Ir al contenido principal

Etiqueta: discapacidad

Estudiantes de la UCR ganan competencia internacional de emprendimiento social SFERA 2022

Escrito en . Publicado en Derechos.

El equipo de estudiantes costarricense ganó además una beca completa para estudiar en la Universidad Camilo José Celá de Madrid, España.

La Universidad de Costa Rica representó al país en este evento

La competencia puso a prueba a 11 universidades de Latinoamérica y Europa que buscan la defensa de los derechos humanos

Un grupo de cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica obtuvo el primer lugar en la segunda edición de la competencia internacional SFERA 2022, realizada la semana pasada en el Tecnológico de Monterrey en México. La competencia consiste en retar a grupos estudiantiles universitarios de Iberoamérica a crea proyectos de emprendimientos que promovieran la defensa de derechos humanos.

La comitiva triunfadora la conformaron Michelle Rodríguez Umaña, Valeria Peña Sequeira, Miguel Blanco Mora y Fabiola Torres Castillo, quienes además de formar parte de la institución, representaron al país en este concurso.

Entrega del primer lugar del Premio SFERA 2022 a estudiantes de la UCR

Este cuarteto estudiantil presentó el proyecto “Girasol”, que impulsa la alfabetización ecológica para las personas con discapacidad. Su objetivo era brindar información sobre cómo mejorar la calidad de vida de la población con respecto al ambiente, así como los esfuerzos que, desde su situación, se pueden hacer para colaborar con este fin.

El producto de este análisis fue la creación de un manual didáctico adaptado a cada tipo de discapacidad, para que las personas con estas condiciones puedan comprender de manera más completa su rol en la lucha por el cambio climático y que, a su vez, se conviertan en agentes de cambio.

El proyecto que obtuvo el primer lugar destacó ante el jurado calificador por su presentación impecable, tanto en el trabajo de investigación como en la presentación final. Esto les llevó a conseguir esa primera posición frente a un total de 50 estudiantes provenientes de 11 universidades de Latinoamérica y Europa. Además del prestigio del triunfo, este equipo estudiantil recibirá una beca completa para estudiar en la Universidad Camilo José Celá de Madrid, institución coordinadora de la competencia.

Un trabajo de seis meses

Este proceso comenzó desde enero del 2022, cuando se abrió la convocatoria interna de participación, para la que postularon 45 estudiantes. Luego, se eligieron las personas que iban a conformar la delegación de la UCR, a quienes se les brindó una serie de talleres participativos y diversas herramientas de trabajo. Las reglas del concurso planteaban que cada universidad debía conformar un equipo de trabajo con al menos cuatro estudiantes y un tutor. Este debía desarrollar una investigación para comprender el problema seleccionado y su propuesta de solución.

Durante seis meses, este cuarteto desarrolló un proyecto de innovación social que tuvo como base un problema propio del país al cual debían darle una solución alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS 2030).

Una vez culminada esta etapa, los equipos de las universidades participantes presentaron sus proyectos en la sede del Tecnológico de Monterrey el pasado 7 de julio, ante un panel de jurados internacionales que evaluó cada propuesta con rigurosidad académica. Este proceso permitió al estudiantado aprender de forma integral y colaborativa, expuso Michelle Rodríguez, representante de la UCR

“Pudimos comprender las problemáticas sociales como parte de un sistema, pero lo más importante, nos convertimos en agentes de cambio por la defensa de los derechos humanos a través de proyectos de innovación y acción social”, comentó Michelle Rodríguez, integrante de la delegación de Costa Rica.

Michelle Rodríguez agradeció a la Universidad de Costa Rica y la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento (AUGE-UCR) por el acompañamiento para ganar este concurso. Aclaró que sin su apoyo no hubiera sido posible generar un proyecto de tan alto impacto, desde la empatía y la creatividad.

Justamente sobre la posibilidad de brindar soluciones sociales a las realidades de sus respectivos países, el director del programa SFERA 2022, Ignacio Sell, mencionó que esta destacada participación moldea incluso la personalidad y la integridad de estos estudiantes.

“Sois individuos proactivos en una sociedad que necesita con urgencia de compromiso, respeto, tolerancia, empatía y solidaridad. No puedo más que sentirme orgulloso y agradecido por contribuir con Sfera Experience como una de las plataformas en innovación y emprendimiento más relevantes y con mayor prestigio internacional” comentó el director del programa.

Por su parte, el director ejecutivo de Auge UCR, David Ramírez manifestó: “es un orgullo para la UCR, y el país en general, demostrar cómo el talento de nuestros estudiantes puede contribuir con propuestas de emprendimiento e innovación social para atender retos en materia de derecho humanos. Esta es una muestra del potencial de la universidad en impactar a la sociedad mediante el vehículo del emprendimiento”.

El equipo costarricense fue apoyado por la Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo (Diprovid), a través de AUGE-UCR, quien les apoyó durante el proceso para la construcción y la guía de acompañamiento en la investigación y desarrollo del prototipo de solución presentado en la competencia.

