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Etiqueta: Documentos de Panamá

Costa Rica y los alcances de Mossack Fonseca

En medio de una discusión en el legislativo para sacar una ley sobre fraude fiscal, el escándalo de los #panamapapers ha demostrado cuán grande puede llegar a ser la red de offshore en el país centroamericano.

Jorge Coronado*

 

El entramado de bufetes de abogados, empresarios y políticos involucrados:

Al igual que en el resto del planeta, los Panamapapers han evidenciado en Costa Rica la práctica utilizada por sectores políticos, económicos y empresariales para evadir y eludir el pago de impuestos en el país.

Para tal fin, han contado con el apoyo de 34 bufetes de abogados costarricenses, que se han encargado de gestionar la apertura de 800 compañías offshore, de las cuales 362 son de capital mayoritariamente costarricense, el resto son de capitales extranjeros que operan en el país o capital mixto.

El principal bufete que empezó la relación con Mossack desde 1998 es Gonzalo Fajardo y Asociados, el dueño del bufete ha sido Director de Tributación Directa, Ministro de Economía y Diputado Nacional. Ha abierto más de 100 sociedades en paraísos fiscales propiedad de costarricenses.

Es de destacar que los principales bufetes de abogados del país, integrados por políticos, exministros, exdiputados, etc, están involucrados en el escándalo de panamapapers, ni uno solo de los bufetes más grandes del país, está fuera del escándalo, y en promedio es una relación con el bufete panameño de más de quince años, en los que todos los bufetes han estado gestionando la apertura de empresas offshore.

Los principales sectores empresariales involucrados tienen que ver con sectores exportadores de banano, piña, caña de azúcar, empresas vinculadas a Zonas Francas (en donde no pagan impuestos), sector turístico, sector inmobiliario, y el sector de la construcción de infraestructura, entre otros.

Tienen en común que son grandes sectores empresariales nacionales, con socios extranjeros, con los cuáles desarrollan millonarios negocios. Es de anotar, que en general, son sectores que ya gozan de “privilegios” fiscales como estímulos al sector exportador, y aun así, deciden recurrir a la estructura elusiva de las sociedades offshore en paraísos fiscales, para disminuir su ya escasa contribución tributaria en el país.

Finalmente a nivel de dirigentes políticos, tenemos a representantes de los principales partidos políticos de la derecha neoliberal involucrados. El padre del Fonseca (principal socio del bufete panameño) es costarricense con familiares que han sido ministros y políticos, una familiar de él es quien abre una sucursal en Costa Rica del bufete Mossack/Fonseca y esa persona termina siendo ministra de transportes durante el 2006/2009.

En el listado aparecen banqueros, miembros de Junta Directivas de Bancos Estatales, diputados, ex ministros de Hacienda, de Economía, de Salud, de Transporte, la familia Jiménez dueña del principal periódico del país La Nación, una exprimera dama de la república, embajadores incluido el anterior embajador ante Naciones Unidas e incluso dos ex Directores de Tributación Directa (Administración Tributaria del país).

Panamapapers y la oposición al registro de beneficiarios finales:

Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre Fraude Fiscal, que contempla por primera vez legislación para el conocimiento por parte de la administración tributaria de los beneficiarios efectivos o finales. A la fecha sólo con orden judicial puede la AT conocer cuáles son los beneficiarios finales de una sociedad costarricense.

La oposición ha sido fuertísima por parte de la Unión Costarricense de la Empresa Privada (UCCAEP) y de políticos de los principales partidos neoliberales, muchos de esos políticos hoy aparecen en los panamapapers. El argumento es que tener de conocimiento de la administración tributaria el registro de beneficiarios atenta contra la libertad de empresa.

Esta propuesta del registro de beneficiarios finales no se impulsa tanto como una iniciativa por transparentar el régimen tributario costarricense, sino como una exigencia planteada por la OCDE en el proceso de solicitud de ingreso que lleva adelante Costa Rica.

Un efecto adicional en Costa Rica de los panamapapers, es que va a dejar a los opositores (políticos y empresarios) del registro de beneficiarios finales sin argumentos para seguir oponiéndose. Los panamapapers sacan a la luz pública el entramado opaco establecido entre bufetes de abogados, empresarios, dueños de capitales privados y políticos, con el fin de evadir y eludir impuestos en el país. Con el registro de beneficiarios finales, vamos a poder conocer en detalle cómo se articula ese mundo subterráneo creado utilizando los portillos legales que el sistema permite, a fin de estafar a nuestros estados nacionales.

