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Etiqueta: economía social solidaria

La agroecología: una alternativa de alimentación y trabajo en los territorios

Carlos Hernández*

La producción agroecológica, se centra en la producción alimentaria y se destina al consumo de los mercados locales. También hay producciones procesadas (jaleas, plantas medicinales, conservas, café) que son para mercados más allá de lo local. Sin embargo, la agroecología se propone tener una comercialización local por una cuestión de proximidad, conservación ecológica, relaciones solidarias, para fortalecer la producción, las dinámicas económicas locales y atender las necesidades de la gente de la comunidad.

La agroecología está compuesta por prácticas, saberes, basados en los ciclos ecológicos y producción en función de ellos; es la construcción de una alternativa de producción de alimentos sanos y saludables teniendo en cuenta a los consumidores y productores. Por todo esto, lo que está en transición es la forma de producción y comercialización de las familias productoras.

A estas propuestas, desde la economía social solidaria, se aborda también la comercialización mediante el concepto de mercados locales solidarios, brindando la posibilidad de comer sano y saludable. Apoyando estas iniciativas se contribuye a cambiar el modelo agroalimentario hacia uno que sea más justo, soberano, responsable con el ambiente, con les productores y con les consumidores.

* COKOMAL S.C / Comisión Dinamizadora -RedESS

Diez propuestas para enfrentar la crisis del COVID-19 con visión social, productiva y solidaria

Proceso de diálogo y construcción de medidas para enfrentar la crisis causada por la COVID-19

Diez propuestas priorizadas en respuestas inmediatas y procesos transformativos para enfrentar la crisis causada por la COVID-19 desde una perspectiva social, socioproductiva y solidaria.

El sociólogo Carlos Brenes compartió con SURCOS este documento que expresa el proceso de diálogo realizado por el sector de Economía Social Solidaria con el gobierno.

El documento señala en su introducción:

“La grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto que se necesita un nuevo orden mundial. La comprensión más generalizada de la gestión del riesgo de desastres define este como la combinación de dos factores: las amenazas y la vulnerabilidad o exposición a estas. Todo desastre resulta de una alta vulnerabilidad. Esta no tiene que ver solamente con los primeros impactos, sino, también, con las consecuencias socioeconómicas y ambientales de mediano y largo plazos. Comúnmente, existen sectores de la población que son afectados más dramáticamente por los efectos dañinos de los desastres. Estos son los que tienen las posiciones más desventajosas en términos socioeconómicos.

Aunque nuestro Gobierno y la CCSS han demostrado un gran acierto en la conducción del país para mitigar el impacto sanitario de esta crisis, se han puesto de manifiesto vulnerabilidades en nuestro sistema de gestión del riesgo de desastres, esto es, en la preparación para afrontar amenazas más allá de las hidrometeorológicas y geológicas. A estas, entre otras, se suman las amenazas biológicas, que no por primera vez desencadenan emergencias en el mundo y ante las que el país también es frágil. Ha quedado más visible que nunca que cualquier evento destructivo –ya sea un sismo, un ciclón tropical, una sequía o un fenómeno epidémico o pandémico– además del impacto inmediato, genera una devastación socioeconómica, en la que siempre la peor afectación y la mayor desprotección son las que sufren los pobres. Pero también esta crisis ha causado estragos en sectores de los estratos medios.

Ante todo, llamamos a ver detrás de las estadísticas que están evidenciando esta realidad, los rostros humanos: los de aquellos que han perdido su empleo; los de cientos de miles que no lo tenían y han visto frustradas sus expectativas de conseguirlo; los de los que estaban hundidos en el mundo de la informalidad laboral y los de quienes ahora han pasado a sumarse a sus filas. Rostros de personas que dependían de asistencia humanitaria y ahora no pueden ser auxiliados. Son, todas estas, personas que viven la angustia y la desesperación de no tener un ingreso total o parcial que le permita comprar los alimentos de su familia, pagar los recibos de servicios, cubrir los pases para movilizarse, comprar los pañales de sus hijos o de sus padres enfermos. Son las personas que se habían endeudado para montar una pequeña empresa y ahora no tienen cómo pagar el préstamo, porque el emprendimiento se hundió; las personas que adquirieron deudas para responder a necesidades de salud, de vivienda, de estudio propio o de los hijos, entre otras necesidades básicas. Son los rostros de nuestros agricultores y agricultoras desprotegidos, sin seguros de cosecha, sin mercado justo para sus productos, que van perdiendo casas y tierras por el endeudamiento. Y no podemos olvidar los rostros de quienes están totalmente a la orilla, los miles de personas que habitan en nuestras calles, sin poder atender a la consigna del “quédate en casa”, lávate las manos, báñate, utiliza alcohol gel y lava tu ropa al llegar a casa… pues simplemente no tienen casa, ni servicios sanitarios, ni ropa en un armario.

Puede descargar el documento aquí:

Construyendo confluencia desde la base social

Comentario del Encuentro de Confluencia Popular celebrado el 9 de mayo del 2020

José María Gutiérrez, profesor emérito Universidad de Costa Rica

Las enormes deficiencias e injusticias que caracterizan a los modelos de desarrollo prevalecientes han quedado una vez más al descubierto con la crisis generada por la pandemia COVID-19. Desde la década de 1980 se nos impone una propuesta centrada en el deterioro de las instituciones base del estado social de derecho, la privatización y depredación del ambiente, el reinado del mercado como la fuerza que dirige las sociedades, el predominio del individualismo y la mezquindad sobre la solidaridad y el bien común, y la exclusión y violencia estructural hacia sectores vulnerables de diverso tipo en nuestro país. Si bien ya venía siendo evidente, la incapacidad de este modelo para promover el bienestar y la equidad ha quedado al desnudo en esta crisis que es, a la vez que sanitaria, social, económica, ecológica y cultural. En el mundo entero se debate sobre lo que vendrá después.

Las propuestas para afrontar esta crisis por parte de los grupos de poder económico nacionales no pueden ser más decepcionantes. Han sido incapaces de mostrar una dosis de solidaridad, al no considerar ceder parte de sus enormes ganancias, mediante un impuesto transitorio, para apoyar a los sectores más golpeados en estos momentos acuciantes. Y también han sido incapaces de mostrar imaginación, para abrir espacios a opciones creativas y dignas; simplemente proponen más de lo mismo.

