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Etiqueta: discriminación

Mujeres indígenas: Seguiremos en pie, somos semillas, descendientes de las abuelas que han luchado por más de 5 siglos

Nosotras las mujeres indígenas Malekus, Bribris, Brörán, Cabécares, Brunkajs, Chorotegas, Ngabes -Buglé y Huetares, seguiremos en pie, somos semillas, descendientes de las abuelas que han luchado por más de 5 siglos.

Este Día de la Mujer, “conmemorar” va más allá del discurso, es un llamado alzar la voz, seguir construyendo con amor en la sociedad sin discriminación, sin apartheid de género, en la política, en el hábito cultural y espiritual, honrar a las hermanas que no nos acompañan físicamente, pero que llevamos presente en esta lucha, en la lucha de cada una, en nuestros rezos y ceremonias, en nuestra vida diaria, en el fuego del fogón, en cada pensamiento y en cada palabra. Hoy 08 de marzo, levantamos la voz por nosotras, por las mujeres que aún no pueden levantar la voz, en espacios comunitarios; si hablamos: somos tratadas como locas, peleonas, histéricas. Vivimos bajo el yugo del neocolonialismo patriarcal y machista de la sociedad, abonado por el mismo Estado y sus instancias, que, en vez de brindar apoyo, nos oprimen, utilizan y discriminan.

Nosotras las mujeres indígenas, mujeres cuidadoras y portadoras de conocimientos ancestrales, portadoras de Clanes, de tejido espiritual, de cantos e historia sagradas, nos unimos a esta lucha común por nuestros derechos, para qué las empresas extractivistas dejen de llevarse nuestros recursos con falsas soluciones a nuestros Territorios ancestrales. Que el Estado todo, reconozca y cumpla su compromiso con nosotras, como actoras pensantes y sujetas de derechos, y no así como lo ha hecho históricamente, invisibilizándonos y cuando reclamamos nuestro derecho, nos persiguen y criminalizan.

Repudiamos el uso de nuestra imagen en revistas, en portadas de Informes de Derechos Humanos y Desarrollo, folclorizando nuestras raíces profundas y sagradas, que han resistido por más de 525 años, en este Estado costarricense.

Marchamos para denunciar las amenazas e inoperancia del Estado y sus Instituciones, su política represiva hacia las compañeras recuperadoras de Tierra – Territorio, criminalizadas por denunciar talas ilegales y contaminación de ríos, sólo por el hecho de ser mujeres luchadoras, pero aún más, por el hecho de ser mujeres indígenas, por tener un Clan, por vivir de la tierra, por usar vestidos al estilo ancestral, por exigir vida digna para nuestros Pueblos; Marchamos por nuestra autonomía, por el Buen Vivir, por cada decreto y proyecto que se nos impone, sin realizar la debida consulta libre, previa e informada en nuestros Territorios. Marchamos por las hermanas y familias de cada mujer asesinadas, desaparecidas y agredidas en este país, en Aby Ayala y el mundo, porque así como las mujeres son violentadas de muchas maneras, históricamente los pueblos indígenas también hemos sufrido asesinatos, desapariciones y exterminio.

Las mujeres Malekus, Bribris, Brörán, Cabécares, Brunkajs, Chorotegas, Ngabes -Buglé y Huetares, seguiremos en pie, como históricamente hemos resistido en este país; somos semillas somos descendientes de las abuelas que han luchado por más de 5 siglos.

08 de marzo 2025.

Mujeres del Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI.

No hay democracia sin las mujeres: Un Llamado a fortalecer la protección y la justicia para las Mujeres

Sábado 8 de marzo, 2025 Costa Rica.

Comunicado

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Costa Rica enfrenta una preocupante y creciente crisis de violencia contra las mujeres, evidenciada en un alarmante aumento de los femicidios. Solo en los dos primeros meses de este 2025, el país ha registrado un tercio de los femicidios ocurridos durante todo el año 2024.

Esta situación de emergencia nacional nos exige un compromiso colectivo de todas las instituciones, sociedad civil y actores clave para frenar esta violencia y proteger a las mujeres en todo el país, porque sin las mujeres no hay democracia y sin democracia no podemos fortalecer la justicia social en Costa Rica.

Es evidente el debilitamiento de las políticas públicas que ha dejado en desamparo a cientos de mujeres que hoy temen por su vida. Datos oficiales del INEC en su informe sobre femicidios (2024) muestran que la tasa pasó de 0.97 en 2022 a 1.00 en 2024, lo que significa un incremento del 69.49% de femicidios con una alarmante inacción estatal.

Según datos del Semanario Universidad (2023) las mujeres en el sector agroalimentario representan el 15.6% del sector, no obstante, el acceso a tierra para mujeres solo representa un 8.1%, si pensamos en el sector laboral, la reducción de derechos persiste, en el país la participación laboral de mujeres para el 2020 se redujo en un 46%. CEPAL (2020) y para el 2024 la brecha salarial en mujeres fue del 33% respecto los hombres.

Las cifras son claras hay un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, el número de femicidios ha aumentado, y muchas mujeres aún viven bajo el temor constante de ser víctimas de violencia. La realidad nacional refleja la urgencia de fortalecer las políticas públicas existentes, garantizar que los recursos sean destinados de manera efectiva y crear nuevas estrategias de prevención que involucren a la sociedad en su totalidad.

