Con participación de más de una decena de países del continente, se desarrollará el miércoles 2 y el jueves 3 de julio de 2025 el foro latinoamericano “Jubilaciones, Pensiones y Retiro”, una iniciativa enmarcada en el Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo.
La actividad se transmitirá por el canal de YouTube de Otras Voces en Educación (OVE) y contará con intervenciones de ponentes provenientes de Puerto Rico, México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Argentina. El horario de transmisión será de 14:00 a 18:00 (hora de Brasil) en ambas fechas.
El foro es auspiciado por organizaciones sindicales y educativas como la CNTE, CNSUESIC y NCT de México, ASOPROF de Panamá, así como la plataforma Otras Voces en Educación, que impulsa espacios de análisis pedagógico crítico en la región.
El evento tiene como objetivo principal visibilizar los desafíos estructurales que enfrentan los sistemas de jubilación y retiro del sector educativo en América Latina, en un contexto de reformas regresivas, aumento de la edad para el retiro, privatización de fondos de pensiones y precarización laboral docente.
Los organizadores destacan que el foro busca fortalecer el debate regional, articular experiencias de resistencia y promover alternativas frente a las políticas neoliberales que amenazan el derecho a una jubilación digna y a condiciones justas para quienes han dedicado su vida al trabajo educativo.
La Universidad Nacional, el pasado 15 de mayo, acordó demandar el giro inmediato de los recursos definidos en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) conforme al presupuesto nacional aprobado para el 2025. Por medio de una sesión ordinaria el Consejo Universitario de dicha institución aprobó exigir el financiamiento total destinado a las universidades públicas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
Desde enero del 2025, dicho órgano universitario ha resaltado la obligación del Gobierno de la República de transferir el presupuesto ordinario aprobado para el año 2025 a las universidades públicas. Ante esta acción, en febrero del mismo año por medio de un comunicado el ministro de hacienda resaltó que considerando la compleja situación fiscal del país y a la inestabilidad en el tipo de cambio y el servicio de la deuda, es necesario mantener determinados recursos sin ejecutar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras estatales.
Las autoridades de dicho centro educativo aseguran que las acciones del ministro y del gobierno obstaculizan el financiamiento de la Educación Pública, esto como represalia a un aumento del 2% aprobado por la Asamblea Legislativa hacia el FEES. Igualmente destacan el incumplimiento al artículo 78 de la constitución política. Desde el 2019, la asignación presupuestaria a la educación pública ha presentado una tendencia a disminuir año tras año, cayendo de un 7,8 % en 2019 cayó al 5,9 % en 2024.
La universidad encontró contradicción con las declaraciones del ministro para no girar los fondos asignados. Sin embargo, de acuerdo con datos de la OECD, el crecimiento económico del país es superior al de las otras naciones miembros de la organización. Igualmente, otros indicadores macroeconómicos no reflejan las condiciones críticas expuestas por el ministro, la inflación ha presentado un comportamiento descendente, con relación a la deuda el centro académico menciona que el 70% de la deuda pública es interna y expresada en colones por lo que la apreciación del colón frente al dólar es favorable a la economía nacional.
Finalmente, las autoridades universitarias, destacan que la Contraloría General de la República ha aprobado formalmente el presupuesto extraordinario 1-2025, que incluye ₡2.053,1 millones destinados al FEES, evidenciando una contradicción significativa entre la situación económica real y la medida propuesta para no liberar dichos recursos. Por lo que la institución continúa manifestando su desacuerdo a la retención y no ejecución de los fondos por parte del ministro.
La autonomía universitaria fue uno de los logros más trascendentales de la Reforma de Córdoba de 1918. Nacida del impulso estudiantil frente al autoritarismo y el elitismo, esta conquista no se pensó como un privilegio corporativo ni como refugio para el poder impune, sino como garantía de una universidad democrática, crítica y comprometida con el pueblo.
En la actualidad, sin embargo, este legado está siendo distorsionado. En medio de cuestionamientos legítimos a la gestión de autoridades en la Universidad de Costa Rica (UCR), la autonomía ha sido invocada no como herramienta de democratización, sino como barrera frente a la rendición de cuentas. Esta actitud desconoce principios esenciales de la Reforma: el cogobierno efectivo, la renovación periódica del poder universitario y el deber de responder ante la comunidad que se representa.
