A lo largo de muchas décadas, Costa Rica ha sido reconocida como un país que prioriza la educación, con una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina (98.04%), así lo respaldan organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, que señalan a Costa Rica como un ejemplo a seguir; sin embargo, en los últimos años ha surgido una preocupación no menor, y es que, cada vez hay una mayor incertidumbre que amenaza la educación.
En la actualidad, las Universidades Públicas están a la espera de una decisión que se está definiendo en la Asamblea Legislativa, debido a que el Poder Ejecutivo no logró llegar a un acuerdo viable con las U Públicas, a fin de fortalecer la educación. Este es un hecho histórico nunca antes vivido en el país, desde que se creó el Artículo 85 en la Constitución Política de la República, el cual brinda patrimonio propio a las instituciones de educación superior estatales del país, pues es la primera vez que las negociaciones acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pasa a resolverse a la Asamblea Legislativa.
Históricamente, las Universidades Públicas de Costa Rica han sido y son vehículos de transformación y movilidad social, a lo largo de las décadas han brindado oportunidades reales a poblaciones de diversos estratos socioeconómicos, permitiendo que muchas personas puedan tener acceso a una educación de calidad. Esto, ha ayudado a reducir las brechas de desigualdad social, más sin embrago, hoy la educación se ve envuelta en una encrucijada ante la poca voluntad de los tomadores de decisiones.
Ante este escenario, surgen varias interrogantes: ¿Cuál es el futuro que le espera a Costa Rica ante los hechos más recientes?, ¿La posición del Gobierno fue la correcta?, Ante la falta de presupuesto ¿Cuál es el destino de las U Públicas?, ¿Costa Rica seguirá siendo un referente mundial de la educación? Y finalmente, respecto a la alta tasa de alfabetización que nos destaca en el ámbito mundial, ¿Podrá Costa Rica seguir acortando más esa brecha o tendrá un retroceso debido a la falta de voluntades políticas que afectan el presupuesto de la educación?, esta última pregunta es importante plantearla porque muchas de las personas profesionales que educan a nuestros hijos e hijas se han graduado en Universidades Públicas y han hecho grandes aportes en la educación del país.
Si el Fondo Especial para la Educación Superior se ve afectado, esto tendrá repercusiones importantes en temas de educación de calidad, en procesos de investigación, desarrollo e infraestructura e incluso, en becas para estudiantes, quienes dependen de ellas para continuar con su formación profesional. Sin recursos suficientes, las Universidades Públicas ven comprometida su capacidad de responder a las necesidades del país.
Es por ello que, la educación superior pública debe ser vista como una inversión a largo plazo y no como un gasto, ya que cada colón invertido genera réditos para Costa Rica, con profesionales altamente capacitados, con instalaciones educativas óptimas para desarrollar investigación y generar innovación, con espacios para promover el arte, el deporte, la recreación y la cultura, así como la movilidad educativa de la población estudiantil, sin olvidar las acciones de extensión universitaria que buscan promover el desarrollo del país, acompañándoles en cada propuesta, proyectos locales, emprendimientos y muchas otras alternativas educativas, a fin de seguir protegiendo el tesoro más valioso de Costa Rica, “La educación”.
Diputaciones del PLN y FA apoyan “Pacto Nacional por la Educación Pública”
La actividad “Pacto Nacional por la Educación Pública ¿Qué sigue después de la movilización nacional?” Se realizó en la Asamblea Legislativa con diputaciones y organizaciones sociales y productivas.
Se solicitó una moción de apoyo al “Pacto Nacional por la Educación Pública” y un mecanismo de enlace ciudadano con la Comisión de Hacendarios para la discusión del presupuesto nacional.
Casi dos semanas después de la histórica movilización nacional en defensa de la educación pública, que convocó a 50.000 personas en San José el 28 de agosto y a otras cientos de personas el 29 de agosto en las acciones regionales de las siete provincias del país, el pasado jueves 12 de septiembre, se realizó la actividad Pacto Nacional por la Educación Pública: ¿Qué sigue después de la movilización nacional?, en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República.
El evento contó con la participación de 80 personas representantes de las distintas organizaciones sociales, productivas y académicas que encabezaron la movilización nacional. También participaron diputaciones de las comisiones de Asuntos Hacendarios y Educación, específicamente del Partido Liberación Nacional (PLN)y el Frente Amplio (FA).