Es esencial reforzar el trabajo de las instituciones encargadas de la protección de las mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), así como fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, garantizando que las políticas de prevención, protección y sanción  estén bien implementadas y sean accesibles a todas las mujeres, en especial a aquellas en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres trabajadoras del sector público y privado, mujeres del campo, mujeres en el trabajo informal y las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar.

Por lo anterior, desde las organizaciones sociales, productivas, académicas, grupos de la sociedad civil y comunidades, hacemos un llamado a una acción conjunta, centrada en soluciones reales y sostenibles. Un llamado urgente para que el gobierno de Costa Rica garantice protección y justicia para las mujeres.

Es fundamental que se continúe promoviendo la educación sobre igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres desde una edad temprana, y que los sistemas de justicia respondan de manera ágil y efectiva a los casos de violencia, asegurando que las víctimas reciban la protección, reparación y justicia, porque la violencia de género no solo es un problema de seguridad, sino también de justicia social.

Debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad.

En Costa Rica la democracia no existe sin las mujeres, no podemos permitir que se normalice la violencia y que se retrocedan derechos humanos conquistados para las mujeres en su diversidad. Exigimos acciones concretas en que puedan salvar vidas y justicia para todas las víctimas de femicidio, con reparación integral para sus familias.

Nos sumamos a las demandas de los diferentes movimientos de mujeres en Costa Rica, a marchar en todo el país este 8 de marzo, por los derechos humanos de las mujeres, porque la lucha contra la violencia género, es una tarea de todos y todas.

Solo mediante acciones concretas y presencia real del Estado, desde un enfoque integral, que involucre a la familia, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, podremos garantizar un Estado de bienestar, un país realmente democrático.

¡Por una Costa Rica sin violencia y con justicia para todas las mujeres!

Pronunciamiento Político de la Seccional ANEP-DIVERSIDAD de Costa Rica

A la opinión pública nacional e internacional:

La Seccional ANEP-DIVERSIDAD, en su compromiso con la defensa de los derechos humanos y en particular de la comunidad LGBTIQA+ de Costa Rica, se ve en la obligación de pronunciarse de manera enérgica contra las regresivas acciones del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles que, en los últimos días, ha dado señales claras de retroceso en lo que respecta al respeto y garantía de los derechos de todas las personas, especialmente aquellas que integran las diversidades sexuales y de género.

Es inconcebible que, en pleno siglo XXI, el Gobierno de la República pretenda eliminar protocolos fundamentales que han sido diseñados para proteger a las y los niños, niñas y adolescentes que sufren acoso, bullying y violencia por su orientación sexual o identidad de género. Este tipo de acciones no solo atentan contra el bienestar de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, sino que también van en contra del principio fundamental de igualdad y no discriminación que nuestra Constitución y tratados internacionales consagran.

En su reciente declaración, el Presidente Chaves expresó que eliminará los protocolos de protección contra el bullying en el ámbito educativo, lo cual constituye un ataque directo contra la comunidad LGBTIQA+ y un desconocimiento absoluto de los efectos devastadores que la violencia homofóbica y transfóbica tiene sobre la salud mental y emocional de los jóvenes. El bullying, la violencia y la discriminación en las escuelas no son situaciones aisladas; son una realidad diaria que afecta a miles de estudiantes en todo el país, y no pueden ser minimizadas o ignoradas por un Gobierno que debería velar por la integridad y dignidad de todas y todos los costarricenses.

Rechazamos categóricamente las declaraciones del Presidente Chaves y su intento de desmantelar los avances en la lucha por la igualdad y los derechos humanos. Las y los niños y adolescentes y todas las personas que pertenecen al movimiento LGBTIQA+ deben ser protegidos, no solo de la violencia física, sino también de la violencia simbólica que perpetúa la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación. Es urgente que el Estado costarricense continúe con la implementación de políticas públicas que promuevan la diversidad, la inclusión y el respeto por la dignidad humana.

La Seccional ANEP-DIVERSIDAD se solidariza con todas las personas LGBTIQA+ y sus familias, y rechaza cualquier intento de retroceso en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de discriminación. Hacemos un llamado a la sociedad costarricense para que no se quede indiferente ante estas agresiones, y para que exija al Gobierno que rectifique sus decisiones y asuma su responsabilidad en la protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna.

No permitiremos que se socaven los avances logrados en nuestra lucha por la visibilidad, el respeto y la dignidad de las personas LGBTIQA+. Exigimos que se mantengan y fortalezcan los protocolos de protección, y que se respete el derecho de cada persona a vivir libremente su orientación sexual y su identidad de género sin temor a ser discriminada o violentada.

¡Ni un paso atrás en la lucha por los Derechos Humanos!

Atentamente,

Seccional ANEP-DIVERSIDAD

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Costa Rica

La ampliación de la jornada de trabajo de las mujeres a 12 horas como expresión de la violencia de género

Frank Ulloa | Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA

Frank Ulloa Royo

La violencia de género también impregna las leyes laborales y por tanto tiene un impacto significativo en el trabajo de las mujeres. En la vida diaria y en su incorporación al proceso de trabajo, las mujeres enfrentan una serie de desafíos que reflejan las desigualdades y la discriminación profundamente arraigadas en la sociedad. Existe una relación directa e interacciones entre la violencia social, el trabajo de las mujeres, la discriminación y las desigualdades en el ámbito laboral. En razón del proyecto de ley que pretende aumentar la jornada de trabajo a doce horas, examinamos esta propuesta desde la óptica de las mujeres trabajadoras, porque este cambio en la regulación de la jornada busca aumentar la jornada laboral de las mujeres a 12 horas, dejando de lado la perspectiva de género y a la luz de los Convenios Internacionales de la OIT.

