Ir al contenido principal

Etiqueta: dignidad

Justicia para la dignidad: del no puedo respirar… al déjennos pasar

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Las imágenes se repiten una y otra vez. En el mundo de la espectacularidad y el testimonio inmediato es prioritario primero atestiguar y luego alzar la voz para denunciar. Al menos así hemos sido programados.
En el caso de George Floyd, su asesinato a manos del ex agente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin fue viralizado y visto por millones de personas en el planeta a través de las redes sociales.
La voz quebrada de Floyd implorando su falta de aire, en una paradoja moderna al encontrarnos en medio de una crisis sanitaria global que ataca las vías respiratorias, no deja de simbolizar los millones de personas en todo el planeta oprimidas por un sistema económico y político avasallante e inhumano.
El fallecimiento de Floyd levantó movimientos de protesta que alcanzaron connotaciones globales internacionales. Bajo el lema “Las vidas de las personas negras importan” millones de personas mostraron su indignación y el enojo alcanzó otras esferas más allá de las civiles.
Las industrias culturales del deporte y del entretenimiento del norte global, por ejemplo, amplificaron las manifestaciones que en todo Estados Unidos ocurrieron, sin importar el llamado a quedarse en casa en medio de la pandemia que aún no acaba. Todavía hoy, ligas de fútbol importantes como la inglesa reproducen el acto simbólico de arrodillarse antes de los juegos, como símbolo para recordar que la violencia racial permanece como lastre colonial en todo el planeta.
Resulta comprensible esa no escucha del llamado al cuido en la salud, cuando el racismo como sistema ha quebrado las bases de la convivencia social en prácticamente todos los países del mundo. Su desarrollo es consustancial al sistema capitalista y de dominación imperante y cuando estalla la ira, asume formas masivas como las que vimos durante los movimientos de protesta el año anterior.
Chauvin ha sido declarado culpable de tres cargos: asesinato en segundo grado (la pena consiste en hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado (cuya condena máxima es de 25 años) y homicidio en segundo grado (hasta 10 años de privación de libertad) (BBC News). Un juez determinará pronto el alcance de su condena. Sin embargo, esta acción penal no restituirá la vida de Floyd ni acabará con el sistema racista alrededor del mundo.
Hace unas cuantas semanas, en una acción de fuerza y brutalidad policial también atestiguada por el ojo de un teléfono celular, Victoria Salazar, migrante salvadoreña con visa humanitaria, fue asesinada por cuatro agentes de la ciudad de Tulum (Quintana Roo), en México.
Pese a que la acción desencadenó una ola de protestas en aquel país, El Salvador y otras ciudades y que fue comparada con la muerte de George Floyd, la amplificación de esta tragedia no ha tenido el mismo efecto ni comunicacional ni simbólico.
Las explicaciones pueden ser muchas. Pero quizá la que pareciera tener mayor peso es la que considera que los migrantes no le importan al sistema global y en consecuencia las industrias que administran las migraciones desechan a partir de un aparataje securitario de exterminio, esas otras corporalidades.
Así como el racismo se adhiere en la piel, el odio contra las personas migrantes percute las acciones de administración migratoria, las percepciones sociales y su rechazo. Hemos dicho en otras reflexiones que la pandemia activó los miedos contra esas corporalidades extranjeras como la de Victoria y por eso el ensañamiento físico y simbólico.
Esperemos que la acción de la justicia que ya tuvo su respuesta para los familiares de George Floyd, lo haga también en el caso de la mujer salvadoreña cruelmente asesinada. También es permitido tener este tipo de esperanzas.

La huella profunda en las luchas latinoamericanas: memorias sobre un viaje al centro de las resistencias

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Para subir y bajar de el Barrio La Honda, pequeños buses colectivos llamados “alimentadores” desafían la gravedad del espacio y el tiempo. Son topos que van horadando la montaña, volviéndola penetrable, transitable contra toda lógica científica pero amparada a un principio de las epistemologías de esta parte del planeta: resguardar la vida a toda costa. Pienso en los alimentadores como pienso en las famosas “parrilleras” guatemaltecas, tan acostumbradas al vértigo, la tortilla y la frontera entre seguir viviendo o dormir para siempre.

Esa mañana de domingo hemos ido a conocer la experiencia de la Casa Comunitaria que los otros topos, los de Cátedra Libre Martin Baró de Medellín, han ido convirtiendo poco a poco en un espacio lleno de color, lucha, encuentro, alegría, poesía. También horadan la montaña con juegos, acompañamiento y sensibilidad desde otras lógicas disciplinarias de hacer psicología y ciencia social en un país, en una región tan marcada por la necesidad y la resistencia. Es mayo de 2019.

Al regresar en un “alimentador” me percato de que en teoría urbana lo que los intelectuales llaman “fragmentación y segregación” se queda corto como concepto, al escuchar el reclamo airado de cerca de 10 personas que tienen más de una hora esperando transporte que los conecte con la ciudad varios kilómetros abajo y que reaccionan ante la negativa del conductor a subirlos al bus.

“Es que ya no hay campo”, pienso; ¿adonde se subirá y se acomodará esa gente”, reacciona mi pequeña claustrofobia súbita. Pero suben, se acomodan, van. Latinoamérica es eso: una casa común donde la gente, su gente, pese a las adversidades se va acomodando, luchando, caminando. El resto del viaje fue la continuación de una tensión equilibrista entre el conductor, la máquina y el camino apenas preparado para dejar pasar quizá una oruga y su descendencia.

El barrio La Honda es un lugar emblemático de la Comuna 3, en Medellín, conformado hará hace 20 años, por personas que llegaron a sus alturas e irregularidades, provenientes del conflicto interno colombiano. Eran familias desplazadas, arrancadas de raíz en un país donde los movimientos internos forzados han movilizado una fuerza afectiva, social y cultural de más de cinco millones de personas. 15.000 de ellas hoy hacen La Honda, la construyen y la mueven.

Pinceles en mano y un lienzo de cemento listo, junto a Daniela, en ese entonces colega de Cátedra, me apresto a alterar el orden público con pájaros volando.