Además, estas instancias recibieron el respaldo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la UCR para fortalecer el proceso de preparación al cuarteto estudiantil.

Sobre Sfera 2022

“Sfera Experience Collaborative Space” es un programa de innovación social impulsado por The Edmond de Rothschild Foundations y la Fundación Camilo José Cela, que crearon una competición colaborativa en emprendimiento social.

En este programa se brindaron las bases para desarrollar investigaciones y propuestas de mejora de una problemática puntual (llamada “SFERA”) como una filosofía de vida que debe impregnar a todas las instancias del sistema en que vivimos: empresas, gobiernos y sociedad civil, ciudadanos, consumidores, inversores y comunidades.

Tal proceso es posible a través de una formación y trabajo en conjunto para afrontar retos que supongan transformaciones sociales en favor de la comunidad local o global.

SFERA busca así contribuir al impulso de una sociedad capaz de convertir los desafíos diarios en oportunidades de crecimiento que nos aproximen a una vida de autorrealización en el seno de un planeta sostenible. Según esta filosofía, cada persona es parte de esta transformación social tan necesaria.

¿Qué es SFERA?

Julián Berkovics Muñoz
Líder en comunicación de AUGE-UCR
Pablo Mora Vargas
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Discapacidad y entorno socio cultural

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Luis Fernando Astorga Gatjens

“La discapacidad es un concepto que evoluciona” expresa el preámbulo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), de Naciones Unidas y subraya “que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define “deficiencia” como “toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. La deficiencia es parte de la condición y el ciclo de la vida humana. Podemos adquirir alguna deficiencia, temporal o permanente, en algún momento de nuestras vidas. En mi caso particular, puedo dar testimonio de ello.

En el campo de la discapacidad se pueden identificar varios modelos. Deseo destacar tres: El modelo social, el médico-rehabilitador y el tradicional-caritativo. Estos tres modelos coexisten en nuestro entorno socio-cultural.

El modelo de la discapacidad presente en el citado tratado internacional es el social; el cual establece que el problema principal está en el entorno y en la sociedad, no en la persona. La discapacidad, consecuentemente, es un derivado de entornos “discapacitantes”. Lo que aportamos las personas con discapacidad es algún tipo de deficiencia adquirida o que la traíamos al nacer.

Esta perspectiva de la discapacidad es la más avanzada y jurídicamente vinculante para los Estados (como el costarricense) que han ratificado la Convención. Dentro de esta visión, la discapacidad está fuertemente condicionada por el entorno político-institucional, social, cultural, físico e info-comunicacional.

Como bien lo indica el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI): “La discapacidad es una variable que resulta de la interacción entre una variable que tiene que ver con la funcionalidad de la persona y otra variable que está relacionada con el entorno y la organización social”.

Por su parte, el modelo médico-rehabilitador centra su mirada en la condición del individuo y considera que la discapacidad es una resultante directa de la deficiencia (o deficiencias) de la persona. La discapacidad es entonces considerada fundamentalmente como un problema de salud y derivado de ello, es un asunto del ámbito médico. Dentro de esta visión, en muchas ocasiones, la discapacidad se hace sinónima de enfermedad.

Mientras tanto la mirada tradicional-caritativa visualiza la discapacidad como una condición inherente a la persona con deficiencias –físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales–, que limita o impide su desarrollo, y la convierte en dependiente y objeto de la caridad privada o la asistencia pública.

El llamado modelo médico conceptualiza a la discapacidad como una patología propia del individuo. Mientras tanto el modelo social se inclina a encuadrarla como una patología de la sociedad.

Alguien podría preguntarse al leer los párrafos precedentes: ¿Qué tiene que ver todo eso con la vida de las personas con discapacidad de carne y hueso, que habitamos Costa Rica? ¡Mucho! ¡Muchísimo! Porque las políticas públicas en materia de discapacidad están, inevitablemente, determinadas por el modelo que oriente a quien decida sobre ellas.

La Asamblea Legislativa, en su calidad de primer poder de nuestra República, es una fuente fundamental en la aprobación e impulso de políticas públicas. Entonces lo que piensen y digan las y los diputados tiene una enorme relevancia práctica.

Esta semana se completó la integración de la comisiones legislativas permanentes. Una de las conformadas fue la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad y Adulto Mayor. Esta importante comisión será presidida por el diputado del Partido Nueva República, Yonder Salas Durán y la secretaría la ocupará la diputada del Partido Progreso Social-Democrático, María Marta Padilla Bonilla.

Con toda seguridad, a las y los diputados que forman parte de esta instancia parlamentaria, les anima la mejor intención para lograr avances en la lucha contra todas las formas de discriminación y exclusión social que afecta a las personas con discapacidad, mediante políticas y acciones inclusivas.

Es por ello que es imperativo que sigan los dictados de normas como la ley 7600 y la Convención de la ONU, que se guían por el modelo social, ya que ni el caritativo ni el médico dan respuesta a los problemas, necesidades y aspiraciones de la población con discapacidad. La situación que prevalece en el mundo de la discapacidad da testimonio inequívoco de tal aserto.

