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Etiqueta: educación pública

Nuestros invaluables “vagabundos” …

Jorge Mora Alfaro

Una de las cosas de las cuales me he sentido más orgulloso en mi vida es la de haber tenido una madre maestra. Con ella aprendimos la noble y agotadora tarea de la docencia y la indiscutible relevancia para nuestra sociedad, para las comunidades, las familias y las personas, de aquella labor de pioneras, constructoras de educación, cultura y democracia.

Doña Amalia Alfaro Solís, madre del autor de este texto.

En los años 30 del siglo pasado, mi mamá daba sus primeros pasos en su larga carrera de maestra. Esta, la inició en dos remotas (en ese tiempo), comunidades del cantón de San Ramón: Río Jesús y San José del Higuerón. La inexistencia de vías de comunicación y de medios de transporte motorizados, la obligaba a trasladarse a lomo de caballo, con dos de sus pequeños hijos, desde la ciudad de San Ramón hasta las localidades rurales, en donde impartió lecciones, y donde permanecía cinco días de la semana. Esos viajes en caballo no los hacía por “vagabundear”, constituían un significativo sacrificio, parte de sus ideales y el compromiso asumido con su país, con las comunidades demandantes de servicios educativos para lograr el crecimiento personal y ciudadano de sus poblaciones.

Posteriormente, se trasladó al cantón de Naranjo y fue docente en la Escuela República de Colombia, ubicada en el distrito central de ese cantón, hasta su jubilación. En ese tiempo, ya habiendo crecido la familia y siendo niños de más edad, reforzamos el respeto por nuestra mamá y admiramos, hasta el fin, el espíritu y voluntad con la cual combinaba su trabajo, prolongado por varias horas en la casa, con las demandas de la crianza de sus numerosos hijos e hijas.

Éramos conscientes, ella y su familia, de lo valioso de su trabajo. Así lo entendió también la comunidad y el país entero. Incluyendo a los gobernantes. Nunca podríamos concebir entonces a un gobernante profiriendo insultos o frases despectivas e hirientes a los educadores.

Cuando se presentaban desavenencias o conflictos, se abrían espacios para negociar y buscar acuerdos. Cuando algún mandatario sobrepasó los límites, reprimiendo o agrediendo a educadores manifestándose por sus derechos, recibió en el aislamiento y en las urnas, el drástico castigo de la ciudadanía.

Los costarricenses estamos orgullosos de nuestra educación pública, valoramos altamente su contribución al desarrollo científico, cultural, sanitario, ambiental, social e institucional del país, desde los primeros niveles hasta la educación superior. Por eso no soportamos que sean recortados sus presupuestos, se infravaloren sus aportes a la nación o se agreda de palabra o de hecho a los educadores y sus organizaciones.

Ni “vagabundos”, ni “sanguijuelas”; son hombres y mujeres comprometidos con el país, con la educación nacional y con la democracia. ¡Merecen todo nuestro respeto!

Respeto, diálogo y condiciones dignas para quienes educan al país

Pronunciamiento de respaldo a la comunidad docente costarricense

Las personas firmantes expresamos nuestra solidaridad con el cuerpo docente y rechazamos categóricamente las descalificaciones manifestadas por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, quien llamó «vagabundos» a quienes se sumaron a la protesta del 11 de noviembre al anunciar que les rebajaría un día de salario. Ese día, docentes, estudiantes, organizaciones sindicales y ciudadanía en general marcharon en San José para reclamar mayor financiamiento para la educación pública, la atención de obligaciones estatales con las pensiones del Magisterio Nacional y mejoras en las condiciones laborales. Estas demandas legítimas merecen una respuesta pública y respetuosa.

El ejercicio docente abarca mucho más que la impartición de lecciones en el aula; empieza antes de que el estudiantado ingrese al aula y continúa mucho después de que finaliza la clase. Cada jornada exige planificar la enseñanza, preparar materiales accesibles, evaluar lo aprendido y ofrecer retroalimentación oportuna. Implica, además, adaptar estrategias pedagógicas para garantizar la inclusión de todo el grupo, dar seguimiento a las familias cuando las ausencias ponen en riesgo la continuidad educativa y actualizar permanentemente los conocimientos con los que se toman esas decisiones. Con frecuencia, el profesorado asume procesos formativos continuos fuera de su horario de trabajo y los financia con recursos propios. Estas tareas demandan rigor profesional, criterio pedagógico y tiempo efectivo.

