Si tiene planeado estudiar una carrera del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas, la cual es conocida en sus siglas en inglés como STEM, anote este dato porque son las Universidades públicas las que tienen la mayor oferta del país, con un total de 467 carreras.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller realizadas en el Congreso Futuro de la Educación convocado por ULACIT, expresa su profunda preocupación por el caos que se vive en el sector educación solicitando con urgencia la destitución de la jerarca.
Por otra parte, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Müller Castro, cuando cuestionó el criterio técnico sobre el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública y cuestiona que la máxima jerarca de la educación no defienda la inversión garantizada por el Articulo 78 de la Constitución Política, a pesar, de que la educación pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad y debe ser defendida y fortalecida por la representante del sector, en lugar de justificar los recortes hechos como fueron los ¢1.300 millones trasladados a otra cartera.
El proyecto de Ley Presupuesto 23.912 Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024 refleja una disminución del presupuesto del MEP con respecto al Producto Interno Producto, el cual se establece en 5,22% a diferencia del 5,46% presupuestado para este año. Por lo anterior hacemos un llamado urgente a tomar medidas concretas para revertir esta situación y garantizar un futuro más promisorio para el acceso a un derecho humano como lo es la educación.
Los datos del presupuesto para el año próximo confirman la tendencia a disminuir el financiamiento de la educación superior pública y se plantea una amenaza significativa para las funciones esenciales de las universidades públicas por lo que es imperativo se revierta y se proteja la calidad y accesibilidad de la educación superior.
El incumplimiento de acuerdos nacionales y la falta de compromiso con las aspiraciones de Costa Rica en educación son inaceptables. Exigimos un compromiso renovado con los acuerdos nacionales y la cooperación entre todos los actores educativos.
La alarmante estadística que revela que solo 4 de 10 estudiantes logra ingresar a la universidad es motivo de preocupación y debe abordarse de manera urgente, esto según el último informe del Estado de la Educación 2023, presentado el pasado 31 de agosto por el Programa Estado de la Nación en Cosa Rica.
Asimismo, los resultados presentados en el IX Informe del Estado de la Educación 2023 en Costa Rica, revelan conclusiones alarmantes en materia de educación pública, como la falta de habilidades básicas de lectura y escritura en estudiantes de tercer grado y la insuficiencia de respuestas institucionales para abordar la crisis educativa.
Por tanto, las organizaciones sociales y productivas hacen un llamado imperante a la construcción de un Pacto por la Educación Pública, así como se demandó el pasado 20 de junio en la gran movilización nacional en defensa de la educación pública.
Que esta ruta, involucre a todos los sectores y actores vinculados a la educación, incluyendo al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mediante las universidades públicas, federaciones estudiantiles, colectivos y estudiantes diversos en secundaria, Colegios Profesionales, organizaciones del Magisterio Nacional, pero sobre todo personas y organizaciones de sociedad civil como las organizaciones comunales, padres y madres de familia, como también los sectores productivos con perspectiva de justicia social, para diseñar conjuntamente un futuro educativo sólido y equitativo para Costa Rica.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se compromete a seguir trabajando la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica y a defender los derechos educativos de todas las personas. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del presupuesto del 8% del PIB para la educación pública, ya que consideramos que es un pilar esencial para el desarrollo de nuestra sociedad en materia de derechos humanos y garantías sociales, a su vez el futuro de nuestras generaciones.
En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:
“Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.
“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.
“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.
En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.
Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.
En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.
Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.
Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.
En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.
Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.
Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:
1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.
Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.
Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.
2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.
3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.
4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.
5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.
Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.
Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.
Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.
Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.
Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.
Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.
Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.
Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.
Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.
Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!
Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la Universidad de Costa Rica
La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.
Manifiesto liminar, 21 de junio de 1918.
En los anales de la historia reciente de las universidades costarricenses, desde la fundación de la Universidad de Costa Rica, que abrió sus puertas oficialmente el 7 de marzo de 1941, son una minoría los mandatarios que se han dirigido a los estudiantes universitarios y a las máximas autoridades con la chabacanería, la altanería, la prepotencia y el autoritarismo con que lo viene haciendo el actual presidente de la República, Rodrigo Chaves.
