El Foro Actividad Piñera en Costa Rica. Aportes, problemas y soluciones: una reflexión académica organizado por la Comisión Especial del Consejo Universitario logró reunir este martes 30 de octubre en la Universidad de Costa Rica (UCR) a actores relacionados con el cultivo de la piña con visiones diametralmente opuestas en un espacio de discusión académico.
Miembros de la Cámara Nacional de Productores de Piña y del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera se encontraron en la UCR, donde presentaron las dos caras de la moneda de este polémico cultivo (foto: Laura Rodríguez Rodríguez).
En el foro, que se realizó en el auditorio de la Ciudad de la Investigación, también se dieron a conocer resultados de investigaciones realizadas por diferentes unidades académicas, programas y centros de investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR) para aportar al conocimiento de las problemáticas relacionadas con el cultivo y posibles soluciones para reducir su impacto en el ambiente.
Este foro se realizó como antesala a la presentación del nuevo pronunciamiento que prepara el Consejo Universitario sobre la actividad piñera en Costa Rica que será anunciado en los próximos días. Hace 10 años, en 2008, este órgano colegiado había emitido un pronunciamiento donde recomendaba al Gobierno y las Municipalidades una moratoria a la actividad piñera.
Mauricio Álvarez y Karina Valverde del Programa Kioscos Ambientales mostraron su preocupación por la expansión piñera, misma que impulsó a este programa a solicitar al Consejo Universitario una actualización del pronunciamiento del 2008.
Cultivo exitoso
El éxito comercial de la piña es innegable, Costa Rica es hoy el líder mundial del mercado en piña fresca y este cultivo se ha convertido en el principal producto agrícola del país (genera el 30% del PIB agrícola), según datos del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) presentados por Víctor Umaña Vargas.
Uno de los puntos a favor que destacó Umaña es que esta actividad genera encadenamientos productivos y casi 32 mil empleos directos y 15 mil indirectos en las zonas más deprimidas del país, en términos económicos y de desarrollo humano, como los son las zonas costeras y fronterizas.
El funcionario de Comex además mostró datos de una encuesta realizada a los productores de piña para evaluar el desempeño de sus fincas en aspectos económicos, ambientales y sociales. El estudio demuestra un grado de cumplimiento satisfactorio de las grandes fincas en casi todas las 75 variables, mientras que las fincas pequeñas (menores a 100 hectáreas) son las que presentan fallas en aspectos como manejo de las aguas, manejo de residuos líquidos, residuos de aplicaciones postcosecha, entre otros.
«La piña tiene años de estar en los primeros tres lugares de calificación de los productos frescos más limpios que llegan al mercado estadounidense» acotó el empresario Alfredo Volio, de Upala Agrícola.
El punto de vista de Comex fue secundado por el empresario Alfredo Volio, de Upala Agrícola, una empresa que emplea a 1.000 personas. Volio, quien además funge como vice-presidente de la Cámara Nacional de Productores de Piña (Canapep) dijo que “esa visión apocalíptica que lo que dice es que la piña es veneno y agroquímicos no es así”. Por el contrario, cada uno los encadenamientos relacionados con la producción de piña genera desarrollo, empleo, riqueza y bienestar a familias que están indirectamente relacionadas con la prestación de servicios y/o productos que se usan para la producción, acotó el empresario.
Volio argumentó que la producción de piña es la actividad agrícola más regulada en Costa Rica por instancias nacionales como el MINAE, el SFE y el Ministerio de Trabajo, entre otras, y en el caso de la empresas exportadoras también están sujetas a certificaciones internacionales que les obliga a cumplir con la normativa nacional e internacional en materia de sostenibilidad ambiental y derechos laborales.
Comunidades en alerta
Por su parte, Erlinda Quesada Angulo, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera dio testimonio de las afectaciones que sufren las comunidades de Guácimo rodeadas por las piñeras. Quesada recordó también el caso de la contaminación de las fuentes de agua de la comunidad de Milano de Siquirres que tuvo a la comunidad tomando agua de camiones cisternas por varios años.
Ella señaló que la contaminación provocada por las piñeras en esa zona le costó al AyA y a todos los costarricenses 374.480 millones de colones para la construcción de un nuevo acueducto. Un costo que, según Erlinda, deberían asumir las empresas responsables de la contaminación.
“Lo que pedimos son 5 años de moratoria para que se hagan los estudios y ver si realmente vale la pena el costo humano y ambiental de sembrar piña y si estamos dispuestos a seguirlo pagando” acotó la líder comunal de Guácimo, Erlinda Quesada. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Una de las principales preocupaciones expuestas en este foro por los miembros del programa Kioscos Ambientales de la Vicerectoría de Acción Social (VAS) Karina Valverde Salas y Mauricio Álvarez Mora es el desplazamiento de las actividades agrícolas por la expansión piñera que ha avanzado en los últimos diez años principalmente en cantones fronterizos Upala, Guatuso y Los Chiles.
Valverde explicó que entre el 2004 y 2015 se presentaron 47 proyectos piñeros ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), sin embargo señalaron que hay muchos proyectos más que no están registrados. De los 30 proyectos que obtuvieron viabilidad se detectaron dos proyectos ubicados dentro de humedales seis ubicados a menos de 300 metros de ríos e incluso cinco casos que tienen ríos que pasan dentro de la propiedad.
Un estudio realizado por el programa de los proyectos piñeros presentados al SETENA para obtener la viabilidad ambiental entre el 2004 y 2015 evidencia un fuerte crecimiento de la actividad en esta zona.
Otros problemas como los incumplimientos de derechos laborales, la contaminación de aguas y los efectos de la actividad piñera en la salud pública fueron expuestos durante el foro. Así mismo, se presentaron dos propuestas para el manejo y valorización de rastrojo de la piña que representa uno de los principales problemas de contaminación de produce esta actividad e información sobre la biología y combate de la mosca de establo.
En este espacio académico los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer sus preguntas y cuestionamientos a cada uno de los expositores. Así mismo, cada sector tuvo un espacio para presentar su visión sobre los pros y contras del cultivo de la piña en Costa Rica.
Un informe reciente del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE-UCR), afirma que, aunque el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es regresivo, el proyecto fiscal 20.580, impulsado por el gobierno de Carlos Alvarado y aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa en primer debate, sí es progresivo en su conjunto.
Aclaremos, primero, algunos conceptos relevantes para esta discusión:
Regresivo: un impuesto (o el sistema tributario en su conjunto) es “regresivo” cuando afecta proporcionalmente más a quienes son pobres que a quienes son ricos.
Progresivo: se atribuye a un impuesto o sistema tributario ser “progresivo” si, en cambio, ponen las mayores cargas relativas sobre los sectores más ricos.
Decil: cuando el total de los hogares del país se divide en diez partes iguales, ordenándolas desde el 10% de los hogares más pobres, en escalones ascendentes hasta el 10% de los hogares de más altos ingresos. O sea, sobre un total de 1.561.637 hogares, cada decil corresponde a aproximadamente 156 mil hogares.
Quintil: cuando la división se hace en cinco partes, o sea, unas 312 mil hogares por cada una de estas, ordenándolas desde el 20% de hogares más pobres hasta el 20% de las de mayores ingresos.
(Número de hogares corresponde a datos de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, julio 2018, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC).