Pero en la sociedad costarricense se mueven procesos e iniciativas centrados en otras frecuencias. Las instituciones públicas de salud y las universidades públicas han estado a la altura. Acciones esperanzadoras se han dado en la misma base social comunitaria, desde abajo. En el contexto de la crisis del COVID-19, ha quedado clara la importancia de la organización de base centrada en la solidaridad y la reciprocidad, la defensa del ambiente y de los territorios, la institucionalidad pública al servicio del bien común, la soberanía alimentaria frente a las grandes cadenas agroindustriales globales, y la base científico-tecnológica endógena centrada en las universidades públicas; en fin, de esfuerzos centrados en el bienestar colectivo, el respeto a la diversidad y el paradigma del cuidado. Son estos procesos de base los que ofrecen las mejores salidas a la crisis del COVID-19.

El mundo y nuestra sociedad no serán iguales en la etapa post-COVID-19. La interrogante es cómo serán y hacia dónde nos dirigimos. Esa realidad se debe ir construyendo desde ahora, en medio de la crisis. Más allá de los rasgos específicos, tenemos el desafío de salir de esta etapa con una visión diferente de lo que son el desarrollo y el bienestar. Debemos abrir espacios para formas de relación entre las personas y entre estas y el ambiente centradas en otros paradigmas, de mayor hermandad y de un cuido más esmerado que procure el bienestar de todas y todos. Esto nos obliga a acercarnos más, a dialogar entre nosotros y nosotras, a ver los temas comunes que vinculan nuestras luchas y esperanzas, para construir colectivamente senderos de mayor bienestar y justicia.

En esta compleja coyuntura, la Alianza por una Vida Digna organizó el pasado 9 de mayo un Encuentro de Confluencia Popular, en el cual participaron seis personas representantes de organizaciones y procesos de base popular del país, provenientes de regiones distintas. El evento permitió evidenciar el efecto de la violencia estructural y la exclusión sistemática que sufren sectores sociales y comunidades en varias regiones del país. Así mismo, fue muy esperanzador escuchar a personas de orígenes muy diversos compartiendo sus visiones, angustias, propuestas y esperanzas. Las presentaciones de estas compañeras y compañeros dejaron ver, en medio de las particularidades de los escenarios en los que viven y luchan, un espacio común de intereses y propuestas. Quedó clara la existencia de un hilo conductor que une estos movimientos y estas realidades. Fortalecer ese hilo conductor para generar acciones de mayor impacto es una tarea de gran importancia.

El evento mostró, y así lo hicieron ver las y los participantes, que es indispensable tender puentes de confluencia entre sectores y territorios, para promover formas de vida y de organización social y económica más acordes con una visión centrada en la equidad y la solidaridad, y en la procura del bienestar colectivo. La búsqueda de la unidad en medio de la diversidad debe caracterizar el momento actual de los procesos populares. Se debe ir estructurando, sobre la base de la práctica social y la organización, un conjunto de propuestas que permitan buscar ese bien común. Propuestas que incluyan la protección del ambiente en los territorios, la gestación de formas de economía social solidaria en las comunidades, la soberanía alimentaria, la defensa de las instituciones públicas, y el fortalecimiento del tejido social comunitario.

El encuentro del 9 de mayo mostró que debemos encontrarnos más, para generar espacios de reflexión colectiva y compartir experiencias que están surgiendo en la cotidianeidad de las comunidades y territorios, aprendiendo entre todas y todos. No es la separación y el aislamiento lo que nos ofrecerá un mejor futuro, sino la búsqueda de puntos de encuentro y confluencia.

Frente a la mezquindad y falta de imaginación de quienes ofrecen salidas que profundizan la inequidad y la injusticia, ese conglomerado de sectores, procesos y fuerzas que se desenvuelven con energía y creatividad en la base social de nuestro país está llamado a buscar salidas a la crisis actual, y a las crisis que nuestro país estaba enfrentando antes del COVID-19. Esperemos que nuevos encuentros de confluencia popular contribuyan a transitar colectivamente hacia esas metas.

Imagen ilustrativa: Encuentro de Confluencia Popular, Dominical, marzo del 2011.

Conversatorio movimientos sociales y vida después de la crisis

El sábado 2 de mayo se realizó el conversatorio movimientos sociales y vida después de la crisis, organizado por la Alianza por una Vida Digna.

La interrogante que animó el encuentro fue ¿Qué sienten, hacen y proponen las personas de movimientos sociales ante la crisis acentuada por el COVID-19?

La actividad se realizó en una plataforma virtual y se compartió por el Facebook Live de SURCOS.

Participaron Mario Devandas Brenes, de la lucha en defensa de la CCSS; Eva Carazo Vargas, de los movimientos de la ecología social, la agroecología y la economía social solidaria; Dayana Ureña Solís, de los movimientos comunitarios y las Asambleas Patrióticas Populares; y Héctor Ferlini-Salazar, de la Alianza por una Vida Digna.

Le invitamos a ver, compartir y comentar:

Imagen de cabecera con fines ilustrativos. Reunión en Cañas, Guanacaste, tema: derecho a la educación de calidad.

Redess: En medio de la crisis la solidaridad es la respuesta

Redess Costa Rica por medio de su página de Facebook nos da el mensaje de que, en estos momentos de crisis global sanitaria urge un dialogo inclusivo para construir las respuestas que necesitamos.

  • Apoyo a la economía asociativa, promoción del trabajo digno, fortalecimiento de las redes de Economía Solidaria, visibilización y acompañamiento de trabajos invisibilizados
    ● Abastecimiento de productos alimentarios y necesidades básicas a partir de la producción local y mercados solidarios
    ● Apoyo a las iniciativas asociativas orientadas a acompañar, facilitar, valorizar los cuidados en sus comunidades y territorios: esta crisis ha puesto en el centro el Cuido, muchos de los cuales no se sostienen sin una dimensión comunitaria SOLIDARIA Y ASOCIATIVA.