La violencia social, la discriminación y las desigualdades en el trabajo son fenómenos interconectados que afectan negativamente a las mujeres. Las propuestas de aumentar la jornada laboral a 12 horas ignoran las realidades de la doble carga de trabajo y los riesgos asociados para la salud de las mujeres. Es esencial adoptar políticas laborales que promuevan la igualdad, protejan la salud y bienestar de las trabajadoras y respeten los derechos humanos.

La OIT (2021) ha señalado que las mujeres trabajan en promedio 4 horas más que los hombres cuando se combinan las responsabilidades laborales y domésticas. Este proyecto de ley va a afectar al 47 % de las mujeres costarricenses que son encargadas de su propia familia. A partir de este enfoque, es posible encontrar sesgos androcéntricos en los derechos, los principios fundamentales o en las garantías constitucionales, así como en los mecanismos por medio de los cuales se protegen. Al identificarlos, se requiere hacer un replanteamiento desde la perspectiva de género con la intención de ser inclusivos en la formulación de las leyes.

Violencia social y trabajo de las mujeres

Las mujeres no solo enfrentan acoso y violencia en el hogar, sino también en sus lugares de trabajo. Esta violencia se manifiesta de múltiples formas, desde el acoso sexual hasta la violencia física y psicológica. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), una de cada tres mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en el lugar de trabajo.

Consecuencias de aumentar la jornada laboral a 12 horas:

Las propuestas de aumentar la jornada laboral a 12 horas para las mujeres tienen implicaciones severas para su salud y bienestar y la de sus familias. Estudios han demostrado que largas jornadas laborales están asociadas con un aumento en enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental y fatiga crónica. La OMS (2016) ha advertido que trabajar más de 55 horas por semana aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular en un 35% y el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica en un 17%.Para las mujeres, estas consecuencias pueden ser aún más graves debido a la doble carga de trabajo. Aumentar las jornadas laborales sin proporcionar apoyo adicional puede llevar a un deterioro significativo de la salud física y mental de las mujeres, exacerbando las desigualdades existentes.

Derechos humanos y normativas internacionales

La propuesta de aumentar las jornadas laborales contraviene los principios de los derechos humanos y las normativas internacionales. El Pacto de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual muchos países de América Latina son signatarios, establece el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, incluyendo jornadas laborales razonables. La OIT también aboga por jornadas laborales que no comprometan la salud y el bienestar de los trabajadores.

La OIT y las condiciones de trabajo de la mujer

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado varias propuestas y estrategias para mejorar y equilibrar el trabajo de la mujer. Aquí te presento algunas de las más destacadas:

Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2022-2025

Este plan se centra en promover la igualdad de género en el mundo del trabajo y aborda temas como la discriminación, la violencia y las desigualdades salariales. Entre sus objetivos se encuentran:

  • Promover la igualdad de oportunidades: Asegurar que tanto hombres como mujeres tengan acceso a empleos dignos y productivos.

  • Mejorar la protección social: Fortalecer la cobertura y eficacia de la protección social para todos los trabajadores.

  • Fomentar el diálogo social: Promover el tripartismo y el diálogo social para abordar las desigualdades de género.

Convenios y recomendaciones claves

La OIT ha establecido varios convenios y recomendaciones que son fundamentales para la igualdad de género en el trabajo. Algunos de los más importantes incluyen:

  • Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111): Prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación.

  • Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156): Protege a los trabajadores con responsabilidades familiares.

  • Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183): Garantiza la protección de la maternidad y el derecho a la licencia por maternidad.

  • Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

De manera concreta el proyecto de ley para ampliar la jornada de la mujer a doce horas contraviene el Convenio (núm. 156) que tiene como objetivo principal garantizar la igualdad de oportunidades y tratamiento para hombres y mujeres trabajadores con responsabilidades familiares. Este instrumento internacional reconoce que las responsabilidades familiares pueden afectar negativamente las condiciones laborales de los trabajadores y busca abordar estas desigualdades a través de diversas medidas.

Lo anterior lo afirmo porque el Convenio propone fomentar la igualdad de oportunidades y tratamiento al establecer que las trabajadoras con responsabilidades familiares deben recibir igualdad de oportunidades y tratamiento en el empleo, sin discriminación. Asimismo, busca proteger a las trabajadoras con responsabilidades familiares contra el despido injustificado, como podría ocurrir por las ausencias para atender responsabilidades familiares por enfermedad o cuidados. Finalmente propone mas bien reducir jornadas por distintos medios y horarios flexibles y trabajo remoto, para ayudar a los trabajadores a equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares, en busca de promover en la practica la igualdad de género en el ámbito laboral y de apoyar a los hombres y mujeres en la asunción de responsabilidades familiares.

Estrategias para la igualdad de género

La OIT también promueve la incorporación de la perspectiva de género en todas sus actividades y políticas. Esto incluye:

  • Divulgación de información: Aumentar la conciencia sobre los derechos laborales y la igualdad de género que debe considerarse al modificar las leyes.

  • Medidas diferenciadoras: Implementar medidas de apoyo específicas para responder a las necesidades y intereses de las mujeres y los hombres.

  • Promoción de la igualdad en el lugar de trabajo: Asegurar que tanto mujeres como hombres tengan igual acceso a los derechos laborales. Reducción de las jornadas de trabajo y la creación de apoyos familiares.

