El debate fiscal a la luz de los “Documentos de Panamá”

Diego Zárate Montero*

El debate fiscal en Costa Rica ha sido uno de los temas más recurrentes en el escenario político nacional en los últimos trece años, desde la propuesta de reforma durante la Administración 2002-2006 y la reforma impulsada en el periodo 2010-2014, hasta los alarmantes acontecimientos relacionados al creciente déficit fiscal que alcanzó un 5,9% del PIB en el 2015 y la deuda pública del Gobierno Central que supera el 40% del PIB.

Como lo han señalado muchos expertos, la OCDE incluida, para impulsar los cambios sociales y económicos que requiere Costa Rica y para revertir las dificultades que enfrentan las finanzas públicas es indispensable, entre otras medidas, combatir la evasión fiscal y eliminar muchas de las exenciones fiscales. Incluso la misión de consulta del Artículo IV del FMI en el 2016 señala que la propuesta del gobierno para el fortalecimiento de las finanzas públicas en 2.5% del PIB mediante medidas que incrementen la recaudación tributaria «es apropiada dado el bajo esfuerzo recaudatorio de Costa Rica».

Por su parte, las recientes publicaciones de Semanario Universidad y DataBaseAR sobre los “Documentos de Panamá” ponen de manifiesto que el problema de evasión fiscal que vivimos en nuestro país trasciende nuestras fronteras, lo que compromete aún más las posibilidades de llevar a cabo una transformación profunda del sistema tributario costarricense. No se trata aquí de juzgar las personas físicas y jurídicas involucradas en tales acontecimientos sino de hacer ver que una estrategia seria y comprometida por parte de las autoridades costarricenses para atacar la evasión fiscal implica esfuerzos mayores de los que algunos sectores en Costa Rica, y en el resto del mundo, parecen estar dispuestos a realizar.

Costa Rica es desigual y polarizada

La evasión y la elusión fiscal son causas principales del déficit fiscal y de la inequidad. (Imagen con fines ilustrativos).

Por eso es indispensable señalar la mezquindad que implica ese tipo de evasión fiscal para países empobrecidos como el nuestro, ya que transmite un pésimo mensaje en términos del compromiso social de ciertos agentes económicos con esa visión del desarrollo que, como en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, recoge las mejores aspiraciones en términos de reducción de la pobreza, el desempleo y la desigualdad al promover el mayor bienestar para todos los habitantes del país de la mano con el más adecuado reparto de la riqueza.

Y es que el tema de ingresos fiscales no trata solamente la creación de más impuestos, sino también de cobrar los que ya están establecidos por ley. De hecho, para el actual Ministro de Hacienda, Helio Fallas, la evasión de impuestos es el principal problema fiscal del país y no es para menos: según estudios realizados por el Ministerio de Hacienda, solo en el impuesto sobre la renta en el 2013 se dio una evasión por parte de las personas jurídicas equivalente al 4,23% del PIB.

Si se le suma la evasión del impuesto sobre la renta de las personas físicas (1,63% del PIB) y la evasión en el impuesto general sobre las ventas (2.36% de PIB), la evasión fiscal de ese año resultó en un 8,2% del total de la producción nacional; es decir, la evasión fiscal en el 2013 fue mayor que el presupuesto que se debería destinar solo a educación pública, según nuestra Constitución Política.

Considerando los anteriores escenarios, es que desde el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, hacemos un llamado urgente para que las autoridades hacendarias y el pueblo costarricense presionemos a los diputados y diputadas de nuestra Asamblea Legislativa para que asuman con seriedad el debate fiscal y así podamos avanzar con las iniciativas que fortalezcan la hacienda pública, entre ellas, la Ley contra el Fraude Fiscal, que incluye el registro de accionistas y la reforma al impuesto sobre la renta que contemple los temas de renta mundial y global.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social

Escuela de Economía UNA.

 

Enviado a SURCOS Digital por UNA Comunicación.

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