En el año de 1970, en el mes de abril, todavía bajo la presidencia de José Joaquín Trejos, se reprimió a los estudiantes universitarios que se manifestaron contra el contrato de ALCOA; además, muchos fueron encarcelados. Más recientemente, en la presidencia de Miguel Ángel Rodríguez, se intentó acallar la protesta estudiantil contra el llamado “Combo del ICE”.
En otra ocasión, el presidente José Figueres, en su último mandato, se había propasado, es cierto, propinándole una cachetada al estudiante Pablo Azofeifa, hijo del poeta y erudito don Isaac Felipe Azofeifa, considerando que el joven estudiante le había faltado el respeto. El presidente Figueres inmediatamente, convocó a don Isaac Felipe a casa presidencial, por quien sentía estima personal, a modo de disculpa. A mi modo de ver le faltó disculparse con el estudiante abofeteado.
En ninguna ocasión, en la que representantes de los poderes públicos han atropellado la dignidad del movimiento estudiantil, su derecho a expresarse, la majestad de las instituciones públicas de educación superior, o la autonomía universitaria y su integridad democrática, han concluido bien. ALCOA terminó siendo un fraude, puesto que la “Aluminium Company of America”, abjuró del contrato que había sido aprobado en la Asamblea Legislativa y se marchó del país con más pena que gloria. El proyecto de ley número 13.873 denominado “Combo del ICE”, debió ser retirado por el poder ejecutivo de la corriente legislativa, y en su lugar tuvo a bien abrir un espacio de interlocución entre los sectores populares y el movimiento de los estudiantes con la clase gobernante. El proyecto de ley que procuraba la apertura del ICE de par en par, favorecido por las corrientes neoliberales, fue detenido “in situ”.
Don Pepe, con la cachetada al estudiante, propició más bien el afianzamiento de la independencia del movimiento estudiantil y de la institucionalidad universitaria, así como el derecho a dialogar con los representantes de los poderes públicos, tal como lo manda la Constitución desde 1949.
Ahora, el presidente Chaves pretende desoír la historia. Con más sorna que prudencia, con más prepotencia y autoritarismo que amor al diálogo, con más altanería que humildad, pretende reeditar un camino que muy pocos gobernantes han osado recorrer y a los que recurrentemente la historia, tanto nuestra historia nacional como la latinoamericana y sus hechos, les han dicho que “Así no es…”, ni por la forma, ni por el fondo. Quien ha osado seguir ese camino invariablemente ha errado. “Así no presidente Chaves”.
En lo concerniente a la historia latinoamericana, ella también ha sido conteste y auspiciosa en ejemplos que no han hecho sino afianzar, si bien con dolores de parto el progreso humano. El más representativo de estos ejemplos es de seguro, el que se produjo en Córdoba, Argentina, entre los meses de marzo y octubre de 1918, más precisamente en la simbólica fecha del 15 de junio de 1918: me refiero claro está al “Manifiesto liminar de Córdoba”, de la Federación Universitaria de Córdoba, que fuera redactado por el inextinguible estudiante de derecho, Deodoro Roca, también conocido más recientemente como ”El revolucionario del otro Cordobazo”; ya que el “primer Cordobazo” fue la insurrección popular obrera, ocurrida también en Córdoba, Argentina entre el 29 y 30 de mayo de 1969, contra la dictadura de Onganía, por haber impuesto un congelamiento de salarios.
Roca redactó indisolublemente el “Manifiesto Liminar” sellando el destino de la universidad latinoamericana con el de los trabajadores del campo y la ciudad, los sempiternos postergados de todos los gobiernos conservadores y de derechas; la argamasa precisamente de ambas columnas vertebrales, la de los obreros y campesinos de una parte y la del movimiento estudiantil por la otra, nos la dio el dirigente estudiantil en la siguiente frase que hemos entresacado de entre todas las maravillas escritas por Roca: “Volvemos hacia la contemplación de la propia tierra, y hacia la de nuestros hermanos: ‘adentrarnos’ en nosotros mismos y encontrar los hilos que nos atan a nuestro universo en las fuerzas que nos circundan y que nos llevan a amar a nuestro hermano, a labrar nuestro campo, a cuidar nuestro huerto, a dar de nosotros todo lo que los demás piden…” (Cfr. Roca D, “La Nueva Generación Americana” -Discurso pronunciado en la clausura del primer Congreso de la FUA en Córdoba, el 31 de julio de 1918-, en “El Drama Social de la Universidad”.pag.25).
