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Etiqueta: discapacidad

29 de mayo: Día Nacional de la Persona con Discapacidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Dr. Federico Montero Mejía

Cuando en los Estados Unidos, la ejemplar y larga lucha por los Derechos Civiles que implicó grandes sacrificios, persecución, mucho dolor y pérdida de vidas irreparables como la de Martin Luther King alcanzó sus objetivos inmediatos; otra importante minoría conformada por las personas con discapacidad seguía sometida a la misma discriminación y segregación, tanto en ese país como en el resto del mundo.

Las personas con discapacidad, inspiradas por el modelo y las estrategias de reivindicación utilizadas por la población negra, desarrollaron e implementaron con ejemplar fortaleza y compromiso su propio movimiento en contra de esa situación de menosprecio, que limitaba aún más sus posibilidades de integración y participación como seres humanos y ciudadanos con plenos derechos. También las luchas de las personas con discapacidad por liberarse de la segregación y la discriminación a las que estaban sometidas, exigió grandes sacrificios y esfuerzos. Pero entre muchas otras cosas, los éxitos alcanzados pusieron en evidencia que las limitaciones físicas o de cualquier otro origen y severidad, nunca representan una barrera para alcanzar reivindicaciones, sociales, políticas y económicas, y tampoco para el disfrute de los inherentes derechos, o para el desarrollo personal. Las barreras, de toda índole, las impone la sociedad y no la discapacidad (Modelo Social vs Modelo Médico).

El movimiento iniciado por las personas con discapacidad en los Estados Unidos culminó con el desarrollo de normas tangibles tales como Ley de los Americanos con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en 1992. La ADA “es una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación en contra de los individuos con discapacidad en todas las áreas de la vida abiertos al público en general, tanto en lugares privados como públicos”. Este movimiento y sus logros se convirtieron en un modelo que rápidamente fue replicado por las personas con discapacidad en otros países del mundo. Casi al mismo tiempo, y después del Decenio de las Personas con Discapacidad (NNUU-1983-1992), la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un documento conocido como las “Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad” (NNUU. 1993-Resol. 37/53), que, a pesar de no ser vinculante para los Estados Miembros, fue un importantísimo incentivo que impulsó y estimuló aún más, el fortalecimiento de las luchas por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todo el mundo.

Señalo estos hechos, porque considero que resultan determinantes para entender, que los éxitos han sido el producto no de la buena voluntad o la comprensión de los políticos acerca de la realidad de esta población, sino del modelo recogido y aplicado por las organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo, que con sacrificios, pero efectivas acciones de incidencia política, obligaron a la población en general y a los responsables del diseño e implementación de política pública, a modificar actitudes y establecer normas de respeto a los derechos humanos. Más, o menos exitosos han sido los movimientos de personas con discapacidad en los diferentes países. La medida del éxito ha estado determinada en gran parte por las circunstancias vividas a lo largo de su historia por la gran mayoría las personas que conforman este sector, caracterizadas por la pobreza, la falta de acceso a la educación, al trabajo, al transporte, a la vivienda digna, etc., factores prevalentes y siempre palpables en nuestra tan desigual América Latina, que perpetúan y exacerban la condición de segregación y la estrecha relación: Pobreza = Discapacidad = Más pobreza. Más del 80% de las personas con discapacidad en el mundo, son pobres y viven en países de ingreso bajo y medio. Esta realidad ha determinado las dificultades que contribuyen a lentificar el desarrollo de un movimiento fuerte e influyente de organizaciones de personas con discapacidad, tales como los que sí han desarrollado las mujeres o los grupos LGBTI. Pero incluso estos dos sectores en mención, con frecuencia olvidan que también están compuestos por personas con discapacidad.

En nuestro país, las acciones llevadas a cabo por las personas con discapacidad tuvieron un importante efecto, que condujo a la promulgación de lo que hoy es la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley No. 7600). Pero esta Ley no llegó de la nada o por la buena voluntad o el compromiso incondicional e iniciativa de los legisladores que la aprobaron. Fue el resultado de muchas batallas que en nuestro país llevaron a cabo las organizaciones de personas con discapacidad existentes en aquellos años. Las diferentes acciones y manifestaciones públicas llevadas a cabo por esas organizaciones durante años previos, motivó al entonces Presidente electo a tomar la decisión de incluir en su equipo a un asesor en materia de discapacidad, quien impulsó y facilitó la conformación en el Congreso de la República, de una Comisión Especial Mixta que se avocó a la redacción de la Ley, la cual fue finalmente aprobada en el Congreso como Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (#7600), el 29 de mayo de 1996.

Como parte de los avances en materia de normativa legal, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en el año 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada en nuestro país mediante la ley 8661, del 29 de setiembre del 2008.

