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Etiqueta: discriminación

Las personas indígenas tenemos puesta una etiqueta de exclusión

Vanessa Figueroa Calderón*

Nos han enseñado en las instituciones públicas educativas que el Estado tiene tres poderes que para nosotros son como hermanos que no se ponen de acuerdo en nada.

Lo vemos en nuestro territorio que fue asignado por decreto. El Poder Legislativo decreta cosas sobre otros decretos y no anula los primeros decretos, creando una confusión más grande. Tal vez ustedes no lo notan; pero cuando nosotros estamos luchando legalmente por nuestras tierras resulta que hay controversias entre esos decretos, entre esas leyes y dudas sobre por qué unas se ejecutan y otras no.

En el año 2014 el gobierno llegó a nuestro territorio diciendo que le diéramos tiempo, puesto que había llegado al poder hacía tres meses. Pasaron tres años, terminaron, no solucionaron nada. Seguimos pidiendo que demarquen, que saneen el territorio y que nos den autonomía. Pasan otros tres años. En este último periodo de gobierno asesinan a nuestro queridísimo hermano Sergio Rojas, a raíz de estas situaciones de tenencia de la tierra no resueltas, ocurridas durante los últimos 20 años.

¿Por qué muere Sergio? Sergio muere por todas estas situaciones donde no habido soluciones; pero sí estamos convencidos que el Estado se tiene que poner de acuerdo. Mientras que no se pongan de acuerdo, no vamos a solucionar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque de repente el Poder Ejecutivo dice y negocia, dialoga con nosotros; pero resulta que el Poder Judicial dice otra cosa y llega diciendo que no tiene un poder para decidir en las mesas de diálogo que se conforman. Mientras el Poder Ejecutivo dice sí, el Poder Judicial dice no, entonces volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos nuevamente que esperar.

Hay leyes que no se ejecutan pues hay compañeros que tienen 20, 30 casos en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que un mismo juez declare que las tierras son para el no indígena? precisamente estas contradicciones son las que no nos hacen estar confiados cuando vamos al Poder Judicial y al Ministerio Público. Siempre hemos tratado de comunicar al Estado que en el Poder Judicial de Buenos Aires hay un juez que tiene interés sobre la propiedad de las tierras, ya que es familiar de los terratenientes de Buenos Aires. Si investigaran descubrirían que en el 99.9% de los casos que ha llevado como juez ha fallado a favor de los no indígenas. Hablamos de casos no solo de personas bribris, sino también cabécares y de habitantes de China Kicha. Ese hombre aprovecha su investidura para hacer valer todo a favor de los terratenientes.

Ciertamente, muchos de nuestros hermanos tenemos algunas desventajas, ¿por qué? Porque no hablamos español, porque si hablamos Bribri no vamos a transmitir ese sentimiento que tiene el Bribri a un idioma español, entonces se hace más controversial.

Lo que queremos es que nos devuelvan nuestras tierras, que no haya más asesinatos. ¿Cómo es posible que todavía nosotros tengamos que pensar que si algún día nos devuelven nuestras tierras todavía seguiremos siendo perseguidos?

A través de los años hemos vivido discriminación, racismo, persecución, amenazas de muerte. Mis hijos me dicen “mami, ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio”; pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no-indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso.

A los no indígenas que se encuentran en esta situación se les hará mas fácil sostener un caso legal en contra de los bribris o hermanos indígenas, ya que son hacendados y tienen poder económico. Su argumento es que tienen un derecho adquirido como dueños, no se fijan en aspectos legales, su conocimiento no pretende verificar ni hacer valer las leyes, solo su razón de ser. Por eso los indígenas se apartan, y no reclaman su derecho, porque para ellos es mejor callar, aún teniendo razón. La solución para los indígenas es clara: El Estado debe buscar una vía y los no indígenas deben buscar una solución por la vía del derecho con el Estado, sin agredir, sin violentar, sin matar a los indígenas. Nos parece absurdo que no puedan ver la verdad.

Esas controversias entre el Estado y sus poderes no nos han beneficiado en nada, nos han etiquetado y hoy llegamos a las oficinas públicas y no nos quieren atender. Entonces, el Estado aquí muestra una cara, hace informes que todo está muy bonito; pero nosotros en Buenos Aires nos tratan como criminales. En mi caso fui denunciada 16 veces entre 2014 y 2016 pero sigo en la lucha.

Tenemos una etiqueta dentro y fuera del territorio, mis hijos son considerados ya excluidos automáticamente de las Asociaciones de Desarrollo, del proceso educativo y no podemos participar abiertamente dentro de toda la formación de la comunidad. Toda esta realidad genera más problemas dentro del territorio, los cuales son los problemas del Estado que, al final de cuentas, se arrastran desde muchos años atrás.

 

*Integrante del Consejo Ditsö Iriria Ajkónuk Wákpa, organización autónoma del territorio indígena de Salitre.

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales UCR.

Las recuperaciones indígenas son vida

Por Pablo Sibar *

Los pueblos indígenas vivimos sumidos y abandonados en nuestros territorios y violentados por todos los medios. Los tres poderes de este país violentan los derechos del pueblo indígena: esta Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Vivimos sumisos y para sentirnos bien tenemos que callarnos, estar escondidos y no hablar. Desde el momento en que hablamos nos asesinan. Hace 40 años yo empecé esta lucha con el hermano Sergio Rojas y es una lucha muy desigual, totalmente desigual.

En las universidades se forman los procesos educativos, no hay un solo curso de derecho indígena en la Universidad de Costa Rica ni en las universidades privadas donde se forman los abogados. Es muy difícil manejar el tema indígena.

Como pueblos indígenas hemos sido reconocidos con derechos desde 1939. Tenemos una serie de jurisprudencia que no la consideran para tomar decisiones en los pueblos indígenas. Generalmente, cuando el juez toma una decisión la hace basada en la jurisprudencia que tiene a nivel nacional y no basada en los derechos que existen para los pueblos indígenas y que se han ido reconociendo.

