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Etiqueta: discriminación

Las personas con discapacidad siguen marginadas de la participación electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

De: Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

Las personas con discapacidad en Costa Rica son afectadas por distintas formas de discriminación y una de ellas está relacionada con su participación política, en general, y particularmente, con la electoral.

Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) llevada a efecto por el INEC y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en el año 2018, el país cuenta con 18,2 % de personas adultas con discapacidad. Es decir, si consideramos que la población actual del país es de 5 022 000 de habitantes, en el padrón electoral habría 914 004 potenciales votantes con discapacidad.

Ante un número tan significativo de electores y electoras, en un proceso como el que culminó el pasado 2 de febrero, con la elección de las autoridades municipales en los 82 cantones del país, los partidos participantes debieron incluir en sus papeletas a personas con discapacidad; sus propuestas y programas tendrían que considerar acciones que atendieran las necesidades y problemas de este sector poblacional y sus mensajes debieron ser accesibles, particularmente para personas sordas y personas ciegas. Pero nada o muy poco de eso se dio: La exclusión sigue siendo la norma para las personas con discapacidad; la inclusión, la excepción.

Tiene mucha razón una persona sorda que reclamó que no sabía por quién votar ya que nunca obtuvo información accesible, que lo orientara y por ello interpuso un recurso ante el TSE.

Esta exclusión e invisibilización de las personas con discapacidad también se manifiesta en el momento del ejercicio del sufragio en los recintos de votación. Aunque es reconocible los esfuerzos del TSE para asegurar el voto accesible e inclusivo (mediante instrucciones y equipamiento de algunos implementos), todavía hay mucho por hacer. Las personas responsables de las mesas en múltiples ocasiones no saben cómo actuar cuando ingresa un votante con discapacidad. Es necesario que sean debidamente capacitados para atenderlos adecuadamente. También se presentan situaciones como la que se dio en una mesa en Pérez Zeledón cuando ingresó una persona ciega a la que se le obligó a hacer el voto público, ya que la plantilla aportada del TSE no coincidía con la impresa. Asimismo, es oportuno señalar que hubo personas con discapacidad que querían formar parte de Juntas Electorales pero los problemas de accesibilidad física de centros de votación, se los impidió.

Por su parte, el CONAPDIS se tomó en serio la tarea al organizar a casi 250 observadores electorales; muchos de los cuales fueron personas con discapacidad.

El artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), ratificada por el Estado costarricense mediante la Ley 8661, establece que “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos…”.

Actualmente, la distancia entre esta importante norma democrática y su aplicación efectiva es enorme. Para cambiar esta situación debe realizarse un esfuerzo mancomunado y eficaz entre distintos actores institucionales (TSE, CONAPDIS, entidades del gobierno central, gobiernos locales, partidos políticos, entre otros), para promover la participación política y social de las personas con discapacidad, en función de pasen del estado de marginación del presente a una cada vez mayor inclusión política y pública. Obviamente, las organizaciones de personas con discapacidad deben ser convocadas en este necesario e impostergable esfuerzo.

Otro elemento a contemplar es la invisibilización que se manifiesta en el trabajo que realizan las misiones de observación de los procesos electorales. Por ejemplo, las misiones de la OEA que han venido observando distintas elecciones del país, no hacen mención sobre las condiciones de la participación de las y los electores con discapacidad. Es un tema persistentemente ausente. Esta regla de exclusión (con seguridad, no deliberada), la cumplió la Misión de la OEA que observó las recientes elecciones municipales.

Al leer su informe valoramos positivamente algunas de sus observaciones y recomendaciones. También es muy oportuno que hayan colocado en el centro de su atención la participación de las mujeres en estos procesos. Pero ese casi millón de personas con discapacidad que podrían sufragar no tuvimos ninguna mención en el informe de la OEA. Valga decir que habría sido oportuno –por lo menos– que mencionaran a las mujeres con discapacidad, ya que la citada ENADIS 2018, establece que el 60,9 % de las personas adultas con discapacidad son mujeres.

Esperamos que, para las elecciones nacionales de febrero del 2022, las cosas cambien tanto en el proceso electoral como en el día de las elecciones para las personas con discapacidad y las sombras que hoy dominan su participación política empiecen a dar pasos a destellos de luz e inclusión, real y efectiva.

 

Enviado por el autor.

Reforma integral a la Ley 7600: Propuesta insuficiente y acelerada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

De: Luis Fernando Astorga Gatjens

luferag@gmail.com

La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, fue promulgada el 29 de mayo del año 1996 y ha sido el principal referente normativo en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad.

En el año 2019, la diputada María José Corrales (PLN-Alajuela), impulsó un proyecto de reforma integral de esta importante ley, que ha avanzado en la corriente legislativa bajo el Expediente N° 21 443. Esta propuesta ya fue dictaminada por la Comisión Especial sobre Discapacidad y Adulto Mayor, y avanza –con una celeridad, a todos luces inconveniente—hacia una quizás cercana votación, en primer debate en el plenario legislativo.

Reconocemos las buenas intenciones de las propulsoras de esta iniciativa, sin embargo, quienes desde hace bastante tiempo hemos venido trabajando en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, nos preocupa cómo ha venido avanzando este proyecto de reforma, por las razones que seguidamente enumero:

1) Sin balance correctivo. Hasta el presente no se ha desarrollado un balance, riguroso y exhaustivo, de cómo se ha aplicado la Ley 7600 en los siete ámbitos que abarca la norma original. ¿Cuánto realmente se ha avanzado en el país y cuál es su impacto efectivo en la vida de las personas con discapacidad, en educación, trabajo, salud, acceso al espacio físico, acceso al transporte público, acceso a la información y a la comunicación, y acceso a la cultura, el deporte y las actividades recreativas? La ley 7600, que ya casi cumple 24 años, se promulgó para reducir sostenidamente la amplia deuda social que tienen el Estado y la sociedad costarricenses, con este sector de población de más de 900 mil costarricenses (ENADIS, 2018). Empero por lo que se muestra en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las personas con discapacidad y los inobjetables datos estadísticos, esa deuda persiste y se refleja en la discriminación y la exclusión social que afecta a este sector poblacional.

