El día 16 de junio de 2023 la Junta Directiva de ANEP responde a los ataques recibidos el lunes 12 de junio de 2023 por parte de los seguidores del presidente Chaves, asimismo responde a los miles de muestras de solidaridad que han recibido.
Albino hace un llamado al diálogo social y movilización cívica pacífica. A su vez, se dirige al presidente Chaves resaltando que sus discursos de odio, confrontativos ha generado xenofobia, misoginia, violencia de género, homofobia, aporofobia y ha satanizado y vulgarizado a las dirigencias sindicales del país.
Para escuchar el mensaje de Albino Vargas ingrese al siguiente enlace:
Representación sindical del BUSSCO y confederaciones en OIT
Comunicado:
La Comisión de Aplicación de Normas hizo una fuerte condena al Gobierno de Costa Rica en sus conclusiones como resultado de la evaluación al cumplimiento del Convenio 122 de la OIT.
1- Lamentó que el Gobierno no tenga ni diseñada ni aplicada una política integral a fin de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido.
2- Le insta a impulsar una política integral de empleo para promover la creación de oportunidades que vaya en correspondencia plena al Convenio 122 de la 01T, referente a políticas de empleo.
3- Le insta a promover esfuerzos para promover el diálogo social e incluir a los interlocutores sociales en iniciativas en curso y en las que puedan impulsarse en el futuro en materia de políticas y programas de empleo, orientadas a incorporar con énfasis a jóvenes, mujeres e igualdad de oportunidades.
4- Le pide que muestre impactos reales de la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo (ENDEP) y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 que vayan en correspondencia con el Convenio 122.
5- Le solicita tomar medidas para garantizar que la Ley 9635 de las Finanzas Públicas se ajuste plenamente al Convenio 122 y que no vulnere los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
6- Indicar los mecanismos de consulta utilizados con trabajadores y empleadores sobre políticas y programas de empleo impulsadas por el gobierno, incluyendo la Ley 9635 de Finanzas Públicas. Además, le hace la excitativa del deber de garantizar la consulta tripartita sobre el desarrollo de políticas y programas de empleo mediante la creación de un Consejo Tripartito Nacional.
El gobierno deberá responder con información completa y exhaustiva sobre todo lo señalado a la Comisión de Expertos de la OIT antes del 1 de setiembre 2023.
El gobierno por intermedio del viceministro de Trabajo rechazó en todos sus extremos dichas conclusiones, señaló que «deslucen» a la comisión e incluso dijo que se «abre un paso muy peligroso hacia la inseguridad jurídica». Es evidente que garantizar el cumplimiento de la normativa laboral para el actual gobierno representa inseguridad jurídica.
Del lado de la UCCAEP que defendieron abiertamente al gobierno e incluso pusieron a defenderlo a una buena parte del empresariado latinoamericano, es también un duro revés, dado su apoyo a todas las leyes anti laborales de estos últimos años.
El resultado de la 111 Conferencia de la OIT sobre Costa Rica, evidencia que en el escenario internacional no pasa desapercibido el fuerte retroceso en materia y derechos laborales a nivel nacional y que se considera prioritario defender las conquistas alcanzadas como país e impedir que esta tendencia retardataria y conservadora desmantele totalmente el Estado Social Costarricense.
‘’El espacio fue promovido por el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, sectores de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, y la Federación de Estudiantes Universidad Nacional (FEUNA)’’.
Luego de 2 meses de haber iniciado los conversatorios de Análisis de Coyuntura Nacional, este sábado 05 de noviembre se llevó a cabo el I Encuentro de Análisis de la Coyuntura Nacional, esfuerzo justo y consciente que buscó lograr mediante el diálogo social y el abordaje de mesas temáticas que fortalecen la formación, la unión y el trabajo en equipo estratégico entre diversos sectores y organizaciones alrededor de la Defensa del Estado Social de Derecho. Con una participación aproximada de 300 personas, arrancó el encuentro en las instalaciones del Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese-Campus El Higuerón de la Universidad Nacional.
En este primer encuentro se abordaron cuatro temas importantes de la actualidad nacional como lo son Ambiente y Energía, Economía agroindustrial y agropecuaria en el contexto Alianza Pacífico, Educación pública y Seguridad Social, mediante mesas temáticas con la participación de reconocidos y reconocidas panelistas, además de la participación activa del público presente, donde lograron aproximarse e intercambiar importantes ponencias para la discusión de la situación actual del país.
El encuentro dio inició a las 8:30 am, superando la expectativa de convocatoria de asistentes, dio apertura el señor Fernando Faith Bonilla, representante de Sectores ATTBPDC, actualmente Presidente Coopeservidores con las siguientes palabras «Hoy continuamos con esta construcción que se gesta desde la sociedad, desde los Sectores Sociales», también el señor Francisco González Rector de la UNA comentó que en sus palabras de apertura al evento que, «Sin educación en los primeros niveles, no podríamos tener educación universitaria. Y la Universidad está acá porque hay personas que creen en la suma de voluntades para conseguir y nos invita a pensar en un futuro, en colectivo. Estamos para reconocer que hay que hacer una lectura crítica de la situación país, en donde aún con situaciones tan complejas tenemos un enorme potencial».