En 1977 la Asamblea Legislativa hizo la Ley Indígena y es una ley muy importante; pero cuando el Poder Ejecutivo hace el decreto de la ley, nos mete las Asociaciones de Desarrollo, una instancia no-indígena y por eso hablamos de los Consejos tradicionales propios, de acuerdo con nuestra cosmovisión.

Los pueblos indígenas hemos vivido con miedo durante 40 años; por no decir 530 años. Hemos vivido ese miedo con los finqueros, con los terratenientes y ningún costarricense hace nada para que no sigamos sufriendo y viviendo ese miedo.

En el 2010 nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa por estar solicitando que se aprobara o se rechazara la Ley de Autonomía Indígena, pero que la convocaran al fin porque no era justo que la Asamblea no la hubiera convocado durante más de 20 años.

Para mí todos los costarricenses son culpables del asesinato de Sergio Rojas; todos. Y desde ese reconocimiento yo creo que debemos luchar para que no nos sigan asesinando. No puede ser que menos de un año después hay otro hermano indígena asesinado por el tema de tierras. Y no nos han seguido asesinando porque hemos parado las recuperaciones; hemos hecho un alto a las recuperaciones.

En el momento en que sigamos con las recuperaciones, nos seguirán asesinando y no es justo. No es justo que un juez ordene un desalojo de un territorio indígena; eso es grave. Es lamentable que todavía suframos esas humillaciones en la época en que estamos.

Si la Ley de Autonomía se hubiera aprobado, la situación sería diferente. Esa ley de autonomía hablaba de un montón de derechos; sin embargo, los mismos terratenientes no quisieron que se aprobara. Hicieron manifestaciones inmensas porque se ubican en una situación que es muy difícil de entender. Cuando un terrateniente le dice a uno, yo soy costarricense y vivo donde me da la gana, y le dicen a uno “mechudo, hediondo, indio, usted no sabe nada” es durísimo; pero ese racismo solo nosotros lo vivimos, solo nosotros que estamos en el territorio y que hemos emprendido una lucha para seguir viviendo.

Nosotros los pueblos indígenas sufrimos una discriminación total en el territorio. Hay abogados y abogadas que dicen: “Bueno, si los indígenas tienen su territorio, que no salgan a Buenos Aires. Si los indígenas están ahí, no pueden tener ninguna otra opción”. Esto es un proceso, la tierra indígena es una tierra que el Estado costarricense nos reconoció a pedacitos, ese pedacito de tierra nos lo reconoce el Estado; pero no es de nosotros. Está siendo de otras personas que lo están usurpando y nos están utilizando de peones y pagando miserias; pero muchas veces en Facebook y en las redes sociales se dice que si los no-indígenas salen de nuestro territorio, los indígenas nos vamos a morir de hambre.

A mí me gustaría que visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria.

* Defensor de derechos de los pueblos originarios, indígena Bröran y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI

 

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales-UCR.

Espacios de confinamiento y sacrificios humanos: los impactos de la pandemia en las movilidades humanas. Una rápida mirada regional

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Raúl, un empresario centroamericano de élite se apresa a tomar un vuelo comercial reprogramado tan pronto se reestablecieron las comunicaciones aéreas internacionales. Se dirige a otro país centroamericano, donde debe trabajar en la reactivación económica bajo la premisa de que el resguardo de la salud es importante, pero también lo es la tan instalada idea que los sectores económicos, ciertos sectores económicos, deben contar con los apoyos gubernamentales regionales como requisito indispensable para garantizarles el re-despegue.

Antes que su vuelo parta, desde su teléfono inteligente, coordina reuniones, movimientos financieros, inversiones urgentes. Ha debido cumplir con todos los protocolos sanitarios para movilizarse con toda naturalidad, en medio de un contexto que todavía dibuja la excepcionalidad como principal concepto explicativo.

Sin embargo, A Raúl no lo alcanzan las limitaciones ni las expresiones de rechazo que predominan para otro tipo de movilidades, las que no se dan en las alturas, las que se producen a ras de suelo, entre las fronteras terrestres, donde la «inmovilidad de la movilidad» para diversas poblaciones se ha instalado como política migratoria planteada por los Estados.

Estamos claros. Existen movilidades legítimas, permitidas, tanto en los discursos como en las prácticas de relación entre las elites de los países regionales. Son las que representa Raúl y su movilidad higiénica, esa que de acuerdo con las agendas de los medios de comunicación son las necesarias, las que están bien y deben potenciarse.

Otras movilidades, sin embargo, pasan por el filtro de la construcción de percepciones en que la relación entre movilidad y enfermedad es casi obligatoria. Son las que están representadas por esos, los otros sujetos y sujetas a quienes se debe exponer, testear en público, aislar en sitios que no cumplen con las especificaciones de salud mínimas requeridas porque representan el peligro. Como hemos dicho en otro momento: son armas de destrucción biológica. Ejemplos de esta práctica se han reproducido en toda la región desde que la emergencia sanitaria inició en 2020.

En este contexto, la formación de «espacialidades del miedo» ha tomado fuerza. Lo hemos dicho ya: son las fronteras en la región centroamericana, por ejemplo. En particular tres puntos calientes: la frontera México-Guatemala, la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y la espacialidad conformada por las fronteras entre Costa Rica y Panamá y Panamá y Colombia, con el Tapón del Darién como una auténtica geografía del riesgo para las movilidades humanas.

Pero también en el sur de la región la relación entre espacialidad-movilidad-enfermedad, ha devenido en la construcción de respuestas afincadas en un enfoque securitario y militar. Países como Perú, Chile y Colombia, han transversalizado una respuesta estatal prohibitiva, casi punitiva, cerrando sus fronteras y brindando tratamiento criminalizante a cientos de personas migrantes, muchas de ellas de origen venezolano, pero también extracontinental y caribeño.

Otro tipo de espacialidades de la incertidumbre también han sido expuestas en el año de la pandemia. Los albergues, los sitios de aseguramiento, los espacios de habilidad para personas migrantes (cuarterías en Costa Rica, pensiones en otros sitios), los lugares de trabajo. En todos los casos la sacrificialidad de la persona se produce y reproduce de forma cotidiana.