Por iniciativa el entonces diputado Alberto Salom, y tomando en cuenta que ese mismo día del año 1996, se había aprobado la Ley 7600, la Asamblea Legislativa declaró el 29 de mayo como el Día Nacional de la Persona con Discapacidad (Ley N° 8671), vigente desde el 28 de enero del 2009.

Contamos por lo tanto en nuestro país con normativa sólida que permite promover y defender los derechos de las personas con discapacidad, y que sin duda ha facilitado cambios tangibles pero aun bastante limitados en cuanto a la verdadera inclusión social, la participación plena o al ejercicio de todos los derechos por parte de muchas personas con discapacidad. Hacen falta mayores esfuerzos para desarrollar estrategias que faciliten la consolidación de un movimiento de personas con discapacidad fuerte e influyente. Queda además mucho camino por recorrer para alcanzar una clara y sincera toma de conciencia por parte de quienes construyen política pública, para que se garantice el real cumplimiento de dicha Ley y se impidan acciones tan dañinas, como lo fue por ejemplo durante la pandemia, el cierre del Centro Nacional de Rehabilitación y de otros servicios de esta especialidad en muchos hospitales. Esta decisión ocasionó a la población con discapacidad de Costa Rica, un grave e irreparable daño aun no cuantificado.

El Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-Banco Mundial 2010), refleja que como lo mencionamos, aún existe una preocupante realidad, porque se continúa tolerando la discriminación, la segregación y la restricción al disfrute de los más elementales derechos humanos a este sector de la población: “En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transparente, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas” (Informe Mundial sobre Discapacidad -OMS-).

El Reporte Mundial sobre Productos de Asistencia (OMS-UNICEF. Mayo 2022) nos señala que “Mil millones de personas necesitan productos de asistencia hoy y más de 2 mil millones alrededor del mundo se espera que requieran al menos un producto de asistencia para el 2030. Mientras cualquiera necesite un producto de asistencia en algún momento de su vida, estos son más frecuentemente requeridos por niños y adultos con discapacidad, adultos mayores y personas con condiciones de salud crónicas tales como diabetes y demencia” … “Al día de hoy, solo una de cada 10 personas que requieren productos de asistencia, tienen acceso a los mismos”.

ENLACES:

A propósito del Día Nacional de las Personas con discapacidad: Obras son amores y no buenas razones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Heidy Murillo Calvo, regidora del Frente Amplio, cantón de Barva

El 29 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, de acuerdo con lo que establece la Ley Nº 8671 de 16 de octubre de 2008. Se trata de una fecha propicia para la reflexión y el análisis acerca de la situación de este sector poblacional y del grado de cumplimiento de las normas –nacionales e internacionales—vigentes en Costa Rica en materia de derechos humanos, particularmente en los campos de la inclusión social y la accesibilidad general.

En arreglo a los importantes datos generados por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2018), desarrollada por el INEC y el CONAPDIS, en el país la población adulta con discapacidad abarca el 18,2 % de la población total. Es decir, la nada despreciable suma de alrededor de 900 mil personas. Valga decir que, con el envejecimiento de la población y otros factores, es muy probable que este porcentaje mantenga una perspectiva de crecimiento de cara al futuro.

Ahora bien, la pregunta a formular es: ¿Cuál es la situación real y concreta de este numeroso grupo de habitantes de Costa Rica? Según los datos de esa encuesta (previa a la pandemia de la Covid-19), la situación no era buena en acceso a la salud, a la educación, al empleo y a las actividades recreativas. Siempre las personas con discapacidad aparecen escalones más bajo con respecto a la población general. Es muy probable que esta situación haya empeorado como consecuencia de la pandemia.

A partir de lo que expresan diversos informes, la población con discapacidad se encuentra entre las más excluidas socialmente y es severamente afectada por condiciones de pobreza; atrapada en un círculo vicioso en el cual la discapacidad genera pobreza y la pobreza produce discapacidad.

Es importante destacar que el país ha avanzado en la adopción de distintas normativas jurídicas que reconocen los derechos de las personas con discapacidad; entre las que se destacan la Ley Nº 7600 (promulgada precisamente el 29 de mayo de 1996) y la Ley Nº 8661, mediante la cual, en 2008, se ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, al valorar la situación del sector es inevitable concluir que hay un enorme desfase entre lo que dicen éstas y otras normas, y su aplicación efectiva.

Algo que he podido observar es que cuando se habla de Estado y las normas que deben cumplirse en materia de derechos humanos, se piensa más en las instituciones públicas del ámbito nacional y menos en las obligaciones que se deben implementar desde los gobiernos locales.