*Jorge Coronado es analista costarricense de políticas económicas internacionales. Copresidente de Latindadd y miembro de la Alianza Social Continental.

 

Tomado de http://www.economiacritica.com/2016/04/11/costa-y-los-alcances-de-mossack-fonseca/

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El debate fiscal a la luz de los “Documentos de Panamá”

Diego Zárate Montero*

El debate fiscal en Costa Rica ha sido uno de los temas más recurrentes en el escenario político nacional en los últimos trece años, desde la propuesta de reforma durante la Administración 2002-2006 y la reforma impulsada en el periodo 2010-2014, hasta los alarmantes acontecimientos relacionados al creciente déficit fiscal que alcanzó un 5,9% del PIB en el 2015 y la deuda pública del Gobierno Central que supera el 40% del PIB.

Como lo han señalado muchos expertos, la OCDE incluida, para impulsar los cambios sociales y económicos que requiere Costa Rica y para revertir las dificultades que enfrentan las finanzas públicas es indispensable, entre otras medidas, combatir la evasión fiscal y eliminar muchas de las exenciones fiscales. Incluso la misión de consulta del Artículo IV del FMI en el 2016 señala que la propuesta del gobierno para el fortalecimiento de las finanzas públicas en 2.5% del PIB mediante medidas que incrementen la recaudación tributaria «es apropiada dado el bajo esfuerzo recaudatorio de Costa Rica».

Por su parte, las recientes publicaciones de Semanario Universidad y DataBaseAR sobre los “Documentos de Panamá” ponen de manifiesto que el problema de evasión fiscal que vivimos en nuestro país trasciende nuestras fronteras, lo que compromete aún más las posibilidades de llevar a cabo una transformación profunda del sistema tributario costarricense. No se trata aquí de juzgar las personas físicas y jurídicas involucradas en tales acontecimientos sino de hacer ver que una estrategia seria y comprometida por parte de las autoridades costarricenses para atacar la evasión fiscal implica esfuerzos mayores de los que algunos sectores en Costa Rica, y en el resto del mundo, parecen estar dispuestos a realizar.

Costa Rica es desigual y polarizada
La evasión y la elusión fiscal son causas principales del déficit fiscal y de la inequidad. (Imagen con fines ilustrativos).

Por eso es indispensable señalar la mezquindad que implica ese tipo de evasión fiscal para países empobrecidos como el nuestro, ya que transmite un pésimo mensaje en términos del compromiso social de ciertos agentes económicos con esa visión del desarrollo que, como en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, recoge las mejores aspiraciones en términos de reducción de la pobreza, el desempleo y la desigualdad al promover el mayor bienestar para todos los habitantes del país de la mano con el más adecuado reparto de la riqueza.

Y es que el tema de ingresos fiscales no trata solamente la creación de más impuestos, sino también de cobrar los que ya están establecidos por ley. De hecho, para el actual Ministro de Hacienda, Helio Fallas, la evasión de impuestos es el principal problema fiscal del país y no es para menos: según estudios realizados por el Ministerio de Hacienda, solo en el impuesto sobre la renta en el 2013 se dio una evasión por parte de las personas jurídicas equivalente al 4,23% del PIB.

Si se le suma la evasión del impuesto sobre la renta de las personas físicas (1,63% del PIB) y la evasión en el impuesto general sobre las ventas (2.36% de PIB), la evasión fiscal de ese año resultó en un 8,2% del total de la producción nacional; es decir, la evasión fiscal en el 2013 fue mayor que el presupuesto que se debería destinar solo a educación pública, según nuestra Constitución Política.

Considerando los anteriores escenarios, es que desde el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, hacemos un llamado urgente para que las autoridades hacendarias y el pueblo costarricense presionemos a los diputados y diputadas de nuestra Asamblea Legislativa para que asuman con seriedad el debate fiscal y así podamos avanzar con las iniciativas que fortalezcan la hacienda pública, entre ellas, la Ley contra el Fraude Fiscal, que incluye el registro de accionistas y la reforma al impuesto sobre la renta que contemple los temas de renta mundial y global.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social

Escuela de Economía UNA.

 

Enviado a SURCOS Digital por UNA Comunicación.

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