Mediante ese trabajo cotidiano, las personas docentes hacen efectivo el derecho humano a la educación. Enseñan a niñas, niños, jóvenes y personas adultas a formular preguntas, contrastar información y participar en las decisiones de sus comunidades. Su labor amplía las oportunidades de movilidad social, las de continuar estudiando y acceso a un trabajo digno; de ella dependen, en gran medida, la convivencia democrática, la formación ciudadana y el desarrollo social y económico del país.

Defendemos irrestrictamente el derecho de las personas docentes a expresar sus demandas y a participar en movilizaciones pacíficas. La protesta social es un pilar de la democracia costarricense, y cualquier medida administrativa o salarial utilizada para sancionar o desincentivar la manifestación pública resulta incompatible con el respeto a las libertades fundamentales y el diálogo social.

Exhortamos al Poder Ejecutivo a que dignifique la labor docente mediante un trato respetuoso y decisiones concretas que mejoren las condiciones salariales y laborales de quienes ejercen esta profesión. Esto implica garantizar remuneraciones acordes con sus responsabilidades, tiempo reconocido para la planificación y evaluación, infraestructura segura y accesible, materiales didácticos adecuados y los apoyos necesarios para atender la diversidad del estudiantado.

Demandamos que estas prioridades se traduzcan en compromisos públicos verificables, con respaldo presupuestario y plazos definidos en diálogo abierto con las organizaciones representativas del magisterio. Garantizar condiciones dignas para enseñar es una obligación del Estado para asegurar el derecho a una educación pública de calidad en todo el territorio de Costa Rica.

Suscriben,

Dra. Gabriela Valverde Soto, decana, Facultad de Educación

Dr. José Antonio Blanco Villalobos, decano, Facultad de Artes

M.G.A. Enrique Montenegro Hidalgo, decano, Facultad de Ciencias Agroalimentarias

Dr. Federico Muñoz Rojas, decano, Facultad de Ciencias

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, decano, Facultad de Ciencias Económicas

Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales

Dra. Marcela María Moreno Buján, decana, Facultad de Derecho

Dr. Luis Esteban Hernández Soto, decano, Facultad de Farmacia

Dr. Víctor Schmid Díaz, decano, Facultad de Ingeniería

Dr. Kuok Wa Chao Chao, decano, Facultad de Letras

Dr. Fernando Morales Martínez, decano, Facultad de Medicina

Dr. Steve Quirós Barrantes, decano, Facultad de Microbiología

Dr. David Lafuente Marín, decano, Facultad de Odontología

MBA Walter Anderson Rivera, coordinador, Consejo de Área de Sedes Regionales

Dr. Randall Jiménez Retana, coordinador, Sistema de Educación General

Maestros contra el autoritarismo y en defensa de las instituciones

Abelardo Morales Gamboa

El magisterio y los estudiantes costarricenses no solamente han contribuido a la formación educativa de la nación, sino que también han participado en momentos decisivos de defensa del sufragio, las libertades públicas y las instituciones democráticas.

Que la sociedad costarricense haya sido construida por maestros y no por soldados no debería reducirse a un mero lema patriótico ni a una evocación histórica. Tendría que formar parte de los principios que orientan la construcción y reconstrucción de una nación en tiempos distintos, complejos y desafiantes. La movilización de educadores de este miércoles 11 de noviembre de 2026 constituye una señal esperanzadora en esa dirección. Aunque tampoco podemos conformarnos con vivir de esperanzas.

Este día, el Magisterio Nacional se declaró en huelga en defensa de la educación pública y tomó la Avenida Segunda de San José. Sus demandas incluyen la asignación de los recursos que legalmente le corresponden, el reconocimiento y pago de los derechos salariales de maestros y profesores, así como el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el fondo de pensiones del magisterio y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). No salieron a defender únicamente de reivindicaciones gremiales, sino a plantear exigencias vinculadas con la responsabilidad estatal de garantizar derechos fundamentales.

Esta movilización constituye, además, una legítima manifestación de resistencia frente a lo que cada día se muestra más claramente como un giro autoritario del Poder Ejecutivo y de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa. Ambas instancias han impulsado una política de severos recortes a servicios públicos fundamentales, como la educación, la cultura, la salud y el bienestar social. Todo ello ocurre en medio de una preocupante incapacidad técnica y política para conducir las finanzas públicas, gestionar la economía y ofrecer garantías de desarrollo económico y social: el Ministerio de Hacienda ha sido incapaz de recaudar impuestos, el presidente del Banco Central ha alertado sobre los números rojos de las finanzas públicas y, diversas fuentes económicas, alertan sobre una inminente crisis. Mientras tanto, los ingresos de numerosos hogares se deterioran, el desempleo continúa amenazando a una fuerza laboral ya golpeada por la precariedad y la inseguridad se extiende bajo el peso del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia cotidiana.

