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Etiqueta: discriminación

UCR: Propuesta para declarar la conectividad a internet como: “Derecho humano, de acceso universal y gratuidad total”

19 de octubre de 2020

Señor Presidente de la República

Como es sabido por usted, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha dado una muestra ejemplar de adaptabilidad en la emergencia declarada por el actual contexto de pandemia generado por la enfermedad COVID-19. Desde la primera semana lectiva del I ciclo del presente año, casi la totalidad de actividades académicas y administrativas las desarrollamos de manera virtual.

Esta accidental e inédita exigencia histórica nos hizo madurar como institución a un ritmo nunca pensado, lo que, a su vez, nos obligó a desarrollar nuestras mejores capacidades adaptativas en contexto de crisis, sin perder de vista en ningún momento, la vocación humanística, democratizadora y científica, que guía al Alma Mater.

Las acciones afirmativas fueron múltiples y resguardaron, hacia lo interno, tres prioridades: a) becas y beneficios estudiantiles, b) respeto a los contratos laborales, y c) inversiones en las sedes regionales; todo lo cual permitió, mantener la excelencia que nos es connatural, realizar aportes científicos y materiales fundamentales en el contexto pandémico y en beneficio de nuestra sociedad; lo anterior, observando los márgenes constitucionales y estatutarios.

Pese a todos los esfuerzos realizados, hemos enfrentado, en un bajo pero importante porcentaje, imposibilidad de conexión virtual de varias personas estudiantes e incluso funcionarias. La dificultad de acceso a internet, o un acceso muy deficiente, aumenta en la medida que el uso se hace desde lugares distantes de los centros urbanos. Esto genera una brecha significativa que conlleva una solapada discriminación inaceptable en el Siglo XXI, en el cual el manejo de la información y la conectividad son constituyentes centrales del orden social. No poseer conexión hoy día, puede ser considerado, permítame la metáfora, una suerte de analfabetismo, lo que corresponde evitar en un Estado moderno y democrático. Sabemos además que miles de estudiantes de primaria y secundaria experimentan serios problemas en este mismo sentido.

Es precisamente por lo expuesto en el párrafo anterior que le escribo, pues creemos necesario proponerle, con respeto, pero con vehemencia, que el Ejecutivo a su digno cargo realice las acciones inmediatas que fueran necesarias para atender dos objetivos ineludibles: 1º- reconocer la conectividad a internet como un derecho humano para todo habitante de nuestro país; y, consecuentemente, 2º- promover el acceso universal y gratuito en todo el territorio nacional.

Nuestro país es privilegiado y dispone de condiciones idóneas para lograr tales cometidos, al contar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), institución ejemplar que cuenta con recursos humanos capacitados para hacerlo. Pero, además, dispone del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), que no solo tiene el propósito central de reducir la brecha digital, sino que, además, dispone de recursos financieros para apoyar un proceso de esta urgencia y trascendencia.

A estas ventajas comparativas súmele señor Presidente, la disposición de la Universidad de Costa Rica para acompañarles en este proceso que nos pondría entre los países más avanzados y visionarios, dignificando a todas las personas que habitan dentro de las fronteras patrias. Por su parte, no me cabe la menor duda que las otras instituciones de educación superior estatal costarricenses, estarían dispuestas a acompañarnos en tan humano cometido.

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector

Rel UITA: Carta a presidente sobre desestimación y archivo del caso sobre asesinato de Sergio Rojas

Carta de Rel UITA al Presidente de Costa Rica

Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines.
Rel-UITA

Señor Presidente de la República de Costa Rica
Carlos Alvarado Quesada
Casa Presidencial
San José

Ref.: Desestimación y archivo caso asesinato Sergio Rojas

Señor Presidente:

Nos hemos enterado que este 24 de septiembre, el Ministerio Público decidió ordenar la desestimación y archivo fiscal del caso del asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz.

De acuerdo a informaciones que han circulado recientemente, la Fiscalía habría tomado esta tan discutible decisión debido a la imposibilidad de identificar a los autores del crimen tras juzgar que “el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar testigos” le imposibilitaban llevar a cabo la investigación.

Comprenderá usted que tales argumentaciones son inaceptables bajo cualquier punto de vista, máxime cuando el líder indígena asesinado gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, que le ordenaba al Estado y a usted personalmente en tanto autoridad más relevante del país garantizar su integridad física y su vida.

Pese a esas disposiciones, Rojas fue ultimado a mansalva de 15 disparos el 18 de marzo del año pasado, y ello en medio de una escalada de violencia contra los pueblos Teribe (Brörán) y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios indígenas de Térraba y Salitre.

En ese contexto de agresiones permanentes, que su gobierno tampoco ha sabido frenar, era muy probable que Sergio Rojas fuera tomado como blanco y el Estado debía haber extremado las medidas necesarias para salvaguardar su vida.

Nos preocupa sobremanera que, 19 meses después del atroz asesinato, no sólo no ha habido ningún avance en la línea de investigación, sino que los órganos encargados de impartir justicia pretendan archivar el caso, cubriéndolo con un manto de impunidad.

Las organizaciones de las cuales Rojas era miembro denuncian la inacción del Estado ante la impunidad de la cual gozan los terratenientes que, a menudo, usurpan y se apoderan violentamente de los territorios indígenas.