2) Otro contexto normativo. Otro elemento que es necesario analizar a la hora pensar en una reforma integral a la Ley 7600, es los diferentes contextos normativos existentes cuándo fue aprobada la ley y en el presente. Cuando fue promulgada no había en el ámbito de la ONU, ni en el de la OEA ningún tratado centrado en las personas con discapacidad. En 1999, la OEA adoptó la Convención interamericana orientada a eliminar la discriminación asociada a la discapacidad y en el año 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ambos tratados fueron ratificados por Costa Rica en 1999 y 2008, respectivamente. Claro está que siendo ambas normas supra-legales (Artículo 7, Constitución Política), es necesario contemplar iniciativas de armonización legislativa que aseguren su cumplimiento efectivo.

3) La aplicación, preocupación prioritaria. Una preocupación central en el presente es la necesidad de la aplicación efectiva de lo que establece la Ley 7600 y de otras normas vigentes, en el campo de los derechos de las personas con discapacidad. El país mantiene tanto en el ámbito nacional como en el de los gobiernos locales, un desfase muy amplio entre lo que dictan las normas y su aplicación efectiva, a través de políticas públicas inclusivas, que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En esta materia sigue habiendo mucho más ruido que nueces; aun considerando los esfuerzos que realiza el CONAPDIS, en su calidad de ente rector.

4) Consulta superficial e insuficiente. Tanto la Ley 7600 como la Convención de la ONU establecen la obligación ineludible del Estado de consultar a las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, en asuntos de su interés. Y no cabe la menor duda de que una reforma integral a la Ley 7600 tiene tal dimensión. Sin embargo, la Asamblea Legislativa procediendo inapropiadamente, se complace con enviar los proyectos a correos electrónicos de algunas personas y organizaciones de personas con discapacidad, sin cumplir cabalmente con el verdadero deber de consulta. Se trata de consultas que no cumplen ni el espíritu ni el objetivo de las normas. Así se ha procedido con este proyecto de reforma, sin valorar el importante esfuerzo que desarrolla el CONAPDIS de conformar el Foro Nacional de Consulta de las Personas con Discapacidad. Este foro que tendrá 72 miembros (36 titulares y 36 suplentes) de las nueve regiones que conforman esta entidad rectora, quedará conformado en este mes de marzo. Sin lugar a dudas, el Foro Nacional Consultivo debe estrenarse con la consulta sobre la reforma a la Ley 7600, por su alcance e importancia.

5) Aplicación: Nada nuevo en el horizonte. Una primera lectura del proyecto de reforma a la ley 7600, nos indica que hay una serie de temas que no fueron abarcados y que son claves para que la ley 7600 incida en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Veamos algunos ejemplos concretos: No se agrega nada que asegure mejor la implementación de la Ley en todos los estamentos del Estado, incluidos los gobiernos locales. Tampoco se menciona el rol del CONAPDIS, como ente rector para la vigilancia e impulso del cumplimiento de la Ley. Asimismo, no se contempla el tema de los recursos y las asignaciones presupuestarias, que son claves para la implementación deseada.

Todas estas ideas que comparto me llevan a la conclusión de que es imprescindible que el proceso acelerado que lleva, injustificadamente, la Asamblea Legislativa, se detenga para que las cosas se hagan realmente bien. Si hay un verdadero interés en una reforma integral, se debe trabajar en mejorar sustancialmente la Ley 7600 y, más importante aún, asegurar un avance sostenido en su implementación.

De no seguir este razonado y razonable camino, avizoro una nueva frustración para las personas con discapacidad y sus esperanzas de una vida mejor.

(27 de febrero, 2020)

 

Enviado por el autor.

UCR repudia orden de desalojo contra población indígena

Escrito en . Publicado en Derechos.

Zaida Siles Rojas, Periodista

El Consejo Universitario hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a levantar la voz en defensa de los pueblos indígenas. (Fotos: www.surcosdigital.com)

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) repudia la orden de desalojo que emitió recientemente el Tribunal Agrario de San José contra varias familias indígenas cabécares de China Kichá de una finca dentro de su propio territorio, en la zona sur del país.

Las tierras estaban ocupadas por personas ajenas a la comunidad y fueron recuperadas hace más de un año por esas familias.

El Órgano Colegiado le reiteró al Gobierno de la República su deber de garantizar la protección y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica, de respetar la legislación nacional e internacional sobre la materia y asegurar que no exista impunidad ante los atropellos y la violencia a la cual se encuentran sometidas estas poblaciones.

Además, le exigió al Gobierno y al Ministerio de Seguridad Pública tomar las medidas necesarias para que la Fuerza Pública no se exceda en sus competencias y se asegure que no existan actos discriminatorios y persecutorios contra las personas indígenas.

El acuerdo del Consejo Universitario contiene también una solicitud al Ministerio Público para que continúe la investigación del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, al considerar que la desestimación y archivo de este caso genera un ambiente de impunidad en las comunidades indígenas.

Para el Órgano Colegiado, “tanto la desestimación y archivo del caso de Sergio Rojas, como la orden de desalojo contra la población indígena China Kichá representan el racismo, la discriminación, la violencia física y simbólica, el asedio y la intimidación que viven los pueblos indígenas en sus territorios”.

Miembros del Consejo expresaron que, por más de 40 años, el Estado costarricense ha sido negligente en su obligación legal de garantizar la territorialidad indígena, de acuerdo con la Ley N.° 6172, de noviembre de 1977, tras el incumplimiento de las promesas de solución que han realizado las últimas administraciones y la inexistencia de una política pública eficiente en la materia.

En reiteradas ocasiones, el Consejo Universitario se ha pronunciado sobre la situación de violencia que se vive en los territorios indígenas con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como a los homicidios de líderes indígenas y al papel que debe asumir el Estado costarricense, de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.