“En medio de la crisis la solidaridad es la respuesta”.

 

Tomado del Facebook Redess Costa Rica

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Colegio de Profesionales de Sociología ante el COVID-19

El Colegio de Profesionales de Sociología de Costa Rica pronunciamiento ante la pandemia del COVID-19
Junta Directiva, 24 de abril del 2020

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, ante la obligación que le confiere su Ley de creación de pronunciarse en asuntos de interés nacional e internacional, así como de emitir opinión y brindar asesoramiento a los Poderes del Estado, las organizaciones y las instituciones públicas y privadas, nos permitimos emitir nuestra posición sobre la emergencia nacional ante el Covid-19. Para ello dirigimos este pronunciamiento al señor Presidente de la República con copia a otras autoridades que están trabajando en la dirección y coordinación de políticas y acciones para su consideración, tales como el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Emergencias, la Defensoría de los Habitantes, los Rectores y consejos universitarios, las Escuelas de Sociología, la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), Sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Seguidamente enumeramos algunas consideraciones que desde las ciencias sociales y la sociología en particular, son criterios básicos a valorar en el proceso de diseño de medidas de emergencia y la toma de decisiones de política pública:

  1. En primer lugar, felicitar al Señor Presidente de la República, su Gabinete y autoridades de instituciones públicas por la rápida organización, aplicación de medidas de emergencia sanitaria, cambios y fortalecimiento en la organización interna de centros de salud, centros educativos y la atención de los sectores sociales con mayor riesgo y más afectados por las medidas adoptadas para detener la pandemia del COVID-19.
  2. La emergencia afecta a todos los sectores y actores sociales que requieren trabajar junto con el Gobierno de Costa Rica para direccionar el impacto que esta pandemia ha generado sobre la condición económica y social del país. Sabemos que la cuarentena sanitaria tiene efectos sobre las relaciones del trabajo y la distribución de los ingresos y de capital en los distintos sectores de la estructura social costarricense. Estos efectos impactarán en forma distinta a los diversos estratos socioeconómicos, donde algunos se verán beneficiados y otros muy amplios se verán perjudicados, dependiendo de la actividad económica, la posición socio laboral y la forma en que la legislación establezca la distribución de los beneficios y las personas beneficiarias, así como las fuentes de recursos, empréstitos y donaciones para afrontar la crisis.
  3. Desde la perspectiva sociológica es de fundamental importancia que el Gobierno escuche y tome decisiones considerando estas diferencias al otorgar beneficios y establecer medidas de políticas sociales, económicas y fiscales. Por una parte, la clase trabajadora tiene grandes diferencias entre sí, no solo por su condición ocupacional (ocupados, desempleados, buscan trabajo por primera vez), sino por sus calidades (nivel educativo, capacitación, experiencia laboral, dominio de otros idiomas, etc.), condiciones sociodemográficas (género, etnia, edad, nivel nutricional y de salud, territorialidad), cualidades (habilidades, valores, desempeño) y las remuneraciones salariales que percibe según su estrato sociocupacional (altos, medios, bajos) o su condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Existen variables e indicadores que permiten sumar estas condiciones que ya existen en registros como el SINERUBE, el SICERE de la CCSS, el INEC y otras fuentes de Información públicas, pero que no son accesibles para la toma de decisiones en el ámbito municipal, empresarial o de las organizaciones sociales, lo cual incrementa el riesgo de filtraciones, exclusiones, duplicidades y trasposición de beneficios y personas beneficiarias.
  4. Por otra parte, en el proceso de toma de decisiones se requiere tomar en cuenta que también existen diferencias dentro del sector privado o empresarial. Entre ellas cabe considerar variables tales como el tamaño de las empresas (pequeñas, medianas y grandes), el volumen de trabajadores/as que emplean, la categoría ocupacional de empresarios/as (patronos, trabajadores independientes o familiares sin sueldo), la condición de ocupación o inactividad (ocupados, jubilados, rentistas u otros), la actividad principal a la cual se dedican (financiera, agrícola, industrial, tecnológica, comercial, turística, etc.), el tipo de empresa (formal, informal, zona franca, otro), el ámbito de su mercado (familiar, comunal, local, regional, nacional, internacional o transnacional), el volumen y uso de servicios públicos (electricidad, agua, carreteras, puertos, salud, seguridad financiera, etc. ), la figura jurídica (sociedad anónima, economía social, organización sin fines de lucro, con fines de lucro y otras), el nivel de ingresos y de bienes de capital (fines y valor agregado, composición, encadenamientos productivos, el capital “golondrina” y otros), origen/destino de productos (importaciones/exportaciones) y su aporte al desarrollo local y nacional (Responsabilidad Social Empresarial, pago transparente o no de impuestos, donaciones, etc.). El apoyo solidario del sector empresarial para salir de la crisis sanitaria y económica es fundamental, así como el apoyo de las alianzas estratégicas con la cooperación internacional, las cuales pueden marcar una ruta necesaria para la consolidación y fortalecimiento del Pacto Social entre el Estado, empresas y ciudadanía.
  5. Ante la urgencia de tomar medidas de política púbica dirigidas a proteger y compensar los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia y el aislamiento, implica que todos los sectores deben asumir su responsabilidad. El Estado requiere identificar las principales características de los potenciales sectores beneficiarios por un lado y de los contribuyentes por el otro. El sector empresarial debe asumir su responsabilidad de actuar a derecho pero también de contribuir al desarrollo equitativo del país, eso les beneficia al ampliar los mercados, reinventarse y activar su productividad. Por su parte la población y empresas beneficiarias de estas políticas públicas, deben ser responsables para mejorar sus capacidades, innovar, trabajar duro y reaccionar con nuevas propuestas que aseguren el bienestar social y económico de todos y todas para cuando pase la crisis. Para ello se requiere del esfuerzo solidario tanto del Estado como del sector empresarial y el de los/as trabajadores/as teniendo como norte el bienestar social con equidad, racionalidad y solidaridad.
  6. En este proceso de la toma de decisiones de políticas públicas y el rediseño de programas y proyectos cabe recordar que además de nueva legislación se requiere aplicar el criterio técnico (sociológico, político, económico, tecnológico, gerencial, etc.) que prevea mecanismos de control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas no solo institucionales, sino también de cara a las empresas y a la ciudadanía, con su participación y apoyo, conforme al ordenamiento de nuestro Estado Social de Derecho. Así esperamos que las instituciones públicas, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil juntas eviten que los recursos disponibles y el gran esfuerzo realizado en este tiempo de urgencias puedan dar pie a la desconfianza e incertidumbre o de paso al clientelismo político oportunista, las filtraciones, exclusiones y duplicidades en la identificación de personas beneficiarias y la asignación de los beneficios.
  7. Cabe señalar que el país dispone de muchos estudios e informes sobre el panorama social, económico, político y ambiental que explican la evolución y condiciones de vida de los y las costarricenses, desagregadas por regiones, territorios, sectores sociales, hogares, familias y personas. En las últimas décadas el país ha acumulado la experiencia profesional, académica e institucional en la elaboración de diagnósticos, diseño de programas y evaluaciones sobre efectos e impactos. Entre las principales fuentes de información con estadísticas recientes y periódicas se encuentra el Programa del Estado de la Nación, MIDEPLAN, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), institutos de investigación económica y social de las universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. En todas ellas participa una amplia red de profesionales en las diversas especialidades, en su mayoría afiliados a órganos públicos no estatales como lo son los Colegios Profesionales, los cuales disponemos de la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) y las Asociaciones Internacionales de profesionales en las distintas disciplinas.
  8. El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica cuenta con casi mil profesionales afiliados/as que laboran en instituciones públicas y privadas, quienes realizan investigaciones, evaluaciones y acciones sustantivas dirigidas a contribuir en el desarrollo local, nacional e internacional. Una de las principales capacidades desarrolladas por los y las sociólogas es precisamente la realización de diagnósticos sociales, el diseño de los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación de planes, programas y proyectos sociales que impactan en forma diferente a ciertos sectores, actores sociales y económicos.
  9. Las metodologías, herramientas y perspectivas sociológicas destacan diferencias sobre las causas, efectos e impactos que se generan de los programas y proyectos, así como si éstos cumplen con ciertos principios fundamentales tales como la equidad, justicia social, la honestidad, la legalidad y solidaridad social. Estos principios y enfoques como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP), facilitará la empleabilidad estable y de calidad, reinversiones de capital, innovación tecnológica, calidad de resultados y el respeto a la legislación laboral y social, requeridos en estos momentos de crisis y las etapas posteriores.
  10. Los decretos emitidos y los proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo que requieren de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, deben tener en cuenta la consulta a la opinión ciudadana y los diversos sectores de la economía y sociedad, así como prever los posibles efectos e impactos sociales que estas políticas públicas y programas especiales pueden generar sobre los diversos sectores sociales, económicos y grupos de personas según su condición social, laboral, vulnerabilidad y pobreza distribuidas en las regiones y territorios más afectados por la crisis.