Asimismo, exigen que se apliquen los convenios internacionales ratificados por Costa Rica y las leyes nacionales que regulan y garantizan los derechos territoriales de los pueblos originarios.

Continuar postergando el reordenamiento y saneamiento de los territorios indígenas y permitiendo que la represión y los crímenes contra los pueblos originarios queden impunes, deja a las poblaciones que están en procesos de recuperación, aún más expuestas a más violencia y ataques mortales.

El 25 de septiembre, un día después de la decisión de la Fiscalía de archivar el caso del asesinato de Sergio Rojas, Naciones Unidas instó a las autoridades de Costa Rica a continuar las investigaciones, “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y llevarlos ante la justicia”.

Asimismo, exigimos que se lleven a cabo acciones para “erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas”, garantizándoles también el derecho a la posesión de sus tierras.

Señor presidente, la Rel UITA, y sus 87 organizaciones afiliadas en 18 países, hace suyos esos reclamos de elemental justicia, tanto con Rojas y otros dirigentes sociales asesinados y agredidos en su país como con las poblaciones indígenas que ven constantemente pisoteados sus derechos ante la pasividad de quienes tienen el deben de protegerlas.

Sepa que en esa lucha seguiremos estando.

Atentamente,

Gerardo Iglesias
Secretario Regional UITA

Montevideo, 6 de octubre de 2020.

Las mujeres trabajadoras y el COVID-19

La CSA y su Comité de Mujeres Trabajadoras de Las Américas – CMTA reafirma que la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19 pone en evidencia el fracaso del modelo neoliberal y las políticas que promueve, afectando a mujeres y hombres de maneras diferentes, por tanto, es necesario comprender sus efectos particulares y poner en práctica políticas públicas e intervenciones que sean efectivas y equitativas.

En el contexto de La crisis es importante tomar en cuenta las dificultades específicas que enfrentan las mujeres, por lo que las medidas de recuperación deben tener una perspectiva de género considerando la diversidad de realidades que atraviesan en la región. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas – ONU los impactos de la pandemia podrían revertir los logros de la agenda de igualdad de género y dificultar el alcance del Objetivo 5 de la Agenda 2030, haciendo más difícil reducir las brechas entre hombres-mujeres y alimentando el retroceso que se viene produciendo en varios países.

En América Latina y Caribe las trabajadoras en condiciones de informalidad, según ONU Mujeres, representan el 59% de La fuerza Laboral, esto implica que carecen de la protección que ofrecen las leyes laborales y prestaciones sociales como pensiones, seguros de salud o subsidios por enfermedad remunerados. Esta condición laboral tiene otras repercusiones implicando mayor número de mujeres que viven en La pobreza, trabajan por salarios más bajos y en condiciones inseguras, lo que aumenta el riesgo de acoso, violencia sexual y reproductiva. En este sentido, insistimos en la importancia de la ratificación e implementación del Convenio 190 contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Según la Comisión Económica Para América Latina y Caribe – CEPAL las trabajadoras del servicio doméstico en la región en condición de informalidad representan el 77,5%, situación que se dificulta ante la ausencia de fiscalización laboral, por ser considerado su lugar de trabajo un espacio privado. En este sector se ejemplifica el doble riesgo que enfrentan durante la pandemia: el contagio por seguir trabajando, o la pobreza por dejar de trabajar.

En el caso de las trabajadoras de primera línea donde el personal de salud cuenta con 72,8% de mujeres, hay múltiples denuncias sobre la ausencia de equipos de protección individual o de protocolos adecuados para evitar el contagio, así como condiciones de trabajo caracterizadas por las jornadas extensas, presión física y psicológica y, en algunos países, violencia y discriminación.

Por otro lado, la falta de políticas sanitarias para el regreso a las aulas en los países que lo están implementando, al igual que la falta de condiciones de seguridad, capacitación antes, durante y después de la pandemia para las educadoras es preocupante.

El teletrabajo como respuesta para mantener la actividad económica en el contexto del confinamiento y distanciamiento ha precarizado aún más las relaciones laborales, transfiriendo costos operativos de las empresas a las trabajadoras/es, implementando iniciativas de regulación y decretos de urgencia que pasan por encima de mecanismos democráticos y sin negociación colectiva, estas condiciones serán difícilmente reversibles en el futuro.

Por otra parte, el desbalance en la distribución de las tareas domésticas y el cuidado no remunerado han aumentado de forma exponencial durante la pandemia, lo que implica una desvalorización de los cuidados y su función en el sostenimiento de la economía. Según la OIT las mujeres contribuyen con 76,2% en promedio de horas del trabajo de cuidado no remunerado (más del triple que los hombres), esa diferencia profundiza las triples jornadas laborales para las mujeres durante la crisis, colocándolas en mayor riesgo de contagio por su rol socialmente asignado como cuidadora de enfermos en el hogar. Esta situación provoca un serio impacto en su salud y en su seguridad, por tanto, el reconocimiento de la corresponsabilidad familiar es fundamental.

Esta crisis también aumenta la situación de vulnerabilidad de mujeres campesinas y las de pueblos indígenas y originarios por el desamparo y olvido que sobrellevan antes y durante el confinamiento, sin ingresos económicos, expuestas a situaciones de violencia e invisibilizadas ante las políticas de los Estados.

