenidos. Se necesita fortalecer la enseñanza de todas las ciencias; incluir elementos interdisciplinarios en los programas de estudios y en los cursos, considerando las dimensiones éticas de la ciencia y la investigación, así como la integridad intelectual, esto con el fin de que los científicos participen de los procesos colectivos de apropiación social del conocimiento, para contribuir efectivamente a la toma de decisiones públicas y la atención de problemas sociales prioritarios.

CULTURA

Los trabajadores del sector cultura, nos encontramos en un contexto muy particular con la creación de la Secretaría de Cultura Federal (SCF) que en el actual gobierno desarrolla una política cultural, que denota una continuidad de la instrumentada por los anteriores gobiernos neoliberales: 1) reducción del presupuesto para el sector y 2) la total apertura a la iniciativa privada, las denominadas industrias culturales, en áreas sustantivas del Estado, como son educación artística, investigación y protección del patrimonio cultural.

Concebimos la cultura como un campo indisoluble de la educación y como estrategia para el desarrollo integral de los ciudadanos; pero, hoy esta visión está amenazada por los preceptos de una “Ley General de Cultura y derechos culturales” que privilegia conceptos como: desarrollo cultural, fomento cultural, turismo cultural, gestión cultural, entre otros, que tienen como fin la disminución de la obligación del Estado de brindar a la población acceso a la educación y al disfrute del arte y la cultura.

México es un país rico en características culturales y fue ejemplo para el mundo en el fortalecimiento de instituciones dedicadas a ello, debido a su conformación pluricultural (multiétnica y plurilingüística); no obstante, los procesos económicos, políticos y sociales que actualmente tienen lugar en el mundo globalizado, ponen en riesgo el conjunto de valores culturales y educativos de nuestro país.

Ante este escenario, los trabajadores del sector cultura, junto a los demás sectores, necesitamos organizarnos colectiva y solidariamente en la defensa del patrimonio cultural, energético y natural; sobre todo porque debemos retomar la lucha histórica de todos aquellos ciudadanos, académicos, sindicalistas y demás luchadores sociales que nos antecedieron.

En el ámbito educativo, en relación a la enseñanza artística y la identidad cultural, con el objetivo de promover la organización del sector cultural a nivel internacional, solicitamos proponer en el próximo Congreso Mundial de Educación, la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultura, en el que se pueda expresar el panorama internacional, para plantear posibles soluciones que permitan enfrentar de manera global los problemas educativos y laborales que atañen al sector cultural en el mundo.

Consideramos que estamos en un estado de emergencia, por lo que se debe formar un frente amplio para trabajar en la elaboración de un proyecto nacional de cultura, que contemple la creación de observatorios públicos de las políticas culturales en conjunto con las universidades nacionales y luchar que por ley el presupuesto para la cultura no sea menor a lo recomendado por la ONU, en contraparte de la política gubernamental de reducción que ahoga a este sector. Por último, debemos trabajar y luchar por la creación de un órgano consultivo que esté integrado por representantes de los trabajadores de la cultura.

En este contexto, el “Encuentro nacional, rumbo al I Congreso Mundial en defensa de la Escuela Pública y contra el neoliberalismo, DECLARA:

Que pugnamos por una verdadera educación impartida, financiada y asegurada por el Estado para toda la población; que sea pública, humana, emancipadora, crítica, universal, laica, multicultural, incluyente y respetuosa de la diversidad de género. Por tal motivo, rechazamos de manera enérgica los recortes presupuestales a educación, cultura, ciencia y tecnología.

Que convocamos a la unidad de los trabajadores de la educación, ciencia y cultura y a toda la clase trabajadora para defender los derechos sociales y humanos, que han sido vulnerados en este periodo de pandemia.

Qué hacemos patente nuestra exigencia para que se creen las condiciones de un regreso seguro a las actividades escolares, con la infraestructura y equipamiento mínimo para garantizar las medidas sanitarias y de una buena educación.

Que no permitiremos un regreso de esta emergencia sanitaria a la normalidad del explotador y el explotado, porque esta pandemia debe servir para dejar en claro la necesidad de reintegrar su verdadero valor al ser humano, escamoteado por el neoliberalismo y la proliferación del consumismo y la depredación.

¡En defensa de la educación, la ciencia y la cultura para todos y todas!

18 de septiembre de 2020

¿Por qué es importante hablar también de la riqueza?

Aclaraciones metodológicas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR

SURCOS recibió un documento del IIS que explica:

«Nuestro interés en estudiar la riqueza se relaciona directamente con una preocupación más general por la desigualdad de ingresos. Existe un cuerpo de investigaciones consolidado alrededor del mundo que demuestra que la alta desigualdad es dañina para el desarrollo general de los países, y que se vincula con muchos de los malestares en nuestras sociedades, con efectos reales en la salud, la esperanza de vida, el nivel educativo, la participación democrática e incluso con valoresbásicos como la confianza y la cohesión social (Braig et al., 2016; López-Calva y Lustig, 2010; Piketty, 2014; Wilkinson, 2002).