Ante este panorama, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica considera relevante recomendar al Gobierno de la República que tome en cuenta las siguientes acciones:

  1. Fortalecer y dar peso al carácter social del accionar del Estado y su institucionalidad frente a los intereses puramente financieros y lucrativos que subordinan lo social y lo ambiental. Lo anterior bajo el principio de revitalizar el carácter del modelo de desarrollo costarricense basado en nuestro Estado Social de Derecho.
  2. Promover acciones para mejorar la gobernanza desde la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP). Poner en práctica los principios y valores como la transparencia en la gestión pública, la integralidad, la objetividad en el desempeño, la honestidad y el liderazgo a favor del interés público que afecta a la ciudadanía. De ahí la importancia de que la administración pública sea accesible, concertadora y evaluadora del trabajo tanto del político y como del funcionario/a. El liderazgo direcciona y facilita la coordinación en la gestión pública para concertar acuerdos entre los diferentes sectores sociales y empresariales para llevar a cabo el “Contrato Social”, más allá de planes y programas coyunturales, de sus intereses o circunstancias, tal como lo ameritan las medidas que se están tomando para evitar la expansión del Covid-19.
  3. Revertir las dinámicas de la desigualdad social y territorial, tanto en el accionar institucional como en la inversión pública en las etapas de atención antes, durante y después de la pandemia, con el fin de generar procesos de inclusión, ampliar las capacidades humanas y las oportunidades laborales y prevenir el riesgo de aumentar los patrones de violencia, en especial de género y étnicas. Lo anterior implica identificar los sectores de la sociedad y de la economía costarricense en los cuales recaerán las mayores cargas económicas durante la crisis. Urge identificar salidas viables y las formas generales de recuperación de la economía nacional y regional con políticas redistributivas y basadas en la justicia social con solidaridad.
  4. Aprovechar esta coyuntura para impulsar con más fuerza el trabajo digno y promover esquemas asociativos y de emprendimiento económico que potencien los territorios y las poblaciones, desde la eco-economía social solidaria. En este proceso es importante la transparencia en las acciones que se realizan y la rendición de cuentas periódicas a la ciudadanía, lo cual promueve la cohesión e integración social.
  5. La identificación y atención institucional pertinente a los sectores de la economía informal, principalmente a las personas trabajadoras que no cuentan con interlocución o tienen una débil organización, desocupados/as, personas en condición de calle, privados/as de libertad y otros/as. Generar medios de articulación con el voluntariado de la red formal y de hecho con el movimiento comunal, organizaciones sociales y ONG´s de las distintas localidades en todo el territorio nacional.
  6. Cultivar mayores niveles de conciencia y compromiso social activo y organizativo de las poblaciones, actores sociales y organizaciones sociales en todos los ámbitos que permitan ser protagonistas de sus espacios de vida, partiendo de estilos de vida saludable, la educación crítica, creadora y generadora de oportunidades, la articulación y encadenamientos económicos entre organizaciones y territorios. Esto implica partir de una visión que rompa patrones de consumo, convivencia y uso social de los recursos y servicios ecosistémicos, de mitigación y transformaciones para la superación del cambio climático, donde cada persona, familia, comunidad y las organizaciones asuman compromisos en sus ámbitos de responsabilidad. De tal modo, es recomendable fortalecer articulaciones territoriales y encadenamiento de activación económica y social en los territorios; no pretender que solo el Estado asume y provee las soluciones y recursos. Una sociedad que exige pero que también se involucra y compromete activamente, revitaliza nuestros liderazgos sociales y económicos.
  7. Potenciar y revitalizar el lugar y el peso de los pueblos indígenas en sus territorios, activando tanto sus modelos de acción, su cosmovisión y gestión como su protección ante las amenazas no solo sanitarias, sino económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales. Respetar la normativa nacional y los Convenios Internacionales que rigen nuestras etnias ancestrales.
  8. Consolidar prácticas de acción gubernamental basadas en la evidencia científica, destaca en especial el papel de la moderna ciencia social, que se basa en enfoques interdisciplinarios que atienden no solo las condiciones, factores y dinámicas sociales sino también previendo los posibles efectos e impactos sociales y ambientales. Así lo demuestran día a día en esta crisis los/as epidemiólogos/as trabajando junto a personal de salud, seguridad pública, emergencias, sociólogos/as, economistas, comunicadores/as y ambientalistas. Se requiere dar mayor peso y reconocimiento a las ciencias sociales, tanto en la comprensión como en el diseño y generación de rutas y soluciones alternativas, basadas en criterios propios de nuestras ciencias.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica llama la atención al Gobierno de la República sobre los peligros de tomar decisiones aceleradas sin los elementos de análisis sobre las fuentes de ingreso, el control del gasto y la redistribución efectiva de los recursos que se logren recaudar invertidas en las poblaciones objetivo y territorios en riesgo. En emergencias vividas en el pasado se cometieron muchos errores que posteriormente debieron ser ventilados en tribunales de justicia y querellas que generaron dudas sobre el adecuado uso de los recursos públicos. El criterio técnico y normativo debe ser respaldado con adecuados sistemas de información, bases de datos cruzadas entre entidades ejecutoras con los registros nacionales y sistemas de información de potenciales beneficiarios. Los sociólogos y sociólogas desde nuestro Colegio, nos ponemos a la orden del Gobierno en aquellas acciones ligadas a la crisis y acorde con nuestra especificidad profesional. Estamos comprometidos/as a aportar con nuestro conocimiento y experiencia, fundamentados/as en nuestros principios de integralidad, compromiso, solidaridad y respeto al ordenamiento jurídico y defensa del interés público en momentos de emergencia nacional y mundial.