La diputada Padilla Bonilla, secretaria de la comisión, expresó lo siguiente, según lo consigna el diario digital CR. Hoy en su edición del 23 del mes en curso, para referirse a las personas con discapacidad: «Son seres humanos que yo digo incluso superiores al resto, porque tienen una serie de condiciones y amor que los hace más elevados espiritualmente que a nosotros, entonces lucharemos para darles el lugar de seres humanos superiores en todo sentido».

Desde luego que no puedo estar de acuerdo con este enfoque de la bien intencionada diputada. He de indicarle: Que las personas con discapacidad somos antes que nada personas. Y en el ancho y variopinto mundo de la discapacidad, las hay buenas y malas, solidarias y egoístas, generosas y mezquinas, inteligentes y no tanto, espirituales y terrenas, alegres y amargadas, reservadas y locuaces… y la lista podría seguir.

Lo que si cubre como ancha capa a todas (o casi todas) las personas con discapacidad, es la discriminación, la exclusión y la subvaloración. Somos parte de esa humanidad diversa. Somos más de mil millones en el reino de este mundo (como escribiera Alejo Carpentier) entre los más de siete mil millones que ya somos.

En discapacidad –como en todo– el lenguaje es muy importante. Las formas suelen llenarse de contenidos. He observado que muchas personas cuando hablan sobre las personas con discapacidad, dudan, titubean, no quieren herir susceptibilidades. Y se hacen un embrollo enorme. No se preocupen: La denominación correcta es persona con discapacidad, les suene o no les suene. Así aparece en la 7600, en los tratados de la ONU y la OEA, en el nombre del ente rector del país (CONAPDIS). Así que no debe existir confusión alguna.

No somos minusválidos, ni inválidos, ni mongolitos, ni cieguitos, ni sorditos, ni sordo-muditos, ni ningún otro “ito” que nos hunda en lo peyorativo. No somos tampoco especiales, ni contamos con capacidades diferentes, ni tenemos necesidades especiales. No somos lo contrario a personas normales porque eso nos convierte en anormales. No somos extraterrestres; somos simplemente seres humanos fieramente discriminados. Formamos parte de la diversidad humana y aspiramos a que se nos respete aún cuando seamos diferentes.

Para formular políticas públicas inclusivas en todas las áreas (salud, educación, empleo, vivienda, información, comunicación, recreación, cultura, deporte, etc.) es imprescindible saber cuántos somos, dónde vivimos, que necesidades tenemos. Se debe partir de una apreciación diagnóstica de la situación y realidad de las personas con discapacidad y eso pasa por evitar elevarnos a un plano de amor y espiritualidad que sin duda puede sesgar la mirada objetiva.

(28 de mayo, 2022)

29 de mayo: Día Nacional de la Persona con Discapacidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Dr. Federico Montero Mejía

Cuando en los Estados Unidos, la ejemplar y larga lucha por los Derechos Civiles que implicó grandes sacrificios, persecución, mucho dolor y pérdida de vidas irreparables como la de Martin Luther King alcanzó sus objetivos inmediatos; otra importante minoría conformada por las personas con discapacidad seguía sometida a la misma discriminación y segregación, tanto en ese país como en el resto del mundo.

Las personas con discapacidad, inspiradas por el modelo y las estrategias de reivindicación utilizadas por la población negra, desarrollaron e implementaron con ejemplar fortaleza y compromiso su propio movimiento en contra de esa situación de menosprecio, que limitaba aún más sus posibilidades de integración y participación como seres humanos y ciudadanos con plenos derechos. También las luchas de las personas con discapacidad por liberarse de la segregación y la discriminación a las que estaban sometidas, exigió grandes sacrificios y esfuerzos. Pero entre muchas otras cosas, los éxitos alcanzados pusieron en evidencia que las limitaciones físicas o de cualquier otro origen y severidad, nunca representan una barrera para alcanzar reivindicaciones, sociales, políticas y económicas, y tampoco para el disfrute de los inherentes derechos, o para el desarrollo personal. Las barreras, de toda índole, las impone la sociedad y no la discapacidad (Modelo Social vs Modelo Médico).

El movimiento iniciado por las personas con discapacidad en los Estados Unidos culminó con el desarrollo de normas tangibles tales como Ley de los Americanos con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en 1992. La ADA “es una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación en contra de los individuos con discapacidad en todas las áreas de la vida abiertos al público en general, tanto en lugares privados como públicos”. Este movimiento y sus logros se convirtieron en un modelo que rápidamente fue replicado por las personas con discapacidad en otros países del mundo. Casi al mismo tiempo, y después del Decenio de las Personas con Discapacidad (NNUU-1983-1992), la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un documento conocido como las “Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad” (NNUU. 1993-Resol. 37/53), que, a pesar de no ser vinculante para los Estados Miembros, fue un importantísimo incentivo que impulsó y estimuló aún más, el fortalecimiento de las luchas por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todo el mundo.