El periodo de pandemia generó indirectamente condiciones que aumentaron de forma drástica la violencia de género en la región. Para muchas mujeres y niñas, los hogares siguen siendo lugares de mayor inseguridad, quedando en muchos casos aislados, con escasas posibilidades para denunciar sus agresores.

Toda esta situación promueve un retroceso considerable en la conquista de derechos humanos y laborales de las mujeres, por lo que es necesario adoptar políticas públicas inclusivas que consideren la igualdad de género y los derechos de las mujeres, considerando la diversidad de necesidades, como esenciales para así lograr superar esta situación de crisis provocada por el Covid-19.

En este sentido desde la CSA y su CMTA proponemos las siguientes medidas y/o acciones afirmativas para avanzar en esta Línea y minimizar Los efectos de La pandemia para Las mujeres:

  • Aumentar desde los Estados tos recursos asignados a la prevención de violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas.
  • Demandar al gobierno la pronta ratificación del convenio 190 contra la violencia y el uso en el mundo del trabajo, así como la ratificación e implementación del C156 (corresponsabilidad familiar) y el C189 (trabajadoras y trabajadores domésticos).
  • Exigir a los Estados la garantía de estabilidad del trabajo y de salario para las mujeres a través de políticas públicas ya existentes o con la creación de nuevos mecanismos que lo garanticen, sea en condiciones de formalidad o de informalidad.
  • Adoptar, restablecer y ampliar regímenes integrales de protección social, que reflejen la comprensión de las circunstancias particulares de las mujeres y el reconocimiento de la economía del cuidado, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales.
  • Demandar la prohibición de la suspensión o finalización de contratos de prestación de servicios temporales de las trabajadoras durante el tiempo de la emergencia en todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades, bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.
  • Regular la implementación del teletrabajo para evitar la precarización y flexibilización de las relaciones laborales existentes, teniendo como premisa la garantía del trabajo en concordancia con los estándares de la BIT.
  • Impulsar la representación de las mujeres en los sindicatos u otros organismos a nivel nacional, como también en espacios de negociación tripartita donde se definan medidas que garanticen la protección a las trabajadoras ante Los efectos de la pandemia
  • Instar a los gobiernos y empleadores para generar datos segregados por género y de esta forma poder realizar análisis sobre los impactos del COVID-19 y establecer nuevas estrategias a corto y largo plazo con enfoque de género.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Más sobre el racismo. ¿Qué fue de la lucha contra la esclavitud que impulsó la propia lucha por la independencia?

Vladimir de la Cruz

Montesquieu señala en su libro clásico “El espíritu de las Leyes” el problema de la esclavitud de los negros, indicando que era imposible suponer “que esas criaturas son seres humanos, porque si concedemos que lo son, en seguida sospecharíamos que nosotros mismos estamos lejos de ser cristianos” sobre la base, de lo que se consideraba en aquellos años, que los negros correspondían a una especie de subhumanos, o que siendo de la raza humana lo eran de una capa inferior. Igualmente se daba por hecho que los negros habían nacido para ser esclavos, que la propia naturaleza los había hecho así, y por supuesto, que en esa condición estaban acostumbrados y lo disfrutaban.

James Otis, en 1764, señaló en su libro “Derechos en las colonias británicas”, que el derecho a la Libertad por el que se luchaba, alcanzaba inevitablemente a los negros, que la Libertad les era inalienable. Del mismo modo señalaba que el derecho a la Libertad de las colonias era igualmente el derecho de los negros a la suya, o en su lugar el derecho de los negros a la rebelión contra sus amos, y que esta rebelión no podía considerarse un crimen o un delito.

En 1772 el Reverendo Isacc Skilman, en “La oración sobre las bellezas de la Libertad”, exigía la abolición de la esclavitud, considerando además que el derecho a la rebelión contra la esclavitud era un derecho acorde con las Leyes de la Naturaleza.

Benjamín Franklin, uno de los grandes Padres Fundadores, como se le considera, de los Estados Unidos, por su participación en la lucha emancipadora, por lo demás gran científico, uno de los redactores del Acta de Independencia y de la Constitución de los Estados Unidos, fue un gran abolicionista, llegando a ser Presidente de la Sociedad para Promover la Abolición de la Esclavitud.

A la lucha de Benjamín Franklin se unió Benjamín Rush, de tradición presbiteriana, médico de esos años, también vinculado intensamente al proceso independentista de las colonias, quien llegó a ser Presidente de la primera Sociedad Antiesclavista que se fundó en los Estados Unidos, quien atacaba en sus intervenciones y escritos la trata de esclavos y la esclavitud como sistema.

También se le unió a Benjamín Franklin y a Benjamín, Rush, el educador Anthony Benezet, quien también en Pensilvania había impulsado sociedades abolicionistas, entre ellas la Sociedad de Pensilvania para la Abolición de la Esclavitud.

La esposa de John Adams, también redactor del Acta de Independencia, Abigail, manifestó que si era válido luchar por la Independencia igualmente era válido luchar por la libertad de los negros, que gozaban del mismo derecho a la libertad.

El gran revolucionario Thomas Paine, el 8 de marzo de 1775, escribió en un periódico de Filadelfia, el artículo “La Esclavitud africana en América”, exigiendo la abolición de la esclavitud, pidiendo que se les concedieran tierras ya en condición de libertos, para que “pudieran ganarse la vida”.