Desde la ponencia de electrificación rural, el señor Eduardo Navarro, Presidente de COOPESANTOS R.L señaló que “desde el origen las cooperativas de electrificación hemos hecho un esfuerzo para brindar energía eléctrica con altos indicadores de calidad a pesar de la diferente topografía, la dispersión de la población y eso se logra únicamente por que el modelo eléctrico en Costa Rica es solidario y las cooperativas en su ADN son solidaras” Registrando además que la energía en el mundo siguen siendo de derivados del petróleo lo que confirma que las acciones no están cambiando en el mundo y esto genera emisiones de efecto invernadero de manera importantes lo que ayuda al calentamiento global, y además la invasión de Rusia a Ucrania ha profundizado la crisis a nivel global y eso hace que haya volatilidad en los precios del petróleo y un efecto importante en el gas.
El Sr. Mayid Brenes, profesional en derecho, investigador y coordinador de la Mesa de Trabajo de Energía, Diálogo Multisectorial, además de representante de SITRAPEQUIA expuso sobre el papel de las personas trabajadoras y RECOPE en Ambiente y Energía, enfatizando que «la sustitución de los derivados de petróleo para uso en el transporte son algunas de las rutas que se buscan. En el caso de RECOPE, esta ha sido líder en el mercado petrolero, y por ello debe ser un pilar en la transición de energías alternativas. Aún estamos iniciando con este tema, y hay mucha tela por cortar, pero sabemos que el tema de la electricidad es fundamental en este tema, además de la participación de otros actores».
Mientras que en la mesa de Economía agroindustrial y agropecuaria el señor Renzo Céspedes Vargas, quien se refirió a la entrada de Costa Rica al proyecto de Alianza del Pacífico (AP) un bloque comercial en el que participan México, Colombia, Perú y Chile, destacando que la entrada de Costa Rica al AP solo produce una contracción del flujo comercial, que carece de políticas armonizadas lo que a toda luces no será provechoso ni beneficioso y además puntualizó que el costo de agro insumos representa el 46,40% de los costos de producción de la cebolla en Costa Rica, el 60,80% de la papa, el 42,74 de la zanahoria y el 52% del arroz. “Con ese nivel de participación de costos de los agro insumos, versus el valor del costo final al que elaboramos los productos, sencillamente el sector agrícola no tiene una posibilidad real de competir”
En esta misma línea la representante de la Corporación Hortícola Nacional la Sra. Gabriela Víquez, señaló que “el bloque de Alianza del Pacifico lo que busca es tener una integración de libre comercio con un arancel común lo más bajo posible y una libre movilidad de factores y de personas” de modo que ingresar a esta alianza genera presión social al privar mayores importaciones de productos más baratos de otros países y a su vez desestimular la producción nacional.
En Educación Pública, se destacó que el verdadero reto de la educación está en dar un salto gradual hacia la educación moderna y un nuevo paradigma educativo así lo comentó Pablo Zúñiga Morales Abogado especializado en derecho educativo comentando “que la crisis educativa actual nos ofrece la oportunidad única de enfocar en la reforma educativa que requiere el siglo XXI, sea una reforma que nos ubique en la cuarta y quinta revolución industrial y nos coloque como verdaderos actores en un mundo globalizado”
El Sr. Pablo manifestó que necesariamente en educación se debe hacer un enfoque real del problema que enfrenta el sistema educativo, el cual está marcado por la discusión del presupuesto nacional en la Asamblea legislativa, en donde no se cumplen con los mandatos constitucionales, dejando de priorizar en la educación, y priorizando en el problema macroeconómico, el pago de la deuda pública. Zúñiga Morales también menciona datos relevantes del presupuesto de la educación que pese a las limitaciones de la regla fiscal el presupuesto de la educación pública podía crecer en 2.52% en el 2023, pero ese margen no se utilizó, se utilizaron para atender el problema de la deuda externa, pero más grave que no se permitió crecer sino que además se ordenó un decrecimiento del 1.52% en relación con el presupuesto del presente año, lo que resume que el presupuesto 2023 para la educación va a tener 38994 mil millones menos que el 2022.
En representación de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, la Sra. Clareth Calderón Monge, secretaria general FEUNA comenta “que uno de los desafíos que enfrentan las universidades está en cómo lograr reivindicar y volver a posicionarse como esas universidades necesarias y evidenciar todo lo que se genera de ellas hacía a la sociedad” Además agregó que las Universidades Públicas son un espacio del cual convergen miles de realidades de los diferentes sectores, en el cual se vinculan con su acción social y esto es algo importante para la gestión sociedad del país.
La señora Calderón agregó que “El reto está en lograr un frente común de actores sociales para trabajar una agenda abierta, un colectivo que se plantea la defensa de los derechos humanos y de la institucionalidad”
Sobre la mesa temática de Seguridad Social, fue clave la participación del líder Lenin Hernández, secretario general Sindicato SINAE Y AFINES quien enfatiza la necesidad de mantener la búsqueda de una Costa Rica próspera y con mejor acceso de recursos para todas las y los costarricenses.
