La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) invita a la población a un gran encuentro por la salud, la vida y la seguridad social para celebrar los 85 años de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fundada en 1941. La actividad será el domingo 1.º de noviembre en Cartago.
RENASES está integrada por 85 organizaciones sociales, comunales, sindicales, agroalimentarias, ambientales, de mujeres, de salud y de educación, universidades y diversos sectores de la sociedad. La organización convoca a toda la población y a las familias trabajadoras a esta “gran celebración popular, social y cultural, en homenaje a nuestra querida Caja”.
Programa
10:00 a. m.: misa conmemorativa en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.
Después de la misa: concentración y acto de conmemoración en la Plaza Mayor de Cartago, con actividades culturales, música, feria de salud, emprendimientos y otras actividades.
Con esta convocatoria, RENASES expresa su compromiso de defender la seguridad social, fortalecer el derecho a la salud y a la educación pública, proteger la institucionalidad y la democracia, y construir un país más justo y solidario.
“¡La seguridad social es patrimonio de todo el pueblo!”, afirma la Red, que cierra su llamado con la consigna: “¡La Caja es de todos y todas, y entre todos y todas la defendemos!”.
Hay escenas de las movilizaciones sociales que merecen tanta atención como los discursos y las demandas que las convocan. Una orquesta que lleva su música a una plaza. Jóvenes que abrazan a personas mayores que han llegado a expresarles su apoyo. Carteles hechos a mano, marionetas, danzas y canciones que transforman una calle. En esas prácticas se construyen relaciones, se transmiten memorias y se experimentan maneras de vivir juntos.
Mirar la protesta desde esta perspectiva permite reconocer algo que suele quedar relegado en las narraciones centradas en los enfrentamientos: la resistencia también produce comunidad. Su fuerza se encuentra en lo que reclama y en las relaciones que quienes participan logran construir durante la lucha.
La calle como lugar de encuentro
Las movilizaciones estudiantiles francesas ofrecen un punto de partida. La incorporación de docentes, familias, sindicatos y otros sectores permite observar cómo una demanda educativa puede convertirse en un espacio de convergencia social. También se han documentado expresiones de apoyo de personas mayores y jubiladas hacia las generaciones jóvenes. Esos encuentros abren una pregunta: ¿qué sucede cuando distintas edades reconocen que sus problemas y sus esperanzas están relacionados?
La solidaridad entre generaciones puede interrumpir prejuicios arraigados. La juventud deja de aparecer como incapaz de comprender el mundo; la vejez deja de quedar asociada inevitablemente con la resignación o el inmovilismo. Un abrazo entre quienes marchan y quienes llegan a acompañarlos puede expresar un reconocimiento político: tu lucha merece ser escuchada y tiene algo que ver conmigo.
Podemos hablar de una horizontalidad entre generaciones cuando la edad deja de funcionar como título automático de autoridad o motivo de descalificación. Esto no supone borrar las diferencias de experiencia. Significa reconocer una igual capacidad para participar, aprender y contribuir.
Una escena afectuosa no demuestra que todas las jerarquías hayan desaparecido. Pero permite advertir una posibilidad: construir relaciones en las que las diferencias no se conviertan necesariamente en subordinaciones.
La solidaridad también viaja en sentido inverso
Argentina aporta otra escena de ese encuentro. El 12 de marzo de 2025, hinchas de distintos clubes, sindicatos y organizaciones sociales acompañaron a jubiladas y jubilados frente al Congreso. Las agresiones sufridas por personas mayores en protestas anteriores habían contribuido a movilizar nuevos apoyos. Durante aquella jornada, la respuesta policial volvió a incluir gases lacrimógenos, cañones de agua y proyectiles.
Las personas mayores eran protagonistas de una lucha que ya venían sosteniendo. Los sectores que se incorporaron reconocieron esa iniciativa y ampliaron su acompañamiento. Defender condiciones dignas para la vejez se convirtió en un motivo de encuentro entre personas con trayectorias y pertenencias diferentes.
Las camisetas de distintos equipos reunidas alrededor de una demanda compartida permiten leer también una dimensión estética de la solidaridad. Los símbolos de la cultura popular adquieren un sentido político que atraviesa rivalidades habituales. En esa convergencia se expresa una idea sencilla y exigente: lo que le sucede al otro también nos concierne.
El arte transforma la experiencia de protestar
La participación de L’Orchestre du Nouveau Monde en las movilizaciones francesas resulta especialmente significativa. Su manifiesto define al colectivo como una orquesta de resistencia comprometida con la justicia social y climática. Cuestiona el elitismo y el acceso desigual a la música clásica, y propone comprender el arte como un bien común.
Llevar una orquesta a la calle modifica las condiciones de encuentro con ese patrimonio cultural: quién puede escucharlo, dónde se interpreta y con qué luchas se relaciona. La música participa en una disputa por el acceso a la cultura y por el sentido de lo que compartimos.
Jacques Rancière (2000) ofrece una herramienta para comprenderlo mediante su concepto de «reparto de lo sensible»: la organización de aquello que puede verse, escucharse y reconocerse como parte de la vida común. Desde esta perspectiva, la política incluye la irrupción de quienes no eran reconocidos como interlocutores.
Aplicada a estas escenas, esa mirada permite comprender cómo una plaza ocupada por música, carteles y cuerpos modifica temporalmente los usos esperados del espacio. Quienes suelen aparecer como una interrupción del tránsito se presentan como personas con palabra, memoria y capacidad creadora.
La danza, las marionetas, las canciones y el humor hacen perceptibles demandas y experiencias. También permiten soportar el cansancio y reconocerse entre desconocidos. Su valor político merece ser examinado junto con sus formas artísticas.