Por eso publicamos hoy esta infografía: para recordar que defender la autonomía universitaria no es proteger cargos o estructuras cerradas, sino garantizar que la universidad sirva al bien común, fomente el pensamiento crítico y se rija por la ética pública. Usar este principio para justificar prácticas sin legitimidad política o social es traicionar su esencia. Reivindicar Córdoba implica actuar con coherencia con sus ideales.
Autonomía universitaria y bienes comunes: una alianza vital
La universidad pública no es un servicio ni un producto: es un bien común social, construido colectivamente y sostenido por la sociedad para garantizar el derecho a una educación crítica, libre y transformadora. En este marco, la autonomía universitaria no es un fin en sí mismo, sino una condición para que ese bien común se mantenga vivo, accesible y comprometido con el bien común.
Proteger la autonomía significa defender la capacidad de la universidad para pensar desde y para el pueblo, sin subordinaciones al mercado ni al poder político. Pero también implica abrir sus decisiones al control social, al diálogo democrático y al sentido ético de lo público.
Cuando se usa la autonomía para bloquear la participación, cerrar el debate o blindar estructuras de poder, se niega su función como garantía del carácter común, colectivo y transformador de la universidad. Por eso, defender la autonomía es también defender que la universidad siga siendo bien común y no capital simbólico o espacio corporativo.
Cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) comparecerán ante el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de Alajuela. La Fuerza Pública inició el proceso judicial acusándoles de «obstrucción de la vía pública» en contra de “la libertad”. Esta acción representa un grave intento de criminalizar la protesta social en el país.
Estas personas fueron detenidas el 21 de noviembre de 2019 mientras ejercían su derecho a la protesta en San Ramón de Alajuela. La manifestación pacífica y organizada por el movimiento estudiantil, buscaba denunciar los recortes al presupuesto de la educación superior. A pesar de que la protesta no generó bloqueos totales ni afectaciones al tránsito, la policía respondió con un uso desproporcionado de la fuerza, empleando gases lacrimógenos y persecuciones para dispersar al grupo de manifestantes que no superaba las 25 personas.
El abogado defensor Edgardo Araya, interpuso en diciembre de 2019 una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 256 bis del Código Penal, que tipifica como delito «impedir, obstaculizar o dificultar» el tránsito en vías públicas. Esta acción buscaba sentar un precedente para la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión en Costa Rica.
El caso estuvo suspendido mientras la Sala Constitucional analizaba la acción presentada por la defensa. Sin embargo, en agosto de 2023, la Sala resolvió que la definición del delito es constitucional, siempre y cuando no se use para criminalizar la protesta social. Tras el fallo, el juicio fue reactivado.
Llamado a la solidaridad y a la defensa de los derechos humanos
Las personas estudiantes que fueron detenidas, sus familias, el movimiento estudiantil y organizaciones sociales hacemos un llamado a la comunidad universitaria, sectores populares, defensores de derechos humanos y sociedad civil a movilizarse y acompañar este proceso en los tribunales de San Ramón.
Las próximas audiencias, donde se escucharán los testimonios de ambas partes y se recibirán pruebas y declaraciones de testigos, se llevarán a cabo:
Miércoles 9 de abril – 7:00 p.m.
Jueves 10 de abril – 6:00 p.m.
Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón
Hacemos un llamado a apoyar a las personas acusadas y defender el derecho a la protesta. Nos vemos a las afueras del tribunal para exigir justicia y decir fuerte y claro: ¡Protestar no es un delito!
No podemos permitir que se criminalicen las luchas por la educación pública y los derechos fundamentales. Defender la protesta es defender la democracia.
Las organizaciones interesadas en realizar trabajo comunitario con este afiche pueden solicitarlo al correo alianza.por.una.vida.digna@gmail.com o bien al WhatsApp 88429818 e incluiremos su logo.
Un buen ciudadano debe irse planteando ya cuál será la Costa Rica que dejará el gobierno de Rodrigo Chaves que está a un año y dos meses de finalizar su periodo constitucional, porque de esos resultados estará condicionado el futuro del país.
Los indicadores objetivos señalan que:
En educación tenemos la menor inversión de los últimos años, con lo cual nuestra nueva generación, los niños y niñas, muchachos y muchachas tendrán un rezago educativo y con ello incapacidad para incorporarse al desarrollo humano. También se puede hablar de los centenares de colegios y escuelas que están con orden sanitaria de cierre, de los programas educativos cerrados que mutilan a los estudiantes de la educación afectiva e igualitaria.
La inversión social es la más baja de los últimos 14 años, lo cual ha significativo recortes en las becas Avancemos, comedores escolares, transporte o vivienda barata para los trabajadores, sea un retroceso en cuanto al derecho a la igualdad y el acceso a mejores condiciones de vida.
La Caja del Seguro Social vive en un caos por la negligencia, la impericia y la mala fe de las máximas autoridades que ha nombrado este Gobierno. Las filas de espera crecen y crecen, la inversión en infraestructura está detenida por razones inexplicables y la atención sanitaria por falta de especialistas se deteriora cada vez más.
Los regímenes de pensiones están al borde del colapso porque la cuota patronal no se paga, aunque la ley lo exija, pero al ministro de Hacienda esto poco le importa.
La inversión en infraestructura, carreteras, puentes, Ebais, puertos, etc., es la menor de los últimos años. No se sabe de ningún proyecto nuevo que el gobierno de Chaves esté dejando planteado o en proyecto, teniendo en cuenta que, en el país, la finalización de las obras lleva entre 8,10 o más años, estamos condenando al país a que por lo menos en una década no tengamos un solo hospital nuevo, un puerto, un aeropuerto, puentes, o nuevas carreteras que descongestionen el colapso vial que vivimos. La improvisación y la miopía del gobierno de Chaves costará 10 o más años para recuperarse.
La inseguridad es un problema que el gobierno de Chaves no puede controlar. Ha mostrado su total incapacidad y lo único que acierta a decir es que la responsabilidad es de otros. Mientras tanto el narcotráfico se apodera de barrios y lugares e infiltra a las policías e instituciones del Estado. Antes Chaves se volvía permisivo ante los homicidios porque según él, “se matan entre ellos”, pero actualmente caen inocentes y hasta jefes del OIJ, sin que el presidente reaccione; más aún, el ministro de Hacienda no gira recursos para combatir la delincuencia con la benevolencia de Chaves.
Si no se combaten las causas de la delincuencia, porque se disminuye la inversión social, y tampoco se previene el crimen o se reprime porque tampoco se gira presupuesto a las policías, la conclusión es que estamos haciendo un favor a la delincuencia organizada.
El costo de la vida sigue subiendo sin que se apliquen medidas para detenerlo, el precio de las medicinas es prohibitivo y así las condiciones de vida del pueblo se van deteriorando.
La lista se haría muy larga e impropia de este espacio. El abandono del ambiente, la gentrificación, la vivienda, el empleo, la destrucción del ICE, los grandes negociados corruptos, el crecimiento de la deuda pública externa de manera irracional que empeña nuestra soberanía, la destrucción de la producción arrocera en beneficio de los importadores, y tantas cosas más en muchos otros campos.
Pero de lo más relevante que se le puede achacar a este Gobierno es que ha dinamitado todas las relaciones entre los poderes del Estado, que los ha puesto a pelear, que se ha burlado de la división de poderes y de los mecanismos de control de los dineros públicos. Además, de haber fanatizado, vuelto intransigentes, dogmáticos, intolerantes e incondicionales a una parte muy importante de la sociedad. Restaurar las relaciones respetuosas, positivas, francas y de buena fe, va a llevar su tiempo.
Son 4 años perdidos, con mucho escándalo, pero sin logros. No se puede gobernar a gritos e insultos para ocultar una falta de un programa estratégico y positivo del país.
Para desgracia nacional al final de esta Administración quedará una Costa Rica en escombros. Llevará su tiempo la reconstrucción.
El jueves 27 de febrero, la Universidad Nacional (UNA) dio inicio al nuevo año académico con la izada de la bandera de la diversidad en la plaza del mismo nombre. La actividad contó con la participación de estudiantes, académicos y personal administrativo.
El acto inicio con Raquel Loría, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA), quien destacó en su discurso que el inicio del ciclo lectivo es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos de la educación pública. «Nos enfrentamos a un contexto donde las decisiones políticas amenazan la educación pública y buscan redefinirla bajo lógicas que priorizan el control ideológico sobre el pensamiento crítico. Las instituciones educativas son escenarios donde se disputa el sentido de nuestra sociedad, y hoy enfrentamos una ofensiva que intenta despojar a la educación de su carácter inclusivo y plural», afirmó.
Por su parte, Francisco González, rector de la UNA, advirtió sobre los efectos de la polarización en la sociedad y su impacto en la institucionalidad. «El descontento social se canaliza hacia la construcción de enemigos imaginarios que afectan la confianza en las instituciones y dificultan el debate informado. La educación pública, por su esencia transformadora y humanista, se ha convertido en blanco de estrategias que generan exclusión y silenciamiento de voces minoritarias», señaló.
El rector enfatizó que la educación debe consolidarse como un espacio de diálogo plural, donde se reconozca la diversidad del estudiantado. «Un estudiante puede ser migrante, de escasos recursos, parte de la comunidad LGTBI y primera generación universitaria en su familia. Nuestra responsabilidad es garantizar espacios donde su historia sea reconocida y fortalecida», agregó.
Tras los discursos, Loría y González realizaron el acto de izar la bandera, seguido de una presentación cultural a cargo de estudiantes del Departamento de Promoción Estudiantil. González finalizó indicando que “Con este evento, la UNA reafirma su compromiso con una educación pública de calidad, inclusiva y transformadora”.
La Universidad Nacional (UNA) invertirá ₡1.170 millones más en becas y beneficios estudiantiles durante este año, con el objetivo de reducir la deserción y garantizar mejores condiciones económicas para la población universitaria en situación de vulnerabilidad.
El presupuesto contempla ₡400 millones provenientes del fondo ordinario y ₡770 millones del extraordinario, que será asignado una vez aprobado. Con estos recursos, las becas Luis Felipe González Flores, Omar Dengo y de posgrado recibirán un aumento del 3%, con lo cual se acumula un incremento del 15% entre 2023 y 2025.
Francisco González, rector de la UNA, destacó que “para el ejercicio económico 2025, que significa el arranque del ciclo lectivo, la Universidad Nacional está invirtiendo poco más del 50% de los ingresos del FEES (destinado a becas) para fortalecer el sistema. Esto significa casi 1.200 millones de colones, lo que permite aumentar la cantidad de asignaciones, pero también favorecer otros apoyos que, desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, se coordinan para que los estudiantes tengan una permanencia y un egreso exitoso”.
El Departamento de Bienestar Estudiantil confirmó que el primer desembolso de la beca se realizará en los primeros 12 días de clases, en el mes de marzo. No obstante, quienes registren datos bancarios incorrectos o no hayan finalizado el proceso de adjudicación quedarán excluidos de este pago inicial.
El incremento presupuestario permitirá mejorar otros beneficios para la comunidad estudiantil:
Aumento del 1% en la hora asistente.
Mayor apoyo financiero para giras académicas.
Incremento del 25% en ayudas para anteojos, equipo de cómputo, calzado especializado y protección solar.
Más recursos para la movilidad estudiantil.
Refuerzo en el pago de créditos universitarios y apoyo a estudiantes con hijos en edad temprana.
Cada campus regional contará con especialistas en orientación, quienes se suman a los profesionales que brindan servicios de psicología, trabajo social y promoción cultural. También se fortalecerán tutorías y mentorías mediante la Unidad de Éxito Académico.
“Todo esto lo hacemos gracias a la inversión que el Estado costarricense hace en la educación superior pública y que constituye una responsabilidad, un derecho y, especialmente, la posibilidad de seguir transformando la vida de los estudiantes desde la educación superior pública”, mencionó González.
El rector de la UNA enfatizó que estos fondos garantizan la permanencia del estudiantado en condiciones de vulnerabilidad y evitan que la falta de recursos económicos se convierta en una barrera para su educación.
Curso lectivo inicia con bajo presupuesto, ausencia de pruebas de idoneidad para docentes y aumento creciente de la violencia escolar.
El curso lectivo inicia en Costa Rica marcado por desafíos críticos: 825 órdenes sanitarias que afectan a instituciones educativas, un presupuesto reducido, la ausencia de pruebas de idoneidad para docentes y un contexto de creciente violencia escolar. Ante esta situación, el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA), hace un llamado a la sociedad costarricense a renovar el compromiso con la educación pública, por ser un pilar del desarrollo nacional, equidad y justicia social.
El sistema educativo público enfrenta múltiples retos que requieren una respuesta inmediata y coordinada, según advirtió Susana Jiménez, vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide-UNA). Este año, dijo, el presupuesto destinado a la educación es el más bajo de la década, lo que limita las inversiones urgentes en infraestructura, capacitación docente y programas educativos. Además, la falta de concursos para docentes recién graduados y la ausencia de pruebas de idoneidad dificultan el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza.
Las 825 órdenes sanitarias vigentes en los centros educativos reflejan una problemática que impacta directamente las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Paralelamente, el aumento de casos de violencia en las aulas agrava la situación, afecta el ambiente escolar y provoca un desgaste emocional y profesional entre el personal docente, que enfrenta desmotivación frente a estas adversidades.
La educación pública, sin embargo, continúa siendo un eje central para el desarrollo nacional. A lo largo de la historia costarricense, ha sido la herramienta que ha permitido a millones de personas acceder a oportunidades, reducir desigualdades, y promover el progreso colectivo. Ante este panorama, cita Jiménez, existen experiencias internacionales con estrategias que podrían ser replicadas en el país.
En otros contextos, agregó la experta, se implementan programas educativos que integran a las comunidades en procesos de aprendizaje sostenibles. “La colaboración activa entre familias, comunidades y escuelas fomenta el capital social y la corresponsabilidad en la mejora del sistema educativo. Además, inversiones en educación temprana y en la calidad de los procesos en todos los niveles posicionan a la educación pública como un motor de bienestar colectivo y desarrollo regional”.
En el caso de Costa Rica, señala la experta, reivindicar la figura docente es clave para superar los retos actuales, ya que las maestras, maestros, profesoras y profesores desempeñan un rol esencial como agentes de cambio y es fundamental, además, fortalecer su compromiso y motivación. “Esto se puede lograr mediante programas de formación continua que incluyan liderazgo transformacional, desarrollo de competencias pedagógicas y tecnológicas, así como una reflexión crítica sobre el impacto social de su labor”, dijo.
Actores clave
Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes también es indispensable. De acuerdo con la especialista, fomentar encuentros que permitan la reflexión profesional puede ayudarles a reencontrarse con su vocación y renovar su entusiasmo. Estas acciones son fundamentales para garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema educativo a largo plazo.
El rol de las familias es igualmente crucial. Además, crear espacios accesibles y acogedores en las instituciones educativas facilita su participación activa en la educación de sus hijos e hijas. La capacitación para apoyar el aprendizaje en casa y su involucramiento en las decisiones escolares fortalecen el sentido de comunidad y la confianza mutua entre familias e instituciones.
Desde el Cide-UNA se hizo un llamado a la sociedad costarricense para defender la educación pública. Este sistema no solo impulsa el desarrollo personal, sino que es un motor de equidad, justicia social y progreso económico, además de promover la cohesión social.
“Cada familia puede apoyar activamente a sus hijos e hijas en el proceso educativo. Cada docente tiene la oportunidad de inspirar a sus estudiantes, incluso en los contextos más difíciles. Además, la ciudadanía en general debe cuestionar discursos que minimizan el valor de la educación pública, considerándola un gasto en lugar de una inversión estratégica para el desarrollo del país”, mencionó la vicedecana.
El inicio del curso lectivo 2025, agregó, debe ser un punto de partida para renovar el compromiso colectivo con la educación pública. Afirmó que este llamado no solo corresponde a los actores directamente involucrados en el sistema educativo, sino a toda la sociedad costarricense: la educación pública es un bien común que beneficia a todos y debe ser defendido con firmeza.
“Un país que invierte en educación invierte en su futuro. Renovar la esperanza y defender la educación pública es una tarea que nos compete a todos. Solo mediante un esfuerzo conjunto será posible garantizar un sistema educativo a la altura de las necesidades del país, que permita construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria”, concluyó Jiménez.
La educación pública enfrenta un panorama crítico en Costa Rica. Fondos congelados, recortes presupuestarios y deficiencias en la formación docente fueron algunos de los temas abordados en la conferencia Retos a los sistemas educativos y a la formación de profesionales de la educación, el pasado 4 de febrero en el Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional (UNA).
Carlos Calvo Muñoz y Silvia López de Maturana Luna, especialistas en educación, expusieron sobre los desafíos estructurales de la enseñanza y la urgencia de un cambio en el modelo educativo.
“Ser docente no es sólo impartir una materia, es asegurar que el estudiante aprenda”, enfatizó Calvo, al advertir que muchos de estos profesionales carecen de formación pedagógica y solo reproducen contenidos sin garantizar comprensión. López reforzó esta idea al indicar que “la educación sigue estancada porque no ha habido una crisis que obligue a cambiar el paradigma. Falta un número crítico de afectados para que se impulse una transformación real”.
En la actividad se expuso la falta de inversión en educación: ₡7.710 millones destinados a becas del programa Avancemos, ₡2.000 millones para educación superior y recursos para comedores escolares permanecen inactivos, mientras universidades públicas, sindicatos y organizaciones civiles denuncian el desfinanciamiento del sector.
Francisco González Alvarado, rector de la UNA, recordó el contexto en el que nació la Universidad Nacional en 1973: “Costa Rica tomó la decisión de crear una tercera universidad pública en medio de conflictos en Centroamérica y una polarización global. Esa visión transformó el país y sigue siendo clave para el desarrollo y la democracia”.
Por su parte, Susana Jiménez Sánchez, vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide), señaló que el curso lectivo 2025 inicia con 825 órdenes sanitarias vigentes en instituciones educativas, ausencia de concursos docentes y un presupuesto en su punto más bajo.
«No hay pruebas de idoneidad para el personal docente, a pesar de que la ley lo exige. La violencia en los centros educativos aumenta y el desgaste profesional es evidente», alertó Jiménez.
“Se enseña, pero no se aprende”
El especialista Calvo Muñoz fue contundente al describir la realidad en las aulas: «En el pasado, de cada 100 niños que ingresaban a la escuela, solo uno se graduaba. Los otros 99 simplemente desaparecían del sistema”.
Además, cuestionó la formación docente : “Hay colegas con posdoctorados que no saben enseñar. Creen que su trabajo termina al dar la clase, cuando la verdadera responsabilidad es asegurarse de que los estudiantes comprendan».
Por su parte, López de Maturano advirtió que el sistema educativo ha condicionado a los estudiantes a memorizar información sin comprenderla. «Se preparan para exámenes, no para aprender. Se convierten en reproductores de contenido y no aplican lo que estudian en la vida real», explicó.
Ambos expertos coincidieron en que la educación no debe limitarse a la escolarización. «Aprender es inevitable, pero el sistema ha enseñado a los estudiantes a no gustarles ciertas materias. Crecen sacando buenas notas, pero sin entender lo que realmente saben», destacó el conferencista.
¿Hacia dónde avanzar?
La conferencista Silvia López propuso estrategias para mejorar la enseñanza: “La educación comunitaria, la colaboración entre escuela y familias, la inversión en educación temprana y la reivindicación del rol docente son urgentes”.
Calvo cerró con un llamado directo: “Si un profesor se enorgullece de que más del 90% de su clase reprueba, debe retirarse de la docencia. No podemos seguir dañando generaciones de estudiantes”.
El evento dejó en evidencia la necesidad de un replanteamiento profundo en el modelo educativo y en la formación docente, en un contexto de recortes y falta de inversión que amenaza el derecho a una educación de calidad en nuestro país.