Se realizó un balance político sobre la ruta a seguir para alcanzar el Pacto Nacional por la Educación Pública. Puntualmente, se solicitó la aprobación de una moción de apoyo al Pacto por parte del plenario de la Asamblea Legislativa y un mecanismo de enlace ciudadano con la Comisión de Hacendarios, para acompañar la discusión del presupuesto nacional. Esta solicitud fue planteada mediante un gesto simbólico, a cargo de Isaac Parra, un estudiante de primaria, quien también presentó el documento político de la movilización del 28 de agosto junto a otras dos estudiantes de secundaria y la universidad.
La intención es que este PACTO una al gobierno, sector privado, sindicatos, municipalidades, movimientos sociales, cooperación internacional, instituciones públicas, partidos políticos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, para resolver progresivamente la actual crisis educativa.
Desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la diputada Paulina Ramírez aseguró que la mayoría de las fracciones han demostrado su compromiso con la educación pública en todos sus niveles. Además, indicó que se estarán gestionando las acciones correspondientes para habilitar el mecanismo de enlace ciudadano con la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El Ministerio de Hacienda, en el presupuesto presentado para 2025, ha asignado un 44,3% de su totalidad al servicio de la deuda, dejando sin financiamiento adecuado programas sociales clave, entre ellos educación. En lo que respecta a educación, se ha propuesto una reducción tanto nominal como porcentual, disminuyendo la inversión del 5,2% del PIB en 2024 al 4,9% para 2025, lo que representa una caída del 0,7% interanual.
Ante este panorama, las organizaciones anunciaron que no desistirán de la lucha en las calles, la incidencia en el parlamento, pero también comunicaron sobre el inicio de una consulta ciudadana de cara al congreso del Pacto Nacional por la Educación Pública.
Esta iniciativa nacional multisectorial busca convertir la actual crisis en una oportunidad para mejorar el sistema educativo en todos sus niveles, reducir las desigualdades e impulsar una transformación tributaria estructural que fortalezca el sistema de bienestar en Costa Rica.
El viernes 12 de septiembre, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, se llevó a cabo una importante reunión para discutir los próximos pasos en relación con el Pacto Nacional por la Educación Pública, tras la reciente movilización nacional. La actividad contó con la participación de integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, así como representantes de organizaciones y movimientos que forman parte del Pacto. Durante la reunión se abordaron temas clave relacionados con el futuro de la educación pública y las estrategias para su fortalecimiento en el ámbito nacional.
María Ortega, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED, resaltó la importancia de la actividad como un espacio para compartir los avances logrados desde la movilización y enfatizó que la lucha por la educación sigue vigente. Ortega destacó que, aunque la marcha ya pasó, el compromiso de las organizaciones sigue firme en la defensa de la educación pública.
Por su parte, Juliana Navarro, vicepresidenta de la FEUNED, subrayó la relevancia de continuar fortaleciendo los enlaces entre las distintas organizaciones y sectores. Señaló que la lucha por la educación pública es un esfuerzo colectivo, que requiere la participación y el trabajo conjunto de todos y todas.
Se habló sobre la importancia esencial de la educación como mecanismo de cohesión social y construcción de identidad ciudadana. Esta participante mencionó que durante la reunión se tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y que el enfoque principal fue la necesidad de seguir destacando la educación como un tema prioritario en la agenda pública. Asimismo, se consideró positivo no solo el nivel de convocatoria, sino también la apertura hacia el fortalecimiento del presupuesto destinado a la educación.
Vivian Rodríguez Araya, presidenta del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, comentó que la actividad realizada en la Asamblea Legislativa permitió un foro de discusión y análisis sobre los desafíos que enfrenta la educación en el país. Señaló que diversos sectores sociales y productivos se unieron para reflexionar sobre cómo avanzar y definir el Pacto Nacional por la Educación Pública, considerando este pacto como un vehículo para trazar una verdadera ruta hacia la solución de los problemas que enfrenta la educación en Costa Rica.
Allison Quintanilla Hernández, coordinadora técnica de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y asesora del proceso del Pacto Nacional por la Educación Pública explicó que ese día comenzó formalmente el proceso de consulta ciudadana, un espacio para la participación de diversos sectores sociales y productivos en diálogo y coordinación con la Asamblea Legislativa. Este proceso tiene como objetivo determinar, en un plazo de 45 días, el presupuesto nacional que incluirá el financiamiento destinado a la educación pública.
Allison Quintanilla Hernández subrayó que Costa Rica enfrenta una de las crisis más graves de las últimas cuatro décadas, y que por ello las organizaciones sociales y productivas han trabajado en alianza y coordinación por más de un año para fortalecer no solo el presupuesto, sino también el modelo de desarrollo y educación que el país necesita. Este modelo debe enfocarse en la universalidad, calidad y respeto a los derechos humanos. Además, expresó que las expectativas de las organizaciones son elevadas, y que no se prevé un escenario en el que la Asamblea Legislativa se desentienda del proceso o niegue la aprobación de un presupuesto mínimo para la educación pública, lo cual sería desastroso para el país.
