Cuatro años ha consumido la Asamblea Legislativa en diseñar una nueva sede que tendremos que pagar los costarricenses, con el desastroso resultado que se ha visto: un gigantesco cajón de concreto de 21 pisos, que parece más una cárcel que lo que se esperaría de un parlamento democrático.
Después de haber contratado un proyecto que fracasó y que nos costó más de 2 millones de dólares perdidos, se realizaron dudosas negociaciones en que se adjudicó a dedo al mismo arquitecto del primer proyecto fracasado, para que diseñara el proyecto del cajón, a un costo de otros 3 millones de dólares.
Una obra que se había estimado en $76 millones ha aumentado a $100 millones, pero se espera que aumente aún más por varias razones, como una excavación gigantesca, una estructura de concreto del cajón nada convencional que consumirá miles de metros cúbicos de concreto reforzado. Ya el mismo Director Ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, promotor del proyecto, ha admitido públicamente que el costo aumentará significativamente.
Un edificio de condiciones laborales lesivas para cientos de funcionarios, que tendrían que laborar dentro de la caja de concreto y muchos bajo el nivel del suelo, totalmente aislados visualmente del exterior, lo cual incidiría negativamente en aspectos de salud ocupacional y sicológica.
Hasta dónde llega la irresponsabilidad de nuestros legisladores, que obligarían al pueblo costarricense a pagar por el edificio más absurdo jamás concebido. Se hacen números alegres de ahorros en alquileres, vigilancia y otros por ¢1.500 millones al año, pero no se dice que el pago al Banco de Costa Rica aumentará a ¢7.500 millones al año.
Ya adjudicaron la licitación de movimiento de tierras por ¢3.000 millones, pero hay una apelación que deberá resolver la Contraloría General. Si la Contraloría rechaza la apelación quedará en firme y tendrá una consecuencia funesta: la Asamblea tendría que construir el edificio CUESTE LO QUE CUESTE y tendríamos que pagarlo.
¿Seguiremos tolerando a estos diputados tan irresponsables?
El Área de Fiscalización de la Contraloría valora realizar un estudio adicional con el propósito de determinar la existencia de hechos que puedan originar el eventual establecimiento de responsabilidades.
Imagen con fines ilustrativos
Barva de Heredia, 22 de diciembre del 2014. La Contraloría General de la República, mediante el Informe No. DFOE-DL-1124 del Área de Fiscalización de Servicios para el desarrollo local, hecho público el día 11 de este mes, indica que para las autoridades municipales de Barva “ no ha sido prioridad el establecimiento de procedimientos de control interno efectivos para la administración de la tesorería, la proveeduría y la contabilidad, dada la existencia de una serie de debilidades en esta materia, las cuales no permiten garantizar, de manera razonable, la protección y conservación efectiva de su patrimonio contra la pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal”.
El órgano contralor concluye que las carencias y debilidades de las autoridades municipales se extienden a todos los componentes y áreas de la administración financiera. El Informe señala que “El sistema de administración financiera municipal resulta carente de una serie de mecanismos de control en los componentes de tesorería, contabilidad y proveeduría, en menoscabo de la protección y conservación del patrimonio municipal y de contar con información fiable y oportuna para la toma de decisiones”.
A pesar de que la Tesorería de Barva maneja todos los días más de mil quinientos millones de colones, los auditores señalaron que las prácticas administrativas torcidas y la improvisación han remplazado a los manuales, los reglamentos y los principios técnicos elementales. La Contraloría señala que además de que la Municipalidad de Barva no cuenta con los libros contables de ley (Diario, Mayor e Inventarios y Balances) ni Manuales de procedimientos para los funcionarios, existen figuras y procedimientos que riñen con la legalidad y la técnica, como sucede con el denominado “ Cajas chicas temporales” y el mal llamado “Trámite de pagos por servicios y otros en procesos exentos de procedimientos ordinarios de contratación administrativa”.