La concentración de poder económico en pocas manos puede conllevar también a una mayor concentración del poder político (Acemoglu y Robinson, 2006; Crabtree y Durand, 2017; Piketty, 2014). DiCarpio (2012) explica que ello ocurre, por ejemplo, a través de las decisiones que se toman en torno a la asignación de recursos, la producción y la tecnología, la información que se genera y la implementación y el diseño de las instituciones y las reglas del juego.

América Latina, Costa Rica incluida, es una de las regiones más desiguales del mundo. Del año 2002 al 2017, la desigualdad de ingresos en América Latina cambió su tendencia de crecimiento para mostrar leves reducciones (CEPAL, 2019). En cambio, para este intervalo de tiempo, Costa Rica mantuvo sus altos niveles de desigualdad (Trejos y Oviedo, 2012; CEPAL, 2019). En este contexto, estudiar la desigualdad, y buscar estrategias para reducirla, son un eje de fundamental importancia para el futuro bienestar de nuestras sociedades y democracias».

Puede descargar el documento completo desde este enlace:

Posición de ANEP y de ASDEICE sobre el proceso: “Costa Rica escucha, propone y dialoga”

Compartimos la posición de ANEP y ASDEICE sobre el proceso “Costa Rica escucha, propone y dialoga” promovido por el Gobierno. Para ambas organizaciones, esta iniciativa viene a ser un proceso de limitado alcance, en busca de proteger en momentos efervescencia social, la consecución de la ruta previamente trazada, que no es la de la promoción del bien común ni la de la reducción de la desigualdad.

A continuación, compartimos la carta enviada al Poder Ejecutivo.

San José, martes 18 de agosto de 2020.

S.G. 17-21-2246-20

AS-115-20

Sr. Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República
Sra. Epsy Campbell Barr
Primera Vicepresidenta de la República
Sr. Marvin Rodríguez Cordero
Segundo Vicepresidente de la República
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

 

ASUNTO: Posición de ANEP y de ASDEICE sobre el proceso nombrado por el Gobierno como “Costa Rica escucha, propone y dialoga” y en respuesta al oficio PV-M-2020-238-DSV-274-2020 que se nos dirigiera, con fecha 14 de agosto de 2020, por parte de las vicepresidencias de la República.

Reciban formal y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE).

Acerca del oficio remitido por las vicepresidencias de la República, el pasado viernes 14 de agosto; y, asimismo, sobre el proceso que el Gobierno nombró como “Costa Rica escucha, propone y dialoga” anunciado en conferencia de prensa el pasado 9 de agosto (al cual hace referencia el oficio en mención); desde ANEP y ASDEICE manifestamos:

PRIMERO: En momentos en que la preocupación principal del gran capital es perder lo menos posible, hay personas que lo están perdiendo todo. Hay compatriotas con hambre y hay compatriotas en condiciones de mayor precariedad, quienes viven en menos metros cuadrados, que no tienen ingreso fijo, que ocupan solidaridad e instituciones que les acompañen.

En momentos tan serios como estos, flaco favor se la hace a la tradición democrática que distingue la vía costarricense en el concierto de las naciones, reducir a lo ínfimo, a lo minúsculo, la promoción de diálogo social sobre políticas públicas; circunscribiéndolo a un simple “buzón digital de sugerencias”, donde las propuestas que se realicen tienen destino incierto, donde no esté transparentado los indicadores de valoración ni la persona, el jerarca, asesor, funcionario o equipo encargado de valorar cuál propuesta es buena, cuál no lo es y en función de qué criterios; dónde previo a toda notificación formal sobre el tema, la agenda, tiempos y enfoque están preconcebidos en muchas de las áreas sensibles que requieren un abordaje más participativo y, por ende, realmente democrático.

SEGUNDO: Se manifiesta en el oficio remitido por las vicepresidencias del Gobierno de la República, el pasado viernes 14 de agosto: “el señor Presidente de la República ha creído imprescindible ampliar los procesos de escucha, propuesta y diálogo, para tener un panorama más amplio, equilibrado y profundo de sus valoraciones e intereses legítimos”.

Sin embargo, a contrario sensu de lo afirmado, resulta llamativo que quien ostenta la primera magistratura del país, no estuviese presente en la conferencia de prensa en la que el pasado domingo 9 de agosto, el Gobierno anunciaba el proceso que han nombrado como “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Mala señal de apertura o escucha, reforzada pocos días después, al enterarnos las personas habitantes de la República, que dicha ausencia coincidió con el caso de las “vacaciones presidenciales”, que tomó notoriedad por denuncias en prensa de hechos aún no esclarecidos a profundidad.

