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Etiqueta: división de poderes

UNA hace llamado en defensa del Estado democrático y social de derecho y la división constitucional de poderes

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional se pronunció haciendo un vehemente llamado en defensa del Estado democrático y social de derecho y la división de poderes, principios constitucionales capitales de nuestra gobernanza y que han sustentado nuestra longeva y estable vida democrática.

Históricamente, Costa Rica ha basado su modelo de gobernanza y gestión pública en la consolidación de principios democráticos que resguardan los derechos y garantías individuales y sociales, y que han facilitado avances significativos en justicia social, libertades políticas, económicas y sociales, y han procurado el mayor bienestar de la población con fundamento en la responsabilidad del Estado en la tutela de esta tarea.

La Universidad Nacional, como institución autónoma y heredera del Estado Democrático y Social de Derecho, alza la voz para defender el principio constitucional consignado en el artículo 9, División de Poderes, frente a los constantes ataques promovidos por el Poder Ejecutivo, que se interpretan como acciones que debilitan la estabilidad democrática y política de nuestro país.

La división de poderes en Costa Rica es el resultado de la evolución y la consolidación de nuestra democracia política y tiene la finalidad de tutelar el poder para evitar arbitrariedades y excesos, así como impedir que un poder ejerza supremacía –imperio– sobre otros, para evitarlo se posibilitan las condiciones necesarias que resguarden la justicia y la libertad para toda la ciudadanía.

Los costarricenses no podemos ni debemos permitir la concentración del poder en perjuicio de la ciudadanía; por el contrario, debemos asegurar el correcto funcionamiento de la institucionalidad y gobernanza democrática. Hoy más que nunca se exige el respeto a la independencia de poderes y el actuar en apego al ordenamiento jurídico en el marco de legalidad.

La autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, en particular, es vital para asegurar que la ciudadanía pueda recurrir a una justicia pronta, imparcial y libre de presiones políticas, solo así podrá el derecho primar sobre la arbitrariedad que estamos presenciando desde un poder de la República en particular.

El Consejo Universitario rechaza categóricamente las manifestaciones realizadas por el presidente de la República en contra del Poder Judicial por el hecho de ejercer la responsabilidad que la Constitución Política le encarga; asimismo, exhortamos vehementemente que desista de pronunciamientos públicos que descalifican la institucionalidad histórica y democrática de nuestro país, así como la pretensión de polarizar y generar desconfianza entre la población.

Reafirmamos nuestra defensa inquebrantable a favor del Estado democrático y social de derecho, así como de la autonomía de los poderes públicos, pilares de la democracia. Solo a través del respeto podremos construir una sociedad más justa, equitativa y libre, donde cada persona tenga la certeza de que sus derechos serán protegidos y su voz será escuchada porque la democracia se defiende con firmeza, pero también con respeto al debido proceso, responsabilidad ciudadana, diálogo y compromiso con el desarrollo de las instituciones del Estado.

¡En defensa del Estado democrático y social de derecho, por la autonomía de los poderes de la República y por el bienestar de Costa Rica!

Atentamente,

M.Sc. Steven Oreamuno Herra
Presidente del Consejo Universitario

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Carlos Manuel Vega propone presentar coadyuvancias ante la Sala Constitucional

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El 30 de mayo de 2023 la Sala Constitucional dio curso a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ANEP. La acción tiene como objetivo declarar inconstitucionales varios artículos de la Ley Marco de Empleo Público N°10.159 (LMEP) por considerar que violan diversos derechos y principios constitucionales y de derechos humanos.

ANEP argumenta que los artículos impugnados lesionan los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, debido proceso, autonomías constitucionales, principio de retroactividad y derechos adquiridos. Señala que la LMEP otorga al MIDEPLAN funciones y decisiones que afectan el principio de división de poderes y las autonomías constitucionales. Además, se argumenta que la ley viola el principio de irretroactividad de la ley y afecta los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.

Tambien criticó el «salario global» establecido por la ley, que representa una rebaja encubierta de salarios y una violación del principio de igualdad. Menciona la falta de compensación de la inflación anual y su impacto negativo en otros derechos económicos y sociales. Cuestiona la creación de una doble categoría de funcionarios en las instituciones públicas, con diferentes condiciones laborales y salariales. Además, argumenta que la ley concede al MIDEPLAN poderes para reducir las planillas de instituciones con independencia y autonomía constitucional, lo cual vulnera principios constitucionales y de seguridad jurídica.