1.Aspectos metodológicos
El estudio del IICE a que hago referencia, se ha difundido mediante una presentación en PowerPoint que omite toda referencia a la metodología utilizada. Al buscar en la respectiva página web (IICE) me topo con la siguiente pestaña: PRESENTACIÓN DE LOS DATOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS SOBRE LA REFORMA FISCAL (DESCARGAR). Al dar click ahí usted tendrá acceso a la misma presentación en PowerPoint que he mencionado. Es decir, no obstante el carácter presuntamente “científico” de los datos, queda en reserva (al menos por ahora) el cómo se llegó a éstos. Es imposible evaluar la cientificidad de ninguna estudio, sin conocer esos aspectos metodológicos, y en este caso en particular, sobre todo quedan por aclarar dos detalles importantes:
Cómo se hizo para asignar a los hogares, los impuestos pagados por el sector “no hogares”, principalmente empresas y turistas.
También hay disonancias no explicadas entre los datos de ingresos totales por decil o quintil, tal cual aparecen en este estudio, respecto de la información correspondiente que deriva de la ENAHO, publicada en la página web del INEC. Teniendo en cuenta que al momento de publicarse el estudio del IICE, todavía no se hacían públicos los datos de la ENAHO 2018, me remito entonces a los datos de la ENAHO de julio de 2017. Al hacer el cálculo respectivo resulta que el IICE atribuye al quintil 1 (el de los hogares más pobres) un ingreso anual total superior en 18% al que se deduce de los datos del INEC. En cambio, le asigna un ingreso anual total, inferior en -19% al quintil 5 (el de los hogares de mayores ingresos)[i]. Es difícil imaginar cómo pudieron hacerse ajustes tan grandes, que puedan explicar diferencias tan notables. Con la consecuencia de que esto aminora el cálculo del impacto que los nuevos impuestos representan para los hogares más pobres, y lo agranda para los hogares de mayores ingresos, introduciendo una importante distorsión a la hora de atribuirle “progresividad” a la reforma.
2.¿Es progresiva la reforma?
El documento en PowerPoint del IICE concluye lo siguiente: “A pesar de la regresividad de los impuestos indirectos, en su conjunto la reforma fiscal propuesta es PROGRESIVA” (sic). Para respaldar esta aseveración indica que el primer decil (el 10% de los hogares más pobres) aportará en nuevos impuestos el equivalente a un 2,35% de sus ingresos promedio, mientras que el aporte del decil 10 (el 10% de los hogares de mayores ingresos) sería de un 3,98%. Planteado con base en los datos para quintiles, el primero de éstos (20% de los hogares más pobres) aportaría un 2,04% adicional como porcentaje de sus ingresos promedio, mientras el quintil 5 (20% de hogares más ricos) daría un 3,38% de sus ingresos promedio.
¿Basta esto para considerar que la reforma en su conjunto es progresiva?
Hay varias razones que debilitan seriamente esa conclusión y que muestran apresuramiento en su enunciación:
1)Para que la reforma fuese realmente progresiva, debería dar lugar a una curva que ascienda consistentemente de izquierda a derecha. La contribución mínima (como porcentaje de su ingreso promedio) la daría el decil más pobre. En los deciles sucesivos, y en orden ascendente, ese porcentaje debe crecer en forma consistente, hasta llegar a su máximo en el decil 10, el de más altos ingresos. No es, ni de lejos, lo que se observa. Según los datos del propio IICE (véase gráfico al final), la contribución adicional de los deciles 3 y 5 será superior –hasta por el doble en un caso– al de los quintiles 6, 7, 8 y 9. Y, lo que es mucho peor, la contribución del decil 1 (el de los hogares más pobres) es superior al de todos los otros deciles, excepto los deciles 5 y 10. Una reforma tributaria que da lugar a un reparto de cargas con estas características no puede ser considerada, de ninguna forma razonable, como progresiva.
2)Esta última observación se refuerza si observamos los datos del IICE por quintiles: el quintil inferior (el del 20% de las hogares de menores ingresos), aportaría un adicional equivalente al 2,04% de sus ingresos promedio. Esto es superior a lo que aportan los quintiles 2 y 4 (1,93% y 1,96%) y apenas leventemente inferior a lo que aporta el quintil 3 (un 2,17% de sus ingresos promedios). Cierto que el quintil superior aporta más (un 3,38%), pero el cuadro de conjunto es contradictorio y de ninguna manera cumple con los requisitos propios de una reforma realmente progresiva.
3)Es razonable también cuestionarse si ese 3,38% como proporción de su ingreso, que aportaría en nuevos impuestos el quintil 5, puesto en relación con el 2,04% que le toca cubrir al quintil 1, justifica hablar de progresividad. Dado esto último ¿bastan ese margen de 1,3 puntos porcentuales de diferencia en la contribución que cada uno de esos quintiles extremos da, para hablar de progresividad? Es algo que resulta muy debatible.
4)Para ilustrar adicionalmente el punto anterior, he querido calcular el aporte a los nuevos impuestos por persona, para lo cual combiné datos del IICE con otros del INEC (la ENHO 2017). Observamos lo siguiente:
Medida por el ingreso promedio por persona, la brecha entre el quintil 5 y el 1 se ubica en el orden de 18 a 1 (o sea: 18 veces superior el ingreso del primero respecto del segundo).
Por su parte, el monto por persona de nuevos impuestos (datos del IICE combinados con datos del INEC) que aporta el quintil 5 respecto del que aporta por persona del quintil 1, se ubica en una relación de 19 a 1.
En resumen, y visto de esta forma, no hay prácticamente ninguna progresividad.
5)Muy relacionado con lo anterior, es relevante plantearse preguntas como las siguientes: ¿Qué significa contribuir con un 2,04% de sus ingresos en el pago de impuestos nuevos para las hogares del 20% más pobre? ¿Qué significa el 3,38% adicional para los hogares del 20% de mayores ingresos? Intento, en seguida, una respuesta.
6)Según los datos más recientes del INEC (ENAHO 2018), en promedio, los hogares del 20% más pobre, está constituido por 3,50 miembros, con un ingreso promedio de 203.546 mil colones al mes, a lo cual hay que restarle 4.900 colones mensuales que, según deduzco de los datos del IICE, deberán pagar, en promedio, como impuestos adicionales. Ello da un remanente neto de 198.646 al mes, o sea, 56.756 colones por persona. Tal el monto para cubrir las necesidades de cada uno de sus miembros ¿Qué sentido humano y cuál criterio de equidad y justicia justificaría cargar de nuevos impuestos a personas cuya vida se desenvuelve en niveles tan extremos de carencia y privación? Pero sin olvidar que aquel ingreso de 203,5 miles mensuales, debe cubrir los impuestos que ya esos hogares están pagado en este momento, o sea, antes de esta reforma tributaria. El presidente Carlos Alvarado elude este tipo de preguntas. También lo hace el IICE. Y, sin embargo, omitir esto tan básico, vacía de contenido cualquier conclusión sobre la presunta progresividad de una reforma tributaria, sobre todo cuando el propio estudio en consideración admite que cerca de 20.000 personas más caerían por debajo de la línea oficial de pobreza, a raíz de la aplicación de esta reforma.