Finalmente, Allison Quintanilla Hernández hizo un llamado a la sociedad costarricense, incluidos padres y madres de familia, sindicatos, movimientos sociales, sectores productivos y religiosos, a unirse en una conversación nacional por el bien común. Subrayó que esta lucha trasciende ideologías partidarias o intereses gremiales, ya que lo que está en juego es el futuro de la educación pública en Costa Rica.
Badilla Saxe, Eleonora Chacón Ramírez, Silvia Chan Jiménez, Yalile Salguero Moya, Karla Setiembre 2024
Profundamente conmovidas por el deterioro de la Educación costarricense y de las condiciones tan difíciles en las que realiza su labor el Magisterio Nacional, el 19 de agosto de 2024 escribimos un manifiesto en el que reconocemos sus esfuerzos y vivencias y agradeciéndoles sus sacrificios de manera que el sistema pueda seguir funcionando y el estudiantado aprendiendo.
Esta acción, que podría haber pasado desapercibida, se convirtió en un punto crucial, que desató un movimiento que se fue auto-organizando y creciendo de manera autónoma.
Las primeras horas del crecimiento del movimiento las hemos recogido en un artículo que titulamos Somos Voz y que publicó el medio de prensa Delfino.cr el día 21 de agosto
El movimiento de apoyo a la educación pública nacional ha continuado creciendo y cada vez se unen más personas, incluyendo docentes aunque estos últimos lo hacen de manera anónima, por temor a represalias.
Frente a esta realidad existe una creciente manifestación en pro de la educación del país, hemos asumido el compromiso de poder dar curso a la energía que está movilizando a tantas personas de tan diversos ámbitos de la sociedad.
Reconocemos que es un movimiento auto-organizado y facilitaremos que continúe siendo así. Sin embargo, para continuar dándole vida, hemos avanzado con dos estrategias:
Darle identidad
Proponer una agenda inicial
IDENTIDAD
Hemos querido honrar la obra de Don Mauro Fernández Acuña, cuyo impacto positivo benefició a la educación costarricense por cien años.
En 1886 don Mauro ideó un sistema coherente y orgánico y democratizó el acceso a la educación. En tres años, impulsó el proceso educativo nacional, ratificando la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria decretada por Jesús Jiménez en 1869 y promoviendo la creación de escuelas primarias. En su gestión, Costa Rica había pasado de tener 62 escuelas públicas (con 3.543 estudiantes de 5 a 14 años) a tener 369, que llegaban a las zonas rurales, a las que asistían 20.998 estudiantes, la mayor parte hijos e hijas de artesanos y jornaleros. Fundó el Instituto de Alajuela, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. Su sistema incluía jardines de infantes, Escuela Normales, becas de estudio para docentes, bibliotecas pedagógicas, edificios escolares, el almacén de material escolar, las juntas protectoras de la educación, las escuelas para adultos y las ambulantes, así como la creación de la revista El Maestro para el intercambio de ideas pedagógicas y métodos. Debido a su preclara visión sabía que el sistema debería estar vivo y abierto y que debía estar en constante evolución. Por eso decía: “Está en marcha la evolución educativa”.
Como dijo León Pacheco: “Don Mauro reformó una democracia”.
La herencia de don Mauro rindió frutos por cien años, pero hace ya algunas décadas que las nuevas realidades nacionales y regionales reclaman un nuevo impulso.
Nos inspiramos en la visión y la acción de don Mauro en beneficio de la educación de toda la población del país para augurar un nuevo aire para la educación nacional. Pedimos que se conjuguen todos los esfuerzos nacionales para promover una educación de calidad, para los próximos 100 años.
Por eso llamamos a esta iniciativa: Movimiento Mauro Fernández Acuña.
AGENDA INICIAL
Somos Voz
Buscamos abrir canales de comunicación para dar voz a todas las personas que quieren opinar y dar aportes para el mejoramiento de la educación del país y que por diversas circunstancias no pueden hacerlo.
Mediante el uso del correo electrónico apoyoeducacioncr@gmail.com las personas interesadas pueden compartir sus testimonios e iniciativas. Los testimonios tienen el valor de dar sustento para poner en evidencia las realidades que enfrentan las personas que están protagonizando dentro y fuera de los centros educativos situaciones tan críticas que enfrentan el personal educativo, las personas estudiantes y sus familias.