Firma responsable: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Presidenta. Cédula 4-0110-0275

CC Arch.

Adjunto a oficio CPSCR-JD-004-2020 remitido al Presidente de la República el 24 de Abril, 2020

Proponen Plataforma Economía Social Solidaria para la Vida

Desde diferentes colectivos, instancias y personas que trabajan por la Economía Solidaria, Economías Feministas y otras formas de economía que se alejan de la capitalista se desea hacer un esfuerzo por conformar una Plataforma de Economías para la Vida que permita poner en común actividades y proyectos, para fortalecer las alianzas que ya se han ido construyendo y visualizar otras formas de articular este trabajo.

Con ese fin, es que se adjunta un breve documento que resume el enfoque que se ha imaginado para ese espacio. Si a usted le interesa participar en esta iniciativa, asista el próximo jueves 12 de marzo de 8:30 a 12 medio día en la sala grande de Audiovisuales de la Biblioteca de Ciencias Sociales (primer piso, frente al Decanato), en la Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica.

Siéntanse también en total libertad de compartir esta invitación con otras personas y agrupaciones que les parezca que podrían ser parte de este esfuerzo

 

Foto ilustrativa tomada del Programa de Economía Social Solidaria de la UCR.

Compartido por Jaime García.

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Perspectivas de la Economía Social y Solidaria en Costa Rica

Enfoque de la Transformación Social Ecológica

Autor: Carlos Hernández Miembro

Comisión Dinamizadora – RedESS

Treinta años de políticas neoliberales que iniciaron en la década de los 80´s, crearon unas coyunturas con deficiencias estructurales y provocaron enormes cambios en el sistema productivo, económico, y también en la forma de gobernar.

Las crisis de carácter global, económica, ambiental, los altos costos financieros del sobre endeudamiento, impactaron profundamente la forma de gobernar, así como las medidas de ajuste estructural provocaron efectos directos sobre el estado social que Costa Rica había logrado establecer, medidas que se fueron ampliando más en estos 30 años.

Los intereses económicos dominantes impulsados desde un pensamiento neoliberal, impulsaron una agenda, no solo económica, sino también social e y incrementaron la brecha económica y social, entre los que menos poseen y aquellos que tienen más recursos.

En este contexto, es preciso resaltar algunos hechos que muestran las múltiples consecuencias que han afectado todas las esferas de vida económica, social y política de nuestro país y en especial zonas rurales y todas aquellas actividades que en la lógica neoliberal ha mostrado la incapacidad para resolver los problemas

  • Pérdida de la soberanía nacional por injerencia de organismos financieros multilaterales en la toma de decisiones de los gobiernos.
  • Desmantelamiento de la institucionalidad pública que atendía la producción nacional (CNP, reducción presupuestos y funciones del MAG)
  • Desestimulo a todas aquellas actividades económicas sustentadas en la pequeña y mediana producción asociativa, dándole preferencia, a la inversión extranjera, la gran empresa y la producción intensiva para la exportación.
  • Ataque y desestimación de las formas organizativas y asociativas que impulsan el debate y el diálogo social.
  • Cuestionamiento del funcionamiento y legislaciones como la seguridad social, la legislación laboral y todas las garantías sociales.

Contexto actual que enfrenta la Economía Social Solidaria

En ese escenario, debe destacarse la alianza político-económica que vinculada a las corporaciones transnacionales hace negocio en los ámbitos bancario, de turismo, en la inversión inmobiliaria, en las agro-exportaciones, los servicios financieros, los medios comunicación masivos y industria publicitaria. Esta última industria publicitaria se encarga a través de su desarrollo informático de estructurar una estrategia de control ideológico sobre la sociedad, esta lógica del neoliberalismo apuesta a gobernar obligando a las fuerzas que resisten a acatar las legislaciones, normativas, reglas de control de la sociedad de mercado como lugar principal y excluyen otras opciones.