Costa Rica contra corriente:

Mientras los países de América Central avanzan en derechos el país avanza contra corriente, en favor de la eliminación de derechos y generando mayores desigualdades al proponer proyectos como el de aumento de jornada que parece que tiene los votos inconscientes necesarios para contribuir destruir la calidad de vida de miles de mujeres. Costa Rica con esta propuesta de ampliación de jornada contraviene las propuestas y estrategias buscan crear un entorno laboral más equitativo y justo para todas las personas, independientemente de su género. 1

De esta manera sectores de la Asamblea legislativa lejos de darle una perspectiva de género a la legislación para crear un entorno laboral más equitativo y justo, reconociendo la importancia de las responsabilidades familiares y su impacto en la vida laboral de los trabajadores, promueven nuevas y mayores desigualdades.2

Así, Costa Rica dejó atrás su doble moral y de manera clara impulsa estrategias contrarias a la corriente de derechos humanos que impulsa la OIT y que se resume en varias propuestas pro derechos de las mujeres.

Bibliografía

  • Aznar Aguilarte, Alexandra María. «Los orígenes del derecho al trabajo en Francia (1789-1848).»

  • Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018). «Ending violence and harassment against women and men in the world of work.»

  • Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). «World Employment and Social Outlook: Trends 2021.»

  • Organización Mundial de la Salud (OMS). (2016). «Long working hours and the risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis.»

  • Pacto de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1988).

  • Vázquez Macías, Ana. (2022). «La evolución del régimen jurídico del trabajo de la mujer: la conciliación de la vida laboral y familiar como vía estratégica para alcanzar la igualdad de género.» Tesis de Máster, Universidad de Oviedo. España.

1 La perspectiva de género en el derecho laboral es un tema de especial importancia que busca abordar las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. En el libro «Los orígenes del derecho al trabajo en Francia (1789-1848)», Alexandra María Aznar Aguilarte analiza cómo las políticas laborales comenzaron a reconocer y tratar estas desigualdades desde sus primeras formulaciones. Allí examina la evolución de las leyes y políticas laborales que surgieron durante este período y cómo estas leyes comenzaron a reconocer el trabajo como un derecho fundamental.

2 Ana Vázquez Macías (Universidad de Oviedo,2022) concluye que la corresponsabilidad en las responsabilidades domésticas y familiares es esencial para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Ella argumenta que, aunque formalmente se reconoce la igualdad, la realidad material muestra que las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas principalmente por las mujeres, lo que lleva a una doble jornada de trabajo-hogar y limita las oportunidades de promoción laboral para las mujeres, lo que se afecta con normas aparentemente neutras como la ampliación de una jornada para estimular la inversión extranjera.

La juventud lo exige

Por Marlin Oscar Ávila

Marlin Óscar Ávila.

Es completamente vergonzoso ver a un grupo de jóvenes de ambos sexos ser expulsados de los Estados Unidos de Norte América, encadenados de pies y manos, atados unos a otros como si fuesen delincuentes. Todo mundo sabe que son jóvenes que emigran de sus comunidades en búsqueda de un mejor futuro.

Los grandes medios se niegan a hablar de la fuerte decaída económica, social y moral que está teniendo ese país, otrora eje de la economía mundial. Por esto nuestra juventud sigue viendo hacia el norte, sin ni siguiera detener su vista en la gran nación mexicana, que se está convirtiendo en una potencia mundial.

El poder económico y de oportunidades de EUA se está convirtiendo en un mito. El migrante no deja de ser explotado, con los más bajos salarios, por el hecho de considerarlo indocumentado. Los empleadores lo prefieren indocumentado porque así lo somete a sus caprichos. Esa situación de vulnerabilidad le hace vivir sometido y constantemente en un estado de miedo de ser deportado, de ser calificado terrorista por ese gobierno de extrema derecha.

Nuestros gobiernos en Iberoamérica si deben reunirse y unirse para construir una alternativa regional. La voz cantante la ha tenido la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, como presidenta pro tempore de la CELAC, no obstante, su última convocatoria está siendo boicoteada por la derecha regional. Los ciudadanos iberoamericanos debemos apoyar esa convocatoria, para discutir los nuevos proyectos del gobierno estadounidense y construir una estrategia regional que le haga contrapeso con una visión de paz, humanista y de solidaridad entre los pueblos pobres.

Todos sabemos que el presidente D. Trump, representa la oligarquía gringa y las fuerzas del neofascismo en crecimiento mundial. El pueblo centroamericano no se puede quedar inerte viendo cómo se van empobreciendo los pueblos nuestros, concentrando en el uno por ciento (1%) las riquezas de todos y todas.

No debemos permitir que la campaña de la gran empresa contra la presidenta Xiomara tenga éxito alguno.

Los que siempre ganan

Federico Sanri

Las dos narrativas sobre la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, aunque contrastantes, coinciden en un punto: ambas presentan a un gran vencedor. Desde el lado de la maquinaria político-económica tradicional, reflejada principalmente en los medios de comunicación masivos, la responsabilidad está clara: no es Trump quien debe asumir la culpa por enviar a los migrantes colombianos como si fueran criminales, amarrados de pies y manos, sino Petro, por no haberlos recibido en esas condiciones. Además, circula la versión de que el presidente colombiano había dado su autorización, pero se arrepintió repentinamente. No faltan quienes sugieren que, a esa hora, Petro estaba bajo los efectos del alcohol, lo cual habría influido en su decisión de tuitear a las 3:30 a.m. la orden de no permitir el aterrizaje de los aviones.