TERCERO: El proceso que nos ocupa en el presente oficio, anunciado por el Gobierno luego de la efervescencia de diferentes organizaciones del sector público y privado durante las últimas semanas, no ocurre en el vacío; tiene dos fuertes antecedentes de conmoción social, acaecidos durante la actual Administración, específicamente, en los recién pasados años 2018 y 2019.

El primero de ellos en reacción a la oposición de sectores sindicales al popularmente denominado combo fiscal (hoy, la cuestionada Ley No. 9635); y, el segundo, en reacción al manifiesto del Encuentro Social Multisectorial que implicaba la salida del entonces Ministro de Educación Pública, entre otra serie de demandas de diferentes sectores (estudiantes, sindicatos, transportistas, agricultores, pescadores, etc.).

En ambos casos, los procesos de interlocución a los que tuvo disponibilidad el Gobierno, no contaron con una voluntad política real para poner un alto a la ruta trazada por el Ejecutivo y su interlocución legislativa, acerca de las políticas públicas que causaban malestar social y que hoy hacen a Costa Rica más desigual.

A pesar de la pandemia y sus efectos económicos y sociales, la iniciativa de interlocución de Gobierno para agosto de este año, no posee señas de diferenciarse de los episodios anteriores recién mencionados. Por el contrario, replica y profundiza parte de sus características.

Ante tales coincidencias del actuar del Ejecutivo en esta materia durante los últimos tres años; resulta difícil catalogar como omisión lo que más bien pareciera ser un estilo: el de impulsar este tipo de procesos de limitado alcance, en busca de proteger en momentos efervescencia social, la consecución de la ruta previamente trazada que no es la de la promoción del bien común ni la de la reducción de la desigualdad.

CUARTO: Retomando sobre el presente proceso, de la metodología anunciada el pasado 9 de agosto, se desprende que el mismo no es una negociación, no incluye vías de anclaje al ritmo legislativo, no establece método para cumplir acuerdos y no detalla mecanismos de formalidad vinculante.

En materia de diálogo social, ni el hábito hace al monje, ni el nombre hace al proceso. El nombre “Costa Rica escucha, propone y dialoga” queda grande a un proceso marcado por una metodología que, confusa y bajo orientación vertical, más bien establece un buzón gubernamental digital de sugerencias, con opacos metodológicos sobre tramitación y valoración de propuestas, plazos perentorios (algunos casi inmediatos), que obstaculizan entendimientos; y, una agenda preconcebida unilateralmente, que excluye temas ultrasensibles que tan siquiera aparecen, tales como pensiones IVM-CCSS y el futuro del ROP, la transformación tributaria estructural del sistema tributario, por citar tan solo dos ejemplos.

QUINTO: Desde la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19 al país, ANEP y ASDEICE hemos realizado un abordaje con propuestas, todas remitidas a Casa Presidencia y a Asamblea Legislativa; propuestas entre las cuales figuran:

Nota de 14 de abril de 2020, remitida a jerarcas gubernamentales y legislativos sobre nuestra posición acerca de acciones a tomar ante las repercusiones laborales, económicas y sociales profundizadas a raíz del COVID-19 en el país.

El documento La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del covid 19 en el país – Una propuesta desde la otra acera, con 31 iniciativas compiladas del pensamiento de personas, organizaciones e instancias con genuina preocupación y capacidad de propuesta sobre el tema, comprendiendo el rol clave del Estado para el bien común. Una propuesta desde la otra acera, contempla: a) medidas para aportar liquidez financiera a la institucionalidad del Estado; b) Medidas para fortalecer el sistema tributario de cara a la emergencia; c) Medidas para el apoyo económico de quienes sufren la crisis; d) Medidas para el rescate con inclusión social y productiva; d) Medidas para atender brechas y sectores vulnerabilizados.

El manifiesto del lunes 27 de julio de 2020, suscrito por una serie de organizaciones e instancias del sector público y privado, remitida a Casa Presidencial y a Asamblea Legislativa, mediante nuestro oficio del 29 de julio; contemplando una serie de medidas sobre el abordaje del covid-19 en las políticas públicas del país, relacionadas con reactivación económica, protección del empleo y otros temas conexos como la defensa de la institucionalidad estatal costarricense.