Sobre esta condición que avanza y no cesa, conversamos ampliamente el pasado 19 de marzo en un espacio transnacional de reflexión organizado por la Noda Chile del Proyecto regional (In) movilidad en las Américas en tiempos de COVID, denominado tal y como hemos titulado esta columna.

Junto a Cecile Blouin (Perú), Nanette Liberona (Chile), Gabriela Cano (Colombia) Felipe Vargas (México), moderados por la colega y amiga Carolina Stefoni (Chile) concordamos que existe una matriz autoritaria, discriminatoria y excluyente hacia las múltiples formas que ha tomado la persona que se moviliza en los actuales contextos. La realidad es un espejo, dijimos. También dijimos que la complejidad toma formas diversas y múltiples y que las personas en contexto de movilidad deben ser visibilizadas en sus condiciones reales de existencia. Dijimos que es urgente cambiar este estado de situación.

Frente a los devueltos, los varados, los deportados, los inmovilizados, los sitiados en espacios de confinamiento formal e informal, los obligados a trabajar en espacios laborales plagados de malas condiciones higiénicas (los delivery workers, los trabajadores agrícolas, las personas dedicadas a los servicios domésticos) la respuesta estatal ha sido común: aplicar medidas migratorias restrictivas, estrictos monitoreos, controles administrativos bajo la mampara de una supuesta tarea sanitaria. Son ellos, los otros, los que traen el virus que acabará con nosotros.

Siendo así, la época de excepcionalidad vivida solo potencia condiciones ya existentes. Las potencia y las agrava. Ante su funcionamiento, las respuestas desde quiénes las experimentan provienen de un verdadero espíritu de reconocimiento de la condición humana, la solidaridad circular y horizontal, el rostro de la mujer tras los mecanismos de afrontamiento, la movilidad como un acto de resistencia en sí mismo.

Raúl, nuestro empresario centroamericano exitoso, ha llegado ya a su destino tras una hora de vuelo. El trámite migratorio ha sido expedito: una rápida toma de temperatura, la revisión de su documento médico que confirma el resultado negativo de la prueba y un lavado de manos antes de salir de la zona de aduanas. Todo según lo previsto.

A algunos kilómetros de esa escena, una familia afectada por la pobreza, la inseguridad y los embates de los eventos naturales de noviembre anterior, toma la decisión de marcharse en una nueva estrategia colectiva. Les espera una férrea respuesta militar en cada frontera por cruzar. Les espera una política de la hostilidad que les confinará de nuevo, quizá para siempre, a sus condiciones reales de existencia. El ciclo de la incertidumbre volverá a abrirse. Una vez más.

Imágenes: https://la.network

El otro Navas

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En los últimos días la industria futbolística que mueve miles de millones de dólares en todo el planeta mostró como hazaña la actuación de Keylor Navas en el partido de la Champions League escenificado en París, entre el equipo local y el flamante F.C. Barcelona, de España. Una y otra vez los medios televisivos globales reprodujeron el episodio entre el arquero costarricense y el que para muchos es considerado todavía hoy en día el mejor jugador de futbol del planeta, el argentino Lionel Messi.

Una y otra vez, las imágenes replican una gesta más del jugador costarricense, originario de Pérez Zeledón, según la prensa costarricense y mundial. El argentino se apresta a cobrar una falta de penal y el costarricense espera. El desenlace resulta en una estirada absoluta del arquero y la desviación del gol inminente. Ni el VAR por presunto movimiento irregular detuvieron el resultado: un penal desviado al mejor jugador de futbol del mundo.

Titulares de medios de comunicación reconocidos a nivel europeo como L’Equipe, Marca y Diario Sport, ubicaron la figura de Navas como trascendental en la clasificación del equipo parisino a los cuartos de final de la contienda futbolística por clubes más mediática a nivel global.

Sin embargo, las referencias de la prensa europea a Navas en términos positivos no han sido permanentes. Sus primeros pasos por el Club Real Madrid estuvieron salpicados siempre de constantes alusiones a su origen centroamericano. Un temprano artículo publicado por el sitio digital español «La Galerna» en el año 2015 titulado » Keylor Navas y la xenofobia de la prensa» señalaba que algunos medios españoles construían argumentos para lograr que la titularidad de la portería madridista fuera asumida por un arquero español.

El autor del artículo, Jesús Bengoechea, indicaba que no hacía falta proferir insultos racistas o construir argumentos directamente discriminatorios para considerar un discurso periodístico como xenofóbico. Aseguraba que incluso un periodista de uno de los medios se había preguntado (en privado) cómo un equipo como el Real Madrid estaba considerando dejar la responsabilidad de su arco en un «tipo» de un país como Costa Rica.

Luego de ese artículo, como recordaremos, muchas cosas pasaron con Keylor Navas y su desempeño en el Real Madrid, incluidas tres copas de la Champions League que difícilmente sean emuladas en lo inmediato por jugador alguno del entorno de CONCAFAF (Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol).

Pero también muchas cosas pasaron en la sociedad española luego de ese texto. Bengoechea señalaba que no podía atribuirse como generalización el que dicha sociedad fuera toda xenofóbica. Decía que la inexistencia de un partido político de corte racista o xenófobo con respaldo popular podría disuadir la prevalencia de tales actitudes. Ya todos sabemos cómo en los últimos años surgieron en aquel país iniciativas políticas con claros referentes nacionalistas como VOX y sus agendas claramente antiinmigrantes, por señalar solo un ejemplo.

La figura de Keylor Navas en el tema es central. Cuando la prensa costarricense habla de su desempeño como futbolista de élite en el contexto global, acostumbra siempre a referirse a su origen, buscando quizá un guiño con esas historias sobre el muchacho que nació en un lugar alejado del centro del país, que lo dejó todo para seguir sus sueños y cuyo sacrificio individual lo llevó a ubicarse en un escenario de exposición mediática, ingresos económicos altos y reconocimientos a su labor dentro y fuera de las canchas.

Sin embargo, esa referencia no pasa de Pérez Zeledón, cantón ubicado al sureste de la provincia de San José. Lo que no se dice, es el pasado Térraba de sus familiares directos, en particular su padre y su abuelo. No se señala tampoco esa relación entre rasgos físicos claramente contrahegemónicos que presenta Navas en relación con el resto de personas costarricenses auto adscritas como blancas en el último censo de población.