Trump, en esta versión, amenaza con imponer sanciones, retirar visas, cerrar embajadas y llevar a Colombia al «infierno», mientras Petro cede sin mayores condiciones, aunque con una estrategia meramente verbal, hablando de dignidad y otros temas de su “abanico populista”. En este contexto, Petro es presentado como irresponsable. Efraín Cepeda, presidente del Senado, se encargó de señalar a quienes lo quisieron escuchar que Petro había jugado con el empleo de millones de colombianos y, además, se estaba «abrazando al régimen de Maduro». Así, la derecha resume la situación: el país está en manos de un irresponsable, de un loco que quiere pelear contra lo imposible.

En esta narrativa, la conclusión es clara: Trump gana, Petro pierde.

Sin embargo, en esta disputa por la verdad, donde los medios tradicionales han mostrado una creciente falta de imparcialidad, tanto la prensa alternativa como figuras cercanas al presidente han construido una narrativa completamente diferente. Según esta, el verdadero culpable de la crisis es Trump, por sus políticas discriminatorias y xenofóbicas, además de su arrogancia al intentar colocar a todos los países de la región a su servicio y pisotear la dignidad de los inmigrantes deportados. El mensaje de Trump es claro: «Nosotros no los necesitamos: ustedes nos necesitan». Desde la doctrina Monroe, que proclamaba que «América es para los americanos», se ha revelado que, en realidad, América es para los norteamericanos, dejándonos a nosotros fuera de la definición. Por eso, el «sueño americano» no incluye viajar a Machu Picchu.

Desde esta perspectiva alternativa, se muestra a un Petro lúcido, que fue engañado y no sabía que los colombianos serían deportados en esas condiciones. Petro nunca dijo que no aceptaría las deportaciones; simplemente revisó las condiciones bajo las cuales se aceptarían. Se le ve como un líder que representa un sentir regional y una dignidad histórica que ha sido pisoteada tantas veces que ya nadie recuerda lo que es una relación sin rodilleras con el coloso del Norte. Por eso, el presidente colombiano ha decidido que no aceptará aviones militares, sino que será Colombia quien enviará su propio avión a recoger a los deportados.

Por otro lado, cuando Trump amenaza con subir los aranceles, Petro responde de manera similar. No se amilana. En un paralelo con Samper (cuando con orgullo dijo que no necesitaba visa para ir a Chaparral), Petro casi que renuncia a volver a Norteamérica si no es para ir a los barrios populares. Finalmente, recurre y se ampara en símbolos vernáculos, como la ancestral orfebrería de Chiribiquete, para demostrar que también se siente orgulloso de sus raíces y que no necesita la bendición del imperio.

Según esta narrativa, el verdadero perdedor en esta disputa es Trump, quien tuvo que retroceder. Petro 1, Trump 0.

Los colombianos que siguen informándose a través de los medios tradicionales están convencidos de que el presidente colombiano perdió la cordura y esperan el pronto retorno de la clase política tradicional, que no pretende ni promete cambiar lo que ya es. «Si esto es el cambio, dejémoslo así y volvamos a lo seguro». Regresa el terror en las voces de miedo y los ojos que insisten en ver todo en blanco y negro, desde ambos extremos.

Que ambos lados reclamen la victoria no es sorprendente; lo realmente interesante será determinar quién ganó, una respuesta que solo el mediano y largo plazo podrán brindar. Por ahora, vemos las imágenes de los compatriotas recién deportados, quienes nunca se sintieron tan bien atendidos ni habrían sido recogidos en avión presidencial en un gobierno que no fuera de corte progresista. Que hayan sido recibidos en condiciones dignas es algo que no gusta a muchos; ya vislumbro investigaciones en los medios masivos sobre cuánto le costó al país el viaje del avión presidencial, mientras que Estados Unidos los devolvía sin gastar un solo peso. Incluso se abrirá el debate sobre si el avión presidencial puede ser usado para transportar inmigrantes ilegales como si fueran héroes: ya lo veremos.

Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, vemos cómo alguien le dice «no» a Trump. Falta ver si será la última. Una de las formas de entender el ganador del pulso será si alguien más en la región sigue el ejemplo de Petro.

Esta situación, sin duda, se presentará como una de las nuevas estrategias para introducir un escenario político polarizado de cara a las próximas elecciones, cuando se recordará este momento que ocasionó un pánico apenas lógico en un país que vende 13.100 millones de dólares anuales a la potencia del Norte (un 30% del total de nuestras exportaciones).

Es un estreno que parece descomunal para una recién nombrada Laura Sarabia; uno se pregunta, con razón, qué tan capacitada está para el cargo. Veremos cómo se manejará una crisis que aún no ha terminado ni comenzado del todo. Por ahora, con las declaraciones de maltrato que se conocen por parte de los inmigrantes colombianos que van llegando y denuncian los abusos de las autoridades del gobierno norteamericano, me gustaría pensar en un empate. Un empate en el que, sin embargo, todos se consideran ganadores.

Cada quien quédese con el suyo al final de este artículo.

Municipalidades deben ser agentes de cambio para eliminar la discriminación

Voces y realidades de las poblaciones vulnerabilizadas

Representantes de algunas poblaciones vulnerabilizadas coinciden en el papel que tienen las municipalidades en el abordaje para la eliminación de todas las formas de discriminación a través de políticas e iniciativas que consideren necesidades y especialidades en la gestión municipal.

