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Etiqueta: El Salvador

Si me olvidas ellos ganan

Hace exactamente 42 años, el 24 de febrero de 1980, fueron detenidos, desaparecidos, torturados y luego asesinados los jóvenes Roberto Castellanos Braña, de 29 años y Annette Mathiessen, de apenas 22 años.

Múltiples testigos vieron cómo varios miembros de la Policía Nacional de El Salvador arrestaron primero a Roberto frente a su casa y poco después volvieron para llevarse a Annette. Sus cuerpos aparecieron el 8 de marzo de 1980 en un tiradero de basura a las afueras de San Salvador.

Los cuerpos de Roberto y Annette fueron velados en la Universidad de El Salvador, junto a 17 jóvenes más cuyos cadáveres aparecieron en las calles salvadoreñas aquel día. El crimen ocurrió apenas un mes antes del asesinato de Monseñor Romero, quien ofició la misa de funeral de los dos jóvenes.

Roberto era de origen cuscatleco. Un joven apasionado y sensible, de pensamiento agudo, alto de estatura e inconfundible por su apariencia física. Miembro de una familia comprometida con las luchas de su pueblo, se vio obligado a migrar siendo muy joven debido a la persecución de la dictadura militar salvadoreña y vivió muchos años en Costa Rica. Egresado de la Universidad de Costa Rica, fue también militante de la Juventud Vanguardista Costarricense y profesor en la Universidad Nacional. 

En un viaje a la Unión Soviética conoció a Annette, allá se enamoraron, posteriormente se casaron, ella se vino a Costa Rica para vivir con él. A finales de 1979 la pareja decidió regresar a El Salvador y a su llegada se dedicaron ambos a colaborar decididamente con la lucha del pueblo salvadoreño desde la trinchera intelectual. 

Un joven de casi metro noventa, con un afro y anteojos a lo John Lennon y una joven también alta, igual de combativa y además rubia, no pasaron desapercibidos para los cuerpos represivos de la dictadura. A los pocos meses fueron señalados como elementos a eliminar. Roberto y Annette corrieron la misma suerte que otros miles de jóvenes salvadoreños de aquella terrible época.

El gobierno salvadoreño no solo no llevó nunca a ningún perpetrador ante los tribunales, ni colaboró en el esclarecimiento del crimen, sino que desde el primer momento negó su responsabilidad a pesar de los testimonios de los vecinos que vieron cómo Roberto y Annette fueron detenidos y llevados con vida por miembros de la Policía Nacional.

Han transcurrido ya 42 años. Una vida. Este 24 de febrero esta pareja tendría alrededor de 70 años: ¿de qué magnitud es el crimen cometido por sus asesinos?
Ni perdón ni olvido. Hoy se recuerda con profunda admiración y respeto. Y se pronuncian sus nombres:
¡Compañero Roberto Castellanos Braña!
¡Compañera Annette Mathiessen!
¡Presentes!

Luces, Cámara…¡Bukele!

Sol Acuña

En la víspera del 10 de diciembre, un mensaje se difundió. Alertaba de la visita del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, a la plaza central de El Mozote. La misma plaza donde el 11 de diciembre de 1981, en plena guerra civil, el Batallón Atlácal del ejército salvadoreño pronunció frases como éstas: “¡Mayor! Aquí hay uno que dice que no quiere matar niños”, “¿Quién es el hijo de puta que dice eso?”. Asesinaron a 558 pequeños, utilizaron la violación a mujeres y niñas como arma de guerra y los varones fueron torturados y aniquilados. ‘Tierra arrasada’ se llamaba la técnica. Y eso hicieron. No quedó nada. Fueron cerca de mil personas en tres días en varios cantones de la zona.

El crimen permanece impune a día de hoy y la coincidencia de la visita del presidente con el aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, era una sorpresa que rompía con las agendas comunitarias. “Va a dar a conocer y a lanzar oficialmente una serie de proyectos para nuestra comunidad”, decía el mensaje que circulaba. Bukele decidió visitar la zona un día antes del aniversario oficial en el Mozote, una fecha delicada, y para la cual ya existía un calendario preparado por los vecinos y las víctimas.

