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Etiqueta: educación pública

¿Hacia cuál República?

Por Arnoldo Mora

Obedeciendo a las normas constitucionales, nuestro país ha iniciado un nuevo período de gobierno para los próximos cuatro años, pero que, en este caso, de “nuevo” sólo tiene algunas caras. El dúo que estuvo al mando en el cuatrienio anterior, Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa y Rodrigo Chaves al frente del poder ejecutivo, se mantiene incólume, pero ahora con un poder mayor, ya que controla la Asamblea Legislativa, pues la fracción mayoritaria es dirigida por personas que tuvieron altos puestos de poder muy cercanos al entonces presidente Chaves. En consecuencia, hoy tenemos un gobierno que es la continuación del anterior, pero gozando de un mayor poder; lo que hace soñar a sus dirigentes con convertirse en un movimiento que trascienda el, hasta ahora, indiscutible liderazgo de su fundador, lo cual equivale a pasar del caudillismo de Rodrigo Chaves a un movimiento chavista, esto es, de Chaves al chavismo, lo cual le daría permanencia en la historia política de nuestro país. La diferencia no radica en las personas que gobiernan sino en el proyecto político que los motiva a ejercer ese poder. Más aún, si llegan a controlar el tercer poder, el Judicial, entonces ese poder se vuelve absoluto.

Lo único verdaderamente rescatable y que reviste carácter de auténtico programa del gobierno de Doña Laura Fernández, es que, en su desabrido discurso de toma de posesión, en una ceremonia aderezada por el populismo religioso (nuestros prohombres liberales del pasado deben estar revolcándose de rabia en sus tumbas), anunciara el advenimiento de la TERCERA REPÚBLICA. Pero para realizar esa ambiciosa meta necesita el control total de la institucionalidad republicana, esto es, no sólo los tres poderes constitucionales, sino también otras instituciones no menos importantes, como el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y, por supuesto, el aparato represivo. Pero, como postula la filosofía política, para que haya democracia se requiere que se haya creado anteriormente el Estado Nación. Por lo que la creación de éste no se hace democráticamente, sino despóticamente, como lo hizo Braulio Carrillo, el arquitecto del Estado Nación. Otro tanto sucedió con la creación de la Segunda República, obra de un Gobierno de facto con rasgos dictatoriales, como fue la Junta de Gobierno presidida por José Figueres Ferrer durante 18 meses (1948-1949) y que dejó como legado la promulgación de la Constitución que actualmente rige el quehacer político de la nación.

El equipo que ahora asume la dirección de los dos primeros poderes constitucionales de la República, considera que el orden político que actualmente nos rige desde 1949, ha periclitado. Esta obsolescencia se muestra de manera patente en la crisis de los partidos políticos despectivamente calificados como “tradicionales”. Frente a tal dolencia, la propuesta de la señora Presidente es radical: forjar una Tercera República; con lo que Costa Rica iniciaría una nueva e inédita etapa de nuestra historia republicana. Más que una propuesta, estaríamos ante una verdadera ¡revolución!, aunque el término no se pronuncia porque asusta. Lo novedoso es que esta “revolución” no se haría como fruto de una sangrienta guerra civil, sino mediante procedimientos pacíficos pero con el mismo fin: erradicar el decadente orden constitucional vigente en las últimas décadas. Lo que comenzó con el fin del bipartidismo y el triunfo del PAC, se convierte ahora en el intento de suprimir la democracia basada en los partidos, vigente en Costa Rica luego de los eventos violentos de Octubre de 1889, dando como resultado el dominio total de un solo partido: el gobernante. Los otros partidos, actualmente representados en la Asamblea Legislativa, Liberación Nacional y el Frente Amplio, serian reducidos a una simple presencia testimonial, como le está pasando a los otros partidos “tradicionales”, el PUSC y el PAC. En otras palabras, sería el fin de la democracia pluralista… ¿Es eso el fin de la democracia sin más?

Pienso que hay que tomar muy en serio lo proclamado por la Presidente Fernández. Sería una ceguera, que las nuevas generaciones no nos perdonarían, si creemos que para preservar los valores democráticos de que tanto blasonan los costarricenses, nos empeñáramos en mantener las cosas como están. No es preservando el statu quo como se logrará eso. Hay que asumir el reto, pero no con los métodos y propuestas de quienes hoy lideran el gobierno como son el tándem Pilar Cisneros-Rodrigo Chaves, cuya cabeza visible pero con un poder real muy limitado, al menos hasta el presente, son Laura Fernández en Zapote y Nogui Acosta en Cuesta de Moras. Ellos mantendrán el poder en forma casi omnímoda durante los próximos meses considerados “la luna de miel” que a todo nuevo gobierno le concede la tradición política nacional. Pero con el normal deterioro del ejercicio del poder, el movimiento político chavista, que no es un partido, se podría resquebrajar; con lo que este ambicioso proyecto, se vería seriamente comprometido y correría el riesgo de naufragar.

Esto no obstante, hay que tomar muy en serio este desafío a la democracia tal como ha venido dándose en nuestro país. Ciertamente la propuesta de la creación de una Tercera República tal como la propone la presidente, constituye una medicina peor que la enfermedad que pretende sanar; pero no por ello el mal desaparece. Si los partidos de oposición se limitan a combatir al chavismo, mucho me temo que no se logrará el objetivo de preservar y acrecentar nuestra herencia democrática. Es necesario ir forjando una alternativa al malestar generalizado, que amplias capas de nuestra población vienen mostrando en las dos últimas décadas de manera reiterativa. Si queremos evitar el colapso de nuestra institucionalidad democrática, debemos ir creando las condiciones para forjar otra forma de democracia que no sea la basada preponderantemente en los partidos. Se requiere de una democracia directa y participativa. Para ello, se debe comenzar, como hicieron nuestros próceres liberales del siglo XIX, por fortalecer y modernizar la educación pública en todos los niveles. Se deben fortalecer las instituciones, base de nuestra democracia, como el Poder Judicial, la CCSS, el ICE, el AyA, así como las instituciones que tienen como objetivo la defensa de la niñez, la juventud, los adultos mayores, la vivienda popular y a los pueblos originarios. Es necesario organizar las comunidades para combatir el crimen organizado, promover el bienestar comunal y hacer que nuestro interés en los asuntos públicos no se limite a la participación en las campañas electores, cada vez más insípidas, sino que sea permanente y bien informada. Para ello, los medios de comunicación, tanto nacionales como locales, la prensa bien informada y las redes sociales, deben convertirse en escuelas de civismo. Si hablamos de educación permanente, ésta debe darse ante todo en el cultivo de los valores cívicos. Los partidos políticos deben dejar de ser meras maquinarias electorales y convertirse en escuelas de formación de cuadros políticos. En fin, la tarea que deben asumir las actuales generaciones es inmensamente importante, pues se trata de forjar la Patria que han de disfrutar nuestros hijos y nietos en las próximas décadas. Por eso, cuando doña Laura Fernández habla de una Tercera República, debemos preguntarnos cuál: ¿una Tercera República o una república de tercera?