Sr. Lenin enfatizó en su presentación que según el INEC para el 2022, 399 439 de los hogares se encuentran en situación de pobreza: 15 934 hogares más en comparación al año 20221. Las personas que actualmente viven bajo la línea de pobreza son 1 329 757, siendo que han entrado en pobreza extrema 6 078 hogares más. Por otro lado, para hacer más compleja esta problemática, la tasa de desempleo se ubica en el 11.8% siendo que hay 292 000 personas desempleadas, con un 42.2% de personas trabajando en la informalidad, esto quiere decir más de un millón de costarricenses sin acceso a la salud pública ni a un mínimo salarial.
Contamos con problemas estructurales que no le permiten a los y las costarricenses, gozar del Estado de Derecho como en primera instancia, se debería; Actualmente el Estado le debe 2.5 billones de colones a la CCSS y hay un alto número de personas adultas mayores en estado de indigencia ya que no poseen siquiera una pensión ni casa propia. Por otro lado, los sectores sindicales, piden que se debe declarar Estado de Emergencia Nacional las listas de espera.
Para el cierre de esta actividad y como panelista de la mesa de Seguridad Social, se contó con la participación encomiable del Dr. Álvaro Ramos, ex presidente ejecutivo de la CCSS, quién enfatizó en la importancia de la visibilización de la CCSS como una institución pública modelo en el mundo, y vista como primer mundo, pero que eso no implica que la misma se ajuste a las necesidades globales y locales en salud en el contexto que tiene Costa Rica en este momento, por lo tanto la urgencia de tomar decisiones conscientes en la razón de ser la Caja Costarricense de Seguridad Social, y la visión de futuro estratégica que necesita la institución sin afectar los orígenes de la misma.
“En una sociedad moderna, la seguridad social entendida en un sentido amplio, provisión de salud pública, provisión de pensiones, provisión de todos los otros momentos de protección antes la vulnerabilidad de una, entendiéndose licencia de maternidad, entiéndase, haberse enfermado en el trabajo, enfermarse fuera del trabajo, en el caso mío por ejemplo con la sordera, en países más avanzados existen mecanismos de ingresos adicionales para personas con discapacidad. Entonces todos estos mecanismos de protección social, a pesar de ser “caros” son la base de un estado moderno. Si en Costa Rica queremos un estado moderno, entonces debemos tener protección social significativa, no hay de otra. Cualquier dirección hacia un Estado Moderno, necesita esta inversión en Seguridad Social.”
Dr. Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo CCSS.
Además, el rector de la UCR, indica su alta preocupación por el proyecto de ley 23 380, que se envió por medio del poder ejecutivo a la asamblea legislativa que, en resumidas palabras agrega el señor Gustavo Gutiérrez Espeleta, pretende cuatro ministros a cargo de las universidades públicas: MIDEPLAN; MEP, MICIT y Hacienda, las cuales pretenden controlar no solo la organización de las mismas sino que el financiamiento, qué carreras, cuáles cursos y por quiénes serían impartidas las mismas, con intenciones de cerrar carreras como Sociología, que el mismo presidente de la república ha compartido en comentarios recientemente.
En síntesis, nos encontramos en una coyuntura que debe ser tomada con suma importancia ya que los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense están siendo afectados en gran medida. Sin embargo, el trabajo de las mesas de discusión no termina acá y parece que hay esperanzas de formalizar rutas de acción para mejorar la situación actual de Costa Rica en una búsqueda para recuperar el Estado de Derecho:
“Estoy positivamente impactado por la cantidad de gente que se ha mantenido aquí desde las 8 de la mañana. Realmente esto dice mucho y expresa la preocupación del pueblo de la situación que nosotros estamos enfrentando, donde han surgido personas autoritarias que, basados en las posverdades, en mentiras, en noticias falsas, logran convencer el descontento del pueblo y esa situación que estamos atravesando nosotros actualmente. Cuestionan a las principales instituciones, instituciones que claramente como han indicado acá los panelistas, han promovido ese desarrollo social de nuestro país y eso ha generado (los cuestionamientos mal informados) un aumento en esa brecha en los grupos sociales y una inequidad que se incrementa cada vez más y que nos tiene muy preocupados.”
Sr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica.
De esta forma, este primer encuentro de análisis de coyuntura nacional cerró alcanzando una numerosa participación de los diversos sectores representados, donde quedaron grandes expectativas y planteamientos importantes hacia una ruta de trabajo estratégica que busca construir una agenda de acciones que promuevan la defensa de la seguridad social costarricense, en el marco del Estado Social de Derecho.
El hecho de haberse presentado tantos candidatos de distintos partidos para estas próximas elecciones, de los cuales muchos dicen pensar igual, ha suscitado sorpresas no exentas de críticas.
Algunas de ellas muy ásperas o subidas de tono. Por tal razón creemos que estamos en tiempos, superando desidias, temores o sentimientos de impotencia, de abocarnos a una profunda reflexión que nos conduzca como ciudadanos a actuar, arremetiendo con coraje y justeza, para rescatar a Costa Rica de tantos males que le aquejan.