SEXTO: El diálogo social que Costa Rica requiere, desde años atrás de la actual Administración, y desde el inicio de esta pandemia, en materia de política pública; ocupa algo más que un buzón digital de sugerencias. Sus temas no deben estar circunscritos a opacidades metodológicas marcadas por tres ejes preestablecidos, en espacios ajenos al de la apertura extraordinaria de una mesa real de intercambio y búsqueda de acuerdos, que sería la instancia encargada de delimitar los ejes del diálogo con el cual se nutriría un esfuerzo de tal calibre como para integrarse al mismo.

SÉTIMO: No encontramos ninguna explicación lógica racional que nos fundamente aceptar un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de 2.250 millones de dólares (además, a otorgarse en tres tractos de 750 millones $ cada uno); si nuestro país tiene cerca de 9 mil millones de dólares en reservas internacionales depositadas en el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Solamente encontramos explicación en el fanatismo ideológico que rechaza toda intervención del Estado en actividades susceptibles de apropiación privada para incrementar la acumulación de capital en pocas manos. Categóricamente y con base en una trayectoria histórica iniciada desde nuestra propia fundación republicana como nación, rechazamos la venta de activos del Estado como parte de la solución al problema fiscal nacional. El problema fiscal nacional tiene otras formas de solución que no pasan por una “negociación” con del FMI.

OCTAVO: La reactivación económica, si realmente queremos que sea estratégica, pasa por darle un pilar fundamental en la política pública del caso, al ámbito de las micropequeñas y medianas empresas y para los emprendimientos de economía social solidaria; incluyendo el otorgamiento de fondos de arranque no reembolsables, diferenciaciones tributarias y hasta cancelación-condonación y moratorias de deudas. Mención aparte impulsar la reactivación económica del agro nacional, incluyendo la cancelación de deudas que agobian al mismo en estos críticos momentos pandémicos.

Salvaguardar la capacidad adquisitiva del salario de sectores cuyo empleo no se ve directamente amenazado por la crisis, implica también una medida de reactivación que protege el consumo del mercado interno y el comercio, especialmente en el caso los emprendimientos y de las pymes. La preservación de los empleos en el aparato público es mucho más estratégica en estos críticos momentos socioeconómicos.

NOVENO: En cuanto al tema laboral, el empleo a crearse debe contemplar los postulados del Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya adoptó nuestro país como política de Estado. De ello que debamos rechazar, radicalmente, los intentos de aumentar la jornada ordinaria de trabajo de las 8 horas bajo el insostenible argumento de “flexibilización” laboral. La eliminación de la histórica jornada de 8 horas solamente vendrá a golpear el derecho empleo decente de amplios sectores de la población.

Por su parte, las medidas que han sido adoptadas sobre reducción de jornada y de salario en el sector privado, y que se dijeron de carácter de transitorio; no deben, bajo ninguna circunstancia, convertirse en permanentes. Por el contrario, deben incluir cláusulas de salida que permitan retrotraerlas al estado original anterior a la presente crisis.

Asimismo, es preciso derribar los tabúes impuestos ideológicamente en los últimos años que parten de una visión distorsionada, inexacta, extremista y absurda del empleo público. Lo anterior, debido a la necesidad de abrirlo en áreas de necesidad ciudadana diversa, hoy completamente debilitadas y que no ofrecen atractivo de lucro mercantil. La contrarreforma social en materia laboral debe detenerse.

DÉCIMO: Ante el Covid-19 en materia tributaria-fiscal, se requieren políticas públicas desde una perspectiva progresiva donde se aborde la reducción de la evasión, la elusión, las exenciones y las exoneraciones; en busca de que quienes más tienen den su aporte a la crisis, y así mismo, en procura que “los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres”. La ausencia de éste, entre los ejes del proceso propuesto por el Gobierno, da a pie a preguntarse si se está salvaguardando la visión-país de grupos megaempresariales de mucho capital acumulado. Prácticamente, esta clase empresarial está “eximida” del proceso propuesto por el Gobierno, pues se le dio una mesa exclusiva para atender a este sector, lo cual expresa un tratamiento hegemónico y desigual para con el resto de la sociedad civil organizada.

Dudas como la anterior, sumadas a aspectos tales como el avance de la agenda de contrarreforma social en materia de derechos laborales, y la creciente pérdida de credibilidad del equipo económico de Gobierno, y el deterioro de la imagen de la Administración Alvarado Quesada en general; forman parte del contexto de pérdida de credibilidad del presente proceso, cuya metodología tampoco establece la figura de garantes, mediadores o interlocutores que generen confianza entre las partes dialogantes (gobierno y sectores).