ANEP, además, critica el nuevo proceso administrativo de despido establecido por la LMEP, que no cumple con los principios del debido proceso y las garantías reguladas en otras normas. Además, se menciona la limitación de las convenciones colectivas y la creación de una plataforma integrada de empleo público que manejará información sensible de los trabajadores sin definir límites claros.

Puede encontrar la resolución completa en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1157845

Ante esta situación Carlos Manuel Vega sugiere presentar coadyuvancias al proceso iniciado por ANEP para darle más fuerza.

Sala Constitucional da curso a la acción de inconstitucionalidad de la ANEP contra la Ley Marco de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

– Así fue notificada nuestra organización el día de hoy por el sistema de gestión en línea

La Sala Constitucional dio curso a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la ANEP, el pasado 10 de febrero del 2023, contra la Ley Marco de Empleo Público en la cual se cuestiona una serie de artículos y normativas presentes en la ley Nº 10.159.

En la acción de inconstitucionalidad de la ANEP, se solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 5, inciso b),6, 7, incisos a), c), d) f), l) y m), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29,30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49 incisos a), c), d), e) f), Transitorios VII, XI, XII y XV de la Ley Marco de Empleo Público n°10.159 (LMEP), por estimar que lesionan los artículos 1, 9, 11, 34, 39, 50, 56, 57, 62, 73, 74, 84, 85, 87, 99, 156, 170 y 188 y siguientes, así como los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el debido proceso, las autonomías constitucionales, el principio de retroactividad, los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Todos estos derechos están establecidos en la Constitución Política y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica en materia de derechos económicos y sociales.

Para la ANEP, las normas impugnadas afectan tres grupos de derechos y principios: los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías), los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario) y los sindicales (derecho a la negociación colectiva).

Para nuestra organización, el Estado costarricense es un Estado Social de Derecho, lo que significa que deben garantizarse una serie de derechos fundamentales. Entre ellos, la no concentración del poder, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la progresividad de los derechos.

Desde la ANEP, consideramos que una de las afectaciones que denota la LMEP es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al MIDEPLAN, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público.

En nuestra organización tenemos claro que la Asamblea Constituyente de 1949, estableció en la Constitución Política, los principios de separación de poderes y autonomía de algunas instituciones públicas, instituciones de educación universitaria superior y municipalidades, como una forma de garantizar un sistema de “pesos y contrapesos” que equilibran el uso del poder público y garantizan el Estado Social de Derecho.

En la notificación la Sala Constitucional le confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al presidente del Directorio Legislativo y a la ministra de Planificación Social y Política Económica.

Contrapesos republicanos y contrapesos ciudadanos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

La división de poderes ha funcionado en sociedades en que la ciudadanía es un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos.

Por Miguel Sobrado*
20 de noviembre 2022

La exclusión de las mayorías, especialmente afrodescendientes, los de origen indígena y pobres en general, junto con el centralismo institucional, sigue siendo una característica en nuestro continente.

La república, como sistema político, presupone un equilibrio de pesos y contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que cimenta las democracias. Esta división ha funcionado en sociedades en que la ciudadanía es un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos.

Son Estados donde existe acceso a la propiedad y oportunidades que favorecen el bienestar, tales como la educación y la salud, condiciones que permiten ascender socialmente y participar en las decisiones, especialmente, locales y regionales.

Estas condiciones conducen no solo al crecimiento social y del capital humano, sino también al progreso económico, y estimulan una mejor distribución del ingreso y amplia participación ciudadana. Esto se evidencia en los países nórdicos y algunas partes de los Estados Unidos. En otras palabras, los pesos y contrapesos operan no solo porque existen formalmente, sino también porque se sustentan en una base social empoderada.

En América Latina, las repúblicas nacieron con los dados cargados, basadas en la exclusión de las mayorías y la desigualdad social, situación no superada en la mayor parte del continente, especialmente para los afrodescendientes de Brasil, el Caribe y sur de los Estados Unidos —que comparten la historia esclavista con América Latina—, quienes fueron los que con trabajo forzado produjeron durante siglos la riqueza y los grandes capitales de estos países.

La situación de los indígenas americanos, sometidos a la servidumbre mediante las encomiendas españolas, no fue mucho mejor, y con su aportación obligada se amasaron también los grandes capitales de México, Centroamérica y sur de la América andina.