Decía el gran escritor portugués, José Saramago, que no se podía discutir a Dios o a la Patria pero que una sociedad y una democracia si tienen que discutirse a sí mismas. La sociedad costarricense que durante años logró construir algo diferente, que la convirtió en emblemática y adornada de laureles, atraviesa hace ya tiempo graves problemas.
Ya no se discute, y eso la viene conduciendo a una crisis de tal magnitud que hasta hace poco era inimaginable para la gran mayoría de los costarricenses. La ausencia de esa práctica democrática, en las diferencias, convertida en atributo individual y colectivo, que facilitaba el diálogo y los acuerdos en torno a principios, convicciones y valores, hoy son reemplazadas por agendas personales.
Algunos le llaman a esas conductas “ilusiones individuales de poder” sin embargo creemos que hay que buscarles otras definiciones más aterrizadas o concretas ya que encajan más con egoísmos y mezquindades. ¿O con mediocridades, sin rumbo y cobardías? Porque una cosa es referirse en solitario a los problemas con promesas de resolverlos, que ya sabemos en qué terminan, y otra muy diferente es asumir responsabilidades y compromisos entre partes mediante diálogos y negociaciones abiertas, de cara al resto de la sociedad, evitando así que los ciudadanos y ciudadanas sigamos pensando que en el fondo lo que prevalece, en los que conforman parte de esta clase política, son los tapujos y las complicidades.
Lo cierto es que con estas conductas y actitudes el país se encuentra a la deriva, botando por la borda los pocos laureles o las grandes obras sociales que aún le quedan por proteger. Es imperioso discutir esta sociedad y esta democracia para que ese “volver a creer” sea realidad y nos devuelva la fuerza que ha permitido esa cierta cohesión nacional, en la solidaridad y en el respeto a un proyecto social exitoso y perfectible. Antes que estalle esa bomba social, que la irresponsabilidad de la clase gobernante de los últimos años ha activado.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) empezó a promover en las comunidades la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050. El Ministerio comunicó que ya ha realizado más de 70 encuentros en diversas comunidades del país para explicar los contenidos de la estrategia y recibir sugerencias de los dirigentes comunales. Las reuniones para informar acerca de la estrategia finalizarán en julio, después, los actores consultados plantearán metas e indicadores para el cumplimiento de la estrategia.(CRHoy.com,27-7-2021)
La realización de estos encuentros para presentar la estrategia y recibir retroalimentación de las comunidades, evidencia una forma de planificación vertical y consultativa de una estrategia de desarrollo nacional hasta ahora desconocida para las comunidades y en cuya elaboración éstas no participaron.
Lo anterior se confirma, ya que se ha tenido conocimiento que el proceso de elaboración de la estrategia se realizó durante un periodo de 15 meses (que concluyó en marzo de 2021), con el liderazgo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con el apoyo de la Agencia para el desarrollo (GIZ de Alemania) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que sus contenidos fueron discutidos y validados en reuniones periódicas con cerca de 11 instituciones costarricenses, tanto en el ámbito público como privado.(MIDEPLAN, comunicado de prensa,10-3-2021)
La Estrategia 2050 es el principal insumo técnico – científico, base para la formulación del Plan Estratégico al 2050 (PEN 2050), el cual es un mandato establecido en el Reglamento general del Sistema Nacional de Planificación N° 37735-PLAN, que lo define como un instrumento de planificación de largo plazo.
Frente a la presentación de la mencionada Estrategia, es posible plantearse algunas interrogantes, acerca de la validez de la formulación de una estrategia de largo plazo en una coyuntura en que la crisis sanitaria, económica, fiscal y social demanda la elaboración de propuestas de reactivación económica de corto plazo e incluso la revisión y formulación de un nuevo Plan de desarrollo 2022-2026.
Así mismo, la formulación de esta estrategia deja la interrogante acerca de su pertinencia respecto a la necesidad de reformar previamente el Sistema Nacional de Planificación nacional que data de la década de los 70, con las consabidas limitaciones de su estructuración en 6 regiones político-administrativas y su escasa correspondencia con una regionalización definida por territorios con características físicas, ecológicas, demográficas, socioeconómicas y culturales similares.
También es inquietante la afirmación de la ministra de Planificación, al mencionar que si la estrategia se llega a materializar, el producto interno bruto (PIB) costarricense crecería alrededor de un 90% y el empleo en un 34% y estaríamos cerrando brechas de naturaleza multidimensional y contribuyendo en gran medida a la descarbonización”. (CRHoy.com, 27-7-2021), que en principio parece un elemento discursivo carente de sustento.