Es una mañana hermosa y clara en el barrio, lo que nos permite observar sus distribuciones, sus acomodos sobre el cerro. Sobre una pequeña loma, una casa restaurada, recuperada como todo lo que han hecho los sectores populares latinoamericanos en tiempos de neoliberalismo violento: recuperar su memoria y su dignidad, luchar por ellas, sirve de campo de sueños, espacio lúdico y trabajo de acompañamiento psicosocial en el que primordialmente se busca hacer parte de las lógicas comunitarias y no absorber sus energías y vibraciones. Hay juego, hay cine, hay construcción social comunitaria. No es extractivismo disciplinario: es arte, abrazo, amor.

Hemos conocido esa y otras historias. Lo que vemos en realidad son procesos sociales y comunitarios en medio de lógicas de segregación social y económica. Contra ellas los niños y mujeres del barrio resisten, le dan otro sentido a la acción comunitaria. Se preparan para, todos los días, horadar de nuevo los obstáculos y construir su futuro.

Hemos terminado de plasmar sobre una de las paredes de la casa comunitaria en La Honda, mi alteración del orden público. Quizá en un futuro regrese para pintar allí los pájaros que hacen falta. Mientras tanto, cientos de personas alimentan su vida desde la lucha y la resistencia. Nos queda la tarea hermosa de caminar junto a ellas, con ellas. siempre.

La lucha de Medio Queso cumple 10 años

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Dylanna Rodríguez Muñoz
Docente de la Universidad de Costa Rica

“Vamos caminando, aquí se respira lucha” una frase que hierbe en carne viva cada vez que llego a Medio Queso, aquella comunidad en Los Chiles que el 8 de abril del 2011 se empezó a construir a partir de un proceso organizativo de personas campesinas que llenas de miedos y esperanzas, recuperaron una finca, que hoy es su hogar.

En cada rincón de El Triunfo -nombre actual del asentamiento-, la lucha huele a maíz, sopa de gallina, frijol tierno y yuca cocida, todos productos cosechados ahí, en esa tierra defendida y resistida frente a múltiples violencias que desde el día uno han estado presentes. Una comunidad en la que habitan las contradicciones, los dolores, las alegrías y los horizontes.

A manera de contextualización: el 8 de abril del 2011, aproximadamente 315 familias ingresaron a la finca Naranjales Holandeses S.A -arrendada por un empresario de la zona-, luego de una serie de reuniones organizativas en las que de forma colectiva se decidió recuperar tierra para vivir y trabajar, un derecho que les ha sido negado históricamente.

Con comida, ollas, animales y leña, la caravana penetró lo que parecía un sueño adrenalínico. Desde ese día y hasta noviembre del 2012, las familias fueron desalojadas en 6 ocasiones, de formas absolutamente violentas no sólo físicas sino también, emocionalmente. Las violencias no sólo las orquestó quien era el arrendatario, sino también, distintas instituciones estatales que para ese momento protegieron los intereses privados por encima de la vida misma de quienes con dignidad han construido formas de sobre vivencia, ante un estado incapaz de resolver la necesidad de tierra del sector campesino del país. Paradójicamente, instituciones que se supone defiende los derechos de poblaciones específicas (IMAS, PANI) se sirvieron de la situación para vulnerar su condición, lo cual es totalmente cuestionable e inaceptable, pues frente a cualquier escenario debe primar la garantía de los derechos fundamentales de las personas.

Los desalojos se detuvieron luego de que se filtrara un audio en el que un subteniente de la Fuerza Pública de apellido Sanabria, dictaba indicaciones a oficiales de seguridad privada, para que dispararan a la cabeza de las personas campesinas. Un hecho que quedo impune, demostrando que hay unas vidas que importan y otras que no y dejando al descubierto la criminalización hacia quienes defienden sus derechos.

Tras presiones de la comunidad, organizaciones, partidos y algunos sectores de las universidades públicas que acuerparon la defensa de la recuperación de tierra en El Triunfo, el Estado realizó la expropiación y comenzó el proceso de estudio a las familias para la asignación de parcelas a través del Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, camino que tampoco ha sido fácil: trabas institucionales al inicio, familias no clasificadas, el contexto transfronterizo y de extractivismos, las dinámicas laborales y comunitarias.

Sin querer profundizar, pero reconociendo que es un tema de suma importancia para comprender la dinámica del territorio en la que se inscribe esta lucha, resaltar que mientras las familias campesinas han tenido literalmente que jugarse la vida en esta lucha, el agronegocio campantemente y con políticas estatales que le favorecen, se expande por la zona dejando estragos y profundizando el empobrecimiento, que ya de por sí es la tónica de la región.

Dichosamente, para este momento el INDER se encuentra entregando insumos y semillas que permitirán a las familias campesinas del asentamiento mejorar las condiciones para la siembra.

Llegué a Medio Queso -como le digo por costumbre- hace 8 años para proponerles recuperar la historia de su lucha, su respuesta fue una sonrisa y un plato de elotes con mantequilla que saboreo en la memoria; desde ese día se sembró una semilla en crecimiento, que se abre en flor.

Medio Queso es un retrato de eso que Eduardo Galeano llamó las venas abiertas de América Latina y en el que la dignidad no conoce fronteras, es un pueblo con personas llenas de fe y esperanza que caminan hacia adelante, trazando un camino imperfecto en el que van creando, pintando, soñando un mundo más humano, solidario y justo… “sin piernas pero que camina”.

En estos 10 años celebro con admiración y cariño profundo, la resistencia de mujeres, niñas, niños, hombres, adultos mayores, migrantes y nacionales, la valentía y persistencia con la que asumen las complejidades internas y externas. Celebro su trabajo, sus saberes y la fuerza con la que todos los días forjan precedentes para las familias sin tierra frente a un sistema que despoja de todo aquello que da vida.

Celebro las noches cantadas, los conocimientos compartidos, los aprendizajes germinantes, el abrazo cómplice y la sonrisa desbordada, que son aliento y luz en medio de un contexto desafiante que no nos deja de sorprender.

Mi sentido homenaje a las compañeras y compañeros de Medio Queso por enseñarnos que la vida no se compra… se vive y se comparte.

En memoria de Mileidy y Santiago.

Rompiendo el cerco neoliberal

Escrito en . Publicado en Derechos.

Álvaro Vega Sánchez. Sociólogo.