Señalo estos hechos, porque considero que resultan determinantes para entender, que los éxitos han sido el producto no de la buena voluntad o la comprensión de los políticos acerca de la realidad de esta población, sino del modelo recogido y aplicado por las organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo, que con sacrificios, pero efectivas acciones de incidencia política, obligaron a la población en general y a los responsables del diseño e implementación de política pública, a modificar actitudes y establecer normas de respeto a los derechos humanos. Más, o menos exitosos han sido los movimientos de personas con discapacidad en los diferentes países. La medida del éxito ha estado determinada en gran parte por las circunstancias vividas a lo largo de su historia por la gran mayoría las personas que conforman este sector, caracterizadas por la pobreza, la falta de acceso a la educación, al trabajo, al transporte, a la vivienda digna, etc., factores prevalentes y siempre palpables en nuestra tan desigual América Latina, que perpetúan y exacerban la condición de segregación y la estrecha relación: Pobreza = Discapacidad = Más pobreza. Más del 80% de las personas con discapacidad en el mundo, son pobres y viven en países de ingreso bajo y medio. Esta realidad ha determinado las dificultades que contribuyen a lentificar el desarrollo de un movimiento fuerte e influyente de organizaciones de personas con discapacidad, tales como los que sí han desarrollado las mujeres o los grupos LGBTI. Pero incluso estos dos sectores en mención, con frecuencia olvidan que también están compuestos por personas con discapacidad.

En nuestro país, las acciones llevadas a cabo por las personas con discapacidad tuvieron un importante efecto, que condujo a la promulgación de lo que hoy es la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley No. 7600). Pero esta Ley no llegó de la nada o por la buena voluntad o el compromiso incondicional e iniciativa de los legisladores que la aprobaron. Fue el resultado de muchas batallas que en nuestro país llevaron a cabo las organizaciones de personas con discapacidad existentes en aquellos años. Las diferentes acciones y manifestaciones públicas llevadas a cabo por esas organizaciones durante años previos, motivó al entonces Presidente electo a tomar la decisión de incluir en su equipo a un asesor en materia de discapacidad, quien impulsó y facilitó la conformación en el Congreso de la República, de una Comisión Especial Mixta que se avocó a la redacción de la Ley, la cual fue finalmente aprobada en el Congreso como Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (#7600), el 29 de mayo de 1996.

Como parte de los avances en materia de normativa legal, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en el año 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada en nuestro país mediante la ley 8661, del 29 de setiembre del 2008.

Por iniciativa el entonces diputado Alberto Salom, y tomando en cuenta que ese mismo día del año 1996, se había aprobado la Ley 7600, la Asamblea Legislativa declaró el 29 de mayo como el Día Nacional de la Persona con Discapacidad (Ley N° 8671), vigente desde el 28 de enero del 2009.

Contamos por lo tanto en nuestro país con normativa sólida que permite promover y defender los derechos de las personas con discapacidad, y que sin duda ha facilitado cambios tangibles pero aun bastante limitados en cuanto a la verdadera inclusión social, la participación plena o al ejercicio de todos los derechos por parte de muchas personas con discapacidad. Hacen falta mayores esfuerzos para desarrollar estrategias que faciliten la consolidación de un movimiento de personas con discapacidad fuerte e influyente. Queda además mucho camino por recorrer para alcanzar una clara y sincera toma de conciencia por parte de quienes construyen política pública, para que se garantice el real cumplimiento de dicha Ley y se impidan acciones tan dañinas, como lo fue por ejemplo durante la pandemia, el cierre del Centro Nacional de Rehabilitación y de otros servicios de esta especialidad en muchos hospitales. Esta decisión ocasionó a la población con discapacidad de Costa Rica, un grave e irreparable daño aun no cuantificado.

El Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-Banco Mundial 2010), refleja que como lo mencionamos, aún existe una preocupante realidad, porque se continúa tolerando la discriminación, la segregación y la restricción al disfrute de los más elementales derechos humanos a este sector de la población: “En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transparente, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas” (Informe Mundial sobre Discapacidad -OMS-).

El Reporte Mundial sobre Productos de Asistencia (OMS-UNICEF. Mayo 2022) nos señala que “Mil millones de personas necesitan productos de asistencia hoy y más de 2 mil millones alrededor del mundo se espera que requieran al menos un producto de asistencia para el 2030. Mientras cualquiera necesite un producto de asistencia en algún momento de su vida, estos son más frecuentemente requeridos por niños y adultos con discapacidad, adultos mayores y personas con condiciones de salud crónicas tales como diabetes y demencia” … “Al día de hoy, solo una de cada 10 personas que requieren productos de asistencia, tienen acceso a los mismos”.