El pueblo Térraba tiene, por cierto, «otros navas» que libran quizá partidos más importantes que los que organiza la industria mediática y deportiva global. Al escribirse las notas finales de este artículo, se conoce de nuevos episodios de tensión entre personas recuperadoras de sus territorios ancestrales y personas no indígenas, usurpadoras, que contando con la complacencia de autoridades de seguridad y la inoperancia estatal a su favor, violentan, amedrentan y discriminan el derecho de los pueblos originarios costarricense a permanecer en sus territorios.

Quizá sea buen momento para recordar cada vez que se hable de Navas, el ídolo, que no es solo originario de Pérez Zeledón. Que su pasado y su presente está determinado por su ancestralidad térraba, que es imposible borrar sus marcas corporales, blanquear su identidad a través de discursos homogenizadores.

Pero sobre todo, recordar que otros Navas se enfrentan hoy a una lucha sin retorno: el reconocimiento de sus derechos por el territorio y por su autodeterminación. De ese partido, todos y todas deberíamos estar pendientes. Siempre.

¿Mujeres como candidatas a la Presidencia, en la cercanía del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres?

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia sobre la posibilidad de una mujer candidata a la Presidencia de la República, y eventualmente ganadora de las elecciones. Mi respuesta, que en mucho deja en asombro a quienes me interrogan, porque están prejuiciados del Gobierno de Laura Chinchilla, es que es posible que eso vuelva a suceder. Y algunos quienes hasta aquí han leído podrán pensar parecido. Pero, veamos.

Las mujeres en general, y las costarricenses también, fueron marginadas históricamente de la vida pública, económica, cultural, social. Fueron una población excluida de Derechos y posibilidades sociales y políticas como las que tenían los hombres. Fueron una población marginal en la vida de nuestras sociedades en sus escenarios públicos y de relaciones sociales públicas. Estaban recluidas a su vida hogareña, donde se decidía incluso su matrimonio, como parte de las relaciones y negocios económicos de sus padres.

La religión católica y la Iglesia contribuyó a este papel de la mujer, que la señalaba, como se dijo a principios del siglo XX en Costa Rica, cuando se trataba de que niños y niñas fueran a educarse en una misma aula, a lo que la Iglesia se oponía, señalando que eso contribuiría a que las mujeres se masculinizaran y los hombres se afeminaran, porque el papel fundamental de la mujer era “el corazón del hombre”, el hogar.

En la colonia incluso carecían de derechos sustantivos, que a la muerte de sus esposos, los adquirían para su administración los hermanos de sus esposos o sus hijos mayores.

En los inicios de la vida republicana fue parecido. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, y poco tiempo después, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 1793, no llegaron con la fuerza institucional de igualarla realmente.

En materia de Derecho Civil estaban fuera hasta 1870, en muchos aspectos. En materia de herencias igual, hasta 1870, cuando empezaron a reconocerse esos derechos, con limitaciones. En materia de matrimonio, en las causales de divorcio, establecidas en 1888, las mujeres llevaban el peor peso y la mayor discriminación y opresión. En materia política peor era la situación.

A pesar del papel que jugaron las mujeres en la Campaña Nacional contra los filibusteros norteamericanos, sustituyendo a los soldados y voluntarios que fueron a combatir, salidos de los campos de trabajo, porque había que seguir produciendo para mantener la economía durante la guerra y para alimentar la tropa de casi 10.000 soldados. Igualmente, por el papel movilizador que tuvieron en los sucesos del 7 de noviembre de 1889, lo que motivó que el Presidente José Joaquín Rodríguez, 1890-1894, propusiera la posibilidad del voto femenino en las elecciones, lo que no se alcanzó hasta 1949, debiendo pasar varias décadas de luchas organizadas por obtener el Derecho de Voto, y participar en procesos electorales, de manera directa, con su voto, en 1951, y con sus candidaturas y elección, a diputadas, en 1953, y en adelante, hasta candidatas a la Presidencia y ser electa Presidenta una mujer.

La sociedad machista, misógina en muchos aspectos, marcó el ADN de mucha gente y ciudadanos hasta hoy. Por eso no se ve bien y se rechaza sutil, o francamente, la participación real y efectiva de las mujeres disputando puestos para diputados o la Presidencia.

Desde el primer Gobierno de Oscar Arias, 1986-1990, hasta su segundo gobierno 2006-2010, el papel de las mujeres se fortaleció en el campo político electoral. Se dictaron y aprobaron las leyes para asegurar, cada vez más, la mayor, real y efectiva participación. En el primer Gobierno fue nombrada la primera mujer Presidenta de la Asamblea Legislativa, ya había habido diputadas desde 1953, y la primera en ser Vicepresidenta de la República. Y, en su segundo gobierno escogió e impulsó a su Vicepresidenta para la candidatura presidencial, que lo logró, Laura Chinchilla Miranda, por mérito propio y por la buena imagen que había al final de su Administración, de su gestión gubernamental, a la que llegó con 40% de votos, y salió con el 48% de votos obtenidos por y para Laura Chinchilla, las votaciones más altas obtenidas para ganar la Presidencia de la República, después de muchas elecciones

Las mujeres históricamente han sido mayoritarias en la población. En términos generales hay más mujeres que hombres, aunque sea poca la diferencia. No recuerdo un caso estadístico en que la población haya sido mayor de hombres que de mujeres. En este momento hay más mujeres que hombres en la sociedad costarricense, y en el padrón electoral también. Mueren más hombres que mujeres a causa del COVID-19. En carreras universitarias, consideradas hace algunos años masculinas, o de preferencia de hombres, hoy tienen matriculadas más mujeres que hombres.

Hoy las mujeres compiten y desplazan a los hombres de sus reductos tradicionales, y también de la política, aunque todavía con mayores dificultades.

La legislación electoral ha avanzado en Costa Rica fuertemente para asegurar de manera real y efectiva, en condiciones de igualdad la participación y la nominación de mujeres a puestos de elección popular. ¿Por qué, entonces, desdeñar la participación de mujeres candidatas a la Presidencia para el próximo proceso electoral? Esa sigue siendo una posibilidad.