A estos personajes se sumaron, durante los años de resistencia y de guerra independentistas, grupos de religiosos bautistas, metodistas y de manera sobre saliente los cuáqueros, opinando y actuando de manera antiesclavista. Los cuáqueros hacia 1785 habían eliminado la esclavitud en sus hogares y familias, llegando a plantear en el propio Congreso de la Unión que se legislara en ese sentido, y hacia 1783 se solicitó se declarara ilegal la esclavitud, con el apoyo de la Sociedad Amigos de Pensilvania y New Jersey.

En los gobiernos de cada una de las colonias se presentaron solicitudes y acciones en igual sentido. En Rhode Island, por influencia cuáquera, se llegó a aprobar una declaración, en 1774, en la cual se afirmaba que cualquier negro que se introdujera como esclavo sería o quedaría libre. Para ellos era un problema esencial, la lucha por la libertad de los blancos era a la vez una lucha de todas las personas, y la libertad de los blancos debía extenderse a todas las personas. Esta disposición no liberó a los negros, hasta que, cuando se incorporaron al Ejército, para luchar contra Inglaterra, se emancipó a los que participaron militarmente de esa lucha.

La patriotas y revolucionarios, principalmente, eran abolicionistas. Muchos gobernadores blancos no lo eran defendiendo el negocio que significaba el tráfico de negros. En Baltimore, en 1774, se logró acordar abstenerse del comercio de esclavos y sabotear a los comerciantes de esclavos. En 1776 en Massachusetts se declaró ilegal la trata de esclavos. Así se estableció, también, en 1776, en la Constitución de Delaware. En 1776, en New York, se avanzó con una ley, en el Congreso Provincial del Estado, que establecía una emancipación gradual, lo que no se aprobó ese año, sino hasta 1798.

En 1777 en la Constitución de Vermont se prohibió la esclavitud de cualquier persona, nacido o no en los Estados Unidos. En 1780 en Pensilvania se aceptó una ley contra la esclavitud, redactada por Thomas Paine y George Bryan. Este mismo año en Connecticut se impulsó una ley similar que se terminó de aprobar hasta 1784, año en que también Rhode Island aprobó una ley de abolición gradual, año en que la Constitución de New Hampshire la abolió.

En 1781, la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el caso Commonwealth vs. Jenninson, condenó a un blanco por haber azotado a un negro diciendo que “era su esclavo”, multándolo, sobre la base de que la Constitución estatal señala que todos los hombres nacen libres e iguales, y de que todas las personas tienen derecho a la libertad, destacando que la esclavitud no armoniza con la Constitución.

En 1804 el Estado de New Jersey abolió la esclavitud, por influencia de los cuáqueros.

En 1782, en Virginia, se establecieron, por un breve plazo, mecanismos para la manumisión de esclavos, bajo el impacto de la recién proclamada Independencia en 1776.

Mientras esto se expresaba en los Estados, en el Gobierno Federal no tenía igual eco. Las leyes que se promulgaron en esos años eran más antibritánicas que antiesclavistas. La propuesta de Jefferson, denunciando, en el Borrador del Acta de Independencia, la esclavitud, y su tráfico, “del rey cristiano de Gran Bretaña”, fue eliminada a solicitud de los representantes de Georgia y Carolina del Sur, y de otros Estados todavía esclavistas.

De esta forma está claro que durante los años de la lucha por la Independencia de los Estados Unidos, durante su desarrollo y en los años posteriores hubo importantes movimientos antiesclavistas y emancipadores de los negros en Estados Unidos.

¿Qué pasó con esta lucha contra la esclavitud y el racismo en Estados Unidos que se inició en los mismos días de la lucha por la Independencia? ¿Por qué se mantuvo y acentuó el racismo, la discriminación y se impuso la supremacía blanca, en los valores dominantes de los Estados Unidos, en muchos Estados a mediados del siglo XX, con gran virulencia, que vuelve a resurgir hoy?

No se puede entender y comprender la lucha por la Independencia de los Estados Unidos, sin tener en cuenta el importante papel que los negros jugaron en ella. Para los negros fue una Revolución inconclusa. Para ellos, y para los abolicionistas, la lucha por la Libertad continuó y continúa.

Los negros en la cultura y la sociedad norteamericana han significado un enorme papel, y prestigio, para esa gran Nación en todos los campos. No casualmente hoy así se reconoce en la propia ciudad de Washington, cerca de la Casa Blanca y del Congreso, con el Museo que recoge la herencia y el aporte de los negros a la cultura de los Estados Unidos. Museo construido en la Administración de Barak Obama, primer Presidente negro, con el cual parecía que se había superado este sustrato racista y supremacista blanco.

No fueron suficientes, pero sí importantes, todos los movimientos políticos y de resistencia de los negros de los Estados Unidos, especialmente a partir de la década de 1960. Sus símbolos emblemáticos, entre muchos, de esos años, fueron Rosa Parks, Martin Luther King, a quien por su lucha se le reconoció con el Premio Nobel de 1964, Ella Baker, Casius Clay, los atletas olímpicos Tommie Smith y John Carlos, Angela Davis, Malcon X, Stokely Carmichael, Harry Haywood, Thurgood Marshall, el primer Juez negro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson, el propio Presidente Barak Obama, primer Presidente negro norteamericano, las actuales activistas Alicia Garza, Opal Tometi y Patrisse Cullors creadoras e impulsoras del hashtag, en las redes sociales, #BlackLivesMatter, “Las vidas de los negros importan”.