Por su parte, el planteamiento central de la estrategia 2050, señala que esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.(MIDEPLAN, Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada, Resumen Ejecutivo)
Esta argumentación que en principio introduce un cambio de paradigma en la planificación del desarrollo nacional, no obstante, vincula tres grandes aspectos que es conveniente analizar y ponderar. En primer lugar, está el vínculo de la estrategia con la lógica de un modelo de desarrollo descarbonizado, originado en el Plan Nacional de Descarbonización, que propone que en el año 2050 se logre aumentar el crecimiento verde, a partir de una matriz productiva que disminuya la generación de emisiones de carbono, que ha sido el eje estratégico de la Administración Alvarado, aunque poco discutido y todavía menos asimilado por los actores sociales.
Sin embargo, la descarbonización, puede no ser el elemento central o el único objetivo medioambiental y del desarrollo sostenible del país, ya que existen otros propósitos de captación de CO2, adaptación al cambio climático y ampliación de los servicios ambientales.
En segundo lugar, el elemento de la descentralización de las actividades productivas y del desarrollo económico del país, a partir de un cuestionamiento a la hiperconcentración del desarrollo económico en la Gran Área Metropolitana (GAM), la que influye y profundiza las brechas y el rezago social al limitar la descentralización de beneficios en el territorio, aspecto que hemos analizado y con el que coincidimos plenamente. (Alterdescr, febrero 2021).
Con similar importancia, en tercer lugar se encuentra el elemento del desarrollo económico inclusivo dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo social, avanzar en la disminución de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, aspecto que también hemos abordado como expresión de las desigualdades regionales (Alterdescr, noviembre 2020).
La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)
Sobre la promoción de polos de desarrollo (se identificaron 11 polos de desarrollo y la GAM), habíamos comentado en un artículo anterior, sobre la conveniencia del enfoque de creación de Polos de desarrollo para impulsar el desarrollo territorial.
Algunos autores que han analizado dicho enfoque, han argumentado que este modelo de desarrollo ignora el territorio, considerándolo como mero soporte de las actividades que en él se asientan, dificultando el acceso a procesos de desarrollo integrales y condicionando el nacimiento y expansión de experiencias de desarrollo endógeno. (Barroso González, M.O.,2000)
Así mismo, este enfoque se ha considerado contrario a la perspectiva del desarrollo local, en el que destaca el carácter endógeno y participativo de las estrategias de desarrollo local, como el conjunto de acciones que definen los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados de una zona para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto. (Alterdescr, marzo 2021).
Con respecto, a la estructura de la estrategia, constituida por 3 fases, es oportuno plantear si el diagnóstico económico territorial, la identificación de los 6 retos clave y de las 6 orientaciones estratégicas, la definición de los 50 nodos estratégicos, de las 50 macro acciones estratégicas y de los 12 polos de desarrollo, han estado vinculados a los procesos de diálogo regional y a los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones del país.
La Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr. abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).
En las presentaciones de los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J.et al, Rimisp,2015).
Se ha indicado que los programas de desarrollo en las regiones, debieron incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020)
Aunque se desconoce la vinculación real entre los programas y la estrategia, podríamos suponer cierta concordancia entre el objetivo de los programas de corto plazo, “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial que presentan las regiones de nuestro país”.(ElPais.cr 20-3-2019) y la Estrategia Territorial Productiva dirigida a identificar las potencialidades productivas de los diferentes territorios, a descentralizar las actividades económicas y a generar nuevos modelos de organización territorial con miras a lograr un desarrollo económico inclusivo y descarbonizado.
No obstante, la posibilidad de que el país adopte la Estrategia Territorial Productiva y que logre avanzar hacia la formulación del Plan Estratégico al 2050, dependerá del imperativo de abrir una discusión amplia y profunda de dicha estrategia con todos los sectores sociales y de la viabilidad política de implementarla en un futuro gobierno, de lo contrario habrá sido un ejercicio institucional poco útil y costoso.
El foro social Mario Devandas Brenes presentó alternativas a la reforma del seguro de Invalidez, vejez y muerte. El movimiento sindical y social exigen un diálogo para garantizar una pensión digna.
El foro constituido por organizaciones sociales y sindicales de diversa procedencia y coordinado por la Iglesia Católica, a partir del análisis se rechazó la propuesta de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y presentó un documento titulado IVM pilar de nuestro sistema de seguridad social: la progresividad debe ser el eje, con propuestas e iniciativas para garantizar la sostenibilidad del Régimen de Pensiones IVM-CCSS.
La propuesta tiene como fin asegurar el carácter público, universal y solidario del RIVM, que incluye ampliación de la cobertura, fortalecimiento financiero del régimen y rechazo de cualquier intento privatizador o de convertirlo en un sistema de capitalización individual.
Según el foro, la propuesta emitida por la Junta de la CCSS representa un retroceso en Derechos Humanos de las mujeres, evidenciando conductas misóginas y discriminatorias, desconociendo la realidad del mercado laboral para las mujeres y mucho menos las dobles o triples jornadas por la maternidad, las labores domésticas y de cuido, entre otros aportes que hacen las mujeres costarricenses a la sociedad.
Además, de omitir la realidad laboral del país, que desde hace décadas lo único que garantiza es desempleo, sin políticas de empleo digno con salarios justos, con casi la mitad de la población en condiciones de informalidad, que expulsa a mujeres y trabajadores de más edad, que pondrá en mayor vulnerabilidad y precariedad a las personas trabajadoras y sus familias.