Por supuesto que es muy importante lo que hagan o dejen de hacer los poderes centrales de la República cuando se trata de derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, quizás todavía son más decisivas, las políticas y acciones que las municipalidades realicen en favor de la accesibilidad e inclusión social de este sector, especialmente, de las personas con discapacidad más pobres.

Tomando en cuenta que las personas tenemos nuestros domicilios en los cantones, en sus comunidades y entonces, si desde el gobierno local se emprenden acciones que mejoren la accesibilidad del cantón, tanto en aspectos sociales (apoyo en educación inclusiva, empleo, salud, recreación, deporte) como en accesibilidad física, informativa y comunicacional, las personas con discapacidad podrán progresar más y tener con ello, mejores condiciones de vida.

En los últimos años el Código Municipal ha sufrido diferentes reformas y en su gran mayoría apuntan en la dirección correcta. Algunas de ellas están dirigidas en fortalecer la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD), estando la conformación de dicha comisión permanente establecida y regulada en los artículos 13, inciso h) y 49 de la citada normativa.

La COMAD es una comisión que debe velar, vigilar, promover y proponer -entre otras cosas- la política municipal de accesibilidad; que en los presupuestos municipales se incluyan metas y contenido presupuestario para el cumplimiento de la Ley Nº 7600: que se incluya el eje de accesibilidad en la liquidación y en los informes periódicos a la Contraloría General de la República; que se incluya en el sistema de control interno y valoración de riesgo el cumplimiento de las responsabilidades que la citada ley le asigna a las municipalidades; que se formulen diagnósticos de accesibilidad sobre las necesidades de las personas con discapacidad del cantón y que toda decisión sea consultada a las organizaciones de las personas con discapacidad, para que mejoren sus condiciones de vida.

En función de tal propósito, los concejos municipales están facultados para nombrar a las personas miembros de la COMAD que funcionará al amparo del Código Municipal y del reglamento que deberá dictarle el órgano colegiado, ante el cual la comisión deberá rendir cuentas; además de asegurar las condiciones para su mejor y más eficaz y eficiente funcionamiento para promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades e intereses de la población. Así que su conformación constituye una decisión política relevante.

Por todo lo anterior, es necesario reconocer la importancia para las personas con discapacidad que los cantones, sean inclusivos y accesibles, en todos los aspectos de la vida. A partir de la idea de que el país es el marco general, pero el encuadre cotidiano es el cantón, sus distritos y sus comunidades. Así que si bien es importante que el Estado –central– desarrolle políticas públicas inclusivas que favorezcan a las personas con discapacidad, es crucial lo que haga cada municipalidad.

Igualmente, es necesario que las municipalidades conozcan la situación de los habitantes con discapacidad, empezando por su número. También es importante que conozcan a las organizaciones y personas con discapacidad activas en la lucha por sus derechos, radicadas en el cantón. Asimismo, es de valor que estas organizaciones de la sociedad civil cuenten con un dominio solvente acerca de la normativa que rige a las municipalidades en derechos de las personas con discapacidad así como otras normas propias del ámbito municipal.

Por último, es imprescindible que las municipalidades elaboren políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo en forma clara, los derechos humanos de las personas con este tipo de condición y que fortalezcan a las COMAD para que éstas lideren su ejecución. Ese sería el mejor homenaje a las personas con discapacidad, en su día.

Carta pública al presidente electo- OIDH-CR

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Carta pública

San José, abril del 2022.

Sr, Rodrigo Chaves Robles

Presidente Electo de la República de Costa Rica.

Presente.

Estimado Señor:

La Organización Interseccional pro Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR) es una agrupación inscrita en la Sección de Asociaciones del Registro Público con la cédula jurídica No. 3-002-587995.  Como Organización de la sociedad civil, estamos muy interesados en promover, mantener e intensificar, desde un enfoque interseccional, las conquistas alcanzadas en los últimos años que han venido a satisfacer algunas de las demandas y necesidades sentidas y manifiestas de aquellos grupos que históricamente hemos sido excluidos de la condición de ciudadanía por orientación sexual, identidad o expresión de género, condición migratoria, procedencia étnica, condición etaria, discapacidad.

Frente a su elección y pronta toma de la dirección del Poder Ejecutivo, nuestra Organización, está interesada en que usted pueda conocer algunas de nuestras preocupaciones con el objetivo de que sean tomadas en cuenta en su gobierno de manera explícita que permitan suscitar políticas públicas inclusivas, justas y equitativas que beneficien a los sectores sociales que nuestra Organización representa.