De acuerdo con Ana Patricia Rodríguez, de la Red de Mujeres Municipalistas, existen grandes desafíos a nivel nacional en temas de género como, por ejemplo, avanzar en la participación y representación política de las mujeres en cargos de elección popular en los gobiernos locales, más capacitaciones y sensibilización sobre el enfoque de género, establecer presupuestos con dicho enfoque y realizar un reforzamiento de las oficinas de la mujer, que son instancias estratégicas en el ámbito local para la promoción y defensa de los derechos de esta población.

Dichas unidades enfrentan diversos problemas que afectan considerablemente su razón de ser, ya que no cuentan con el presupuesto y recurso humano multidisciplinario para atender los temas que afectan a las mujeres y, por la tendencia de varios municipios de asignar a dichas oficinas tareas que no están relacionadas con su finalidad.

La activista de la población afrodescendiente, Laura Hall, señala la necesidad de identificar a nivel estadístico la presencia de esta población en los diferentes cantones del país, así como contar con representación en los gobiernos locales de personas de diversas etnias.

“Tenemos grandes desafíos de visibilidad, racismo estructural, no se entrevé las necesidades de la población afrodescendiente para incidir en la toma de decisiones a nivel local y así tener respuestas efectivas y eficaces”, dijo Hall.

La activista de la población LGTBIQ­+, Margarita Salas Guzmán, recalcó que los gobiernos locales tienen la potestad para disminuir la violencia y discriminación hacia estas poblaciones, por lo que se requiere voluntad política para tomar acciones, tales como implementar capacitaciones internas en las municipalidades para promover los derechos de esta población y que existan mecanismos de denuncia para atender incumplimientos o casos de violencia, para avanzar hacia la constitución de cantones inclusivos que transversalicen los Derechos Humanos.

Estas perspectivas fueron parte de las conclusiones de un seminario organizado a finales del año anterior por la Defensoría de los Habitantes con el apoyo de la Unión Nacional de Gobierno Locales «Gobiernos locales y Derechos Humanos: Buenas prácticas y desafíos», el cual fue un espacio clave para fortalecer el compromiso de los gobiernos locales con la protección y promoción del principio de igualdad y no discriminación en la gestión municipal.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría incide en incorporación de criterios de no discriminación en propaganda comercial

Oficina de Control de Propaganda atiende llamado

La Defensoría de los Habitantes gestionó en mayo del presente año ante la Oficina de Control de Propaganda, en el sentido de que, si bien dicha instancia fue creada inicialmente para atender los artículos 1° y 2° de la ley N° 5811, tratándose de propaganda comercial en defensa de la dignidad de la familia y de la imagen de la mujer en la sociedad costarricense, era necesario aplicar además, otros criterios para evitar la divulgación de publicidad discriminatoria, tratándose de la autorización o restricción de anuncios comerciales, lo anterior de conformidad con el marco de legalidad/de convencionalidad vigente en el país.

El día 21 de noviembre de 2024, la Defensoría de los Habitantes recibió comunicación de la Oficina de Control de Propaganda que, en sesión 029-2024 del 19 de setiembre del 2024 en cumplimiento al artículo 4 del Reglamento de la Ley Número 5811 se efectuó una revisión y aprobación de los nuevos criterios de evaluación de publicidad comercial para cumplir con la Ley de Control de Propaganda, entre ellos:

  • Criterios relacionados con la discriminación
  • Criterios relacionados con la violencia.
  • Criterios relacionados con la sexualización y/o cosificación.
  • Criterios relacionados con estereotipos sociales y de género, asociados con la violencia simbólica.
  • Criterios relacionados con personas menores de edad.
  • Criterios relacionados con actividades para el consumo de personas mayores de edad.

Los criterios ahora incorporados, refieren a un trato desventajoso, restrictivo, burlesco, humillante, incapacitante y/o discriminación de una persona o población, basado en aspectos relacionados con la sexualidad, edad, aspectos étnicos, condición migrante, condición socioeconómica o formación educativa, condición de salud o discapacidad; violencia física, psicológica o emocional, económica o patrimonial, sexual; entre otros.

El actuar de la Oficina de Control de Propaganda del Ministerio de Gobernación y Policía debe erradicar los estereotipos sociales, todo ello en el enfoque marco de la protección de los derechos humanos de todas las personas habitantes de este país en el ámbito de la publicidad comercial.

Siendo que desde la Defensoría de los Habitantes se reconoce el esfuerzo efectuado y se insta a la institucionalidad pública para su divulgación y respeto, y se hace un llamado al sector privado para su efectivo cumplimiento. Es necesaria la promoción de este tipo de acciones para una efectiva promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Los criterios ahora incorporados, refieren a un trato desventajoso, restrictivo, burlesco, humillante, incapacitante y/o discriminación de una persona o población, basado en aspectos relacionados con la sexualidad, edad, aspectos étnicos, condición migrante, condición socioeconómica o formación educativa, condición de salud o discapacidad; violencia física, psicológica o emocional, económica o patrimonial, sexual; entre otros.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Los derechos de las mujeres son derechos humanos

La violencia sexual lesiona los derechos humanos de todas las personas que la viven. La dignidad, como principio fundamental para la garantía del respeto por los derechos de todas las personas, requiere la seguridad de una vida libre de cualquier tipo de violencia. Este debe ser el fin primordial de las instancias públicas encargadas de velar por la promoción, protección y garantía de derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa es el órgano parlamentario encargado de llevar adelante las tareas de control político y legislación para erradicar los patrones culturales y sociales de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en contra de cualquier persona, independientemente de su condición social. Asimismo, la perpetración de la violencia no distingue de posiciones políticas ni clase social, siendo especialmente grave y tortuosa para las sobrevivientes cuando la comete una persona en posición de poder y notoriedad pública.