La alegría y el cuidado construyen comunidad
Barbara Ehrenreich (2007) estudió la historia de la alegría colectiva y de las prácticas compartidas de música, danza y celebración. Su trabajo permite preguntarnos por la capacidad de estas experiencias para crear vínculos y por los conflictos que suscitan frente a distintas formas de autoridad.
En una movilización, la alegría puede ayudar a sostener la presencia y el compromiso. Quienes se encuentran descubren que su preocupación tiene resonancias en otras vidas. Esa experiencia puede transformar la soledad en disposición para actuar juntos.
También conviene observar los gestos menos espectaculares: acompañar a quien tiene miedo, adaptar el paso, escuchar, compartir recursos o facilitar que alguien descanse. Las investigaciones sobre movimientos sociales y política del cuidado muestran la importancia de examinar cómo la empatía y las prácticas de apoyo intervienen en la construcción de solidaridad.
La calidad democrática de una protesta se juega también allí. Importa quién puede participar, quién queda excluido y sobre quién recae el trabajo de cuidar. Una movilización puede proclamar igualdad y reproducir desigualdades en su organización. La horizontalidad requiere atención y trabajo.
Además, defender la alegría no significa exigir que las personas agraviadas sean siempre festivas o agradables. La resistencia contiene duelo, rabia, miedo y agotamiento. Su legitimidad no depende de ofrecer un espectáculo simpático a quienes la observan.
Una memoria que se canta, se baila y se escribe
Diana Taylor (2003) ha mostrado cómo las prácticas corporales y escénicas transmiten conocimiento y memoria. Desde esa perspectiva, las canciones, los gestos y las actuaciones callejeras pueden entenderse como formas de conservar y transformar experiencias colectivas.
Cada generación recibe expresiones de luchas anteriores y puede modificarlas. Una melodía conocida adquiere otra letra; un símbolo cambia de contexto; una consigna vuelve a circular. La cultura de la protesta se construye mediante esa relación entre herencia e invención.
Los grafitis y las intervenciones sobre monumentos abren una discusión semejante: ¿quién puede inscribir su memoria en la ciudad y qué voces son descalificadas de antemano como suciedad? Reconocer su significado político exige examinar también sus efectos materiales. Una proyección temporal, una pintada y un daño irreversible requieren valoraciones distintas. El análisis gana profundidad cuando considera tanto la disputa simbólica como el cuidado de bienes compartidos.
Los afectos también tienen política
La creatividad y las emociones no pertenecen exclusivamente a las izquierdas. Walter Benjamin (2003) advirtió sobre la estetización de la política en el fascismo. El espectáculo, los símbolos y la movilización afectiva también pueden servir a la obediencia y la exclusión.
La religión participa asimismo de experiencias estéticas mediante imágenes, música, rituales y gestos que generan pertenencia. Los estudios de Birgit Meyer (2009) permiten comprender esa dimensión sensible. Su significado político depende de cómo se emplea: las prácticas religiosas pueden sostener relaciones de autoridad, pero también experiencias de solidaridad y emancipación.
Por eso, la cuestión decisiva es qué relaciones promueven esas expresiones y qué lugar conceden a quienes piensan o viven de otra manera.
En Costa Rica, afirmaciones como la de Laura Fernández, recogida el 27 de mayo de 2026, según la cual «los comunistas destruyen a su paso todo», convierten una diversidad de actores y experiencias en un enemigo homogéneo. Frente a esa descalificación, documentar las prácticas creadoras de los movimientos permite recuperar la complejidad que el estigma elimina.
La sociedad que comienza a practicarse
La idea de política prefigurativa permite reunir estas observaciones: las formas de organizarse en el presente pueden procurar coherencia con la sociedad que se desea construir. La cooperación, la participación y el cuidado se convierten así en prácticas que deben ponerse a prueba durante la propia lucha.
Su alcance dependerá también de lo que perdure: redes de apoyo, aprendizajes, organización y compromisos que sobrevivan a la jornada. Una comunidad necesita continuidad para transformar la emoción del encuentro en capacidad colectiva.
Las estéticas de la resistencia hacen visibles esas posibilidades. En una orquesta que comparte la plaza, en generaciones que se reconocen y en personas que acompañan una demanda ajena, podemos observar ensayos de una vida común más digna.
La alegría disputa el poder cuando ayuda a construir esos vínculos. Y la pregunta que dejan abierta merece acompañarnos más allá de cada manifestación: ¿qué sociedad empieza a hacerse posible en la manera en que nos tratamos mientras resistimos?
Defender la protesta es defender la democracia
Esta reflexión adquiere una relevancia inmediata en Costa Rica. El llamado de Ariel Robles a marchar y acampar frente a la Asamblea Legislativa y el Gobierno, en defensa de la educación pública, dio lugar a una denuncia penal por presunta instigación pública y a una investigación en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. Su referencia a las movilizaciones de Francia y España fue interpretada por sus adversarios como una convocatoria a reproducir hechos violentos.
Ante esa interpretación, corresponde recuperar una distinción jurídica fundamental: convocar a movilizarse no equivale a instigar un delito. El artículo 26 de la Constitución Política reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, incluso para discutir asuntos políticos y examinar la conducta de los funcionarios. El artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege ese mismo derecho y exige que sus restricciones estén previstas legalmente y sean necesarias en una sociedad democrática. La presión ciudadana pacífica sobre quienes gobiernan forma parte del ejercicio de esas libertades.
El artículo 280 del Código Penal exige una instigación a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública. Por eso, atribuir carácter delictivo a una convocatoria requiere identificar la conducta criminal que se habría promovido y demostrar que el mensaje efectivamente incita a realizarla. En el llamado a marchar y acampar reproducido por la prensa no aparece una exhortación expresa a agredir personas, incendiar edificios o saquear comercios. La referencia a movilizaciones extranjeras tampoco permite, por sí sola, atribuir al convocante todos los actos cometidos durante ellas. Esta valoración se refiere a ese mensaje; el examen integral de la denuncia exige revisar los demás materiales que incorpora.