Hoy, como en tiempos de la conquista, son los valientes pueblos originarios quienes están abriendo horizontes de esperanza, con su lucha justa por afirmar su identidad/dignidad y defender sus derechos, particularmente la recuperación de sus tierras.

Se trata de una lucha digna, patriótica y ejemplar de más de 500 años y que también significa, en nuestros días, romper el cerco neoliberal que les ha negado el verdadero derecho de ciudadanía, que va más allá de portar una cédula de identidad o de un principio constitucional que afirma la identidad pluricultural de un país.

En nuestro país, se han visto obligados a tomar acciones de hecho para recuperar sus tierras ante la desidia del Estado para proteger y defender sus derechos. Les ha costado caro. Pero están dispuestos a no claudicar.

Se han convertido, así, sin proponérselo, en la punta de lanza de la gran batalla que está librando el pueblo costarricense para romper este cerco que ha creado dos Costa Rica, como acostumbraba a decir, ya en los aciagos años de 1980, el insigne filósofo don Oscar Barahona, y que no solo ha negado y violentado derechos a nuestros conciudadanos indígenas, sino también a las trabajadoras y trabajadores del sector público y privado del país.

 El cerco neoliberal que se venía fortaleciendo con la triple alianza entre el Partido Acción Ciudadana, el bipartidismo PLUSC y los partidos religiosos fundamentalistas PRN y PNR, conforme se acercan las elecciones del 2022, se muestra cada vez más debilitado, y no se vislumbra ninguna señal de repunte de ninguno de estos partidos que podrían darle un nuevo aire.

La decadencia del cerco neoliberal es una tendencia dominante en América Latina y, a raíz de la pandemia, el impacto cada vez más devastador del cambio climático y los desesperados y masivos flujos migratorios, entre otros fenómenos asociados a esta “jaula de hierro”, adquiere alcance global.

Este cerco, que pretendió reconquistar Bolivia con la biblia fundamentalista desplazando a la bandera wiphala, símbolo sagrado de los pueblos indígenas del altiplano, perdió la batalla. Y en Brasil es cada vez más inminente su fracaso, de cara al vergonzante papel del presidente Jair Bolsonaro, apoyado también por el fundamentalismo religioso. En Argentina se desplomó y en Ecuador, al parecer, va por el mismo camino.

El binomio entre partidos de derecha política con rasgos neofascistas y el fundamentalismo religioso pierde credibilidad y fuerza política. Ha quedado expuesto su rostro antidemocrático, intolerante y violento, tanto en el golpe de Estado en Bolivia como en los actos en la Casa Blanca que buscaban deslegitimar la elección del presidente Biden.

Sin embargo, hay nuevos intentos de recuperar espacio político en países como Perú, con la candidatura de Rafael López Aliaga que emula el comportamiento del bolsonarismo, tal y como lo argumenta, el sociólogo de la religión, Pablo Barrera (ver aquí).

También, en nuestro país, el liderazgo político-religioso fundamentalista se apresta a una recuperación de su fuerza política, capitalizando el descontento mayoritario con el actual gobierno de perfil más laico. Pero, no le será fácil por su complicidad con la política neoliberal prevaleciente. Asimismo, ya no tendrá el mismo efecto electoral levantar la bandera del mesianismo para “salvar” al país, cuando han sido evidentes y escandalosas las disputas por repartirse el botín de la deuda política, que los ha conducido a dividirse. Una vez más, se muestran como partidos que van tras los panes y los peces.

Se están dando las condiciones para romper el cerco hegemónico neoliberal en Costa Rica. Es la única vía para defender y fortalecer el régimen democrático y garantizar el respeto a los derechos de los indígenas y de las trabajadoras y trabajadores hoy vilmente pisoteados.

La máscara democrática de la oligarquía

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Hemos retomado, para este artículo, el título de un libro que recoge un diálogo fecundo sobre democracia, oligarquía y populismo (Canfora, Luciano y Zagrebelsky, Gustavo (2020). La máscara democrática de la oligarquía. Un diálogo al cuidado de Geminello Preterossi. Madrid, Editorial Trotta). Un texto valioso y sugerente para el análisis de nuestra coyuntura sociopolítica.

Aunque la conversación está referida a la realidad política europea y particularmente de Italia, sus reflexiones resultan, en muchos aspectos, paradigmáticas. Tal es el planteamiento de arranque de quien modera el diálogo, Preterossi: “Hoy nos encontramos ante una tensión: por una parte la política oficial (y en general la clase dirigente que no es solo la clase política) se muestra cada vez más encerrada en un bunker, asediada, en afanosa búsqueda de soluciones, de mediaciones que no aparecen; por otra parte, otros sujetos, que se sitúan fuera de la política tradicional, tratan de captar y conducir la rabia de una masa sin representación, que no se reconoce en el poder democrático y le acusa de haberse convertido en oligárquico”(P.11).

Sin duda, una “fotografía” para nada ajena a nuestra realidad. La imagen del “bunker” recoge muy bien ese “soliloquio” que se ha venido dando por parte de un Poder Ejecutivo y Legislativo de espaldas al pueblo, y que también resulta consustancial a esa suerte de metamorfosis oligárquica de la democracia.

Efectivamente, ya hace rato el proyecto oligárquico neoliberal se ha venido afianzando en nuestro país, procurando ocultar su rostro con celebraciones como la de los cien años de democracia o con campañas de descalificación de las posiciones críticas y de la protesta social, considerándolas como antidemocráticas y hasta subversivas, incluso criminalizándolas. Algo que con el correr del tiempo le ha significado importantes dividendos políticos, que hoy fructifican en un conjunto de leyes pro-oligárquicas, aprobadas por una Asamblea Legislativa que se precia de ser una de las que más consensos ha logrado para impulsarlas.

El principal ideólogo de esta transformación o “mimetización”, el expresidente Oscar Arias Sánchez, se dio el lujo, sin sonrojo alguno, de traducirla al concepto “dictadura en democracia” con su correspondiente estrategia de “torcer brazos”. También, hoy recoge sus frutos en la gestión de un gobierno portador de sus mismos “genes”, que ha contado con el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa.