Las fuerzas articuladas alrededor del pacto social llamado Gobierno de Unidad Nacional -neoliberal y transnacional-, impulsan un desarrollo económico, político y social del país, tratan de imponer su poder y desplazar las alternativas de cambio.

Frente al modelo neoliberal la resistencia y propuestas de las comunidades territorios.

Desde la década de 1980, a medida que las políticas neo-liberales excluyeron de los mercados capitalistas los sectores populares, una parte de estos sectores reforzaron iniciativas asociativas e impulsaron dinámicas económicas informales, lograron crear algunos vínculos y solidaridad con los movimientos sociales alternativos, en esta otra economía inicialmente de supervivencia y resistencia; producían, comercializaban, invertían y gestionaban recursos bajo lógicas mucho más democráticas, equitativas, solidarias y respetuosas con las personas, el medio ambiente y los territorios, se produjo de esta forma una respuesta propia al abandono institucional.

Desde su nacimiento, las distintas expresiones de la economía solidaria se han enfrentado al reto de convertirse en una propuesta de vida digna, y es en este sentido, que el desafío de la sostenibilidad coloca a la economía solidaria como un agente primordial en el desarrollo local.

Es en el ámbito local, territorial o comunal, donde de manera natural las personas nos desenvolvemos, establecemos en primera instancia nuestras relaciones socio-económicas, laborales y culturales. Ese es el medio propicio para una economía solidaria, que encuentra en distintos espacios un medio adecuado para generar respuestas a las necesidades fundamentales y para plasmar prácticas colectivas sustentadas en saberes tradicionales prácticas de transformación y propuestas sustentables de vida.

La economía solidaria, es una realidad en nuestra sociedad que posee una larga historia de asociatividad en los territorios, en donde las prácticas solidarias de sus miembros y comunidades, se asumen hoy como parte de esta otra economía alternativa y solidaria.

El desafío para las personas que forman parte de la economía solidaria es dar una respuesta a sus necesidades, y debe hacerse de manera colectiva, no individual, pues la economía solidaria camina junto a otros paradigmas de las economías alternativas.

En este contexto, la economía solidaria enfrenta desafíos importantes si quiere ir más allá de las propias capacidades de la ESS y supone el abordaje de un cambio de paradigma frente al modelo neoliberal. Poner las necesidades y los deseos de las personas y de la vida en el centro, implica responder a los retos actuales para el movimiento de economía solidaria.

Es necesario profundizar en el papel transformador de estas prácticas económicas solidarias, formular propuestas de desarrollo en los distintos niveles; continuar con el proceso de encuentro entre los actores de estas experiencias y proponer procesos de articulación en todos los ámbitos, fortaleciendo las actuales redes, de igual forma impulsar vínculos con el conjunto del movimiento social que lucha por la defensa de los territorios y los derechos sociales para generar propuestas de transformación del sistema económico, político y en conjunto con las iniciativas solidarias territoriales.

Posicionamiento del Movimiento de Economía Social Solidaria

La economía solidaria es una expresión de asociatividad que tiene como uno de sus objetivos dar respuesta a las necesidades de una parte de la población que no son satisfechas por una lógica capitalista que mantiene un control sobre los mercados, ni por un Estado que ha sido desmantelado en las últimas tres décadas; una economía donde las organizaciones con sus prácticas solidarias, en la producción, relacionamiento con el entorno, con las gentes sus comunidades territorios; recuperan saberes, historia, raíces y un sentido de pertenencia a un grupo con una identidad colectiva y un destino común

La decisión de construir la Economía Solidaria lleva desde el diálogo colectivo, la convicción y acuerdos de ser actores, convertirse en sujetos de su propio futuro, tomar conciencia de la realidad, con el convencimiento que la situación cambiará con la participación activa y la organización asociativa transformando la comunidad, el territorio, a reconocer los valores sociales, a entenderse como colectivo, como pueblo, como organización, como fuerza social con derechos y obligaciones. A asumirse como actores de la transformación.

Esta Otra Economía latente con raíces, historia , experiencias en los territorios que es alternativa al sistema económico excluyente ; crea esperanza en un futuro de libertad, un futuro donde todas y todos pueden tomar las decisiones de manera colectiva , realizar acciones solidarias , intercambiar bienes y de saberes; participación en los espacios; vivir una realidad diferente a la de las marginación, donde se a actúa con las demás y con los demás, se actúa desde lo local en la transformación de las relaciones injustas, de dominación, con prácticas solidarias.

Es una voluntad de identidad y de movimiento compartido que se manifiesta, actúa mediante plataformas, redes y espacios sociales comunes y que desde algunos años, aunque de forma todavía incipiente y haciendo esfuerzos por conformarse a todos los niveles (sectorial, local, regional, nacional e internacional).

Propuestas derivadas desde nuestra participación activa en las red Economía Social Solidaria / RedESS.

Nos planteamos identificar y visibilizar las experiencias de las organizaciones, colectivos que han realizado talleres, consultas y que constituyen una reflexión para avanzar en el fortalecimiento de la economía solidaria y desarrollar procesos de incidencia que proponga contenidos y prácticas de la ESS. Entendemos que la mejor carta de presentación en el difícil escenario de exclusión, es la participación en espacios de definición de política pública. Frente a esta situación se hace imprescindible generar las alianzas pertinentes con los sectores sociales, instituciones públicas y privadas que se identifican con nuestra agenda y propuestas.

-Corresponde visibilizar las iniciativas de emprendimientos de la ESS, pues no se reconocen como tal, este es el camino para el reconocimiento social sobre la importancia y las dimensiones socio-culturales y productivas que atraviesan el sector.

-Articular tejido social desde la “otra economía”, para ello se parte de las realidades diversas y creadoras de personas y organizaciones con identidades, saberes, experiencias proyectos, propuestas, prácticas y metodologías que deben de colaborar entre sí logrando encuentros y acuerdos en los procesos económicos.