7)Indiqué que al quintil 1 le quedaría un ingreso promedio remanente de 56.756 colones mensuales, para cada uno de los miembros de la familia, una vez deducido el pago de nuevos impuestos. En el caso del quintil 5, según se desprende de los datos del IICE, le quedaría un remanente neto de aproximadamente 1.036.400 promedio mensual por persona, una vez deducido el pago de algo menos de 27 mil mensuales, en impuestos adicionales, por persona. Se trata de realidades socioeconómicas marcadamente contrastantes. Tener presente estos datos, y, en especial, tratar de dimensionar su significado para la vida de las personas, es importante si se trata de dilucidar las complejidades y matices de progresividad o regresividad que esta reforma conlleva.
8)Sobrevive todavía una justificación que discurre más o menos así: “no interesa tanto que los impuestos cobrados sean progresivos, sino que el gasto que esos impuestos financia sea progresivo, o sea, favorezca principalmente a los más pobres”. No me extenderé por ahora sobre esto, excepto para indicar dos cosas: ese planteamiento claramente sugiere un énfasis en la focalización no en la universalidad de las políticas sociales, lo que crea la posibilidad de que estas últimas se debiliten –con las consecuencias que ello tendría para las hogares de ingresos medios–, aparte que, siendo que esas políticas focalizadas son sin duda necesarias para combatir las manifestaciones más crudas de la pobreza, también funcionan como factor distractor y cubierta ideológica, para invisibilizar las causas más profundas de la pobreza y la inequidad. Y, segundo, es llamativa la omisión acerca de las severas consecuencias negativas que derivarán de la regla fiscal incluida en este proyecto 20.580, y, todavía más, de la muy restrictiva “hoja de ruta” en materia fiscal definida por la Ministra Aguilar y el Presidente Alvarado. De ahí vendrán muy negativas repercusiones para las políticas sociales.
9)Como ya expliqué, he cotejado los datos sobre ingreso total anual de cada decil, según los presenta el IICE en la página 28 de su presentación en PowerPoint, con los que se derivan de los datos por quintil de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEC de julio 2017. Se observa claramente una sobrevaloración del ingreso de los quintiles inferiores, y una subvaloración de los quintiles superiores. Puesto que el IICE omite explicar su metodología, no puedo saber a qué se debe esta diferencia. Si usamos los datos que derivan de la ENAHO, el peso de los nuevos impuestos para los sectores más pobres, sería mayor de lo que nos indica el IICE y el de los grupos de más altos ingresos, bastante más bajo: 2,41% para el quintil 1 y 2,73% para el quintil 5. La presunta progresividad de la reforma prácticamente desaparece.
En toda esta discusión, claramente se ha dado a entender que el 20% de hogares de más altos ingresos (quintil 5) agrupa a la “clase rica” de Costa Rica. Claro, ahí están los ricos-realmente-ricos, situados a alturas inaccesibles y generalmente desconocidas. Pero ahí también está gran parte de lo poquito que queda de la maltrecha y disminuida clase media tica. Pero ello lo dejo para un artículo posterior.
Los datos del IICE se presentan por decil. Los del INEC están publicados por quintil. Lo que he hecho es sumar deciles 1 y 2 en el estudio del primero, para obtener el dato correspondiente al quintil 1. Otro tanto hice para el quintil 5, sumando los deciles 9 y 10 tal cual aparecen en el estudio del IICE.
Fuente: elaboración propia con base en datos del IICE-UCR.
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
1.La “reactivación” de la economía
Tras la aprobación en primer debate del proyecto fiscal 20.580, tanto el Presidente Alvarado, como su Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, expresaron, en diferentes contextos (entrevista a La Nación y conferencia de prensa respectivamente), una idea similar: las medidas fiscales que impulsa este gobierno –impuestos más recorte de gastos– traerán reactivación de la economía, porque devuelven la confianza y reaniman la inversión de las empresas y la contratación de personal. En la teoría económica, esto tiene un nombre: “austeridad expansiva”, la cual propone que aplicar medidas de austeridad tiene un efecto impulsor sobre la economía.
Aunque inspirada en principios derivados del ordoliberalismo alemán, esta teoría se origina en Italia, vinculada al nombre de Luigi Einaudi en la Universidad de Boconi (Milán). Otros economistas italianos, discípulos suyos, le dieron continuidad hasta lograr que tuviera influencia a escala mundial…Costa Rica incluida, como bien lo vemos. Las conclusiones a que la teoría llega, parten de supuestos o premisas altamente restrictivas, las cuales se resumen en esa cosa extremadamente fantasiosa y alucinada llamada “hipótesis de las expectativas racionales”.
No sé si Alvarado y Aguilar saben de estos antecedentes. Posiblemente no. Esta idea –que tanto les conforta– ha sido severamente cuestionada en lo teórico y no ha logrado sobrevivir a ningún test empírico al que haya sido sometida. Pero no les culpo: también muchos economistas siguen repitiendo ideas fosilizadas, con toda la intrepidez que la ignorancia infunde.
Lo importante es que, al fin, encuentro respuesta a una pregunta que muchas veces he formulado: ¿existe una propuesta gubernamental para la reactivación? Sí, efectivamente, existe ¡Albricias! Alvarado y Aguilar nos lo han explicado. Que sea una idea desatinada y sin futuro de nada, pues ya eso es estiércol de otro chiquero.
2.Déficit fiscal, inflación y tasas de interés
El gobierno –incluyendo a don Carlos y a doña Rocío– se hacen eco de una tesis que se ha vuelto epidémica en el paisaje ideológico de Costa Rica: el déficit fiscal –nos dicen– provoca aumento de las tasas de interés y, por lo tanto, frena la inversión de las empresas y de las familias, y, asimismo, agudiza la inflación.
Si usted observa los datos disponibles con algún detenimiento, no encontrará respaldo alguno para tan preocupante advertencia. Dígase, por ejemplo, el último año, entre octubre 2017 y septiembre 2018. En ese lapso la inflación apenas si logra llegar al 2% y toda la amplia gama de las tasas de interés en el sistema financiero se mantienen notablemente estables. Entretanto el déficit escala nuevas cumbres. Esto claramente desmiente esa narrativa, y evidencia que, en realidad, se trata de pura cháchara ideológica, cuyo propósito es justificar el recorte al sector público y la violenta estigmatización contra empleados y empleadas públicas.
Detrás de esto hay otra teoría económica, la cual se ha demostrado –lo mismo en el debate teórico que en la evidencia empírica– falaz e insostenible. Es básicamente la tesis de los “fondos prestables”, una antigualla según la cual en un momento dado, hay una cierta cantidad de dinero disponible para financiar los préstamos que los bancos dan y el déficit presupuestario del gobierno. Se postula entonces una especie de competencia entre bancos y gobierno por captar ese dinerillo disponible, lo cual elevaría las tasas de interés. En realidad, la teoría correcta (la de la «endogeneidad de la oferta de dinero»), bien respaldada empíricamente, es la que nos explica que los bancos no necesitan depósitos para generar créditos, cuando más bien los créditos crean el dinero y generan los depósitos.
De ahí que el único episodio de aumentos de tasas de interés que tuvimos en los últimos dos años se escenificó allá por los meses de mayo a julio de 2017, pero fue enteramente provocado por el Banco Central, como respuesta a la inestabilidad y alza del tipo de cambio en mayo de aquel año. Nada tuvo que ver el déficit fiscal, y, en la eventualidad de que, desgraciadamente, la economía costarricense sufra una crisis (y ese es un peligro muy real), es bien posible que de nuevo el Banco Central opte por elevar las tasas de interés, para tratar de apaciguar la fuga de capitales que la crisis generaría, y la consecuente devaluación del colón frente al dólar. Y, por otra parte, esto último –la devaluación– sería el desencadenante de una mayor inflación. Pero nada de esto sería consecuencia directa del déficit, sino resultado de un mal manejo de ese problema, que desemboque en una crisis.