En días recientes se conoció que el Ministerio Público investiga al diputado del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, miembro de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, por el delito de abuso sexual en contra de persona mayor de edad. Si bien se reconoce el derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso que le asiste a cualquier persona en las instancias judiciales, no se puede omitir que los procedimientos penales por delitos de violencia sexual también acarrean una enorme carga de revictimización, estigmas, prejuicios y costos personales para las personas denunciantes.

Tener una vida libre de violencia es un derecho humano. Por ello, las personas y organizaciones que suscribimos este manifiesto solicitamos públicamente al diputado Alvarado Muñoz abandonar su puesto como miembro permanente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa hasta tanto no se esclarezcan los hechos alrededor del grave delito por el cual se le investiga.

Consideramos que la violencia sexual es sumamente grave, y es deber de la institucionalidad apoyar a las denunciantes y no someterlas a situaciones de revictimización frente a sus presuntos agresores. Aunado a lo anterior, Costa Rica atraviesa una dolorosa espiral de violencia machista que demanda a las personas en puestos de representación popular brindar un ejemplo respetuoso de la dignidad, integridad y seguridad de todas las personas.

La Comisión de Derechos Humanos es un espacio en el cual se debaten asuntos que inciden directamente en el derecho a vivir una vida libre de violencia, razón por la cual no resulta apropiado ni pertinente que una persona cuestionada por aparentes delitos sexuales sea parte de este órgano vital.

Finalmente, se hace un llamado para todas las personas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a alzar su voz y denunciar. Romper el silencio es el primer paso para acabar con el encubrimiento y la impunidad. Asimismo, se insta a la sociedad en general a respaldar a las personas denunciantes de cualquier caso de abuso y violencia, con el fin de que se sientan fortalecidas y acompañadas en sus procesos de denuncia y sanación.

Suscriben,

Elizabeth Odio Benito, cédula 4-0078-0585
María Amalia Matamoros Landázuri, cédula 4-0145-0213
Marco Zúñiga Badilla, cédula 1-1740-00858
Roxana Víquez Salazar, cédula 1-0418-1237
Karla Salguero Moya, cédula 1-0748-0133
Julia María Ardón Morera, cédula 2-0386-0415
Mari Paz Matamoros Matamoros, cédula 4-0189-0362
Amanda Arroyo Cabezas, cédula 1-1656-0001
Yamileth Astorga Espeleta, cédula 1-0540-0192
Mauro Fernández Acuña
Yalile Chan Jiménez, cédula 1-0567-0078
Gabriela Saborío de la Espriella, cédula 1-0572-0355
Guillermo Arroyo Muñoz, cédula 1-0444-0252
Nerina Carmona Castro, cédula 1-0616-0754
Ana Cecilia Castro Calzada, cédula 1-0561-0190
Yara Mourelo González, cédula 2-0382-0947
César Castro Azofefia, cédula 1-1542-0195
Irene Salazar Carvajal, cédula 1-0733-0462
Sergio Iván Alfaro Salas, cédula 2-0464-0844
Nidia Molina Sibaja, cédula 2-0393-0669
Gerardo Hernández Naranjo, cédula 1-0677-0083
Vivian Solís Espinoza, cédula 1-1032-0333
Xinia Herrera Durán, cédula 2-0344-0672
Laura Astorga Carrera, cédula 1-0914-0100
Ana Beatriz Fernández González, cédula 1-0625-0678
Ana Zulema Jiménez Soto, cédula 1-0488-0193
Marta Solano Arias, cédula 1-0453-0311
Ana Helena Chacón Echeverría, cédula 1-0567-0359
Leda Zamora Chaves, cédula 2-0433-0362
Ricardo León Gómez, cédula 3-0445-0638
Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1-0483-0426
María Cecilia Aguilar Lara, cédula 2-0252-0321
Wendy Vásquez Pessoa, cédula 3-0364-0290
Carla Ramírez Brunetti, cédula 1-0648-0825
Cristina Salas, cédula 2-0388-0960
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Marlene Mora Camacho, cédula 1-0402-1336
Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 1-0468-0075
Rocío Abarca Sánchez, cédula 7-0160-0677
Luz María Chacón León, 2-0336-0097
Margarita Bolaños Arquín, cédula 1-0407-0764
Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 1-0399-0589
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9-0012-0762
María José De la Mata Mora, cédula 1-1131-0257
Norman José Solórzano Alfaro, cédula 2-0405-0106
Nelsy Saborío Rodríguez, cédula 1-0630-0624
Jenny Castro Acuña, cédula 1-0649-0965
Haydée Hernández Pérez, cédula 1-0559-0946
Claudia Vargas Medal, cédula 155827353415
Georgina Hidalgo Rojas, cédula 2-0325-0498
Sylvia Mesa Puluffo, cédula 8-0090-0464
Ariane Garnier, cédula 1-0624-0634
Syndell Bedoya Rivera, cédula 1-0584-0088
Gabriela Delgado Hidalgo, cédula 1-0963-0626
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Cristina Santamaría Navarro, cédula 6-0161-0193
Nuria Gamboa Mora, cédula 1-0533-0375
Thais Aguilar Zúñiga, cédula 1-0587-0972
Grettel Andrade Cambronero, cédula 1-0953-0838
Rubieth Jaén Angulo, cédula 5-0148-0959
Ericka María Álvarez Ramírez, cédula 2-0532-0025
Damaris Solano Murillo, cédula 5-0193-0665
Sandra Cartín Herrera, cédula 2-0343-0634
María Flor Abarca Alpízar, cédula 2-0285-0063
Nidia García Zamora, cédula 4-0171-0744
Rosa Alvarado, cédula 1-0403-1030
Ana María Botey Sobrado, cédula 1-0473-0692
Yamileth González García, cédula 2-0246-0555
Sonia Marta Mora Escalante, cédula 1-0412-1470
Elizabeth Briceño Jiménez, cédula 1-0721-0134
Jane Seglau Earle, cédula 8-0061-0877
Ana Leonor Saravia Vivas, cédula 1-0838-0916
Alma Aisemberg Saravia, cédula 1-1852-0879
Rebeca Eugenia Quesada Guell, cédula 1-0555-0138
Adriana Sequeira Gómez, cédula 1-1093-0980
Gloriela Brenes Murillo, cédula 1-0741-0195
Sary Montero Cabezas, cédula 2-0259-0860
Lorna Chacón Martínez, cédula 2-0481-0863
Silvia Monge Retana, cédula 1-0737-0490
Daniela Cordero Ardon, cédula 4-0183-0087
América Ardón Apuy, cédula 2-0632-0903
Catalina Obregón, cédula 1-0753-0231
Sara Schifter Sharatt, cédula 1-0313-0051
Dunia Espinoza Esquivel, cédula 1-0847-0569
Seidy Salas Víquez, cédula 1-0864-0094