Dirección Regional Educativa Grande del Térraba tendrá una nueva supervisora – Se encargará de atender el Circuito 11

Karol Adriana Rojas Portilla

Por Uriel Rojas

A partir de este viernes 19 de junio de 2026, la Dirección Regional Educativa Grande del Térraba tendrá una nueva Supervisora, que atenderá los centros educativos del Circuito 11.

Se trata de la M.Sc. Karol Adriana Rojas Portilla quien cuenta con 22 años de servicio para el Ministerio de Educación Pública y llegará en sustitución del anterior supervisor de este circuito quien se apegó a su jubilación.

Rojas Portilla acumula una amplia experiencia laboral en el campo de la docencia trabajando especialmente en territorios indígenas bribrí del cantón de Buenos Aires.

La nueva funcionaria atenderá a los centros educativos de primaria y secundaria del Circuito 11 en los territorios indígenas de Boruca y Rey Curré dado a que Ministerio de Educación Pública todavía se encuentra en proceso de establecer los circuitos educativos independientes para estos dos territorios indígenas, en acatamiento a lo resuelto por la Sala Constitucional en el 2025.

Rojas Portilla es de origen boruca, tiene 45 años de edad y reside en la comunidad indígena de Rey Curré.

Impulsan Pacto Patriótico Costarricense entre sectores sociales y diputaciones de oposición

Diversas organizaciones sociales agrupadas en la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) promueven la firma de un Pacto Patriótico Costarricense con diputadas y diputados de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el propósito de establecer una agenda común de defensa institucional, fortalecimiento democrático y promoción de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

La propuesta plantea una articulación entre sectores sindicales, agroalimentarios, ganaderos, indígenas, arroceros, ambientales, empresariales, estudiantiles, movimientos populares, organizaciones artísticas, religiosas, territoriales, académicas, colegios profesionales, cámaras de radio y televisión, pescadores y otros sectores sociales, representados por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES).

El documento señala que el objetivo principal es promover valores considerados fundamentales para el país, entre ellos la democracia, la paz social, el diálogo, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, la atención de las poblaciones empobrecidas y vulnerables, así como la defensa de instituciones públicas estratégicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Banco de Costa Rica (BCR).

Como marco de referencia, la propuesta adopta los principios contenidos en el documento denominado “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”, impulsado por el denominado Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa.

Entre los ejes planteados figura la defensa del Estado Social de Derecho, la institucionalidad democrática, la separación e independencia de poderes, el respeto a la Constitución Política y la protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, se propone fortalecer los mecanismos de diálogo entre sectores sociales y representantes legislativos, de manera que las organizaciones puedan presentar iniciativas de ley y planteamientos para el ejercicio del control político desde la Asamblea Legislativa.

La propuesta incorpora además la defensa de la libertad de prensa, el derecho a la información, la libertad de reunión, la manifestación pacífica y la participación ciudadana como pilares esenciales de la democracia. También plantea el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

En materia de seguridad ciudadana, el documento promueve un combate frontal contra el crimen organizado, el fortalecimiento presupuestario del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y Seguridad Pública. Además, propone transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil sometida a controles democráticos y mecanismos de rendición de cuentas.

La iniciativa también plantea una visión preventiva de la seguridad basada en la promoción de la cultura de paz, el deporte, la educación, las expresiones artísticas y el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Uno de los apartados más extensos se refiere a la educación pública. El pacto propone avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, establecer una negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y revisar los modelos de construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.

En relación con la seguridad social, el documento plantea la defensa y fortalecimiento de la CCSS, la sostenibilidad de los regímenes de salud y pensiones, la definición del monto real de la deuda estatal con la institución y el establecimiento de mecanismos para su pago. Asimismo, propone medidas para reducir las listas de espera, enfrentar la escasez de especialistas y promover reformas que permitan un acceso más justo a los medicamentos.

La propuesta también incluye la revisión de la regla fiscal para identificar mejoras que permitan proteger la inversión social, así como el fortalecimiento gradual del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

En materia ambiental, el pacto plantea fortalecer el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), otorgar mayores competencias a los guardaparques, mantener la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, proteger a personas defensoras de derechos humanos y ambientales, garantizar el acceso al agua potable mediante el fortalecimiento de las ASADAS y promover soluciones integrales para la gestión de residuos con enfoque de economía circular.

El documento incorpora además compromisos relacionados con los derechos de las mujeres, las personas cuidadoras, la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las poblaciones en condición de vulnerabilidad, la comunidad LGBTIQ+, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas migrantes y solicitantes de refugio.

Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de la producción nacional y de la seguridad alimentaria. Entre las propuestas destacan el apoyo a la actividad agropecuaria, la mejora del acceso al financiamiento para productores, la creación de seguros agropecuarios accesibles, el fortalecimiento de los controles fitosanitarios y la búsqueda de alternativas al actual sistema de areteo del ganado.