Los impactos que se están produciendo en Estados Unidos, con la eliminación de algunos monumentos de esclavistas, y militares confederados, y de cambiarle el nombre a instalaciones militares, que exaltan y recuerdan esos esclavistas, son hoy parte de este renacer cultural, de replantear los valores históricos culturales, de esta nueva conciencia social que adquiere fuerza moral, en Estados Unidos, con repercusiones importantes en el mundo, de propugnar por un mundo más humanista, más incluyente, sin discriminaciones y exclusiones de ningún tipo, por una revaloración de los Derechos Humanos.

Artículo compartido con SURCOS por el autor y publicado en https://wsimag.com/es/economia-y-politica/63237-mas-sobre-el-racismo-en-ee-uu

¿Discriminación, violencia y xenofobia en la crisis sanitaria?

Este miércoles 19 de agosto, la Organización Internacional Pro-Derechos Humanos, invita al webinar “¿Discriminación, violencia y xenofobia en la crisis sanitaria?

Estará a cargo de Marco Castillo Rojas y el moderador será Linford Patterson.

Más información en la siguiente imagen.

 

*Imagen destacada ilustrativa.

Más de 60 mil indígenas MIFUTES costarricenses olvidados por la Defensoría

Sra. Catalina Crespo Sancho
Defensora de los habitantes

Reciba un cordial saludo de MIFUTE-COSTA RICA (Migrantes-Indígenas-Fuera Territorios de Costa Rica) (Migrantes Indígenas Fuera de Territorios), y de Asociación Indígena ARIFUTESUR.

Según el censo 2011 de INEC indica que los indígenas MIFUTES son el 65% de la totalidad de los indígenas que viven en Costa Rica. (62.800 indígenas).

La Defensoría ha invocado la no discriminación para ninguna persona en tiempos de PANDEMIA y hasta hoy ni el gobierno, ni la Defensoría nos ha contestado nuestras peticiones, ni se han acordado de que por lo menos existimos.

Estamos organizados en Consejos de Mayores, Asociaciones de la ley 2018, y filiales en todo el país.

Según el último informe del Tribunal Supremo de Elecciones elecciones 2018, página 445, indica se estima que 16mil indígenas que viven dentro de los territorios ejercieron su derecho al voto, por lo que nosotros estimamos que más de 32 mil indígenas MIGRANTES MIFUTES votaron en las pasadas elecciones. Esto revela la importancia que debe tener y que no se le está dando a los indígenas MIFUTES.

El proyecto MIFUTE-COSTA RICA fue escogidos entre uno de los primeros proyectos a abordar bajo el Decreto Ejecutivo 41529MP, para la atención especial del Cantón de Buenos Aires.

Ante la emergencia del Covid 19 urge que nos tomen en cuenta ya que a la fecha solo se han hecho gestiones para ayudar una minoría indigena que está dentro de los territorios (35%), dejando por fuera los MIFUTES.

POR LO TANTO:

A- Solicitamos una cita virtual para explicar con más detalles nuestra problemática.

B- Solicitamos apoyo para los agricultores indígenasg puedan sembrar y cosechar mediante el Proyecto Agricola Indigena Las Tres Lunas.

C- Solicitamos atención inmediata para atender con alimentos o diarios igual que se atendió a algunos indígenas que viven dentro de los Territorios.

No omitimos manifestar que hemos enviado solicitud desde que empezó la pandemia del covid19 a Heiner Blanco de casa presidencial para articular acciones en favor de nuestros indígenas en tiempos de PANDEMIA y hasta la fecha no se ha gestionado nada, o bien si lo ha hecho no nos damos cuenta.

De usted atentamente. Stefany Fernandez Vargas, presidente MIFUTE COSTA RICA y PRESIDENTE DE ASOCIACION INDIGENA ARIFUTESUR.

cc- Comisión Local de Emergencia de Buenos Aires.
Eduardo Rojas Méndez: Asesor Experto en MIGRANTES- MIFUTES.
TELEFONOS 8303-0073.

*Imagen ilustrativa: UCR.

Costa Rica entre el miedo y el odio: hacia la anulación de un sujeto histórico

Guillermo Acuña González*
Sociólogo-Escritor
12 de junio 2020

Recientemente el Instituto Costarricense del Café (ICAFE) en la voz de su directora ejecutiva Xinia Chaves emitió dos señalamientos importantes en cuanto a su proceso productivo actual y el vínculo con los impactos de la crisis sanitaria global.

El primero indica que la cosecha 2020-2021 será “una de las más importantes de la historia”, dada la coyuntura sanitaria global y las circunstancias que afectan todos los ámbitos de la vida misma. El segundo consiste en la convocatoria, inédita en décadas, a la fuerza de trabajo costarricense a incorporarse a la recolección, que este año podría empezar en agosto en su etapa temprana. [1].

En mayo anterior, la misma representante había dibujado tres escenarios posibles con relación a los requerimientos de mano de obra para la temporada 2020-2021[2]: el primero, el optimista, se basaba en contar con la habitual fuerza de trabajo extranjera (fuerza de trabajo migrante de origen nicaragüense y panameña) que por décadas ha soportado sobre sus hombros el peso de la recolección completa desde la etapa temprana hasta su clausura, al promediar el mes de marzo del siguiente año.