ENLACES:

A propósito del Día Nacional de las Personas con discapacidad: Obras son amores y no buenas razones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Heidy Murillo Calvo, regidora del Frente Amplio, cantón de Barva

El 29 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, de acuerdo con lo que establece la Ley Nº 8671 de 16 de octubre de 2008. Se trata de una fecha propicia para la reflexión y el análisis acerca de la situación de este sector poblacional y del grado de cumplimiento de las normas –nacionales e internacionales—vigentes en Costa Rica en materia de derechos humanos, particularmente en los campos de la inclusión social y la accesibilidad general.

En arreglo a los importantes datos generados por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2018), desarrollada por el INEC y el CONAPDIS, en el país la población adulta con discapacidad abarca el 18,2 % de la población total. Es decir, la nada despreciable suma de alrededor de 900 mil personas. Valga decir que, con el envejecimiento de la población y otros factores, es muy probable que este porcentaje mantenga una perspectiva de crecimiento de cara al futuro.

Ahora bien, la pregunta a formular es: ¿Cuál es la situación real y concreta de este numeroso grupo de habitantes de Costa Rica? Según los datos de esa encuesta (previa a la pandemia de la Covid-19), la situación no era buena en acceso a la salud, a la educación, al empleo y a las actividades recreativas. Siempre las personas con discapacidad aparecen escalones más bajo con respecto a la población general. Es muy probable que esta situación haya empeorado como consecuencia de la pandemia.

A partir de lo que expresan diversos informes, la población con discapacidad se encuentra entre las más excluidas socialmente y es severamente afectada por condiciones de pobreza; atrapada en un círculo vicioso en el cual la discapacidad genera pobreza y la pobreza produce discapacidad.

Es importante destacar que el país ha avanzado en la adopción de distintas normativas jurídicas que reconocen los derechos de las personas con discapacidad; entre las que se destacan la Ley Nº 7600 (promulgada precisamente el 29 de mayo de 1996) y la Ley Nº 8661, mediante la cual, en 2008, se ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, al valorar la situación del sector es inevitable concluir que hay un enorme desfase entre lo que dicen éstas y otras normas, y su aplicación efectiva.

Algo que he podido observar es que cuando se habla de Estado y las normas que deben cumplirse en materia de derechos humanos, se piensa más en las instituciones públicas del ámbito nacional y menos en las obligaciones que se deben implementar desde los gobiernos locales.

Por supuesto que es muy importante lo que hagan o dejen de hacer los poderes centrales de la República cuando se trata de derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, quizás todavía son más decisivas, las políticas y acciones que las municipalidades realicen en favor de la accesibilidad e inclusión social de este sector, especialmente, de las personas con discapacidad más pobres.

Tomando en cuenta que las personas tenemos nuestros domicilios en los cantones, en sus comunidades y entonces, si desde el gobierno local se emprenden acciones que mejoren la accesibilidad del cantón, tanto en aspectos sociales (apoyo en educación inclusiva, empleo, salud, recreación, deporte) como en accesibilidad física, informativa y comunicacional, las personas con discapacidad podrán progresar más y tener con ello, mejores condiciones de vida.

En los últimos años el Código Municipal ha sufrido diferentes reformas y en su gran mayoría apuntan en la dirección correcta. Algunas de ellas están dirigidas en fortalecer la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD), estando la conformación de dicha comisión permanente establecida y regulada en los artículos 13, inciso h) y 49 de la citada normativa.

La COMAD es una comisión que debe velar, vigilar, promover y proponer -entre otras cosas- la política municipal de accesibilidad; que en los presupuestos municipales se incluyan metas y contenido presupuestario para el cumplimiento de la Ley Nº 7600: que se incluya el eje de accesibilidad en la liquidación y en los informes periódicos a la Contraloría General de la República; que se incluya en el sistema de control interno y valoración de riesgo el cumplimiento de las responsabilidades que la citada ley le asigna a las municipalidades; que se formulen diagnósticos de accesibilidad sobre las necesidades de las personas con discapacidad del cantón y que toda decisión sea consultada a las organizaciones de las personas con discapacidad, para que mejoren sus condiciones de vida.

En función de tal propósito, los concejos municipales están facultados para nombrar a las personas miembros de la COMAD que funcionará al amparo del Código Municipal y del reglamento que deberá dictarle el órgano colegiado, ante el cual la comisión deberá rendir cuentas; además de asegurar las condiciones para su mejor y más eficaz y eficiente funcionamiento para promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades e intereses de la población. Así que su conformación constituye una decisión política relevante.

Por todo lo anterior, es necesario reconocer la importancia para las personas con discapacidad que los cantones, sean inclusivos y accesibles, en todos los aspectos de la vida. A partir de la idea de que el país es el marco general, pero el encuadre cotidiano es el cantón, sus distritos y sus comunidades. Así que si bien es importante que el Estado –central– desarrolle políticas públicas inclusivas que favorezcan a las personas con discapacidad, es crucial lo que haga cada municipalidad.