En consecuencia, Señor Chaves, nuestros puntos son los siguientes:

  1. Promoción de una ley antidiscriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género, procedencia étnica, estatus migratorio, discapacidad, adultos mayores de la diversidad.  (Hay un proyecto de ley de reconocimiento de los derechos a la identidad de género e igualdad ante la ley -Proyecto de ley número 19841- actualmente archivado en la Asamblea Legislativa, que sería una buena base para discutir.)  Y eliminar de la ley de empleo público lo referente a la objeción de conciencia.
  2. Impulsar un programa de capacitación para todas las personas funcionarias públicas acerca de los derechos humanos de todos los grupos que históricamente hemos sido vulnerabilizados.
  3. Revisar y reforzar científicamente los programas de afectividad y sexualidad en la educación pública y privada.
  4. Desarrollar un programa de desarrollo integral para las personas transgénero, transexuales e intersex.
  5. Potenciar en los distintos municipios programas de inclusión social para personas que forman parte de las comunidades sexualmente diversas.
  6. Mantener el 17 de mayo como el Día en contra de la Homolesbobitransfobia.  Y conmemorarlo por parte del Gobierno. 
  7. Consolidar la figura del comisionado o comisionada presidencial para asuntos de la diversidad sexual, afectiva y de género, asignándole presupuesto y reconociéndole la condición de funcionario público con carácter de asalariado y no ad honorem.
  8. Promover en las regiones costeras, junto con sus municipalidades, oficinas de la diversidad sexual, similares al modelo vigente en la Municipalidad de Goicoechea, que permita movilizar recursos para la potenciación de capacidades de todo tipo para la población diversa sexual y de género presente en cada una de esas regiones, en especial orientadas al empleo y autoempleo, al emprendimiento y la culminación de los procesos formativos para todas aquellas personas que se han quedado rezagadas, esto mediante acciones conjuntas entre el MEP, el INA y universidades públicas ubicadas en esas zonas.
  9. Promover un censo nacional que permita determinar la cantidad de población diversa sexual y de género que vive en Costa Rica para la toma de decisiones en materia de política pública.
  10.  Mantener, impulsar, mejorar y promover todos los programas de prevención contra las infecciones de transmisión sexual.  Que la distribución eficaz, efectiva y amplia de medicinas antirretrovirales y la PrEP (medicina preventiva) sea muy ágil y sin tanta limitación.
  11.  Desarrollar una discusión nacional de alto nivel acerca de la urgencia de declarar a Costa Rica un estado laico.
  12.  Mantener y consolidar todas las conquistas alcanzadas por la comunidad de la diversidad sexual y de género durante los últimos ocho años.
  13.  Tipificar como delito agravado los crímenes de odio.
  14.  Crear programas de protección real y eficaz a personas activistas y defensoras de Derechos Humanos: de la diversidad sexual y de género, afrodescendientes, ciudadanos originarios, migrantes y refugiados en Costa Rica.
  15.  Mantener políticas de puertas abiertas para la protección de las personas refugiadas.
  16.  Garantizar que los funcionarios públicos brinden una atención integral y efectiva en sus funciones a los habitantes del país, sin malas caras o malos tratos, menos sin tener la necesidad de recurrir a un Recurso de Amparo ante Sala Cuarta Constitucional para hacer que ellos como funcionarios públicos hagan su trabajo.
  17.  Garantizar la seguridad de los pobladores indígenas y acatar los llamados de los mismos sobre la protección de sus tierras.  Que sus tierras ancestrales se les retornen a su poder.  Que se investigue el destino de los fondos girados hasta el momento a estos grupos.
  18.  Mejorar el índice de seguridad para la ciudadanía, evitando incluso que los funcionarios se burlen u omitan agresiones, ofensas, acosos y hostigamientos a la mujer, migrantes, indígenas, personas de la comunidad diversa sexual y de género, personas con discapacidad y comunidades marginadas, proporcionando seguridad en puntos alejados del Área Metropolitana.
  19.  Mejorar o reconstruir la infraestructura y garantizar una educación integral REAL a los habitantes que estudian en las comunidades rurales, que garantice que los profesores no tengan que poner de sus bolsillos para que los alumnos tengan que moverse a los centros de estudios, que tengan útiles escolares o incluso comedores dignos.
  20.  Mejorar los programas de asistencia social y seguridad en comunidades rurales, tanto los citadinos de la GAM como los campesinos son habitantes de este país y tienen los mismos derechos, por tanto, deben ser tratados con la misma igualdad que otros, no dando excesivo lujo al capitalino o metropolitano e ignorando la necesidad de hambre del que habita en lo rural.
  21.  Realizar atención psiquiátrica y psicológica gratuita.  Una línea de atención de crisis para personas suicidas para personas en crisis o con problemas psicológicos o psiquiátricos.
  22.  Que personas mayores de la diversidad y de género tengan especial protección estatal.