El segundo, intermedio como ella misma señala, se caracterizaría por la implementación de una serie de protocolos de seguridad sanitaria para garantizar el concurso de la misma fuerza de trabajo.

El tercero, “el peor”, consistiría en la restricción absoluta de entrada de fuerza de trabajo migrante nicaragüense y panameña, dadas las implicaciones de cierre de fronteras y las disposiciones emanadas por las autoridades de Salud Pública en el país. Este escenario obligaría al sector a tomar medidas de contingencia, entre ellas considerar incorporar una masa trabajadora que hace lustros dejó de interesarse por participar en la actividad, dada su calificación laboral y sus niveles aspiracionales.

Junio llegó y trajo consigo el peor escenario posible, no solo para la actividad cafetalera sino para la población migrante trabajadora en general, que de acuerdo al estudio de OCDE-OIT de 2018, es la responsable en buena medida del 12% de la producción nacional. [3]

Producto del aumento en la detección de casos positivos de COVID-19 en personas trabajadoras provenientes de Nicaragua, ubicadas en actividades como plantas empacadoras y fincas productoras de piña en la zona norte del país, se profundizaron los discursos de rechazo, motivados por el miedo sanitario al contagio, mezclados con una tendencia existente en el imaginario del costarricense a considerar al nicaragüense trabajador pobre como una amenaza para su identidad blanca, homogénea y vallecentralina.[4]

No solo los discursos potenciaron la discriminación. Las prácticas sociales e institucionales también: una directriz emitida por el Área de Salud de Los Chiles, ubicada en frontera con Nicaragua, indica la prohibición de atender personas indocumentadas si no es con presencia policial y de personal de migración[5].

Estos discursos y prácticas señalan la instalación en Costa Rica de una discriminación de naturaleza estructural[6] que amenaza con eliminar simbólica y espacialmente a un sujeto histórico, importante para el desarrollo económico y social del país.

La urgencia por contar con fuerza de trabajo para la cosecha de café 2020-2021 (que inicialmente ha sido estimada por las autoridades de ICAFE en 75.000 personas trabajadoras) ha supuesto la interpelación inédita a la fuerza de trabajo costarricense para que se incorpore a la actividad, obviando que el mercado laboral costarricense ha adquirido desde hace bastantes décadas una característica de segmentación, consistente en la ocupación de fuerza de trabajo migrante en sectores específicos de la economía local.

Este proceso, además, ha aniquilado del discurso social e institucional la referencia a esa población trabajadora migrante, habitual y necesaria. En el caso del migrante nicaragüense, el recurso a la apelación a su cuerpo enfermo y expuesto como amenaza biológica y sanitaria, opera en el imaginario de buena parte de costarricenses como una fuente natural de miedo, que fácilmente deriva hacia otros sentimientos o estados emocionales. En el caso del migrante indígena panameño el proceso es peor, porque ni siquiera se le nombra o referencia, invisibilizando en ambos casos su existencia como sujeto histórico.

La psicoanalista Marie France Brunet en el libro El odio y la clínica psicoanalítica actual (Pólvora Editorial, 2020) señala que el odio surge como síntoma en el racismo y la xenofobia, entre otros males sociales.

El otro, el extranjero, a través de sus rasgos de diferencia y especificidad, pero también de amenaza, de enfermedad, asusta y crea en los demás mecanismos de reacción y rechazo, como los experimentados en estos momentos en la sociedad costarricense. Se produce así, el proceso de anulación del otro como una forma de destruirlo, eliminarlo simbólicamente[7].

En el caso específico de los actuales discursos contra la migración laboral nicaragüense, dos aspectos importantes explican su rápida difusión social en medio de la coyuntura.

El primero, vinculado con una matriz histórica de superioridad biológica que el costarricense ha construido para diferenciarse de los otros, motivada por el proyecto oficial de blanqueamiento de la población en el proceso de construcción del estado nación[8].

El segundo, la construcción de una espacialidad riesgosa, que en este caso se ubica en las narrativas sobre la frontera con Nicaragua. La construcción de una espacialidad que explicara el origen de la Pandemia fue determinante a inicios de la misma y determinó rápidamente la construcción global de discursos de peligro y responsabilización[9].  Lo mismo opera con la frontera entre Costa Rica y Nicaragua como recurso retórico, pese a que los casos se siguen presentando en otros lugares del país.

Esta acción ha supuesto por ejemplo, que comunidades ubicadas en esa espacialidad fronteriza muestren su oposición a recibir personas migrantes identificadas como positivas con el virus en una acción absolutamente opuesta a la supuesta solidaridad y hospitalidad que ha caracterizado la identidad social costarricense. Al mismo tiempo, el tono de los discursos, su acento, ha estado puesto sobre la persona migrante y no sobre las empresas que les contratan en condiciones laborales y sociales deficitarias.

Los rasgos de individuación y ausencia de cooperación como consecuencia de las respuestas estatales ante la pandemia a través de cierre de fronteras, ordenamiento de cuarentenas y aislamiento social, han supuesto un resultado que quizá sea igual o más profundo que los efectos sanitarios de la pandemia: la deconstrucción de convivencias sociales y las confianzas colectivas, colocando en el otro extranjero pobre y vulnerable toda la carga de esos procesos de desestructuración.