Igualmente, es necesario que las municipalidades conozcan la situación de los habitantes con discapacidad, empezando por su número. También es importante que conozcan a las organizaciones y personas con discapacidad activas en la lucha por sus derechos, radicadas en el cantón. Asimismo, es de valor que estas organizaciones de la sociedad civil cuenten con un dominio solvente acerca de la normativa que rige a las municipalidades en derechos de las personas con discapacidad así como otras normas propias del ámbito municipal.

Por último, es imprescindible que las municipalidades elaboren políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo en forma clara, los derechos humanos de las personas con este tipo de condición y que fortalezcan a las COMAD para que éstas lideren su ejecución. Ese sería el mejor homenaje a las personas con discapacidad, en su día.

Carta pública al presidente electo- OIDH-CR

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Carta pública

San José, abril del 2022.

Sr, Rodrigo Chaves Robles

Presidente Electo de la República de Costa Rica.

Presente.

Estimado Señor:

La Organización Interseccional pro Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR) es una agrupación inscrita en la Sección de Asociaciones del Registro Público con la cédula jurídica No. 3-002-587995.  Como Organización de la sociedad civil, estamos muy interesados en promover, mantener e intensificar, desde un enfoque interseccional, las conquistas alcanzadas en los últimos años que han venido a satisfacer algunas de las demandas y necesidades sentidas y manifiestas de aquellos grupos que históricamente hemos sido excluidos de la condición de ciudadanía por orientación sexual, identidad o expresión de género, condición migratoria, procedencia étnica, condición etaria, discapacidad.

Frente a su elección y pronta toma de la dirección del Poder Ejecutivo, nuestra Organización, está interesada en que usted pueda conocer algunas de nuestras preocupaciones con el objetivo de que sean tomadas en cuenta en su gobierno de manera explícita que permitan suscitar políticas públicas inclusivas, justas y equitativas que beneficien a los sectores sociales que nuestra Organización representa.

En consecuencia, Señor Chaves, nuestros puntos son los siguientes:

  1. Promoción de una ley antidiscriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género, procedencia étnica, estatus migratorio, discapacidad, adultos mayores de la diversidad.  (Hay un proyecto de ley de reconocimiento de los derechos a la identidad de género e igualdad ante la ley -Proyecto de ley número 19841- actualmente archivado en la Asamblea Legislativa, que sería una buena base para discutir.)  Y eliminar de la ley de empleo público lo referente a la objeción de conciencia.
  2. Impulsar un programa de capacitación para todas las personas funcionarias públicas acerca de los derechos humanos de todos los grupos que históricamente hemos sido vulnerabilizados.
  3. Revisar y reforzar científicamente los programas de afectividad y sexualidad en la educación pública y privada.
  4. Desarrollar un programa de desarrollo integral para las personas transgénero, transexuales e intersex.
  5. Potenciar en los distintos municipios programas de inclusión social para personas que forman parte de las comunidades sexualmente diversas.
  6. Mantener el 17 de mayo como el Día en contra de la Homolesbobitransfobia.  Y conmemorarlo por parte del Gobierno. 
  7. Consolidar la figura del comisionado o comisionada presidencial para asuntos de la diversidad sexual, afectiva y de género, asignándole presupuesto y reconociéndole la condición de funcionario público con carácter de asalariado y no ad honorem.
  8. Promover en las regiones costeras, junto con sus municipalidades, oficinas de la diversidad sexual, similares al modelo vigente en la Municipalidad de Goicoechea, que permita movilizar recursos para la potenciación de capacidades de todo tipo para la población diversa sexual y de género presente en cada una de esas regiones, en especial orientadas al empleo y autoempleo, al emprendimiento y la culminación de los procesos formativos para todas aquellas personas que se han quedado rezagadas, esto mediante acciones conjuntas entre el MEP, el INA y universidades públicas ubicadas en esas zonas.
  9. Promover un censo nacional que permita determinar la cantidad de población diversa sexual y de género que vive en Costa Rica para la toma de decisiones en materia de política pública.
  10.  Mantener, impulsar, mejorar y promover todos los programas de prevención contra las infecciones de transmisión sexual.  Que la distribución eficaz, efectiva y amplia de medicinas antirretrovirales y la PrEP (medicina preventiva) sea muy ágil y sin tanta limitación.
  11.  Desarrollar una discusión nacional de alto nivel acerca de la urgencia de declarar a Costa Rica un estado laico.
  12.  Mantener y consolidar todas las conquistas alcanzadas por la comunidad de la diversidad sexual y de género durante los últimos ocho años.
  13.  Tipificar como delito agravado los crímenes de odio.
  14.  Crear programas de protección real y eficaz a personas activistas y defensoras de Derechos Humanos: de la diversidad sexual y de género, afrodescendientes, ciudadanos originarios, migrantes y refugiados en Costa Rica.
  15.  Mantener políticas de puertas abiertas para la protección de las personas refugiadas.
  16.  Garantizar que los funcionarios públicos brinden una atención integral y efectiva en sus funciones a los habitantes del país, sin malas caras o malos tratos, menos sin tener la necesidad de recurrir a un Recurso de Amparo ante Sala Cuarta Constitucional para hacer que ellos como funcionarios públicos hagan su trabajo.
  17.  Garantizar la seguridad de los pobladores indígenas y acatar los llamados de los mismos sobre la protección de sus tierras.  Que sus tierras ancestrales se les retornen a su poder.  Que se investigue el destino de los fondos girados hasta el momento a estos grupos.
  18.  Mejorar el índice de seguridad para la ciudadanía, evitando incluso que los funcionarios se burlen u omitan agresiones, ofensas, acosos y hostigamientos a la mujer, migrantes, indígenas, personas de la comunidad diversa sexual y de género, personas con discapacidad y comunidades marginadas, proporcionando seguridad en puntos alejados del Área Metropolitana.
  19.  Mejorar o reconstruir la infraestructura y garantizar una educación integral REAL a los habitantes que estudian en las comunidades rurales, que garantice que los profesores no tengan que poner de sus bolsillos para que los alumnos tengan que moverse a los centros de estudios, que tengan útiles escolares o incluso comedores dignos.
  20.  Mejorar los programas de asistencia social y seguridad en comunidades rurales, tanto los citadinos de la GAM como los campesinos son habitantes de este país y tienen los mismos derechos, por tanto, deben ser tratados con la misma igualdad que otros, no dando excesivo lujo al capitalino o metropolitano e ignorando la necesidad de hambre del que habita en lo rural.
  21.  Realizar atención psiquiátrica y psicológica gratuita.  Una línea de atención de crisis para personas suicidas para personas en crisis o con problemas psicológicos o psiquiátricos.
  22.  Que personas mayores de la diversidad y de género tengan especial protección estatal.