Este último acuerdo fue aprobado en la sesión N.º 6439, con base en una propuesta presentada por los miembros Valeria Rodríguez Quesada, Madeline Howard Mora, Teresita Cordero Cordero y Carlos Méndez Soto, la cual toma en consideración la solicitud que al respecto presentaron las escuelas de Antropología y Sociología.

Información del Consejo Universitario UCR.

Represión a Vicente Vázquez Ruiz, compañero de la SextaDSL, Colectivo Autónomo Smalael A’maletik

Escrito en . Publicado en Derechos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
4 de noviembre 2020

Acción urgente
Agresión a miembro de Colectivo Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

A los organismos defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación
Al pueblo en general

El día de hoy, alrededor de las 5 de la tarde, el compañero Vicente Vázquez Ruiz, miembro del Colectivo Autónomo Smalael A’maletik, Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, del municipio de Altamirano, fue hostigado y agredido por elementos de la policía en un retén en la entrada de San Cristóbal de Las Casas, cuando se dirigía al CIDECI, con prepotencia y abuso de autoridad violentaron sus derechos fundamentales al forzar y obligar a bajar del transporte público en el que viajaba, con tratos crueles y degradantes, revisaron sus pertenencias, le sustrajeron su celular y le obligaron a proporcionar la contraseña para desbloquearlo, invadiendo así su privacidad, actuando con alevosía y ventaja bajo el pretexto de su apariencia física fue retenido por varios minutos para luego dejarlo libre, dicho acto inadmisible evidencia la discriminación y racismo que aún impera, así como la criminalización a la juventud disidente y organizada.

Dicha acción violatoria de los derechos humanos no es un hecho aislado, una revisión de rutina más que pretende ser legal cuando a todas luces raya en la ilegalidad, puesto que en el Estado de Chiapas se criminaliza la protesta social, la lucha organizativa, la defensa por la Autonomía, por la Vida y el Territorio desde las altas esfera de este mal gobierno Morenista: No es más que muestra de la dictadura fascista que estamos viviendo, un cerco policíaco militar disfrazado de seguridad y protección contra la delincuencia y el crimen organizado, que sirve para intimidar al pueblo y sus luchas autónomas, todo para encubrir sus megaproyectos de “izquierda” muerte.

Denunciamos enérgicamente esta agresión a nuestro colectivo, responsabilizamos a los tres niveles del mal gobierno de la integridad física y psicológica de nuestro compañero Vicente Vázquez Ruíz.

¡Condenamos la violación sistemática a los derechos humanos!
Llamamos al apoyo y solidaridad de las organizaciones hermanas y solidarias.
¡Alto a la criminalización de los luchadores sociales!
¡Por verdad y justicia!
Colectivo Autónomo Smalael A’maletik (Montañas de Esperanza)

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Los derechos fundamentales en el trabajo pueden contribuir a lograr una mejor reconstrucción después de la COVID-19

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Los derechos y principios fundamentales relacionados con el trabajo pueden desempeñar una función primordial a los efectos de recuperación frente a la crisis de la COVID-19, y contribuir a una reconstrucción del mundo del trabajo más adecuada y equitativa, según un nuevo informe de la OIT.

GINEBRA (OIT Noticias) – Los principios y derechos fundamentales en el trabajo pueden desempeñar una función primordial en la adopción de medidas de respuesta eficaces y consensuadas que faciliten la recuperación frente a la crisis de la COVID-19 y contribuyan a una reconstrucción más adecuada y justa del mundo del trabajo, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, en el informe se señala que la crisis ha conllevado un mayor riesgo para las libertades y los derechos laborales, habida cuenta del nivel más elevado de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad que deben afrontar los países.

En el informe Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work  (Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19) se proporciona información pormenorizada sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Se aborda la manera de invertir los procesos que propician la informalidad, la pobreza y la explotación, a fin de facilitar una mejor reconstrucción, en beneficio de todos. Se señala que aún no se ha atendido a la acuciante necesidad de dar una respuesta integrada a la pandemia.

En el documento, publicado por el servicio FUNDAMENTALS de la OIT, se abordan los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo, a fin de hacer frente al trabajo forzoso, al trabajo infantil y a la discriminación, y garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva; por otro lado, se subraya la importancia de aplicar esos principios al adoptar medidas de respuesta frente a la COVID-19, a fin de garantizar la inclusividad de esas medidas.

En los resultados del informe se destaca que las restricciones en materia de libertad de circulación y celebración de reuniones públicas, impuestas en el marco de determinadas medidas de respuesta para luchar contra la pandemia a escala nacional, dificultan «la observancia de los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva, tanto en el plano legislativo como en el de su aplicación, y que ello es a su vez un obstáculo para la formulación de medidas de respuesta frente a la crisis sobre la base de un consenso social». Según se desprende de las conclusiones del informe, se ven afectadas, en particular, 2.000 millones de personas que trabajan en la economía informal, que con frecuencia carecen de voz representativa colectiva.

Las recientes iniciativas encaminadas a identificar y abordar casos de trabajo infantil y trabajo forzoso en cadenas de suministro mundiales  también están en riesgo, «habida cuenta de los esfuerzos desplegados a todos los niveles por las empresas para hacer frente a la crisis y a la enorme reducción de demanda que se ha producido».

Se ha constatado que los efectos económicos de la pandemia, entre otros, exacerban el trabajo infantil, puesto que las familias se ven obligadas a encontrar nuevos medios de subsistencia para sobrevivir. También propician la servidumbre por deudas y una mayor dependencia de organismos y plataformas de contratación informales que dejan a los trabajadores más expuestos a casos de explotación .

Por otro lado, el acceso a una educación de calidad es fundamental para evitar el trabajo infantil. A lo largo de este año, 1.500 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas. Un tercio de esos niños no pueden tener acceso a sistemas de enseñanza a distancia, y muchos de ellos dependían de la comida que recibían gratuitamente en centros escolares y de las ayudas económicas que percibían por asistir a la escuela.