POR TANTO: Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, las organizaciones firmantes, ANEP y ASDEICE, reiteramos a autoridades gubernamentales y legislativas, a nuestras bases laborales y sociales, a la clase política de todo signo y a la opinión pública en general:

  1. La necesidad urgente de fortalecer el Estado Social de Derecho y poner freno al ensanchamiento de la brecha social en nuestro país.
  2. Nuestra disposición de fortalecer la Democracia mediante el Diálogo Social Real y Verdadero, basado en métodos respetuosos que garanticen escucha y den voz a una serie de organizaciones y sectores; facilitando la cultura del encuentro de posiciones en procura de decisiones justas, integrales y dialogadas. Bien lo apuntan en su documento “Por un diálogo abierto y participativo”, los señores obispos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), cuando indican: “Creemos que la única vía para encaminar a nuestra nación es mediante el diálogo, es decir, a través de un proceso real de concertación en el cual se involucren todos los sectores tendientes al bien común. Este diálogo debe fundamentarse en la verdadera escucha y conducir a resultados concretos”.
  • La solicitud de instalación urgente de una mesa unitaria de crisis, entre el Gobierno de la República, los partidos políticos con representación parlamentaria, la multiplicidad de organizaciones sociales que conformamos el crisol del Movimiento Social en el país, así como el sector productivo.
  1. Promover mediante los mecanismos de coordinación de los que se dispone, la necesaria pausa legislativa de proyectos de ley que afectan directamente a la institucionalidad del sector público y de las leyes laborales ya establecidas.
  2. La no participación del proceso nombrado por Gobierno como “Costa Rica escucha, propone y dialoga”; mientras el mismo se mantenga con las improcedencias metodológicas anunciadas el domingo 9 de agosto y supra mencionadas en los considerandos iniciales del presente oficio; de tal suerte que, conceptuado como está, lo que se estableció es un buzón digital de sugerencias.

MEDIO DE NOTIFICACIÓN: Establecemos como medio de notificación para efectos de acuse de recibe y respuesta de lo planteado en el presente oficio, las direcciones electrónicas siguientes:

info@anep.or.cr

infoasdeice@gmail.com

Sin otra en particular, se suscriben atentamente:

Albino Vargas Barrantes                                                   Mario Ching Rosales

ANEP                                                                                               ASDEICE

Walter Quesada Fernández                                                         Juan de Dios Cordero Duarte

ANEP                                                                                               ASDEICE

Rafael Mora Solano                                                                      César López Dávila

ANEP                                                                                               ASDEICE

¡Mejor encerrados, que enterrados!

Vladimir de la Cruz

La gran discusión en torno a los impactos de la Pandemia en los países, como Costa Rica, es cuánto se debe cuidar a las personas, para que no se contagien y mueran, sean niños, adolescentes, ciudadanos, adultos, adultos mayores, adultos de la tercera edad, los “de oro”, viejos para decirlo mejor, y viejos viejos como los hay en Costa Rica, mujeres, hombres y de cualquier género con que la persona se identifique. Todos los viejos desde los adultos mayores para arriba todos son considerados de “riesgo” y “de alto riesgo”, entre ellos el que esto escribe con sus 74 años.

La Pandemia está generada por un virus que apenas se está conociendo, y por ello, experimentando tratamientos para detenerlo en su expansión, y para evitar el aniquilamiento que produce sin distinción geográfica, sin distinción de países y sin distinción de sectores sociales, desde los más pobres, los más afectados, hasta los más ricos, quizá los menos afectados.

La afectación por sectores sociales no la conocemos estadísticamente. Los informes diarios que se dan no lo destacan, más que indirectamente, por la concentración de casos en poblaciones, cantones, o barriadas de gran densidad, donde a la fuerza se vive en condiciones limitadas de espacio, de hacinamiento, en tugurios, covachas, chinchorros, cuarterías, con malas, débiles, escasas y ausentes atenciones de servicios públicos, como electricidad, agua, alcantarillados, control de aguas negras y excretas, obligados a desplazarse más apretadamente en buses, por el control y la prohibición de movilización en autos, por la ausencia de espacios sociales para reuniones familiares o de amigos. Tampoco se destaca la composición geográfica de los extranjeros infectados en Costa Rica, para evitar quizá expresiones xenofóbicas, y eso está bien.

El esfuerzo supremo, a nivel mundial, es lograr la vacuna en el más corto plazo posible, y sabemos que esa vacuna en sus efectos reales puede llevarse varios meses, incluso varios años, más en producirse con todos los reconocimientos científicos y mundiales del caso. Varios países compiten en este esfuerzo. El Presidente Trump, en su delirio, ofrece comprar monopólicamente las primeras vacunas que se produzcan solo para la población de Estados Unidos…lo que parece más un discurso electoral hacia noviembre de este año. El Presidente Ruso, Vladimir Putin, ayer nos dio la noticia de que ya Rusia la desarrolló, y está en su etapa final, habiéndola experimentado incluso con una hija suya.