Una acampada puede constituir una forma de reunión pacífica. Sus condiciones concretas de lugar, duración y afectación de derechos ajenos deben examinarse mediante criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La incomodidad que provoca una protesta o su capacidad para interrumpir la rutina no la convierten automáticamente en violencia. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado, además, que los actos violentos aislados de algunos participantes no deben atribuirse indiscriminadamente a los demás, a los organizadores o a la reunión en su conjunto.
La apertura de una investigación tampoco demuestra la existencia de un delito. El control político debe respetar las libertades que hacen posible la deliberación democrática. Resulta particularmente preocupante que una comisión dedicada a los derechos humanos pueda contribuir a presentar como sospechoso el ejercicio de un derecho que está llamada a proteger. Si el reproche consiste únicamente en convocar una movilización pacífica para exigir una decisión presupuestaria distinta, ese reproche carece de sustento suficiente para una imputación por instigación pública.
Aquí se encuentran la dimensión jurídica y la dimensión cultural de la resistencia. La posibilidad de cantar, reunirse, acompañarse y permanecer juntos en el espacio público necesita garantías que protejan a quienes disienten. Una ciudadanía que teme ser investigada por convocar a una protesta dispone de menos libertad para construir esos vínculos y hacer escuchar sus demandas.
Defender la educación pública mediante una movilización pacífica es participar en la discusión sobre nuestro futuro común. Las instituciones democráticas deben poder escuchar esa presencia, incluso cuando resulta incómoda y exige cambios. En las calles, distintas generaciones pueden reconocerse, compartir sus preocupaciones y construir solidaridad. Proteger ese encuentro es también proteger la democracia.
La alegría disputa el poder cuando convierte el miedo y el aislamiento en capacidad de actuar juntos. Una democracia se fortalece cuando garantiza el espacio para que esa capacidad pueda ejercerse.
Augusto Boal (2022) comprendió que el teatro podía ser un ensayo de la revolución. Las estéticas de la resistencia nos invitan a llevar esa intuición a la calle: al cantar, bailar, intervenir sus muros y crear juntos, los pueblos ensayan formas de habitar el mundo y de decidir sobre él. Defender ese espacio de creación colectiva es defender una democracia en la que la ciudadanía pueda imaginar y construir algo distinto de lo que el poder le ofrece.
Reducir las movilizaciones francesas a incendios, saqueos y enfrentamientos con la policía oculta sus causas sociales. En Costa Rica, esa imagen parcial está siendo utilizada para desacreditar la protesta y presentarla como una amenaza al orden público. Las protestas que sacuden Francia llegaron de pronto al debate político costarricense, no para intentar comprenderlas, sino para convertirlas en advertencia.
La diputada oficialista Kattia Calvo acusó a Ariel Robles, exdiputado del Frente Amplio, de promover la “sedición” por llamar al estudiantado costarricense a seguir el ejemplo de las movilizaciones en Francia y España. Calvo recordó los saqueos, incendios y actos de violencia ocurridos en Francia y responsabilizó anticipadamente a Robles por eventuales hechos vandálicos que pudieran producirse en una manifestación estudiantil en nuestro país.
Es cierto que en las movilizaciones francesas se han producido hechos de violencia. Negarlo no ayudaría a comprender lo que está ocurriendo. Pero tampoco se comprende una protesta social seleccionando las imágenes más espectaculares y suprimiendo todo lo que ocurrió antes de ellas.
¿Por qué protesta el estudiantado francés?
Un seguimiento más o menos regular de la prensa crítica europea permite reconstruir un panorama más completo de lo que está ocurriendo. Las movilizaciones comenzaron a finales de septiembre en institutos franceses y rápidamente se extendieron. Las y los estudiantes denunciaban falta de docentes y personal sustituto, aulas saturadas, deterioro de los edificios, carencia de personal de apoyo y reducción de recursos, problemas particularmente graves en centros situados en los barrios populares.
Algunos testimonios hablan de goteras, servicios sanitarios en malas condiciones y hasta presencia de ratas, ausencia de ventilación en el verano y de calefacción en el invierno. Es decir, los estudiantes no salieron inicialmente a las calles para enfrentarse con la policía. Salieron a reclamar mejores condiciones para estudiar. Pero el problema no termina en las aulas.
El economista y profesor Sebastián Irigoyen, en un análisis publicado por Diario Red, vincula el deterioro de la educación pública con una discusión mucho mayor: las políticas de austeridad y la manera en que se distribuye el costo del ajuste fiscal.
Mientras el Gobierno francés invoca el endeudamiento público para justificar restricciones presupuestarias, crece el cuestionamiento a las políticas fiscales que durante años han favorecido a los sectores de mayores ingresos. De manera que detrás de la protesta estudiantil está la pregunta: ¿quién termina pagando el ajuste?
Cuando el malestar se extiende
Las protestas estudiantiles comenzaron a encontrarse con otras demandas por parte de trabajadores, sindicatos, agricultores, activistas y otros sectores que se movilizaron contra el aumento del costo de la vida, por mejores salarios y en defensa de los servicios públicos y lo que inicialmente parecía un conflicto educativo empezó a mostrar un malestar social mucho más amplio.
A ello se sumó la actuación policial. Las intervenciones contra bloqueos y manifestaciones, las detenciones y las denuncias de agresiones contra menores introdujeron otro elemento en el conflicto. Amnistía Internacional expresó preocupación por la seguridad de los jóvenes participantes y reclamó a las autoridades francesas que garantizaran el derecho a manifestarse.