La agenda también contempla reformas orientadas al combate contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la evasión y la elusión fiscal. Asimismo, promueve políticas de transparencia, acceso a la información pública, apertura de datos, interoperabilidad digital y transparencia algorítmica dentro de la institucionalidad pública.

Como parte de los acuerdos operativos, la propuesta establece mecanismos para que RENASES presente iniciativas legislativas y planteamientos de control político, así como la conformación de equipos técnicos y políticos integrados por representantes de las fracciones legislativas y de los sectores sociales.

El documento reconoce además al denominado Equipo Timón como instancia coordinadora de RENASES e interlocutora con las fracciones legislativas que decidan adherirse al pacto. Dicho equipo está integrado por representantes de ANDE, ANEP, APSE, SEC, SINAE, UNAG y UNDECA,

La propuesta contempla que la firma del Pacto Patriótico Costarricense se realice en la Asamblea Legislativa durante el presente mes de junio, mediante la adhesión de diputadas y diputados de oposición y representantes de las organizaciones sociales participantes.

Desastrosa gestión hacendaria

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Estados Unidos anuncia un aumento del impuesto a los productos ticos hacia ese importante mercado, sin que importe lo determinado en el TLC vigente entre nuestros países. Imposición trascendental pues vemos que el año pasado el 47 % de todas las exportaciones de bienes nacionales, fue dirigido hacia ese mercado, por un total de US$10.797 millones.

El nuevo impuesto será del 12,5 %, en sustitución del 10 % anterior, por lo cual los exportadores nacionales en particular, y las finanzas nacionales en general (ahora en profunda crisis por, entre otros, una disminución en la recaudación de impuestos), sufrirán efectos inmediatos.

Además, producto de esa inamistosa medida, no se descarta el traslado de industrias estadounidenses que gozan de nuestro régimen de zona franca, hacia suelo norteamericano, algo que desde Washington se ha anunciado como objetivo final.

En fin, el déficit fiscal aumenta, en medio del destructivo alto valor del colón generador de desempleo y salida de empresas del mercado, la devastadora deuda de ¢4 billones del Ministerio de Hacienda con la Caja, el encarecimiento de servicios públicos, el creciente número de pensionados, el abandono que sufren estudiantes de primaria y secundaria, quienes, si no desertan se gradúan con inmensas deficiencias por lo cual se esfuman sus expectativas por incorporarse a una fuerza laboral al menos medianamente calificada.

Y es que el descalabro de la tal «economía jaguar» es deprimente, mientras Costa Rica retrocede en casi todos los campos, con excepción del narcotráfico y los asesinatos por encargo, mientras los habitantes esperamos con ansias que los nuevos gobernantes empiecen a tomar en serio su deber de gobernar.

FOMCA expresa solidaridad con organizaciones magisteriales de Honduras y llama al diálogo social

La Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA) emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su respaldo y solidaridad con las organizaciones magisteriales de Honduras, al tiempo que hace un llamado a las autoridades de ese país para fortalecer el diálogo social y respetar los derechos sindicales y laborales del sector educativo.

En el pronunciamiento, la organización regional señala que sigue con atención los acontecimientos que afectan a las organizaciones magisteriales hondureñas y reafirma su apoyo a las federaciones legalmente constituidas que representan a las trabajadoras y los trabajadores de la educación en ese país.

FOMCA destaca que, como entidad comprometida con la defensa de la educación pública, la libertad sindical y los derechos laborales del magisterio centroamericano, observa con preocupación cualquier acción que pueda desconocer la representación legítima de las organizaciones magisteriales reconocidas por la legislación nacional y por los principios internacionales que garantizan la participación democrática de las personas trabajadoras en los asuntos que les conciernen.

Asimismo, la federación regional exhorta al Gobierno de Honduras a fortalecer los mecanismos de diálogo social con las organizaciones representativas del magisterio nacional, respetando la institucionalidad gremial y los mecanismos de representación establecidos en el marco jurídico hondureño.

El comunicado también hace referencia a la importancia de cumplir y respetar los convenios internacionales relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva y los derechos de organización de las personas trabajadoras, especialmente aquellos promovidos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según FOMCA, las decisiones vinculadas con el sector educativo deben desarrollarse mediante procesos de diálogo inclusivos, transparentes y respetuosos de la legalidad vigente.

Finalmente, la organización reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales, profesionales y sociales de las y los docentes centroamericanos, así como con el fortalecimiento de una educación pública de calidad al servicio de los pueblos de la región.

El pronunciamiento fue emitido por el Ejecutivo Federal de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA) en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 31 de mayo de 2026.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte IV)

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

El vacío perfecto: La orfandad política, el espejismo antisistema y el país que nos debemos

Llegamos al final de este recorrido por nuestra historia política reciente. Recapitulando: vimos al bipartidismo tradicional ahogarse en sus propios escándalos de corrupción, y vimos al PAC ahogarse en su falsa superioridad moral y su monumental incapacidad para gobernar. El resultado de estas dos grandes decepciones estalló en las elecciones del 2022, donde el costarricense llegó a las urnas sintiéndose profundamente huérfano.

Las banderas partidarias perdieron su valor y las lealtades históricas se esfumaron, dejando en su lugar un cinismo generalizado y una conclusión ciudadana tan comprensible como peligrosa: “la política tradicional no sirve para nada”.

El caldo de cultivo para el discurso antisistema

Ese vacío de credibilidad fue el escenario perfecto. Cuando la gente siente que el sistema la olvidó, se vuelve tierra fértil para el surgimiento de discursos “antisistema”. Figuras que, desde afuera de la política tradicional, logran capitalizar el enojo y la frustración.

La estrategia de estos movimientos es simple, pero destructiva: polarizar. Consiste en dividir al país constantemente entre “nosotros los buenos” y “ellos los malos”; enfrentar al “pueblo” contra “la prensa” o contra las mismas instituciones. Es un discurso sumamente atractivo porque canaliza la rabia genuina que sentimos ante la ineficiencia, pero es un juego de fuego. Atacar y minar la institucionalidad democrática es golpear los mismos cimientos que, con todos sus defectos y necesidades de reforma, nos han garantizado la paz desde 1949.