-Impulsar el ejercicio político que permita que emprendimientos de la ESS encuentren comprensión institucional en el marco de una legislación diferenciada entre una empresa grande y una iniciativa de emprendimiento.

-Establecer mecanismos institucionales incluyentes que asuman las diferencias del sector de la ESS, para generar un crecimiento económico sostenido acompañado de bienestar social.

-Impulsar legislación y reglamentación que contemple las características de los emprendimientos de ESS, para lograr una participación, con inclusión y fomento de dichas prácticas asociativas y experiencias productivas.

La asociatividad en nuestro país es una de las expresiones más arraigadas en los territorios y es también una de que tiene más larga data. La Ley de Asociaciones No. 218 fue creada en agosto de 1939; RedESS realizó una propuesta de reforma presentada 24 de julio de 2017, en el espacio promovido por la Asamblea Legislativa PARLAESS. Obtuvo el apoyo de las organizaciones, ya que constituía una significa mejora en la gestión asociativa. Esta propuesta de reforma, aporta parcialmente, soluciones que reconozcan la asociatividad como un sector con sus propias particularidades, facilita la gestión de las organizaciones asociativas que requieren de apoyo institucional.

Ejes temáticos identificados en la reflexión y trabajo de las organizaciones asociativas

Fortalecimiento del Movimiento de ESS

Es necesario hacer visible las iniciativas del sector de emprendimientos de la ESS, pues carece de reconocimiento tanto a lo interno como en lo externo. Este reconocimiento social y su aporte al desarrollo comunal y nacional, existe en las culturas democráticas que practican una mejor redistribución de la riqueza y uso de los recursos.

Deben desarrollarse las siguientes tareas:

Desarrollar estrategias de mayor coordinación intersectorial de las instituciones del Estado y los gobiernos locales en el territorio, que logren un desarrollo económico y social con principios de solidaridad, con grupos vulnerables que por diferentes razones no han podido tener acceso a educación y recursos económicos que le permitan un nivel de vida adecuado para su buen desarrollo.

Promover los principios, el enfoque, los avances, las prácticas y el aporte de la economía social solidaria y/o comunitaria como articulación económica sustentable en los territorios, y su aporte a la construcción de una sociedad inclusiva –solidaria para personas, comunidades y el país.

Fortalecer las redes y el tejido social que impulsa la transformación de la realidad para reconocer el trabajo económico y social, de la asociatividad solidaria.

Promover los intercambios solidarios de experiencias saberes, revalorizar la identidad, a través de la aplicación y vivencia de valores y relaciones sociales propias de las comunidades /territorios, fortalecer el interés y el bien común como a base de las relaciones.

Visibilizar, fortalecer su aporte a la economía y participación de las mujeres y jóvenes en el trabajo productivo y en los procesos de desarrollo (toma de decisiones, planificación, acceso a recursos, generación de oportunidades).

Poner en evidencia el papel de las mujeres en prácticas asociativas y la necesidad de realizar estudios al respecto para generar datos sobre las dinámicas femeninas en el uso y cuido de los recursos naturales, así como en la gestión de emprendimientos asociativos.

Apoyar las iniciativas emprendidas por las organizaciones de mujeres rurales de generar sus espacios de encuentro -intercambio identificación de sus agendas propuestas y estructuras de articulación organizativa, desde RedESS, para promover la incorporación de la visión de la Economía Feminista, el Cuido como una contribución y enriquecimiento conceptual de la Economía Solidaria.

En defensa del Derecho Humano a la Alimentación y La Soberanía Alimentaria:

Debe dinamizarse las acciones y el acceso a los espacios a partir de los gobiernos locales, orientadas al fortalecimiento de las iniciativas de asociatividad solidaria, mediante el beneficio directo de acompañamiento comercialización directa entre consumidores y productores.

Es necesario impulsar la propuesta de los Circuitos Económicos Solidarios que promuevan un sistema socio económico para que las comunidades y sus organizaciones recuperen el control sobre la producción en armonía con la naturaleza. Esta decisión permite que se apropien y legitimen prácticas asociativas, desde los mercados solidarios, se reconozca y socialice el conocimiento ancestral y el aprendizaje generado desde una relación socio económica, que oriente el consumo justo y responsable de productos limpios, una alianza entre personas productoras consumidoras y de estas con la naturaleza.

Promover los mercados solidarios locales en comunidades/región con elementos vinculados a la certificación participativa, la identificación de origen del producto y la sensibilización mediante campañas educativas acerca del consumo responsable y la producción agroecológica y sostenible.

Impulsar el compromiso de los gobiernos locales para asegurar el cumplimiento de proyectos de protección ambiental y gestión adecuada de los recursos naturales. De igual forma, debe apoyarse y garantizar las acciones que las organizaciones sociales promotoras de conservación vienen realizando.

En esta línea de propuestas, RedESS presenta a inicios de la actual administración al consejo presidencial Economía Social Solidaria: “Documento: Propuesta para el Fortalecimiento de los Mercados Locales Solidarios”.

Los objetivos de esta propuesta eran “Generar un proceso de consulta para el diagnóstico de la situación actual de los mercados locales solidarios centrado en aspectos organizativos, productivos y de comercialización que permita comprender sus prácticas, dinámicas y funcionamiento, así como elementos de mejora.

Establecer una estrategia de fortalecimiento de los mercados solidarios a partir de las necesidades identificadas en el diagnóstico en temas organizativos, administrativos y de gestión desde la economía solidaria.

Desarrollar insumos para aprovechamiento y fortalecimiento de política pública existente encaminada al fortalecimiento de los mercados locales solidarios.

Esta propuesta está orientada a apoyar las iniciativas existen como Mercado Solidario Azul Cartago, mercados solidarios de Rivas -Chimirol Pérez Zeledón, iniciativas en Cañas Guanacaste y red de comercialización de canastas solidarias Nicoya y otras que surgen motivadas por estas experiencias.

RedESS y un conjunto de instituciones públicas, organizaciones, ongs, participaron en la elaboración de propuesta proyecto: Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional presentado en el 2017

El proyecto tiene como objetivo tutelar el derecho Humano a la Alimentación, mediante la regulación del bien jurídico de la seguridad alimentaria y nutricional.