Aún con vacuna no se va a detener el coronavirus…va a seguir conviviendo con nosotros en Costa Rica, y en todo el Planeta, como siguen existiendo virus, bacterias y otros microorganismos patógenos, para los cuales hay vacunas, y virus, bacterias y otros microorganismos para los que todavía no las hay, pero hemos aprendido a vivir con ellos, algunos como amigos y otros como enemigos de nosotros, los seres humanos.

En Costa Rica se hacen esfuerzos científicos muy importantes, con reconocido ámbito internacional, por parte de los trabajadores y científicos del Instituto Clodomiro Picado, de la Universidad de Costa Rica.

Parte de sus avances, 80 frascos producidos de este suero, ya se están usando, con resultados positivos, con enfermos a quienes se les están suministrando los avances de estas investigaciones, que es el suero equino desarrollado como un posible tratamiento contra el Coronavirus, lo que se probará en su eficacia, en 26 personas, para combatir este Coronavirus. De la eficacia de su resultado se aplicará a los pacientes hospitalizados con síntomas graves.

La investigación que se está impulsando en el Instituto es con dos tipos de sueros resultantes de cuatro proteínas del virus.

Mi merecido reconocimiento a los funcionarios, desde los que cuidan los caballos hasta los científicos del Instituto Clodomiro Picado, en el 80 aniversario de la fundación de la Universidad de Costa Rica, con más de 50 años de existencia del Instituto, oficialmente establecido el 13 de abril de 1970, pero que ya existía desde principios de los 60s. y gestado desde los trabajos realizados por el Dr. Clodomiro Picado Twight, cuando impulsaba sus estudios desde el Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios.

En aquellos años de los 60s. recuerdo incluso un experimento que realizó un militar norteamericano, que colaboraba en ese Instituto, Herschel Flowers, Mayor del Ejército de los Estados Unidos, que mató a casi todos los caballos, percherones, que se tenían en el Instituto para la elaboración de los sueros. En la Universidad, cuando estudiaba, hicimos las protestas y denuncias del caso.

No solo sueros antiofídicos se producen en el Instituto Clodomiro Picado, que benefician hoy al país, a todo Centroamérica y a otros países del continente, y del mundo. Me consta. Cuando fui Embajador en la República Bolivariana de Venezuela desde el Instituto Clodomiro Picado se contribuía generosamente con instituciones como la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos Venezolano, especialmente del Estado de Zulia, con el envío de sueros, incluso especializados para Venezuela, no solo antiofídicos, sino también para atender picaduras de otros animales venenosos, arañas, alacranes etc. Igualmente, se realizan antivenenos que se envían a Papúa, al África subsahariana, a Taiwán, a Guinea y a Sri Lanka.

En el Instituto se reúne Ciencia, Tecnología, Pensamiento científico y salubrista nacional. Las picaduras de serpientes se consideran un serio problema de salud pública, que producen muerte o secuelas permanentes. Parte de la proyección del Instituto es también en el campo veterinario.

Con el desarrollo del Instituto también se ha contribuido notablemente en el estudio de las serpientes venenosas de Costa Rica, sobre la composición de los venenos, sobre su composición proteica, y sobre el aislamiento de las toxinas y sus mecanismos de acción. Mucho del trabajo se orienta a la búsqueda de las sustancias con capacidad de inhibir la toxicidad de los venenos de serpientes y de otros animales venenosos.

Entre las preocupaciones científicas que se atienden en el Instituto Clodomiro Picado están los estudios de los efectos de las toxinas producidas por bacterias como la Anaerobia Clostridium Perfringens, las de la Brucella, y recientemente se han abocado a ver como se detiene el Coronavirus COVID 19, en su infección patógena.

Los campos, entre otros, que se atienden en el Instituto Clodomiro Picado, para su trabajo científico, son los antivenenos, la inmunobiología, la microbiología, la biología tumoral, la biología molecular, el clonaje y la expresión de ADN que codifica toxinas de venenos, el cultivo de células, la bioquímica, la toxicología, las antitoxinas, el plasma equino y el humano, éste último con atención especializada hoy hacia el combate contra el COVID 19.

Se trabaja intensamente en la búsqueda de nuevos productos como vacunas, en el desarrollo de antitoxinas y derivados de plasma humano.

El equipo profesional del Instituto es de lo más destacado del país, con formación y experiencia internacional, hoy uno de nuestros baluartes más importantes, junto al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, y su sistema hospitalario nacional, en la lucha contra el Coronavirus.

En esta lucha, el plasma contra el Coronavirus que se ha desarrollado en el Instituto señala que inhibe el virus, el Coronavirus SARS-COV-2, que produce la enfermedad de la llamada Pandemia del COVID-19, plasma que es desarrollado con sangre de caballo, a partir del plasma de caballos, hiper inmunizados con proteínas virales, lo que ha permitido obtener los anticuerpos equinos que neutralizan este agente patógeno, bloqueando la entrada del virus en las células humanas.