En el documento también se destaca la preocupación por el hecho de que, en algunos países, los recursos para brindar apoyo a víctimas y supervivientes de casos de trabajo forzoso se están reasignando a la adopción de medidas de respuesta frente a la pandemia.

La crisis de la COVID-19 también ha puesto de relieve la discriminación de determinados grupos de trabajadores y la arraigada desigualdad de género en los mercados de trabajo y en la prestación de servicios de atención comunitaria no remunerados.

En el documento se propone asimismo un marco de políticas basado en cuatro pilares para hacer frente a la COVID-19, en consonancia con las normas internacionales del trabajo. Éstas abarcan la promoción de la economía y del empleo; el apoyo a las empresas y el fomento del empleo y de los ingresos; la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; y la eficacia del diálogo social para la búsqueda de soluciones.

«La defensa de la vida humana debe ser nuestra prioridad», señaló Francesco d’Ovidio, funcionario encargado del servicio FUNDAMENTALS. «La protección de los medios de subsistencia facilita nuestra labor al respecto. La eficacia de esos principios fundamentales obedece principalmente a su interrelación y fortalecimiento mutuo. Al formular nuestras políticas con arreglo a dichos principios se sientan las bases de una recuperación inclusiva en los planos social y económico, a tenor de las necesidades de las personas más vulnerables”.

 

Imagen: © KB Mpofu / ILO

Fuente: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759294/lang–es/index.htm

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.

Diálogo social y rescate democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

“Me gustas, democracia, porque estás como ausente”
(Canción de Javier Krahe)

Manuel Hernández

  • Después de varias intentonas, viene el infaltable reality show

El último Informe Especial COVID-19 de CEPAL (octubre/2020), destaca la extraordinaria importancia que tiene el Diálogo Social para enfrentar integralmente la crisis sanitaria, que ha profundizado la desigualdad estructural, económica y social de América Latina.

La CEPAL sostiene que serán necesarios pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de sectores, de largo plazo, que promuevan la universalización de la protección social, la salud y reoriente el desarrollo, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad de las políticas fiscales, industriales y ambientales.

CEPAL insiste en que para alcanzar estos pactos se requiere un liderazgo político transformador, que goce de legitimidad social, que, además, incluya la más amplia y diversa gama de actores.

El Informe advierte un aspecto de suma relevancia, que dadas las circunstancias políticas y sociales que vertiginosamente se desarrollan en nuestro país, no podemos dejar pasar inadvertido:

“Es importante que los Gobiernos tengan en cuenta que, en algunas partes de la región, el descontento previo a la pandemia hizo que se acumulara una energía social que no va a desaparecer después de la crisis, energía que la sociedad en su conjunto deberá manejar abriendo caminos institucionales, democráticos y justos de diálogo y concertación social.”

Desafortunadamente algo tan elemental, después de varios intentos fracasados de diálogo social, todavía no logra comprender el Gobierno de nuestro país, que ahora está tratando de articular un nuevo ensayo, convocando a un conjunto de actores de sectores sociales, productivos, políticos y hasta religiosos.

No obstante, esta última convocatoria fue discriminatoria y excluyente, porque cerró ese cauce institucional de participación democrática a un movimiento social, dirigido por Rescate Nacional, que desde hace unas semanas se está expresando activamente en los espacios y foros públicos, exigiendo su Derecho Fundamental de ser escuchados y atendidas sus demandas de justicia social, protestando contra todo préstamo del FMI, “que nos jode a tod@s, no solo a las camareras”. *

El Informe de CEPAL sigue diciendo que ese liderazgo político debe “servir para reconocer y convivir con los conflictos colectivos en que se enfrentan los actores como parte de su adhesión a diferentes grupos sociales”.

Por contrario, el Gobierno impulsa el denominado proceso de diálogo multisectorial imponiendo unilateralmente el consenso, desde arriba, no soberano, que repele la legitimidad del conflicto social, conflicto que es consustancial a cualquier sistema democrático y pluralista; que no debe ser aplacado con la ostentosa e intimidatoria circulación de la “bestia” policial, a lo largo y ancho del territorio nacional, ni mucho menos con el bloqueo de los espacios de participación democrática.

Partiendo de esa misma convicción ideológica, promocionó una reaccionaria contrarreforma laboral, que culminó con la prohibición del derecho de huelga en la mayoría de las actividades económicas y servicios públicos, configurando el derecho de huelga del enemigo.

El Gobierno sigue reflejando una posición autoritaria, basada en la construcción simbólica del “enemigo”, que no se concilia con los principios constitucionales del Estado democrático, que por imperio de la reforma del artículo 9 constitucional, garantiza a la ciudadanía, a la universalidad ciudadana, y no solo a la que convenientemente se seleccionó, la plena participación en la construcción y definición de las políticas públicas.

Las y los indignados que representan el poder de los sin poder, quienes rompieron su callada indignación y fueron excluidos, no tienen menos derechos de participación ciudadana que aquellos actores oficialmente convidados al reality show, como si la democracia fuera patrimonio del gobernante de turno y su socio presidente de la Asamblea Legislativa.

En definitiva, en la de menos, este es el gran desafío que tenemos que asumir: liberar la Constitución Política de quienes la tienen secuestrada, pero para ello es necesario, primero, recuperar la democracia.

25/10/2020

* Frase escrita en un cartel de las asambleas del 15-M, cuyo mensaje deriva de la denuncia judicial que presentó Nafissatou Diallo contra Strauss-Kahn, expresidente de FMI, quien lo acusó que mientras ella estaba realizando labores de limpieza, en un hotel de Nueva York, la golpeó e intentó violarla. A consecuencia de este escándalo, Strauss-Kahn renunció a la Presidencia de FMI (2011).

Carta Abierta: ¡Paridad de género en el diálogo: porque la ley lo ampara y es en interés del país!