Para conocer de la propuesta del Foro Social Mario Devandas puede leer el documento adjunto:
Las abajo firmantes articuladas como organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y feministas independientes, ante la coyuntura nacional actual manifestamos:
Sí queremos diálogo. Existe una amplia coincidencia general entre las y los actores sociales y la ciudadanía en la urgencia de un diálogo nacional inclusivo, abierto y, sobre todo, con resultados vinculantes. El camino democrático no es solo electoral, debe ser una construcción continua hacia una sociedad más justa, igualitaria y equitativa, donde toda la diversidad de mujeres seamos tomadas en cuenta y ¡No podemos permitir que nos dejen atrás ni que nos hagan a un lado!
El diálogo que queremos y creemos necesario debe tomar en cuenta las lecciones inmediatas y no reproducir los mismos errores. Los intentos realizados de diálogo, hasta el momento fallidos o limitados, nos permiten reconocer algunas lecciones para no repetir errores y crear las condiciones para que exista un verdadero diálogo.
La participación y representatividad han sido elementos cruciales que han afectado negativamente los procesos anteriores. Al respecto varias lecciones: a) que no es posible ignorar el movimiento y la protesta social que se manifiesta en las calles en procesos de diálogo que pretenden relevar algunas de sus demandas. Asimismo, no se puede reprimir, criminalizar y judicializar aquellas personas que se oponen a la línea de Gobierno y ejercen su derecho humano a la protesta social. b) que no es posible definir la legitimidad a priori de las representaciones sectoriales, excluir sectores o no reconocer su autonomía en la elección de sus representantes, c) que no es posible excluir a las mujeres, al movimiento feminista y mucho menos impulsar un diálogo sin asegurar la paridad de género.
Para un diálogo con resultados, la participación de algunos actores como el Legislativo es esencial. Además de la representación al más alto nivel del Ejecutivo, debemos exigir la presencia de todas las representaciones legislativas. La agenda legislativa debe ser parte del debate, incluyendo los proyectos que en estos momentos se discuten y que incluyen recortes que pretenden afectar programas sociales esenciales como salud, educación, cultura y recursos naturales. No es aceptable ni contribuye a generar confianza en un proceso de diálogo cuando de manera paralela se impulsan y toman decisiones que van directamente a profundizar la crisis que ya vivimos.
Necesitamos un diálogo social, no puede reducirse al tema fiscal. Más que un diálogo fiscal, en Costa Rica urge un diálogo social: sobre el país que queremos y podemos construir empezando en lo inmediato con las salidas posibles a la actual crisis y que tenga una amplia representación, un debate sin excluir grupos ni mucho menos las mujeres.
Por consiguiente, la agenda debe ser construida amplia y no limitada al tema fiscal. La reducción de brechas de desigualdad económica, social y de género debe estar en el centro del debate. Interesa no solo capitalizar al Estado en lo inmediato, sino consensuar cuáles serán los parámetros y objetivos de la inversión pública en el corto y mediano plazo.
El objetivo central del diálogo y negociación debe ser el direccionamiento de inversión para reducir las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión mediante la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
El diálogo debe ser vinculante. Es decir, debe abrirse espacio no solo para intercambiar impresiones sino para alcanzar una negociación real. Se trata precisamente de llegar a acuerdos ciudadanos básicos con el compromiso de que se van a respetar. Para ello es indispensable, además de consensuar una agenda, acordar un marco ético para el diálogo, con mínimos de representatividad, respeto, escucha, resolución de conflictos, entre otros.
No debe haber condicionantes previos establecidos por el Ejecutivo para la realización o no de los diálogos: ante la ausencia de consenso el Poder Ejecutivo o Legislativo no debe imponerse. La ausencia de consenso no debe ser interpretada por el Ejecutivo o el Legislativo como un cheque en blanco para imponer su agenda.
Debe existir voluntad política para incluir en la discusión otras opciones distintas al convenio propuesto por el Poder Ejecutivo con el FMI. El endeudamiento con agencias internacionales no es el único camino. Sectores de la ciudadanía, academia y otras personas expertas en la materia han coincidido que no es posible continuar por la senda del mayor endeudamiento y se han señalado alternativas de financiamiento que deben ser sometidas a discusión.
El diálogo y la negociación no son posibles si excluyen a las mujeres. En relación con la participación de las mujeres debemos ser enfáticas en lo siguiente:
Exigimos nuestro derecho a la autonomía y el reconocimiento a nuestra diversidad en la selección de nuestras representantes en una mesa de Diálogo Nacional. No es posible que seamos las mujeres, las únicas a las cuales se pretenda señalar a priori los mecanismos de selección de sus representantes.
A lo largo de la historia y en la actualidad las mujeres somos actoras activas y propositivas. Para esta crisis hemos sido de los pocos agrupamientos ciudadanos que hemos pensado, formulado y hecho públicas propuestas de visión-país, no solo del tema fiscal. Por lo cual, exigimos que sean incluidas en las agendas de diálogo y negociación.