El Instituto ha señalado, hasta hoy, que el medicamento puede ser muy eficiente para tratar a los pacientes.

Desde que inició la Pandemia en Costa Rica, desde marzo, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, ambas instituciones creadas en la Administración Calderón Guardia, hace 80 años, unieron sus esfuerzos colaborativos e investigativos para atender esta emergencia nacional. A ellos se sumó el Centro Nacional de Defensa de Enfermedades Infecciosas de la Universidad George Mason de Estados Unidos, que tiene el instrumental científico de bioseguridad más alto de ese país, que apadrina los resultados logrados en el Instituto Clodomiro Picado.

El plasma obtenido en Costa Rica de caballos es 100 veces más potente que el plasma de humanos. Merecen, me parece, gran reconocimiento nuestros caballos, seis, y el cuido que se tiene de ellos, que se han usado para este fin, así como la sangre de caballos, trabajada en el Instituto. Esperemos, que en este momento, no se vuelva a producir otra tragedia como la que ocasionó el Mayor Flowers.

Hasta ahora se avanza con bastante seguridad en este éxito científico costarricense, de las inmunoglobulinas equinas, tratando de garantizar el control de su calidad.

Lo que en el Instituto se ha logrado no es una vacuna, es un producto que contribuirá a bajar la carga viral para superar el contagio, es un fármaco que baja la efectividad del virus en el cuerpo de quienes se han contagiado, con mayor posibilidad de salvar sus vidas.

El avance científico logrado en el Instituto Clodomiro Picado ha sido declarado, como correspondía, de interés público y nacional por el Presidente Carlos Alvarado Quesada, que compromete también a INCIENSA, en “desarrollar, producir y validar la efectividad terapéutica de dos medicamentos para el tratamiento de pacientes con COVID19 y mejorar la atención de la pandemia que afecta la salud de la población costarricense”.

Por su parte, la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega Castillo, señaló que “el Covid-19 nos recuerda que poner los ojos en la búsqueda de soluciones a través de la ciencia, es ponerla al servicio de la humanidad. Nuestros científicos han demostrado que la mejor decisión que el país puede tomar hoy es tomar la ciencia para luchar contra esta pandemia”.

Mientras tanto, ¿qué hacer?, ¿qué medidas tomar frente a la Pandemia?

Hay que atender con la mayor rigurosidad, disciplina y voluntad posible las instrucciones que da permanentemente el Ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Salas, y los altos funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, especialmente su Presidente el Dr. Román Macaya, en correspondencia con las directrices internacionales de la Organización Mundial de la Salud, que recoge a la vez la experiencia de muchos países, y sobre la base de nuestra propia práctica social y experiencia que vamos desarrollando en la lucha contra el Coronavirus.

Las medidas que se deben atender y seguir, de carácter general, las básicas, son:

1.- cubrirse siempre la boca y la nariz, con pañuelos desechables al toser o estornudar.
2.- no escupir
3.- botar en los recipientes de basura los pañuelos desechables
4.- usar “bozales” de tela, o mascarillas que tapen la boca y la nariz al estar siempre en sitios públicos.
5.- guardar distancia “social”, de 1.8 metros respecto a otras personas
6.- lavarse las manos cada vez que se tocan sitios públicos que pueden haber sido tocados por otras personas, entre ellos objetos de uso colectivo, carritos de cargar mercaderías en supermercados o tiendas.
7.- usar viseras o anteojeras
8.- usar mascarillas que tapen bien la cara, en boca, nariz y barbilla
9.- guardar las mascarillas en bolsas plásticas cuando no se usen
10.- lavar la mascarilla con agua y jabón o detergentes
11.- no usar mascarillas que dificulten la respiración
12.- no compartir mascarillas con otras personas
13.- evitar los saludos dándose la mano, dándose un beso, abrazándose
14.- saludar gestualmente con las manos o tocándose con los codos
15.- buscar atención médica si se tiene fiebre, tos o dificultad para respirar
16.- frente a los encierros solicitados o impuestos por las autoridades sanitarias hay que desarrollar comprensión, tolerancia y atención a todo el conjunto familiar
17.- explicar a las personas dentro del hogar el significado e importancia de las medidas que se están tomando, y asumirlas como hábitos de comportamiento
18.- lavarse las manos después de tocar animales o mascotas
19.- no poner a niños menores de dos años mascarillas
20.- evitar estar en aglomeraciones o concentraciones humanas o en espacios cerrados con muchas personas
21.- proteger a las personas mayores y a los viejitos de todas las familias
22.- ir a los centros hospitalarios o de salud solo en caso necesario
23.- acudir a los EBAIS y clínicas de salud inmediatamente ante sospechas de tener síntomas del Coronavirus
24.- limpiar regularmente en las casas, y sitios públicos, todas las superficies de contacto frecuente, mesas, perillas de puertas, inodoros, teléfonos etc.
25.- lavar bien la ropa
26.- atender, acatar y obedecer las instrucciones públicas del Ministerio de Salud relacionadas con la atención de actividades de concentración masivas, y de permisos sanitarios de funcionamiento de locales donde se atiende público

