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Etiqueta: desigualdad

Para que el olvido no sea costumbre

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En el mes de setiembre de 2019 el XXXVI Festival de Coreógrafos Graciela Moreno fue dedicado a trabajar el tema de la exclusión y el olvido. Fui invitado a impartir una charla sobre ese tema a grupos de estudiantes de secundaria.

Titulé mi conferencia FIERRO, MEMORIA, EXCLUSION:
LAS PROFUNDAS MARCAS DEL OLVIDO EN LA COSTA RICA DESIGUAL, dedicada a pensar en la memoria como una herramienta de resistencia frente a los intentos de la historia hegemónica de borrar acontecimientos, fechas y coyunturas que desnudan esta implacable desigualdad, exclusión y violencia que nos ha caracterizado como sociedad.

En mi intervención, invité a los asistentes a pensar en retrospectiva sobre una fecha específica y un hecho que marcaría la historia reciente de las comunidades originarias y su derecho a permanecer en los territorios que ancestralmente les ha sido otorgados. Comparto un fragmento de esa intervención.

“Una mañana de junio de 2014

Poca gente en el país, por no decir nadie, recuerda lo verdaderamente importante ocurrido la mañana del domingo 29 de junio de 2014. Quisiera preguntar: ¿Recuerdan que ocurrió ese día? ¿les impactó lo ocurrido? ¿Cómo? ¿Dónde estaban? ¿Que hacían en horas de la mañana?

Si les digo Navas, penal, celebración, su memoria recuperará un pasaje feliz, una fecha determinada y fijada para el recuerdo en el deporte nacional. Probablemente una sonrisa se dibujará en su rostro al rememorar los momentos épicos y de gloria alcanzados ese día por la selección nacional de futbol en el Mundial de Brasil; casi al instante podrán decir qué hicieron para celebrar, donde estuvieron, la felicidad de sus familias. Se inscribirá así una fecha difícilmente borrable en la historia nacional, al conseguir una clasificación impensable a octavos de final en un campeonato mundial del futbol.

Pero si digo Salitre, Sergio Rojas, desplazamientos forzados de población indígena costarricense, probablemente no significará nada para ustedes. El olvido y la exclusión son precisamente dos hechos que necesitamos superar, si queremos construirnos como un país igualitario y justo.

La misma mañana del domingo 29 de junio, mientras seguramente la mitad de un país autoproclamado blanco en el último censo nacional de población, celebraba eufórico el rito futbolístico ya comentado, decenas de pobladores indígenas de la comunidad de Salitre ubicada al sur del país, sufrían las consecuencias de graves hechos contra sus cuerpos, sus viviendas y sus bienes. Fueron desplazados de sus casas-ranchos por hordas de hombres blancos, borrachos y descontrolados, eufóricos y enfundados en un sentido de apropiación sustentado en rasgos de colonialismo y racismo interno.

Nadie recuerda los procesos de violencia física, simbólica y patrimonial a los que fueron sometidos las y los pobladores indígenas de Salitre, al ser prácticamente expulsados con saña por parte de terratenientes blancos que demandaban la apropiación de sus tierras. Las primeras justificaciones daban cuenta del alto consumo de alcohol como consecuencia del partido, realizado en horas de la mañana de ese día; la razón fundamental tenía que ver con conflictos por la propiedad de las tierras en aquella zona.

En una misión independiente de derechos humanos que acompañamos a los territorios días después de ese hecho, pudimos conversar con algunos pobladores y notamos cómo habían sido marcados en sus cuerpos con fierros calientes, como si fueran ganado, golpeados hasta el miedo. Expulsados de sus tierras, sometidos a la exclusión. Sobre este hecho, un reportaje del Semanario Universidad días después, decía lo siguiente:

El pueblo de Salitre amanece cansado y tenso. Durante el fin de semana la violencia y los enfrentamientos fueron protagonistas en esta comunidad ubicada al sur del país, a causa de un conflicto por la tierra entre familias indígenas bribris y grupos de finqueros.

La quema de varios ranchos de indígenas, la persecución, las agresiones y las amenazas han estado a la orden del día, en esta zona donde el conflicto tiene ya varios años.

El sábado, según confirmó la Fuerza Pública y los pobladores de Salitre, grupos de personas no indígenas arremetieron contra los pobladores bribris que están ocupando las fincas con campamentos que habitan unas 10 familias.

Heylin Figueroa, indígena de la zona indicó que los finqueros ingresaron a dos de las fincas ocupadas: una de Pindeco y otra arrendada por Coopeagri y quemaron sus ranchos, los amenazaron y los persiguieron por la montaña. “Nos dieron cacería, como a cualquier animal. Tenemos tres noches de andar huyendo, de estar escondidos, porque estamos amenazados todo el día”.