Muchas personas que han escrito al correo electrónico han manifestado su interés de ser parte de la solución con acciones e iniciativas para el apoyo a la educación. De estas iniciativas podemos, como sociedad civil, contribuir y canalizar acciones afirmativas.
Somos Ciudadanía
Buscamos promover espacios para promover una educación ciudadana, que fomente el conocimiento sobre y el aprecio por la democracia, la educación, y los valores que dan sustento a una convivencia pacífica y próspera.
Estaremos aprovechando todos los medios de comunicación posibles, sobre todo los medios digitales que permiten hacer llegar mensajes cortos, directos e interesantes para todo público.
Invitamos a todas las personas, que han manifestado su deseo de colaborar, enviar un correo electrónico a apoyoeducacioncr@gmail.com indicando si tienen conocimientos y tiempo disponible para:
Creación de listas de correo electrónico, blog en plataforma gratuita.
Creación de contenido de educación cívica.
Creación de mensajes para TikTok, Facebook, YouTube, Instagram.
Interpretación de mensajes por medio de voz, movimiento, actuación.
Otro… por favor indicar.
Esta es una agenda inicial que podría variar y ampliarse según las necesidades. Lo más importante es que todas y todos tenemos la bandera de Costa Rica como estandarte y nos une el interés por mejorar la educación de nuestro país.
El viernes 12 de septiembre se realizó una reunión en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa para discutir los siguientes pasos en relación con el Pacto Nacional por la Educación Pública, tras la reciente movilización nacional.
En esta reunión participaron integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y organizaciones y movimientos integrantes del Pacto Nacional por la Educación Pública.
Se abordaron temas clave sobre el futuro de la educación pública y las estrategias para su fortalecimiento a nivel nacional.
El pasado 29 de julio Daniela Chaves Matamoros, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; Raquel Loría Quesada, presidenta de la FEUNA; Valentina Palacio Mora, presidenta de la FEUCR; María Ortega Zamora, presidenta de la FEUNED; Allison Vargas Molina, representante de la UTN y Francini Mora Chacón, presidenta de la FEITEC, presentaron un recurso de amparo contra el Estado de Costa Rica por la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, específicamente por el presupuesto asignado a educación y la vulneración a los derechos fundamentales y humanos que ello implica al no respetar el artículo 78 de nuestra Constitución Política.
Un mes después de la interposición del recurso, 28 de agosto del 2024, la Sala Constitucional emite una resolución sobre el caso presentado. La Sala ordena que se notifique a la ministra de Educación, Ana Katharina Müller, y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de los hechos alegados por las estudiantes. Se les otorga un plazo de tres días hábiles para dirigirse a lo expresado en el recurso, dejando claro que de no hacerlo y recurrir a un acto de omisión, los mismos serán tomados como ciertos y por ende, dándose con lugar el recurso.
El movimiento estudiantil que presentó el recurso de amparo manifiesta su satisfacción al ver que la Sala Constitucional ya ha emitido una primera resolución donde solicita este pronunciamiento de la ministra de Educación y el ministro de Hacienda. Esto implica que la Sala, en un primer análisis, ha identificado un posible roce entre las acciones del gobierno y lo establecido en la Constitución Política, lo que justifica la necesidad de que las jerarquías de Hacienda y Educación se pronuncien al respecto.
El papel de la educación en el desarrollo nacional.
La educación pública ha sido históricamente un pilar fundamental en el desarrollo de Costa Rica. Nuestra nación ha apostado por la educación como la herramienta más poderosa para romper las barreras de la desigualdad y promover el crecimiento económico y social. Invertir en educación no solo es cumplir con un mandato constitucional, sino también asegurar que Costa Rica continúe siendo un referente en la región por su alto nivel de desarrollo humano.
Desfinanciar la educación pública no solo es un ataque contra un derecho constitucional, sino también contra el futuro del país. La historia nos muestra que el progreso de Costa Rica ha estado directamente relacionado con su capacidad de ofrecer una educación de calidad a todos sus ciudadanos. Es la inversión en educación la que ha permitido que nuestra sociedad avance y se consolide como una de las más equitativas de América Latina.
Preocupación por la falta de pronunciamiento de los ministros.
La Sala Constitucional otorgó un plazo de tres días hábiles a los ministros para que rindieran sus informes, plazo que vence el día 2 de septiembre, a la medianoche. Hasta el momento, hemos estado monitoreando el expediente en línea y no hemos recibido ninguna notificación de que los ministros hayan presentado sus respuestas. Esta falta de pronunciamiento genera incertidumbre y preocupación, pues si los ministros no responden, los hechos alegados podrían considerarse ciertos y la Sala podría resolver el recurso en consecuencia.