Y entre medio se han sucedido actos de violencia que si bien son condenables, para nada pueden usarse para restarle legitimidad a las causas que han llevado a la movilización.
Una imagen útil para el poder
Si de todo lo ocurrido en Francia se seleccionan únicamente automóviles incendiados, enfrentamientos y escaparates destruidos, se obtiene una imagen muy eficaz: la protesta aparece asociada al caos. Aquí es donde el episodio francés adquiere interés para Costa Rica.
Y si esa imagen se traslada al debate costarricense, el siguiente paso resulta sencillo. Quien convoca a protestar estaría convocando al desorden; quien llama a los estudiantes a movilizarse podría estar promoviendo la violencia. Así llegamos a una palabra mucho más grave: sedición.
La operación política consiste en desplazar la discusión. Ya no hablamos de las razones por las cuales determinados sectores podrían querer manifestarse. Hablamos del peligro que representarían quienes los convocan. La secuencia es conocida: protesta, desorden, violencia, amenaza al país y en algún momento de ese recorrido desaparece el derecho a protestar.
La democracia también ocurre en la calle
Conviene recordar algo elemental. En una democracia el conflicto social no constituye una anomalía. Las elecciones son fundamentales, pero la democracia no termina cuando se cierran las urnas. Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, universidades, asociaciones comunales y ciudadanos tienen derecho a organizarse, reclamar y manifestarse contra decisiones que consideran injustas. Eso también es democracia.
Por eso resulta preocupante que desde el Partido Pueblo Soberano y su enjambre de medios afines, troles e influencers, se instale una narrativa en la que cuestionar al Gobierno se aproxima cada vez más al desorden, convocar a una manifestación puede convertirse en instigación y llamar a protestar termina asociado con la sedición.
Francia merece ser observada con mayor cuidado.
Sus protestas no demuestran que toda movilización social conduce al vandalismo. Muestran algo bastante distinto: los conflictos que no encuentran respuesta política no desaparecen por decreto. Se acumulan.
Primero faltan profesores. Después se deterioran los centros educativos. Se encarece la vida, aumenta la precariedad y se debilitan los servicios públicos. Hasta que personas que parecían vivir problemas separados descubren que existe algo común entre ellos. Entonces la juventud estudiantil de toda Francia sale a la calle.
Y una democracia debería preocuparse no solamente por el desorden que eventualmente ocurre durante una protesta, sino por los problemas estructurales que padece la sociedad francesa desde hace varios años y que han dado lugar a grandes protestas sociales, por ejemplo: la Ley del Trabajo (2016); el movimiento de los Chalecos Amarillos (2018-2019), así como las revueltas de las periferias (2023).
Entre todas ellas hay un hilo conductor: la resistencia a las consecuencias sociales de las políticas de austeridad y liberalización, la defensa de los servicios públicos y del Estado social, la percepción de desigualdad y abandono de determinados territorios y sectores sociales y, progresivamente, el cuestionamiento de un sistema presidencial considerado excesivamente vertical.
De manera que Francia no estaría simplemente atravesando una nueva protesta estudiantil; estaría entrando en una nueva fase de un ciclo de conflictividad social iniciado hace aproximadamente una década. Lo novedoso de 2026 es que una generación que era niña cuando surgieron los Chalecos Amarillos está entrando directamente en escena política. Además, la crisis fiscal actual —con una deuda cercana al 119 % del PIB y un proyecto presupuestario que contempla fuertes ajustes— reduce considerablemente el margen del Estado para responder mediante mayor gasto, como ocurrió ante crisis sociales anteriores.
Fuentes consultadas
Diario Red:
Sebastián Irigoyen, “La disputa educativa en Francia: ultra ricos blindados, estudiantes precarizados”, 8 de octubre de 2026.
“Los jóvenes del mundo se levantan”, 9 de octubre de 2026.
Chloe Arús, “Manifestaciones en Francia: Amnistía Internacional denuncia la inseguridad de los menores frente a la violencia policial”, 9 de octubre de 2026.
Benjamín Gutiérrez, “Obreros y estudiantes unidos, ¡adelante!”, 4 de octubre de 2026.
“Más de 500.000 personas se manifiestan en toda Francia contra el Gobierno, las subidas de los precios y el deterioro de los servicios públicos”, 19 de octubre de 2026.
El Mundo CR, “Kattia Calvo acusa a Ariel Robles de sedición por llamar a seguir el ejemplo de las protestas en España y Francia”, octubre de 2026.
Imagen: Manifestación de estudiantes en Toulouse, 14-10-2026 (foto de Mathieu Pinard Baillet / Le Pictor / DPA).
Hay momentos en que un gremio debe detenerse, mirarse al espejo y preguntarse con honestidad: ¿seguimos siendo fieles a lo que nos dio origen? Esta es una de esas horas. Y la pregunta no es incómoda para quien tiene la conciencia tranquila, sino necesaria para quien ama de verdad su causa.
Lo que somos
Somos trabajadores de la educación de Costa Rica, herederos de una tradición que decidió, hace mucho, que este pequeño país no tendría ejércitos sino escuelas. Esa decisión nos dio identidad, paz y dignidad. Cada trabajador de la educación que hoy entra a un aula continúa esa historia. Frente a nosotros están niños y niñas, jóvenes llenos de ilusiones: no son una estadística ni una carga presupuestaria, son el país que viene. Y nosotros somos, en gran medida, quienes lo formamos.
El faro que hace falta
Toda organización humana, por noble que sea su origen, corre el riesgo de desviarse: de que el interés personal se disfrace de interés colectivo, de que el cargo sea privilegio y no servicio, de que la defensa legítima se vuelva costumbre vacía, de que el silencio cómodo reemplace a la crítica honesta. Nombrar esas desviaciones no es debilitar al magisterio; es protegerlo. La luz del FARO incomoda a quien se esconde, pero libera a quien actúa con rectitud. Un sindicato fuerte no teme a la transparencia, la practica. No teme a las cuentas claras, las presenta. No teme a la crítica interna, la convierte en rumbo.