La lucha por la independencia y la construcción de repúblicas fue una reivindicación de los hijos de los conquistadores, nacidos en América o criollos, que fueron discriminados por Madrid en favor de los peninsulares. Su lucha solo involucró a las poblaciones indígenas y mezcladas como carne de cañón en las guerras, pero no les abrió acceso a las tierras ni a la educación. La élite criolla, por su parte, mantuvo el sistema centralista heredado de España para su beneficio y cerró las puertas a los desarrollos regionales.

Exclusión persistente

A pesar de los siglos transcurridos y los cambios —más cosméticos que profundos—, la exclusión de las mayorías, especialmente afrodescendientes, los de origen indígena y pobres en general, junto con el centralismo institucional, sigue siendo una característica en nuestro continente. De ahí que, por carecer de una base ciudadana empoderada, no haya existido un soporte social al balance de poderes y nuestras repúblicas hayan renqueado a lo largo de la historia hacia el autoritarismo.

Esto es especialmente grave en la época en que vivimos debido a tres razones: a) la importancia del conocimiento y la educación de calidad para el desarrollo de nuestros países en este siglo; b) el crecimiento del poder del narcotráfico, que se alimenta, entre otros, de la exclusión, en un momento en que los sistemas clientelistas tradicionales se encuentran agotados; y c) la necesidad de preservar y regenerar el medioambiente para mitigar los desastres del cambio climático.

Nuestro problema como latinoamericanos tiene orígenes sistémicos, debe hacérsele frente con soluciones que rompan los círculos viciosos, dirijan parte de los ingresos a una inversión en educación y capacitación modernas que propicien soluciones a través de los movimientos sociales e instituciones renovadas la participación autónoma organizada de los grupos y comunidades.

La medición del impacto de las políticas públicas debe hacerse considerando los resultados tras la incorporación de los excluidos a los procesos educativos y la capacitación organizacional que impulse su integración a la vida nacional y local.

Estos resultados son los que interesan, y son el mejor indicador de que se están creando fundamentos sólidos para la construcción de una república moderna y para el ejercicio de las libertades democráticas.

Brasil

Lula, en Brasil, en sus gobiernos anteriores, creó 29 universidades federales para brindar oportunidades a los excluidos y contribuir de esta manera también a mitigar la explosión social, en una realidad convulsa. Aunque no fue suficiente, pues dejó por fuera a quienes perdieron la oportunidad educativa básica, fue un paso en la dirección correcta.

En su nuevo gobierno, sería conveniente que aproveche la capacitación masiva llevada a cabo por Clodomir Santos de Morais, a quien premió por su trabajo en la lucha contra la pobreza, como uno de los ejes de la política de inclusión.

La experiencia fue aprovechada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra para formar cooperativas y comunidades, y ha sido exitosa durante las últimas décadas en tres continentes. Debe valorarse, más allá de la formación de empresas, que es en lo que ponen énfasis los tecnócratas, el poder de organización ciudadana y su aportación a mediano plazo a la creación de una base social de gestión democrática.

Debemos recordar que el narcotráfico, a través del terror y su poder económico, se perfila como una opción real. Al mismo tiempo, crece la amenaza del cambio climático para nuestras naciones y la especie humana.

*miguel.sobrado@gmail.com
El autor es sociólogo.

Compartido con SURCOS por el autor.

Reconstruyendo el Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Al parecer, la resolución de la Sala IV respecto del “Proyecto Ley Marco de Empleo Público” tuvo algo de “salomónica”. Por un lado, reafirmó el precepto constitucional y democrático de división de poderes, por lo tanto, salió en defensa del Estado de Derecho y la democracia como régimen jurídico. Y, por otro, legitimó la propuesta de un salario único sin pluses y limitó la negociación, vía convenciones colectivas, en esta materia, lo que implica en cierta forma apoyo a una política de salarios decrecientes en el sector público y, por consiguiente, un golpe al Estado Social.

Avance en materia de gestión democrática, un freno a los aires oligárquico-autoritarios del pluripartidismo neoliberal en alzada. Y retroceso en materia socio-laboral en un sector estratégico para el desarrollo del país, a pesar de que ha sido intensamente vilipendiado por parte de quienes solo ven virtudes en el sector privado y vicios y privilegios en el público, atendiendo a esa trillada lógica maniquea con la que la prensa y los “publicistas” del neoliberalismo han venido atizando el fuego de los odios entre ambos sectores.

Celebramos la decisión de la Sala IV porque significa ponerle límites a una clase política que, como bien señala Marcos Roitman, al igual que “los hacedores del capitalismo transnacional rechazan los valores democráticos. Pero como creadores de la nueva derecha y seguidores del fascismo societal se manifiestan en fervientes defensores de la idea de progreso a favor de la economía de mercado, de la propiedad privada y del beneficio personal […] Sus ideas no se encuentran en la cruz gamada o en las camisas negras, las defienden los representantes de los organismos internacionales del FMI. El Banco Mundial, La OMC y de los gobiernos conservadores, neoliberales o defensores de la economía de mercado en sus versiones progresistas y socialdemócratas” (Roitman, Marcos (2007) Democracia sin demócratas y otras invenciones. Madrid, Ediciones sequitur, p.94).

Efectivamente, lleva razón el autor citado al calificar de “fascismo societal” a este conjunto de ideas y acciones políticas que vienen impulsando las nuevas fuerzas políticas, que se visten de progresistas y socialdemócratas, pero que en lo esencial son portadoras de un proyecto conservador cuya meta es desmantelar el Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes intereses empresariales y financieros nacionales y extranjeros.

Con gran acierto, el movimiento sindical ha convocado a un “Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho”. El país se encuentra en la encrucijada entre retroceder a la Constitución Liberal de 1871 o defender el Estado Social de Derecho de la Constitución vigente de 1949. Definitivamente, llegó la hora de demandar a los poderes del Estado actuar en consecuencia con los preceptos constitucionales que abogan por una repartición equitativa de la riqueza, la defensa y el respeto de los derechos humanos, así como la salvaguarda de la división e independencia de los poderes de la república.

NO al Estado Asocial sin Derecho de las fuerzas políticas del autoritarismo antidemocrático y SÍ al Estado Social de Derecho de las fuerzas sociales de la dignidad y la solidaridad.

Nota de redacción: En la foto de cabecera se aprecia una vista parcial del Encuentro Nacional por la Defensa del Estado Social de Derecho realizado este martes 3 de agosto, en el Centro Internacional de Convenciones de la ANDE. Asistieron más de cien personas de organizaciones sociales y sindicales.

Ley Marco de Empleo Público y equilibrio de poderes: programa Orden del Día

Escrito en . Publicado en Derechos.

El tema predominante en corriente Legislativa es el proyecto de Ley Marco de Empleo Público. Debido a esto, en el programa Orden del Día se analizará el tema y su relación con el equilibrio de poderes.

El programa tendrá la participación de Carlos Arguedas, Exmagistrado de la Sala Constitucional y exdiputado. También, participará Constantino Urcuyo, Politólogo-Abogado y exdiputado.

Usted puede seguir el análisis el próximo lunes 26 de abril a las 5pm, por la frecuencia radial 96.7 de Radio Universidad de Costa Rica y la transmisión vía Facebook Live en la página de Radio Universidad.

El espacio busca analizar los proyectos en corriente legislativa y sus implicaciones en el Estado Constitucional de Derecho y los derechos humanos.

Orden del día es conducido por la abogada, comunicadora y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la información, Giselle Boza Solano junto a Rosaura Chinchilla Calderón, abogada y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Respetar la separación de poderes es proteger la democracia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de Mujeres por Costa Rica

Con motivo del allanamiento de la Casa Presidencial llevado a cabo por la Fiscalía General de la República, en febrero del año anterior, por la publicación del Decreto Ejecutivo de creación de la Unidad Presidencial de Datos (UPAD), manifestamos nuestra preocupación por los procedimientos y el ambiente de crispación política que este acto generó.

Ahora la Asamblea Legislativa, llama a comparecer al señor presidente de la República sin que la Fiscalía General haya concluido el proceso de investigación y en flagrante oposición a las normas constitucionales que aseguran la división de poderes, sustento de nuestra institucionalidad democrática.

Si algo requiere nuestro país para enfrentar los grandes desafíos que nos ha generado la pandemia y sus consecuencias, es precisamente la seguridad jurídica y el respeto a los principios constitucionales.

Los procesos electorales no pueden, de ninguna manera, vulnerar los principios constitucionales que dan sustento a nuestra democracia.

Por la salud de la democracia instamos a los diputados y diputadas a respetar la investidura presidencial y el sano ejercicio de la división de poderes.