Los puntos señalados son considerados por nuestra Organización como mínimos necesarios para garantizar que en el presente y en los próximos años nuestra sociedad y, en general, nuestro país, pueda seguir avanzando por la senda del desarrollo integral y mejoramiento de las condiciones de vida de muchas personas, y mejore radicalmente la situación que nos ha calificado últimamente como una de las sociedades más desiguales del continente americano, para circunscribirnos solo a nuestra región. 

Asimismo, tome en cuenta que OIDH-CR estará dispuesta, siempre que así se disponga por parte de las eventuales autoridades de gobierno a colaborar estrechamente para avanzar por la ruta de la inclusión, justicia y equidad.  

De antemano, le agradecemos su disponibilidad para establecer el diálogo para que en conjunto logremos regresar a Costa Rica a nuestro lugar, reconocido internacionalmente, de respeto a los derechos humanos y la mejor distribución de la riqueza.

Por Junta Directiva OIDH-CR.

Enviado a SURCOS por Marco Castillo Rojas.

Las mujeres con discapacidad tienen la palabra

Escrito en . Publicado en Derechos.

A propósito de la semana nacional por los derechos de las personas con discapacidad, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la UCR, realizó la conferencia para reflexionar sobre la situación particular de las mujeres en Costa Rica con el tema «Las mujeres con discapacidad tienen la palabra» el día 3 de noviembre del 2021. Se contó con la participación de:

  • Damaris Solano Murillo
  • Ericka Álvarez Ramírez
  • Mariana Camacho Cordero

Moderó: Virya Castillo Vargas

La conferencia fue transmitida por medio de Facebook Live y YouTube CIEMUCR.

Batalla sin tregua en tiempo de pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

A partir del 29 de octubre salió a la venta el libro: «BATALLA SIN TREGUA EN TIEMPO DE PANDEMIA«, que incluye una colección de artículos de Luis Fernando Astorga Gatjens.

Son 40 artículos centrados en dos ejes principales: la defensa de nuestro Estado Social de Derecho y los derechos de las personas con discapacidad.

El autor menciona que desde hace algún tiempo ha querido publicar un libro que retrate parte de su pensamiento, visión y experiencias, tanto como un ciudadano costarricense comprometido y en la búsqueda permanente de una sociedad inclusiva y solidaria, como una persona con discapacidad, que ha venido luchando en múltiples escenarios –internacionales y nacionales–, por los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Este conjunto de artículos, aunque tocan diversos y variados temas, tiene un denominador común: los derechos humanos, en general y particularmente, los derechos de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito de Costa Rica, como en el plano regional latinoamericano como internacional.

La propuesta explícita y subyacente en muchos tramos del libro, es que se aproveche la pandemia como una oportunidad para impulsar cambios económicos, políticos y sociales. Los que el país requiere en su bicentenario. Y esta es una lucha que no debe tener tregua, que vale la pena porque se hace desde el raciocinio y el corazón. Por eso debe ser fuerte e imperecedera. Es por la vida y el amor a los pueblos y al pueblo del que soy parte para siempre.

El libro se puede comprar en el siguiente este enlace

Situación de la Ley 7600 en Costa Rica: “Nada de nosotros sin nosotros”

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

La Comisión Discapacidad Costa Rica comparte información respecto a lo que sucede con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley 7600, en Costa Rica.