Los maestros son testigos directos de esas vicisitudes, no solo porque las padecen en carne propia sino porque les corresponde “darle contención a sus estudiantes y a las familias sometidas a ese asedio en sus condiciones de vida cada vez más deterioradas”, como se señalaba en uno de los discursos este día.

En contraste con esas debilidades, lo que parece mostrar mayor continuidad en la gestión gubernamental es un enjambre de opacas relaciones entre funcionarios, financistas de campaña y círculos empresariales cercanos al poder. Los cuestionamientos por presuntos negocios irregulares, heredados de la administración anterior, siguen proyectando sombras sobre la legitimidad política de la conducción del país. Aunque existe una presidencia formalmente en funciones, crece la impresión de que decisiones fundamentales responden a intereses de poderes fácticos que operan al margen de los mecanismos ordinarios de representación y control democrático.

En estas circunstancias, el regreso de los maestros a las calles permite recuperar una tradición histórica de luchas cívicas en defensa de las libertades públicas y las instituciones democráticas. Desde la movilización popular del 7 de noviembre de 1889 en defensa del sufragio, hasta las jornadas de junio de 1919 contra la dictadura de los hermanos Tinoco, la historia costarricense registra episodios decisivos de resistencia frente al autoritarismo. En estas últimas, maestras y estudiantes, especialmente del Colegio Superior de Señoritas y del Liceo de Costa Rica, desempeñaron un papel protagónico, con figuras como Carmen Lyra. Décadas después, las movilizaciones estudiantiles contra ALCOA, en abril de 1970, reafirmaron esa tradición de participación cívica en defensa de los intereses nacionales. Esa memoria adquiere particular significado en momentos en que las instituciones educativas y las organizaciones magisteriales enfrentan nuevas amenazas. Tampoco podemos ignorar que, desde las reformas neoliberales de mediados de la década de 1990 hasta las sucesivas restricciones legales al ejercicio de la huelga, las organizaciones magisteriales y sindicales han sido objeto de estrategias de debilitamiento impulsadas por sectores de las élites políticas y empresariales.

Hoy, las amenazas no se limitan a las condiciones laborales y de vida de los educadores. Alcanzan a las instituciones educativas, al papel de la enseñanza en el desarrollo nacional y a la propia capacidad de la sociedad para construir un futuro compartido. Por eso, quienes formamos parte del magisterio no podemos permanecer en silencio ni asumir una actitud pasiva frente al deterioro institucional. Menos aún, cuando una nueva alianza de intereses populistas y seudorreligiosos parece empeñada en desmantelar conquistas sociales e instituciones públicas para favorecer intereses particulares.

En esa lógica, el ejercicio del poder deja de estar orientado por un proyecto de país y se convierte en un instrumento para facilitar negocios, concentrar recursos y acumular riqueza en el menor tiempo posible. Las controversias alrededor del Banco Popular y de su conducción institucional alimentan las preocupaciones sobre el avance de esos intereses sobre entidades que históricamente han desempeñado una función social.

Por eso, la movilización de este 11 de noviembre puede representar mucho más que una jornada de protesta. Puede convertirse en un hito para la revitalización de los movimientos sociales, la cultura cívica y el compromiso de los educadores y de la ciudadanía con la defensa de las instituciones democráticas. La historia no se construye únicamente desde las cúpulas del poder. También se hace desde las aulas, las calles y la acción colectiva de quienes se niegan a renunciar a los derechos conquistados. El magisterio y los estudiantes costarricenses no solamente han contribuido a la formación educativa de la nación, sino que también han participado en momentos decisivos de defensa del sufragio, las libertades públicas y las instituciones democráticas.

La Costa Rica que fue construida por maestros y no por soldados necesita hoy que sus educadores vuelvan a enseñar, también desde las calles, que la democracia no se hereda como un patrimonio inagotable: se defiende, se ejerce y se reconstruye cada día.

Vagancia es decir —4 años después— que no les dio la gana presentar su «ruta de la educación»

JoseSo (José Solano-Saborío)

Este miércoles 11 de noviembre, desde Casa Presidencial, la presidenta Laura Fernández Delgado llamó «vagabundos» a miles de docentes y trabajadores de la educación que salieron a las calles. Les anunció rebajos salariales y tachó de «sanguijuelas» a los dirigentes gremiales, asegurando que marchan para reclamar «cosas que no existen».

Detengámonos un segundo en esa frase: cosas que no existen.

¿Qué llevó realmente al Magisterio Nacional a tomar San José? No fue un capricho ni vagancia. Es el asfixiante deterioro de la educación pública. El presupuesto educativo proyectado para 2027 cae a apenas el 4,9% del Producto Interno Bruto, muy lejos del 8% que ordena nuestra Constitución. Detrás de esa cifra hay escuelas cayéndose a pedazos, deudas salariales acumuladas, incertidumbre sobre las pensiones del Magisterio y aulas sin recursos básicos.

Cuando un docente marcha por dignidad presupuestaria y por el futuro de sus estudiantes, no está haciendo turismo político: está defendiendo el pilar que construyó a Costa Rica.

Y qué ironía hablar de «vagabundos»… mientras el país aún digiere los contrastes de su reciente gira de paseo presidencial por Europa. Mientras en el Vaticano y en la Cumbre Iberoamericana en Madrid se proyectaba la imagen de una Costa Rica próspera, de trabajo y paz, aquí adentro los números de la Contraloría General de la República cuentan otra historia.

El informe DFOE-FIP-IAD-00002-2026 reveló una debilidad alarmante en Tributación Directa: el Ministerio de Hacienda dejó de fiscalizar adecuadamente incumplimientos estimados en ₡1,8 billones en el impuesto sobre la renta entre 2023 y mediados de 2026. De casi 782.000 casos sospechosos de evasión o subdeclaración, Hacienda apenas revisó el 3%, y las revisiones cayeron de más de mil setecientas en 2023 a solo dos en 2025. ¡Dos! Ahí sí parece que hubo mucha pereza institucional para cobrarle a los grandes evasores, pero sobra mano dura para rebajarle el día al maestro que gana un salario honrado.

Y si hablamos de cómo se gestiona el dinero público, hagámonos una pregunta incómoda pero necesaria. Hace apenas unos días distintos medios informaron que el Cuerpo de Bomberos adjudicó a dedo —bajo un mecanismo de urgencia— un contrato por más de ₡6.300 millones para comprar 40 ambulancias a una empresa vinculada a financistas de la campaña oficialista, descartando ofertas nacionales millones de dólares más baratas.

Entonces, vale preguntar con toda claridad: saltarse los procesos ordinarios de contratación pública de ley para darle negocios millonarios a donantes de campaña… ¿será por «vagancia» de hacer una licitación transparente, o será otra cosa mucho más grave?

En democracia, el respeto empieza por casa. Descalificar con insultos a quienes sostienen las aulas no tapa los huecos fiscales ni borra los cuestionamientos éticos. A los docentes se les escucha con argumentos y presupuesto, nunca con desprecio.

Organizaciones sociales, sindicales y académicas se suman a la marcha en defensa de la educación pública de este 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre se realizará una marcha nacional en defensa de la educación pública, convocada por los sindicatos del Magisterio Nacional: la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). A la convocatoria se han sumado organizaciones sindicales, sociales, académicas y profesionales.

La salida será a las 9:00 a. m. del parque Braulio Carrillo (La Merced), en San José, y la llegada, a la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa.

Las demandas

Las convocatorias coinciden en la defensa de la educación pública frente a los recortes en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y en la exigencia de cumplir el artículo 78 de la Constitución, que establece una inversión en educación no inferior al 8 % del PIB. También incluyen el rechazo al congelamiento salarial en el sector público, el pago puntual y completo del aguinaldo, el pago de las deudas del Estado con la CCSS y con el régimen de pensiones del Magisterio, y la defensa del Estado social de derecho y de la institucionalidad pública.

Las organizaciones que convocan

En orden alfabético, estas son las organizaciones que han difundido su llamado a la marcha:

  • Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Regional 01. Llama a todas las personas trabajadoras de la educación a participar para «defender nuestros derechos laborales, la dignidad de nuestra profesión y el fortalecimiento de la educación pública costarricense».
  • Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Convoca «en defensa de la educación pública», «contra el congelamiento salarial» y «por el pago del aguinaldo puntual y completo».
  • Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO). Acordó en sesión plenaria respaldar la lucha del magisterio, que considera «una expresión de defensa del Estado social de derecho, de la institucionalidad pública, de los derechos laborales y de las conquistas sociales».
  • Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y universidades públicas. Convocan a la ciudadanía a participar, porque la educación pública «es un pilar fundamental para el desarrollo del país y una oportunidad para construir un futuro con más posibilidades para todas las personas».
  • Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica. Se suma a la que denomina «gran marcha por la educación y la institucionalidad».
  • Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE). Llama a movilizarse «por la democracia, por la educación pública, por la CCSS» y por «justicia al agricultor».
  • Pacto por la Educación Pública y Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Difunden la convocatoria de los sindicatos del Magisterio Nacional a la «gran marcha en defensa de la educación pública».
  • Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES). Llama a acompañar al magisterio porque «la defensa de la educación pública no es un asunto gremial: es la defensa del principal mecanismo de movilidad social que ha tenido Costa Rica».
  • Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA). Respalda la movilización con la consigna «la lucha del Magisterio Nacional es también nuestra lucha», contra el congelamiento salarial y por el pago de la deuda con la CCSS.

Las organizaciones coinciden en llamar a una participación pacífica, firme y organizada.

Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica rechaza recortes a la educación y reconoce el liderazgo de las jóvenes universitarias

“Defender la educación pública es defender el presente y el futuro de Costa Rica”

Desde el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, hoy levantamos la voz en defensa de la educación pública, del cumplimiento del 8% constitucional para la educación y contra cualquier recorte presupuestario que comprometa el derecho de las personas a estudiar y construir un mejor futuro. Lo hacemos porque estamos convencidas de que cada colón que se recorte debilita las oportunidades, amplía las desigualdades y limita las posibilidades de desarrollo, movilidad social y bienestar para todo el país.

También queremos reconocer el liderazgo de las mujeres jóvenes que hoy encabezan esta causa desde las federaciones estudiantiles de las universidades públicas. Han estudiado los presupuestos, analizado las consecuencias de las decisiones políticas y asumido la responsabilidad de defender un derecho que pertenece a toda la sociedad.

Su ejemplo nos recuerda que la política, en su mejor expresión, es el compromiso con el bien común. Es organizarse, participar y levantar la voz cuando están en juego los derechos de las generaciones de hoy y del mañana.

La educación pública no solo forma profesionales. Forma ciudadanía y personas capaces de participar, cuestionar, proponer y defender el interés colectivo y el bien común. Y cuando vemos a estas jóvenes liderar esta causa, estamos viendo precisamente el resultado de esa inversión que algunos hoy pretenden recortar. La voz de las mujeres en política no es un problema para la democracia: es la democracia funcionando.

Por eso rechazamos los recortes a la educación y respaldamos la lucha por una inversión suficiente, sostenible y responsable que garantice oportunidades para todas las personas.

Porque defender la educación pública no es defender un presupuesto. Es defender el presente y el futuro de Costa Rica.

San José, 2 de noviembre del 2026

SINDEU pide a la Sala Primera rechazar la casación de la PGR sobre la exclusión de las universidades de la Ley 9635

El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) solicitó a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia rechazar de plano el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la sentencia que excluye a las universidades públicas de la aplicación de la Ley n.º 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La gestión se presentó el 30 de octubre mediante el oficio SINDEU-AL-172-2026, dentro del expediente 19-000375-1028-CA.

La sentencia impugnada por la PGR es la resolución n.º 2026-006923 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. En ella, el Tribunal dio la razón a las universidades y a los sindicatos al determinar que la Ley 9635 no se aplica a las universidades públicas estatales, y anuló los artículos e incisos del Reglamento al Título III de esa ley que las incluían.

Según SINDEU, la gestión “representa una acción firme en defensa del régimen universitario, la autonomía constitucional y las condiciones que permiten a las universidades públicas cumplir su misión en beneficio del país”. El sindicato reafirmó su compromiso con la defensa de la autonomía universitaria y la educación pública: “¡La educación pública no se negocia, se defiende!”.

Convocan a plantón en defensa de la educación pública el 2 de noviembre

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y las federaciones estudiantiles de las universidades públicas convocan a un plantón en defensa de la educación pública para el lunes 2 de noviembre a las 4:00 p. m., en la Plaza de la Democracia, en San José.

La convocatoria pide:

  • el respeto al financiamiento constitucional de la educación;
  • el cumplimiento de los acuerdos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES);
  • la protección de las becas, la regionalización y las oportunidades educativas.

“¡Defendamos la educación pública!”, es el llamado de las organizaciones convocantes.

Estudiantes de secundaria se suman

El Frente Nacional de Estudiantes de Secundaria también se unió a la defensa de la educación pública. En un video, cada integrante se presenta y reitera que la educación pública:

  • es parte de la democracia;
  • es la vía para romper con la pobreza;
  • es un derecho humano;
  • es la garantía para contar con infraestructura educativa segura y adecuada.

Las razones del Frente pueden escucharse en el video publicado en su cuenta de Instagram, disponible en este enlace.

RENASES convoca a celebrar en Cartago los 85 años de la CCSS

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) invita a la población a un gran encuentro por la salud, la vida y la seguridad social para celebrar los 85 años de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fundada en 1941. La actividad será el domingo 1.º de noviembre en Cartago.

RENASES está integrada por 85 organizaciones sociales, comunales, sindicales, agroalimentarias, ambientales, de mujeres, de salud y de educación, universidades y diversos sectores de la sociedad. La organización convoca a toda la población y a las familias trabajadoras a esta “gran celebración popular, social y cultural, en homenaje a nuestra querida Caja”.

Programa

  • 10:00 a. m.: misa conmemorativa en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.

  • Después de la misa: concentración y acto de conmemoración en la Plaza Mayor de Cartago, con actividades culturales, música, feria de salud, emprendimientos y otras actividades.

Con esta convocatoria, RENASES expresa su compromiso de defender la seguridad social, fortalecer el derecho a la salud y a la educación pública, proteger la institucionalidad y la democracia, y construir un país más justo y solidario.

“¡La seguridad social es patrimonio de todo el pueblo!”, afirma la Red, que cierra su llamado con la consigna: “¡La Caja es de todos y todas, y entre todos y todas la defendemos!”.

La alegría también disputa el poder: estéticas de la resistencia

Rodrigo Campos Hernández

Rodrigo H. Campos Hernández

Hay escenas de las movilizaciones sociales que merecen tanta atención como los discursos y las demandas que las convocan. Una orquesta que lleva su música a una plaza. Jóvenes que abrazan a personas mayores que han llegado a expresarles su apoyo. Carteles hechos a mano, marionetas, danzas y canciones que transforman una calle. En esas prácticas se construyen relaciones, se transmiten memorias y se experimentan maneras de vivir juntos.

Mirar la protesta desde esta perspectiva permite reconocer algo que suele quedar relegado en las narraciones centradas en los enfrentamientos: la resistencia también produce comunidad. Su fuerza se encuentra en lo que reclama y en las relaciones que quienes participan logran construir durante la lucha.

La calle como lugar de encuentro

Las movilizaciones estudiantiles francesas ofrecen un punto de partida. La incorporación de docentes, familias, sindicatos y otros sectores permite observar cómo una demanda educativa puede convertirse en un espacio de convergencia social. También se han documentado expresiones de apoyo de personas mayores y jubiladas hacia las generaciones jóvenes. Esos encuentros abren una pregunta: ¿qué sucede cuando distintas edades reconocen que sus problemas y sus esperanzas están relacionados?

La solidaridad entre generaciones puede interrumpir prejuicios arraigados. La juventud deja de aparecer como incapaz de comprender el mundo; la vejez deja de quedar asociada inevitablemente con la resignación o el inmovilismo. Un abrazo entre quienes marchan y quienes llegan a acompañarlos puede expresar un reconocimiento político: tu lucha merece ser escuchada y tiene algo que ver conmigo.

Podemos hablar de una horizontalidad entre generaciones cuando la edad deja de funcionar como título automático de autoridad o motivo de descalificación. Esto no supone borrar las diferencias de experiencia. Significa reconocer una igual capacidad para participar, aprender y contribuir.

Una escena afectuosa no demuestra que todas las jerarquías hayan desaparecido. Pero permite advertir una posibilidad: construir relaciones en las que las diferencias no se conviertan necesariamente en subordinaciones.

La solidaridad también viaja en sentido inverso

Argentina aporta otra escena de ese encuentro. El 12 de marzo de 2025, hinchas de distintos clubes, sindicatos y organizaciones sociales acompañaron a jubiladas y jubilados frente al Congreso. Las agresiones sufridas por personas mayores en protestas anteriores habían contribuido a movilizar nuevos apoyos. Durante aquella jornada, la respuesta policial volvió a incluir gases lacrimógenos, cañones de agua y proyectiles.

Las personas mayores eran protagonistas de una lucha que ya venían sosteniendo. Los sectores que se incorporaron reconocieron esa iniciativa y ampliaron su acompañamiento. Defender condiciones dignas para la vejez se convirtió en un motivo de encuentro entre personas con trayectorias y pertenencias diferentes.

Las camisetas de distintos equipos reunidas alrededor de una demanda compartida permiten leer también una dimensión estética de la solidaridad. Los símbolos de la cultura popular adquieren un sentido político que atraviesa rivalidades habituales. En esa convergencia se expresa una idea sencilla y exigente: lo que le sucede al otro también nos concierne.

El arte transforma la experiencia de protestar

La participación de L’Orchestre du Nouveau Monde en las movilizaciones francesas resulta especialmente significativa. Su manifiesto define al colectivo como una orquesta de resistencia comprometida con la justicia social y climática. Cuestiona el elitismo y el acceso desigual a la música clásica, y propone comprender el arte como un bien común.

Llevar una orquesta a la calle modifica las condiciones de encuentro con ese patrimonio cultural: quién puede escucharlo, dónde se interpreta y con qué luchas se relaciona. La música participa en una disputa por el acceso a la cultura y por el sentido de lo que compartimos.

Jacques Rancière (2000) ofrece una herramienta para comprenderlo mediante su concepto de «reparto de lo sensible»: la organización de aquello que puede verse, escucharse y reconocerse como parte de la vida común. Desde esta perspectiva, la política incluye la irrupción de quienes no eran reconocidos como interlocutores.

Aplicada a estas escenas, esa mirada permite comprender cómo una plaza ocupada por música, carteles y cuerpos modifica temporalmente los usos esperados del espacio. Quienes suelen aparecer como una interrupción del tránsito se presentan como personas con palabra, memoria y capacidad creadora.

La danza, las marionetas, las canciones y el humor hacen perceptibles demandas y experiencias. También permiten soportar el cansancio y reconocerse entre desconocidos. Su valor político merece ser examinado junto con sus formas artísticas.

La alegría y el cuidado construyen comunidad

Barbara Ehrenreich (2007) estudió la historia de la alegría colectiva y de las prácticas compartidas de música, danza y celebración. Su trabajo permite preguntarnos por la capacidad de estas experiencias para crear vínculos y por los conflictos que suscitan frente a distintas formas de autoridad.

En una movilización, la alegría puede ayudar a sostener la presencia y el compromiso. Quienes se encuentran descubren que su preocupación tiene resonancias en otras vidas. Esa experiencia puede transformar la soledad en disposición para actuar juntos.

También conviene observar los gestos menos espectaculares: acompañar a quien tiene miedo, adaptar el paso, escuchar, compartir recursos o facilitar que alguien descanse. Las investigaciones sobre movimientos sociales y política del cuidado muestran la importancia de examinar cómo la empatía y las prácticas de apoyo intervienen en la construcción de solidaridad.

La calidad democrática de una protesta se juega también allí. Importa quién puede participar, quién queda excluido y sobre quién recae el trabajo de cuidar. Una movilización puede proclamar igualdad y reproducir desigualdades en su organización. La horizontalidad requiere atención y trabajo.

Además, defender la alegría no significa exigir que las personas agraviadas sean siempre festivas o agradables. La resistencia contiene duelo, rabia, miedo y agotamiento. Su legitimidad no depende de ofrecer un espectáculo simpático a quienes la observan.

Una memoria que se canta, se baila y se escribe

Diana Taylor (2003) ha mostrado cómo las prácticas corporales y escénicas transmiten conocimiento y memoria. Desde esa perspectiva, las canciones, los gestos y las actuaciones callejeras pueden entenderse como formas de conservar y transformar experiencias colectivas.

Cada generación recibe expresiones de luchas anteriores y puede modificarlas. Una melodía conocida adquiere otra letra; un símbolo cambia de contexto; una consigna vuelve a circular. La cultura de la protesta se construye mediante esa relación entre herencia e invención.

Los grafitis y las intervenciones sobre monumentos abren una discusión semejante: ¿quién puede inscribir su memoria en la ciudad y qué voces son descalificadas de antemano como suciedad? Reconocer su significado político exige examinar también sus efectos materiales. Una proyección temporal, una pintada y un daño irreversible requieren valoraciones distintas. El análisis gana profundidad cuando considera tanto la disputa simbólica como el cuidado de bienes compartidos.

Los afectos también tienen política

La creatividad y las emociones no pertenecen exclusivamente a las izquierdas. Walter Benjamin (2003) advirtió sobre la estetización de la política en el fascismo. El espectáculo, los símbolos y la movilización afectiva también pueden servir a la obediencia y la exclusión.

La religión participa asimismo de experiencias estéticas mediante imágenes, música, rituales y gestos que generan pertenencia. Los estudios de Birgit Meyer (2009) permiten comprender esa dimensión sensible. Su significado político depende de cómo se emplea: las prácticas religiosas pueden sostener relaciones de autoridad, pero también experiencias de solidaridad y emancipación.

Por eso, la cuestión decisiva es qué relaciones promueven esas expresiones y qué lugar conceden a quienes piensan o viven de otra manera.

En Costa Rica, afirmaciones como la de Laura Fernández, recogida el 27 de mayo de 2026, según la cual «los comunistas destruyen a su paso todo», convierten una diversidad de actores y experiencias en un enemigo homogéneo. Frente a esa descalificación, documentar las prácticas creadoras de los movimientos permite recuperar la complejidad que el estigma elimina.

La sociedad que comienza a practicarse

La idea de política prefigurativa permite reunir estas observaciones: las formas de organizarse en el presente pueden procurar coherencia con la sociedad que se desea construir. La cooperación, la participación y el cuidado se convierten así en prácticas que deben ponerse a prueba durante la propia lucha.