Pese a la profundidad y el drama conocidos, olvidamos este acontecimiento, porque en el recuerdo preferimos la fecha feliz, el hecho colectivo, la autocomplacencia. Más aún, ya hemos olvidado seguramente que este mismo año, el 18 de marzo, el líder indígena Sergio Rojas, dirigente importante en la recuperación de tierras para los pobladores de Salitre y de otras localidades indígenas, fue asesinado sin que hasta el momento haya sido esclarecido quién o quiénes lo mandaron a matar y cuáles fueron los motivos.

Un país que se comporta así, tiene problemas de memoria y de identidad. No sabe quién es. No recuerda quién es. Permite que múltiples pobladores en contextos sociales, económicos y culturales, permanezcan en la exclusión y esa es una condición primaria para que el olvido se manifieste. Por ello es necesario acompañar una reflexión sobre el olvido y la exclusión desde una mirada crítica y amplificada, para comprender en adelante sus implicaciones”

Cuatro años después, en un acto de olvido absoluto y de desatino de un sistema jurídico complaciente e injusto, se conoció que una de las posibilidades que existen sobre los autores intelectuales y materiales del asesinato de Sergio Rojas es su total sobreseimiento. La espera, una vez más, será interminable.

Es necesario nombrar, apalabrar desde la memoria para que el olvido no se instale como política del miedo y de la impunidad en un país que poco a poco se desdibuja como el reducto defensor de los derechos humanos. Es necesario no olvidar. Esa es la tarea.

Cuando el instrumento político es el mismo cuerpo

Escrito en . Publicado en Cultura.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Está por verse si el reconocimiento de una institución hegemónica como la Real Academia Española de la Lengua es tan importante como para elevarle la autoestima a un país. O al menos para sacarlo de la disrupción en la que ingresó sin retorno desde hace más de 40 años.

En uno de sus aportes a la reflexión desde las Ciencias Sociales, el investigador español Juan Pablo Pérez Sainz y el costarricense Minor Mora Salas atinaban a titular “Se acabó la pura vida” en referencia a los evidentes signos de agotamiento del modelo inclusivo e incluyente que acompañó por décadas el desarrollo social y económico costarricense.

Dedican su trabajo a analizar tres procesos de impacto en la sociedad costarricense: la pauperización de los sectores medios y bajos, la galopante exclusión social y el aumento de la desigualdad como signo del agotamiento de los tiempos.

Se acabó la pura vida, dicen.

Entonces se queda uno pensando si los actos de significación simbólica como la reciente inclusión de la expresión en el Diccionario de la Real Academia Española serán de utilidad como, para por lo menos, buscar las fisuras de eso que alguna vez fue pomposamente llamado “la vía costarricense”.

En realidad el otro reconocimiento es el que me interesa precisar. Pasó casi desapercibido, quizá porque la misma sociedad costarricense continúa invisibilizando sus aportes desde la cultura popular, esa nacida en las bananeras y apropiada en los salones de baile josefinos del sur de la ciudad.

El Swing Criollo entró, junto con el pura vida, en los anales del reconocimiento formal. Sin embargo, en la misma sociedad costarricense o parte de sus sectores letrados, las élites y ciertos grupos de las capas medias que “se niegan a vulgarizarse”, se sigue pensando que ese baile es una práctica arrabalera, periférica, pachuca.

Expresión cultural, sí. Baile conformado desde los acordes del swing estadounidense de los años cincuenta del siglo XX. Si. Patrimonio cultural inmaterial, sí. Pero también poderoso instrumento de una política del cuerpo en respuesta a la programación social de cierta estética dominante.

El swing criollo es, ciertamente, una de las poquísimas herramientas que les quedan a los sectores populares para replantearse, visibilizarse, exponerse y decir desde su corporalidad.

Si su inclusión y reconocimiento formal y palaciega resulta de utilidad, que sirva justamente para mostrarnos esos signos de agotamiento de una vía costarricense cuyo swing hace mucho perdió su ritmo.

El Índice de Competitividad Cantonal de la Universidad de Costa Rica revela una vez más las profundas desigualdades regionales del país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís Morales

La semana anterior se dio a conocer el informe del Índice de competitividad cantonal 2021 elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, en el que 64 cantones de Costa Rica reportan un nivel de competitividad bajo o muy bajo.

Este índice por cantón mide el desempeño a partir de una serie de pilares relacionados con las decisiones de los diferentes actores sociales que se toman en un determinado espacio geográfico.

Los 7 pilares que conforman el índice de competitividad cantonal son: Económico, Clima empresarial, Gobierno, Laboral, Infraestructura, Innovación.

Este indicador se refiere a la complejidad, a la variedad y a las exigencias del entorno económico que enfrentan las empresas ubicadas en cada uno de los cantones de Costa Rica.