El objetivo principal de este comunicado es subrayar que el recurso de amparo ha superado el primer filtro de la Sala Constitucional, lo cual es un paso significativo en la defensa de la educación pública en Costa Rica. Esta admisión indica que la Sala reconoce la gravedad de los hechos denunciados y la posible vulneración de derechos constitucionales, lo que tiene con necesidad de escuchar las justificaciones del gobierno antes de emitir una resolución final, pero si estas no son presentadas la Sala tomará esta acción como un reconocimiento de aceptación a los hechos denunciados por parte de los ministros.
Presupuesto 2025 y la amenaza a la educación pública
El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, presentó recientemente el proyecto de ley del Presupuesto Nacional Ordinario y Extraordinario para el año 2025, en el cual el presupuesto destinado a la educación pública es nuevamente inferior al 8% del PIB, situándose en un 4,9%. Aún más alarmante es que este presupuesto propuesto no contempla un ajuste por inflación, lo que en términos reales podría representar una disminución aún mayor en la inversión en educación. Esto no solo contraviene el mandato constitucional que exige un mínimo del 8% del PIB para la educación pública, sino que también pone en riesgo la calidad y el acceso a la educación para millones de costarricenses.
En declaraciones que nos generan gran preocupación, el Ministro Acosta afirmó que, aunque la Asamblea Legislativa apruebe un presupuesto diferente, él no ejecutará ningún otro presupuesto que no sea el que presentó en su proyecto de ley. Además, sugirió que aumentar el presupuesto para la educación obligaría al gobierno a recortar fondos de otros sectores esenciales, como seguridad, o programas para adultos mayores. Estas declaraciones son altamente problemáticas y cuestionables desde una perspectiva constitucional y de administración pública.
Las afirmaciones del Ministro Acosta pueden ser interpretadas como una interferencia en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, lo cual podría constituir una violación del principio de división de poderes. La Constitución Política de Costa Rica establece claramente la separación de poderes, donde el Poder Legislativo tiene la competencia exclusiva de aprobar el presupuesto nacional, mientras que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, tiene la responsabilidad de ejecutarlo. Cualquier intento por parte del Poder Ejecutivo de condicionar o limitar las decisiones del Legislativo puede ser visto como una intromisión indebida en sus funciones y una violación de la autonomía legislativa.
Al declarar que no ejecutará un presupuesto diferente al que él presentó, el Ministro Acosta no solo está desafiando la autoridad del Poder Legislativo, sino que también está poniendo en riesgo la estabilidad del orden constitucional al socavar el proceso democrático de debate y aprobación del presupuesto. Estas declaraciones sugieren una falta de disposición para dialogar y llegar a consensos, lo cual es esencial en una democracia sana.
Más allá de las implicaciones constitucionales, las declaraciones del Ministro revelan una preocupante falta de compromiso con la educación pública, un sector que ha sido clave para el desarrollo de Costa Rica durante más de dos siglos. La educación pública no es un gasto que se pueda reducir sin consecuencias graves; es una inversión esencial en el futuro del país. Al reducir los fondos para la educación, especialmente sin ajustarse por inflación, se corre el riesgo de deteriorar la calidad educativa y limitar las oportunidades de millones de costarricenses, perpetuando desigualdades y frenando el progreso social y económico.
Un llamado a la acción
Nos encontramos en un momento decisivo para el futuro de nuestro país. La educación ha sido nuestro motor del desarrollo y el principal instrumento para asegurar una sociedad más justa y equitativa. No podemos olvidar que el peor error de una sociedad es dar su democracia por sentado; la democracia nunca puede darse por sentado, porque se construye día a día. Las recientes declaraciones del Ministro de Hacienda y el presupuesto propuesto para el 2025 representan no solo una amenaza a la educación pública, sino también un potencial atentado contra la división de poderes que sustenta nuestra democracia, y por ende, un atentado directo a nuestro sistema democrático.
Como Movimiento Estudiantil, estamos vigilantes de todas las acciones que el gobierno lleve a cabo en relación con este tema tan crucial. Sabemos que la educación no es solo un derecho; es un legado que hemos recibido gracias a las luchas del pasado, luchas que en su momento costaron sangre y vidas. Hoy, defender ese derecho no nos exige sacrificios tan extremos; lo único que requiere es nuestra voluntad firme y decidida. Es nuestra responsabilidad protegerlo y mejorarlo, para que, al igual que nos fue heredado, podamos entregarlo a las futuras generaciones aún más fortalecido.