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Al Presidente de la República.
Al Presidente de la Asamblea Legislativa.
A las personas dirigentes de sectores y organizaciones que se involucrarán en el diálogo para la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales
A la opinión pública y a la ciudadanía.

Nuestro país ha venido dando importantes pasos en el camino de la igualdad y hacia la inclusión sociopolítica de las mujeres. Hemos ratificado una serie de instrumentos internacionales que son parte del ordenamiento jurídico y han trazado la ruta, entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que compromete al Estado a garantizar la participación de las mujeres en la formulación de las políticas gubernamentales en igualdad de condiciones que los hombres.

La Sala Constitucional bien ha explicado que conforme al Principio de Paridad de Género, “la conformación de las organizaciones políticas y sociales, deberán estar integradas por 50% hombres y 50% mujeres. Ello como una medida afirmativa que pretende recuperar espacios perdidos durante años en la participación e incursión de las mujeres en distintas instancias sociales, particularmente de la vida pública. Todo lo cual se traduce en el derecho de hombres y mujeres a disfrutar, en condiciones de igualdad, de todos los derechos políticos y civiles” (Sentencia 4622-16).

El contexto actual de crisis afecta de manera diferenciada y desproporcionadamente a las mujeres, por ello, quienes firmamos esta “Carta Abierta” clamamos por una democracia participativa y exigimos que la representación de cada grupo que integre la Mesa de Diálogo Nacional cuente con una integración de 50% de hombres y 50% de mujeres, convencidas no solo del derecho a participar en igualdad, sino seguras de que el aporte de la visión de las mujeres en el proceso de análisis de propuestas será determinante para el éxito de cualquier diálogo.

La construcción con perspectiva de género facilita las habilidades de escucha y de negociación. Las capacidades de diálogo, empatía y actitudes no violentas que aportará la participación de mujeres, facilitará a las partes llegar a acuerdos, permitirá transversalizar la perspectiva de género, facilitará espacios de negociación sin desigualdades de poder, y favorecerá soluciones que no excluyan o perjudiquen grupos sociales y que sean respetuosos de los derechos humanos.

La Costa Rica que se asoma ya al Bicentenario, debe seguir avanzando en paridad e inclusión; en respeto a los derechos humanos. Por eso, instamos respetuosamente al señor Presidente de la República, al señor Presidente de la Asamblea Legislativa y a las personas dirigentes de sectores y organizaciones que se involucrarán en el diálogo para la búsqueda de soluciones a los problemas que nos aquejan, a cumplir con el marco jurídico y:

  1. conformar representaciones paritarias
  2. considerar el impacto diferenciado de la crisis y contemplar acuerdos que atiendan las necesidades de la diversidad poblacional que reside en el país.