Según el informe, la diversidad de actividades económicas que se llevan a cabo a lo interno de un cantón facilita el intercambio comercial y éste permite aprovechar externalidades, entre ellas la disponibilidad de servicios financieros, la existencia de empresas exportadoras en el cantón, la concentración de los establecimientos económicos y la competencia de las empresas industriales y de servicios, entre otros.

El objetivo de valorar estas categorías por separado fue el de sopesar no solo los recursos económicos de las personas que habitan en un lugar, sino también las oportunidades y las capacidades que tiene para desarrollarse en ese espacio.

Cabe destacar que el Índice valora las condiciones de cada cantón y también la eficacia que tienen en estos territorios las políticas nacionales para su progreso. (El Observador.com, Visión país,25-11-2023).

Tres son los pilares donde el índice tiene el nivel más alto en el 2021: estos son el laboral, el de infraestructura y el de calidad de vida. La dimensión laboral es la que presenta la nota más alta, esta mide aspectos como el potencial educativo, el tamaño y la destreza de la fuerza laboral, dentro de los que van incluidos aspectos como el acceso a la enseñanza del inglés, la cobertura de la secundaria y el ingreso a las universidades.

El cantón de Alajuela se ubicó en la categoría “muy alta” de la dimensión laboral para el 2021 (1,23 %), mientras que la mayoría de los cantones de la GAM tiene un nivel “medio” en la dimensión laboral.

La dimensión de infraestructura es la segunda con valor promedio más alto, e incluye aspectos como la disponibilidad de servicios básicos, de la movilización y de las tecnologías de la información.

Cantones como Tibás, Goicochea, San Pablo, encabezan la categoría muy alta que incluye a nueve cantones, mientras que la cierran en la categoría de “muy baja” Sarapiquí y Talamanca.

La última dimensión que se puede catalogar como más positiva es la de calidad de vida y que toma en cuenta la seguridad ciudadana, la salud y el ambiente en los cantones del país.

En este pilar llama la atención la presencia en la categoría “alta” de cantones como Nandayure y Nicoya, que se ubican dentro de la conocida Zona Azul de la Península de Nicoya, la cual se caracteriza por la longevidad de su población. Aparte de estos dos, otros 11 cantones presentan una calidad de vida “alta”, mientras que Alajuelita, Corredores, Limón, Matina y San José conforman la “baja”.

Por debajo del promedio y con un menor nivel, están los pilares de innovación, económico, gobierno y empresarial. En el primero de estos cuatro, se toma en cuenta la capacidad de cada cantón para difundir, transmitir y aplicar conocimientos complejos en la producción, por medio de aristas como las exportaciones de alta tecnología y el aprovechamiento de conocimientos avanzados (estudiantes matriculados en carreras afines y centros educativos con acceso a internet).

Entre los cantones de nivel alto, destacan Alajuela, Cartago y Escazú, que repitieron en esta categoría tanto en el 2020 como en el 2021, mientras que en la calificación de innovación “muy baja”, resaltan Limón, Parrita y Matina, que también se ubicaron en este espacio en ambos años.

En el pilar económico se tomaron en cuenta aspectos como el gasto o la producción de un cantón medido a través del consumo (sobre todo el eléctrico), la inversión (metros cuadrados de construcción), el gasto gubernamental y la exportación, que se utiliza para aproximar el producto interno bruto (PIB) per cápita.

Aquí, la categoría “baja” alcanza el primer lugar en cantidad de cantones, con un 53 %, luego viene los cantones que están en el espacio “alto” y el que está en el espacio “muy bajo” (Guatuso, León y Cortés). En el otro extremo, un solo cantón, Belén, está en el espacio “muy alto”.

El pilar que sigue en un nivel bajo es el de gobierno, este considera la capacidad de cada cantón de captar recursos y gestionarlos, además de la eficiencia en la respuesta y la participación ciudadana. Para estos resultados se tomaron también en cuenta el tamaño de cada territorio y su capacidad para generar recursos.

En este apartado, casi dos de cada tres cantones están en la categoría “baja”, en cambio, en la “alta” está solo el 4,9 % (Alajuela, Escazú, San José y Belén) y únicamente un cantón, Acosta, está en la “muy baja”.

Finalmente aparece el pilar empresarial, que mide aspectos como la complejidad, variedad y exigencia del entorno económico de las empresas que se sitúan en un cantón, la disponibilidad de servicios financieros, la existencia de negocios exportadores, la concentración de los establecimientos económicos y la competencia de las empresas industriales y de servicios.

La situación en este pilar es más que preocupante para el grueso del país, ya que alcanza una nota promedio de 0,35 (“bajo”). Además, tres de cada cuatro cantones están en ese mismo nivel y tan solo un 4,9 % está en la “alta” (Escazú, Belén, San José y Montes de Oca) y un 3,7 % en la “muy baja” (León Cortés, San Mateo y Turrubares).