Nos comprometemos a hacer todo lo que esté dentro de nuestro margen de acción, tanto en el sentido de oportunidades como en el legal, siempre respetando los procedimientos constitucionales, para proteger este derecho. No aceptaremos nada que sea inferior al 8% del PIB destinado a la educación pública, a menos que exista una garantía clara y firme de que se alcanzará ese 8% y que no se volverá a reducir en el futuro. Esta es una línea que no estamos dispuestos a cruzar, porque el futuro de nuestra educación y de nuestro país depende de ello.
Hacemos un llamado a toda la población para que se una a esta vigilancia activa. Invitamos a todos los costarricenses a mantenerse informados, a seguir de cerca cada paso que se dé en relación con el presupuesto de educación, y a exigir transparencia y respeto por los principios constitucionales. La defensa de una educación pública de calidad es una causa que nos concierne a todos, porque está en juego no solo el futuro de nuestra juventud, sino el desarrollo y bienestar de toda la nación.
Este es un momento para la acción y el compromiso. No podemos permitir que se tomen decisiones que comprometan nuestra democracia y el futuro de nuestros niños y jóvenes. Necesitamos, como sociedad, estar unidos y alertas, porque la educación y la democracia no son dádivas; son derechos que debemos proteger y fortalecer continuamente.
“Los derechos de hoy son resultado de las luchas de ayer; los derechos de mañana serán el fruto de las luchas que demos hoy.”
El pasado sábado 7 de septiembre se aprobó en todos sus extremos la moción por parte de la Asamblea de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, y se llegó a la siguiente resolución:
Moción para la Asamblea General de CONADECO
Declaración de Apoyo a la Educación Pública como Pilar Fundamental del Desarrollo Nacional
Estimados compañeras y compañeros miembros de la Asamblea General de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), distinguidos líderes comunitarios, guardianes del progreso y bienestar de nuestras comunidades:
CONSIDERANDO:
Que la educación pública, desde sus cimientos en la enseñanza primaria hasta las cúspides del saber en nuestras universidades estatales, ha sido históricamente el faro que ha guiado a Costa Rica hacia horizontes de prosperidad, equidad y desarrollo humano.
Que la Universidad Estatal a Distancia (UNED), junto con las demás instituciones de educación superior pública, han sido artífices incansables en la formación de generaciones de costarricenses, llevando el conocimiento hasta los rincones más apartados de nuestra geografía, democratizando así el acceso al saber y a las oportunidades.
Que la triada sagrada de la misión universitaria —docencia, investigación y extensión— ha sido el crisol donde se han forjado las soluciones a los desafíos más apremiantes de nuestra nación, nutriendo el espíritu innovador y el compromiso social que nos distingue como costarricenses.
Que en el seno de nuestras comunidades, hemos sido testigos directos de cómo la educación pública transforma vidas, eleva aspiraciones y construye puentes hacia un futuro más promisorio para todos.
Que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y el presupuesto destinado a la educación pública no representan un gasto, sino la más noble y fructífera inversión que puede hacer un país en su capital humano y en su desarrollo integral.
POR TANTO:
La Asamblea General de CONADECO, en ejercicio de su responsabilidad histórica y su compromiso inquebrantable con el bienestar de las comunidades y el progreso de la nación, acuerda:
Declarar nuestro apoyo incondicional y vehemente a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), a todas las universidades públicas y al sistema de educación pública costarricense en su conjunto.
Reconocer y exaltar la labor trascendental de estas instituciones como motores de transformación social, pilares de la identidad nacional y garantes de la movilidad social que ha caracterizado a Costa Rica.
Instar a las autoridades gubernamentales y legislativas a considerar el financiamiento de la educación pública, incluyendo el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), no como un gasto corriente, sino como la inversión más estratégica y vital para el futuro de nuestra nación.
Hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad costarricense a unirse en la defensa y fortalecimiento de nuestro sistema educativo público, reconociendo en él la clave para construir una Costa Rica más próspera, justa y solidaria.
Emitir una declaración pública que reafirme el compromiso del movimiento comunal costarricense con la educación pública de calidad, como derecho fundamental de las nuevas generaciones y como patrimonio invaluable de todos los costarricenses.
Que esta moción sea un testimonio del espíritu visionario que siempre ha caracterizado a los líderes comunales, quienes, con la sabiduría que da el trabajo cercano a las necesidades del pueblo, reconocen en la educación la semilla de un mejor mañana.
Que nuestras voces se alcen unidas, firmes y claras, en defensa de ese bastión de progreso y equidad que es nuestra educación pública.