Efectivamente, a los partidos políticos mayoritarios actuales los unifica el proyecto oligárquico neoliberal, por eso aunque no se puedan homologar sus diferencias no son sustantivas. En este aspecto, es importante el señalamiento de Luciano Canfora: “A nuestros ojos los partidos son isomorfos, variantes de lo mismo que suelen hacerse la guerra. Talvez, incluso creen hacerla, pero en realidad esa guerra no existe porque la disputa se refiere a elementos marginales. Hoy la materia de la política es mínima… el estado de salud de la política en cuanto a lugar de la democracia es bastante deficiente” (P.23-24). En palabras de Zagrebelsky: “La política se ha restringido, la oligarquía no. Política restringida significa, en este caso, que tiende a hacerse un todo único, a reducirse a la no distinción para ser más funcional al equilibrio (externo) de los poderes oligárquicos” (P.33)

Y siguiendo con este autor, para quien la tendencia de la oligarquía es a “encerrarse sobre sí misma”, el “resorte” de la oligarquía es la “autoconservación mediante cooptaciones como autodefensa. En el sistema político actual ¿quién puede imaginar que avanza, que recorre los peldaños que llevan al vértice del poder? El que es cooptado. Y ¿quién es cooptable? El que puede ser chantajeado, o incluso mejor si a su vez tiene instrumentos para chantajear, como se ha dicho con una formula cínica y también veraz. Esto significa formar parte de una telaraña que te envuelve y te hace compatible o funcional con el mantenimiento del equilibrio. Esto es lo que califica un régimen como oligárquico” (P.38).

 En las últimas décadas, el país ha transitado de un modelo oligárquico bipartidista a uno pluripartidista, que ha encontrado un aliado estratégico en los nuevos partidos religiosos fundamentalistas. Es la convergencia entre el fundamentalismo secular economicista y el religioso, ambos portadores de una seudoteología de la prosperidad que sacraliza al mercado y legitima a la oligarquía neoliberal.

La celebración del Bicentenario de vida republicana es una valiosa oportunidad para develar el rostro oligárquico de nuestra democracia, y no convertir esta celebración en un simple saludo a la bandera. Más aún, dar muestras de que todavía tenemos reservas de espíritu y dignidad patrióticas para propiciar una democracia inclusiva, como lo consigna el Artículo 1 de nuestra Constitución, restaurando los derechos, tantas veces conculcados y violentados, a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos originarios, así como propiciando trabajo, educación y seguridad social de calidad para todo el pueblo.

Una oportunidad que deberá ser aprovechada para reafirmar nuestro talante democrático, que ha venido a menos al socavarse valores e instituciones sociales fundamentales en las últimas cuatro décadas, debido al impulso que se ha dado al proyecto oligárquico neoliberal dominante por parte del bipartidismo tradicional y el pluripartidismo actual.

 

Imagen: https://www.youtube.com/watch?v=RKPvU6UZueA

OIDH pide que Colegio de Abogadas y Abogados controle irrespeto a personas trans en procesos legales

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

COMUNICADO DE PRENSA

En agosto del 2020 se presentó una denuncia ante la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas por irrespeto a la identidad de género en un proceso judicial por parte de un abogado litigante. En sus escritos usó frases antiéticas y que riñen con el respeto que se debe a la dignidad humana.

El documento de identidad de la denunciante claramente indica su nombre femenino, pero el abogado solo uso género masculino para referirse a la litigante, agregando el “don” a su anterior nombre, solo se refería a ella como “señor” o “demandado”.

Consideró infringido, la denunciante, justamente el CÓDIGO DE DEBERES JURÍDICOS, MORALES Y ÉTICOS DEL PROFESIONAL EN DERECHO, en los artículos 7, 8, 13,15, 17 y 38.

Veamos:

El Artículo 7: “El abogado y la abogada procurarán situar sus relaciones profesionales y personales en un marco de seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad, tolerancia, comprensión, cortesía y discreción.”

Artículo 8: “El abogado y la abogada han de defender las libertades civiles y políticas que aseguren el respeto de la dignidad humana y el bienestar general, y reprochar toda acción que atente contra estos principios, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.”

Artículo 12: “Quienes ejercen la profesión del derecho han de actualizar y profundizar sus conocimientos jurídicos constantemente.”

Artículo 15: “El abogado y la abogada deberán ser respetuosos en todas sus actuaciones, absteniéndose de utilizar términos despectivos, irrespetuosos o peyorativos, ya sea en forma escrita o verbal…”

Artículo 17: “El abogado y la abogada deberán actuar con corrección en el ejercicio profesional. Su conducta se ajustará al ordenamiento jurídico vigente en la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación impropia que pueda desacreditar la profesión. Su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz y de buena fe.”

Artículo 38: “Aunque la causa sea justa, el abogado o la abogada no deberán emplear medios ilícitos, incorrectos o desleales.”

El abogado denunciado ni por asomo procuró situar su relación profesional en el marco de amabilidad, tolerancia, cortesía.

La mujer trans fue irrespetada en su dignidad humana.

El denunciado demostró su falta de conocimiento de las actuales disposiciones administrativa de respeto a la identidad de género.

Tampoco aplicó ese abogado la buena fe ni la veracidad.

La Fiscalía del Colegio llevó el asunto, -sin dar audiencia a las partes-, directamente a la Junta Directiva del Colegio, con su criterio que no le toca a la Fiscalía asumir esta denuncia y que no es el Colegio ente capaz de sancionar al agremiado por esas actuaciones.

En octubre del año anterior, la Junta Directiva acordó que no es de su competencia disciplinar a profesionales litigantes por estas actuaciones, resolución que fue notificada recién en enero del 2021.

La mujer trans decidió muy decepcionada no continuar con recurso de revocatoria en este caso.

Públicamente la OIDH pide que el Colegio sí tome como falta de ética de sus agremiados, y de su incumbencia, la sanción a quien la incumpla, y por la falta de respeto a las mujeres trans en procesos judiciales o administrativos.

San José, 9 de febrero de 2021.

Marco Castillo Rojas

Presidente Junta Directiva

Organización Interseccional pro Derechos

Carta abierta a los presidentes de los supremos poderes de la República: Costa Rica está en deuda con los pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Coyuntura.

SURCOS comparte la siguiente carta abierta:

Carta abierta a los presidentes de los supremos poderes de la República

Sr. Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República

Sr. Fernando Cruz Castro, presidente del Poder Judicial

Sr. Eduardo Newton Cruinshank Smith, presidente de la Asamblea Legislativa

Muy distinguidos señores presidentes:

Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), queremos unir nuestra voz a la de diversas organizaciones y personas que en días recientes han expresado su preocupación por el acoso continuo y las amenazas a la vida y la tranquilidad, que afectan a Pablo Sivas Sivas y a otros líderes y lideresas de los pueblos indígenas.

Debemos reconocer que Costa Rica está en deuda con los pueblos indígenas. En un país que presume de su Estado de derecho, el derecho, en lo que compete a los pueblos indígenas, ha sido irrespetado reiteradamente. Y no hablamos de derechos en abstracto, sino de obligaciones explícitas recogidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, la ley 6172 “Ley Indígena” de 1977, y la Declaración sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos (declaración de la Asamblea General de la ONU, A/RES/53/1448, marzo de 1999). Por más de 20 años, la Asamblea Legislativa ha ignorado y mantenido en el congelador, un proyecto de ley destinado a garantizar una más eficaz aplicación de sus derechos, incluyendo el ejercicio de su autonomía territorial. Recordemos, además, que, en abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le impuso a Costa Rica, Medidas Cautelares (MC 321-12), de acuerdo con las cuales el Estado costarricense tiene la obligación de velar por la vida e integridad de las personas indígenas.

Se ha irrespetado el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y a su autonomía de gobierno, como se ha violentado su derecho a la paz y a una vida digna. En resumen, es claro que, a lo largo de muchos años, los sucesivos gobiernos, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, de una u otra forma, por vías más o menos directas o indirectas, han sido cómplices de la violencia contra las comunidades indígenas, y, en particular, contra quienes lideran la lucha por sus derechos. La mayor parte de las veces, la prensa, con contadas y honrosas excepciones, ha sido partícipe de esta atrocidad.

Permanecen impunes, cubiertos por un manto de indiferencia y abulia, los homicidios de dos líderes indígenas: Sergio Rojas Ortiz, asesinado el 18 marzo de 2019, y de Yerhy Rivera Rivera, muerto el 24 de febrero de 2020. También permanecen impunes los reiterados actos de violencia e intimidación contra las personas, familias y comunidades indígenas que, valientemente, han querido hacer valer el derecho a sus territorios, el cual les es reconocido por todas las normas vigentes, pero que nuestra institucionalidad sigue negándoles. Todo lo cual evidencia el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

Conocemos más de cerca el caso de Pablo Sivas Sivas, indígena Brorán del territorio de Térraba, como también el de Mariana Delgado Morales, indígena Bribri del territorio de Salitre, ya que él y ella son parte de nuestros equipos de trabajo, con los que han colaborado a lo largo de años, en calidad de “investigadores comunitarios”. Sabemos que Pablo ha sufrido hostigamiento y ha recibido graves amenazas. Sabemos que Mainor Ortiz Delgado, hijo de doña Mariana, recibió una brutal golpiza. Sabemos, asimismo, del ambiente de amenaza e intimidación, que permanentemente viven estas familias y sus comunidades.

Hemos investigado en profundidad los hechos de violencia acaecidos en el territorio de Salitre, y los hemos documentado amplia y rigurosamente, como podrán ustedes confirmarlo en el siguiente enlace que, respetuosamente, les invitamos a explorar: https://cicde.uned.ac.cr/investigaciones/5-15.

Con todo respeto, pero de la forma más vehemente, urgimos a la institucionalidad pública de Costa Rica, cuya representación al más alto nivel corresponde a ustedes tres, para que proceda a tomar las decisiones y adoptar las medidas que esta situación demanda con carácter urgente: en reconocimiento de los legítimos derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica y en protección de su vida y su tranquilidad, en especial la de su líderes y sus lideresas, pero, igualmente, las de sus familias y de la de sus comunidades. Por favor, tengan presente que respetar la dignidad de nuestros pueblos indígenas, dignificará a Costa Rica entera.

Tenemos una enorme deuda con nuestros pueblos indígenas, la cual debe ser saldada a la mayor brevedad posible.

Atentamente

P/Consejo Científico del CICDE Dr. Luis Paulino Vargas Solís Director a.i. CICDE

UNED

Red de Mujeres Rurales fija posición ante proyecto legislativo que busca control de semillas

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

SURCOS recibió el siguiente documento con la comparecencia de la Red de Mujeres Rurales ante la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa realizada el 10 de noviembre del 2020.

Buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas. La situación de pandemia nos obliga a comunicarnos de esta manera.

En primer lugar queremos decir para analizar el Proyecto de Ley y para emitir nuestro criterio, partimos de nuestra realidad, de la vivencia en los territorios, que nos permite como mujeres de diversas comunidades tener conocimiento, saberes ancestrales sobre la alimentación, el uso de plantas medicinales, el cultivo de nuestra semilla criolla, local, nativa o campesina, que tenemos una espiritualidad que se vincula a nuestra forma de vida, y que tenemos formas de expresión que definen nuestra identidad.

También tenemos consciencia que somos parte importante de este país, que mucho se sustenta en el trabajo que realizamos y el producto que obtenemos.

También somos conscientes que desde muchos lados se desprecia nuestro trabajo, y se invisibiliza nuestro aporte como mujeres indígenas y campesinas. Aporte que se da no solo en la producción de bienes materiales, sino en la preservación de saberes, con nuestras luchas cotidianas y en la dignidad de nuestras comunidades.

Sobre el proyecto de Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas, expediente 21087, no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas.

Queremos decir y recordar que la Naturaleza es diversa, pero esa diversidad se está perdiendo rápidamente, dejando al planeta en un gran desequilibrio que está causando desastre de muchos tipos.

La mayor y más fuerte explotación de la tierra, el desarrollo de una productividad que no es sostenible, con más monocultivos, con uso de más pesticidas y semillas alteradas, no naturales, intensifica este desequilibrio. Esto le debe preocupar a toda la población, pero sobre todo a ustedes que están tomando decisiones que van a afectar el futuro próximo de la producción de alimentos, y también el futuro lejano.

Quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder. Podemos decir que hacer leyes que provoquen la concentración de las semillas es al mismo tiempo quitar el acceso a las semillas de la mayoría y por lo tanto atenta contra la democracia.

El control de las simillas afectará la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la vida de las personas. La diversidad de semillas es fundamental en el equilibrio de la Naturaleza, en la diversidad de alimentos, en la resistencia a los cambios climáticos y es fundamental para prevenir el hambre.

Si las semillas campesinas son restringidas se pierden; si no se pueden vender no se van a sembrar igual y si no se siembran se extinguen. Nuestra responsabilidad, en este momento de tanta crisis y destrucción, la responsabilidad de nosotras es reproducir todo lo que se pueda las semillas, todo tipo de semillas y material que ha sido la base de la diversidad alimentaria. La responsabilidad de ustedes es no impedir que las comunidades campesinas fortalezcan su producción, reproducción, conservación, venta, intercambio, regalo, trueque.

No podemos ni debemos dejar que se pierda la diversidad de alimentos, no podemos permitir que se homogenice en unos pocos alimentos industriales nuestra dieta. Si de algo ha servido la pandemia, ha sido mostrarnos la necesidad de fortalecer la producción diversa, local y en pequeñas escalas. El cierre de fronteras nos mostró que no son los mercados globalizados los que resolverán la necesidad de alimentos ante las crisis crecientes. La pandemia y las crisis climáticas nos han mostrado la necesidad de producir para los mercados locales y diversificados. La alimentación está en juego. No podemos hacerla más vulnerable dejándola acaparada en unas pocas manos.

Las grandes empresas multinacionales, productoras de semillas quieren imponerse en el mundo. No crean que es una originalidad de aquí, el control de los sistemas de semillas, y lo que provocará es se reducirá a unas pocas variedades de semillas y de alimentos. Y atrás viene la intención de digitalizar la agricultura para hacernos aún más dependientes. Y eso suma más amenaza a la diversidad; ya que la digitalización de la agricultura es para monocultivos, de alto costo, por lo que además es inaccesible. Este es un proceso de mayor concentración de la agricultura en pocas manos y por lo tanto menos democrática.

El sector agrícola monopólico no tiene ningún interés en la producción ecológica, socialmente comprometida, porque no tiene a las personas en el centro. Si les importaran las personas no fumigarían de manera despiadada a las poblaciones de las distintas comunidades. Sino que más bien promueven el uso de más y más pesticidas sintéticos.

Los registros son una forma de control de nuestra labor de siempre. Son regulaciones que pretende sacarnos de la actividad como productoras de alimentos, nos destruye a nosotras y a nuestras semillas. Si nos obligan a registrar nuestras semillas solo unos cuantos podrán sacar provecho de las semillas.

Esta historia es larga, en el 2002, o sea hace 18 años empezaron a dar pasos aquí en la Asamblea Legislativa. Y luego ha habido intereses de unos pocos que han movido estos proyectos de Ley. Y luego otros intentos: 2010, 2015, 2018. Cambian los diputados, pero la intención se repite.

Y siempre hacen lo mismo. No nos consultan a las organizaciones indígenas y campesinas, que somos población afectada por estos proyectos de Ley. Y nosotras somos las guardianas de las semillas, las que hemos hecho posible que las semillas se hayan conservado.

No se ha cumplido con el Convenio 169. El Convenio dice que “cualquier cosa que vaya a afectar los derechos y la forma de vida de las comunidades indígenas tiene que consultarse con los pueblos indígenas. Y tiene que consultarse en un idioma que entiendan con mecanismos democráticos y por sus propias autoridades”.

Además, debemos decir que el derecho a la soberanía alimentaria, establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, votado a favor por Costa Rica, se describe y entiende como el derecho a que se respeten las formas de producir, de transformar, de distribuir y consumir de las comunidades campesinas. Dice también “De manera que se garantizaría a los/ las campesino-a-s el derecho a gestionar los recursos colectivos y a participar al diseño de las políticas públicas para mejorar la regulación de los sistemas agrícolas y alimentarios”. Y nosotras no hemos sido ni consultadas.

Sobre el proyecto de Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas, expediente 21087, no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas.

Si la intención es controlar las semillas de grandes empresas semilleras comerciales, no tiene que incluirse nuestras semillas campesinas en el Proyecto de Ley.

El Proyecto de Ley además es inconsistente. Por una parte dice “excepción: las semillas criollas, locales o tradicionales no tienen que inscribirse en el registro”, pero resulta que dice que si queremos vender semillas en Costa Rica, esas semillas tienen que estar inscritas en el registro. Esas contradicciones son engañosas y peligrosas, porque deja sin definir quién decide al final sobre qué hacer. No cuesta mucho pensar que somos las personas en las comunidades las que saldremos perdiendo.

Pronunciamos nuestro acuerdo para que la producción de semillas en variedades mejoradas, las semillas alteradas genéticamente, importadas o producidas en grandes cantidades sean registradas y controlada su calidad. Pero esto no es aplicable a las semillas campesinas, semillas originarias o semillas criollas. Y como tal debe quedar muy claro en el texto del Proyecto de Ley, que ninguno de sus términos afecta a las semillas campesinas.

La destrucción de la diversidad nos deja como país en condiciones de menor capacidad de adaptación a los cambios y a la crisis climática, y aún más vulnerables en términos sanitarios y alimentarios. Por ejemplo, nosotras en el campo usamos diversos tipos de frijoles, unos más resistentes a la humedad y otros más resistentes a períodos secos. Con las variedades estamos desarrollando capacidad de adaptación, de resistencia y resiliencia para enfrentar los cambios de clima que son tan difíciles de predecir. El control y la estandarización de las semillas iría exactamente en dirección contraria a lo que dice el proyecto de Ley para procurar el abastecimiento ante la vulnerabilidad climática, sanitaria y alimentaria.

La promoción de la conservación, para la protección y uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación, debe considerar de manera explícita que no se refiere, ni considera, ni incluye a las semillas de producción campesina.

En el Artículo 2. Fines de la Ley, se propone: “Promover la producción y el control de calidad de semillas comerciales, dejando sin definición a qué se refiere con calidad de las semillas comerciales. Las semillas campesinas son de calidad y han sido desde siempre comerciales. Por tanto, debe definirse de manera directa y clara que esa característica de calidad se refiere a condiciones de homogenización, formas de producción exclusiva para semillas, y no a la dinámica equilibrada y diversa de la producción campesina.