Hombres y mujeres latinoamericanos de la estirpe de Deodoro Roca, sentaron las bases de la reforma universitaria, que aún se encuentran vigentes. Todos principios imprescriptibles. Estas fueron: la autonomía universitaria; el cogobierno entre estudiantes y profesores, por medio del que se le otorgó para siempre en el gobierno de la universidad pública latinoamericana, un porcentaje significativo de poder en la toma de las decisiones a la representación estudiantil; la extensión universitaria; la periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición. En pocas palabras se trató de luchar por una mejor educación para todos. Este fue un movimiento nacido justamente contra las prácticas autoritarias y dogmáticas, tanto por parte de quienes dirigían las universidades, como frente a la intromisión de la política dentro de las instituciones de educación superior.
Por todo lo expresado, cuando un presidente como Rodrigo Chaves, se lanza una y otra vez, obcecadamente contra las autoridades de las cinco universidades públicas, y en pos de vilipendiar a los dirigentes estudiantiles con irrepetibles e insensatas palabras, no hace más que hundirse en el fangal de todo lo mediocre y atrasado que hayan tenido las élites gobernantes costarricenses y latinoamericanas. Chaves es incapaz de darse cuenta de que ahí tiene todo el terreno para dialogar, y encontrar respuestas ante las diferencias de criterio, en lugar de anquilosarse en su propio desatino. Pero, el mandatario se muestra indolente para reconocer a su real y auténtico interlocutor, a través del cual se puede inducir una reforma verdaderamente democrática, precisamente con los sujetos de las universidades públicas. En su lugar, deplorando a los estudiantes de estos centros de enseñanza prefiere allanar el camino a la contrarreforma cultural y educativa que solamente dará pábulo, alimento, a las élites privatizadoras y autoritarias. Más fácil, pensará con mediocridad chaves, es gobernar sin movimiento estudiantil en los centros públicos de educación superior y sin autoridades críticas y pensantes. “Así no presidente Chaves”. Allá usted con su destino, si continúa jugando a perder.
Compartido con SURCOS por el autor.
Ante la negativa del Gobierno de otorgar el 1% que le debe a las universidades públicas del presupuesto de la Educación Superior Pública 2023 (conocido como FEES) y ahora ofrecer un insuficiente 1% para el FEES 2024, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifiesta su preocupación ya que “se evidencia, una vez más, grandes contradicciones en materia de gestión de la educación pública costarricense”
Según el comunicado de prensa de CONARE la evidencia ratifica que el país enfrenta su peor crisis educativa en los últimos 30 años y prevalece de parte del gobierno la negativa de cumplir con la asignación del 8% del Producto Interno Bruto del país (PIB) establecido por nuestra Constitución Política para la educación pública en todos sus niveles.
Para CONARE si el Gobierno no está en capacidad de invertir poco más de 5 mil millones de colones, aún pregonando importantes logros fiscales y reactivación económica, definitivamente la educación pública costarricense pareciera que no es prioridad. “Primero la excusa fue la Asamblea Legislativa, luego argumentaron que sí hay voluntad política pero que no hay plata. La nueva excusa es que la inflación 2023 es negativa, cuando esto se negoció en el 2022 en correspondencia con la inflación de entonces, cercana al 8%. Finalmente, respecto de nuestras propuestas para que el 1% se gire en tractos en el próximo año 2024, ni siquiera nos exponen las razones de su negativa”.
Durante las semanas de este proceso de negociación CONARE ha consensuado un conjunto de compromisos, todos asociados al Plan Nacional de la Educación Superior. Peticiones del Gobierno vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, donde se plantean como prioridad la inversión en las regiones y en poblaciones de alta vulnerabilidad. “Sin embargo, el Gobierno no otorga el presupuesto necesario para sacar adelante esta tarea”.
También, afirma el comunicado de CONARE, en este proceso de negociación se ha instaurado una estrategia de confrontar a los niveles de primaria y secundaria con los universitarios. “Vivimos una negociación donde continuamente se ataca por diferentes medios al Consejo Nacional de Rectores a los rectores y rectora, “personalizando este proceso como si se utilizara para desprestigiar a las universidades estatales a través de sus autoridades. Esta negociación no se trata de personas, se trata de los recursos que necesitan las universidades públicas para continuar formando profesionales de calidad para este país y contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica”.