Esto hay que entenderlo correctamente, para entender lo que hemos venido observando: el Ministerio de Hacienda se ve obligado a pagar tasas de interés cada vez más altas sobre los bonos de deuda que trata de colocar, sin que las demás tasas en el sistema financiero sufran ningún sobresalto. Esto refleja una situación de creciente desconfianza respecto de la sostenibilidad de las finanzas públicas de Costa Rica, pero de por medio hay también un factor de poder, porque se trata de una acción de chantaje que ejercen quienes tienen dinero, tratando de sacar ganancias de las penurias financieras del gobierno. No olvidemos, por favor, que, coaligados con poderes financieros externos, podrían hacer que la profecía que habla del colapso financiero de nuestro sector público, se haga realidad. No deberíamos permitírselos, pero lamento constatar que el gobierno Alvarado no hace lo correcto ni lo necesario para prevenirlo.
3.La anemia crónica de la economía ¿es culpa del déficit fiscal?
Esta es otra de las mentiras que deambulan rozagantes y saludables, y que este gobierno se afana por repetir para justificar el carácter marcadamente retrógrado de su política fiscal.
Volver al punto 1) nos ayudará a entenderlo: nos regalaban don Carlos y doña Rocío la falacia de que su política de austeridad (recorte de gastos + aumento de impuestos) devuelve la confianza y reactiva la economía. Pues pongamos el argumento al revés (como si lo miráramos al espejo): como hay déficit –nos dicen– ello crea desconfianza y frena la economía. De nuevo, es posible que poca gente en el gobierno –si es que alguien– tiene consciencia de la teoría detrás de ese discurso y de los supuestos voladísimos que la alimentan: que los “agentes económicos” no solo entienden a la perfección el problema del déficit, sino que, además, anticipan con certeza sus consecuencias futuras. Tal es, muy en resumen, la llamada “hipótesis de las expectativas racionales”, que ya mencioné en el punto 1). Una propuesta perfectamente desquiciada y delirante.
No es cierto que la anemia crónica que sufre la economía costarricense y los gravísimos problemas de empleo que la aquejan sean causados por el déficit. La relación que se intenta establecer entre una cosa y otra es tan abstracta y esotérica, que merece ser considerada en el orden de lo supersticioso. Los problemas son otros e incluyen, entre algunos más, la sobrevalorización del colón y los grandes rezagos de la infraestructura, las cuales son situaciones de muy largo plazo que reflejan las grandes falencias del proyecto neoliberal. Un aspecto en particular es omitido como causa muy importante de la ralentización de la economía en los últimos dos años: los altísimos niveles de deuda privada que introducen una presión hacia abajo en el consumo de las personas y la inversión de las empresas, obligadas a entrar en un proceso de “desapalancamiento”, o sea, de recorte de gastos a fin de reducir la presión asfixiante de las deudas acumuladas. Lo cual, por cierto, dice mucho acerca de los graves problemas de la banca surgida a partir de la reestructuración neoliberal del sistema financiero.
Es cómodo achacarle estas culpas al déficit fiscal para justificar el tipo de ajuste fiscal regresivo por el que ha optado el gobierno de Alvarado. Permite distraer la atención lejos de las grandes fallas del proyecto neoliberal –las cuales convocan a su urgente replanteamiento– y asimismo son una graciosa concesión a los prejuicios ideológicos dominantes. También resulta una tonada dulce y acariciadora para el gran poder económico y para los ricos-realmente-ricos (los del 1%), que saben muy bien que este mensaje falaz y retorcido, les inmuniza ante el “peligro” de que alguien les recuerde su deber con el sostenimiento del Estado social del que Costa Rica solía –pero ya no más– enorgullecerse.
He explicado en este artículo, tres grandes banderas ideológicas, que son otras tantas groseras mentiras, utilizadas por Carlos Alvarado y sus aliados para justificar su “plan fiscal”. Quedan pendientes otras que espero escrutar en un futuro artículo.
La autoridad habló sobre el papel del Banco Central en el siglo XXI, en la Cátedra Alexis Orozco en la Escuela de Economía
El pasado miércoles 03 de octubre el Presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Dr. Rodrigo Cubero Brealey ofreció en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica una clase sobre el rol del Banco Central en el siglo XXI. La ponencia la realizó en el marco de la Cátedra Alexis Orozco de la Escuela de Economía.
El actual jerarca del Central afirmó que las metas de inflación y el uso de la Tasa de Política Monetaria (TPM), con la combinación de un esquema de flotación administrada, con el uso de intervenciones esterilizadas al tipo de cambio, son los instrumentos correctos para enfrentar los retos que muestra economía. «Es el mejor de todos los mundos» señaló.
Señaló sí, que la economía debe ser más resistente a las fluctuaciones del tipo de cambio y advirtió que el país debe ir evolucionando hacia ello.
«Colombia vio depreciarse el tipo de cambio hasta un 50% y no se movió una hoja (…) no hubo quiebre de empresas, no hubo llamadas del presidente para pedir control del tipo de cambio, ya se acostumbraron a la volatilidad. En Costa Rica, ocupamos un cambio cultural«.
Rodrigo Cubero Brealey
«Hay que evolucionar hacia una mayor flotación de la moneda para darle mayor autonomía a la política monetaria, ocupamos hacer un cambio cultural en Costa Rica. Aunque hace varios años se adoptó el sistema de flotación, aún no nos hemos despertado» señaló la cabeza del Central.
El jerarca expuso con claridad las metas y los instrumentos de los cuales está haciendo uso el Banco Central para mantener la estabilidad de la inflación y a la vez suavizar las tendencias del tipo de cambio. Recordó que esto último es importante porque Costa Rica hay un enorme endeudamiento en dólares por personas no generadores de divisas, hecho que provoca incertidumbre cuando hay mucha volatilidad del tipo de cambio.
La conferencia del presidente del Banco Central, en la Facultad de Ciencias Económicas, atrajo la atención de más de 150 personas que colmaron la capacidad del auditorio, este 3 de octubre de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
Aclaró que lejos de usar los instrumentos de política monetaria para atender problemas de estabilidad financiera, prefiere trabajar con acciones macroprudenciales y microprudenciales en colaboración con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y el Ministerio de Hacienda.
Señaló que la responsabilidad del Banco Central se centra solo en la intervención para evitar que se den cambios pronunciados en muy corto plazo, siempre que los efectos monetarios de esta intervención sean esterilizados para proteger la meta de inflación.
Continuando con los objetivos del Central también defendidos por sus antecesores, Cubero Braley defendió el hecho de que el principal objetivo del Banco debe ser el mantener una inflación baja y estable, para lo que insistió se debe resguardar la independencia operativa y la transparencia de la gestión del Banco Central, la cual debe ser acompañada de muchas acciones de comunicación que mantengan en alto la credibilidad en el Central.
Al respecto, recordó que las expectativas de inflación ya están dentro de las metas planteadas por la entidad, lo que habla bien de la confianza que ya los agentes económicos tienen en la autoridad monetaria, pero aseguró que se debe seguir trabajando en la reducción del tiempo de transmisión de la TPM a la economía, la cual señaló en Costa Rica es de 12 a 18 meses.