MUSADE en sus 38 años transformando el dolor en empoderamiento para las mujeres

Enid Cruz Ramírez
Fundadora y coordinadora general de MUSADE
Fundación: 6 diciembre 1986

Este 6 de diciembre, MUSADE conmemoró 38 años de trabajo incansable en favor de los derechos de las mujeres. Fundada en 1986, en un contexto de profundas desigualdades y discriminación, la organización nació como una respuesta de base para combatir las opresiones que silenciaban y limitaban a las mujeres en Costa Rica.

Desde entonces, MUSADE ha sido mucho más que una organización: ha sido un refugio y un espacio de acogida para las mujeres que enfrentan violencia, desigualdad y exclusión. Aquí, el dolor ha encontrado consuelo, y las voces que alguna vez fueron silenciadas han florecido en mensajes de lucha y esperanza.

En un periodo en el que la violencia contra las mujeres era invisibilizada y la discriminación era parte del día a día, MUSADE rompió esquemas. Se posicionó como un referente, no solo para atender a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, sino también para empoderarlas, educarlas y acompañarlas en el proceso de reconstrucción de sus vidas. Ha sido un espacio de aprendizaje colectivo, donde cada mujer ha fortaleció su capacidad para desafiar las estructuras de opresión.

Retos a lo largo de 38 Años

A lo largo de estas décadas, MUSADE ha trabajado en múltiples áreas: prevención de la violencia de género, salud sexual y reproductiva, liderazgo comunitario y fortalecimiento de redes de apoyo. Ha contribuido a la creación de políticas locales que promuevan la igualdad de género y ha llevado adelante proyectos que benefician directamente a las mujeres en las diferentes regiones del país.

Entre sus mayores logros, destaca su capacidad para formar lideresas comunitarias, impulsar políticas públicas inclusivas y convertirse en un actor clave en la lucha por los derechos de las mujeres a nivel nacional. No obstante, MUSADE también enfrenta retos importantes:

  1. Sostenibilidad financiera: Como muchas organizaciones de base, asegurar recursos económicos constantes para continuar con su labor es un desafío permanente.
  2. Persistencia de la violencia de género: A pesar de los avances, la violencia sigue siendo una realidad para miles de mujeres, exigiendo que las estrategias de atención y prevención se adapten a contextos cada vez más complejos.
  3. Desafíos culturales y sociales: Romper con estereotipos de género y arraigos culturales sigue siendo una tarea urgente, especialmente en comunidades donde las desigualdades están profundamente enraizadas.
  4. Acceso a la tecnología y nuevos enfoques: En un mundo digital, MUSADE debe seguir integrando herramientas tecnológicas para amplificar su mensaje y llegar a nuevas generaciones de mujeres.

Una casa de empoderamiento

MUSADE ha sido y seguirá siendo un faro para aquellas mujeres que buscan transformar su realidad. Más allá de ser una organización, representa una red de sororidad, un hogar donde las historias se entrelazan, los miedos se superan y los sueños cobran vida. Su compromiso con la justicia social y la igualdad sigue siendo inquebrantable.

Celebrando el legado y mirando al futuro

En su 38 aniversario, MUSADE reafirma su misión de ser una voz para las mujeres, un espacio de aprendizaje y una plataforma para el cambio. Este aniversario no solo es un momento para celebrar lo que se ha logrado, sino también para recordar que la lucha por la equidad de género es un camino que sigue demandando esfuerzos colectivos.

MUSADE invita a la comunidad a ser parte de este legado, a unirse en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia para todas las mujeres.

¡Felicidades, MUSADE, por 38 años de transformar vidas y construir esperanza!