Y en cuanto al respaldo de las universidades públicas a otros sectores que también han venido manifestando en los espacios públicos sus preocupaciones y necesidades, CONARE destaca que “el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara”.
Texto completo del Comunicado de CONARE, 17 de julio 2023:
María Encarnación Peña Bonilla, UCR
De la UCR se escuchan muchas cosas, pero, no siempre se dice lo que es en la realidad. Por ello, es importante revisar lo que evidencian los datos sobre la calidad educativa, innovación y profesiones de primer nivel que ofrece al país.
La más reciente producción de la UCR, recuerda que esta casa de estudios se encuentra ubicada en 8 sedes presentes en las 7 provincias del país. Asimismo, cuenta con 13 facultades y 47 escuelas que reciben a más de 49,176 estudiantes provenientes de todo el país.
Además, existen 51 unidades de investigación de los cuales se incluyen 38 centros, 13 institutos y 6 museos. De la misma forma, se señala que esta institución acoge a 5933 personas docentes e investigadoras y 4244 personas administrativas, haciendo hincapié de que casi la mitad de las personas funcionarias perciben un salario de un millón de colones o menos y que desde el 2019, ha regulado sus gastos a través del congelamiento de anualidades, escalafones y otros tipos de componentes salariales.
Si quiere conocer más sobre el quehacer de la UCR y de lo que no, le compartimos el siguiente enlace:
Señor presidente usted se equivoca, empobrecer y despreciar la educación pública es ajeno a la tradición costarricense, incluso en las mayores crisis la educación de excelencia sigue siendo la respuesta y la educación superior la mejor apuesta de futuro para el país. En Costa Rica existe un hilo, un hilo democrático que atraviesa buena parte de nuestra historia republicana: la educación pública.
Costa Rica siempre luchó por su derecho a la educación. Por presión de la ciudadanía se expandieron las escuelas a todo el territorio, la ciudadanía fue la que pidió la gratuidad y la obligatoriedad de educación. Los y las costarricenses hemos reconocido que la defensa de la educación es algo que trasciende ideologías y partidos políticos, porque primero hay una base que es la fortaleza de un sistema educativo público, eficiente y de calidad en el que estamos llamados a seguir trabajando tanto usted como yo.
En 1998 la educación se fortaleció en el artículo 78 de la Constitución Política que fijó un piso presupuestario correspondiente al 6% del Producto Interno Bruto y, en 2011 se volvió a reformar para fijarlo en el 8%. Precisamente este mandato se afianzó en nuestra Carta Magna para que, por más compleja que fuera la situación, se garantizara los recursos suficientes para la educación de calidad y a la que este país tiene derecho.
Esas asambleas legislativas visionarias sabían que, en el momento en el que fuera amenazada la educación, estaban amenazando nuestra propia existencia como sociedad democrática, tal y como su gobierno lo está haciendo.
Presidente, cuando quiera hablar sobre el tema de fondo, aquí vamos a estar. Cuando quiera trabajar propuestas para resolver los problemas de educación pública del país y buscar soluciones para llegar a cumplir la Constitución Política, aquí vamos a estar. Mientras su objetivo sea tergiversar información y polarizar, no cuente con nosotros.
Este fue el mensaje del Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica para el presidente Rodrigo Chaves.
En las últimas horas, me vi en la desagradable situación de ver y escuchar una comunicación, en la que el señor presidente de la República se refiere al rector de la Universidad de Costa Rica y a la Universidad de Costa Rica misma, con las siguientes palabras:
“… Como dijo este señor: ¿Espeleta es de apellido él… Gustavo qué… el rector? …bueno como se llame el señor este… don Gustavo…”. Frunciendo el ceño y con ademanes y gestos despectivos.
“…ya ese tema está sanado… la gente sabe qué es lo que está pasando… sólo falta meterse en Tik Tok para entretenerse un rato”. (en medio de risa.)
Difícil de soportar, y finalizar de escuchar estas palabras oprobiosas.
Esta Benemérita Institución, no es canalla señor presidente.