Foto: Anel Kenjekeeva.
Rodrigo Cubero comentó sobre los desafíos monetarios que existen en la era digital. Explicó que muchos de estos se concentran en la tendencia que busca la reducción del uso del efectivo para lo cual el BCCR ha impulsado una estrategia de promoción de medios de pago electrónicos.
Sobre la reciente emisión de bonos del tesoro con los que el Central financiará al Ministerio de Hacienda, Rodrigo Cubero aseguró que fue una decisión difícil, pero volvió a asegurar que ese efectivo no afectará las metas de inflación.
«El problema fiscal es el elefante dentro del cuarto, es el problema y la reforma fiscal debe aprobarse» dijo.
Don Rodrigo Cubero es el actual Presidente del Banco Central de Costa Rica, doctor en Economía por la Universidad de Oxford. Ha fungido como subdirector de capacitación en política monetaria, monitoreo de riesgos financieros, políticas financieras, y crecimiento inclusivo en el Fondo Monetario Internacional (FMI); profesor en la Universidad de Oxford y consultor económico.
Esta actividad se realizó en el marco del 75 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas. La conferencia se realizó dentro de la Cátedra Profesor Alexis Orozco.
Gabriela Mayorga López
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Faride Ramírez Jiménez
Asistente de comunicación de la Escuela de Economía
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Debemos reconocer que, llegados al punto donde nos encontramos, el riesgo de que nos veamos arrastrados en una situación de crisis económica es muy cierta. Efectivamente puede ocurrir y, según como se den las cosas, podría ocurrir pronto, aunque también podría posponerse por algunos meses.
Al decir lo anterior, me baso en datos que están a la vista y que se resumen en una agudizada dificultad para financiar el déficit fiscal del gobierno. Cada nuevo intento de colocación de bonos de deuda pública que realiza el Ministerio de Hacienda, se topa con la exigencia de tasas de interés más altas y períodos de vencimiento más cortos, como también es cada vez más difícil refinanciar las deudas que vencen. Nada de esto es inocente, desde luego. Por debajo de esa superficie visible se mueven intereses poderosos, tanto locales como internacionales. Pero con decirlo –incluso con denunciarlo con encendida indignación– nada se conseguirá. Si como país no somos capaces de tomar a tiempo las medidas mínimas requeridas, de seguro nos asfixiarán. Y lo harán porque no fuimos capaces de colocar a tiempo los valladares que les cerrasen el camino y le impidiese aplastarnos.
Es una experiencia que ya hemos visto en otros lugares. Los países de la periferia europea en 2012 brindan una ilustración para mejor entender lo que pasa. En su caso, la cuestión se sintetizaba en un dato, escueto pero implacable: a la hora de tratar de colocar deuda para financiar su déficit fiscal, el diferencial entre la tasa de interés que se les exigía y el que se pagaba sobre los bonos de Alemania (tenidos como los más seguros) tendía a ampliarse cada vez más. Ello ponía en máxima tensión la sostenibilidad de sus finanzas y los empujaba hacia la insolvencia y, por lo tanto, la bancarrota. Se salvaron, no propiamente de la crisis, pero sí del colapso del Estado, gracias a la intervención del Banco Central Europeo (BCE), que anunció, por boca de su presidente, Mario Draghi, la disposición a comprar deuda soberana (o pública) en la cuantía que fuese necesaria.
En Costa Rica, esa opción no existe, no tanto porque nuestra Banco Central está lejos de tener el “poder de fuego” que tiene el BCE, sino principalmente porque las leyes costarricenses se lo impiden. El caso es que el neoliberalismo tico es extremadamente purista, a niveles que seguramente causarían hilaridad en Europa. De ahí que el establishment local de los/las economistas se ruborice y reciba con muestras de escándalo la concesión de un financiamiento por 500 mil millones de colones que el Banco Central dio en días recientes –y bajo condiciones sumamente restrictivas– al Gobierno Central. Se dio por esta vez, y, dada las limitaciones legales y la tozudez ideológica, será difícil que se vuelva a dar pronto, aún si el gobierno está a un tris de la bancarrota.
Entretanto, la economía va cada vez más débil, lo cual se visibiliza en ingresos tributarios prácticamente estancados. En consecuencia el déficit, que ya es muy considerable, tiende a crecer, de manera que, a su vez, la deuda se va inflando. Y siendo que esto último por sí solo haría aumentar los pagos por intereses, el impacto que éstos acarrean se agranda al subir las tasas. La presión sobre las finanzas pública se incrementa y los márgenes de maniobra se estrechan. Es, sin exageración, un panorama sombrío. No es broma: la crisis podría darse.
¿Significa que iremos por el camino de Grecia? Las comparaciones de este tipo son siempre riesgosas, incluso desatinadas, porque los contextos son ciertamente distintos. Por ejemplo: la deuda pública nuestra, a diferencia de Grecia, sigue siendo interna principalmente y en colones en su mayor parte (aunque el componente en moneda extranjera ha crecido mucho y de forma peligrosa). Pero también puede haber elementos en común, sobre todo porque en nuestro caso, como en el de Grecia, si la situación fiscal se sale de control, podemos quedar a merced de poderes financieros, incluso de alcance global, en capacidad de asfixiarnos.
Sin embargo, me interesa llamar la atención sobre un elemento: una situación de grave desequilibrio fiscal podría enfrentarse básicamente de dos formas: mediante una política de austeridad o mediante una esfuerzo de reactivación económica. Hay un océano de diferencia entre una y otra perspectiva, sin que ello niegue que, con seguridad, habrá que hacer todo un esfuerzo por “ordenar la casa” y corregir aquellos factores que dieron lugar a la crisis fiscal.
La vía de la austeridad le fue impuesta a Grecia y a otros países de la periferia europea, incluyendo a España, cuyo desbalance fiscal nacía no de excesos en el sector público, sino más bien del traslado a éste último de los excesos del sector privado (similar a los casos de Estados Unidos o Irlanda). Porque el crédito desordenado al sector privado y el auge especulativo de la construcción, fueron los que tumbaron la economía española y obligaron al gobierno a intervenir masivamente para sostener el sistema financiero y atenuar el impacto de la recesión. Cuando la crisis de la deuda se manifestó en Grecia (hacia finales de 2009), rápidamente se contagió a otros países de la periferia europea donde también había crecido –aunque no por las mismas razones– el déficit presupuestario de los gobiernos y su deuda pública. Declarada la crisis, a todos se les aplicó una receta talla única: recorte del gasto público y de la planilla estatal; privatizaciones; recorte de pensiones; aumento de impuestos. O sea, y en resumen, austeridad en toda la plenitud de su cruel ejecutoria. La consecuencia: una depresión económica en toda la línea, que ha implicado costos humanos y sociales inconmensurables, con secuelas irrecuperables por décadas enteras. El caso griego es, con mucho, el peor. El portugués el más benigno porque fue el primero que logro atenuar –sin revertirlas totalmente– las políticas austeritarias. El irlandés es seguramente el más engañoso, dado el carácter ficticio de sus estadísticas, infladas artificialmente por su condición de privilegiado paraíso fiscal.