No es posible que se pretenda invisibilizar la participación decisiva que las mujeres tenemos en todas las esferas de la vida pública y privada o se desconozca y minimice nuestra capacidad técnica, profesional y política. Por ello, cualquier diálogo viable demanda de la participación paritaria entre mujeres y hombres en todos los espacios de diálogo, negociación, mesas técnicas, y otros.
Tampoco es viable un diálogo que no reconozca que las personas somos afectadas de manera diferente por la crisis y que el cierre efectivo de cualquier brecha social debe estar guiada por los principios de justicia, igualdad y equidad. Las mujeres no somos un grupo ni un sector a incluir: somos la mitad de la población de Costa Rica y somos de las más afectadas en la actual crisis. Lo ha señalado de manera reiterada el INEC al demostrar que somos las mujeres a quienes más ha afectado el desempleo, la pobreza y la exclusión que se han ensanchado en esta crisis y como consecuencia de políticas neoliberales que están desmantelando el Estado Social de Derecho. Aún así, seguimos siendo las mujeres quienes sostenemos la vida cotidiana en las familias asumiendo cada día más labores de cuido de personas menores de edad, adultas mayores, personas enfermas y/o con discapacidad. También, somos las que asumimos las labores domésticas, de educación, salud y de entretenimiento que el Estado ha dejado de asumir por la crisis sanitaria de la Covid – 19. La brecha de cuidados se ha ensanchado y complejizado en esta crisis y este es un tema de interés social prioritario.
Las mujeres todas, desde nuestras diversidades, tenemos mucho que compartir sobre nuestras vivencias diarias de dificultades económicas, acceso a la tierra, como la protección de los bienes comunes, salud, educación y que son vitales para comprender las funciones que debe de abordar un Estado que prioriza la justicia fiscal, ¡porque la justicia fiscal es justicia social!
El diálogo y la negociación son parte de la vida cotidiana de nosotras las mujeres. Creemos en el diálogo, estamos convencidas de que la construcción de consensos es viable sobre la base de la mutua comprensión de que Costa Rica es una sola. Un barco cuyo destino está en las manos de todas y todos, para conducirlo a un puerto de bienestar compartido, dignidad humana, igualdad, derechos humanos y democracia.
*Para información sobre el comunicado o sobre el proceso escribir a alarcon.shi@gmail.com*
Lecciones de democracia según Abraham Lincoln: Dios prefiere a la gente corriente, por eso ha hecho tanta
La democracia es el gobierno de la gente, por la gente, para la gente
El hombre que no investiga las dos partes de una cuestión, no es honrado
Los que niegan la libertad a otros, no se la merecen para ellos mismos
Una vez atravesado el rosal del diálogo “social” (por las espinas lo decimos) convocado por el gobierno ante la presión de las manifestaciones y bloqueos, detengámonos aquí… ¿el gobierno hubiera convocado igual al diálogo con esa precisa y compromiso sin esas manifestaciones y bloqueos?, pero no nos distraigamos con preguntas necias, lo relevante del fallido proceso que vivió el país es el saldo democrático que deja, o como dicen ¿Qué democracia nos ha reflejado este proceso?
Salta a la vista que el diálogo convocado, según las premisas y metodología expuestas, fue un ejercicio que no respondía a la complejidad del conflicto social que vivimos, y todo quedó muy claro cuando la premisa del equipo facilitador indicó que “en la democracia hay gobernados y gobernantes”.
Tal y como lo leyó, volvimos algunas décadas atrás en las ciencias políticas (por no decir siglo), tal vez consideren la postura disconforme como algo “extremista”, pero les invitamos a ver las definiciones del diccionario, instrumento nada sospechoso de “comunismo transnochado”, en sus 5 acepciones detalla (RAE, 2020): “1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. 2. f. País cuya forma de gobierno es una democracia. 3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. 4. f. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc. Vivir en democracia. U. t. en sent. fig. 5. f. Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones. En esta comunidad de vecinos hay democracia”.
Es así que una democracia lejos de implantar a gobernantes, coloca ciudadanas/os a ejercer funciones y responsabilidades, las cuales son vigiladas con pesos y contrapesos (Ejecutivo, legislativos y judicial conformado por ciudadanas/os), pero también por los medios de comunicación, los procesos organizativos de diversos tipos (empresarial, comunitaria, etc), y como no, por otros ciudadanas/os que se ven afectados por las decisiones que se toman en instancias de representación. Para esto existen formas y modos, la rendición de cuentas de parte de las y los participantes, la existencia de sistemas de transparencia en la toma de decisiones, las huelgas, marchas, protestas y un largo etc.
Podríamos entrar en detalle, ¿qué la forma tal? O ¿el procedimiento tal?, pero atención con esto, dependiendo de la respuesta que tengamos estamos más cerca del autoritarismo o la democracia, es decir un sistema cerrado y privilegiado o más abierto e inclusivo.