Combatir, sí, pero con principios
Nuestra lucha es firme y no pide permiso para serlo. Lucharemos por escuelas dignas, por programas de estudio pertinentes y de calidad, por condiciones justas para quien enseña, por inversión seria y sostenida en educación, y por el derecho de cada niño, viva donde viva, a aprender. Pero la fuerza de esta lucha depende de su autoridad moral. Un combate sin valores se convierte en ruido; un combate guiado por la justicia, la honestidad y la solidaridad se convierte en historia. Combatimos contra el abandono, la indiferencia y la mediocridad, y también contra todo vicio que nos habite por dentro.
Lo individual y lo colectivo
Desde el aula, el docente construye con su ejemplo diario. Desde el sindicato, la dirigencia construye con su coherencia. Son dos trincheras de una misma causa. Ninguna sustituye a la otra: sin trabajadores de la educación comprometidos, el sindicato pierde su razón de ser; sin un sindicato ético y valiente, el trabajador de la educación queda solo ante los desafíos. Cuando ambos se rigen por principios y valores, la profesión se eleva y la escuela se transforma.
Una obligación histórica
Las generaciones que nos antecedieron lucharon para que hoy exista una educación pública que es orgullo nacional. No la recibimos para administrarla con comodidad, sino para defenderla, renovarla y entregarla mejor. Esa es nuestra deuda y nuestra responsabilidad. Dentro de cincuenta años, alguien juzgará si estuvimos a la altura. Que pueda decir que, cuando hubo que corregir el rumbo, tuvimos el valor de hacerlo; que cuando hubo que defender la escuela, no dimos un paso atrás; y que cuando se trató de elegir entre el interés propio y el de los niños, elegimos siempre a los niños.
Convicción para seguir
Nuestra lucha es por la educación, por la niñez y la juventud, por las escuelas y los programas, y, en definitiva, por una Costa Rica mejor para todos. Es una causa que no se agota en un período ni en una dirigencia, porque no nos pertenece: es un legado que nos fue confiado.
Hoy lo reafirmamos con serenidad y con firmeza: el FARO por delante, la rectitud como brújula y los niños como razón. Ese es el camino.
Mauricio Ramírez Núñez Académico y especialista en política internacional y desarrollo
A las cámaras empresariales, a los líderes del sector productivo, a los sectores sociales y a toda la ciudadanía de Costa Rica.
Históricamente, Costa Rica ha sido reconocida en el mundo no por la fuerza de sus armas, sino por la sabiduría de su pacto social. Hemos construido una nación bajo la premisa fundamental de que aquí nadie sobra. Sin embargo, hoy nos encontramos atrapados en una peligrosa deriva: una polarización estéril donde algunos parecen apostar por una lógica de suma cero, creyendo falsamente que el país avanza si un bando destruye al otro.
Como académico y estudioso del desarrollo y la política internacional, debo decirlo con absoluta claridad: la vía costarricense nunca ha sido la de que un bando gana y otro pierde sobre las ruinas del adversario. Pensar que se puede echar a unos por la borda, ya sea asfixiando lo público por mero capricho ideológico o ignorando las necesidades de dinamismo económico del sector productivo, no es una victoria política, es un suicidio nacional a largo plazo y un retroceso imperdonable en nuestra prosperidad y bienestar común.
No podemos tolerar, bajo ningún criterio de sensatez, posturas tan miopes como aquellas que celebran los recortes a la educación pública simplemente porque no se aprobó un proyecto de privatización eléctrica o cualquier otro argumento. Esa mentalidad vengativa, pobre y egoísta debe ser superada de inmediato. ¿Cómo pretende el sector productivo competir en los mercados internacionales del mañana si aplaude o calla ante el debilitamiento del semillero de nuestro talento humano? Los estudiantes de hoy son la mano de obra calificada, los ingenieros y los científicos que las empresas van a necesitar para sobrevivir.
Ver la educación como un gasto prescindible es una muestra de ceguera imperdonable y de fanatismo ideológico. Pero el desarrollo tampoco se construye desde el resentimiento ni desde la trinchera permanente. Costa Rica necesita ambas cosas y las necesita juntas: necesitamos una educación pública robusta y bien financiada, y al mismo tiempo necesitamos energía abundante y a mejor precio, competitividad, paz social y empleo digno para todos.
La verdad más elemental, que a menudo se nos olvida en medio de las disputas ideológicas, es que nosotros los necesitamos a ustedes y ustedes nos necesitan a nosotros. Ningún sector puede prosperar de manera sostenible sobre la miseria o la exclusión del otro. Por esta razón, hago una excitativa vehemente al sector productivo nacional y a todos los actores sociales: es hora de dejar de lado el egoísmo, salir de las trincheras y unirse para construir una agenda país conjunta.
Conversemos con altura, depongamos los odios sectarios y entendamos que en Costa Rica o ganamos todos, o perdemos todos.
Convirtamos este momento de quiebre en la oportunidad para demostrar que nuestra democracia sigue siendo capaz de encontrar acuerdos superiores.
El Colectivo Causa Sur organiza una marcha local desde la Sede Brunca de la UNA y una buseta hacia el encuentro nacional en la Plaza de la Democracia.
“¡Costa Rica se levanta!”. Con esa consigna, el Colectivo Causa Sur anunció que la Zona Sur se suma a la Gran Marcha Nacional convocada para este martes 20 de octubre, “a todos los sectores de este país para manifestarnos por la educación, el agro, la cultura y los derechos sociales”.