La realidad no come cuentos

Mientras la política nacional se ha transformado en un circo de redes sociales y pleitos interminables en conferencias de prensa, los problemas reales —esos que de verdad nos quitan el sueño— siguen intactos y agravándose. El ruido mediático nos distrae de las verdaderas crisis:

Nuestra clase media sigue asfixiada por las deudas, perdiendo poder adquisitivo mes a mes.

Nuestros agricultores y ganaderos continúan sobreviviendo a duras penas, librados a su suerte frente a mercados desiguales.

El monstruo de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado nos está robando la paz de nuestros barrios a un ritmo aterrador.

Pilares intocables de nuestra paz social, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la educación pública, se encuentran en cuidados intensivos.

La realidad es terca y no se soluciona con likes ni con discursos encendidos.

El reto hacia el futuro: ¿Cómo nos reconstruimos?

¿Qué hacemos entonces? La respuesta no está en dinamitar la casa que tanto nos costó construir, ni tampoco en sentarnos a soñar con volver a los años 50. El mundo cambió y los retos son otros.

Costa Rica necesita con urgencia nuevos liderazgos, desde los concejos municipales en nuestros cantones —donde se vive la realidad más cruda y cercana del ciudadano— hasta la silla presidencial. Necesitamos líderes que combinen dos elementos innegociables: empatía social para entender el dolor de esta brecha que nos divide, y capacidad técnica probada para administrar la cosa pública. Porque ya nos quedó clarísimo que ni los gritos, ni las buenas intenciones, ni la sola indignación construyen puentes, bajan la pobreza o generan empleo.

El país que nos debemos

Es hora de que maduremos como electorado. El enojo nos llevó a castigar al bipartidismo dándole el poder al PAC, y ese mismo enojo nos empujó luego a buscar salidas antisistema. No podemos seguir votando solo con el hígado; tenemos que empezar a votar con la cabeza.

Nuestros hijos y nietos merecen heredar una nación viable. Esa Costa Rica solidaria, próspera y en paz que una vez fuimos, aún es posible de reconstruir. Pero solo será una realidad si como ciudadanos dejamos de ser simples espectadores, asumimos nuestro rol y empezamos a exigir resultados concretos, no solo shows mediáticos. La democracia no se defiende sola; nos toca a nosotros.

Los pilares del desarrollo democrático nacional están amenazados

Vladimir de la Cruz

Tenemos 205 años de vida independiente. Declarada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821 iniciamos el proceso de separación de la España colonial, que había hecho de la región que iba desde la provincia Costa Rica hasta México, pasando por Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, como también se le conoció, de la región que comprendía a las provincias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde el 15 de setiembre se había dispuesto comunicar a las provincias, la ruptura con España para que cada Provincia tomara su propia decisión. Chiapas, hoy estado de México también formó parte de la Capitanía General, pero se separó antes que Guatemala y el resto de las provincias. Éramos parte del Virreinato de México, o de Nueva España, la región más grande que tenía Espala en ultramar, como se decía en esa época.

Entre 1821 y setiembre de 1823 constituimos Juntas de Gobierno para dar nuestros primeros pasos de vida independiente, al mismo tiempo que se consideraba en la región mantenerse unidos, en vida independientes, como antes se había vivido. Así se inició el proceso para la gestación de la República Federal de Centroamérica, que funcionó desde 1824 hasta 1838 cuando de ella nos retiramos ese año, que también había provocado el retiro de Nicaragua y de Honduras. Dentro de la República nos constituimos bajo la forma de Estado de Costa Rica. La República impulsó las bases de un Estado fuerte, liberal, constituido por la división clásica de los tres poderes de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así se constituyó Costa Rica con la Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824, lo que se afirmó con la Constitución de Costa Rica de 1825, llamada Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

Desde entonces tenemos la separación de Poderes Públicos, cada uno de ellos con independencia entre sí, con funciones propias, exclusivas, indelegables, insubrogables. Así se desarrolló la estructura del Estado política y administrativa del Derecho de Costa Rica, que llega hasta nuestros días.

Hasta el año 2022 estos poderes de Estado se respetaron entre sí, en su independencia y en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Con el gobierno que inició en el 2022, que acaba de terminar, se cuestionó esa independencia y se trató de dominar por parte del Poder Ejecutivo.

Con las elecciones de febrero de este año, con el triunfo presidencial del partido Pueblo Soberano, y con una mayoría legislativa de 31 diputados, de 57, el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta entrante, Laura Fernández, afirmaron que ya tenían controlados y tomados dos Poderes, y. que iban por tercero, por el Poder Judicial, en lo que no han escatimado ataques verbales y amenazas directas a sus magistrados integrantes, de cambiarlos, no reeligiendo lo que puedan reelegirse y nombrando magistrados afines y comprometidos políticamente al gobierno y a sus cogobernantes, Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Con la figura de Estado de Costa Rica nos mantuvimos hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el jefe de Estado y presidente de la República, Dr. José María Castro Madriz firmó la Declaratoria de República de Costa Rica, que había sido declarada el día anterior por el Congreso Constitucional. Desde entonces iniciamos la vida de la República de Costa Rica, como nos seguimos reconociendo nacional e internacionalmente.

La República surgida en 1848, en su aspecto formal, así denominada, llegó hasta el 8 de mayo de 1948, cuando el entonces líder político y militar, José Figueres, de los sucesos de marzo y abril de 1948, a favor de reconocer el resultado electoral de 1948 a favor de Otilio Ulate, elecciones que se habían anulado, se impuso sobre Ulate el 1 de mayo, para recibir el gobierno el 8 de mayo, por un lapso de 18 meses, según lo pactado, como sucedió.

Ese 8 de mayo al recibir el gobierno que terminaba, en manos del Designado a la Presidencia, Ing. Santos León Herrera, e iniciar el nuevo período de gobierno, José Figueres, hizo pública declaración, por Decreto Ejecutivo, que iniciaba su mandato fundando la Segunda República de Costa Rica. De esa forma, también declaró ipso facto la existencia de la Primera República, la que había sido fundada por Braulio Carrillo.