La crisis de la deuda de estos países europeos se pudo haber enfrentado de otra forma:
1.Debía reconocerse que las responsabilidades eran compartidas por acreedores y por deudores. Ya Keynes vio claro este aspecto de la cuestión y lo plasmó, aunque inútilmente, en sus revolucionarias propuestas para el sistema financiero mundial post-Segunda Guerra Mundial. Lanzar todas las cargas sobre la parte deudora, corresponde a un enfoque moralizante, seudo-religioso, que complace los prejuicios de alguna gente, pero que, desde el punto de vista económico, resulta un perfecto desatino.
2.En concordancia con lo anterior, tendría que haber procesos de reestructuración de la deuda –tanto los plazos como las tasas de interés– que distribuya costos y pérdidas en forma equitativa.
3.Para poder salir de una situación de elevado déficit y deuda al alza, un requisito indispensable es lograr que la economía crezca y genere empleo. Si, por el contrario, se opta por políticas de austeridad muy restrictivas, la consecuencia inevitable es una economía en recesión y graves problemas de empleo. Ello contrae los ingresos públicos y agranda relativamente la deuda, forzando a nuevas rondas de recortes y aumentos de impuestos. En consecuencia la crisis fiscal se prolonga y los costos de superarla se agrandan. El retroceso de la economía extiende sus devastaciones sobre la sociedad y deja secuelas muy dolorosas y perdurables.
4.Una vía es clave para promover la dinamización de la economía y la generación de empleos: la inversión pública, y, preferiblemente, una inversión pública “verde” que también sea planificada para maximizar su capacidad de creación de empleos. Si lo pensásemos para el caso de Costa Rica, algunas otras cosas podrían complementar –pero jamás sustituir– el esfuerzo de inversión pública (por ejemplo: la baja en las tasas de interés bancarias y la orientación del crédito prioritariamente hacia la producción y generación de empleos).
5.La reforma tributaria que se implemente debería repartir cargas en forma justa y equitativa, y ser diseñada de forma paulatina, de modo que sea coherente –y no se contraponga– a los esfuerzos de reanimación de la economía y el empleo.
6.Y, desde luego, hay que poner en orden lo que deba ponerse en orden: los excesos, despilfarros, ineficiencias y corruptelas deben ser combatidos. Pero esto debe hacerse sobre el telón de fondo de un compromiso claro y firme con la equidad.
7.No olvidemos: que el esfuerzo goce de legitimidad política y aceptación social es indispensable. Y ello solo se logra cuando las cosas se hacen de forma dialógica, transparente y honesta, y se preserva y se hace efectivo el compromiso con la equidad y la justicia.
¿Podríamos ir por el camino de Grecia? Creo que lo que he explicado ayuda a entender que la cuestión depende crucialmente de la forma como se responda a la crisis. Es un paso que debemos dar ya, con urgencia y enérgica decisión.
Esta propuesta permitiría lograr la trazabilidad y la neutralidad del impuesto
Más de 200 000 productores agropecuarios y agroindustriales desde los pequeños agricultores, hasta los medianos y grandes agroindustriales de todo el país se verán interpelados por la actual reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa. Hasta el momento aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 1% se presenta como la opción que más conviene a este gremio.
Para comprender la situación actual del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus implicaciones para el país y para el agro en particular, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica (UCR) llevó acabo un foro el lunes 18 de setiembre.
En el foro los expositores coincidieron en que el impuesto al valor agregado del 1% en la canasta básica agrícola y el resto de los productos y servicios de la cadena agropecuaria, tal como está planteado en el actual texto en el expediente 20.580, beneficia a este sector.
Así lo indicó el Dr. José Antonio Cordero Peña, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR y el M.Sc. Martín Calderón Chávez, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, que forma parte del conglomerado agropecuario más grande del país, la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA).
Sector agropecuario costarricense
El sector agropecuario costarricense está agrupado en Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) que integra a cuatro grandes organizaciones de productores: la Cámara Nacional de Agricultura, conformada por 28 cámaras del sector agropecuario, el pesquero y el industrial; el sindicato de productores UPA Nacional, la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (UPIAV) de la zona Sur y el sector cooperativo agropecuario y agroindustrial representado por Coonacoop, al cual pertenecen 87 cooperativas. En total suman más de 2.000 productores agremiados.
1% IVA en toda la cadena productiva
La propuesta actual del sector agrícola, pecuario, agroindustrial, acuicola y pesquero ha sido aplicar el 1% del IVA en toda la cadena productiva desde la materia prima, incluyendo las importadas como el maíz, el trigo el sorgo y la soya, los insumos, la maquinaria, el equipo y los servicios hasta llegar a la canasta básica. Esta propuesta permite lograr la trazabilidad y la neutralidad del impuesto.
“Con el IVA no es cierto que el sector agro va a tener que pagar más, ni que la canasta básica se va a encarecer”. El impuesto se va trasladando a lo largo de la cadena, en cambio si queda exonerado esto no se podría hacer, explicó el economista agrícola y representante del sector agro M.Sc. Martín Calderón.
En el proyecto de ley actual también se aplicaría el 1% de IVA a las ventas, a las importaciones de los productos de la canasta básica y a los bienes agropecuarios. Calderón apuntó además que esta trazabilidad que busca el Ministerio de Hacienda para evitar la evasión fiscal, también beneficia a los productores ante las prácticas de contrabando de ganado y otros productos agrícolas porque la facturación permitiría saber con exactitud de procedencia de cada producto.
Otros beneficios
El gravar la canasta básica agropecuaria con el 1% a su vez protege a los productores nacionales ante la competencia de productos importados que forman parte de la canasta básica como los frijoles, el arroz y la leche. El experto explicó que si hoy en día la canasta quedara exenta y el resto de la cadena quedara tasada, el productor tendría que incluir este impuesto en su estructura de costos, lo cual encarecería el producto nacional frente al importado.
Por su parte, el economista Dr. José Antonio Cordero explicó que la uniformidad de las tasas es muy importante para que “nadie quede debajo del agua”, es decir, que todos los actores de la cadena productiva puedan tener una operación viable. Por otra parte, asegura el economista que con este impuesto (IVA), aunque los sectores más pobres pagan una proporción más grande de su ingreso, al final los que van a pagar el grueso de esta recaudación son los de mayores ingresos pues son los que gastan más.
Desde el 2011 el sector agropecuario ha estado presente en las discusiones de una reforma fiscal. En este periodo se han analizado alrededor de 20 textos diferentes. En todos ellos, la canasta básica estaba exenta pero sí estaban gravados el resto de productos de la cadena productiva, según detalló el M.Sc. Calderón. Con el texto actual el impuesto al valor agregado se aplica del 1% en la canasta básica agrícola y el resto de los productos y servicios de la cadena agropecuaria.
Con el texto sustitutivo que el gobierno presentó a la Asamblea el 14 de agosto los agropecuarios también lograron mantener algunas exoneraciones como las comisiones de las subastas agrícolas y ganaderas y las transacciones de animales vivos, el alquiler de terrenos para pequeños productores, los créditos otorgados por Banca de Desarrollo, primas de riesgos laborales y de seguros agropecuarios.
Acabo de leer que «lo que está en riesgo, más allá de nuestra economía, es el tejido social de un país que compartimos, que imaginamos y que construimos juntos y juntas.» Olman Briceño.