Volvamos a lo relevante, si la concepción dominante es la división señalada, nos encontramos la explicación a los embates del gobierno, el deseo imperioso de disciplinar a una sociedad, “acomodarla” a los deseos de los sectores dominantes que coparticipan en el gobierno, la nula capacidad de rendición de cuentas, y aún más preocupante los silencios y la incapacidad de interlocución seria y corresponsable.
¿Por qué señalamos lo anterior? El personaje autoritario se caracteriza por ejerce con exceso su autoridad o abusar de la misma. Hemos asistido en los últimos años a ejemplos paradigmáticos de esta modalidad, desde Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y las mesas de “escucha”, con el despliegue policial con tintes de “matonismo” bajo estrategias de rompehuelgas (gas lacrimógeno a media noche no hay que decir más), viene marcando la forma y modo de ejercitar una forma política no democrática, en contraposición de una construcción de consenso desde la participación inclusiva.
No es casualidad las reformas promovidas por las diputadas y diputados a través de la Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, que consolidó los esquemas más restrictivos de exposición de las libertades civiles y la criminalización de los mecanismos legítimos aún (más no legales) de expresar la disconformidad ante decisiones y acciones que violentan a grupos de personas, que no fueron involucradas y tomadas en cuenta.
Dirán ustedes: es apenas un “grupito”, y de este lado recitamos “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos), y les preguntamos ¿Cómo lo entienden ustedes?
Es así que un gobierno que se ate al principio de exclusión en aras de una supuesta legalidad que judicializa lo político, desgastará la sociedad en un conflicto permanente.
Cuando volvamos a pensar en metodologías de diálogo, hagamos algunas preguntas antes de comenzar cualquier formulación; ¿De qué democracia hablamos? ¿Quiénes participan y cómo? ¿Qué responsabilidades tienen los sujetos? ¿Qué tipo de efectos tienen los acuerdos tomados?
Una vez puesto en común los alcances del diálogo en los espacios públicos pertinentes, podremos reconocer la legitimidad de la propuesta, y lo más importante comunicarle a la sociedad, preguntarle si le interesa, invitar a participar, y no colocar exclusiones y plazos, porque según lo más básico de una democracia, son las y los ciudadanos quienes deciden y acuerdan. Tan importante es la formulación previa, su desarrollo, así como el respeto de los acuerdos y su implementación.
Cuando volvemos la mirada a lo vivido en los últimos años, asistimos a una disputa de sentido sobre la democracia, entre los que asumen para sí el privilegio de la “autoridad” y desean ejercer las prerrogativas de tener el “control” de un aparato institucional con “mando de fuerza” a modo de gobierno, y por otro lado la capacidad ciudadana de recrear las democracias en el ejercicio de la libertad de participación desde la corresponsabilidad de las funciones y responsabilidades en la construcción de un país.
Para decirlo en bonito, el director del Estado de La Nación Jorge Vargas Cullel ha asestado un gran golpe a su prestigio profesional. Dicho en cristiano, se ha puesto en ridículo. Lo más grave, comprometido la legitimidad, imparcialidad y espíritu crítico de la institución que preside, y la ha convertido en un apéndice del poder político. Como suponen, me refiero a ese compadre hablado de la mal llamada mesa de diálogo nacional.
Primero por la integración de esa mesa de diálogo, donde evidentemente, sin la menor duda posible, la mayoría la conforman personas proclives al gobierno. Sumen, resten dividan y multipliques y se darán cuenta. Allí no hay posibilidad de disensión funcional, es decir, viable. Además, hay un tema único, impuesto por Vargas Cullel, previo con Casa Presidencial. Por tanto, nadie puede traer a colación otro tema ni temas similares. Los bloqueos, la pobreza, el desempleo, el engaño, la desesperación de la gente, eso ni por asomo se discutirá.
Segundo, cualquier propuesta que alguien quiera hacer tiene dos filtros. Uno son “técnicos de Banco Central de Costa Rica y Hacienda”, siempre presentes, y el otro es un equipo de enjundiosos economistas nombrado por Cullel, siempre presente también. En aras del “realismo” ellos decidirán si las propuestas son de recibo o no. Ellos van a evaluar las propuestas, santificarlas o colocarlas en el cesto de lo inaceptable. ¿De dónde saldrán esos expertos? Me imagino que de los mismos lugares de donde han salido los que nos tienen donde estamos. Por tanto, de allí no puede salir, es más, ni siquiera se puede discutir, una medida que esos técnicos consideren no viable.
Será el mismo Cullel quien dicte las normas del debate, dará y retirará la palabra, reorientará la discusión cuando a su entender no se corresponda con el tema en debate.
Además, el contenido de las discusiones es privado y solo se informará sobre los resultados. Debate a puerta cerrada, ni más ni menos.
En otras palabras, hay más diálogo en un convento dominico.
Pero lo peor no está allí. El asunto central es que de ese “diálogo” han quedado excluidos aquellos con quienes se debería dialogar, los sectores que están en lucha, así como muchas organizaciones rebeldes.
El “diálogo” del señor Cullel es entre iguales, son los mismos que discutirán con los mismos y, por supuesto, se pondrán de acuerdo. Es un yo con yo. Pero como dice el refrán: “Pan con pan, consuelo de tontos”.