Es urgente la tarea inmediata a revisar los discursos y las prácticas sociales contra las personas migrantes trabajadoras. No solo por que lesionan su dignidad y la de sus familias como seres humanos, sino porque al eliminar simbólicamente ese sujeto histórico mediante la invisibilización y el rechazo, potencian en el corto plazo la búsqueda de otros chivos expiatorios que bien podrían ser ubicados al interior mismo de la sociedad costarricense, provocando una polarización más profunda que la ocasionada por el escenario socio político del país de los últimos 20 años. Personas Jóvenes, desempleadas, sin acceso a estudio, podrían ser eventualmente erigidas como ese nuevo otro social que tanto necesita la sociedad costarricense para construir su identidad.

Es necesario reconocer ese otro sujeto histórico, vincularse a su biografía y sus necesidades, asumirlo como persona con deberes y derechos que lo integren formal y prácticamente a nuestra experiencia cotidiana. Solo así nacerá una sociedad nueva, sin tanto odio y temor como política de las relaciones humanas. Sustituyamos esos rasgos por el afecto. El escenario nos desafía a intentarlo.

* Sociólogo y escritor costarricense. Investigador del Programa de Investigación Migración, Cambio Social e identidades, de IDESPO-UNA. Premio Nacional de Ensayo Aquileo J. Echeverría 2019 con ensayo: “Déjennos pasar: Migraciones y trashumancias en Centroamérica”. Editorial Amargord, España.

[1] Xinia Chávez, Presidenta Ejecutiva ICAFE. Entrevista edición meridiana Telenoticias, 11 de junio de 2020.

[2] ICAFE prepara posibles  escenarios para que crisis sanitaria no afecte cosecha 2020-2021. En www.columbia.co.cr recuperado el 12 de junio de 2020.

[3] OCDE-0IT. (2018). Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Costa Rica, Éditions OCDE, París,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264303867-es.

[4] Ver referencias sobre estas construcciones imaginarias y discursivas en textos como Jiménez Matarrita, Alexander. (2002). El imposible país de los filósofos: el discurso    filosófico y la invención de Costa Rica.  San José, Costa Rica: Editorial Perro Azul; Alvarenga, Patricia. (2005). La identidad amenazada. Los costarricenses ante la inmigración nicaragüense.  En https://ccp.ucr.ac.cr/noticias/migraif/pdf/alvarenga.pdf. Recuperado el 12 de junio de 2020; Sandoval, Carlos (2002) Otros Amenazantes. Los nicaragüenses y la formación de identidades nacionales en Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial UCR.

[5] Directriz DGASLCH-00126-2020. 29 de mayo de 2020.

[6] Pelletier, Paola (2014).  La discriminación estructural en la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34025.pdf  Recuperado el 12 de junio de 2020

[7] El odio nos toca la puerta. En www.ciperchile.cl.  Recuperado el 12 de junio de 2020.

[8] Jiménez Matarrita, Alexander. (2002). El imposible país de los filósofos: el discurso        filosófico y la invención de Costa Rica.  San José, Costa Rica: Editorial Perro Azul

[9] Lois, Marie (2020). Los estados cierran sus territorios por seguridad…pero los virus están emancipados de sus fronteras. En Geopolíticas, revista de estudios sobre espacio y poder. https://dx.doi.org/10.5209/geop.69370

Demandan respeto de derechos humanos de población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio ante el COVID-19

San José, 11 de junio de 2020.- Las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 implementadas por el Estado de Costa Rica han sido en general acertadas, evitando así o retrasando en su caso el contagio comunitario de la enfermedad. Sin embargo, es primordial que las decisiones y medidas de prevención tomadas se basen en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, sin discriminación alguna.

Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebramos las declaraciones del pasado 8 de junio, del señor canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano, quien de manera muy vehemente llamó a eliminar las expresiones xenofóbicas contra la población nicaragüense debido a la crisis sanitaria. Ese mensaje directo y enérgico debe calar en todo el accionar institucional de país. Además, pone de manifiesto que Costa Rica cuenta con las condiciones y la disposición para elevar la voz con más contundencia en foros internacionales, con el fin de exigir acciones decididas y urgentes en contra del régimen orteguista que sigue afectando de manera criminal e impune al pueblo nicaragüense. Es de vital importancia para toda la región centroamericana, que se reconozca a Daniel Ortega Saavedra como responsable directo de la propagación descontrolada de la pandemia en Nicaragua; la ausencia de medidas e información consistente y veraz para toda la población; y la precariedad y amenazas con la que opera el sistema público de salud del hermano país.

A pesar de celebrar las declaraciones del señor Canciller, las organizaciones que monitoreamos las vulnerabilidades, desafíos y afectaciones que enfrenta la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica mostramos nuestra preocupación ante las acciones y medidas adoptadas en los últimos días, principalmente en la zona norte, que han generado expresiones de discriminación contra la población nicaragüense. Así se observa en las disposiciones del Área de Salud Los Chiles, que entre otras orienta: “Todo paciente indocumentado, se deberá de realizar llamada inmediata al 911 para el despacho de unidad de migración y fuerza pública. NO se debe atender hasta tanto estos no se apersonen al EBAIS.” Posteriormente expone: “Se tamizan solamente a personas costarricenses, residentes con documentación probatoria de su estado en Costa Rica de lo contrario NO se realiza tamizaje por COVID-19…” y continúa indicando “…Se deberá de atender el paciente siguiendo las más rigurosas acciones de auto cuidado esto por cuanto TODO paciente indocumentado no costarricense en la actualidad se debe de considerar positivo por COVID hasta que no se demuestre lo contrario” (negrilla propio).