En el Partido Liberación Nacional los candidatos que suenan son masculinos. De nuevo Oscar Arias, propuso recientemente, una mujer que no aceptó su nominación, con lo cual en esa tienda política pareciera que, en esta ocasión, no juega ninguna candidata. En la Unidad Social Cristiana apareció Lineth Saborío Chaverri, que fue Vicepresidenta en el Gobierno de Abel Pacheco, en el Partido Acción Ciudadana suenan varias mujeres como candidatas, Marta Zamora, Carolina Hidalgo y la Embajadora en España, Ana Elena Chacón, que también fue Vicepresidenta de la República, 2014-2018. Milagrosamente Epsy Campbell no renunció a su Vicepresidencia actual, para ser candidata presidencial, y tampoco puede ser ya candidata a diputada. A ministra de un nuevo Gobierno del PAC, si ganan las elecciones del 2022, si puede llegar a ser.

En los Libertarios la que suena es Natalia Díaz, en el Frente Amplio suenan Rocío Alfaro, Sofía Guillen, Patricia Mora. No recuerdo, en este momento, otras candidatas que se oigan.

Mujeres hay para ser candidatas. Posibilidades presidenciales para ellas son iguales que las de los hombres. Unas más que otras, según el Partido al que pertenezcan, con más historia electoral y con mejores resultados electorales, que las potencia con mayor posibilidad, como es el caso de Ana Elena Chacón, que de serlo sería la candidata oficial del Partido de Gobierno que alguna ventaja le da.

Ahora el elemento subjetivo de todo este proceso. Soy de la idea, por lo que veo y he estudiado, que la sociedad costarricense, en general, y los hombres en particular, es muy apegada a la Mujer, como Abuela, como Madre, como Esposa, como Hijas. En lo particular los hombres en Costa Rica tienen “mamitis”, están muy ligados afectivamente a sus mujeres, especialmente están muy pegados a sus madres y abuelas.

Las mujeres cabeza de familia son muy importantes para una parte significativa de la población. Antes de la Pandemia había 350.000 mujeres cabeza de familia, que eran el principal ingreso de los hogares aun cuando tenían esposo o compañero. Los dos millones de mujeres que no están incorporadas al proceso productivo nacional atienden, cuando no son estudiantes, y muchas estudiantes lo hacen también, sus hogares, llevan las principales cargas y tareas de sus hogares, desde la buena administración de sus hogares, con los pocos recursos económicos que tienen, o que les dan sus maridos o compañeros, para sacar adelante, en sus dificultades y posibilidades su núcleo familiar. Tenemos más Mujeres Alfa en este sentido que Hombres Alfa, que lo pueden ser en otras dimensiones, pero no en su hogar.

En mi experiencia de vida he estado rodeado de Mujeres Alfa, mis abuelas, la materna y la paterna, mi madre, mis tías maternas y paternas, mi esposa, mi hija, mis nueras, mis primas, y siento que mis nietas están siendo formadas para ser Mujeres Alfa, lo que alegra y enorgullece mucho. Ha sido una experiencia maravillosa haber vivido en este contexto.

Por ello ante la inquietante pregunta, que originó esta reflexión, no veo por qué no pueda haber otra Presidenta en el próximo Gobierno, como posibilidad. Lo que me impide verla en concreto es que hasta hoy no está a la vista pública, ni se le conocen sus planteamientos políticos y hacia el nuevo Gobierno, ni de cómo va a enfrentar la grave situación que tenemos en todos los órdenes de la vida social, económica y política. Pero, como posibilidad, existe la candidata y la Presidenta de Costa Rica, al margen de la valoración subjetiva que se pueda tener del Gobierno de Laura Chinchilla Miranda. Todavía no se ha hecho la valoración histórica de ese Gobierno. Sobre él hay leyenda, nebulosa y mala memoria.

Volver al mito ¿y a la comunidad?

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

No es posible aún dimensionar si ese regresar progresivamente a la presencialidad en la educación costarricense forme parte de una necesaria excepcionalidad, que ya poco se sostiene entre tanta desigualdad, violencia, exclusión y descrédito de su sistema político.

El mito fundante de una sociedad igualitaria, “igualitica” (Sojo, 2011) que sustituye soldados por maestros, ejércitos por estudiantes, armas por lápices, volvió a ser reestablecido con urgencia pero también con fines instrumentales bien definidos.

La forma mediante la cual el sistema educativo costarricense tanto público como privado (tan desiguales entre ellos) fue levantado de la raíz de su propio confinamiento para regresar a la “normalidad”, motiva algunas reflexiones sobre ese regreso, ese volver a una experiencia colectiva que daba muestras de deterioro, de distanciamiento sociocultural aun antes de la pandemia.

Durante este disruptivo 2020 aprendimos a tonificar la distancia, modular las gotas de saliva, casi que a pronunciarlas en un nuevo alfabeto dibujado por el miedo, pero no pudimos entender como sociedad que los desarreglos que mostramos a lo largo de los meses y que hicieron aumentar exponencialmente los casos positivos venían de adentro y no de los cuerpos extraños que tanto señalaron aquellos para quienes la otredad sigue siendo un misterio.

Cuando en Costa Rica los casos positivos empezaron a tener expresión pobre y excluida, los discursos y las prácticas elevaron a concilio militar el blindaje de las fronteras. Había que contener a toda costa ese cuerpo extraño, mantenerlo fuera de nuestra casa para que permaneciera protegida, higiénica, saludable, blanca.

En medio de estas elucubraciones de una excepcionalidad desgastada, los medios de comunicación hegemónicos costarricenses, la institucionalidad y la sociedad en general se percataron sorprendidas que los 900 millones de dólares anuales que le genera la piña a Costa Rica se deben en mucho a la explotación intensiva de una fuerza de trabajo migrante proveniente de Nicaragua.

También se percataron con asombro primerizo que en la capital existían dispositivos de sobrevivencia llamados cuarterías donde si, vivían personas migrantes y si, también eran mayoritariamente nicaragüenses.

Este año que se fue ha sido el año de la graduación para las discriminaciones, dada la racializacion de la pandemia: clase, nacionalidad y espacialidad se conjugaron como argumentos para desplegar una peligrosa maquinaria de rechazo que aún hoy continúa moviendo sus engranajes. Mientras se escriben estas reflexiones se da a conocer qué un grupo de turistas franceses que arribaron a Costa Rica fueron diagnosticados positivamente con el virus. Para ellos la ecuación clave, nacionalidad y espacialidad no fue aplicada ni en medios ni en redes sociales.

En este contexto, el regreso progresivo a la presencialidad en escuelas y colegios no sólo ha mostrado la profunda desigualdad entre el sistema público y privado en sus condiciones materiales. También ha encendido las luces de precaución ante un funcionamiento simbólico de la educación costarricense. Una vez más, como tantas veces, este sector se vuelve a accionar como un sobrio aparato ideológico desde el cual despunta nuevamente esa construcción de sentido colectivo, tan conveniente para los intereses hegemónicos.

Sobre este rol del sistema educativo costarricense se sugieren algunas interrogantes.

¿Podrá este poderoso aparato ideológico restituir desde el campo de lo pedagogico, el gran vacío creado en el afecto social por la idea profunda de que el distanciamiento físico es en realidad la conformación de un distanciamiento social que siempre se ha construido alrededor de ciertas poblaciones migrantes?

¿Cómo volver a la socialización y la convivencia sin el rubor de la sospecha?

¿Será posible un nuevo pacto sociocultural que deje atrás las décadas de temor y exclusión que fueron construyendo un otro social hasta el día de hoy?

Si era tan urgente mostrar normalidad con el regreso a la presencialidad, es aún más necesario que ese poderoso aparato ideológico trabaje en una pronta refundación sociocultural con sus estudiantes, en la que el afecto y el reconocimiento sean materias obligadas en los procesos didácticos y sociales durante y en la postpandemia.

 

Foto: https://eurosocial.eu

Miles de personas con discapacidad sin servicios de rehabilitación por cierre de CENARE

Dr. Federico Montero Mejía/ Lic. Luis Fernando Astorga Gatjens

Después de casi un año del cierre del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), miles de personas que han requerido los servicios de rehabilitación, no los han recibido del todo o lo han hecho en forma muy restrictiva.

Esta injusta situación ha sido reclamada, con respeto pero con vehemencia, por las y los 172 expacientes, usuarios y padres de niños usuarios de ese centro especializado, suscriptores de una carta dirigida a la Junta Directiva de la CCSS, fechada el día 2 de febrero del año en curso.

Los autores del presente artículo forman parte de ese numeroso grupo de firmantes, que suma cada día a más personas que hacen el mismo reclamo y que lo han venido patentizando por distintos medios.

El CENARE fue cerrado en marzo del 2020 para que la totalidad de sus instalaciones, fueran ocupadas por el Centro Especializado de Atención de de Pacientes con la Covid-19 (CEACO).

En la mencionada carta se destaca la comprensión y flexibilidad que se ha tenido ante la gravedad de la pandemia, pero ya hay un agotamiento colectivo de la paciencia y larga espera, ante el incumplimiento de la Caja, al no ofrecer las alternativas requeridas al cierre de los servicios de rehabilitación que venía prestando el CENARE. Tal fue el compromiso asumido por la entidad pero la posposición indefinida, ha sido la respuesta dominante. Y lo más grave es que este tipo de servicios también fueron cerrados en otros hospitales para ser ocupados por pacientes con Covid-19.

Subestimación de la rehabilitación

Las autoridades de la Caja y del CENARE se suman a quienes (aquí y en otros lugares del mundo), no le dan la debida importancia a la rehabilitación. Un estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Métricas en Salud y Evaluación (IHME) de los Estados Unidos, titulado “Estimaciones Globales de la necesidad de rehabilitación basada en la Carga Global de Enfermedad del 2019: un análisis sistemático para el Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2019” y publicado en la revista The Lancet del 1 de diciembre del 2020 (en línea), concluye que en algún momento de sus vidas, un tercio de los seres humanos requiere servicios de rehabilitación. Si ese dato lo extrapolamos a la población actual del país, casi un millón setecientas mil personas habrán requerido o requerirá tales servicios.

Según el estudio en mención: “las estimaciones globales establecen a la rehabilitación como una estrategia clave para la cobertura universal de salud en el Siglo XXI y reta la idea de la rehabilitación como un servicio opcional que solo es requerido por una minoría de la población. Los hallazgos indican la urgente necesidad de aumentar proporcionalmente la rehabilitación, particularmente a nivel de atención primaria, para asegurar que los servicios alcancen a aquéllos que los necesitan. El estudio provee fuertes argumentos para los tomadores de decisiones de políticas para priorizar la rehabilitación y enfocar las necesidades funcionales de su población”.

El impacto negativo en su salud y su calidad de vida por no recibir los servicios requeridos, afecta a miles de personas con discapacidad. Con ello se suma un eslabón más a la situación de discriminación y exclusión múltiple, que afecta a este sector poblacional de alrededor de 900 mil personas.

En la carta también se reclama “atención intrahospitalaria, lo cual resulta indispensable para las personas afectadas por lesiones y condiciones tan serias como una lesión de la médula espinal, un trauma cráneo-encefálico, una amputación, un evento cerebro-vascular y muchas otras”.

Palabras frente a testimonios y números irrebatibles

Ni una sola persona con secuelas de una lesión aguda de la médula espinal, de un trauma cráneo-encefálico, de un evento cerebro-vascular, que en cualquier momento recibiría servicios de rehabilitación intrahospitalaria, pues constituyen una emergencia, ha podido ser hospitalizado en el CENARE. Por otra parte, este centro especializado ha venido prestando servicios de Odontología, a miles de personas con discapacidad que necesitan recibir atención y tratamiento, bajo condiciones muy específicas. Pues bien, desde hace 48 semanas tal servicio está cerrado y la Caja no ha ofrecido otra alternativa. Eso lo atestiguan miles de pacientes y familiares de niños y jóvenes con discapacidad, a quienes les urge este tipo de atención.

Por su parte, la Caja responde mediante un Twitter, publicado el 9 de febrero que “El Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), mantuvo la continuidad de sus servicios presenciales y virtuales a su población durante toda la pandemia y ofreció en 2020, 385 113 tratamientos de terapia”.

La cifra indicada puede conducir a interpretaciones erróneas, pues una sola persona puede recibir más de un tratamiento de terapia. En todo caso, los números que fijan la afectación por no recibir la rehabilitación requerida así como múltiples testimonios de las centenares de personas afectadas, contradicen lo que expresa la Caja. Pareciera que quien escribió ese Twitter vive en un país paralelo y no el de la mayoría de los costarricenses, particularmente, las personas con discapacidad.

Acciones a desarrollar

Lo que se está exigiendo es “que la CCSS encuentre a la mayor brevedad alguna alternativa que garantice los servicios de rehabilitación integrales a los miles de habitantes de nuestro país que requieren de dichos servicios de manera urgente e integral”. Simplemente, no más palabras sino hechos concretos e impostergables.

Quienes participamos de este reclamo colectivo, demandamos asimismo una respuesta seria de las autoridades de la Caja. La Junta Directiva de la institución es la que debe responder a la citada misiva ofreciendo soluciones concretas tanto a las y los pacientes del CENARE como el de los otros hospitales donde también se suspendieron los servicios de rehabilitación.

Otro temor que ha venido ganando terreno entre las y los reclamantes es que cuando sea superada la pandemia, el CEACO no vuela a reconvertirse en el CENARE, que es el único hospital nacional en rehabilitación. El Dr. Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la CCSS, asumió tal compromiso el 29 de mayo del 2020, en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, ante el incumplimiento de los compromisos de la institución –como lo estamos demostrando—esa preocupación cobra pleno sentido.

Por ahora, se está en espera de una respuesta pronta de la institución, que esté a la altura de la dignidad y seriedad de los reclamos de las y los peticionarios. Empero de no ofrecerse esa respuesta con las justas soluciones exigidas, se desarrollarán otras acciones; entre las que se destacan: una, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y dos, la presentación de una denuncia ante el Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).

Tales acciones se amparan en muchos instrumentos jurídicos, pero destacamos dos, a saber:

La ley 7600 que establece en su Artículo 33, que “La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros deberán ofrecer servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios. Estos deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos y servicios de apoyo necesarios para garantizar la atención óptima”.

Por otra parte, la CDPD indica en su artículo 25: “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud…”. Asimismo el artículo 26 del mismo tratado internacional regula todo lo concerniente al derecho a la habilitación y rehabilitación.

En general, las personas afectadas por el incumplimiento de la CCSS y, especialmente, las personas con discapacidad, contamos con argumentos sólidos para demostrar nuestros asertos y para ganar las acciones judiciales, que hayamos de emprender. Sin embargo, esperamos que impere el compromiso institucional y en la Caja, los hechos le ganen a las palabras y compromisos incumplidos para evitar recurrir a las vías jurisdiccionales.

Costa Rica en el año de su bicentenario, lo demanda y se lo merece.

(9 de febrero, 2021)

 

Imagen tomada de: https://www.ccss.sa.cr/

Enviado a SURCOS por Luis Fernando Astorga.

172 ex pacientes del CENARE suscriben carta a la Junta Directiva de la Caja por el incumplimiento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600)

Como saben el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) fue transformado por la CCSS, en el CEACO, un centro especializado para pacientes con Covid-19. Este cambio se dio desde marzo del 2020. La Caja planteó que habría soluciones alternas para las y los pacientes que requerían los servicios de rehabilitación. Sin embargo, eso no se ha dado y con ello, hay una severa afectación a miles de personas con discapacidad.

Es por ello que la semana pasada, 172 ex-pacientes del CENARE suscribimos una carta dirigida a la Junta Directiva de la Caja. Reclamamos que hemos sido comprensivos ante la grave situación de emergencia sanitaria, generada por la pandemia, pero que la institución ha dejado en el abandono a personas que siguen requiriendo esos servicios, y con ello se viola el derecho a la salud y la rehabilitación. Es decir, otra situación de discriminación e injusticia social.

Esta situación refleja la grave situación que enfrentan las personas con discapacidad. Este es un problema puntual en el derecho a la salud y la rehabilitación. Pero el aislamiento por la imposibilidad de acceder a las TIC, el problema de la educación, del empleo, forman un conjunto de situaciones graves y de derechos que se violan.

Por último, en la carta se hace un llamado a la reflexión por los perjudiciales impactos a la salud que puede llevar a cabo la desatención de personas con diversas deficiencias, además señala la posición del país y el sistema de salud, con respecto al incumplimiento de la normativa legal e internacional que establece la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600).

Compartido con SURCOS por Luis Fernando Astorga.

Unión Nacional de Trabajadores interpone proceso sumario por discriminación contra Ministerio de Justicia y Paz

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) informó que la directora de la Policía Penitenciaria solicitó el cese del nombramiento provisional de una compañera agente de policía, porque aparentemente tuvo un comportamiento incompatible con la función policial, pero según el sindicato, se trató de incapacidades por enfermedad, por lo cual interpusieron un proceso sumario por discriminación.

De acuerdo con la UNT, la agente cumplió todas las pruebas para demostrar su idoneidad (físicas, psicológicas, médicas y estudio de entorno comunitario), pero el “comportamiento incompatible” son incapacidades por enfermedad, incluyendo dos órdenes sanitarias por sospecha de COVID-19.

“De forma discriminatoria, según nuestro criterio, la directora de la Policía considera que sufrir una incapacidad temporal por enfermedad, es un «comportamiento incompatible» con la función policial… O sea, un policía no puede enfermarse”, comunicó la UNT.

La UNT fue notificada de que el Juez de Trabajo ordenó como medida cautelar, reinstalar a la agente de forma inmediata, mientras se determina si efectivamente el cese de interinato por incapacidad es un trato discriminatorio.

“Esperamos que finalmente se declare con lugar nuestra demanda y que la compañera, que cuenta con todos los atestados y ha aprobado las pruebas de idoneidad, se mantenga laborando como Policía Penitenciaria. Este caso es un precedente importante que pone límites a la discrecionalidad del Ministerio de Justicia y tutela los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras que en razón de su nombramiento provisional, muchas veces son víctimas de arbitrariedades e injusticias”, agregó el sindicato.

Cuando la ilusión de progresismo no alcanza

Por Memo Acuña, (Sociólogo y escritor costarricense)

Muchas cosas faltaron en el acto de investidura de Joe Biden como el Presidente estadounidense #46 de la historia. Muchas. Otras irrumpieron en escena como mensaje directo y frontal: el discurso absolutamente doméstico y comprensible del presidente entrante, la referencia continua en la imagen televisiva a las banderas de Estados Unidos instaladas en la plaza del Capitolio, como símbolo de una audiencia que aplaudía, reverenciaba y hacía silencio al compás de las intervenciones en el estrado, el guiño de Jennifer lopez a la comunidad hispana con su brevísima frase en español clamando justicia.

La parafernalia del cambio tenía que ser contundente, rápida, apelando todavía a los efectos producidos por una aceitada industria cultural y su uso pragmático del espectáculo para transformarlo convirtiéndolo en el más significativo acto político y simbólico: el acto de credibilidad basado en el rigor de la música y el estruendo de los juegos artificiales.

El mismo día en que Biden se sentaba en la silla presidencial, emitía un conjunto de órdenes ejecutivas de impacto en materia migratoria: detener la construcción del muro fronterizo con México, iniciar un proceso de regularización y ciudadanización de más de 10 millones de personas indocumentadas durante los próximos 8 años, suspender la orden ejecutiva emitida durante la Administracion Trump en la que se endurecía la política migratoria al considerar prácticamente deportable toda persona indocumentada, reactivar la implementación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) suspendido en la Administración anterior y eliminar el programa «Permanecer en México», que enviaba a ese país a toda persona solicitante de refugio.

Estas primeras ordenanzas se respaldaron en promesas de campaña en las que palabras más, palabras menos, el presidente demócrata se comprometía a desmontar toda la maquinaria de odio y discriminación hacia las personas migrantes instalada por Trump y sus correligionarios, cuyas cifras de comunidad alcanzan hoy la nada despreciable cantidad de 75 millones de seguidores en toda la unión americana, si se contabiliza el caudal electoral alcanzado en noviembre anterior.

Pese a la inmediatez de las órdenes ejecutivas emanadas en las primeras horas de mandato de la fórmula Biden-Harris, una política migratoria más amplia, conceptualizada ya como “integral, progresista y de avanzada” aguarda en espera de ser anunciada en los próximos días. Sin embargo, de nuevo la discusión política se anticipará a la razón humanitaria y la postergación de lo realmente necesario será una realidad.

Sobre Centroamérica, entre tanto, se ha establecido apoyar las causas estructurales de la migración e instalar centros de procesamiento en sus países para gestionar las solicitudes de refugio. Para la primera acción se presupuestaron 4.000.000 millones de dólares destinados a paliar las razones “subyacentes” mediante las cuales la gente sigue saliendo en colectivo y forzadamente de sus países.

Sin embargo, entre las tareas proyectadas se cruzan todavía enfoques basados en el esquema securitario que predominó en los últimos años. Si bien el anuncio de detener el muro fronterizo puede parecer un alivio, lo cierto es que todavía resta un segmento considerable de construcción encargada por Trump y sus aliados internos. El muro fronterizo en lo que toca a lo dispuesto por los contratos previos, no se termina hasta que se termine, a pesar de las disposiciones demócratas sobre el tema.  Se ha dicho además que Biden apelará (de nuevo) a la tecnología como recurso para la protección de la frontera con México y agilizar así los controles migratorios. Otra forma de continuar un muro, esta vez desde el vallado electrónico.

La disuasión y el control seguirán siendo verticales, con una participación mucho más protagónica de México y Guatemala en el control de las movilidades humanas, como se ha comprobado en las coyunturas recientes. Aún más, la propuesta de regularización para las más de 10 millones de personas indocumentadas indica que serán contempladas aquellas que llegaron a territorio estadounidense antes del 1 de enero de 2021, con lo cual se le asesta un golpe a aquellas personas centroamericanas que todavía transitan en colectivo y vía terrestre la región, con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Dicho lo anterior, cualquier determinación medianamente distante a las emprendidas por la Administración de Donald Trump aparecerá como “progresista o integral”. La externalización de la frontera y las acciones de control y disuasión no son dimensiones transables para una industria que mueve millones de dólares anuales para resguardarse de sus “enemigos externos” incluídas las personas migrantes centroamericanas, el terrorismo y el narcotráfico.

El viernes 22 de enero el río Suchiate ubicado en la frontera entre México y Guatemala fue escenario una vez más de acciones de represión y disolución de grupos que han continuado su caminar pese a la violencia con que han sido abordados en su tránsito. Es decir, las personas continuarán saliendo de sus países si no se atacan las condiciones históricas de los proyectos de dominación de las élites centroamericanas, se elimina su tono racista, colonial y clasista y se construyen sociedades horizontales e inclusivas. Mucho de ese estado presente en los países centroamericanos ha tenido invariable e históricamente el sello del Departamento de Estado.

Al tiempo de la redacción y edición final de estas reflexiones, se anuncia el hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en la zona de frontera entre México y Estados Unidos. Se presume que muchos de ellos son de origen centroamericano.  La maquinaria de la industria migratoria criminal y castigadora de las personas que se movilizan sigue su camino y no se detiene esperando que los vientos de cambio se terminen de instalar en la Casa Blanca.

Está por verse si la promesa de progresismo en materia de política migratoria en Estados Unidos cumple con el cometido de adecentar la atención hacia las personas centroamericanas que seguirán caminando, forzadas por las condiciones históricas y presentes en sus países de origen. De lo contrario, como tantos proyectos progresistas que se han visto pasar incluso en los mismos países centroamericanos, se convertirá en un fraude absoluto.

 

Foto: https://wradio.com.mx