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El 4 de septiembre del 2024 se llevó a cabo un webinario organizado por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), Colypro, y el Movimiento Mauro Fernandez, que contó con la participación de varias personas del sector educativo, y se abordó la problemática de desigualdad y el rumbo que está tomando la educación, además, se hicieron recomendaciones para mejorar este factor clave del desarrollo.

Compartimos las respuestas a preguntas y comentarios que se hicieron, información que aporta un valioso análisis del panorama educativo por parte de las panelistas participantes: Karla Salguero Moya, Eleonora Badilla Saxe, Yalile Chan Jimenez, y Silvia Chacón Ramírez.

1. ¿Qué pasa con el papel de las Juntas de Educación en este proceso?, ellos pueden apoyar y colaborar mucho para el éxito de estas iniciativas? 

Las Juntas Administrativas de Educación fueron creadas a finales del siglo XIX, para desempeñar un rol de vínculo entre la comunidad y los centros educativos, muy concretamente para dar un apoyo a las instituciones educativas, coordinando programas y gestionando bienes y servicios. Así lo hicieron durante mucho tiempo. Para el 2019 existían 4554 juntas educativas, muchas sin duda, sin embargo, en la actualidad, éstas han perdido su capacidad de ejecución, por diversas razones, algunas ya señaladas por la Contraloría General de la República: una gestión enmarcada en múltiples complejidades, las funciones han crecido y se han especializado, situación que escapa a las capacidades de las juntas; no se contextualizan las diferencias regionales, hay un gran volumen de recursos por manejar, hay debilidad en la fiscalización. En concreto la CGR, señala altos riesgos en la gobernanza y por eso recomienda la revisión del modelo de las juntas. Sabemos de esfuerzos realizados en este sentido desde hace varios años pero que no logran concretar esta urgente revisión. Si creemos que las Juntas de Educación y Administrativas juegan un rol muy importante, porque son las instancias más cercanas a los centros educativos que pueden dar solución necesidades en servicios y recursos, algo que no se puede lograr desde la centralidad del MEP. Pero si coincidimos con la Contraloría en que el modelo original ya no responde al contexto actual y por tanto hay que concretar su revisión de manera pronta. Si es importante agregar, que como toda instancia que gestiona recursos públicos, las Juntas deben regirse por la transparencia y la rendición de cuentas, ante las comunidades, familias, los concejos municipales. A su vez corresponde a estos actores, exigirle cuentas a la Juntas correspondientes. 

2. ¿Qué rol juegan los Colegios de Profesionales y Sindicatos del sector educativo, para poder incidir en una reforma pronta y una gobernanza que dignifique el conocimiento y talento humano? 

Las organizaciones sindicales siempre han jugado un rol fundamental en la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. Ante la coyuntura que enfrenta la educación en este momento, que puede ser definido como la peor crisis de los últimos 80 años, hemos visto cómo estas organizaciones han tenido una voz sensata y fundamentada, pero firme al reclamar una mejor calidad de la educación nacional. Esa es una voz imprescindible en apoyo a los cambios de estrategia y rumbo que requiere el sistema educativo nacional. Por su parte, los Colegios Profesionales pueden continuar ofreciendo espacios seguros para el intercambio de ideas; análisis de propuestas y las reflexiones necesarias para la puesta en práctica de acciones conducentes al mejoramiento de la educación y al bienestar de la población nacional. Pero también es necesario, que, de manera conjunta, esas agrupaciones construyan agendas conjuntas, como en este momento dan muestra, para identificar los temas prioritarios y coadyuvar en una gobernanza que fortalezca la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines.

3. ¿Qué independencia tiene el Consenso Superior de Educación (CSE) para realizar la gestión para la que fue creado dado que en este momento pareciera una dependencia del MEP?

Ampliando la respuesta que dimos durante el Webinario, manifestamos que el CSE tiene un mandato que deriva de la Constitución Política del país, lo cual debería darle de por sí, toda la independencia que requiere. Reiteramos que su conformación, vertical y endogámica, no le permite ser independiente por lo que se requiere una reforma constitucional que garantice que en su seno participen PARES (no representantes), provenientes de una amplia gama de ámbitos de la sociedad costarricense y planetaria, por cuanto la formación de las personas ciudadanas no es materia solo de un sector sino de una visión país. Además, esta reforma debe ser clara en establecer la independencia del CSE, pero también el carácter de transparencia y de rendición de cuentas oportunas, en su gestión.

4. Se podría pensar en un enfoque de inversión y no de gasto. La regla fiscal aplica a los gastos, pero no a la inversión…

Totalmente de acuerdo. Y no solamente en relación con la regla fiscal. La educación es la mejor inversión de los países en pro del progreso y el bienestar. Y por ello es esencial colocarla como una Política de Estado, cuya inversión debe ser prioritaria, integral y visionaria a largo plazo.

5. Y hay una brecha enorme dentro de los mismos centros del sistema público. GAM-costa o GAM-escuelas rurales por ejemplo.

Efectivamente, no solamente hay brechas entre los sectores público y privado, sino también entre los públicos, situación que se evidencia dramáticamente en las distintas regiones. Algunas acciones podrían ayudar impactar positivamente estas brechas: 

• Un cambio en la Gobernanza, que permitiría al menos tener claridad en el nudo gordiano que no deja avanzar los procesos. • Mayor transparencia en la información sobre la situación de los centros educativos. Sin información, la planificación y la toma de decisiones es difícil.
• Una contratación por idoneidad que permita a docentes con excelente formación trabajar (en condiciones dignas, eso sí) en centros educativos de zonas rurales para garantizar el nivel educativo. 
• Revisar la multiplicidad de modalidades en la oferta para primera infancia, primaria, secundaria para jóvenes y adultos que adicionalmente presentan una gran diversidad en la calidad de los servicios y condiciones de infraestructura.
• Fundamental, abrir el debate en materia de cobertura, dado que el incremento en centros educativos y la disminución del presupuesto pone en condiciones de iniquidad a los centros educativos.