En la sesión primera de esa Junta de Gobierno, después de integrar a los Miembros que se encargarían “de preparar todo lo referente al acto de traspaso de los poderes públicos”, señaló que ese “Gobierno Provisorio de la Nación” ejercería “sus funciones con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República”. Así, desde 1948 hasta hoy hemos vivido, y seguimos viviendo, el período histórico, o fase histórica nacional, de la Segunda República.

Todos estos años han tenido pilares fundamentales que han dado como resultado el desarrollo democrático que hasta hoy hemos tenido en Costa Rica, que se ven amenazados desde el gobierno de Rodrigo Chaves, 2022-2026, y con el que inicia de Laura Fernández, donde Rodrigo Chaves sigue siendo la figura más importante de su Gabinete, de su Consejo de Ministros, con su doble ministerio de la Presidencia y de Hacienda, marcando los pasos y la música que se entona en los poderes Ejecutivo y con los 31 diputados del Legislativo.

Entre esos pilares fundamentales del desarrollo democrático podemos destacar los siguientes:

1.- Un Estado de Derecho fuerte, sólido, constituido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que se sumó en esa condición el Tribunal Supremo de Elecciones, que podemos llamarlo, para estos efectos, Poder Electoral, con el mismo rango e independencia de funciones que los otros poderes de Estado.

2.- Un desarrollo vigoroso constitucional, de 13 Constituciones Políticas, que marcaron y definieron la estructura institucional y administrativa, y fortalecieron los valores del pueblo y de la ciudadanía costarricense, sus derechos y libertades. Las Constituciones de 1871 y la de 1949, ambas con el tiempo de duración y vigencia que tuvieron, a pesar de la interrupción de la de 1871, en el periodo de la dictadura de Federico Tinoco y Constitución de 1917-1919.

3.- Un ejercicio de gobernantes, en los poderes públicos, predominantemente de educadores, abogados, médicos, periodistas, con pocos militares ejerciendo el Poder. Desde Juan Mora Fernández, 1824-1833 los educadores y civiles fueron clave sobre militares.

4.- Un ejército, que a pesar de sus gloriosas jornadas en la lucha nacional contra los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, no se desarrolló ni fortaleció de manera constante. Por el contrario, después del Crimen de Estado contra los Héroes nacionales, de aquellas jornadas, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, se empezó a debilitar institucionalmente, hasta que pasados los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se tomó la decisión de eliminarlo de la estructura del Estado costarricense, haciendo tengamos 78 años sin Ejército, cuyos gastos institucionales pudieron orientarse a otras tareas de la administración pública nacional.

5.- El desarrollo de un concepto de vida democrática considerada como poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, concepto que se enriqueció con la incorporación del Plebiscito y el Referéndum Nacional como instancias de consulta popular, haciendo que esa vida democrática y el poder público se valide “con el pueblo”.

6.- Un sistema electoral, que, aunque con limitaciones en su origen, evolucionó y se enriqueció hasta tener hoy un sistema de partidos políticos amplio, con igualdad plena de mujeres y hombres en sus derechos políticos y sociales, en el cual todas las personas de 18 años se consideran ciudadanos con esa capacidad política de tomar las decisiones para la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como el de las instancias municipales.

7.- El desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en los siguientes aspectos:

a) – desarrollo de libertades púbicas

b) – desarrollo de derechos ciudadanos

c). – fortalecimiento de la educación pública, como el motor del desarrollo nacional de posibilidades y oportunidades y de superación personal de los ciudadanos.

Desde los inicios de la vida independiente se impulsó la educación de niños y niñas. Se fortaleció con la apertura de la Universidad de Santo Tomás en 1843, con los impulsos que dieron a la educación, entre otros, los Jefes de Estado y Presidentes José María Castro Madriz, Jesús Jiménez, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, con las reformas que se impulsaron por los Secretarios o Ministros de Educación, Mauro Fernández, Miguel Obregón, Uladislao Gámez, con la fundación de la Escuela Normal de Heredia y la especial atención que se dio a la formación de maestros y profesores.

Con el impulso que se dio con la fundación de la Universidad de Costa Rica, como única Universidad en el país, desde el 26 de agosto de 1940 hasta la fundación del ITCR, el 10 de junio de 1971, de la Universidad Nacional, el 15 de febrero de 1973 fortaleciendo a partir de ese momento un sistema de universidades públicas, en esa misma década, con la UNED, el 3 de marzo de 1977, y finalmente con la Universidad Técnica Nacional el 4 de junio del 2008, que contribuyeron a fortalecer los mecanismos democráticos nacionales. De hecho, hasta esos años toda la clase política nacional se formó bajo los aleros de la educación pública, contribuyendo a concebir una sociedad costarricense más inclusiva y democrática.

Elemento clave de este desarrollo universitario fue garantizar el financiamiento público a la educación superior universitaria, como meta de llegada de los niños y jóvenes que asisten a la educación preuniversitaria, siendo este un gran facto de movilidad social y democrático.

Esta financiación está en crisis y gravemente amenazada, de manera especial por el Gobierno de Rodrigo Chaves y su continuismo con Laura Fernández, orientado el desfinanciamiento y al debilitamiento total de la educación pública en general y la superior en particular.

d).- el desarrollo de un sistema de salud nacional, que desde el siglo XIX se orientó a garantizar las mejores condiciones de salud del pueblo costarricense, para los cual se impulsaron medidas de saneamiento ambiental de construcción de habitaciones, de impulso de hospitales desde los inicios del Estado de Costa Rica, hasta la fundación del Ministerio de Salud, el 4 de junio de 1927, y de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 1 de noviembre de 1942, que llegó a universalizar sus servicios de enfermada, maternidad y de salud integrales, desarrollando en el país una medicina de primer mundo. Hoy gravemente amenazado todo el sistema por los procesos de privatización que se han venido dando contra la CCSS, la cual se debilitado institucionalmente.

e) – la Junta Gobierno fortaleció todo este proceso impulsando, entre otras medidas, la nacionalización bancaria y la de recursos hidro energéticos. Con la nacionalización bancaria facilitaron el crédito público para todos los sectores sociales del país, desarrollando los mecanismos para la gestación de las clases medias, y nacionalización de los recursos hidro energéticos y la creación del ICE desarrollaron la electricidad en todo el país, estimulando la producción y las actividades económicas, frenando a la vez la migración campo ciudad, al llevar la modernización a las zonas rurales.

Antes de la existencia del ICE la electricidad en manos privadas que se desarrolló desde 1880 no alcanzó a cubrir ni siquiera el 5% del territorio nacional. Hoy con el ICE la electricidad prácticamente llegó al 100% del territorio nacional.

Estos pilares del desarrollo democrático nacional han sido debilitados, y se encuentran amenazados en el paredón de tiro del actual grupo gobernante, de los cogobiernos de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y sus diputados del Partido Pueblo Soberano.

f) – el desarrollo de una legislación social fuerte y avanzada que se fue logrando desde principios del siglo XX, hasta llegar a las Reformas Sociales de 1943 que incorporaron el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y que se introdujo también en la Constitución de 1949, ligeramente ampliado.

En este campo ha habido una arremetida contra la legislación laboral y los derechos laborales en el país. Su principal amenaza la tiene gestionada por los cogobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, y sus diputados del partido Pueblo Soberano que quieren establecer la jornada esclavista de trabajo de 12 horas, sin reconocimiento del pago de horas extras, de reducción en los beneficios salariales en el pago de aguinaldo y de reducción real de las pensiones, a la hora de acogerse los actuales empleados, a un 40% de su salario, bajándolas de un 60% a ese 40%, y a un aumento de la edad de retiro en 5 años más de trabajo, es decir retiro para la pensión en la realidad a los 65 o 70 años de edad.

g) – El desarrollo democrático y social del Estado de Derecho que se logró alcanzar hasta 1978 hizo surgir el Estado de Bienestar en Costa Rica, que fue un modelo en la región centroamericana, motor generador de empleo, y de creación de las clases medias. Desde aquel año ese papel del Estado empresario, del estado de Bienestar, sufrió los embates de los Planes de Ajuste Estructural, que se impulsaron a partir de la década de 1980 y de las políticas de Tratados Libre Comercio, a partir de la década de 1990, junto a las políticas neoliberales que han empobrecido al pueblo costarricense y han debilitado las clases medias.

h) – Lamentablemente los sectores sociales se han debilitado en sus organizaciones de defensa, y en sus luchas, de sus derechos fundamentales. Frente a grandes amenazas han reaccionado estos sectores. En este siglo hay recordar y tener presente las Jornadas de Defensa del ICE, las luchas del Combo del ICE, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y las luchas contra el TLC con Estados Unidos en el 2007.

Estamos a las puertas de batallas similares. Hay que refrescar la memoria histórica, social y política.

SiUNED: En defensa del ICE y del modelo eléctrico solidario ¡la movilización es urgente!

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) manifiesta su firme oposición al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente legislativo 23.414, y llama a la movilización de la comunidad universitaria por considerar que representa un grave retroceso para el modelo eléctrico solidario construido por el pueblo costarricense durante décadas y una amenaza directa contra el bienestar del país. Este proyecto solo busca el desmantelamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para favorecer a las élites económicas y al gran capital.

Defensa de la educación pública y de las poblaciones rurales vinculadas a la UNED

Desde el SIUNED afirmamos que la defensa del modelo eléctrico solidario también constituye una defensa de la educación pública y del derecho humano a la educación superior.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) tiene una extensa presencia en territorios rurales, costeros, fronterizos y en muchísimas comunidades alejadas, donde miles de estudiantes dependen de servicios eléctricos estables y accesibles para sostener sus procesos educativos.

Cualquier aumento tarifario, deterioro del servicio o abandono del servicio eléctrico en las zonas menos rentables por su lejanía y dificultad de acceso, afectará directamente a las poblaciones históricamente excluidas que la UNED atiende y acompaña.

Debilitar el modelo eléctrico solidario implica aumentar las desigualdades territoriales y sociales que afectan a las poblaciones que la UNED históricamente ha buscado incluir.

Por esta razón, el SIUNED considera indispensable defender un sistema que garantiza igualdad territorial, inclusión social y acceso a servicios esenciales.

El acceso a la electricidad es un servicio público que no puede depender de criterios de rentabilidad privada ni del interés comercial de grandes empresas.

Debilitamiento del ICE y fragmentación del sistema eléctrico nacional

El proyecto de ley usa los disfraces de la armonía y la modernización del sistema eléctrico nacional, pero es todo lo contrario.

La iniciativa arrebata al ICE su función de planificación, ejecutada actualmente por la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), cuyas potestades pasarían a manos de una nueva entidad llamada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), en cuya Junta Directiva estarían sentados los propios generadores privados.

Esta estructura permitiría que las grandes empresas actúen como juez y parte, y que influyan directamente en las decisiones energéticas del país y del sistema eléctrico nacional.

Así, la propuesta reduce las tareas históricas del ICE y traslada sus funciones estratégicas hacia un esquema de mercado que solo favorece intereses privados nacionales y transnacionales.

Con ello, el proyecto debilita las capacidades técnicas, operativas y de planificación del ICE y desconoce la capacidad institucional acumulada durante décadas. Además, pone en riesgo la estabilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, así como la seguridad energética del país.

El ICE ha sido pieza fundamental en la construcción de un sistema eléctrico público, solidario y con cobertura casi universal. Debilitarlo significa poner en riesgo uno de los principales pilares del desarrollo costarricense.

Alza inminente de las tarifas eléctricas

Este proyecto es sinónimo de tarifazos y apagones constantes. El expediente 23.414 impone un modelo de mercado de subastas entre grandes empresarios que, según múltiples experiencias internacionales, provoca el aumento de las tarifas para la población, la especulación financiera y la concentración del mercado, todo ello por la colusión entre generadores privados para inflar los precios de la electricidad.

