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Etiqueta: disciplina fiscal

Contraloría sostiene que recorte presupuestario comprometería la fiscalización y propone alternativas al Gobierno

La Contraloría General de la República (CGR) respondió oficialmente a la solicitud del Ministerio de Hacienda de reducir en un 5% su presupuesto vigente y ajustar en la misma proporción el límite máximo de gasto para 2027, advirtiendo que una medida de ese tipo comprometería seriamente su capacidad de cumplir las funciones constitucionales de fiscalización que le corresponden.

En un oficio dirigido al ministro de Hacienda, la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, sostiene que la institución ha mantenido durante años una política de austeridad y disciplina fiscal, con presupuestos ajustados a los requerimientos esenciales de funcionamiento y niveles de ejecución cercanos al 98%, reconocidos por el propio Ministerio de Hacienda en sus evaluaciones y mediante comunicación del Viceministerio de Egresos.

Según la Contraloría, el comportamiento histórico evidencia que mientras el Presupuesto de la República creció un 57% durante la última década, el presupuesto de la institución aumentó apenas un 1,91%, pese a que el número de entidades, recursos públicos y obligaciones sujetas a fiscalización ha continuado incrementándose. Incluso señala que el límite presupuestario fijado para 2027 resulta inferior al presupuesto inicial aprobado para 2015.

La institución afirma que la reducción solicitada por Hacienda equivaldría a ₡1.055 millones, monto que, dadas las características de su presupuesto —del cual alrededor del 90% corresponde a remuneraciones—, provocaría en la práctica un «cierre técnico» de la institución e impediría atender nuevas obligaciones legales, entre ellas las derivadas de la reciente ampliación de competencias relacionadas con la fiscalización de declaraciones juradas.

Como parte de su argumentación, la Contraloría destaca que desde hace varios años eliminó partidas consideradas prescindibles, entre ellas consultorías, publicidad y propaganda, actividades protocolarias y sociales, gastos de representación y, desde 2021, viajes y transporte al exterior. Asimismo, recuerda que la implementación del salario global desde 2007 ha significado ahorros acumulados superiores a ₡30.000 millones para las finanzas públicas. Estos elementos también son sintetizados en la infografía divulgada por la institución.

Aun así, informa que, en un esfuerzo por contribuir a la contención del gasto público, identificó ₡100,3 millones susceptibles de rebajarse del presupuesto de 2026 sin afectar la operación institucional, monto muy inferior al recorte solicitado por el Ministerio de Hacienda. El detalle de esas rebajas se detalla en un anexo remitido junto con el oficio.

En lugar de aplicar una reducción que considera materialmente inviable, la Contraloría plantea alternativas que, a su juicio, permitirían generar ahorros muy superiores para las finanzas públicas.

Entre ellas menciona una mejor gestión del nivel de liquidez del Fondo General del Gobierno, señalando que mantener recursos ociosos tendría un costo estimado de al menos ₡40.000 millones en intereses durante el segundo semestre. Asimismo, propone acelerar la incorporación de recursos al Sistema de Cuentas del Sector Público, conforme a la Ley N° 10495, medida que estima permitiría generar ahorros adicionales en el pago de intereses. También señala oportunidades de mejora en materia de recaudación tributaria, gestión de la deuda pública, seguimiento del gasto y conclusión del proyecto Hacienda Digital.

La institución sostiene que estas alternativas contribuirían a enfrentar la coyuntura fiscal sin debilitar la capacidad operativa de los órganos responsables de la fiscalización superior del Estado.

La Contraloría concluye reiterando su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones para fortalecer las finanzas públicas, pero sostiene que dichas medidas no deberían traducirse en recortes que limiten el cumplimiento de las funciones constitucionales de control y fiscalización que ejerce en beneficio de la ciudadanía.

¿Del Consenso de Washington al del Coronavirus?

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una invención de artistas, una superstición de empresarios, (…). Sí, ha existido en carne y hueso, aun cuando se le dio todas las apariencias de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra.
El fantasma de la Opera – Gastón Leroux

Hemos visto en los últimos meses entre una conferencia de prensa y la siguiente, una exposición destellante de simpatías o descontentos de diversos actores políticos, sociales o económicos a la anuencia por los préstamos internacionales. Ante esto sólo podríamos encontrarles algún sentido si los abordamos desde la pregunta ¿Hacia a donde apunta la política post-covid19?