¡Por una Costa Rica educada, próspera y solidaria!
El 4 de septiembre del 2024 se llevó a cabo un webinario organizado por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), Colypro, y el Movimiento Mauro Fernandez, que contó con la participación de varias personas del sector educativo, y se abordó la problemática de desigualdad y el rumbo que está tomando la educación, además, se hicieron recomendaciones para mejorar este factor clave del desarrollo.
Compartimos las respuestas a preguntas y comentarios que se hicieron, información que aporta un valioso análisis del panorama educativo por parte de las panelistas participantes: Karla Salguero Moya, Eleonora Badilla Saxe, Yalile Chan Jimenez, y Silvia Chacón Ramírez.
¿Qué pasa con el papel de las Juntas de Educación en este proceso?, ellos pueden apoyar y colaborar mucho para el éxito de estas iniciativas?
Las Juntas Administrativas de Educación fueron creadas a finales del siglo XIX, para desempeñar un rol de vínculo entre la comunidad y los centros educativos, muy concretamente para dar un apoyo a las instituciones educativas, coordinando programas y gestionando bienes y servicios. Así lo hicieron durante mucho tiempo. Para el 2019 existían 4554 juntas educativas, muchas sin duda, sin embargo, en la actualidad, éstas han perdido su capacidad de ejecución, por diversas razones, algunas ya señaladas por la Contraloría General de la República: una gestión enmarcada en múltiples complejidades, las funciones han crecido y se han especializado, situación que escapa a las capacidades de las juntas; no se contextualizan las diferencias regionales, hay un gran volumen de recursos por manejar, hay debilidad en la fiscalización. En concreto la CGR, señala altos riesgos en la gobernanza y por eso recomienda la revisión del modelo de las juntas. Sabemos de esfuerzos realizados en este sentido desde hace varios años pero que no logran concretar esta urgente revisión. Si creemos que las Juntas de Educación y Administrativas juegan un rol muy importante, porque son las instancias más cercanas a los centros educativos que pueden dar solución necesidades en servicios y recursos, algo que no se puede lograr desde la centralidad del MEP. Pero si coincidimos con la Contraloría en que el modelo original ya no responde al contexto actual y por tanto hay que concretar su revisión de manera pronta. Si es importante agregar, que como toda instancia que gestiona recursos públicos, las Juntas deben regirse por la transparencia y la rendición de cuentas, ante las comunidades, familias, los concejos municipales. A su vez corresponde a estos actores, exigirle cuentas a la Juntas correspondientes.
¿Qué rol juegan los Colegios de Profesionales y Sindicatos del sector educativo, para poder incidir en una reforma pronta y una gobernanza que dignifique el conocimiento y talento humano?
Las organizaciones sindicales siempre han jugado un rol fundamental en la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. Ante la coyuntura que enfrenta la educación en este momento, que puede ser definido como la peor crisis de los últimos 80 años, hemos visto cómo estas organizaciones han tenido una voz sensata y fundamentada, pero firme al reclamar una mejor calidad de la educación nacional. Esa es una voz imprescindible en apoyo a los cambios de estrategia y rumbo que requiere el sistema educativo nacional. Por su parte, los Colegios Profesionales pueden continuar ofreciendo espacios seguros para el intercambio de ideas; análisis de propuestas y las reflexiones necesarias para la puesta en práctica de acciones conducentes al mejoramiento de la educación y al bienestar de la población nacional. Pero también es necesario, que, de manera conjunta, esas agrupaciones construyan agendas conjuntas, como en este momento dan muestra, para identificar los temas prioritarios y coadyuvar en una gobernanza que fortalezca la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines.
¿Qué independencia tiene el Consenso Superior de Educación (CSE) para realizar la gestión para la que fue creado dado que en este momento pareciera una dependencia del MEP?
Ampliando la respuesta que dimos durante el Webinario, manifestamos que el CSE tiene un mandato que deriva de la Constitución Política del país, lo cual debería darle de por sí, toda la independencia que requiere. Reiteramos que su conformación, vertical y endogámica, no le permite ser independiente por lo que se requiere una reforma constitucional que garantice que en su seno participen PARES (no representantes), provenientes de una amplia gama de ámbitos de la sociedad costarricense y planetaria, por cuanto la formación de las personas ciudadanas no es materia solo de un sector sino de una visión país. Además, esta reforma debe ser clara en establecer la independencia del CSE, pero también el carácter de transparencia y de rendición de cuentas oportunas, en su gestión.