A través del primero la tesorería, al margen de las reglas para la contratación administrativa, entrega a funcionarios municipales u organizaciones comunales determinada cantidad de dinero, con el agravante de que incluso en algunos casos estos dineros se terminan gastando en actividades que no guardan relación con la naturaleza del fondo; por ejemplo el año 2013 se gastaron así más de diez millones de colones en actividades como las mascaradas. El segundo mecanismo “Trámite de pagos por servicios y otros en procesos exentos de procedimientos ordinarios de contratación administrativa” se usa para realizar compras sin la participación de la Proveeduría Municipal.
En cuanto al registro y control de los bienes propiedad municipal, la situación es alarmante ya que “ …El sistema automatizado para el registro y control de los activos propiedad de la municipalidad carece de información referente al valor, funcionario responsable de su administración, ubicación, características particulares de algunos bienes. Tampoco registra información acerca de los terrenos y edificios de su propiedad”
En relación con los materiales y suministros almacenados en las bodegas de la institución, no se cuenta con un registro sobre el ingreso y salida de los mismos y los inventarios correspondientes.
De acuerdo al Lic. Fredy Vargas Chavarría del Foro Cantonal Barveño por la Defensa del Agua, las irregularidades que más alimentan la preocupación ciudadana tienen que ver con el atraso por periodos mayores de dos años de las conciliaciones bancarias, la falta de control “ para el manejo y control de las inversiones transitorias que realiza esa administración en el sistema bancario nacional… a pesar de que … al mes de setiembre del 2014 (fue de ) unos 1.200 millones de colones…) y la ausencia de reglamentos para la compra de bienes y servicios a cargo de la Proveeduría Municipal.
Frente a este caos y desorden financiero reñido con el bloque de legalidad y la técnica contable y financiera más elemental, es claro que la Alcaldía y el Concejo Municipal lejos de garantizar a los ciudadanos barveños la protección y conservación efectiva del patrimonio municipal, propiedad de todos y todas, los expone a altísimos riesgos ante la pérdida, el despilfarro, uso indebido, irregular o delictivo, denunció Vargas Chavarría.
El Lic. Vargas Chavarría manifestó que el resultado de este lamentable y nefasto estado de cosas en la Municipalidad de Barva es que la improvisación y las ocurrencias marcan la tónica bajo la cual se adoptan las decisiones en el municipio; lo cual se refleja de manera especial en el funcionamiento y operación del acueducto municipal, como ha sido denunciado desde hace años; recordó que en estos días de fin de año, sin criterio técnico alguno, el Departamento del Acueducto acordó comprar unos macro-medidores de agua para instalarlos a la entrada a Barva y el sector de la Escuela Pedro Murillo Pérez; no solo se está quitando el agua a los usuarios en estos días de celebraciones tan especiales sino que además es un desperdicio de alrededor de siete millones de colones, contratados a una empresa llamada Hidro Tecnia.
Vargas Chavarría concluyó diciendo que diez años de gobierno de la actual Alcaldesa Mercedes Hernández han profundizado los problemas de la comunidad y mencionó que el informe indica que “el Área de Fiscalización de la Contraloría está valorando realizar un estudio adicional en la citada Municipalidad de Barva, con el propósito de determinar la existencia de hechos que puedan originar el eventual establecimiento de responsabilidades.”
En el mismo sentido recordó que la improvisación, el caos y el desorden no es exclusivo de la administración financiera municipal; sino que en informes anteriores la Contraloría ya le había llamado la atención a la Alcaldía y al concejo Municipal; apenas en octubre de este año la Contraloría los reprendió fuertemente por el desorden y el abandono en que se mantiene todo lo relativo al otorgamiento, cobro, monitoreo y control de los permisos de construcción dentro del territorio del cantón de Barva.( Informe No. DFOE-DL-1124 del Área de Fiscalización de Servicios para el desarrollo local.)
Para mayor información comunicarse con el Msc. Claudio Segura Sánchez al teléfono 85 55 25 94 y Lic. Fredy Vargas Chavarría al teléfono 83 02 23 47.
Enviado a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.