El colectivo propone dos formas de participar.
Marcha en Pérez Zeledón
Fecha: martes 20 de octubre.
Hora: 9:00 a. m.
Salida: Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional (UNA).
Destino y plantón: parque de Pérez Zeledón, en San Isidro de El General.
Transporte a la marcha en San José
Para quienes deseen sumarse al encuentro nacional en la capital, Causa Sur dispone de una buseta:
Salida: 5:30 a. m., frente al Banco Nacional, en San Isidro de Pérez Zeledón.
Encuentro nacional: 11:00 a. m., en la Plaza de la Democracia, San José.
Regreso: 6:30 p. m., desde la Plaza de la Democracia.
Los espacios son limitados. Las personas interesadas pueden reservar escribiendo al colectivo por mensaje directo en sus redes sociales.
El colectivo invita a llevar carteles y banderas.
Contexto
La Gran Marcha Nacional, con el lema “¡Distintas luchas, un mismo país!”, es una jornada multisectorial que reúne demandas de educación y universidades, agro y producción nacional, cultura, salud pública, trabajo digno, ambiente, pueblos indígenas y desarrollo de las regiones, entre otras. También coincide con la marcha en defensa de la educación universitaria pública convocada por el CONARE. Ese mismo día vence el plazo de la Comisión de Asuntos Hacendarios para votar las mociones de recorte, entre ellas las que afectan a las sedes regionales de las universidades públicas.
“¡Distintas luchas, un mismo país!”: la jornada incluye marchas desde diversos puntos del país, un encuentro nacional en la Plaza de la Democracia y una vigilia de cierre.
Para el martes 20 de octubre se convoca a una Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, con el lema “¡Distintas luchas, un mismo país!”. La convocatoria llama a frenar “los recortes que afectan nuestro presente y futuro” y a trabajar “por una Costa Rica más justa, solidaria y democrática”.
Programa de la jornada
9:00 a. m.: salida de las marchas desde diversos puntos del país.
11:00 a. m.: gran encuentro nacional en la Plaza de la Democracia, en San José.
Hasta las 6:00 p. m.: jornada de participación con expresiones culturales y cierre con una gran vigilia.
Las luchas que convergen
La convocatoria reúne las demandas de distintos sectores:
educación pública y universidades;
agro y producción nacional;
derechos sociales y protección de la niñez;
personas con discapacidad, personas adultas mayores y cuidados;
trabajo y empleo digno;
ambiente y territorios sostenibles;
salud pública;
cultura y patrimonio;
pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes;
desarrollo de las regiones;
soberanía frente al acuerdo transpacífico;
todos los sectores de la sociedad.
Contexto
La convocatoria coincide con la Marcha en Defensa de la Educación Universitaria Pública que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) convocó para ese mismo día. Esa marcha saldrá a las 9:00 a. m. desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la Asamblea Legislativa, en las inmediaciones de la Plaza de la Democracia. Las dos se enmarcan en la discusión legislativa de los recortes presupuestarios.
En los últimos días, distintas instancias se han pronunciado contra esos recortes:
La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) llamó a una movilización unitaria y a articular esfuerzos con otros sectores en defensa de lo público.
El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) advirtió que su Centro Académico de Limón podría cerrar si se aprueba la reducción de ₡492,9 millones.
El Consejo de Área de Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica rechazó la moción 104-1, que eliminaría el presupuesto del Recinto de Paraíso.
Organizaciones del sector agropecuario y de otros sectores sociales también se han movilizado contra la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que es otra de las causas de la convocatoria.
La marcha saldrá a las 9:00 a. m. de la Fuente de la Hispanidad hacia la Asamblea Legislativa. Los recortes en discusión afectarían, entre otras, a la sede del TEC en Limón y al Recinto de Paraíso de la UCR.
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) convoca a estudiantes, a toda la comunidad académica, a las personas graduadas, a las familias y a la ciudadanía en general a la Marcha en Defensa de la Educación Universitaria Pública. Se realizará el martes 20 de octubre de 2026, con salida a las 9:00 a. m. desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la Asamblea Legislativa.
“La educación universitaria pública transforma vidas, abre puertas a miles de jóvenes, impulsa a las comunidades y contribuye al desarrollo de Costa Rica”, señala la convocatoria. CONARE afirma que sus beneficios llegan a las familias, a las personas estudiantes y graduadas, a los sectores productivos y a toda la sociedad. Agrega que es necesario “sumar nuestras voces y pasos para defender estas oportunidades y garantizar que las futuras generaciones también puedan acceder a ellas”.
La invitación pide participar “con respeto y responsabilidad, fortaleciendo los valores democráticos que distinguen a Costa Rica”.
El caso del Centro Académico de Limón del TEC
Como parte del contexto de la convocatoria, se dio a conocer la advertencia de la rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez. Ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, durante la discusión del segundo presupuesto extraordinario, la rectora advirtió sobre un posible cierre técnico e inmediato del Centro Académico de Limón, pues su operación depende de una legislación especial y no del uso de un fideicomiso que administra el desarrollo de infraestructura y otras inversiones educativas de la institución.
Según expusieron las autoridades del TEC:
Monto del recorte: el Ministerio de Hacienda y la propuesta del Poder Ejecutivo plantean una reducción de ₡492,9 millones destinados a la operación del Centro Académico de Limón.
Impacto inmediato: sin esos fondos, la sede no tendría financiamiento para operar en octubre, noviembre y diciembre.
Población afectada: el cese de operaciones perjudicaría a cerca de 400 estudiantes matriculados y a 30 personas funcionarias académicas y administrativas.
Riesgo legal: la interrupción forzada de las carreras comprometería los derechos del estudiantado en formación, lo que podría generar demandas contra el TEC y el Estado por incumplimiento de la oferta académica.
Desarrollo regional: la pérdida de presencia territorial limitaría las oportunidades de formación universitaria y de desarrollo social en la provincia de Limón. También afectaría los planes de expansión del TEC hacia la Región Brunca previstos para los próximos años.
La UCR rechaza la moción que eliminaría el presupuesto del Recinto de Paraíso
A esta situación se suma el manifiesto CASR-43-2026 del Consejo de Área de Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica (UCR). El Consejo expresa su “más enérgico, categórico e irrestricto rechazo” a la moción 104-1 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. Según el manifiesto, esa moción plantea eliminar el presupuesto que garantiza el financiamiento del Recinto de Paraíso, de la Sede del Atlántico de la UCR, y ese presupuesto tiene sustento en una ley específica.
“No estamos ante una simple modificación de partidas presupuestarias”, advierte el Consejo. Se trata de una decisión que puede comprometer las condiciones para garantizar el derecho a la educación superior pública, debilitar la presencia universitaria en los territorios y profundizar desigualdades históricas en el acceso a la formación universitaria. Según el manifiesto, la medida pondría en riesgo la continuidad de los procesos académicos y las oportunidades de cientos de estudiantes.
El manifiesto subraya que el Recinto de Paraíso “no es un gasto prescindible”, sino una expresión concreta del compromiso de la universidad con la democratización del conocimiento, la movilidad social y el desarrollo regional. “Las sedes regionales no son periféricas para el desarrollo nacional. Son fundamentales para hacerlo posible”, afirma. Señala también que la existencia de una ley específica que respalda ese financiamiento exige que cualquier intento de modificarlo se examine “con la mayor responsabilidad, transparencia y rigurosidad”.
El Consejo de Área de Sedes Regionales exige:
El rechazo de la moción 104-1, de modo que no se elimine el presupuesto del Recinto de Paraíso.
El respeto al marco legal que respalda su financiamiento.
La protección de los recursos destinados a las sedes regionales, por su papel en la democratización del acceso a la educación superior y en la reducción de las desigualdades territoriales.
La apertura de espacios de diálogo con las autoridades universitarias, para que la discusión presupuestaria considere los efectos sobre el estudiantado, el personal y las comunidades.
El compromiso de las instancias legislativas con una educación superior pública accesible, inclusiva, de calidad y presente en todas las regiones del país.
“Defender el presupuesto del Recinto de Paraíso es defender a sus estudiantes, a sus comunidades y el futuro de la educación superior pública. Es defender el principio de que el lugar de procedencia no debe determinar las oportunidades de formación, crecimiento y desarrollo de las personas”, concluye el manifiesto.
Con esta marcha, las universidades públicas se suman a las voces que en los últimos días han cuestionado los recortes presupuestarios en discusión. Entre ellas está la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES), que llamó a una movilización universitaria unitaria frente a la Asamblea Legislativa.
La federación sindical de las universidades públicas critica la estrategia de CONARE para defender el FEES y pide una alianza nacional en defensa de las instituciones públicas.
La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) emitió un comunicado público. Expresa su “más enérgico rechazo” a las mociones de recorte presupuestario que se discuten en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Rechaza también los recortes al Ministerio de Educación Pública (MEP), a la salud y a los programas sociales dirigidos a la niñez y la primera infancia.
La federación, que articula a las organizaciones sindicales de las universidades públicas, sostiene que la defensa de esas universidades “es inseparable de la defensa de la educación pública en todos sus niveles, los servicios públicos, la salud, los derechos laborales y la justicia social”.
Recortes al FEES y deuda acumulada
Según FESITRAES, las propuestas en discusión contemplan un recorte de aproximadamente ₡26.000 millones en el presupuesto universitario de 2027. Además, se afectarían recursos del año en curso y se desconocerían compromisos sobre los fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), cuya deuda acumulada se estima en ₡64.000 millones.
La federación advierte que, de concretarse estos recortes, se debilitarían las sedes regionales y se reducirían las oportunidades de ingreso del estudiantado. También se afectarían los programas académicos, la investigación, la extensión y la acción social, y quedarían en riesgo la estabilidad laboral y el funcionamiento institucional. “Lo que está en juego es el derecho del pueblo costarricense a una educación superior pública, accesible, de calidad y comprometida con el desarrollo nacional”, señala el comunicado.
Críticas a la estrategia de CONARE
El comunicado sostiene que desde hace años se advertía que la estrategia del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para negociar y defender el FEES “conducía a la derrota”. A juicio de la federación, los esfuerzos de negociación y de gestión legislativa no han logrado garantizar los recursos necesarios. Añade que la experiencia de los últimos tres gobiernos muestra que los compromisos institucionales pueden quedar sin cumplir cuando no hay suficiente movilización y presión social.
“La vía del diálogo no puede seguir siendo una estrategia de espera”, afirma FESITRAES, y agrega que CONARE “debe comprender que no basta con negociar, emitir comunicados o confiar en la voluntad política de quienes promueven los recortes”.
La federación señala que la división interna en CONARE ha profundizado la derrota en la lucha por un FEES justo y en la articulación con el Magisterio Nacional. A su juicio, esa división es “una trampa del Gobierno en la que han caído las rectorías, en mayor o menor medida”. Pide a las rectorías articular con otros sectores, como la CCSS y el ICE, porque, según la federación, el Gobierno busca debilitar a todas las instituciones que han tenido un papel primordial en el desarrollo del país.
FESITRAES reclama también transparencia: todas las comunidades universitarias deben conocer las estrategias de defensa del FEES, la situación interna de las instituciones y la gestión de los recursos que realizan las distintas administraciones. “El país navega sobre aguas turbulentas. Si el barco se hunde, se hunde completo, incluidas las universidades públicas”, advierte el comunicado.