Confunde y contradice el proyecto de ley el derecho a producir semillas, ya que las homogeniza y son actividades muy distintas la producción de las empresas semilleristas, de la producción campesina de semillas, y ambas son comerciales, pero en escalas y características diferentes. Tal y como está planteado en el texto del proyecto de ley lesiona nuestro derecho a producir.

Las semillas campesinas no deben ni pueden ser certificadas. Ya que nuestras unidades de producción son un todo que busca el equilibrio entre diversas especies y variedades. En la unidad de producción, se pueden encontrar con facilidad más de cien tipos y variedades vegetales, y algunas eventualmente se venderán. Pretender la certificación de cada una nos deja en una absoluta situación injusta e inequitativa para el proceso productivo de alimentos.

Las semillas campesinas, criollas y nativas, son el resultado de miles de años de trabajo de la humanidad, su valor reproductivo no es propiedad de una determinada persona. No es ese el derecho de resguardo, sino el derecho a producir, reproducir, vender, guardar, intercambiar, es que el que debe quedar resguardado.

Para que se pueda garantizar el abastecimiento nacional y el acceso, las semillas campesinas no deben sufrir restricciones.

La base genética se amplía fortaleciendo la producción diversificada de cultivos, salvaguardando la comercialización de las semillas campesinas, que son diversas y adaptables. Esto es lo que pueda garantizar la sostenibilidad. Pero aunque el proyecto lo anuncia como una intención, el cuerpo del proyecto de Ley lo contradice.

Por lo tanto, la Ley debe especificar que regula la actividad de semillas producidas específicamente para el comercio, y no aplicable a todo tipo de semillas.

La Declaración de interés público, del Artículo 4, plantea la protección y conservación de las variedades de semillas tradicionales, locales y criollas, pero las regulaciones que de seguido se incorporan exactamente lo contradice y lesiona los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, al no permitirse la libre comercialización de sus semillas.

En este sentido entra en contradicción con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y de otras personas de zonas rurales, Declaración votada a favor por Costa Rica. En esta se consigna el derecho de la población campesina a “guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender y reutilizar las semillas campesinas”. Por lo tanto, no debe ni puede ser sometida a certificaciones.

De manera que, consideramos que el proyecto de ley entra en contradicción con la responsabilidad votada por Costa Rica, que como Estado debe adoptar las medidas para “respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a las semillas de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas Rurales.

En el artículo 5. Se enuncia como Tutela del Derecho, pero contradice en el segundo párrafo lo anunciado en el primero. Tutelar el derecho de la producción campesina es negado al establecer la obligatoriedad de normas, procedimientos y especificaciones técnicas que riñen con la producción y prácticas culturales campesinas. Por lo tanto, no Tutela el Derecho de la población campesina en su producción local.

Este proyecto de Ley propone controles que amenazan la producción diversificada y camina hacia la privatización de las semillas. Planteamos nuestro desacuerdo y consideramos que debe quedar de manera claramente definida que las semillas campesinas no son objeto de las regulaciones de esta Ley.

La ley parece estar hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas y no sobre el derecho de la mayoría de la población. En el Artículo 9, se establece concentración de poder con representantes de este sector en la toma de decisiones, sin mayores regulaciones. En eso que ambiguamente se llama “sector semillerista”, sin incluir a los y las campesinas e indígenas, y sin incluir otras representaciones de la población vinculada con las semillas.

Y ese control perjudicial para la producción y conservación de las semillas se evidencia en los detalles en varios artículos.

La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas, y para estimular su reproducción debe poder venderlas. No puede ser que se nos persiga por la sagrada labor de sembrar, guardar y distribuir semillas.

Ustedes tienen la valiosa oportunidad de reivindicar el propósito de servir a las comunidades, a las personas, y no los intereses egoístas de unos pocos. Tienen la oportunidad de promover la agricultura diversificada para la soberanía alimentaria, y de dar pasos para el cumplimento de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales.

Muchas gracias.

Red de Mujeres Rurales de Costa Rica
10 de noviembre de 2020

Imagen de cabecera: Fabiola Pomareda en Revista La Agroecóloga

Consejo Ditsó Iíria Ajkönuk Wákpa de Salitre rechaza la desestimación del caso de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Derechos.

COMUNICADO PÚBLICO

Sábado 26 de septiembre 2020. Una vez más el Estado respalda la impunidad: el pasado jueves 24 de septiembre el Poder Judicial publica que desestima el caso del asesinato de nuestro compañero Bribri, del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Decisión que, supuestamente, se basa en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales.

Como Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa, autogobierno del Territorio Bribri de Salitre desde 1979, rechazamos la decisión del Poder Judicial. Decisión que más allá de imposibilidades técnicas, se debe a razones políticas: el racismo permanente en el Estado costarricense.

Es la voluntad política, la complicidad con terratenientes y usurpadores lo que arroja al Estado a esta decisión. Para este, las vidas de los Pueblos Originarios no son importantes y por ello, impulsan a la impunidad como la norma en nuestros Territorios.

Lastimosamente, el caso de Sergio no es el único. El Poder Judicial es diligente únicamente cuando se trata de violentar los derechos de los Pueblos Originarios. Por ello, es que en el Territorio Bribri de Salitre avanzan las medidas cautelares contra nuestros hermanos y hermanas recuperadoras que les imposibilitan habitar y trabajar las tierras que les pertenecen según las leyes nacionales e internacionales. Tal es el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Túbolwak, quién no puede acercarse a su terreno recuperado y quién además debe lidiar con las amenazas de muerte en su contra por parte de Eliodoro Figueroa Uva, Rodrigo Figueroa Uva y Eliodoro Figueroa Díaz. Todos en libertad, a pesar de ser sujetos a investigaciones judiciales por las constantes amenazas y ataques contra Minor Ortiz Delgado y su familia. A pesar de que el 09 de febrero Eliodoro Figueroa Uva disparara a Minor en su pierna, en un intento de homicidio.

Ante ello, no queda más que la reafirmación de nuestra lucha: la recuperación de nuestras Tierras-Territorios, el fortalecimiento de nuestra identidad y cultura así como la profundización de nuestras formas autónomas de Autogobierno. Lejos de detenernos, de dispersamos, el Pueblo Bribri de Salitre continuará fortaleciendo el camino de la autonomía, la tierra y la libertad en memoria de nuestro hermano del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz.