Los puntos señalados son considerados por nuestra Organización como mínimos necesarios para garantizar que en el presente y en los próximos años nuestra sociedad y, en general, nuestro país, pueda seguir avanzando por la senda del desarrollo integral y mejoramiento de las condiciones de vida de muchas personas, y mejore radicalmente la situación que nos ha calificado últimamente como una de las sociedades más desiguales del continente americano, para circunscribirnos solo a nuestra región. 

Asimismo, tome en cuenta que OIDH-CR estará dispuesta, siempre que así se disponga por parte de las eventuales autoridades de gobierno a colaborar estrechamente para avanzar por la ruta de la inclusión, justicia y equidad.  

De antemano, le agradecemos su disponibilidad para establecer el diálogo para que en conjunto logremos regresar a Costa Rica a nuestro lugar, reconocido internacionalmente, de respeto a los derechos humanos y la mejor distribución de la riqueza.

Por Junta Directiva OIDH-CR.

Enviado a SURCOS por Marco Castillo Rojas.

Las mujeres con discapacidad tienen la palabra

Escrito en . Publicado en Derechos.

A propósito de la semana nacional por los derechos de las personas con discapacidad, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la UCR, realizó la conferencia para reflexionar sobre la situación particular de las mujeres en Costa Rica con el tema «Las mujeres con discapacidad tienen la palabra» el día 3 de noviembre del 2021. Se contó con la participación de:

  • Damaris Solano Murillo
  • Ericka Álvarez Ramírez
  • Mariana Camacho Cordero

Moderó: Virya Castillo Vargas

La conferencia fue transmitida por medio de Facebook Live y YouTube CIEMUCR.

Batalla sin tregua en tiempo de pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

A partir del 29 de octubre salió a la venta el libro: «BATALLA SIN TREGUA EN TIEMPO DE PANDEMIA«, que incluye una colección de artículos de Luis Fernando Astorga Gatjens.

Son 40 artículos centrados en dos ejes principales: la defensa de nuestro Estado Social de Derecho y los derechos de las personas con discapacidad.

El autor menciona que desde hace algún tiempo ha querido publicar un libro que retrate parte de su pensamiento, visión y experiencias, tanto como un ciudadano costarricense comprometido y en la búsqueda permanente de una sociedad inclusiva y solidaria, como una persona con discapacidad, que ha venido luchando en múltiples escenarios –internacionales y nacionales–, por los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Este conjunto de artículos, aunque tocan diversos y variados temas, tiene un denominador común: los derechos humanos, en general y particularmente, los derechos de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito de Costa Rica, como en el plano regional latinoamericano como internacional.

La propuesta explícita y subyacente en muchos tramos del libro, es que se aproveche la pandemia como una oportunidad para impulsar cambios económicos, políticos y sociales. Los que el país requiere en su bicentenario. Y esta es una lucha que no debe tener tregua, que vale la pena porque se hace desde el raciocinio y el corazón. Por eso debe ser fuerte e imperecedera. Es por la vida y el amor a los pueblos y al pueblo del que soy parte para siempre.

El libro se puede comprar en el siguiente este enlace

Situación de la Ley 7600 en Costa Rica: “Nada de nosotros sin nosotros”

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

La Comisión Discapacidad Costa Rica comparte información respecto a lo que sucede con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley 7600, en Costa Rica.

La Comisión expresa que ha construido un proceso de comunicación con la Comisión Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, sin embargo, la última reunión se realizó en diciembre de 2020.

Como parte de los acuerdos en dichas reuniones estaban crear herramientas participativas para las personas con discapacidad y que su implementación se diera en los 82 cantones, esto para generar una reforma integral y accesible a la Ley 7600.

Según la Comisión, la diputada María José Corrales los ha cambiado de asesor en varias ocasiones rompiendo los canales de comunicación entre ambas comisiones.

Exigiendo el respeto que merecen las personas con discapacidad y el derecho a estar dentro de los procesos de creación de política pública del territorio nacional, la Comisión Discapacidad Costa Rica ha hecho el siguiente video para poder exponer la situación y comprender qué sucede en el despacho de la diputada y en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor del órgano legislativo.

El video busca tener un proceso acorde a lo que dice la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, aprobada en 2008 por la Asamblea Legislativa. Así como recordar el lema “Nada sobre nosotros sin nosotros” expresión utilizada para comunicar la idea de que no puede decidirse una política sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por dicha política.

Para ver el video puede hacer click aquí

 

Información compartida con SURCOS por Michelle Ruiz Lacayo.

¿Existe el CENARE?

Escrito en . Publicado en Análisis, Salud.