Ni usted, ni nadie, puede referirse con estas palabras a ella, ni pretender insultarla.
Con esta muestra de grosería y bajeza, usted no se pone a la altura ni dignifica su investidura señor presidente: esto es inadmisible.
Apoyarse en “Tik Tok”, para proceder con esta clase de sandeces, sólo significa confundir lo que es la sabiduría popular.
El Rector le dijo: “Señor presidente, usted se equivoca…la defensa de la educación es algo que trasciende ideologías y partidos políticos … cuando quiera trabajar propuestas para resolver los problemas de la educación pública del país y buscar soluciones para llegar a cumplir la Constitución Política, aquí vamos a estar. Mientras su objetivo sea tergiversar información y polarizar, no cuente con nosotros”.
Esta muestra soez y de incompetencia, habla muy mal de usted señor presidente. Este histrionismo, es pésimo recurso: usted no puede pretender no saber el nombre de la persona a la que va a referirse en momentos tan serios. Seriedad le hace falta señor presidente y no insultar y rebajar, con pretendida actitud de comediante. No se equivoque.
Esto, y recordar el 20 de junio, me hace pensar en aquel dicho: “Hay quienes ven la tempestad y no se arrodillan”.
Junio de 2023.
Las instituciones de educación superior pública, estamos una vez más a las puertas de que el gobierno de la república haga (¿o no haga?) lo que la Constitución Política le ordena: girar el presupuesto que le corresponde a la educación superior pública.
Al igual que años anteriores, este año habrá que estar en el “pulso” anual de lo que debiera ser quinquenal y no debiera ser ningún “pulso”.
En este escenario, es sorprendente, aunque no tanto, que a fuerza de no cumplir el mandato constitucional, con reiteración en años recientes, y sobre argumentos que no tienen base, parece que se ha impulsado por unos y se ha asumido por otros, y por lo tanto, se le ha dado sostén por gobierno y población universitaria, a la idea que “hay que negociar el FEES”.
Entre muchas personas universitarias, parece que esto ya se legitimó y así, se asume que, por parte de los representantes de las instituciones de educación pública, se va a ir a “negociar el FEES”, que en los días venideros, empiezan las “negociaciones del FEES”.
Lo filosófico
Muchas personas del ámbito universitario público, tenemos muy claro por qué las instituciones de educación superior pública son importantes, por lo que le aportan al país y a la sociedad, así como distintos sectores sociales.
Entre otras razones de peso, la educación de calidad es motor de movilidad social ascendente. Las instituciones de educación superior publica, hacen una contribución de gran valor al país, aportándole profesionales de calidad, con conciencia social y no sólo graduados que piensan nada más en sus ingresos y en su bienestar personal.
En la relación universidad/sociedad, hacen un aporte importante en la investigación, en la atención de diferentes situaciones y requerimientos de diferentes sectores sociales.
Institución país
Es por eso y por lo que aporta, con el conocimiento que construye en conjunto con la sociedad, a fortalecer el rumbo del país, que la universidad pública, es una institución país.
Eso no está en duda y lo sabe el sector gubernamental, lo saben diferentes sectores y actores sociales y políticos y población universitaria.
Lo político
Lo que acabamos de mencionar, lo tenían claro los sectores políticos del ´48 y como parte del proyecto/país impulsado, político, económico, social e histórico, lo plasmaron en la Constitución Política.
En este punto, se hace necesaria una pregunta: ¿El proyecto político, social y económico de país, de algunos sectores que han estado al frente del Estado, desde hace algunos años: qué calidades, diferencias y similitudes tiene, en relación con el proyecto/país de los sectores políticos del ´48?
Una pegunta más precisa: ¿En qué medida y calidad, la educación superior pública, es parte del proyecto/país de los sectores políticos que se han hecho con la dirección del Estado en los últimos años?
Los actores en la “negociación del FEES”, sus bases argumentativas y sus intereses.
Por parte de los representantes de las instituciones de educación superior pública, autoridades universitarias y estudiantado, la base argumentativa, está compuesta en parte, por lo mencionado arriba en Lo filosófico.