Las acciones que propone FESITRAES
Bajo la consigna “De la preocupación a la movilización”, la federación convoca a la lucha permanente mediante cinco acciones:
Movilización universitaria fuerte y unitaria: concentraciones conjuntas de las comunidades de las cinco universidades públicas (estudiantado, personal docente y administrativo y organizaciones sindicales) frente a la Asamblea Legislativa y en las distintas sedes universitarias del país, para exigir la restitución de los recursos.
Paro de las comunidades universitarias: impulsar un paro en defensa del financiamiento de las instituciones públicas, de la educación pública en todos sus niveles y del modelo del FEES.
Una postura firme de CONARE y las rectorías: que las autoridades universitarias vayan más allá de la negociación en la Comisión de Enlace y en la Asamblea Legislativa, y se sumen a la organización, convocatoria y acompañamiento de las movilizaciones.
Una alianza nacional en defensa de lo público: articular esfuerzos con el Magisterio Nacional, el Poder Judicial, la CCSS, el ICE, las organizaciones sindicales, los movimientos estudiantiles y los sectores que enfrentan políticas de recorte, privatización y debilitamiento de los servicios públicos.
Retiro de las mociones de recorte y fortalecimiento del presupuesto educativo: respeto del financiamiento constitucional de la educación pública, cumplimiento de los acuerdos de financiamiento universitario y pago de los fondos postergados del FEES. La federación pide además exigir el 8 % del PIB para la educación pública.
El comunicado concluye que las garantías sociales, las empresas estatales que prestan servicios públicos, la educación pública y las universidades públicas son “conquistas históricas construidas con el esfuerzo de generaciones y mediante la lucha social”. También llama a construir “una unidad popular de sectores sociales, estudiantiles, sindicales y universitarios”.
Pronunciamiento del Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE)
El Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE), organización sindical costarricense comprometida con la solidaridad internacional, el internacionalismo proletario y la defensa irrestricta de los derechos de la clase trabajadora, se pronuncia con firmeza y combate en respaldo de las marchas obreras y estudiantiles convocadas para este miércoles 14 de octubre en Colombia, y extiende su más combativo apoyo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a todas las organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles y comunitarias que hoy levantan su voz contra las políticas de ajuste, precarización y represión del gobierno de Abelardo de la Espriella.
CONSIDERANDO:
Que la CUT, junto a organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles y comunitarias, ha convocado una Jornada Nacional de Movilización para este 14 de octubre en las principales capitales del país, en defensa de los derechos laborales, humanos, las libertades democráticas, la justicia social y la soberanía nacional.
Que el movimiento obrero colombiano enfrenta una arremetida sin precedentes: el gobierno pretende implementar el pago por horas y aumentar la jornada laboral sin reconocimiento salarial adicional; derogar decretos que protegen la negociación colectiva y la intermediación laboral; y aplazar la reforma pensional para convertirla en una contrarreforma que atenta contra los derechos de los trabajadores.
Que el movimiento estudiantil colombiano se ha declarado en asamblea permanente y ha protagonizado movilizaciones masivas en rechazo al nuevo protocolo que permite militarizar los centros educativos, violando la autonomía universitaria y criminalizando la protesta social. La comunidad educativa denuncia esta medida como una violación directa a la autonomía universitaria y un intento de criminalizar el derecho a la protesta.
Que el gobierno colombiano impulsa un “estatuto antiterrorista” que, según la CUT, representa una amenaza para el Estado social de derecho, podría aumentar la estigmatización de los ciudadanos, restringir las garantías para ejercer la defensa legal y penalizar la protesta social.
Que la educación pública enfrenta un recorte presupuestal que pone en riesgo la gratuidad para los estudiantes de universidades públicas, y se suspenden los concursos de mérito para el ingreso y ascenso en la carrera docente.
POR TANTO, PRONUNCIAMOS:
Primero: Nuestro apoyo irrestricto e inclaudicable a la CUT y a todas las organizaciones que marchan este 14 de octubre. Reconocemos en la CUT a la central obrera que dignifica la lucha de la clase trabajadora colombiana. ¡Viva la CUT! ¡Viva la unidad de los pueblos!
Segundo: Respaldo combativo a las justas demandas del movimiento obrero y estudiantil colombiano. Exigimos el respeto a los derechos laborales conquistados, el rechazo al pago por horas y a la flexibilización que precariza el empleo. Defendemos la educación pública, gratuita y de calidad, y rechazamos la militarización de las universidades y la criminalización de la protesta social.
Tercero: Repudio enérgico a la represión y a las políticas neoliberales del gobierno de Abelardo de la Espriella. Las medidas de ajuste fiscal, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y los recortes presupuestales no son más que una agresión contra los sectores populares. La solidaridad de clase no conoce fronteras.
Cuarto: Llamado a la unidad internacional de los trabajadores. Hacemos un llamado fraterno y combativo a todas las organizaciones sindicales y populares de Nuestra América a expresar su solidaridad con el pueblo colombiano, a denunciar la represión y a unir fuerzas en la lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo.
Quinto: Condena a cualquier intento de estigmatizar la protesta social. La CUT ha sido clara: “No aceptamos estigmatizaciones”. Las marchas serán pacíficas y legítimas. Rechazamos los intentos de calificar a los dirigentes sindicales y sociales como “instigadores”.
¡La solidaridad de clase no se detiene ante fronteras! ¡Viva la CUT! ¡Viva la lucha obrera y estudiantil colombiana! ¡Por la defensa de los derechos laborales, la educación pública y la soberanía de los pueblos! ¡Ni un paso atrás en la lucha por la justicia social!
JUNTA DIRECTIVA INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN DEMOCRÁTICA (ISFODE) San José, Costa Rica — 13 de octubre de 2026
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