Busca también reconocer expresamente este derecho humano en una ley nacional para garantizar una alimentación sana, basada en la pequeña producción, el acceso en los mercados locales.

Competencias y posibilidades de acción de los Municipios en relación con la Economía Social Solidaria

CODIGO MUNICIPAL N° 7794

Los Gobiernos Locales, tienen el mandato de destinar presupuesto para el Desarrollo Local e impulsar acciones, y mecanismos de participación ciudadana sobre las relaciones entre los municipios y la Sociedad Civil, según lo establece:

Artículo 4.-La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: Los Incisos:

  1. g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su Reglamento.
  2. h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población.
  3. I) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género.

Artículo 5. – Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local.

Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente.

Acciones de incidencia a nivel local:

Los gobiernos locales podrían desarrollar interés de provocar un impacto social e inclusión de sus comunidades a través de las organizaciones de su territorio y proponer espacios de diálogo para la elaboración de políticas públicas a partir de su conocimiento de la realidad.

Es necesario revisar la experiencias de creación de estos espacio participativos en los territorios, retomar, mejorar, dichos espacios que se han establecido mediante el reglamento específico del municipio o por acuerdos del consejo por ejemplo: La comisión Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Municipalidad de Santa Ana y de la Municipalidad de Curridabat que primeramente se crearon como una comisión especial y luego como comisión de Desarrollo Sostenible, ambas con participación de las organizaciones cantonales.. Desarrollo Sostenible, la gobernabilidad democrática local.

Propuestas orientadas a:

Incentivar, proteger y fomentar las formas de economía asociativa y la economía familiar, sus actividades de producción, comercialización, transformación, servicios, innovación, asignación presupuestaria, creación de fondos especifico, créditos revolutivos, podrían estudiarse mecanismo que comprendan el uso de fondos que ya existen en varios municipios de apoyo a la mujer o culturales para dichas actividades, y podría proponerse un mecanismo participativo con comisiones municipales de desarrollo local tal como lo establecen los artículos 4 y 5 del código municipal.

Temáticas de interés de la Economía Social Solidaria en los municipios:

Mejorar los trámites para la asociatividad, impulso de espacios feriales diferenciados, adecuados a las particularidades de la ESS, revisión de normativas que incluyan permisos, políticas circunferenciales de compras públicas, programas de capacitación asociativa, fomento de actividades culturales propias del territorio impulsadas por las organizaciones (cultura Viva Comunitaria ), fomento de la asociatividad de sectores más vulnerables, mujer, juventud, tercera edad, mejorar los incentivos para la organización comunitaria de la salud (proyectos terapias alternativas), ante la ausencia de un régimen de seguridad social para la ESS que sea realmente accesible a las organizaciones y personas trabajan desde la autogestión .

Impulsar el compromiso de los gobiernos locales que aseguren el cumplimiento de proyectos de protección ambiental impulsados por políticas nacionales, y la gestión adecuada de los recursos naturales. Además de apoyar y garantizar las acciones que se generan por parte de las organizaciones de la ESS, proyectos que incorporan y promueven de las prácticas sostenibles en la producción y cuido del territorio.

Incidencia en políticas públicas en el espacio nacional:

Es necesario desarrollar la discusión y debate de propuestas de política pública con el enfoque de co-construcción y convocar un espacio legítimo y representativo para las distintas expresiones de la economía social, solidaria, a través de Foros Territoriales, donde las acciones de incidencia política pueden ser planteadas ante las autoridades e instituciones públicas.

Las demandas de las y los actores constituyen el insumo para el planteamiento de líneas de acción de política pública y que enfaticen en el sujeto y no en el objeto, es decir, que estén dirigidas a los actores de la ESS y, por tanto, generen impacto en sus relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales.

Se hace necesario reconocer la economía social solidaria para ello crear las alianzas y procesos de incidencia en políticas públicas, en la toma de decisiones de los actores de la economía solidaria en las políticas públicas. Sin embargo, también ha mostrado que existen los enormes límites que el marco legal limita una efectiva participación.

Ante la ausencia de un marco legislación de la ESS y una legislación de asociatividad (ley 218) de alcance limitado en actual contexto socio económico, es urgente reformar para provocar cambios.

Las organizaciones tienen el reto de identificar aquellos espacios de participación real dentro del sistema formal que podrían aprovecharlos para una incidencia política ,en el marco legal existente, el desafío más importante es asumir que somos generadores de procesos organizativos solidarios donde los instrumentos de funcionamiento y gestión son consecuentes con los valores de la ESS, solidaridad, participación, horizontalidad, inclusión, donde la toma de decisiones y dirección de las organizaciones es colectiva y solidaria.

 

Autor

Carlos Hernández

30 años de experiencia trabajo con organizaciones asociativas del Mundo Rural.

Asesor en temas Incidencia política, Alternativas económicas en los Territorios, Gestión Organizativa de la Asociatividad.

Participe de diversas iniciativas foros, plataformas, nacionales e internacionales de las organizaciones campesinas (fundación Vía Campesina) desde 2008 trabajando en los temas de Economía Social Solidaria como fundador de COKOMAL y 2013, participe de fundación en Costa Rica de la Red Economiza Social Solidaria RedESS, miembro de su Comisión Dinamizadora.

 

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Encuentro de Organizaciones de Economía Social Solidaria

Este 25 de setiembre diversas organizaciones se encontrarán en una actividad cuyo propósito será conformar una plataforma amplia, diversa y plural de múltiples actores para fortalecer la Economía Social Solidaria (ESS) en nuestro país.

Con esta actividad se pretende:

  • Reflexionar y proponer sobre la problemática de la economía social solidaria
  • Promover la unidad, el fortalecimiento y la visibilidad de las organizaciones de las economías transformadoras
  • Identificar colaboraciones para el fortalecimiento de experiencias en gestión local donde las organizaciones sociales, culturales, económica e instituciones públicas contribuyan con los procesos de la economía social solidaria.

El patrocinio de la actividad estará a cargo de la Fundación Friedrich Ebert.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Carlos Hernández Porras.

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