Por parte de los sectores gubernamentales, uno de los componentes fundamentales de su base argumentativa es la escasez, o, lo reducido del presupuesto nacional; muy en consonancia con lo que plantea el Banco Mundial: “Dado que los gobiernos enfrentan severas limitaciones presupuestarias…” (“Nuevo reporte del Banco Mundial: La vía rápida hacia nuevas competencias. Septiembre 29, 2021”).
Una respuesta contundente a este argumento es que el gobierno, debe tener criterio de país en la recaudación impositiva: un aporte fiscal de todos los sectores según sus ingresos, en la recaudación impositiva y que todos los sectores contribuyan con lo que les corresponde. Como se dice de manera coloquial: “si no tiene plata es porque no quiere”, o preguntar: ¿los intereses que el gobierno gestiona, hacia donde “miran”? Entonces, ese argumento debe quedar fuera.
Lo realista
La situación es clara: en mi opinión, en la base de la posición de los sectores gubernamentales, está la reducción del presupuesto del Estado para asuntos públicos, como la educación pública, la salud pública, entre otros.
En cuanto a la educación pública, y muy claro en la educación superior, hay planteamientos incluso, en cuanto a que se debe financiar con fondos públicos, la educación privada, valga decir, el negocio de la educación privada. Muy en consonancia, con lo que plantea el Banco Mundial, como en el argumento de arriba: “…los gobiernos subsidian generosamente… las IES públicas, pero rara vez ofrecen ayuda económica a… las IES privadas…”. (IES: instituciones de educación superior). Ídem.
Vale tener en cuenta, que parte de la familia de la ministra de educación se dedica al negocio de la educación superior privada. Ya veríamos a las llamadas “universidades de garaje”, haciendo fila para exigir quién sabe qué cantidad de presupuesto.
Es clara la doctrina política económica neoliberal, del Banco Mundial y las inequidades, injusticias, exclusiones y disparates que se proponen en este marco doctrinario.
Es mi opinión también, que con base y en consecuencia con los argumentos del Banco Mundial, la posición de los sectores de gobierno es: no ceder ante las demandas del presupuesto constitucional para la educación superior pública y esgrimir una serie de razones baladíes, sin base más que la visión de mundo a la que adscriben, para no hacerlo.
Para eso también, según mi opinión, los sectores gubernamentales confían en una especie de temor, de parte de los defensores de la educación superior pública, en cuanto a que si no se acepta la propuesta del ejecutivo, “nos puede ir peor”.
Ideas fuerza y lo concreto
Es mi opinión, que la base de la posición gubernamental tiene en cuenta: esa visión/imposición de instituciones como el Banco Mundial, según ya se mencionó; los intereses de sectores locales de poder económico y político; los “medios de comunicación” masiva y esa opinión que han contribuido a formar, en cierto grado desfavorable y de desprestigio, hacia lo público y hacia sectores que defienden la institucionalidad pública y su papel en el país, entre otros. Pueden recurrir también, a la manifestación manipulada, en espacios públicos, por ejemplo.
Por eso las propuestas de reformar la Constitución, por lo menos parcialmente.
Para la defensa del presupuesto constitucional, hacia las instituciones de educación superior pública, en función de la autonomía y soberanía, en la base está lo jurídico constitucional; la manifestación en los espacios públicos; la articulación con sectores conscientes de la importancia de los aportes de la educación superior pública al país, para lo cual hay que visibilizar y construir una comunicación estratégica y su gestión, identificando actores respectivos; y la propuesta de lucha por una recaudación fiscal justa, dirigida a la autonomía y soberanía y en contra de elementos como la evasión fiscal y la deuda externa, por ejemplo.
En cuanto a la manifestación en los espacios públicos, no debe ser sólo “en contra de” si no “a favor de”, para lo cual debe construirse una propuesta inteligente, articuladora y movilizadora.
Demás está decir que el equipo que representa la defensa del presupuesto constitucional para la educación superior pública debe tener criterios unificados, sólidos, y cohesionados, sin fisuras en su actuar y proceder y de cara a consolidar el apoyo institucional y social.
Es necesario tener en cuenta que hay cuestiones estratégicas, para desarrollo de un país fuerte, que deben estar en manos del Estado para su gestión, con una visión de autonomía y soberanía, como los energéticos, las telecomunicaciones e infra estructura, la educación, la salud. Todo con criterio y visión complementaria y articulada, para lo que es indispensable, la recaudación fiscal mencionada.