De esta forma, la electricidad dejaría de concebirse como un servicio público y un derecho social, para pasar a tratarse como una mercancía sujeta a intereses lucrativos.

Además, el proyecto permite que actores privados participen en la exportación de electricidad, lo que reduciría los ingresos que actualmente utiliza el ICE para aplicar rebajas tarifarias.

Nos preocupa profundamente que las ganancias derivadas de la exportación de electricidad producida con nuestros ríos, ingresos que actualmente contribuyen a reducir las tarifas para la población costarricense, queden en manos privadas.

Esta situación afectaría directamente a las familias trabajadoras, a los sectores populares y a las comunidades más vulnerables del país. Con esta reforma, los beneficios quedarían en cuentas privadas y las pérdidas las asumiría el pueblo.

Amenazas a la estabilidad y seguridad energética del país

Costa Rica ha logrado construir uno de los sistemas eléctricos más estables de América Latina, donde gozamos de precios altamente competitivos y cuya matriz se fundamenta en fuentes renovables, todo esto gracias a la planificación pública centralizada y a la experiencia técnica del ICE.

El proyecto 23.414 debilita esa planificación y sustituye criterios técnicos por dinámicas de mercado. Esta transformación genera riesgos de inestabilidad, problemas de abastecimiento y deterioro en la calidad del servicio eléctrico.

La seguridad energética del país debe responder al interés público y no a intereses comerciales particulares. El proyecto de ley es sinónimo de tarifazos y apagones eléctricos.

Privatización encubierta y beneficio para los grandes grupos económicos

El proyecto favorece la participación de grandes empresas privadas nacionales, regionales y transnacionales en un mercado eléctrico altamente rentable que, desde hace décadas, distintos grupos empresariales buscan saquear.

Bajo el discurso de la “armonización y modernización”, se impulsa una privatización progresiva del sistema eléctrico costarricense.

Mientras el país enfrenta dificultades económicas y sociales, esta iniciativa traslada recursos estratégicos hacia grupos empresariales que buscan convertir el servicio público de electricidad en una fuente leonina de ganancias privadas.

La energía eléctrica debe mantenerse como un bien público y no como una mercancía controlada por élites económicas.

Riesgos ambientales y pérdida de soberanía energética

La apertura indiscriminada del mercado eléctrico puede incentivar nuevos proyectos extractivistas en ríos y territorios rurales, sin responder necesariamente a las verdaderas necesidades energéticas del país.

Lo anterior porque el proyecto permite que empresas privadas instalen represas en nuestros ríos con la única finalidad de exportar electricidad a otros países.

Costa Rica ha alcanzado reconocimiento internacional por su matriz eléctrica renovable y por la planificación pública de sus recursos energéticos. El debilitamiento del modelo solidario amenaza esa soberanía energética y puede incrementar conflictos socioambientales en distintas comunidades.

Posicionarse en contra de este proyecto también significa defender los bienes comunes y el patrimonio natural del país.

Llamado a la movilización y a la defensa del modelo eléctrico nacional y solidario

El SIUNED hace un llamado a la comunidad universitaria, a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales y al pueblo costarricense a defender el carácter público, solidario y estratégico del sistema eléctrico nacional.

Costa Rica necesita fortalecer al ICE, proteger la soberanía energética y garantizar que la electricidad continúe al servicio del bienestar común y no del lucro privado.

La defensa del ICE no puede limitarse únicamente al debate parlamentario. La historia del país demuestra que los grandes derechos sociales y las instituciones públicas se han defendido mediante la organización popular y la movilización social.

Así ocurrió hace más de dos décadas en la lucha contra el Combo del ICE, cuando el pueblo costarricense logró frenar los intentos de privatización mediante la participación activa de comunidades, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales.

Por esta razón, el SIUNED hace un llamado a fortalecer la articulación social y la movilización en defensa del ICE y de todos los servicios públicos estratégicos que hoy enfrentan amenazas de debilitamiento y privatización.

La defensa de nuestros bienes comunes exige organización, conciencia crítica y participación activa. No podemos permitir que sectores económicos privilegiados y los políticos de turno conviertan derechos fundamentales en mercancías al servicio de intereses privados.

Defender el modelo eléctrico solidario también significa levantar la lucha contra quienes pretenden vender nuestros bienes comunes al mejor postor y avanzar hacia la privatización de servicios esenciales para la vida, la igualdad y el desarrollo del país.

¡No a la privatización encubierta de nuestra electricidad! ¡La electricidad es un derecho del pueblo costarricense! ¡Defender el sistema eléctrico solidario es también defender la educación pública! ¡El ICE no se vende, el ICE se defiende!

¿Qué significa realmente una “Tercera República”?

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En tiempos de cansancio institucional, inseguridad ciudadana y frustración democrática, las propuestas de transformación profunda encuentran terreno fértil. Costa Rica no escapa a esa realidad. El deterioro de servicios públicos, la lentitud administrativa, la crisis de confianza en la política y la percepción de agotamiento del aparato estatal han abierto paso a discursos que prometen eficiencia, orden, autoridad y refundación.

En ese contexto comienza a instalarse con fuerza una idea particularmente poderosa: la necesidad de una “Tercera República”.

La expresión posee enorme potencia simbólica. Sugiere ruptura histórica, renovación nacional y superación de un modelo aparentemente agotado. Sin embargo, precisamente por la magnitud de lo que implica, conviene detenerse antes de asumirla como una verdad evidente o un destino inevitable.

Porque una república no es únicamente un aparato administrativo susceptible de rediseñarse según criterios de eficiencia. También es un pacto histórico, social y constitucional construido alrededor de ciertos principios fundamentales.

La Segunda República costarricense no surgió solamente de una reorganización institucional posterior a 1948. Surgió también de una concepción específica de ciudadanía, de Estado y de democracia. De ella nacieron —con todas sus contradicciones y limitaciones— las garantías sociales, la expansión educativa, la consolidación de la seguridad social, el fortalecimiento institucional y una determinada idea de movilidad social y bienestar colectivo.

Eso no significa afirmar que dicho modelo permanezca intacto ni que esté exento de crisis profundas. Sería absurdo negarlo. Costa Rica enfrenta problemas reales de burocratización, desigualdad, mora institucional, inseguridad, deterioro educativo y desconfianza ciudadana. Muchas instituciones requieren revisión, modernización y reforma. La discusión no puede reducirse a una defensa nostálgica del pasado.

Pero justamente por eso resulta necesario formular algunas preguntas incómodas.

¿Existe realmente un consenso nacional sobre la necesidad de inaugurar una “Tercera República”? ¿Conocemos con claridad cuáles serían sus principios fundacionales? ¿Qué elementos del pacto social construido durante décadas se consideran agotados y cuáles deberían preservarse? ¿Qué papel ocuparían los derechos sociales, la seguridad social, la educación pública y los límites al poder dentro de ese nuevo proyecto republicano?

Porque toda refundación implica siempre una selección política e ideológica. Toda transformación profunda redefine ganadores, perdedores, prioridades y formas de ciudadanía.

Y aquí surge un aspecto particularmente delicado. Buena parte de los discursos contemporáneos de reforma estatal se presentan bajo conceptos aparentemente neutros: eficiencia, modernización, gobernanza, productividad, resultados o competitividad. Sin embargo, detrás de esos términos también pueden esconderse procesos de concentración de poder, debilitamiento de controles institucionales, reducción progresiva de capacidades públicas y sustitución de la ciudadanía social por una lógica puramente administrativa o mercantil.

La pregunta de fondo no es si Costa Rica necesita cambios. Probablemente sí los necesita. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué tipo de país se está construyendo a través de esos cambios?

En una época marcada por el avance global de liderazgos fuertes, el desgaste de las democracias liberales, la expansión de discursos anti institucionales y el crecimiento de nuevas derechas políticas y culturales, conviene actuar con cautela histórica. Las repúblicas no solo se deterioran por inmovilismo; también pueden erosionarse cuando la promesa de eficacia convierte los límites democráticos en obstáculos y la complejidad institucional en enemiga de la voluntad popular.

Quizá la discusión nacional no debería centrarse únicamente en si queremos o no una “Tercera República”. Tal vez la verdadera discusión consista en preguntarnos qué entendemos por democracia, qué queremos conservar de nuestra tradición republicana y cuáles principios no estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la eficiencia o la velocidad política.

Porque reformar una república es relativamente sencillo. Lo difícil es evitar perder, en el proceso, aquello que la hacía digna de ser preservada.

Sin embargo, toda transformación republicana también termina expresándose en el terreno educativo. Toda república forma un determinado tipo de ciudadanía. Ningún modelo de Estado puede sostenerse sin una concepción implícita de ser humano, de libertad y de sociedad. Por eso las discusiones educativas nunca son técnicamente neutrales. Detrás de cada reforma curricular existe siempre una pregunta política más profunda: ¿qué tipo de sujeto necesita el país que se intenta construir?

En los últimos años empieza a consolidarse un discurso que concibe la educación principalmente como herramienta de productividad, capacitación tecnológica y adaptación al mercado laboral. El énfasis en habilidades técnicas, innovación y formación para el trabajo responde, sin duda, a desafíos reales de un mundo atravesado por transformaciones tecnológicas aceleradas. Negar esa necesidad sería irresponsable.

El problema aparece cuando esa visión desplaza progresivamente otras dimensiones fundamentales de la educación democrática. Una sociedad no educa solamente para producir. También educa para comprender críticamente el mundo, deliberar públicamente, convivir con la diferencia, interpretar la realidad histórica y ejercer ciudadanía más allá del consumo o la productividad.

Por eso resulta preocupante el creciente desprecio hacia las humanidades, la teoría educativa, la reflexión pedagógica y la formación crítica, frecuentemente caricaturizadas como “mamotretos teóricos” alejados de la realidad. Reducir la educación a entrenamiento técnico implica empobrecer el horizonte mismo de la democracia.

Las democracias constitucionales no sobreviven únicamente con trabajadores eficientes. Necesitan ciudadanos capaces de pensar, cuestionar, interpretar información, reconocer discursos de poder y participar críticamente en la vida pública.

La pregunta entonces vuelve a aparecer con fuerza: ¿la eventual “Tercera República” busca modernizar el país preservando una ciudadanía democrática integral o está impulsando, consciente o inconscientemente, una transición hacia un modelo de sociedad donde la eficiencia productiva termine desplazando progresivamente la formación humanística y el pensamiento crítico?

Porque toda transformación institucional profunda termina reflejándose también en las aulas. Y quizá sea allí —más que en los discursos políticos— donde realmente se define el tipo de país que una generación heredará a la siguiente.

UNED abre matrícula para curso virtual y gratuito de inglés introductorio

La U Abierta de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) mantiene abierta la matrícula para el curso Inglés Introductorio, una propuesta educativa gratuita, 100% virtual y autogestionada, desarrollada por el Centro de Idiomas de la UNED.

La iniciativa busca brindar a las personas participantes la posibilidad de iniciar el aprendizaje del idioma inglés de manera flexible, avanzando según su propio ritmo y disponibilidad de tiempo, sin necesidad de horarios fijos.

El periodo de matrícula estará habilitado del 4 de mayo al 2 de agosto de 2026. El curso tiene una duración de 40 horas y dispone de 500 cupos.

Según la información compartida por la UNED, el curso inició el 4 de mayo y se extenderá hasta el 2 de agosto de 2026.

Para participar, las personas interesadas deben ingresar a la plataforma de U Abierta UNED, registrarse, iniciar sesión y posteriormente matricular los recursos educativos.

Información y enlaces de interés:

La U Abierta UNED se presenta como un espacio de aprendizaje gratuito, virtual y con respaldo institucional, orientado a ampliar las oportunidades de formación para distintas poblaciones.