Dr. Federico Montero Mejía. Exdirector del CENARE

¿Es ético y cierto afirmar que el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) está funcionando, como lo afirman repetidamente autoridades de oficinas centrales de la CCSS y del CENARE en diferentes medios de comunicación? Yo digo que no lo es, porque lo que era el CENARE está siendo utilizado en gran parte para la hospitalización de personas con Covid-19 y como bodega o inutilizada otra parte. Además, se llama CEACO, y aunque se diga que “el hábito no hace al monje”, en el caso del CENARE sí, porque lo que allí se hacía para proporcionar rehabilitación integral y de calidad, no se puede garantizar en otro sitio que no sea ese. Los profesionales de rehabilitación que laboraban en lo que era el CENARE, ahora desarrollan sus actividades en diferentes espacios físicos de los alrededores y en condiciones que no en todos los casos son las más adecuadas, para ellos o para los pacientes.

Nadie pregunta ni hace referencia al perjuicio que esto ha ocasionado a muchas personas con discapacidad, incluyendo el desalojo que también han sufrido para la atención de Covid-19 otros servicios de rehabilitación como los de los hospitales de Liberia, San Ramón, San Carlos, Heredia, Alajuela. En el Hospital de San Carlos el gimnasio de terapia física es ocupado por ginecología porque ginecología es para pacientes con Covid-19, en el de Heredia el área de consultorios y espacios de terapia es para Covid, en el de Alajuela, el Hospital de día es ahora bodega de camillas, en el Hospital de las Mujeres gimnasio de rehabilitación permanece cerrado. Tampoco existe una sola cama en ningún hospital del país, disponible para la atención de personas con lesiones o enfermedades agudas que ocasionan discapacidad y exigen atención a nivel de hospitalización.

Pienso que la verdadera realidad no se ha discutido a profundidad ni las cosas se han dicho con la claridad y sinceridad que se requiere. Sigue poniéndose de manifiesto en las autoridades, la incapacidad para comprender la importancia y la necesidad de garantizar servicios de rehabilitación integrales en todas las regiones del país, como lo establece la normativa nacional e internacional, y también se hace evidente en ellas la subvaloración que hacen de las personas con discapacidad y de la necesidad de la rehabilitación.

Se sigue ignorando que en el Siglo XXI el mundo se enfrenta a un conjunto de retos como por ejemplo el rápido envejecimiento de la población acompañado con un aumento de las condiciones crónicas y de multimorbilidad. La población mayor de 60 años proyecta duplicarse para el año 2050, en tanto que la prevalencia de enfermedades no trasmisibles se ha incrementado en un 18% en los últimos 10 años. Igualmente no hay plena conciencia de que las condiciones crónicas no solo son responsables de una significativa proporción de muertes prematuras, sino que además son causa de número significativo de discapacidades y que la rehabilitación tiene un papel crítico en la prevención y reducción las limitaciones en el funcionamiento (e,g, movilidad, cognición, respiración, visión, comunicación) asociadas con el envejecimiento y condiciones crónicas.

Tomar en cuenta las limitaciones de funcionamiento de las personas, ayuda a minimizar el impacto sobre la salud y las condiciones sociales y económicas de esta, y mejorar el bienestar (Rehabilitación 20-30 / OMS).

En un reciente estudio realizado por la OMS y el Instituto de Métricas en Evaluación en Salud, de la Universidad de Washington y publicado en línea en la revista The Lancet del 20 de diciembre, 2020; se demuestra que un tercio de la población mundial vive con una condición de salud que se beneficiaría de la rehabilitación. La lectura y el análisis de esta y otra información, quizá contribuyan a mejorar el criterio de las autoridades CCSS, en relación con la necesidad y prioridad de los servicios de rehabilitación en nuestro país.

Espejismo en avances efectivos: Nuevas leyes en el ámbito de la discapacidad

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando se impulsa la aprobación de nuevas leyes que reconocen derechos a las personas con discapacidad ya incluidos en otras normas (nacionales o internacionales), vigentes en el país, cabe preguntarse si realmente, representan avance en la efectivización de derechos o es un paso que no representa cumplimiento efectivo alguno (o muy limitado) y no pasa de un mero simbolismo.

Tal es la disyuntiva que se presenta a raíz de la aprobación en segundo debate de “Ley para el cumplimiento de derechos y desarrollo de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista (TEA)”, realizada el día 14 de enero del año en curso.

Quienes hemos sido y somos promotores e impulsores de normas que reconocen derechos de personas de grupos sociales o poblaciones excluidos, como el de las personas con discapacidad, siempre vamos a estar atentos a destacar cualquier avance en este ámbito.

Sin embargo, debemos distinguir lo que son avances reales de avances aparentes en el cumplimiento efectivo de lo que dicta cada norma. Los primeros se aprecian cuando se desarrollan políticas públicas, cuya ejecución está respaldada por la asignación de recursos presupuestarios y planes operativos de ejecución concreta. Esto avances son perfectamente medibles a través de evaluaciones que cuantifiquen y cualifiquen, si impactaron efectivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y grupos a los que van dirigidas tales políticas.