Un pueblo sin educación e instrucción adecuada y sin salud de calidad, no puede ser parte del desarrollo integral del país.
Debemos ser conscientes de que el marco de acción, lo componen dos visiones de proyecto/país: la neoliberal globalista, que parece ser la de los sectores gubernamentales, y la autónoma soberanista, en función del desarrollo integral del país.
De manera entonces que si se asume que hay que negociar el FEES, como dice el dicho, “ya entramos perdiendo” y perdiendo doble: 1- Les permitimos que nos impongan su cancha: la “negociación”; y 2- Eso ya implica que imponen sus reglas y criterios. De ahí que imponen requisitos, por ejemplo, el gobierno pide que se incluyan tantas carreras STEM.
Además, estaríamos siendo inconstitucionales, adhiriendo a esa violación de la Constitución.
También tenemos que ser conscientes de que esgrimir la contribución importante que hacen las Universidades públicas al país, lo filosófico, por sí sólo, es algo que para los sectores gubernamentales no es factor.
En mi criterio, la actitud inconsecuente ante los sectores gubernamentales es: venimos a negociar.
La actitud consecuente es: venimos a hacer que se cumpla lo que manda la Constitución de la República
Ayudemos al presidente a cumplir el juramento de defender la Constitución, al asumir el cargo. ¿Será que ya se le olvidó?
“¿Jurais a Dios y Prometeis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la república, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? – Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden”.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), expusieron su posición en salvaguardar y respetar la disposición constitucional de destinar en el presupuesto nacional un 8% del PIB a la educación pública.
Los estudiantes manifestaron su preocupación que para el 2023, el presupuesto en educación sea el más bajo de los últimos 9 años con un 5.3% del PIB; esta acción presupuestaria se ha visto reflejada en afectaciones directas a los programas sociales propios del Ministerio de Educación Pública, como los comedores estudiantiles, el transporte para estudiantes, apoyos técnicos, entre otros.
En la actividad realizada en la Sala de prensa de la Asamblea Legislativa, participaron Marco Zúñiga y Clareth Calderón (presidente y secretaria general de la FEUNA), Karen Marín y Valeria Bolaños (presidenta y representante ante Consejo Universitario de la FEUCR), Rasheed Silva y Luis Barrantes, del Movimiento Estudiantil de Educación Secundaria (MEDSE), y Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.
Para Zúñiga, presidente FEUNA, la crisis que atravesamos es estructural y sistemática, el Estado Social de Derecho que alguna vez construyó este país se encuentra en una crisis profunda, misma que puede volverse inmanejable si el país invierte cada vez menos en educación, en los programas de atención social y en el fortalecimiento de instituciones las públicas.
También, se destacó el papel que ha jugado históricamente la Educación Pública en nuestro país, siendo un pilar fundamental en el desarrollo humano y la movilidad social, así como un motor para reducir brechas y desigualdades sociales, la violencia y la pobreza.
Díaz, presidente del SEC, respaldó el sentir de los estudiantes en defender el presupuesto nacional que corresponde, además criticó que en la actual crisis que vivimos se hizo un recorte adicional de ₡3.100 millones para seguridad, por lo que esta negociación del FEES debe hacerse como se debe y no tener que recurrir a otras acciones.
“Defender la educación pública, es defender las herramientas para la igualdad social, es defender una vida más digna para todas las personas, es combatir las desigualdades sociales, económicas, de género, que estamos viviendo en este contexto. La educación es la única herramienta que tenemos como país, para el desarrollo y para lograr salir adelante frente a esta y cualquier otra crisis que atravesemos”, indicó Calderón, secretaria general FEUNA.
Asimismo, Marín, presidenta de la FEUCR y representante estudiantil en la comisión de enlace de negociación del FEES 2024, dejó muy claro que se debe dejar de jugar con el presente y el futuro de millones de personas que pasan por el sistema educativo público. “Comprométanse con la atención de las verdaderas necesidades del pueblo costarricense, que esta crisis no la pague la educación, que no sea utilizada como un negocio ni una mercancía, es un derecho que defendemos y seguiremos defendiendo”, concluyó.
Desde las federaciones para la negociación del FEES 2024 se establece y mantendrá el rol en la participación durante la negociación bajo los siguientes puntos:
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica