El Observatorio de Bienes Comunes y Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) convocan al curso-taller «La ‘neutralidad’ también adoctrina. Genealogía de una pedagogía del silencio», un proceso de reflexión de cuatro encuentros orientado a analizar de forma crítica las disputas actuales sobre la educación pública, la libertad de cátedra y la democracia.
Según la convocatoria, la actividad parte de una pregunta central: ¿es posible que la educación sea completamente neutral? El material de invitación señala que la reciente emisión de la Circular DM-CIR-0047-2026 del Ministerio de Educación Pública reabrió ese debate en el país, en torno a interrogantes como quién define qué constituye adoctrinamiento, cómo se protege la libertad de cátedra sin reducir la enseñanza a una transmisión acrítica de contenidos, y qué efectos tienen este tipo de regulaciones sobre el trabajo cotidiano del personal docente.
Desde la perspectiva de la educación popular y la pedagogía crítica, la convocatoria plantea que ninguna práctica educativa es completamente neutral, ya que toda educación transmite formas de comprender el mundo y define qué conocimientos se consideran legítimos. Bajo esa premisa, sostiene que el adoctrinamiento no se limita a la imposición explícita de ideas, sino que también puede expresarse cuando ciertos temas dejan de discutirse, cuando se excluyen determinadas perspectivas del debate, o cuando el temor a sanciones genera autocensura entre quienes enseñan.
Ejes temáticos por encuentro
El proceso se desarrollará en cuatro sesiones presenciales, cada una dedicada a un eje específico:
10 de agosto: ¿Quién define la educación? De la formación ciudadana a la neutralidad educativa.
17 de agosto: La cruzada contra el «adoctrinamiento»: conservadurismo y guerras culturales en la educación.
24 de agosto: La fabricación de la neutralidad: dispositivos de control, vigilancia y autocensura.
31 de agosto: Desobedecer preguntando: pedagogías para una democracia crítica.
Cada sesión combinará espacios dialógicos, análisis de materiales, estudio de casos y metodologías participativas inspiradas en la educación popular.
Información general
Fechas: 10, 17, 24 y 31 de agosto.
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, San Pedro.
La organización invita a las personas participantes a reflexionar, antes del inicio del proceso, sobre qué preguntas resultan hoy más difíciles de plantear dentro de una escuela o un colegio.
UTN y Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo fortalecen su articulación para promover espacios de reflexión, análisis y construcción conjunta orientados al fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo democrático en Costa Rica.
Beatriz Rojas Gómez Dirección de Comunicación y Mercadeo UTN
Con el objetivo de promover el diálogo, la reflexión y la construcción conjunta de propuestas para fortalecer la educación pública y la democracia costarricense, la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo (MNDSP) realizaron el pasado 13 de julio la Audiencia-Taller UTN – Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. La actividad reunió a cerca de 30 personas, entre representantes de la Universidad, el equipo técnico y liderazgos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.
El encuentro tuvo como propósito generar un espacio de intercambio, reflexión y construcción conjunta entre ambas instituciones, mediante el análisis del reciente resultado electoral nacional, para identificar coincidencias programáticas y definir oportunidades de cooperación durante el 2026 en materia de educación pública y desarrollo democrático.
Durante la apertura de la actividad, el rector de la Universidad Técnica Nacional, William Rojas Meléndez, destacó el papel que debe asumir la educación superior pública frente a los desafíos que enfrenta el país. «La educación superior pública debe ser un actor activo en la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. Frente a los retos sociales, económicos y tecnológicos que vive el país, es indispensable fortalecer el pensamiento crítico, el diálogo y la articulación entre la academia y los diferentes sectores nacionales», afirmó.
El rector señaló que Costa Rica enfrenta importantes retos relacionados con el fortalecimiento de la democracia, la reducción de las desigualdades sociales, la sostenibilidad del sector productivo y la transformación tecnológica. En ese contexto, subrayó la necesidad de que las universidades continúen formando profesionales con pensamiento crítico y capacidad para responder a los cambios que plantea la inteligencia artificial y la digitalización, sin perder de vista el desarrollo humano y el bienestar de la sociedad.
Posteriormente, Allison Quintanilla Hernández, coordinadora técnica de la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, presentó los fundamentos del Pacto Nacional por la Educación Pública, una iniciativa ciudadana impulsada en 2022 por el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, en respuesta a los desafíos estructurales que enfrenta el sistema educativo costarricense. Explicó que esta propuesta se sustenta en la evidencia científica aportada por los Informes Estado de la Educación y promueve la construcción de un acuerdo nacional mediante un proceso participativo que involucra a diversos sectores sociales, productivos y territoriales.
Asimismo, Quintanilla destacó que la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, creada en 2020, constituye una plataforma plural e inclusiva que reúne a más de 150 organizaciones sociales y productivas del país. Señaló que este espacio no busca sustituir el papel de las organizaciones participantes, sino convertirse en un instrumento ciudadano para el diálogo, la concertación y la construcción de acuerdos orientados al bienestar nacional.
Como parte de la agenda, las personas participantes conocieron los principales hallazgos de la radiografía electoral y su relación con los desafíos actuales de la educación pública y el fortalecimiento de la democracia. Este análisis dio paso a una plenaria de intercambio de perspectivas institucionales, en la que se exploraron oportunidades para construir una agenda de articulación conjunta en favor de Costa Rica.
La metodología del taller incluyó un ejercicio de cartografía para el trabajo grupal, mediante el cual se identificaron posibles líneas de cooperación entre la UTN y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Los resultados fueron compartidos en una plenaria final, generando insumos para el desarrollo de futuras acciones colaborativas en materia de educación pública y desarrollo democrático.
Con esta iniciativa, la Universidad Técnica Nacional reafirma su compromiso con la promoción del diálogo, la generación de conocimiento y la construcción de alianzas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas, la educación y el desarrollo democrático de Costa Rica, consolidando su papel como una institución comprometida con el desarrollo nacional y la búsqueda de soluciones conjuntas a los principales retos del país.
UNDECA respalda la posición de organizaciones del Magisterio Nacional y rechaza cualquier intento de limitar la libertad de enseñanza y el pensamiento crítico
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) expresa su firme respaldo a la posición asumida por las organizaciones sindicales del Magisterio Nacional frente a la reciente directriz emitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP), la cual ha generado una profunda preocupación en amplios sectores de la comunidad educativa por sus posibles efectos sobre la libertad de enseñanza, la libertad de expresión y el ejercicio profesional del personal docente.
Costa Rica ha construido históricamente un sistema educativo basado en el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis de la realidad y la formación de una ciudadanía consciente, responsable y comprometida con la democracia. Ninguna disposición administrativa debe convertirse en un instrumento para generar temor, autocensura o limitar el debate académico dentro de las aulas.
UNDECA reafirma que restringir la posibilidad de analizar hechos históricos, sociales, económicos o políticos desde una perspectiva pedagógica, crítica y fundamentada, es una coerción para borrar la memoria histórica de nuestra patria. La educación pública no puede reducirse a la repetición mecánica de contenidos; su misión es formar personas capaces de comprender la realidad, cuestionarla y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa.
Manifestamos nuestra solidaridad con las educadoras y los educadores del país, quienes diariamente cumplen una labor esencial en la formación de las nuevas generaciones, y rechazamos cualquier medida que pueda prestarse para intimidar, perseguir o sancionar arbitrariamente a quienes ejercen su profesión con responsabilidad y apego a los principios pedagógicos.
La defensa de la educación pública, de la libertad de cátedra, del pensamiento crítico y de las garantías democráticas constituye una responsabilidad de toda la sociedad. Debilitar estos principios significa debilitar la democracia misma.
UNDECA hace un llamado al Gobierno de la República y al Ministerio de Educación Pública para que abran espacios de diálogo con las organizaciones representativas del magisterio nacional y garanticen que toda regulación en materia educativa respete plenamente los derechos fundamentales, la autonomía del ejercicio docente y los valores democráticos que han caracterizado al sistema educativo costarricense.
¡La educación debe formar ciudadanos libres, críticos y comprometidos con el bien común, nunca ciudadanos silenciados por el miedo!
Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA 9 de julio de 2026
Cuando estaba en la Escuela, en la década de 1950, comenté, en un artículo anterior, que una visita obligada era al Museo Nacional, entre otras cosas para ver una vitrina en el sótano que estaba custodiada por una pareja de policías armados, que tenía en exhibición una mata de marihuana, situación que se aprovechaba para valorar la riqueza arqueológica del Museo, e infundirnos miedo a las drogas y a su consumo.
En el colegio no se nos llevaba al Museo. Algunos profesores, de Historia o Estudios Sociales recomendaban su visita. Como profesor invitaba a los estudiantes a que visitaran los museos, especialmente cuando explicaba los tiempos antiguos de Costa Rica.
En la Universidad aquellos cursos que estaban ligados a la Historia Nacional, especialmente en su parte antigua, eran de obligada orientación para visitar los Museos Nacional, de Oro y de Jade, en sus distintas Salas. En mi caso, que me orienté por el estudio de Historia, y de la Historia de Costa Rica en particular, me hice asiduo visitante.
La Historia Antigua me cautivó en un primer momento, y me hizo matricularme en algún curso importante de Antropología, con el profesor Carlos Aguilar Piedra, con quien cultivé una rica amistad, a quien cariñosamente se le llamaba por sus dilectos alumnos y discípulos, el Gran Chamán. El Profesor Aguilar aceptó participar con un grupo muy destacado de antropólogos, discípulos y asistentes suyos, en el Capítulo de Historia Antigua, de la Historia General de Costa Rica, que dirigí en 1989, lo que fue una gran experiencia enriquecedora para mí trabajar con ellos, visitar los museos, analizar sus colecciones.
El Gran Chamán se había formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que le daba una formación científica más profunda en este campo. En aquellos años, de la década de 1960, se enfatizaba en la búsqueda del Paleoindio costarricense, el más antiguo que se hallare en el país. Era la pasión de las búsquedas arqueológicas, porque estaba en cierta forma de moda la búsqueda del paleo indio americano que disputaba México, en aquellos años con el llamado Hombre de Tepexpan, un esqueleto que había sido hallado en el antiguo Lago de Texcoco, en México, en 1947, cuya antigüedad se discutía entre los 4000, 8000, 10.000 y hasta 23.000 años, lo que tiempo después se redujo a una cifra de 4.700. Aun así, la discusión de antigüedad continuaba y sigue investigándose. Las más antiguas se consideran cuando superan los 10.000 años. Así se han encontrado en Chile, más de 18.500 años, en Yucatán, México, el primer fósil reportado de un rostro humano, de hace 13.000 años, de igual edad al llamado Hombre de Arlington Springs, en Estado Unidos. La mujer más antigua de América se le estima en 12.700 años localizada en la Zona del Peñón de los Baños, cerca de aeropuerto de México. La discusión de la mayor antigüedad se mantiene abierta.
Para el caso costarricense los hallazgos arqueológicos señalan que los restos más antiguos son de hace 12.200 años, hallados en la región de Siquirres. La Fauna gigante que había en el territorio nacional se ubica entre los 10.000 y 40.000 años de antigüedad. La Antropología costarricense ha señalado que los primeros pobladores de Costa Rica llegaron hace unos 12.000, como grupos nómadas cazadores-recolectores, según restos que se han encontrado en el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón.
En otros capítulos de la Historia Nacional llevé estudiantes a visitar industria y ciertas actividades empresariales, cuando me lo permitían sus empresarios.
Un sitio casi de obligada llegada de mis estudiantes era la Biblioteca Nacional, para que los estudiantes tuvieran contacto con el pasado, haciendo un breve estudio, y repaso de un periódico, que asignaba individualmente, del cual rendían el informe, que no podía ser copiado de otro estudiante. En general esa experiencia era bien cumplida y satisfacía su propósito, donde los estudiantes a veces se quedaban ampliando su visión y contacto con la historia pasada reflejada en periódicos.
Como asistente estudiantil que fui del Profesor y Gran Maestro Rafael Obregón Loria él me enviaba a sacarle información de periódico La Gaceta, el diario oficial, que aprendí a estimar, leer y buscar información. En la elaboración de mi Tesis de graduación hice una investigación de varios años en la prensa costarricense desde 1870 hasta 1930.
En dos ocasiones llevé estudiantes, autorizado para ello, a visitar la Penitenciaría Central, donde hoy está el Museo de los Niños, a visitar presos o privados de libertad. Se me autorizaba llevarlos al área de menos peligrosidad. El objetivo ver las malas condiciones del presidio, el hacinamiento en que estaban los presos, las condiciones en que comían. Los estudiantes podían hablar con los privados de libertad con amplitud, siempre a la vista de guardias que nos acompañaban en esas visitas. Se nos autorizaba llevarles cigarros. Nunca se hizo una visita con el propósito de decirle a los estudiantes, de diferentes clases o estamentos sociales que iban, que era para que aprendieran a ser “buenos”, o se alejaran de las posibilidades por las cuales podían delinquir. Tampoco para asustarlos de un posible futuro por su condición económica, social, o lugar donde vivían. Dejé de hacer esas visitas cuando una vez, ocho días después de haber visitado la Penitenciaría Central, hubo un motín de privados de libertad, y tuvieron retenidos a varias guardias y personas que en ese momento les visitaban. Entendí que no podía exponer a estudiantes a situaciones así. De una de esas visitas se hizo constancia en el Semanario Universidad.
Me ha sorprendido el anuncio con bombos y platillos que ha hecho la presidenta Laura Fernández, hace pocos días, de impulsar una política de educación pública para llevar a todos los niños en edad escolar de las escuelas públicas, de las comunidades con altos índices de criminalidad, a visitar las cárceles, con el propósito de asustarlos y como parte de una estrategia para prevenir que ingresen a la delincuencia y el narcotráfico. Así, señaló, que los niños conocerían de primera mano las consecuencias de involucrarse en actividades delictivas. Es un esquema de terapia de shock de enfrentar a niños con situaciones que podían vivir para que no cometieran actos en sus vidas que podía llevarlos a los centros penitenciarios.
No es así como se enfrenta la situación de la delincuencia. Se debe fortalecer la educación formal la técnica, los valores familiares, los valores sociales, los valores políticos y democráticos en la enseñanza. Se deben fortalecer los valores y conocimientos de la historia nacional y patria para fortalecer y consolidar la democracia como sistema, para formar pasión y amor por Costa Rica, por el país que vivimos, y tratamos de desarrollar y construir para lograr un mayor y mejor desarrollo económico social, cuya generación de riqueza sirva para resolver los grandes y graves problemas sociales y económicos que afectan a la gran mayoría de costarricenses, desempleo, trabajo informal, pésimos y bajos salarios, salarios congelados desde hace cinco años, congelados para los próximos cuatro años, alta deserción escolar y colegial eliminación de los subsidios sociales en la población escolar, de los buses estudiantiles, de los comedores escolares, de las becas para la educación pública, de las malas condiciones higiénicas de los chinchorros, de los tugurios, de la mala vivienda, poco decente y digna, de las malas condiciones de seguridad e higiene ocupacional en fábricas, empresas y en contornos sociales de habitación popular, de las dificultades del transporte público, amenazas de bajar los salarios mínimos para compararlos con los América Latina, de ampliar el plazo de tiempo de pensionarse, las amenazas de imponer el trabajo de 12 horas diarias de trabajo rebajando el salario real, recortando constantemente los presupuestos de las instituciones de carácter social, de la falta de oportunidades y posibilidades para la convivencia en áreas urbanas, en las barriadas populares de espacios de esparcimiento seguro para los niños y sus familias, de la falta de una política de vivienda social que permita construir al menos casas con tres cuartos para evitar el hacinamiento doméstico y evitar la violencia familiar que ello produce, por no estimular más, y de manera efectiva, el deporte, la salud física, la salud mental, el arte, el deporte, la recreación y la integración social comunitaria.
Lo que propone la presidenta Laura Fernández es descabellado, peligroso para los niños en sus visitas a las cárceles. Así no se desalienta a nadie ante su futuro incierto.
La presidenta parte de los niños de las poblaciones, con las comunidades con mayores altos índices de criminalidad, a visitar las cárceles. ¿Quién le dice a ella que solo de esas comunidades se desenvuelven potenciales delincuentes y criminales? Los delincuentes y criminales de cuello blanco, los evasores y elusores de impuestos, los altos estafadores de los bancos o instituciones financieras, los blanqueadores de dinero, los que reciben los apoyos de altos funcionarios de gobierno, de manera cómplice, conociendo hacia quienes se dirigen esos altos créditos bancarios sin garantías sólidas, no vienen de esas comunidades con mayores altos índices de criminalidad, a las que aludió la presidenta.
Puedo asegurar que en las grandes estafas públicas, y escándalos sonados, los participantes e involucrados provienen de las capas medias, medias altas y altas de la sociedad costarricense, y de formación educativa en colegios privados.
¿Pensará la presidenta que los jóvenes de esos colegios privados deben ir a visitar las cárceles para evitar esas figuras delictivas y criminales?
La Circular DM CIR 0047 2026 del Ministerio de Educación Pública recuerda la obligación de mantener la neutralidad político electoral en los centros educativos públicos. Este principio, inscrito en la legislación costarricense, busca impedir que las aulas se conviertan en tribunas partidarias. En apariencia, su objetivo es legítimo: proteger al estudiantado, garantizar la imparcialidad del Estado y preservar la confianza de la ciudadanía en la educación pública.
Pero toda norma debe interpretarse a la luz de la Constitución y de los principios que sostienen la democracia. La neutralidad no puede confundirse con silencio, ni la imparcialidad con censura. Una escuela que calla frente a los problemas nacionales no forma ciudadanos críticos, sino súbditos obedientes.
La educación pública no es solo transmisión de conocimientos; es también formación de conciencia. Enseñar democracia implica mostrar cómo funcionan las instituciones, cómo se relacionan los poderes del Estado, cómo se viven las tensiones entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Explicar derechos humanos exige hablar de libertad sindical, de igualdad, de justicia social, de migración, de acceso a la salud y a la educación. Evitar estos temas por temor a sanciones no es neutralidad: es empobrecimiento.
La propia Circular reconoce que es válido enseñar democracia, derechos humanos, procesos electorales, instituciones públicas, movimientos sociales e ideologías, siempre que se haga con objetividad y pluralidad. Esa afirmación es valiosa, pero abre interrogantes: ¿quién decide cuándo un análisis crítico deja de ser objetivo? ¿qué diferencia una explicación sustentada en hechos de un supuesto adoctrinamiento? ¿cómo evitar que el miedo a una denuncia convierta la libertad de cátedra en autocensura?
La experiencia internacional demuestra que cuando las normas se interpretan de manera excesiva, aparece el silencio. Y el silencio, en educación, no protege la democracia: la debilita. La neutralidad del Estado no significa neutralidad frente a los valores constitucionales. La escuela pública tiene el deber de enseñar democracia, Estado de Derecho, división de poderes, justicia social, solidaridad y dignidad humana. Estos principios no pertenecen a ningún partido político; son el fundamento del pacto democrático costarricense.
El sindicalismo magisterial defiende dos principios inseparables: la prohibición del proselitismo partidario en las aulas y la libertad de cátedra ejercida con responsabilidad y pluralidad. No hay contradicción entre ambos. Al contrario, uno protege la imparcialidad institucional y el otro garantiza la calidad de la educación democrática. La mejor garantía contra el adoctrinamiento no es el silencio, sino el pensamiento crítico, la confrontación de ideas y la búsqueda de la verdad.
La reciente circular del Ministerio de Educación Pública sobre neutralidad político-electoral en los centros educativos públicos, la directriz DM-CIR-0047-2026, merece un análisis sereno, pero también profundamente crítico. De entrada, debe reconocerse un punto elemental: las escuelas y colegios públicos no deben convertirse en tribunas de proselitismo partidario. Ninguna persona docente debería usar su posición institucional, sus clases, evaluaciones, actos cívicos, materiales educativos o recursos públicos para favorecer o desacreditar partidos, candidaturas o movimientos electorales.
Esa prohibición tiene fundamento jurídico. El artículo 146 del Código Electoral prohíbe a las personas funcionarias públicas dedicarse, durante la jornada laboral, a trabajos o discusiones de carácter político-electoral y usar el cargo para beneficiar a un partido político. En ese sentido, impedir el uso partidario del aula no solo es legítimo, sino necesario para resguardar la imparcialidad institucional.
Dicho esto, conviene advertir algo: no se recuerda en la historia reciente de la educación costarricense una circular con esta combinación de neutralidad político-electoral, vigilancia administrativa, advertencia disciplinaria y categorías tan abiertas como adoctrinamiento, captación ideológica o posiciones sectarias. Esta afirmación no pretende sostener que nunca haya existido algún lineamiento previo sobre imparcialidad educativa o electoral, sino subrayar que el alcance, el momento político y la carga disciplinaria de esta circular la vuelven especialmente preocupante.
Sin embargo, el problema empieza cuando la necesaria prohibición del proselitismo se expande hacia una zona mucho más ambigua: la del llamado “adoctrinamiento”, la “captación ideológica”, las “posiciones sectarias” o la exigencia de una supuesta “mediación pedagógica objetiva”. Ahí aparece la pregunta de fondo: ¿estamos ante una defensa legítima de la neutralidad electoral o ante una estrategia administrativa que podría inducir miedo, autocensura y empobrecimiento del pensamiento crítico en las aulas?
La Constitución Política garantiza que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, salvo que sus actos infrinjan la ley. También reconoce la libertad de enseñanza y establece que la dirección general de la enseñanza oficial corresponde al Consejo Superior de Educación. Además, aunque la libertad de cátedra está expresamente formulada para la enseñanza universitaria, su sentido democrático irradia una exigencia más amplia: la educación no puede reducirse a obediencia curricular ni a repetición acrítica de contenidos.
La Ley Fundamental de Educación refuerza esta idea. Su artículo 1 reconoce el derecho de toda persona a la educación y ordena estimular el aprecio por los derechos humanos, la diversidad lingüística, multiétnica y pluricultural del país. Su artículo 2 establece como fines de la educación costarricense formar ciudadanía consciente de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, con responsabilidad y respeto a la dignidad humana, así como formar ciudadanos para una democracia.
Por eso, el derecho a la educación no se agota en recibir contenidos curriculares. La educación democrática exige formar ciudadanía capaz de comprender sus derechos, examinar el funcionamiento de las instituciones, contrastar la teoría constitucional con la realidad política y analizar críticamente los conflictos sociales. Enseñar el Estado social de derecho no puede consistir únicamente en describir cómo deberían funcionar las instituciones; también exige preguntar cómo funcionan realmente, dónde se debilitan, quiénes las atacan, qué intereses las condicionan y qué consecuencias tiene su erosión.
El artículo 39 de la Ley Fundamental de Educación es particularmente importante. Establece que ningún miembro del personal puede ser sancionado, trasladado, removido, suspendido o degradado por la expresión de sus ideas políticas o religiosas. La misma norma introduce un límite: dentro de las instituciones de enseñanza se prohíbe mantener discusiones o hacer propaganda sectaria o de política electoral. Esa distinción es decisiva. Una cosa es prohibir propaganda partidaria; otra muy distinta es inhibir la discusión crítica sobre asuntos públicos.
Aquí conviene recordar a Michael W. Apple. En Ideología y Currículo (1979), donde advierte que el currículo nunca es neutral: siempre selecciona ciertos conocimientos como legítimos, define qué preguntas son aceptables y desplaza otros saberes hacia los márgenes. Cuando una autoridad administrativa define qué cuenta como “objetivo” y qué puede ser denunciado como “ideológico”, no elimina la ideología; más bien puede imponer una forma específica de conocimiento oficial.
Desde Bourdieu y Passeron, en La reproducción (1977), el problema puede leerse como una forma de violencia simbólica. La dominación pedagógica no siempre necesita censurar abiertamente; puede operar haciendo que docentes y estudiantes interioricen los límites de lo decible. El docente aprende a no incomodar, a no problematizar, a no contrastar la norma con la realidad. La autocensura aparece entonces como prudencia profesional.
Gramsci también ayuda a comprender esta dinámica. En sus Cuadernos de la cárcel (1999), la escuela aparece como uno de los espacios donde se disputa la hegemonía cultural. Quien controla el sentido común controla buena parte de la vida democrática. Si la crítica se presenta como adoctrinamiento y la obediencia curricular como neutralidad, el aula deja de ser un espacio de formación ciudadana y se convierte en un lugar de reproducción acrítica del orden existente.
Foucault permite ver con claridad el mecanismo disciplinario. En Vigilar y castigar (1976), muestra que el poder moderno no actúa solo por prohibición directa, sino por vigilancia, registro, normalización y amenaza de sanción. No hace falta castigar masivamente. Basta con que cada docente sepa que puede ser observado, denunciado, documentado o investigado. El poder disciplinario funciona mejor cuando logra que las personas se vigilen a sí mismas.
Freire (1970) y Giroux (1988), permiten completar el argumento pedagógico. Para Freire, educar críticamente no es adoctrinar; es enseñar a leer el mundo. Para Giroux, las personas docentes no deberían ser tratadas como simples ejecutoras de programas oficiales, sino como intelectuales públicos comprometidos con la formación democrática. Desde esta perspectiva, una educación que evita toda problematización de la realidad no es neutral: es políticamente funcional al silencio.
El punto, entonces, no es defender el derecho de los docentes a hacer propaganda. Ese derecho no existe en el ejercicio de la función pública. El punto es defender el derecho del estudiantado a recibir una educación crítica y el deber profesional del docente de formar ciudadanía democrática. Hay una diferencia fundamental entre decir “voten por tal partido” y analizar críticamente una política pública, una sentencia, un discurso presidencial, una reforma legal, una protesta social o un proceso de erosión institucional.
Además, esta circular no debería analizarse de manera aislada. Aparece en un contexto político marcado por discursos de mano dura, cuestionamientos severos al Poder Judicial y propuestas que parecen trasladar al ámbito educativo una pedagogía del miedo. La idea de llevar niños, niñas y adolescentes a conocer cárceles como forma de prevención del delito ha sido cuestionada por organizaciones especializadas, precisamente porque sustituye la prevención social por el escarmiento y corre el riesgo de criminalizar a las juventudes empobrecidas o vulnerabilizadas.
En ese mismo clima, la Presidencia ha lanzado acusaciones graves contra el Poder Judicial, incluyendo afirmaciones sobre supuesta infiltración del crimen organizado y del narcotráfico “hasta el tuétano”, declaraciones que la Corte Suprema rechazó categóricamente, instando a presentar las denuncias correspondientes. También se han anunciado proyectos para “limpiar” el Poder Judicial y endurecer la respuesta penal.
Vista así, la circular del MEP puede ser leída como parte de una racionalidad más amplia: una forma de gobierno que prefiere aulas cautelosas, juventudes advertidas por el castigo y docentes vigilados por la amenaza disciplinaria. No se trata de afirmar que todos estos hechos formen una única operación coordinada. Pero sí es legítimo advertir que comparten un mismo horizonte: desplazar la formación crítica por la obediencia, la prevención social por el miedo y la deliberación democrática por el control.
Aquí la pregunta no es si el Estado debe impedir el proselitismo en las aulas. Por supuesto que debe hacerlo. La pregunta es si, bajo esa finalidad legítima, se está construyendo un dispositivo que vuelve sospechosa toda crítica al poder. Si un docente teme analizar la independencia judicial, la desigualdad, el deterioro de la institucionalidad, los discursos de odio, la política criminal de mano dura o la erosión democrática, entonces no estamos ante neutralidad: estamos ante silenciamiento preventivo.
La neutralidad electoral protege la democracia cuando impide el uso partidario del aula. Pero se convierte en amenaza cuando pretende neutralizar la crítica, despolitizar el pensamiento y reducir la educación cívica a repetición de contenidos. Una democracia no necesita aulas silenciosas; necesita aulas capaces de pensar, preguntar y discutir con rigor.
Por eso esta circular debe interpretarse restrictivamente. Su alcance legítimo debería limitarse a impedir propaganda electoral, presión partidaria sobre estudiantes y uso indebido de recursos institucionales. Cualquier aplicación que inhiba el análisis crítico de la realidad nacional sería contraria al sentido democrático de la educación costarricense.
Quedan, entonces, algunas preguntas incómodas:
¿Se considera “adoctrinamiento” que una persona docente analice críticamente el debilitamiento de los servicios públicos, pero no se considera pedagogía ideológica llevar adolescentes a cárceles para enseñarles el miedo como prevención?
¿Se prohíbe politizar el aula, pero se autoriza que el Estado utilice el sistema educativo para naturalizar políticas penales de mano dura?
¿Se exige neutralidad a docentes de secundaria, mientras desde las más altas autoridades se lanzan acusaciones generalizadas contra uno de los poderes de la República?
¿Puede enseñarse el Estado social y democrático de derecho sin examinar los ataques a la independencia judicial, la concentración de poder o la criminalización de las juventudes empobrecidas?
¿Quién define qué es “objetivo” en el aula: el currículo democrático, la Constitución, la ley, la evidencia científica o el temor administrativo a incomodar al poder?
El peligro no está solo en lo que la circular dice. Está en lo que puede hacer que las personas docentes dejen de decir. Y cuando una sociedad empieza a educar desde el miedo, el problema ya no es únicamente pedagógico: es democrático.
Le pregunto, ¿es usted madre o es que oí mal cuando alguna vez alguien leía su hoja de vida?
Le hago la pregunta porque después de escuchar sus controvertidas declaraciones en relación con los niños de barrios marginales, necesito saber qué preferiría la presidenta de este país: ¿Llevar a su hija a visitar escuelas remodeladas, con baños pulcros y campos de juego, teatros al aire libre en parques seguros, bibliotecas públicas con libros hermosos, llenos de mensajes constructivos?…
¿O prefiere llevarla a visitar cárceles inmundas, malolientes, a que vea rostros deformados por el crimen y el hambre?
Laura Virginia, entienda señora: el crimen se combate creando oportunidades, sembrando ejemplos, fortaleciendo la educación; no castigando en mega cárceles.
El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que cuestiona recientes iniciativas y decisiones del Gobierno y plantea interrogantes sobre el manejo de las finanzas públicas, la independencia institucional y el uso de los recursos del Estado.
En su intervención, Aguilar Bulgarelli inicia refiriéndose al proyecto de ley presentado por la diputada Marta Esquivel para modificar el mecanismo de nombramiento de la persona que ocupe la Fiscalía General de la República.
Según el historiador, la propuesta implicaría trasladar esa competencia desde la Corte Suprema de Justicia hacia la Asamblea Legislativa, lo que, a su juicio, vulneraría el principio de división de poderes.
El analista sostiene que el proyecto responde al interés de favorecer a personas que enfrentan investigaciones judiciales y afirma que la iniciativa requiere 38 votos para ser aprobada, por lo que hizo un llamado a diversas fracciones legislativas para que no respalden la reforma.
Cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos
En una segunda parte de su análisis, Aguilar Bulgarelli comenta las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, acerca de la necesidad de adoptar medidas de contención del gasto público.
Frente a ello, el historiador expone una serie de decisiones gubernamentales que, según su criterio, explican la situación fiscal y contradicen el argumento de que no existen recursos suficientes.
Entre ellas menciona:
la reducción de impuestos aplicada a importaciones de arroz, que —según afirma— benefició a un reducido grupo de importadores;
modificaciones en la forma de calcular los impuestos para vehículos de lujo;
la contratación de una empresa extranjera para impartir cursos virtuales de inglés;
los recursos destinados a publicidad gubernamental;
y pagos efectuados a un programa de comunicación que, según sostiene, favorece la imagen del Gobierno.
Aguilar Bulgarelli presenta estas cifras para cuestionar las prioridades del gasto público y plantea que, antes de solicitar sacrificios a la ciudadanía, corresponde explicar el destino de esos recursos.
Críticas a la reducción de recursos para seguridad y educación
El historiador también critica la decisión de no girar recursos destinados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público, al considerar que ello afecta la capacidad institucional para enfrentar la delincuencia.
Asimismo, cuestiona la evolución de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sostiene que durante la actual administración aumentó el monto adeudado a la institución.
En materia educativa, afirma que el presupuesto destinado a educación se redujo respecto del porcentaje establecido constitucionalmente, situación que, según indica, repercute en el deterioro de la infraestructura educativa.
Crítica al discurso de la «economía jaguar»
Otro de los temas abordados es el uso de la expresión «economía jaguar», utilizada por el Gobierno para destacar el desempeño económico del país.
Aguilar Bulgarelli sostiene que dicha caracterización fue presentada como un reconocimiento internacional de mayor alcance del que realmente tuvo y considera que la situación fiscal actual contradice ese discurso.
En ese contexto, cuestiona los anuncios de que no habría aumentos salariales para el sector público y afirma que las políticas aplicadas durante los últimos años no produjeron los resultados prometidos.
«¿Dónde está la plata?»
En el cierre de su intervención, el historiador compara la situación costarricense con declaraciones realizadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele sobre el manejo de los recursos públicos.
A partir de esa comparación, dirige una pregunta al presidente Rodrigo Chaves:
«¿Dónde diablos está la plata?»
Con esa interrogante concluye su análisis, señalando que, a su juicio, corresponde al Gobierno explicar el destino de los recursos públicos y las razones por las cuales, pese a las medidas adoptadas durante los últimos años, se afirma ahora que el Estado enfrenta limitaciones financieras.
Obedeciendo a las normas constitucionales, nuestro país ha iniciado un nuevo período de gobierno para los próximos cuatro años, pero que, en este caso, de “nuevo” sólo tiene algunas caras. El dúo que estuvo al mando en el cuatrienio anterior, Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa y Rodrigo Chaves al frente del poder ejecutivo, se mantiene incólume, pero ahora con un poder mayor, ya que controla la Asamblea Legislativa, pues la fracción mayoritaria es dirigida por personas que tuvieron altos puestos de poder muy cercanos al entonces presidente Chaves. En consecuencia, hoy tenemos un gobierno que es la continuación del anterior, pero gozando de un mayor poder; lo que hace soñar a sus dirigentes con convertirse en un movimiento que trascienda el, hasta ahora, indiscutible liderazgo de su fundador, lo cual equivale a pasar del caudillismo de Rodrigo Chaves a un movimiento chavista, esto es, de Chaves al chavismo, lo cual le daría permanencia en la historia política de nuestro país. La diferencia no radica en las personas que gobiernan sino en el proyecto político que los motiva a ejercer ese poder. Más aún, si llegan a controlar el tercer poder, el Judicial, entonces ese poder se vuelve absoluto.
Lo único verdaderamente rescatable y que reviste carácter de auténtico programa del gobierno de Doña Laura Fernández, es que, en su desabrido discurso de toma de posesión, en una ceremonia aderezada por el populismo religioso (nuestros prohombres liberales del pasado deben estar revolcándose de rabia en sus tumbas), anunciara el advenimiento de la TERCERA REPÚBLICA. Pero para realizar esa ambiciosa meta necesita el control total de la institucionalidad republicana, esto es, no sólo los tres poderes constitucionales, sino también otras instituciones no menos importantes, como el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y, por supuesto, el aparato represivo. Pero, como postula la filosofía política, para que haya democracia se requiere que se haya creado anteriormente el Estado Nación. Por lo que la creación de éste no se hace democráticamente, sino despóticamente, como lo hizo Braulio Carrillo, el arquitecto del Estado Nación. Otro tanto sucedió con la creación de la Segunda República, obra de un Gobierno de facto con rasgos dictatoriales, como fue la Junta de Gobierno presidida por José Figueres Ferrer durante 18 meses (1948-1949) y que dejó como legado la promulgación de la Constitución que actualmente rige el quehacer político de la nación.
El equipo que ahora asume la dirección de los dos primeros poderes constitucionales de la República, considera que el orden político que actualmente nos rige desde 1949, ha periclitado. Esta obsolescencia se muestra de manera patente en la crisis de los partidos políticos despectivamente calificados como “tradicionales”. Frente a tal dolencia, la propuesta de la señora Presidente es radical: forjar una Tercera República; con lo que Costa Rica iniciaría una nueva e inédita etapa de nuestra historia republicana. Más que una propuesta, estaríamos ante una verdadera ¡revolución!, aunque el término no se pronuncia porque asusta. Lo novedoso es que esta “revolución” no se haría como fruto de una sangrienta guerra civil, sino mediante procedimientos pacíficos pero con el mismo fin: erradicar el decadente orden constitucional vigente en las últimas décadas. Lo que comenzó con el fin del bipartidismo y el triunfo del PAC, se convierte ahora en el intento de suprimir la democracia basada en los partidos, vigente en Costa Rica luego de los eventos violentos de Octubre de 1889, dando como resultado el dominio total de un solo partido: el gobernante. Los otros partidos, actualmente representados en la Asamblea Legislativa, Liberación Nacional y el Frente Amplio, serian reducidos a una simple presencia testimonial, como le está pasando a los otros partidos “tradicionales”, el PUSC y el PAC. En otras palabras, sería el fin de la democracia pluralista… ¿Es eso el fin de la democracia sin más?
Pienso que hay que tomar muy en serio lo proclamado por la Presidente Fernández. Sería una ceguera, que las nuevas generaciones no nos perdonarían, si creemos que para preservar los valores democráticos de que tanto blasonan los costarricenses, nos empeñáramos en mantener las cosas como están. No es preservando el statu quo como se logrará eso. Hay que asumir el reto, pero no con los métodos y propuestas de quienes hoy lideran el gobierno como son el tándem Pilar Cisneros-Rodrigo Chaves, cuya cabeza visible pero con un poder real muy limitado, al menos hasta el presente, son Laura Fernández en Zapote y Nogui Acosta en Cuesta de Moras. Ellos mantendrán el poder en forma casi omnímoda durante los próximos meses considerados “la luna de miel” que a todo nuevo gobierno le concede la tradición política nacional. Pero con el normal deterioro del ejercicio del poder, el movimiento político chavista, que no es un partido, se podría resquebrajar; con lo que este ambicioso proyecto, se vería seriamente comprometido y correría el riesgo de naufragar.
Esto no obstante, hay que tomar muy en serio este desafío a la democracia tal como ha venido dándose en nuestro país. Ciertamente la propuesta de la creación de una Tercera República tal como la propone la presidente, constituye una medicina peor que la enfermedad que pretende sanar; pero no por ello el mal desaparece. Si los partidos de oposición se limitan a combatir al chavismo, mucho me temo que no se logrará el objetivo de preservar y acrecentar nuestra herencia democrática. Es necesario ir forjando una alternativa al malestar generalizado, que amplias capas de nuestra población vienen mostrando en las dos últimas décadas de manera reiterativa. Si queremos evitar el colapso de nuestra institucionalidad democrática, debemos ir creando las condiciones para forjar otra forma de democracia que no sea la basada preponderantemente en los partidos. Se requiere de una democracia directa y participativa. Para ello, se debe comenzar, como hicieron nuestros próceres liberales del siglo XIX, por fortalecer y modernizar la educación pública en todos los niveles. Se deben fortalecer las instituciones, base de nuestra democracia, como el Poder Judicial, la CCSS, el ICE, el AyA, así como las instituciones que tienen como objetivo la defensa de la niñez, la juventud, los adultos mayores, la vivienda popular y a los pueblos originarios. Es necesario organizar las comunidades para combatir el crimen organizado, promover el bienestar comunal y hacer que nuestro interés en los asuntos públicos no se limite a la participación en las campañas electores, cada vez más insípidas, sino que sea permanente y bien informada. Para ello, los medios de comunicación, tanto nacionales como locales, la prensa bien informada y las redes sociales, deben convertirse en escuelas de civismo. Si hablamos de educación permanente, ésta debe darse ante todo en el cultivo de los valores cívicos. Los partidos políticos deben dejar de ser meras maquinarias electorales y convertirse en escuelas de formación de cuadros políticos. En fin, la tarea que deben asumir las actuales generaciones es inmensamente importante, pues se trata de forjar la Patria que han de disfrutar nuestros hijos y nietos en las próximas décadas. Por eso, cuando doña Laura Fernández habla de una Tercera República, debemos preguntarnos cuál: ¿una Tercera República o una república de tercera?
A partir de este viernes 19 de junio de 2026, la Dirección Regional Educativa Grande del Térraba tendrá una nueva Supervisora, que atenderá los centros educativos del Circuito 11.
Se trata de la M.Sc. Karol Adriana Rojas Portilla quien cuenta con 22 años de servicio para el Ministerio de Educación Pública y llegará en sustitución del anterior supervisor de este circuito quien se apegó a su jubilación.
Rojas Portilla acumula una amplia experiencia laboral en el campo de la docencia trabajando especialmente en territorios indígenas bribrí del cantón de Buenos Aires.
La nueva funcionaria atenderá a los centros educativos de primaria y secundaria del Circuito 11 en los territorios indígenas de Boruca y Rey Curré dado a que Ministerio de Educación Pública todavía se encuentra en proceso de establecer los circuitos educativos independientes para estos dos territorios indígenas, en acatamiento a lo resuelto por la Sala Constitucional en el 2025.
Rojas Portilla es de origen boruca, tiene 45 años de edad y reside en la comunidad indígena de Rey Curré.
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