Suscribimos,

Sonia Picado Sotela, Ex Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Alda Facio, Relatora de ONU
Ana Isabel Garita V., Ex Ministra de Justicia
María Eugenia Bozzoli Vargas, Antropóloga. Premio Magón de Cultura
Ana Catalina Chaves Arias , Presidenta de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica
Higinia González Maroto, Fundadora de Arte Chúbu, Comunidad Boruca
Milena Grillo Rivera, Especialista en Derechos de la Niñez y la Adolescencia
Karla Prendas Matarrita, Activista social, ExDiputada
Maria Elena Carballo, Académica, Ex Ministra de Cultura y Juventud
Mimi Prado Castro, Ex Viceministra de Cultura
Vicky Montero, Actriz Emérita
Gabriela Mora Fallas, Directora de orquesta
Nancy Marín Espinoza, Ex Ministra de Comunicación
Marta Solano Arias, Presidenta Partido Acción Ciudadana
Damaris Solano Murillo, Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad-Costa
Rica
Adriana Orocú Chavarria, Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) y
profesora universitaria UCR
Aida González Brenes, Asociación inclusiva laboral de personal con discapacidad
Ailyn Morera Ugalde, Artista escénica. Docente Universidad Nacional
Alejandra Bonilla Leiva, Movimiento de mujeres del campo
Alejandra Manavella , Abogada Defensora de derechos humanos.
Alexandra Latishev Salazar, La Linterna Films
Amandine Bourg Garita, Bióloga
Ana Elena Obando Mendoza, Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por
los Derechos Humanos
Ana Leonor Ramírez Montes, Mujeres por Costa Rica
Ana Mayela Coto Gonzalez, Presidenta mujeres de la Provincia de San José- PLN
Ana Yancy Espinoza Quirós, Fundación Arias para La Paz y El Progreso Humano
Anabelle Sancho Castillo, Docente MEP
Andrea Gomez Arce, Activista Derechos de Personas con Discapacidad
Arabella Salaverry Pardo, Escritora y Actriz
Ariana Quesada García, Representante Estudiantil Suplente ante el Consejo
Universitario de la UCR
Carmen Edith Ulate Rodríguez, Académica, Universidad Nacional
Catalina Peña Castro, Docente
Cristel Rivera Víquez, Estudiante Trabajo Social
Cristina Carpio Alvarado, Colectiva Alto al Acoso
Cristina Naranjo Morales, China Kicha
Cristina Rojas Rodríguez, Directora CENTRO ETHOS
Dahiana de los Angeles Brenes Lopez, Movimiento Estudiantil Madres UNA
Daisy Orozco Rodríguez, Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica
Daniela Jiménez Montero, Economista
Daniela Ríos Alfaro Secretaria de la Mujer, ANDE
Dulce Umanzor Alvarado, Asociación de Mujeres en Cooperación para el Desarrollo
(AMUCOODE)
Elizabeth Fonseca Corrales, Ex Diputada, Mujeres por Costa Rica
Elvira Yglesias Mora, Psicóloga
Emma A. Chacón Alvarado, Colectiva Lésbica Feminista Irreversibles
Enid Ulate Solís, Centro Nacional de la Música, Flautista
Gabriela Arguedas Ramírez, Profesora, Universidad de Costa Rica
Gabriela Esquivel González, Docente de Educación Especial
Gabriela Santos Alvarez, Suplente de la Secretaría de Sedes Regionales de la FEUCR
Gema Arrieta Domingo, Gestora Cultural
Giselle Maria Mejía Blanco, Asociación Guanacasteca de Discapacidad Autonomía y
Comunidad Inclusiva
Gloriana Villegas Valenciano, Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud)
Grace Catalina Damazio Acosta, Fundación de Espina Bífida
Gwendolyne Rojas Salas, Trabajadora Social
Haydee Hernandez Perez, Jefa de la Unidad de Género en la Asamblea Legislativa
Idalie Castro Rivera, Centro de vida independiente Morpho
Ilka Treminio Sánchez, FLACSO Costa Rica
Irene Aguilar Viquez, Abogada Defensora de derechos humanos.
Isabel Picado Sotela, Pensionada
Ivannia Rivera Porras, Foro de mujeres políticas por Costa Rica
Jeannette Pérez Araya, Intérprete Médico Legal
Jimena Fonseca, Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Julia Herrera, Amucoode
Karina Vargas Lepe, Médica Psiquiatra
Karla Gonzalez Bolaños, Abogada
Larissa Arroyo Navarrete, Asociación Ciudadana Acceder
Laura Arias Pacheco, Economista
Laura Valenciano Arrieta, Asociación Ciudadana Acceder
Laura Valverde Cuevillas, Bióloga y conservacionista
Laura Zuñiga Madrigal, CONAPDIS
Lina Barrantes Castegnaro, Directora Ejecutiva de la Fundación Arias para la Paz
Lorena Chavarria Martínez, Asesora Sindical de ANEP
Lucía Bonilla González, Colectiva Alto al Acoso
Luciana Batalla Bunn, Asociación Voluntarios Costa Rica Indígena
Marcela Jager Contreras, Académica, Universidad Nacional
Marcia Aguiluz Soto , Abogada defensora de los derechos humanos
Margarita Bolaños Arquín, Mujeres por Costa Rica
María Alejandra Solórzano Castillo, Escritora, Académica de la Universidad Nacional
María del Rosario Calderón Fournier, Docente
María Fernanda Valverde Díaz, Fundación Justicia y Género
Maria Laura Sanchez Rojas, Unidad de Capacitación y Formación Política, ANEP
Mariela Zamora Rey, Secretaria de Sedes y Recintos Regionales de la FEUCR
Marielos Rojas Espinoza, Docente de UNED
Marta Iris Muñoz, Abogada
Melissa Núñez Badilla, Docente de la UTN
Mildred Campos Sandoval , CECATS
Mónica Soto Herrera, Abogada
Monserrat Ruíz Guevara, Directora Ejecutiva de CANAESS
Nerina Carmona Castro, Actriz, Gestión y producción cultural.
Nuria Calvo Fajardo, Pensionada
Pamela Campos Chavarría, Antropóloga y Gestora Cultural
Patricia Howell, Cineasta
Patricia Margarita Jiménez Castillo, Artesana
Patricia Vanolli Alvarado, Abogada Derecho Público
Priscilla Solano Castillo, Partido Cantonal de Carrillo
Raquel Castro, Movimiento de Mujeres – PLN
Rita Benavides Sánchez, Traductora y Gerente de Proyectos
Rosario Rosales Arce, Rosarce Consultoría Empresarial
Rose Mary Sanchez Pérez, Territorio indigena Quitirrisi
Rosemary Castro Rivera, Centro de Vida Independiente Morpho
Roxana Arroyo Vargas, Docente, Universidad Estatal a Distancia
Sandra Monge Vásquez, Fundación Justicia y Género
Sara Cognuck González, Activista climática
Shirley Campos Villalobos, Fundación Justicia y Género
Silvia Rojas Herrera, Académica del Idespo, Universidad Nacional
Sofía de la Cruz Vargas, Secretaria General, Federación de Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica
Sonia Navarro Solano, Abogada
Soraya Long, Defensora de derechos humanos
Tatiana Chaves Araya, Grupo de teatro los de a pie
Thais Aguilar Zúñiga, Periodista
Valeria Rodríguez Quesada, Representante Estudiantil en el Consejo Universitario de la
Universidad de Costa Rica
Vicky Ramos Quesada, Artista Plástica
Victoria Esther Camac Ramírez, Asociación Ixacavaa de Desarrollo e Información
Indígena
Victoria Gamboa Ross, Periodista y Politóloga
Wendy Barrantes Jiménez, Centro de Vida Independiente Morpho
Xinia Vargas, Bailarina Compañía Nacional de Danza y Académica del Instituto
Tecnológico de Costa Rica
Yalena de la Cruz, Odontóloga, especialista en salud pública.
Yenny Seguram, Indígena Cabécar

 

Imagen ilustrativa: https://la.network/

UCR: Propuesta para declarar la conectividad a internet como: “Derecho humano, de acceso universal y gratuidad total”

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

19 de octubre de 2020

Señor Presidente de la República

Como es sabido por usted, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha dado una muestra ejemplar de adaptabilidad en la emergencia declarada por el actual contexto de pandemia generado por la enfermedad COVID-19. Desde la primera semana lectiva del I ciclo del presente año, casi la totalidad de actividades académicas y administrativas las desarrollamos de manera virtual.

Esta accidental e inédita exigencia histórica nos hizo madurar como institución a un ritmo nunca pensado, lo que, a su vez, nos obligó a desarrollar nuestras mejores capacidades adaptativas en contexto de crisis, sin perder de vista en ningún momento, la vocación humanística, democratizadora y científica, que guía al Alma Mater.