Por el contrario, los “avances” que se quedan en la apariencia son aquéllos que simplemente tienden a detallar normas de derechos humanos ya existentes y cuyos resultados concretos y medibles, no se visualizan. Son normas que resultan redundantes y cuya necesidad es cuestionable, ya que perfectamente, el avance podría derivarse de normas existentes, con sólo que existiriera la voluntad política de la institución o instituciones, a las que les correspondería hacerla efectiva mediante acciones, programas y políticas específicas. Y, por supuesto, con el presupuesto que garantice el avance.

Al examinar esta ley que beneficiaría a personas con discapacidad, con el trastorno del espectro autista (TEA), observamos que es muy probable que no trascienda de la buena intención de las personas que la impulsaron y de las y los legisladores que votaron a favor de convertir el proyecto en ley de la República.

Se trata de una ley que deja en el vago compromiso multi-institucional de la promoción y no de acciones concretas, medibles, dotadas de presupuesto y que realmente sea ineludible su cumplimiento efectivo. Se trata de una nueva norma que se suma a muchas otras que no va a contar con recursos para su ejecución y que carecen de dientes sancionatorios.

La ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, fue promulgada el 29 de mayo del año 1996. Es una ley que ya va a cumplir 25 años y cuyo cumplimiento efectivo, ha sido limitado, en general y casi nulo en algunos derechos económicos y sociales. Asimismo, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada mediante la Ley 8661 el 29 de setiembre del 2008, también es de muy limitada implementación; tal y como lo demuestran las observaciones y recomendaciones hechas al Estado costarricense, por parte del Comité de Naciones Unidas encargado de su vigilancia y supervisión y que fue señalado oportunamente en informes alternativos, elaborados por organizaciones de personas con discapacidad.

Estas dos importantes normas deberían haber dado base a distintas políticas y acciones que redundaran, de manera concreta y medible, en mejora en las condicones de vida de las personas con discapacidad, incuidas las personas con el TEA. Sin embargo, el desfase entre lo que dictan las normas y su aplicación efectiva sigue siendo enorme.

De esta manera, aunque es de valorar y encomiar cuando se aprueban leyes que reconocen derechos de personas, en este caso concreto de la mencionada ley, nos preocupa que no pase del espejismo de un avance, que tendrá escasa repercusión en la vida de las personas con el TEA y sus familias.

Mientras se acumulen más leyes sobre derechos de las personas con discapacidad que tengan como horizonte el lamento de su incumplimiento, vamos a cuestionar su aprobación. Y en un periodo como el que vive el país donde las reducciones presupuestarias en programas sociales, ha ganado terreno, este cuestionamiento cobra mayor sentido aún.

Por todo ello, para las personas con discapacidad, para sus organizaciones y para sus familias, el camino de la lucha para exigir el cumplimiento de la normativa (particularmente la Ley 7600 y la Convención de la ONU), sigue teniendo plena vigencia. Solo de esta manera, las personas con discapacidad podrán mejorar sus condiciones de vida y a empezar a dejar de ser descartables o de segunda categoría en el Bicentenario de Nuestra Patria.

Tomado de La Gaceta.

Personas con discapacidad: más pobres, desiguales y aisladas que nunca antes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

Cuando la vida es difícil para cualquier persona, es más difícil aún para las personas con discapacidad. Ésta es una premisa que se cumple con rigor en esta dura época marcada por la irrupción devastadora del coronavirus.

Se preguntaba mediante un amplio reportaje contextualizado en la realidad española, la periodista María José Carmona: ¿Por qué todo es más caro para las personas con discapacidad? A lo largo de su trabajo muestra cómo casi todo (bienes y servicios), tienden a ser más costosos para las personas con discapacidad y sus familias.

Sean personas ciegas o sordas, personas con discapacidad intelectual o con discapacidad física, deben adquirir productos que otras personas sin discapacidad no requieren o tienen que adquirir productos a un precio mayor, que cuentan con algún dispositivo que mejora o asegura la accesibilidad.

La reportera pone como ejemplo ilustrativo el hecho de que las personas ciegas, se vean obligadas a adquirir un iphone, en virtud de que cuenta con una tecnología denominada Voiceover, que lee en voz alta todo lo que pasa en la pantalla del celular. Pero –como bien destaca–: Es un iphone y cuesta mucho dinero. Y esto es aplicable a los diferentes tipos de discapacidades, a partir de necesidades específicas.