Su alcance dependerá también de lo que perdure: redes de apoyo, aprendizajes, organización y compromisos que sobrevivan a la jornada. Una comunidad necesita continuidad para transformar la emoción del encuentro en capacidad colectiva.

Las estéticas de la resistencia hacen visibles esas posibilidades. En una orquesta que comparte la plaza, en generaciones que se reconocen y en personas que acompañan una demanda ajena, podemos observar ensayos de una vida común más digna.

La alegría disputa el poder cuando ayuda a construir esos vínculos. Y la pregunta que dejan abierta merece acompañarnos más allá de cada manifestación: ¿qué sociedad empieza a hacerse posible en la manera en que nos tratamos mientras resistimos?

Defender la protesta es defender la democracia

Esta reflexión adquiere una relevancia inmediata en Costa Rica. El llamado de Ariel Robles a marchar y acampar frente a la Asamblea Legislativa y el Gobierno, en defensa de la educación pública, dio lugar a una denuncia penal por presunta instigación pública y a una investigación en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. Su referencia a las movilizaciones de Francia y España fue interpretada por sus adversarios como una convocatoria a reproducir hechos violentos.

Ante esa interpretación, corresponde recuperar una distinción jurídica fundamental: convocar a movilizarse no equivale a instigar un delito. El artículo 26 de la Constitución Política reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, incluso para discutir asuntos políticos y examinar la conducta de los funcionarios. El artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege ese mismo derecho y exige que sus restricciones estén previstas legalmente y sean necesarias en una sociedad democrática. La presión ciudadana pacífica sobre quienes gobiernan forma parte del ejercicio de esas libertades.

El artículo 280 del Código Penal exige una instigación a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública. Por eso, atribuir carácter delictivo a una convocatoria requiere identificar la conducta criminal que se habría promovido y demostrar que el mensaje efectivamente incita a realizarla. En el llamado a marchar y acampar reproducido por la prensa no aparece una exhortación expresa a agredir personas, incendiar edificios o saquear comercios. La referencia a movilizaciones extranjeras tampoco permite, por sí sola, atribuir al convocante todos los actos cometidos durante ellas. Esta valoración se refiere a ese mensaje; el examen integral de la denuncia exige revisar los demás materiales que incorpora.

Una acampada puede constituir una forma de reunión pacífica. Sus condiciones concretas de lugar, duración y afectación de derechos ajenos deben examinarse mediante criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La incomodidad que provoca una protesta o su capacidad para interrumpir la rutina no la convierten automáticamente en violencia. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado, además, que los actos violentos aislados de algunos participantes no deben atribuirse indiscriminadamente a los demás, a los organizadores o a la reunión en su conjunto.

La apertura de una investigación tampoco demuestra la existencia de un delito. El control político debe respetar las libertades que hacen posible la deliberación democrática. Resulta particularmente preocupante que una comisión dedicada a los derechos humanos pueda contribuir a presentar como sospechoso el ejercicio de un derecho que está llamada a proteger. Si el reproche consiste únicamente en convocar una movilización pacífica para exigir una decisión presupuestaria distinta, ese reproche carece de sustento suficiente para una imputación por instigación pública.

Aquí se encuentran la dimensión jurídica y la dimensión cultural de la resistencia. La posibilidad de cantar, reunirse, acompañarse y permanecer juntos en el espacio público necesita garantías que protejan a quienes disienten. Una ciudadanía que teme ser investigada por convocar a una protesta dispone de menos libertad para construir esos vínculos y hacer escuchar sus demandas.

Defender la educación pública mediante una movilización pacífica es participar en la discusión sobre nuestro futuro común. Las instituciones democráticas deben poder escuchar esa presencia, incluso cuando resulta incómoda y exige cambios. En las calles, distintas generaciones pueden reconocerse, compartir sus preocupaciones y construir solidaridad. Proteger ese encuentro es también proteger la democracia.

La alegría disputa el poder cuando convierte el miedo y el aislamiento en capacidad de actuar juntos. Una democracia se fortalece cuando garantiza el espacio para que esa capacidad pueda ejercerse.

Augusto Boal (2022) comprendió que el teatro podía ser un ensayo de la revolución. Las estéticas de la resistencia nos invitan a llevar esa intuición a la calle: al cantar, bailar, intervenir sus muros y crear juntos, los pueblos ensayan formas de habitar el mundo y de decidir sobre él. Defender ese espacio de creación colectiva es defender una democracia en la que la ciudadanía pueda imaginar y construir algo distinto de lo que el poder le ofrece.