El uso de estos materiales y medidas está orientado a proteger e impedir la propagación del COVID-19. Cuando una persona se protege está protegiendo a las demás. El protegerse es una medida de prevención a favor de quien se protege, de uno mismo.

El Coronavirus es una enfermedad que ataca severamente las vías respiratorias, por eso las distancias de 1.8 metros. Este virus se propaga de persona a persona, por ello es el cuidado que hay que tener.

El Gobierno de la República hace bien en tratar de proteger la vida de todos los habitantes de Costa Rica. Nuestro sistema de Seguridad Social históricamente ha cubierto a la población más débil, económicamente más frágil.

Originalmente, a finales del siglo XIX, los seguros sociales se desarrollaron en Europa para atender y asegurar la salud y la vida de los trabajadores, para, igualmente, asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo. De eso se trata en la actual Pandemia, asegurar la vida de los trabajadores, y de sus familias.

La atención de salud, en Costa Rica, no se le niega a nadie por su extracción popular. Los trasplantes de corazón aquí se han hecho a personas de escasos recursos, pobres, que en otros países hubieran estado condenados a morir por falte de ese trasplante. Pero sí se puede negar atención hospitalaria si el número de contagiados y personas en Unidades de Cuidados Intensivos sobrepasa la capacidad de atención que tiene el sistema hospitalario nacional. De esta posibilidad no escapan ni pobres ni ricos… si no hay campo hay que morir en la casa…así de simple. El que tiene plata y seguros médicos le atenderán en hospitales privados mientras la cobertura del seguro lo permita… así funcionan los seguros médicos.

La seguridad social en Costa Rica no es medicina exclusiva para ricos, al contrario, es medicina para el pueblo, para los trabajadores y sus familias.

La Seguridad Social y la Salud Pública en esta lucha contra la Pandemia del Coronavirus es para proteger la salud de todos los costarricenses y de quienes habiten nuestro territorio nacional.

Cuando el Obispo de Tilarán clamó, no al cielo, y reclamó a los costarricenses, que no acatan las disposiciones sanitarias impuestas por las autoridades de Salud, hizo lo correcto. Su mensaje fue contundente, “si quiere matarse mátese, pero no mate a los demás”, señaló vehementemente que estamos en la obligación de cuidarnos para no contagiar o enfermar a otros… No fue una invitación al suicidio, fue un llamado a no matar personas…actuando como francotiradores…

Cuando las autoridades de salud convocan al encierro de las personas, y de las familias, nos mandan un mensaje también muy contundente: ¡es mejor encerrados, que enterrados!

La vida vale, la vida de un costarricense vale, la vida de todos los costarricenses es lo mejor y lo más preciado de Costa Rica. La vida de cada costarricense es una historia personal, familiar y social que debemos preservar, recordar.

La vida de los pueblos se mantiene con la memoria del recuerdo. Si recordamos no olvidamos. Recordar es volver a vivir. Por su origen latino el recuerdo se asocia al corazón, a tener a los seres queridos en el corazón. También a conocer el pasado, como memoria histórica, para mejorar el futuro.

Recordamos las endemias, las epidemias y las pandemias que han tocado, en el pasado, nuestro suelo patrio y nos sabemos vencedores de ellas. Así va a suceder con esta Pandemia del Coronavirus, pero tenemos que poner de nuestra parte lo que nos corresponde.

El Ministerio de Salud Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Clodomiro Picado velan por nuestra salud.

Bíblicamente hay tiempo para vivir y tiempo para morir.

Terrenalmente nuestro tiempo es para vivir y, ojalá, de la mejor forma posible.

A la Pandemia y al Coronavirus los derrotaremos, pero necesitamos la vida para lograrlo.

¡Es mejor encerrados, que enterrados!

Las grandes ganancias, los salarios… y el poder

En el siguiente video, que es una producción del programa Desde la U, se expone la situación de la desigualdad de ingresos en Costa Rica. El reporte se hace con base en datos del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

https://m.youtube.com/watch?v=hnNXGjb3rMQ&feature=youtu.be

En este otro video el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Gerardo Hernández Naranjo, expone para el programa Desde la Otra Acera de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) la situación real del poder en Costa Rica.