En el informe, la Escuela de Economía aconseja mejorar la distribución de la actividad económica en el país, como la oferta de los servicios financieros, las empresas productivas y exportadoras.

Así mismo, se afirma que los tres pilares con menor calificación son justamente los que más relevancia tienen a la hora de generar producción y crecimiento económico, por lo que su mejora y nivelación son fundamentales para el desarrollo del país.

El informe señala la importancia de continuar con el fortalecimiento de las políticas educativas, de salud y de acceso a infraestructura básica que han definido el desarrollo nacional en los últimos 80 años, con el objetivo de mejorar las oportunidades de empleo y de competitividad en todo el territorio nacional.

A la vez, se enfatizó que este instrumento demuestra la desigualdad que persiste en Costa Rica, la cual afecta sobre todo a las zonas costeras y fronterizas. (El País.cr, nacionales,25-11-2023).

Esto recuerda que Costa Rica es un país con dos (o más) realidades socioeconómicas muy diferentes. Y que las regiones costeras o fronterizas presentan serias desventajas en comparación con la Gran Área Metropolitana.

Varios análisis del desarrollo nacional, han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos.(Informe Estado de la Nación, 2020, p.29).

El informe 2022 del Estado de la Nación, señaló entre sus principales hallazgos: la mayor desigualdad, retroceso en equidad y un país partido.

En la última década el país profundizó los rezagos sociales y económicos, hay una parte de la población que goza de mucho bienestar, mientras un grupo cada vez numeroso está excluido de servicios esenciales, como educación, trabajo y empleo de calidad, la alta inestabilidad de ingresos y empleos temporales es la causa de la entrada y la salida de miles de hogares de la pobreza y que la región Brunca fue nuevamente la más pobre, son algunas de sus afirmaciones. (alterdes.com, noviembre 2022).

Recientemente, el informe del Estado de la Nación 2023, presentado la semana anterior, reitera, que “el retrato que emerge del análisis de la desigual territorial es el de un país fragmentado en las condiciones para el desarrollo humano y una vida digna”.

De los perfiles multidimensionales cantones elaborados, surgen los más favorecidos(20 cantones), aquellos con los mejores índices y con resultados sobresalientes en la mayoría de temas, los beneficiados, conformado por 25 cantones con resultados positivos en la mayoría de los indicadores, aunque tienen rezagos en internet y salud, cantones promedio, con niveles cercanos a los promedios nacionales, sin embargo con malas puntuaciones en infraestructura y salud, cantones en desventaja, corresponde a 6 cantones, con resultados negativos en la mayoría de indicadores y los desatendidos, 10 cantones con los peores resultados, que reflejan la desprotección del Estado y el mercado, zonas alejadas del centro del país, rurales, pobres y con fuertes barreras para acceder a oportunidades de desarrollo y bienestar(Informe del Estado de la Nación, 2023,p.31).

Diversos índices de desarrollo regional y cantonal han permitido constatar las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos existentes, así el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal del 2021 había revelado como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano.

Mientras que el Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, había establecido que los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

Por su parte, el Índice de Competitividad Nacional (ICN) del 2021, mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional de ese mismo año, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales

La medición de ICN puso en evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica. (Nación.com,11-11-2021).

Se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha reproducido por más de 5 décadas en las provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional.

De esta manera, el abordaje de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas, debe ser una prioridad nacional y una política de Estado, dirigidas a avanzar hacia un desarrollo territorial más sostenible, equitativo e incluyente.

 

Imagen: UCR.

Desigualdad en Costa Rica permanece estancada en los últimos 20 años

Escrito en . Publicado en Derechos.

UNA Comunica. 10 de noviembre, 2023. Sin avances ni retrocesos. Así permanece la desigualdad por ingresos en Costa Rica, si se comparan los indicadores del 2000 con los del 2020, de acuerdo con una presentación de datos del economista José Francisco Pacheco, del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

Con base en una elaboración propia, a partir de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Pacheco determinó que en el 2000 el coeficiente de Gini (medición que establece el grado de desigualdad según los niveles de ingreso de la población) se ubicaba en 0,479. Veinte años después, el indicador para Costa Rica subió levemente a 0.490.

Si el indicador se acerca a cero quiere decir que un país es absolutamente igualitario; por el contrario, si se acerca a 1, la desigualdad es total. Por ende, el país se ubica en un punto medio de desigualdad, sin que la situación tienda a mejorar.

Lo preocupante del dato es que, de acuerdo con la información que se dio a conocer en la conferencia Análisis Económico y Social de la Inseguridad en Costa Rica, en esta materia, el país se encuentra rezagado con respecto a América Latina.

Mientras que en el 2000 el promedio de la región era de 0,531, para el 2022 el indicador bajó hasta un 0,464, lo que representa un avance significativo en los niveles de desigualdad, inferiores a los de Costa Rica.

Para el economista Pacheco, si bien los indicadores de pobreza vinculados con los niveles de ingreso son una causa de la creciente inseguridad que atraviesa el país, es fundamental observar los índices de desigualdad como posición relativa, para explicar con mayor profundidad las razones de la violencia y la criminalidad que aquejan a la sociedad.

“Hay una distinción importante entre pobreza relacionada con la menor cantidad de ingresos para obtener bienes y servicios, y la desigualdad, sea esta económica o no, que se refiere a cómo me visualizo yo con respecto a otras personas. Entonces, si no tengo una casa decente, ni acceso a servicios de salud y de educación, ni un trabajo digno, si tampoco tengo la opción de viajar o de comprarme un carro, todos esos factores influyen para que las personas se vean presionadas a tener un estatus social que de otra manera no pueden alcanzar y es ahí donde podrían tomar la decisión de vincularse con grupos de delincuencia organizada, para alcanzar sus objetivos”, manifestó Pacheco.

En la misma exposición, el economista de la UNA reflejó datos que revelan que la tasa de homicidios en el país se explica, además, por la carencia, por ejemplo, de falta de inversión en servicios sociales, hogares sin acceso a agua potable, electricidad, computadoras, Internet y manejo de aguas residuales.

Otros datos dados a conocer en la conferencia reflejan el perfil del homicidio doloso en nuestro país.

  • Nueve de cada 10 homicidios recaen sobre hombres.
  • El 54% de los hombres asesinados tiene menos de 35 años.
  • El 73% de los crímenes que se cometen en el país utilizan un arma de fuego.
  • El 56% de los asesinatos están vinculados con ajustes de cuentas relacionados con delincuencia organizada.

Optar por la prevención

Para Lina Barrantes, exdirectora de la Fundación Arias para la Paz, el país sufre una desagregación de la violencia en todos los niveles, que van desde la comisión de crímenes, la penetración del narcotráfico, a lo que denominó “pequeños ejércitos” dentro del territorio nacional, así como también el uso de retóricas que incitan a la confrontación pública, la violencia política y de género.

Fortalecer las estrategias de prevención debe ser el camino por el cual debe transitar el país y con ello coincidió la exministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, para quien es fundamental “arrebatarle gente al crimen”. La exjerarca resaltó que al país le sale mucho más cara la contención de la violencia que tratar de prevenirla.

Eduardo Trejos, exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), destacó la importancia de apuntalar la estrategia en esa dirección, en momentos en que el tráfico de clorhidrato de cocaína tiene a 275 millones de consumidores en el mundo, con un cultivo que creció un 35% entre el 2020 y el 2021.

La conferencia se realizó en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, el jueves 9 de noviembre.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Huelga indefinida en el Liceo Rural Tsikriyök

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Uriel Rojas

CABAGRA DE BUENOS AIRES

Estudiantes y padres de familia del Liceo Rural Tsikriyök situados en el territorio Indígena de Cabagra de Buenos Aires amanecieron este viernes en huelga indefinida.

La razón de dicho movimiento es oponerse a la eliminación de los Códigos de Orientación y Oficinista en el colegio.

La disminución en el número de matrícula ha traído como consecuencia que el Ministerio de Educación Pública tomara la decisión de eliminar los Códigos de Orientación y Oficinista, lo que a juicio de los huelguistas, “dejaría a los estudiantes en una posición de indefensa y desigualdad, en un contexto donde ellos necesitan de una orientadora que atienda sus casos, tanto personales como vocacionales, a la cual le depositan toda su confianza, además de ayudarlos de forma importante en otros trámites”.

Además, alegan que la oficinista juega un rol fundamental en este colegio, ya que es de mucha ayuda para ellos y los padres de familia en diversos trámites.

Los manifestantes se mantendrán en posición de huelga indefinida hasta que el Ministerio de Educación Pública los escuche, les atienda el caso y les mantenga estos Códigos de Orientación y Oficinista por excepción.

Este centro educativo de secundaria se ubica en el Territorio Indígena de Cabagra de Buenos Aires, Puntarenas.

Experto alerta sobre falta de rumbo en la política social costarricense

Escrito en . Publicado en Derechos.

UNA Comunica. 5 de octubre, 2023. La conjunción de una serie de problemas políticos, sociales y económicos genera falta de claridad sobre el rumbo del país, lo cual afecta directamente la calidad de vida de las y los costarricenses, de acuerdo con el Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, presentado esta mañana por parte del coordinador de este Programa, Carlos Carranza.

El experto, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, hizo una radiografía sobre los aspectos más relevantes de la realidad nacional.

Uno de los aspectos más destacados fue el señalamiento de que el país carece de una política social establecida. Lo anterior es producto de los aumentos de los índices de violencia en el país y el alto grado de desigualdad que afecta principalmente a los grupos de población de más bajos recursos económicos.

“Lo que estamos viendo es que se ha instalado en Costa Rica una violencia de carácter estructural donde no se prevén soluciones integrales a este fenómeno. La violencia estructural tiene un componente de distribución de la riqueza y el capital educativo, que en este país está en detrimento”, manifestó Carranza en su exposición.

Muestra de ello, es que en la agenda que convocó el Poder Ejecutivo el pasado 2 de octubre del Consejo de Seguridad, ninguno de los puntos se refiere a condiciones de reforma estructural en términos de equidad, educación y trabajo, sino a proyectos de ley vinculados a la contención del crimen.

Justamente, el tema educativo fue uno de los puntos centrales de la presentación. En este ámbito, el experto manifestó que el país requiere otras alternativas educativas para que pueda salir del bache en que se encuentra y que ha sido alertado, entre otros estudios, por el Programa Estado de la Educación.

Las discusiones públicas sobre el presupuesto que se le debe asignar a la educación pública, la falta de equipamiento para un proceso de enseñanza adecuado y el desfase que existe en el aprendizaje de nuevos idiomas, representan retos que deben ser abordados de manera integral por parte de las autoridades educativas.

La relación del Gobierno con otros poderes de la República, como el Poder Judicial, también fue parte de los resultados del estudio, donde se identificaron relaciones complejas que pueden afectar la propuesta de soluciones a graves problemas sociales, como el tema de la violencia.

Esa complejidad en las relaciones se puede ver acentuada además en la necesaria discusión que debe liderar el Poder Ejecutivo con otras fuerzas políticas para la búsqueda de alternativas a los desafíos fiscales del Estado costarricense, para atraer nuevos recursos a las arcas estatales que permitan una mayor estabilidad en las finanzas públicas.

Finalmente, Carranza señaló la preocupación que existe por la alta rotación percibida en los puestos de jerarquía del Poder Ejecutivo, lo que impide contar con un equipo gerencial permanente que permita atender estos retos que están enmarcados en ese “rumbo limitado y con contradicciones”, que detalla el estudio de Análisis de Coyuntura.

Enlace a la exposición de Carlos Carranza: https://fb.watch/nuDYwSB-Pc/

Adjuntamos los documentos del informe completo.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

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¿Vamos a Seguir Poniendo los Muertos?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En tiempo de guerra y en tiempo de paz seguimos poniendo los muertos, mientras las potencias y países ricos recogen las ganancias, tanto del negocio de las armas como del narcotráfico. Lo que es una ganancia para esos países se revierte en pérdida en vidas humanas para los nuestros.

Urge cambiar radicalmente esta lógica neocolonial, propiciada por los poderes fácticos del capitalismo salvaje de un neoliberalismo que se vende como el ideal de prosperidad para los pueblos empobrecidos, mientras son sometidos a patrones financieros, sistemas productivos y estilos de consumo que profundizan la pobreza, la desigualdad y la violencia. Hay que erradicar este neocolonialismo, que se viste de buena vecindad, protector del libre comercio y hasta de los derechos humanos: un contrasentido a todas luces, que campea a fuerza de una propaganda mediática engañosa y desvergonzada.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, una vez más, ha levantado la voz en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para proponer que se eleve a la categoría de crimen internacional toda invasión militar de un país contra otro. Esta, entre otras acciones globales anticolonialistas contribuirían, sin duda, a una convivencia global más digna, afectiva y pacífica. Y permitiría contener los tambores que reiteradamente llaman a la guerra, para redefinir fronteras de influencia geopolítica entre las potencias y naciones más poderosas.

Hay que asumir el desafío de un nuevo pacto global con compromisos vinculantes que contribuyan a erradicar, de una vez por todas, el neocolonialismo guerrerista, antiecológico y homicida. No debemos permitir que se continúe profundizando el modelo de globalización dual: donde unos disfrutan los oasis de riqueza y otros perecen en la más escandalosa miseria, unos ponen los muertos y otros recogen el botín, unos conservan y cuidan la naturaleza y el ambiente y otros lo depredan y explotan para amasar capitales, unos son víctimas de enfermedades y pandemias y otros acumulan ganancias con el negocio de las medicinas y las vacunas…

Lamentablemente, un conjunto de nuevas fuerzas sociales, políticas y religiosas de corte populista y neoconservador están contribuyendo a desviar la atención sobre las causas estructurales de estos álgidos problemas. Por ejemplo, se utiliza el discurso de la anticorrupción, refiriéndolo de manera reduccionista a los comportamientos individuales o de grupos de interés que utilizan recursos públicos y privados para enriquecerse. De esta manera, se exime al modelo mismo, que genera y propicia esos comportamientos. Y las alternativas propuestas, van en la misma dirección, a saber, corregir esos comportamientos, como si se trata de simple voluntarismo personal o grupal. De esta manera, los correctivos son simples paliativos, porque se dejan intactas las estructuras socio-económicas, jurídico-políticas y culturales.

