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Alberto Salom Echeverría

Introducción.

Un gazapo en la segunda acepción de la Real Academia de la Lengua Española es una mentira o un yerro que inadvertidamente deja escapar quien escribe o habla.

Haciendo una adaptación aquí nos vamos a referir a los gazapos gubernamentales, pero no se trata de cualquier gazapo, es decir de un error pasajero, circunstancial. Exaltaremos algunos de los grandes yerros o gazapos de este gobierno, incluyendo desde luego, las mentiras del presidente, de sus ministros y diputados o diputadas que le son leales. Hoy nos centraremos en el tema de la educación.

En el artículo del viernes pasado, hicimos un análisis de la situación nacional, en lo económico, en lo político-social y en lo cultural. Además, me permití externar mi estado de ánimo con relación a algunos de los más graves problemas de nuestro país. Pienso que ese estado de ánimo de aflicción y dolor no es solo mío; es común a una cantidad importante de conciudadanos que lo experimentan también, tras haber advertido que, por encima de los discursos del presidente y su equipo, en las conferencias de prensa o fuera de ellas, hay mucho con demasiado de verborrea vacua o superficial y una jerigonza extraña y vergonzosa. En cambio, hay muy poco, más bien nada de realidad.

Los Gazapos en la Educación.

Si algo debiese tener prioridad en Costa Rica hoy, es la educación. En los círculos entendidos en esta materia ya está claro cuánto ha descendido la calidad de la educación pública en todos sus niveles en la actual administración de la República.

No estamos para juegos como el que inició el presente gobierno, hablando de “la ruta de la educación”, que pudo haber entusiasmado a mucha gente, y luego muy temprano se convirtió en “humo de pajas”. ¡Qué daño más grande se le ha propinado a nuestra niñez y juventud! ¡Gran afectación también a la credibilidad en la política, para la ciudadanía que de verdad esperaba algo serio!

El primer problema en este gobierno consiste en la ausencia de planificación a todos los niveles. Veamos un ejemplo del que ha dado cuenta la prensa desde el año anterior. El plan presupuesto del gobierno se elaboró y hacia el final del 2024 se puso en evidencia un grave desorden en el plan de gastos, como lo hicieron ver diputados de varias de las fracciones opositoras, ya que los recursos presupuestados en materia de salarios, sueldos y aguinaldos a docentes no alcanzaban. La Asamblea Legislativa debió aprobar recursos extraordinarios del orden de 74.000 millones de colones para completar el pago. Obviamente no es una bicoca.

El problema no acabó ahí, de acuerdo con la información periodística el desorden en el plan presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP), se extenderá a lo largo de este año 2025. Quizás la mayor pesadumbre consiste, como lo informó en un artículo de La Nación la periodista Lucía Astorga, en que el aviso acerca de la falta de recursos para pagar la planilla del 2024, ni siquiera provino del MEP y su equipo de planificación. La alerta fue dada por la Contraloría General de La República y por el mismo Ministerio de Hacienda. No solo eso, en el plan de gastos del 2025, aparece un faltante de 100.000 millones de colones. Otro gazapo colosal. (Cfr. L. Astorga, La Nación, 19 de nov.2024. p.19).

Tan grave como lo anterior, es que la Sala Constitucional le ordenó al MEP, mediante dos sentencias, usar fondos para -nada más y nada menos- asignar asistentes del Servicio de Educación Especial, a fin de poder atender estudiantes con discapacidad. Falta grave por parte del MEP, por tratarse de recursos para atender a una población especial. Dicha asignación presupuestaria, obviamente abrió otro hueco en los recursos del ministerio que debió ser cubierto de manera extraordinaria también por parte de la Asamblea Legislativa. Algo más, debe saberse que la jerarca del MEP propuso para cubrir el faltante, recortar los fondos que debían destinarse al pago de las cotizaciones de las pensiones administradas por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. La ocurrencia anterior fue detenida por la Asamblea Legislativa. De haberse aprobado hubiese significado, como se dice coloquialmente, “desvestir un santo para vestir otro”, No nos acostumbramos a los yerros enormes de este gobierno.

La misma Lucía Astorga, periodista acuciosa, informa que el MEP apuesta por la digitalización para aliviar la carga laboral de los docentes. Pero, ocurren dos cosas: la primera es que la tendencia a obtener incapacidades ha ido en aumento en los últimos tres años. Un 65% de la planilla se acoge cada año a las licencias remuneradas. El pago para sustituir dichas licencias aumentó entre el 2021 y el 2024 un 53.72%. Se trata de la mayor presión presupuestaria que enfrenta la institución para cubrir las sustituciones del personal. En segundo lugar, el viceministro de planificación acepta, no obstante, que no existe un plan específico para frenar el incremento de las incapacidades. (Cfr. Ibidem, 06.01.2025. págs. 4 y 5). Aviados estamos, ya que la situación es harto difícil.

En el campo de la docencia propiamente dicha, comienzo por señalar que, lo anterior tiene una alta incidencia en el bajo rendimiento de muchos de los estudiantes, pues el constante cambio de maestros y profesores repercute negativamente en los niños y jóvenes, ya que cada maestra o profesor tiene su propia metodología y pedagogía y deviene harto difícil para el educando acostumbrarse a una nueva modalidad de aprendizaje.

Lo más significativo en este ámbito lo constituye el hecho de que en estos últimos 20 años se ha agigantado la brecha en cuanto a la calidad de la educación entre los estudiantes de hogares pudientes y los de las familias más pobres. Lo mismo es claramente visible entre los niños de preescolar, los escolares de primaria y los estudiantes del nivel medio de la educación, que estudian en instituciones de la gran área metropolitana, frente a los que lo hacen en zonas rurales de escuelas y colegios públicos. Los que pertenecen a estos últimos se han ido quedando rezagados en varios sentidos: con mucha frecuencia los estudiantes de zonas rurales pobres no acceden al currículo completo de materias; aunque las autoridades se justifican arguyendo que se trata de materias accesorias, como artes plásticas, educación musical o física, educación para el hogar, etcétera, esto no hace más que demostrar el atraso pedagógico de que adolecen las autoridades docentes que esgrimen este argumento; está más que demostrado que, estas materias de la malla curricular son de singular importancia para el desarrollo de una formación integral del individuo y de la personalidad social. En segundo término, los estudiantes pertenecientes a hogares de bajos recursos económicos se rezagan, porque con harta frecuencia desertan de la educación tempranamente convirtiéndose en “carne de cañón” del hampa, y hoy de las pandillas del narcotráfico, como lo hicimos ver en el artículo anterior. En tercer lugar, estos estudiantes no pueden competir en los mercados laborales con los de las clases medias o altas, por lo que están condenados a repetir el círculo de pobreza y miseria extrema del que provienen.

Los datos están a la vista, como cualquiera lo puede observar en el estudio del Estado de la Educación, dirigido con idoneidad por la académica Isabel Román: El 83% de los educandos que pertenecen a las instituciones de educación primaria pública, no logra acceder a la malla curricular completa. En números absolutos se trata de la astronómica cifra de 373.500 menores que se ven por ello marginados en el proceso educativo. En Costa Rica, hay 17 cantones en los que, la totalidad de los estudiantes se ven privados de llevar el currículo completo. (Cfr. estadonacion.or.cr. Noveno Informe del Estado de la Educación, 2023. www.larepublica.net y www.nación.com).

Algo inexplicable: la directora del Estado de la Educación (EE); Isabel Román hizo una petición al MEP, que esta institución se dio “el lujo” de rechazar. Al MEP se le solicitó que compartiera los datos del resultado de las Pruebas Nacionales Estandarizadas aplicadas por este ministerio desde el 2023. Es la primera vez en 20 años que el ministerio de Educación se arroga la potestad de rechazar una petición del Estado de la Educación. Como lo señala la periodista Fernanda Matarrita, la directora del EE explicó que “La información que el MEP debe suministrarles se utilizará para hacer una investigación académica a partir de la cual se realizarán análisis y recomendaciones al Ministerio para mejorar las pruebas nacionales estandarizadas.” (Cfr. F. Matarrita. La Nación. 28.12.2024. p. 6). A todas luces se trata de una investigación que terminaría favoreciendo al propio MEP, como ocurre desde hace 20 años con las investigaciones de la EE para pruebas del MEP.

La Sala Constitucional declaró con lugar dos recursos de amparo solicitados por el Estado de la Educación, obligando por ende al MEP, a entregar los datos que le fueron solicitados. Por fin, se podrán analizar los “instrumentos de evaluación” con los que se están llevando a cabo las Pruebas Nacionales Estandarizadas.

Finalmente, a pesar de que la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto de la Educación Superior tal como lo solicitaron los rectores, valga decir, tomando en cuenta como también lo manda la Constitución, el aumento de los recursos del FEES ajustado a la inflación, el ministro de Hacienda Nogui Acosta se pronuncia ahora reservándose el derecho de girar tales recursos. Un nuevo Yerro, esta vez del ministro de Hacienda del gobierno de Rodrigo Chaves.

En la historia de la Costa Rica moderna, o sea desde 1949, no se tiene noticia de un gobierno que de manera alevosa haya intentado violar la Constitución, arremeter contra los otros poderes del Estado, contra la Contraloría General, e incumplir sus propias promesas, formuladas a la ciudadanía desde la campaña electoral. Juzguen ustedes sobre el estado de la política nacional.