Tal vez pocos recuerden la década de 1980, cuando a través del accionar de dos potencias mundiales Estados Unidos e Inglaterra, lograron posicionar un pensamiento y práctica de la gestión política, que al paso del tiempo se le llamó Neoliberalismo, su acta fundante (no oficial) fueron unas recomendaciones de John Williamson, que se conocieron como el Consenso de Washington.

Este consenso, a su modo y estilo sintetizó el pensamiento económico y político de una generación de profesionales de la política; los tecnócratas. Estos delinearon algunas de las posturas que hoy en nuestros países son casi “dogmas”: Disciplina fiscal, disminución del gasto público, reforma tributaria, liberalización, desregulación, privatización y derechos de propiedad, en cualquier espacio de política pública, estas palabras prácticamente son incuestionables.

¿Por qué recordar esto? Hoy, estas “recomendaciones” son denunciadas por su ineficacia o daño social, por ejemplo la privatización de los servicios de salud que han generado una agudización de la crisis sanitaria, la privatización de la educación ha marcado una brecha socioeconómica que aún no logramos vislumbrar su profundidad o paradojas tales como defender la disciplina fiscal que invoca los recortes, ante una crisis sanitaria donde se requiere un enfoque comprometido con garantizar la atención de las personas desde la salud pública.

Asistimos a un momento crucial en la construcción del sentido del pensar-hacer política para nuestras sociedades, aun cuando observamos resquebrajarse las apuestas neoliberales ante su inoperancia y por la denuncia que desde sus luchas diversos sujetos individuales y colectivos han dejado la evidencia de este fracaso. Hoy se reconfigura un sentido común desde los sectores dominantes, que procuran disputar la legitimidad de esta política.

Si hace 31 años el Consenso de Washington consolidó un tipo de política neoliberal, hoy el Consenso del Coronavirus viene a relanzar esa apuesta por una política aséptica de personas, el traslape intencionado de las medidas sanitarias a su aplicación como gestión del conflicto político es una de sus primeras manifestaciones.

Asistimos a gobiernos que virtualizan y banalizan la participación política reduciéndola a páginas web y formularios, es decir una enajenación de la voz de los sujetos, y el triunfo de esta tecnificación son elementos de cuño de este nuevo consenso.

Este enfoque apuesta por el alejamiento y atomización de las personas en los procesos de toma de decisión. El control de los aportes y la validación de los mismos se despersonaliza, se vuelven matrices de información, que pierden sus elementos de problematización, y quedan como eso que son; meros registros.

Es bajo este escenario, donde surge el interés “filantrópico” de las instituciones financieras por apoyar a nuestro país ante la pandemia, un disfraz más para aprovechar los vacíos de poder que ha generado la actual pandemia ante la incapacidad de movilización y protesta. Un escenario ideal para profundizar la política neoliberal, que tiene en nuestro país como hoja de ruta a la reforma fiscal del 2018 (impuestos, empleo público y regla fiscal).

Con el pretexto del préstamo del Fondo Monetario Internacional, asistiremos a una nueva ingeniera sobre el Estado Costarricense, el replanteamiento de la política social, incluida la educación (educación técnica como único horizonte), la salud (privatización) o la precarización del empleo público con el fin de “optimizar” el gasto, por otro lado la desregulación ambiental para la explotación de los bienes naturales o la venta de activos del Estado son parte de la agenda para promover ingresos “frescos”, estas ideas son parte de lo que se estará disputando en los próximos años.

Bajo el discurso de la inminencia de la crisis y la “inevitabilidad” del sacrificio “necesario” que todos y todas debemos asumir, procuran comprometer la institucionalidad democrática, pero en el fondo lo que más llama la atención es el aplazamiento de la responsabilidad de los sectores ricos por pagar sobre sus ganancias, es decir la legitimación de la evasión y elusión serán la columna vertebral del Consenso del Coronavirus.