Construir los cimientos de un proyecto global alternativo postneoliberal sigue siendo la consigna necesaria para recoger y hacer viables esos esfuerzos e ideales que permitan heredar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Acciones desde los ámbitos personales, locales y comunales son tan necesarios como las acciones globales. Y en esta tarea, son precisamente los países que hoy ponen la peor parte: los muertos, quienes deben aunar acciones y esfuerzos para decir ¡basta Ya! Y avanzar hacia un nuevo modelo descolonizador y humana, social y ecológicamente viable, para “vivir bien, juntos”.

UCR: Costa Rica debe atender la violencia social desde una propuesta integral

Escrito en . Publicado en Derechos.

Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la tasa de homicidios más alta por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua (foto: Archivo OCI).

Rosaura Chinchilla Calderón: Fortalecer la educación, crear empleo y disminuir la desigualdad son claves para la convivencia democrática

Este 2023, Costa Rica está a punto de romper un récord histórico tras superar los 600 homicidios a tan solo tres meses de cerrar el año. Sin duda, el país sufre una oleada de inseguridad y violencia, que, aunada a otros elementos como una creciente desigualdad social, desempleo, poca inversión en educación y narcotráfico, son motivo de pérdida de paz y tranquilidad en la sociedad costarricense.

En el 2022, el Poder Judicial reportó un total de 656 homicidios en el país, una de las cifras más altas de la historia de Costa Rica en cuanto a violencia social. Mientras que este año se proyecta que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes puede llegar hasta a 16 muertes, número considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia.

Actualmente, Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la  mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua.

Desde la perspectiva de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, este fenómeno crucial que atraviesa el país en cuanto a inseguridad y violencia social es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual, durante las últimas décadas se ha dado una interrelación de detonantes como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado.

Al respecto afirmó que los últimos gobiernos han trabajado desde un enfoque autoritario y de populismo punitivo, tratando crear leyes para castigar todo tipo de delito, sin tomar en cuenta que desde este enfoque de “condenar todo” se tiende a vulnerabilizar garantías y derechos humanos ya adquiridos y legítimos, como lo son la protesta social, la libertad de expresión y otros. La experta señaló que esto es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países vecinos como Nicaragua y El Salvador en donde se hacen juicios masivos, o se condenan personas por ir en contra de la ideología del gobierno de turno.

Por eso, la experta reiteró que el hecho de crear leyes para condenar delitos es una medida superficial que no ataca las principales raíces de la inseguridad y de la violencia social como lo son el autoritarismo, la desigualdad social, la baja inversión social en educación y la alta tasa de homicidios.

La M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón es experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (foto: Archivo OCI).

“Si nosotros correlacionamos datos, vamos a ver que conforme disminuye la inversión en educación, se incrementan los niveles de autoritarismo, asimismo se incrementa la desigualdad social y se va generando una importante violencia que se manifiesta a través de los homicidios, aunque no es la única forma. En esto es importante decir que las medidas tradicionales que se suelen utilizar para combatir la inseguridad a nivel de discurso oficial o político han sido en el plano meramente normativo y punitivo, en este momento existen más de 190 proyectos de ley en materia penal y ninguno de esos proyectos por los que apuestan las políticas populistas tienen la virtud de incidir en absolutamente nada. La inseguridad que se vive tiene otras causas y justamente las verdaderas causas se siguen socavando, es decir se sigue disminuyendo los presupuestos de educación para disque dárselos a seguridad, además existen medidas fiscales que impiden la inversión en los servicios del Estado y con ese discurso oficial lo que va a contribuir es aumentar las tendencias autoritarias, socavar el apoyo a la institucionalidad democrática y, en consecuencia, exacerbar la violencia en sus diferentes espectros” afirmó Chinchilla.

En su opinión, el país debe atacar esta problemática desde sus causas, con un plan nacional integral que logre fortalecer la educación, crear empleo, atraer inversión extranjera, en el cual se robustezca a las instituciones, y se capacite a las personas a cargo del tema judicial, pero sobre todo en donde se ofrezcan oportunidades de calidad a las personas de todas las edades en cuanto a trabajo, salud, educación, deporte, cultura y recreación.