Las acciones afirmativas fueron múltiples y resguardaron, hacia lo interno, tres prioridades: a) becas y beneficios estudiantiles, b) respeto a los contratos laborales, y c) inversiones en las sedes regionales; todo lo cual permitió, mantener la excelencia que nos es connatural, realizar aportes científicos y materiales fundamentales en el contexto pandémico y en beneficio de nuestra sociedad; lo anterior, observando los márgenes constitucionales y estatutarios.

Pese a todos los esfuerzos realizados, hemos enfrentado, en un bajo pero importante porcentaje, imposibilidad de conexión virtual de varias personas estudiantes e incluso funcionarias. La dificultad de acceso a internet, o un acceso muy deficiente, aumenta en la medida que el uso se hace desde lugares distantes de los centros urbanos. Esto genera una brecha significativa que conlleva una solapada discriminación inaceptable en el Siglo XXI, en el cual el manejo de la información y la conectividad son constituyentes centrales del orden social. No poseer conexión hoy día, puede ser considerado, permítame la metáfora, una suerte de analfabetismo, lo que corresponde evitar en un Estado moderno y democrático. Sabemos además que miles de estudiantes de primaria y secundaria experimentan serios problemas en este mismo sentido.

Es precisamente por lo expuesto en el párrafo anterior que le escribo, pues creemos necesario proponerle, con respeto, pero con vehemencia, que el Ejecutivo a su digno cargo realice las acciones inmediatas que fueran necesarias para atender dos objetivos ineludibles: 1º- reconocer la conectividad a internet como un derecho humano para todo habitante de nuestro país; y, consecuentemente, 2º- promover el acceso universal y gratuito en todo el territorio nacional.

Nuestro país es privilegiado y dispone de condiciones idóneas para lograr tales cometidos, al contar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), institución ejemplar que cuenta con recursos humanos capacitados para hacerlo. Pero, además, dispone del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), que no solo tiene el propósito central de reducir la brecha digital, sino que, además, dispone de recursos financieros para apoyar un proceso de esta urgencia y trascendencia.

A estas ventajas comparativas súmele señor Presidente, la disposición de la Universidad de Costa Rica para acompañarles en este proceso que nos pondría entre los países más avanzados y visionarios, dignificando a todas las personas que habitan dentro de las fronteras patrias. Por su parte, no me cabe la menor duda que las otras instituciones de educación superior estatal costarricenses, estarían dispuestas a acompañarnos en tan humano cometido.

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector

Rel UITA: Carta a presidente sobre desestimación y archivo del caso sobre asesinato de Sergio Rojas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Carta de Rel UITA al Presidente de Costa Rica

Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines.
Rel-UITA

Señor Presidente de la República de Costa Rica
Carlos Alvarado Quesada
Casa Presidencial
San José

Ref.: Desestimación y archivo caso asesinato Sergio Rojas

Señor Presidente:

Nos hemos enterado que este 24 de septiembre, el Ministerio Público decidió ordenar la desestimación y archivo fiscal del caso del asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz.

De acuerdo a informaciones que han circulado recientemente, la Fiscalía habría tomado esta tan discutible decisión debido a la imposibilidad de identificar a los autores del crimen tras juzgar que “el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar testigos” le imposibilitaban llevar a cabo la investigación.

Comprenderá usted que tales argumentaciones son inaceptables bajo cualquier punto de vista, máxime cuando el líder indígena asesinado gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, que le ordenaba al Estado y a usted personalmente en tanto autoridad más relevante del país garantizar su integridad física y su vida.

Pese a esas disposiciones, Rojas fue ultimado a mansalva de 15 disparos el 18 de marzo del año pasado, y ello en medio de una escalada de violencia contra los pueblos Teribe (Brörán) y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios indígenas de Térraba y Salitre.

En ese contexto de agresiones permanentes, que su gobierno tampoco ha sabido frenar, era muy probable que Sergio Rojas fuera tomado como blanco y el Estado debía haber extremado las medidas necesarias para salvaguardar su vida.

Nos preocupa sobremanera que, 19 meses después del atroz asesinato, no sólo no ha habido ningún avance en la línea de investigación, sino que los órganos encargados de impartir justicia pretendan archivar el caso, cubriéndolo con un manto de impunidad.

Las organizaciones de las cuales Rojas era miembro denuncian la inacción del Estado ante la impunidad de la cual gozan los terratenientes que, a menudo, usurpan y se apoderan violentamente de los territorios indígenas.

Asimismo, exigen que se apliquen los convenios internacionales ratificados por Costa Rica y las leyes nacionales que regulan y garantizan los derechos territoriales de los pueblos originarios.

Continuar postergando el reordenamiento y saneamiento de los territorios indígenas y permitiendo que la represión y los crímenes contra los pueblos originarios queden impunes, deja a las poblaciones que están en procesos de recuperación, aún más expuestas a más violencia y ataques mortales.

El 25 de septiembre, un día después de la decisión de la Fiscalía de archivar el caso del asesinato de Sergio Rojas, Naciones Unidas instó a las autoridades de Costa Rica a continuar las investigaciones, “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y llevarlos ante la justicia”.

Asimismo, exigimos que se lleven a cabo acciones para “erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas”, garantizándoles también el derecho a la posesión de sus tierras.

Señor presidente, la Rel UITA, y sus 87 organizaciones afiliadas en 18 países, hace suyos esos reclamos de elemental justicia, tanto con Rojas y otros dirigentes sociales asesinados y agredidos en su país como con las poblaciones indígenas que ven constantemente pisoteados sus derechos ante la pasividad de quienes tienen el deben de protegerlas.

Sepa que en esa lucha seguiremos estando.

Atentamente,

Gerardo Iglesias
Secretario Regional UITA

Montevideo, 6 de octubre de 2020.

Las mujeres trabajadoras y el COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

La CSA y su Comité de Mujeres Trabajadoras de Las Américas – CMTA reafirma que la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19 pone en evidencia el fracaso del modelo neoliberal y las políticas que promueve, afectando a mujeres y hombres de maneras diferentes, por tanto, es necesario comprender sus efectos particulares y poner en práctica políticas públicas e intervenciones que sean efectivas y equitativas.

En el contexto de La crisis es importante tomar en cuenta las dificultades específicas que enfrentan las mujeres, por lo que las medidas de recuperación deben tener una perspectiva de género considerando la diversidad de realidades que atraviesan en la región. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas – ONU los impactos de la pandemia podrían revertir los logros de la agenda de igualdad de género y dificultar el alcance del Objetivo 5 de la Agenda 2030, haciendo más difícil reducir las brechas entre hombres-mujeres y alimentando el retroceso que se viene produciendo en varios países.

En América Latina y Caribe las trabajadoras en condiciones de informalidad, según ONU Mujeres, representan el 59% de La fuerza Laboral, esto implica que carecen de la protección que ofrecen las leyes laborales y prestaciones sociales como pensiones, seguros de salud o subsidios por enfermedad remunerados. Esta condición laboral tiene otras repercusiones implicando mayor número de mujeres que viven en La pobreza, trabajan por salarios más bajos y en condiciones inseguras, lo que aumenta el riesgo de acoso, violencia sexual y reproductiva. En este sentido, insistimos en la importancia de la ratificación e implementación del Convenio 190 contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Según la Comisión Económica Para América Latina y Caribe – CEPAL las trabajadoras del servicio doméstico en la región en condición de informalidad representan el 77,5%, situación que se dificulta ante la ausencia de fiscalización laboral, por ser considerado su lugar de trabajo un espacio privado. En este sector se ejemplifica el doble riesgo que enfrentan durante la pandemia: el contagio por seguir trabajando, o la pobreza por dejar de trabajar.

En el caso de las trabajadoras de primera línea donde el personal de salud cuenta con 72,8% de mujeres, hay múltiples denuncias sobre la ausencia de equipos de protección individual o de protocolos adecuados para evitar el contagio, así como condiciones de trabajo caracterizadas por las jornadas extensas, presión física y psicológica y, en algunos países, violencia y discriminación.

Por otro lado, la falta de políticas sanitarias para el regreso a las aulas en los países que lo están implementando, al igual que la falta de condiciones de seguridad, capacitación antes, durante y después de la pandemia para las educadoras es preocupante.

El teletrabajo como respuesta para mantener la actividad económica en el contexto del confinamiento y distanciamiento ha precarizado aún más las relaciones laborales, transfiriendo costos operativos de las empresas a las trabajadoras/es, implementando iniciativas de regulación y decretos de urgencia que pasan por encima de mecanismos democráticos y sin negociación colectiva, estas condiciones serán difícilmente reversibles en el futuro.

Por otra parte, el desbalance en la distribución de las tareas domésticas y el cuidado no remunerado han aumentado de forma exponencial durante la pandemia, lo que implica una desvalorización de los cuidados y su función en el sostenimiento de la economía. Según la OIT las mujeres contribuyen con 76,2% en promedio de horas del trabajo de cuidado no remunerado (más del triple que los hombres), esa diferencia profundiza las triples jornadas laborales para las mujeres durante la crisis, colocándolas en mayor riesgo de contagio por su rol socialmente asignado como cuidadora de enfermos en el hogar. Esta situación provoca un serio impacto en su salud y en su seguridad, por tanto, el reconocimiento de la corresponsabilidad familiar es fundamental.

Esta crisis también aumenta la situación de vulnerabilidad de mujeres campesinas y las de pueblos indígenas y originarios por el desamparo y olvido que sobrellevan antes y durante el confinamiento, sin ingresos económicos, expuestas a situaciones de violencia e invisibilizadas ante las políticas de los Estados.

El periodo de pandemia generó indirectamente condiciones que aumentaron de forma drástica la violencia de género en la región. Para muchas mujeres y niñas, los hogares siguen siendo lugares de mayor inseguridad, quedando en muchos casos aislados, con escasas posibilidades para denunciar sus agresores.

Toda esta situación promueve un retroceso considerable en la conquista de derechos humanos y laborales de las mujeres, por lo que es necesario adoptar políticas públicas inclusivas que consideren la igualdad de género y los derechos de las mujeres, considerando la diversidad de necesidades, como esenciales para así lograr superar esta situación de crisis provocada por el Covid-19.

En este sentido desde la CSA y su CMTA proponemos las siguientes medidas y/o acciones afirmativas para avanzar en esta Línea y minimizar Los efectos de La pandemia para Las mujeres:

  • Aumentar desde los Estados tos recursos asignados a la prevención de violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas.
  • Demandar al gobierno la pronta ratificación del convenio 190 contra la violencia y el uso en el mundo del trabajo, así como la ratificación e implementación del C156 (corresponsabilidad familiar) y el C189 (trabajadoras y trabajadores domésticos).
  • Exigir a los Estados la garantía de estabilidad del trabajo y de salario para las mujeres a través de políticas públicas ya existentes o con la creación de nuevos mecanismos que lo garanticen, sea en condiciones de formalidad o de informalidad.
  • Adoptar, restablecer y ampliar regímenes integrales de protección social, que reflejen la comprensión de las circunstancias particulares de las mujeres y el reconocimiento de la economía del cuidado, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales.
  • Demandar la prohibición de la suspensión o finalización de contratos de prestación de servicios temporales de las trabajadoras durante el tiempo de la emergencia en todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades, bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.
  • Regular la implementación del teletrabajo para evitar la precarización y flexibilización de las relaciones laborales existentes, teniendo como premisa la garantía del trabajo en concordancia con los estándares de la BIT.
  • Impulsar la representación de las mujeres en los sindicatos u otros organismos a nivel nacional, como también en espacios de negociación tripartita donde se definan medidas que garanticen la protección a las trabajadoras ante Los efectos de la pandemia
  • Instar a los gobiernos y empleadores para generar datos segregados por género y de esta forma poder realizar análisis sobre los impactos del COVID-19 y establecer nuevas estrategias a corto y largo plazo con enfoque de género.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.