Por tanto, el CODIAW EXIGE:

– Al Poder Judicial a que continúe las investigaciones para esclarecer el asesinato de nuestro hermano Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Esto como acción mínima ante el desacato de las medidas cautelares MC-321-12 dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pro de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.

– La protección a los líderes y lideresas del Pueblo Bribri de Salitre y a los y las recuperadoras de Tierra-territorio; en acato REAL de las medidas cautelares MC-32I-12 que exige la protección de la integridad física y vida de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.

– Un compromiso REAL del Ejecutivo en el impulso de la paz en el Territorio Bribri de Salitre. Paz que solo es posible si las personas no indígenas son DESALOJADAS del Territorio Bribri; medida urgente para el saneamiento territorial. Medida que, reiteramos, es la PRIORIDAD para el Autogobierno de Salitre.

– Que el Ejecutivo tras la concreción de los desalojos, otorgue la posesión al Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa, Autogobierno del Pueblo Bribri de Salitre. Acción que debe ser extensiva a todos los Territorios y Pueblos Originarios: el Ejecutivo debe RECONOCER a las Organizaciones Propias de los Pueblos.

Para más información:
Lesner Tuadiwak
codiawdavedi@gmail.com

Y ahora la tercera muerte de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Para los estados nacionales fundados por los criollos, hace un par de siglos, en esta parte del mundo, no se trata sólo de ignorar los derechos más elementales y la existencia misma de los pueblos originarios de Abya yala, nombre que le daban los kunas a este continente en que habitamos, sino de recurrir a su paulatina exterminación física y cultural como una serie de pasos previos para consumar su eliminación total o conversión postrera. Ese, y no otro, es y ha sido desde el siglo XIX el accionar y la intencionalidad manifiesta de quienes gobiernan todos estos países, de ahí su inacción y complicidad con los asesinatos de líderes indígenas que se cometen a diario en países como Colombia, Honduras, Guatemala e incluso en la pudibunda Costa Rica, un país este último donde los medios de comunicación apoyan, de innumerables maneras, a los terratenientes que se han apropiado de las tierras de los pueblos originarios, se trata de una nación que se declara blanca o caucásica por excelencia, una tan singular dentro de la que “esos otros desconocidos” no pasan de ser una molestia marginal, a lo sumo(que problema con esos “inditos” que no entienden todavía el valor comercial de la tierra), un estado costarricense que irrespeta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas, uno cuyo Poder Legislativo se negó hace ya diez años a votar una ley de autonomía para estos pueblos-nación que quedaron territorialmente, dentro del estado nacional de Costa Rica, uno cuyas autoridades tanto del gobierno central como de los municipios o gobiernos locales se mantienen entre la indiferencia y la complicidad manifiesta frente a la violencia y el atropello, casi cotidiano contra los bribris, cabécares, brorán, teribes, gnäbe bugles y malekus en lucha por recuperar sus tierras usurpadas. La escalada de violencia, con bandas de matones y pistoleros pagados por los terratenientes en los territorios de esos pueblos, culminó con el asesinato de dos importantes líderes de esos grupos étnicos, en el lapso de poco más de un año: Sergio Rojas Ortíz y Jehry Rivera, líder entre los bribris el primero y de los brorán el segundo cayeron abatidos por la violencia homicida, ordenada por poderosos intereses económicos, los que necesitan esas tierras paras sus grandes negocios, y están decididos a quitarse esas gentes de su camino sin entrar en consideraciones humanitarias de ninguna clase, recurriendo incluso a aquellos que han renegado de sus orígenes para consumar el genocidio y el etnocidio simultáneos.

Dado lo anterior, estamos en capacidad de afirmar que no tuvo que transcurrir siquiera un lapso de dos años para que se consumara lo que me atrevo a calificar, sin tapujos ni bobadas de ninguna clase, como la tercera muerte de Sergio Rojas Ortíz. El atroz crimen ocurrido en Salitre del cantón de Buenos Aires, en la noche del 18 de marzo de 2019 fue apenas el inicio de un no tan lento proceso hacia la impunidad y el olvido del crimen cometido en la persona de uno de los líderes más importantes entre los bribris que habitan en el actual territorio de Costa Rica, casi de inmediato se ejecutó su segunda muerte cubriéndolo con una campaña de infamias a través de los medios comunicación más importantes del país, esa muerte consistió en censurar acremente, y recriminar de previo a quienes se atrevan a invocar su memoria como un luchador consecuencia por los derechos de los suyos, con lo que se buscaba no solo deslegitimar esa lucha sino abrir el camino para la impunidad y el olvido.

Cuando apenas ha transcurrido un año y medio del primero de esos asesinatos, el de Sergio Rojas Ortiz, su tercera muerte comienza a abrirse paso en los medios de comunicación social e incluso en las redes sociales, para ello el Poder Judicial declara cerrado el caso ante lo que llama la “imposibilidad” de identificar a los culpables (no se distingue entre autores intelectuales y ejecutores, desde luego) del crimen.

A diferencia de Ramón Mercader, el catalán que asesinó al líder bolchevique León Trotsky en la ciudad de México, cuya tercera muerte viviendo siempre bajo otro nombre, ocurrió en Cuba en 1978, después de haberse convertido en “otro” (Jacques Mornard- Frank Jackson) para cometer el crimen y pasar después veinte años encarcelado en México en esa misma condición enajenada, aquí no es el victimario (recordemos el libro de Jorge Semprún LA TERCERA MUERTE DE RAMÓN MERCADER) sino la víctima en la persona de Sergio Rojas Ortiz, la que es asesinada una vez más, al negar la posibilidad de establecer las responsabilidades de él o los asesinos, abriéndole paso a la impunidad y al olvido en un país sin memoria histórica. Para nosotros, Sergio Rojas Ortiz vivirá siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria, su legado nos pertenece también a todos los que asumimos y respetamos su humanidad, al igual que la de todos sus hermanos de los pueblos originarios que habitan el actual territorio de Costa Rica, quienes merecen todo nuestro respeto y la solidaridad que podamos darles. Que así sea.