Se podría pensar en un enfoque de inversión y no de gasto. La regla fiscal aplica a los gastos, pero no a la inversión…
Totalmente de acuerdo. Y no solamente en relación con la regla fiscal. La educación es la mejor inversión de los países en pro del progreso y el bienestar. Y por ello es esencial colocarla como una Política de Estado, cuya inversión debe ser prioritaria, integral y visionaria a largo plazo.
Y hay una brecha enorme dentro de los mismos centros del sistema público. GAM-costa o GAM-escuelas rurales por ejemplo.
Efectivamente, no solamente hay brechas entre los sectores público y privado, sino también entre los públicos, situación que se evidencia dramáticamente en las distintas regiones. Algunas acciones podrían ayudar impactar positivamente estas brechas:
Un cambio en la Gobernanza, que permitiría al menos tener claridad en el nudo gordiano que no deja avanzar los procesos. • Mayor transparencia en la información sobre la situación de los centros educativos. Sin información, la planificación y la toma de decisiones es difícil.
Una contratación por idoneidad que permita a docentes con excelente formación trabajar (en condiciones dignas, eso sí) en centros educativos de zonas rurales para garantizar el nivel educativo.
Revisar la multiplicidad de modalidades en la oferta para primera infancia, primaria, secundaria para jóvenes y adultos que adicionalmente presentan una gran diversidad en la calidad de los servicios y condiciones de infraestructura.
Fundamental, abrir el debate en materia de cobertura, dado que el incremento en centros educativos y la disminución del presupuesto pone en condiciones de iniquidad a los centros educativos.
1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.
La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.
Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.
Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.
2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.
No es una simple abstracción jurídica.
Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.
3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.
Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.
El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.
4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.
La norma constitucional constituye un mandato imperativo.
La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.
Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.
5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.
6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.
No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.
6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.
7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.
La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.
8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.
9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.
Ante el recorte económico propuesto por el Gobierno de la República en el Presupuesto Ordinario 2025, el Sistema de Colegios Humanísticos Costarricenses realiza el siguiente pronunciamiento:
El Sistema de Colegios Humanísticos Costarricenses (CHC), hace de conocimiento público que para el Curso Lectivo 2025, el Gobierno recortó considerablemente el presupuesto institucional con respecto al asignado en el año 2024. Valorando que la ejecución presupuestaria de los cuatro colegios supera el 97% anual, no se justifica el rebajo en el presupuesto para el año 2025, que representa una reducción de ₡ 100 711 322.00.
Los Colegios Humanísticos Costarricenses, año a año, se nutren de estudiantes que buscan oportunidades para mejorar su crecimiento académico de forma integral. Cada alumno asume una carga académica con un alto nivel de calidad educativa, la cual se desarrolla mediante proyectos, actividades y participaciones, cuyo objetivo es incentivar el pensamiento crítico, la reflexión y el compromiso para construir un mejor país. Además, se favorece la excelencia en todas las áreas del conocimiento contempladas en los planes de estudio nacionales.
Estos colegios brindan oportunidades de educación con los mejores estándares, principalmente en zonas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde abundan opciones educativas. La afectación presupuestaria a los cuatro colegios (Coto, Heredia, Nicoya y Sarapiquí), arriesga su operatividad normal, limitando el acceso y debilitando los servicios.
A este recorte arbitrario, se suma nuestra preocupación por la calidad de la educación costarricense. Hoy más que nunca, el país requiere fortalecer los espacios de formación integral de la población adolescente. De acuerdo con el Decreto 26436-MEP, Normas Básicas Reguladoras del Proceso Educativo en los Colegios Humanísticos Costarricenses: “Los Colegios Humanísticos Costarricenses (CHC) son por definición instituciones preuniversitarias que ofrecen a sus alumnos la oportunidad de desarrollar y adquirir habilidades, destrezas, conocimientos y orientación profesional. Estos colegios estimularán la capacidad analítica, crítica, creativa y relacional del ser humano con su realidad cultural y natural”.
El propio MEP reconoce los elementos diferenciadores que sustentan el Sistema de Colegios Humanísticos, abocado a procurar una movilidad social ascendente, a partir de del desarrollo integral del potencial de la población adolescente, formando seres humanos orientados a generar cambios significativos para construir una mejor Costa Rica.
El sistema educativo costarricense, en su conjunto, no resiste más precarización y debilitamiento. Alzamos la voz para que se revierta el desmantelamiento de la educación pública en todos los niveles. Las y los jóvenes de este país urgimos servicios educativos de calidad, basta de afectar a las poblaciones más vulnerables, aumentando la brecha social y la desigualdad.
¡Somos el CHC, transformando la formación de nuestra comunidad aprendiente!
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