La Comisión expresa que ha construido un proceso de comunicación con la Comisión Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, sin embargo, la última reunión se realizó en diciembre de 2020.

Como parte de los acuerdos en dichas reuniones estaban crear herramientas participativas para las personas con discapacidad y que su implementación se diera en los 82 cantones, esto para generar una reforma integral y accesible a la Ley 7600.

Según la Comisión, la diputada María José Corrales los ha cambiado de asesor en varias ocasiones rompiendo los canales de comunicación entre ambas comisiones.

Exigiendo el respeto que merecen las personas con discapacidad y el derecho a estar dentro de los procesos de creación de política pública del territorio nacional, la Comisión Discapacidad Costa Rica ha hecho el siguiente video para poder exponer la situación y comprender qué sucede en el despacho de la diputada y en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor del órgano legislativo.

El video busca tener un proceso acorde a lo que dice la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, aprobada en 2008 por la Asamblea Legislativa. Así como recordar el lema “Nada sobre nosotros sin nosotros” expresión utilizada para comunicar la idea de que no puede decidirse una política sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por dicha política.

Para ver el video puede hacer click aquí

 

Información compartida con SURCOS por Michelle Ruiz Lacayo.

¿Existe el CENARE?

Escrito en . Publicado en Análisis, Salud.

Dr. Federico Montero Mejía. Exdirector del CENARE

¿Es ético y cierto afirmar que el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) está funcionando, como lo afirman repetidamente autoridades de oficinas centrales de la CCSS y del CENARE en diferentes medios de comunicación? Yo digo que no lo es, porque lo que era el CENARE está siendo utilizado en gran parte para la hospitalización de personas con Covid-19 y como bodega o inutilizada otra parte. Además, se llama CEACO, y aunque se diga que “el hábito no hace al monje”, en el caso del CENARE sí, porque lo que allí se hacía para proporcionar rehabilitación integral y de calidad, no se puede garantizar en otro sitio que no sea ese. Los profesionales de rehabilitación que laboraban en lo que era el CENARE, ahora desarrollan sus actividades en diferentes espacios físicos de los alrededores y en condiciones que no en todos los casos son las más adecuadas, para ellos o para los pacientes.

Nadie pregunta ni hace referencia al perjuicio que esto ha ocasionado a muchas personas con discapacidad, incluyendo el desalojo que también han sufrido para la atención de Covid-19 otros servicios de rehabilitación como los de los hospitales de Liberia, San Ramón, San Carlos, Heredia, Alajuela. En el Hospital de San Carlos el gimnasio de terapia física es ocupado por ginecología porque ginecología es para pacientes con Covid-19, en el de Heredia el área de consultorios y espacios de terapia es para Covid, en el de Alajuela, el Hospital de día es ahora bodega de camillas, en el Hospital de las Mujeres gimnasio de rehabilitación permanece cerrado. Tampoco existe una sola cama en ningún hospital del país, disponible para la atención de personas con lesiones o enfermedades agudas que ocasionan discapacidad y exigen atención a nivel de hospitalización.

Pienso que la verdadera realidad no se ha discutido a profundidad ni las cosas se han dicho con la claridad y sinceridad que se requiere. Sigue poniéndose de manifiesto en las autoridades, la incapacidad para comprender la importancia y la necesidad de garantizar servicios de rehabilitación integrales en todas las regiones del país, como lo establece la normativa nacional e internacional, y también se hace evidente en ellas la subvaloración que hacen de las personas con discapacidad y de la necesidad de la rehabilitación.

Se sigue ignorando que en el Siglo XXI el mundo se enfrenta a un conjunto de retos como por ejemplo el rápido envejecimiento de la población acompañado con un aumento de las condiciones crónicas y de multimorbilidad. La población mayor de 60 años proyecta duplicarse para el año 2050, en tanto que la prevalencia de enfermedades no trasmisibles se ha incrementado en un 18% en los últimos 10 años. Igualmente no hay plena conciencia de que las condiciones crónicas no solo son responsables de una significativa proporción de muertes prematuras, sino que además son causa de número significativo de discapacidades y que la rehabilitación tiene un papel crítico en la prevención y reducción las limitaciones en el funcionamiento (e,g, movilidad, cognición, respiración, visión, comunicación) asociadas con el envejecimiento y condiciones crónicas.

Tomar en cuenta las limitaciones de funcionamiento de las personas, ayuda a minimizar el impacto sobre la salud y las condiciones sociales y económicas de esta, y mejorar el bienestar (Rehabilitación 20-30 / OMS).

En un reciente estudio realizado por la OMS y el Instituto de Métricas en Evaluación en Salud, de la Universidad de Washington y publicado en línea en la revista The Lancet del 20 de diciembre, 2020; se demuestra que un tercio de la población mundial vive con una condición de salud que se beneficiaría de la rehabilitación. La lectura y el análisis de esta y otra información, quizá contribuyan a mejorar el criterio de las autoridades CCSS, en relación con la necesidad y prioridad de los servicios de rehabilitación en nuestro país.