Lamentamos que estas directrices, en sí mismas discriminatorias, sean un retroceso en materia de derechos humanos, ya que legitiman los abusos de autoridad e incentivan la xenofobia entre la población costarricense, lo cual a su vez exacerba en el imaginario social ideas de que las personas nicaragüenses están propagando el virus y resulta en expresiones de discriminación y amenazas proferidas por funcionarias y funcionarios públicos, periodistas y población general que, por prejuicios y desconocimiento, expresan en medios de comunicación y redes sociales. Preocupa, además, que negar el acceso a la población migrante a servicios de salud resulte en agravados riesgos de contagio, no solo para estas personas, sino también para el resto de la población costarricense.

Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.

En este sentido, las organizaciones firmantes instamos al Estado de Costa Rica a promover los derechos humanos de la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitantes de refugio, así como brindar atención médica sin discriminación, cumpliendo la circular N° GG-0733-2020, emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, que garantiza la atención a todas las personas que presenten algún síntoma de la enfermedad, incluyendo a las personas migrantes.

Llamamos a las autoridades costarricenses a tener la mejor disposición individual y colectiva en el abordaje de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, y les solicitamos mantener un compromiso responsable y oportuno en cada una de las instituciones estatales, evitando la exclusión social y la estigmatización a la población nicaragüense. Asimismo, recomendamos al Estado evitar la aplicación de medidas lesivas a los derechos humanos, como el abuso de autoridad y las suspensiones a las libertades fundamentales, y en cambio promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país.

Finalmente, exhortamos al Estado a cumplir con las recomendaciones establecidas en la Resolución 1-20 de la CIDH sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, la cual fija estándares internacionales basados “en [que] la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”. Entre otros, recomienda:

  • Evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad como deportaciones o expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes, garantizando las condiciones para que estas personas y sus familias puedan salvaguardar su derecho a la salud sin ninguna discriminación.
  • Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo.
  • Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar.
  • Implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando acciones de sensibilización a través de campañas y otros instrumentos de comunicación y elaborando protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, en especial, proveyendo los mecanismos específicos de asistencia a aquellas personas que se encuentran separadas o sin compañía.
  • Incluir expresamente las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas y acciones de recuperación económica que se hagan necesarias en todos los momentos de la crisis generada por la pandemia.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

#CostaRica “Logramos un primer paso”. Pero Dole sigue haciendo de las suyas

El pasado 29 de mayo, Filimon Angulo Duarte, trabajador de Agroindustrial Piña del Bosque (Standard Fruit Company de Costa Rica, Dole) afiliado al Sinatraa, fue reinstalado por orden judicial tras haber sido despedido de manera injustificada y discriminatoria.

Giorgio Trucchi

La subsidiaria de la trasnacional frutera había decidido “deshacerse” de su trabajador cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomendó reubicarlo en un puesto que no empeorase su estado de salud.

El sindicato, con el apoyo de la Fentragh2, interpuso una demanda ante el Juzgado del Trabajo de Alajuela, logrando su reinstalación provisional.

En el acta de acompañamiento para la reinstalación se le advirtió a la empresa “abstenerse de impedir u oponer obstáculo a lo ordenado en la resolución”.

Además, la empresa deberá pagar los salarios a partir del día 26 de mayo, fecha de la notificación de la resolución judicial, y el monto se determinará en base al salario promedio diario devengado por Duarte.

Se logró un primer paso, aunque la empresa ya apeló la resolución y sigue empecinada en decir que no hay labores aptas para él.

Después de su reinstalación no sólo no le dieron trabajo, sino que lo tienen en un centro que ni siquiera es propiedad de la empresa”, dijo a La Rel, Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa).

“Aunque el lugar está bien acondicionado y el trabajador dice sentirse cómodo, creemos que la empresa debe cumplir con la resolución judicial, reubicándolo en un puesto compatible con su estado de salud”, aclaró Morales.

El directivo sindical explicó que en diferentes ocasiones han señalado a la empresa las tareas que se le pueden asignar a Filimon Duarte, sin embargo, la trasnacional estadounidense sigue haciendo caso omiso de las recomendaciones.

La discriminación no ha terminado y estamos esperando la audiencia para presentar todos estos elementos al juez”, concluyó Morales.

 

Foto: Gerardo Iglesias.

Enviado por Maikol Hernández.

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Pamela Cunningham-Chacón: «Haremos marcha virtual este martes contra racismo»

Pamela Cunningham-Chacón habló con SURCOS acerca del racismo en Costa Rica y en “todo el mundo” a propósito del asesinato de George Floyd en Estados Unidos de América.

Esta fundadora de la Colectiva Costa Rica Afro y quien es especialista en Recursos Humanos, tiene un activismo afro-feminista y en derechos humanos.

Para combatir el racismo en Costa Rica específicamente, Pamela cree que “hay que hacer un análisis de las políticas públicas en educación, infraestructura, acceso a la salud, acceso al agua, acceso a la tierra”.

Puede conocer el enfoque de Pamela Cunningham-Chacón en el siguiente video de tres minutos, asimismo la convocatoria a la marcha virtual de este martes 2 de junio (detalles en el afiche).