Esta situación la caracterizó muy bien el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen que mostró cómo en Inglaterra, las personas con discapacidad para tener un nivel de vida similar a las personas sin discapacidad, debían incurrir en una serie de gastos adicionales. En un estudio que realizó a finales de la década de los noventa del siglo anterior, el economista indo-británico, mostró cómo esta situación generaba mayores condiciones de pobreza en las familias con miembros con discapacidad.

A conclusiones similares llegó el sueco, Bengt Lindqwist, ExRelator de Naciones Unidas sobre Discapacidad, al destacar el círculo vicioso entre pobreza y discapacidad: “La pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”.

Las malas condiciones de limitada higiene y hacinamiento que genera la pobreza y extrema pobreza, y la falta de acceso oportuno a servicios de salud, son condiciones idóneas para que los niños adquieran enfermedades discapacitantes. Igualmente, las actividades laborales riesgosas son una causa de accidentes que dejan secuelas discapacitantes. Con ello se ejemplifica la parte de la ecuación que fija que las condiciones de pobreza pueden ser generadoras de discapacidad.

Las personas con discapacidad tienen menores posibilidades de acceder a un empleo, aun cuando cuenten con alguna formación académica o técnica. Los prejuicios existentes y otras barreras generan esta injusta situación discriminatoria. Asimismo, cuando un integrante de la familia tiene una discapacidad, en muchas ocasiones otro miembro de la familia debe convertirse en su cuidador o cuidadora; con lo cual dos miembros pueden quedar excluidos de la actividad laboral remunerada. El resultado concreto es una menor disponibilidad de recursos económicos y con ello, se cumple la parte de la ecuación que expresa que la discapacidad produce pobreza.

Así las cosas, cuando se unen menores ingresos y mayores gastos, ambos generados por la discapacidad, se incrementa en forma notoria, las condiciones para que las personas con discapacidad enfrenten mayores condiciones de pobreza y desigualdad social. Eso quedó patentado en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2018), al comparar mediante cifras cómo la pobreza afecta en mayor medida a las personas con discapacidad.

Ahora bien, este fenómeno se hace más grave aún en tiempos de crisis económica y social, como la que enfrenta la sociedad costarricense a raíz de la pandemia de la covid-19.

En mayo del año anterior, la ONU emitió un informe que caracteriza la situación de las personas con discapacidad ante la pandemia. “La crisis mundial de la covid-19 está profundizando las desigualdades preexistentes, revelando el alcance de la exclusión y poniendo de manifiesto que es imprescindible trabajar en la inclusión de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad —1.000 millones de personas— son uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre las más afectadas por esta crisis en cuanto a muertes. Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la atención sanitaria, la educación y el empleo y de participar en la comunidad. Tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, están expuestas a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas y se encuentran entre los grupos más marginados de cualquier comunidad afectada por una crisis. La covid-19 ha agravado aún más esta situación, al afectar de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, tanto directa como indirectamente”.

Al concluir el año 2020, tal es la apreciación diagnóstica de una realidad todavía no investigada ni revelada en toda su preocupante dimensión.

El principio de soluciones ante tan vasto problema social de exclusión, que afecta a la mayoría de las personas con discapacidad y sus familias, está claramente definido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), que el Estado costarricense ratificó mediante la ley 8661. No por casualidad esta norma internacional tiene como uno de sus tres ejes el de desarrollo social inclusivo y accesible.

Sin embargo, al examinar la aplicación de las disposiciones de este tratado vigente desde septiembre del 2008, en nuestro país, el panorama es desolador. Después de 12 años de su entrada en vigor, ya se tendrían que mostrar resultados tangibles y concretos, en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Pero la distancia entre lo que dicta este instrumento jurídico y las políticas públicas que posibiliten la inclusión social de este sector poblacional de más de 600 mil personas, sigue siendo enorme.

Lo más grave es que con el Gobierno de Carlos Alvarado no sólo

 no se han dado avances, sino todo lo contrario: El retroceso es el horizonte más seguro para la mayoría de las personas con discapacidad. Las graves reducciones presupuestarias que se aplicarán en este 2021, afectarán severamente políticas públicas que debían beneficiar a este sector poblacional. Y antes que se señale al coronavirus como principal culpable de esta situación, es oportuno y necesario aclarar que esta situación se empezó a manifestar mucho antes de que la covid-19 arribará a nuestro país. Lo que hizo la pandemia fue agravar y desnudar el estado de cosas preexistentes.

Para que esta injusticia social y la creciente exclusión, no se extiendan como una ancha sombra, a las personas con discapacidad y sus familias, en alianza con otros sectores, no les quedará otro camino que movilizarse y luchar. ¡Sin acción organizada, no hay derecho!, tal es la consigna imprescindible en este año del Bicentenario de Nuestra Patria.

(4 de enero, 2021)