Aclaremos esto. Ha sido el tejido social que ha favorecido un imaginario que no fue el nuestro. El de las grandes mayorías, pero de minorías privilegiadas. Hemos venido construyendo relaciones estructurales de injusticia e inequidad fiscal. Tenemos una economía que nos va haciendo más y más pobres, mientras que a un pequeño círculo social, se le ha venido facilitando hacerse más y más ricos.
Por tal motivo, corremos los riesgos necesarios que nos permite conformar nuevos vínculos solidarios que nos permitan distinguir al similar de los disímiles… de quienes sufren iguales injusticias de aquel que se ha aprovechado de las decisiones unilaterales. El poder entregado por el Soberano debe ser para gobernar en favor del bien común.
Estamos seguros que está sucediendo un cambio en nuestro tejido social, pero para bien de Costa Rica y no para los círculos del poder tradicional.
Es este cambio el que queremos y por lo que sí queremos correr el riesgo.
Estudiantes ofrecen capacitaciones en aspectos administrativos y acompañamiento para el desarrollo de planes estratégicos, hasta la verificación de modelos de negocio
La iniciativa universitaria ha trabajado en el fortalecimiento de emprendimientos vinculados con el sector turístico y artesanal. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Desde hace cinco años, los estudiantes del Recinto de Paraíso de la Universidad de Costa Rica (UCR) ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas para impulsar el fortalecimiento de la economía del cantón.
Actualmente, 27 jóvenes trabajan bajo la guía del profesor Juan Carlos Ubilla para apoyar y capacitar a micro y pequeñas empresas, instituciones públicas y organizaciones comunales en Paraíso y sus alrededores.
La iniciativa se desarrolla bajo la modalidad de Trabajo Comunal Universitario (TCU) e incorpora a los estudiantes avanzados de las carreras de Dirección de Empresas, Informática Empresarial y Turismo Ecológico.
Acercamiento a los emprendedores
El proceso inicia cuando los estudiantes conocen las áreas de oportunidad que presentan las iniciativas empresariales y, a partir de este acercamiento, definen ––bajo supervisión docente–– las alternativas idóneas para atenderlas.
Según Ubilla, las metodologías de trabajo varían según el caso, pero siempre estarán enfocadas en fortalecer el modelo de negocio y potenciar la probabilidad de éxito en su actividad empresarial.
“Se trata de llevarlos a un nivel más profesional, donde tengan plenas capacidades de administrar adecuadamente sus giros de negocios y donde las probabilidades de éxito sean mucho más altas”, enfatizó el académico.
Las necesidades de los emprendedores, las instituciones y las organizaciones van desde capacitaciones en aspectos administrativos y acompañamiento para el desarrollo de planes estratégicos, hasta la verificación de modelos de negocio.
“Hemos sido testigos de una consolidación y crecimiento de las microempresas y nuestro compromiso es seguir catapultando sus posibilidades de desarrollo”, señaló el docente.
Los estudiantes realizan sesiones de trabajo y comparten su conocimiento en las diferentes localidades, tal como lo han hecho con diversas asociaciones comunales o con la cámara de comercio de la localidad.
Apoyo a la industria local
Grettel Jaen Valverde inició con el sueño de emprender hace casi 20 años y hoy día se especializa en elaborar fachadas típicas, decorar tejas de barro y crear cocinas de leña con madera.
Esta artesana forma parte del Grupo de Mujeres Emprendedoras de Birrisito y durante dos meses asistió a las capacitaciones que impartieron los alumnos del Recinto de Paraíso en el salón comunal de la localidad.
Según Jaen, el espacio fue muy importante para el fortalecimiento de su negocio, pues le permitió aprender sobre temas claves que desconocía, pese a su amplia experiencia como emprendedora.
“Aprendí a manejar bien la contabilidad, hicimos la marca, un logotipo y me enseñaron a hacer la publicidad de los productos en las redes sociales”, señaló la creadora de “Artes Bambú”.
La artesana considera que este tipo de actividades son esenciales para que, al igual que ella, otros emprendedores puedan iniciar o fortalecer sus empresas y, así, apoyar la economía de sus familias y de su localidad.
La academia está comprometida con la sociedad
Daniela Cerdas cursa el cuarto año de la carrera de Dirección de Empresas y, desde hace un año, forma parte de esta iniciativa que a su criterio: “potencia las capacidades organizativas y financieras de las empresas en la región”.
La estudiante asegura que esta experiencia la ha enriquecido como persona y como profesional, pues le ha dado la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria.
Cerdas reconoce el gran interés que existe por parte de la ciudadanía sobre la posibilidad de recibir este apoyo académico, aunque señala que en ocasiones se dificulta contar con las condiciones adecuadas en algunas localidades a las que se acercan para trabajar.
La joven señaló, además, la importancia de que las municipalidades y autoridades locales colaboren con la facilitación de espacios para realizar las capacitaciones e informen a la ciudadanía sobre la oportunidad de aprovechar este esfuerzo universitario.
1)El proyecto de ley sobre reforma fiscal actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa (expediente 20.580) tan solo aportará nuevos ingresos por un monto de alrededor de 1,5% del PIB (valor total de la producción nacional). Recordemos, por otra parte, que para este año el déficit fiscal muy posiblemente sobrepase el 7% del PIB y que, bajos las tendencias actuales, superaría el 8% en 2019. Sumemos los “ahorros” que doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, viene promoviendo, y pongámonos además sumamente optimistas: al cabo, entonces, podríamos hablar de un déficit del 6% en 2019. Es absolutamente imposible que, bajo tales condiciones, se logre frenar el crecimiento de la deuda pública, que es el objetivo mínimo que habría que alcanzar para que la situación fiscal logre emerger del territorio turbulento en que hoy día se mueve. Lograr tal cosa es aún más difícil, teniendo presente el menos que mediocre dinamismo de la economía.
2)El gobierno apuesta, sin embargo, a que aprobado ese proyecto ello servirá como certificado de “buena conducta” que facilite el acceso a financiamiento externo y tasas de interés más reducidas, lo que, a su vez, atenuaría la presión que los pagos de intereses ponen sobre el déficit. Primero, no alimentemos excesivas expectativas: la fama de “buena administradora” de Costa Rica ya está bastante tocada, y el contexto internacional es hoy menos propicio que años atrás, con tasas de interés al alza y corrientes de capital fluyendo de nuevo hacia el norte rico. Pero incluso si apelamos a las hipótesis más optimistas, e imaginamos que se logra colocar deuda externa en condiciones favorables, ello si acaso cubriría la cuarta parte de las necesidades de financiamiento que tendría el gobierno. Quizá se atenúe un poco el efecto, pero podamos dar por descontado que los intereses seguirán jalando hacia arriba el déficit.
3)El dinamismo de la economía, o sea, sus índices de crecimiento, siguen siendo francamente insatisfactorios, con una situación del empleo sumamente deteriorada. En lo fundamental, la situación fiscal que vivimos ha nacido precisamente de esa persistente atonía económica y de los crónicos problemas del empleo. Ello conlleva subvertir las bases principales de las que depende la salud de las finanzas públicas, lo cual se ve agravado por la inequidad de nuestro sistema tributario, los esquemas de exoneración fiscal vigentes y la magnitud del fraude tributario. Por su parte, el ajuste fiscal propuesto, aun siendo limitado, y al ser aplicado sobre una economía muy frágil, tendría un inevitable efecto contractivo, que nos llevaría al borde del estancamiento, agudizaría los problemas del empleo y empeoraría la pobreza. O sea: la propuesta fiscal del gobierno podría estar serruchando la rama sobre la que se sienta: en el intento por extraer recursos de la economía y recortar el gasto público, debilitaría aún más una economía ya debilitada, lo que repercutirá en que, al cabo, los nuevos recursos que se recauden sea menos de los previstos, y el déficit, y por lo tanto la deuda, mayores a lo esperado.
Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.
4)El gobierno de Carlos Alvarado ha presentado recientemente diversas propuestas para la reactivación de la economía. Siendo, en general, ideas buenas y necesarias, reflejan confusión respecto de lo que el concepto “reactivación económica” significa. La casi totalidad de lo propuesto, suponiendo que fuese aplicado con rigor y constancia, tendría algún efecto solo al cabo de varios años, y lo que pudiera dar frutos más expeditos (como la simplificación de trámites, infinitas veces mencionada por los sucesivos gobiernos), no tendrían más que consecuencias marginales sobre el desempeño general de la economía. No parece entenderse –lo cual me deja muy perplejo– que la reactivación solo tiene sentido como una cuestión para el corto plazo, un año a lo sumo, como tampoco parece haber claridad sobre cuáles son los mecanismos que realmente pueden reactivar una economía en períodos relativamente cortos. Subrayo: hay que ponerle energía e impulso a la economía ya, ahora mismo, para que ello nos dé el músculo que urgentemente necesitamos para enfrentar el problema fiscal, “sin morir en el intento”. Dentro de los distintos programas anunciados, el que sí es relevante desde el punto de vista de la reactivación es el de inversión pública. Y, según se desprende de las diversas notas de prensa, se trata de montos muy significativos, de hasta más del 6% del PIB. Un programa de obra pública de este tipo –no obstante su excesivo énfasis en lo vial– si podría levantar la economía…a condición de que esa inversión pública se ponga a caminar de inmediato y esté siendo ejecutada en el plazo de pocos meses. Sobre eso, la información disponible no es clara, y teniendo presente –como no podía ser de otra manera– los obstáculos infinitos y la comprobada ineficiencia en la gestión y ejecución de obra pública en Costa Rica, uno no puede alentar mucho optimismo. Más importante que dar cifras muy impresionantes –que es lo que el gobierno ha tratado– hay que explicar muy claramente cómo se romperán esos innumerables cuellos de botella que frenan la inversión pública. Al respecto, el gobierno es omiso. Y, la verdad, yo no veo posibilidad de lograrlo si no es con base en un gran acuerdo y un gran esfuerzo nacional, del que tendrían que ser partícipes –de forma articulada, desprendida y generosa– tanto la institucionalidad pública, como la empresa privada y la ciudadanía organizada.
5)El proyecto fiscal en discusión no solo es limitado en términos de los nuevos recursos que pueda aportar, sino también es retrógrado por sus consecuencias sociales. En la parte tributaria, el núcleo del proyecto es claramente el “impuesto al valor agregado” (IVA), en lo cual el gobierno ha invertido una dosis altísima de capital político. Han hecho incontables malabares para justificarlo. Al cabo, un hecho fundamental sigue siendo incontrovertible: es un impuesto regresivo que agudizará la inequidad social. Decir que es un tributo que “todo el mundo aplica” no aporta mucho. También es cierto que “en todo el mundo” la desigualdad crece y la concentración de la riqueza es cada vez más insultante. La amplísima preferencia por el IVA –que va de la mano con el abandono de la tributación progresiva que sí propicia mayor equidad social– es simplemente parte de ese proceso. El resto de las reformas no alcanzan, ni de lejos, a darle un perfil equitativo a este proyecto: no se logra incrementando las tasas sobre el impuesto al salario que básicamente tocará a sectores medios profesionales asalariados del sector público, mientras que el impuesto a las ganancias y rentas de capital es un mal intento por fingir progresividad donde claramente no la hay. Lo resumo diciendo: este proyecto nació mutilado por el terror que suscita la sola mención de una reforma tributaria justa, progresiva y moderna. Tengamos claro: no es un problema técnico, sino una realidad política: eso, y no más, es lo que permiten los intereses dominantes en la Costa Rica de hoy.
6)El proyecto también incorpora un capítulo llamado de la “regla fiscal”. Analicé esa propuesta con amplitud en un artículo que publiqué en marzo pasado (puede verse aquí). Agrego lo siguiente: esta idea debe ser evaluada a la luz de la “hoja de ruta” que la ministra Rocío Aguilar ha delineado, según la cual en los años sucesivos, el gasto corriente del Gobierno Central (exceptuando intereses) se mantendrá congelado en su nivel de 2018. El presupuesto para 2019, recién presentado, da testimonio de que, en efecto, se quiere cumplir con esa lineamiento. En la medida en que se mantenga esa ruta, al concluir el gobierno de Carlos Alvarado tendríamos una reducción de alrededor del 8 o 9% en el gasto corriente, medido en términos reales, o sea, descontada la inflación. La vigencia de la regla fiscal, en la medida en que efectivamente sea aplicada, ampliaría ese efecto contractivo. El objetivo me parece claro, y lo enuncio no como una observación ideológica, sino como la conclusión a que los datos obliga a llegar: se propone avanzar en un proceso de efectivo achicamiento del Estado, que muy probablemente implicará el debilitamiento, acaso el desmantelamiento, de nuestros sistemas de seguridad social.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED),
Se realizará el próximo 1 de septiembre de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Participarán más de 25 grupos personas productoras y artesanas de la zona
La feria será un espacio libre de plástico de un solo uso como parte del compromiso ambiental
El próximo 1 de septiembre se realizará la I Feria distrital de la cultura campesina 2018 en la comunidad de San José de Upala, en la zona norte del país. Es organizada por la Articulación de Comunidades Organizadas de San José de Upala, que es una red de organizaciones de base de 13 comunidades del distrito.
Upala es uno de los cantones con menor Índice de Desarrollo Humano ocupa el puesto 78 de 81 del Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En los últimos años, este cantón se ha visto afectado por la influencia de diferentes fenómenos climáticos, particularmente después del paso del huracán Otto.
La feria busca avanzar en la dinamización de la economía y la comercialización local desde una perspectiva de economía solidaria. La realización de la feria fue un acuerdo que se tomó durante la 1era Asamblea Distrital de la Articulación de Comunidades Organizadas el pasado 9 de junio.
Este esfuerzo forma parte de la puesta en práctica de la Universidad de los Saberes de San José de Upala. El evento es un laboratorio de aprendizajes no solo sobre cómo desarrollar una feria, sino sobre cómo trabajar colectivamente y desde un enfoque de economía solidaria.
Durante la feria habrá venta de productos locales, agrícolas, artesanías y comidas, además de actividades recreativas, artísticas y deportivas para toda la familia, así como baile y karaoke.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Universidad de Costa Rica (UCR) a través del proyecto de Acción Social «Gestión Educativa del Territorio» (ED-3364) de la Licenciatura en Administración de la Educación No Formal.
Para más información puede contactar a Elder Hernández, miembro de la Articulación, vecino de la comunidad de La Victoria, al teléfono 7248-4821 o a Adilia Solís, coordinadora del proyecto (ED-3364) al 8310-6709 o al correo: adilia.solis@ucr.ac.cr
Pulse en las imágenes para agrandarlas.
Información generada desde la Vicerrectoría de Acción Social, UCR, compartida por Diego Molina.