Por otra parte, Chinchilla ahondó sobre el tema de las consecuencias del populismo punitivo, ya que, además de no atacar de raíz las causas principales de la violencia social, así como de vulnerabilizar los derechos de protesta social y la libertad de pensamiento y expresión, es un mecanismo que está colapsando la estructura del sistema penal, en materia de recargo de labores de labores para los funcionarios judiciales, hacinamiento en las cárceles, incremento en el tiempo de los procesos de juzgamiento, entre otros.

“Ni el populismo punitivo, ni las manifestaciones de políticas tendientes a afectar el plano meramente normativo, no solo son una lectura superficial, sino que en realidad son una lectura distractora de las verdaderas causas. Es una, por decirlo con una expresión popular, una cortina de humo para distraer  la mirada de las personas hacia el verdadero escenario donde ocurren las cosas que deben atacarse” expresó Chinchilla.

Todos estos desafíos sobre la inseguridad y violencia nacional fueron abordados por la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, en el marco del III Foro Académico Seguridad y Convivencia Democrática, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad costarricense más segura y pacífica.

Para ver la exposición completa de la experta puede ingresar al siguiente enlace: https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr

 

Tatiana Carmona Rizo
Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR

¿Somos masoquistas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Pareciera que los costarricenses nos estamos acostumbrando a convivir con los problemas y hasta disfrutarlos, es decir, convirtiéndonos en masoquistas: un comportamiento enfermizo que encuentra placer en soportar lo insoportable y sufrir lo insufrible. Una resignada aceptación de los problemas más álgidos, algo así como que es mejor padecerlos que enfrentarlos y solucionarlos. Nos resistimos al cambio sustantivo entreteniéndonos con paliativos y mensajes-masajes (McLuhan) populistas que actúan como analgésicos.

Los informes sobre el Estado de la Educación del Programa Estado de La Nación año tras año nos desafían a cambiar de rumbo. Los problemas se acumulan y hoy estamos heredando a las nuevas generaciones un futuro de menos oportunidades y condiciones laborales cada vez más precarias. Naturalizamos la devaluación de la calidad educativa y, con en ello, empobrecemos más al país. Cómplices de todo ello: los sucesivos gobiernos de las últimas cuatro décadas que se entregaron a la política neoliberal de menos Estado social y más mercado; menos distribución y más crecimiento-concentración económica; menos soberanía alimentaria y más apertura comercial; menos Costa Rica solidaria y más Globalismo desigual.

 De esta manera, no solo arrastramos las consecuencias sociales de la “generación perdida” de la década de 1980 por la aplicación de esa política, sino que, bajo las condiciones actuales de reducción presupuestaria para la educación y devaluación sustantiva de su calidad, teniendo una mayor cobertura, según el más reciente “Informe del Estado de la Educasión”, continuamos abonando el terreno para nuevas generaciones igualmente devaluadas en educación, destinadas a convertirse en maquileras de un sistema que sigue apostando por mano de obra barata y condiciones laborable de sobreexplotación con jornadas extendidas no remuneradas.

Los índices de pobreza estancados y una desigualdad creciente. No hay forma de que los gobiernos “tomen el sartén por el mago” y se decidan por una política tributaria verdaderamente justa y progresiva que revierta cualitativamente esa tendencia. Hacemos todo lo contrario, con un Plan Fiscal que favorece a los ricos y golpea a los pobres y la clase media, una Ley de Empleo Público que supuestamente trata de nivelar los salarios, cuando de lo que busca es de desmantelar el Estado Social de Derecho. Una política de salarios decrecientes que desestimula el trabajo profesional de calidad en el sector público. Es decir, leyes y acciones para ahondar las brechas sociales y, con ello, crear condiciones para que florezca el mercado informal del narcotráfico y se eleven los índices de violencia criminal.

Todo ello no es otra cosa que masoquismo, y al estilo costarricense donde todo lo digerimos y reciclamos con chistes; también hoy con descalificaciones donde se apela al lenguaje violento que busca “serruchar pisos” y hacer “bullyng”, para desviar la atención sobre los problemas reales. Una actitud evasiva enfermiza y complaciente con quienes nos han venido, desde hace rato, vendiendo falsas promesas mesiánicas.

Ha llegado la hora de despertar del letargo. No dejarnos anestesiar con esas promesas de reinos venideros. Decidirnos a “tomar las riendas” de este “caballo desbocado” que acelera su trote, para conducirnos al despeñadero. No podemos permitirnos, seguir mirándonos en el espejo de una patria irreconocible, por lo socialmente violenta y cada vez más polarizada. Llegó la hora de encarar la realidad. Dejar el comportamiento masoquista que nos está volviendo dóciles y débiles, destinados a soportar lo insoportable. Y, a pesar de todo ello, sintiéndonos “felices”, es decir, “jodidos y agradecidos”.