Ayer, viernes 10 de diciembre, daban inicio en La Joya las conmemoraciones de los 40 años de esa fatídica fecha. Pero de estas no se habló, ni se hablará; fueron eclipsadas por la puesta en escena. Delante de la iglesia donde asesinaron a los niños, había montadas tres tarimas, un podio, una pantalla, un reflector de luz y cerca de 250 sillas. La cita era a las tres, pero el mandatario llegó en uno de los helicópteros que sobrevolaron la zona pasadas las cinco. El público aplaudió. Una señora daba saltitos de emoción en su silla. Algunos esperaban desde las dos, pero muchos se habían quedado en sus casas. “Falta mucha gente del pueblo, muchos de los que hay aquí son de fuera”, confirmaron otras dos señoras del público. La plaza estaba dividida en dos mitades: una de ellas al servicio del evento de Bukele, la otra eran residentes de la zona o cercanos. Varias víctimas de la masacre que conocí el día anterior no acudieron, Bukele había transformado una fecha de todos, en una fecha únicamente suya. 

El presidente prometió becas de estudio, edificios turísticos y una inversión “inicial” de 32,4 millones de dólares para la zona. En primera persona del plural habló de todas las ofrendas que le iba a dar a la comunidad, como computadoras para los niños: “Eso sí, no las pueden vender”, bromeaba. Su listado de beneficios incluyó una plaza gastronómica de 1,4 millones de dólares; un centro de atención geriátrica de 600.000; un club de la cuarta edad; un anfiteatro de 750.000 dólares… El discurso estuvo maridado con maquetas virtuales proyectadas en la pantalla donde desfilaron modernísimos diseños que recordaban más a suburbios de Estados Unidos que a la modesta arquitectura del norte de Morazán (incluída la de remesas).

El Comandante de las Fuerzas Armadas habló de justicia y reparaciones, pero en ningún caso se refirió a la desclasificación de archivos militares, imprescindibles para la investigación y condena de los autores intelectuales y materiales de la masacre. «Hace poco atacaron un decreto de la Asamblea Legislativa porque dicen de que ataco al juez del Mozote, y yo pienso: ¿No hubo Asamblea Legislativa, sistema judicial, Corte Suprema de Justicia durante 40 años? ¿No fue suficiente tiempo para probar si iban a hacer justicia o no?», dijo echando el muerto pal lado. 

Los diez minutos y pico de discurso fueron acuerpados con drones, camarógrafos, comunicadores, policías y una quincena de fotógrafos. Uno de ellos daba instrucciones a una niña de no más de cinco años, para que posara junto a los nombres de los menores asesinados que están inscritos en la iglesia. Incluso hubo un locutor ubicado en la tarima de atrás, que leyó un guión para adornar la entrada y salida del presidente. Todo estaba ensayado. El locutor indicaba cuándo había que ponerse de pie, pero no todos seguían la consigna. “Esto es para desestabilizar la conmemoración organizada por nosotros”, comentó un miembro de la Asociación Por los Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM).

Las entradas y salidas al pueblo estaban controladas por militares armados quienes también daban vueltas por sus calles. Además, había policías, así como obreros del Ministerio de Obras Públicas y Transporte que se pasaron el día desmantelando la Casa Comunal que el día anterior estaba de una pieza, para que el autodenominado CEO de El Salvador fuera a ‘inaugurarla’ una vez hubo terminado su discurso. Para la foto le quitaron hasta el techo y colocaron dos tractores, uno a cada lado, con un obrero rechoncho bien acomodado en el asiento del que se encontraba iluminado por un foco colocado estratégicamente. Las selfies, sonrisas, abrazos, y promesas fueron alumbradas por esa misma luz, mientras el presidente se montaba de vuelta en su carro oficial, una vez cortada la cinta. Tras el deja-vú político, los técnicos se apresuraron para desmontar todo el atrezzo, los fotógrafos siguieron en sus menesteres y los primeros tuits de Casa Presidencial empezaron a publicarse.

Probablemente el evento de la comunidad no goce de tanto lujo sino más bien de recuerdos dolorosos, algunos maquillados por una ilusión creada ayer por los proyectos anunciados. Tras 40 años de la peor masacre de América Latina, el fin de la lucha para los familiares de las víctimas y los defensores de los derechos humanos no vislumbra todavía la luz del rostro vendado de la justicia, sino la foto de perfil de Twitter de Nayib Bukele y su inversión “inicial” de 32,4 millones de dólares.

 

Fuente: https://laultramarinablog.wordpress.com/

Corte IDH condena a El Salvador por el Caso Manuela

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que se dio por probado que la mujer sufrió una emergencia obstétrica y que fue injustamente criminalizada y condenada por el contexto asociado a la total prohibición del aborto en El Salvador.

La sentencia del caso Manuela y familiares vs. El Salvador en la que ha condenado al Estado salvadoreño por la criminalización arbitraria de una mujer por intentar acceder a servicios de salud reproductiva cuando enfrentó una emergencia obstétrica.  

Según el comunicado, ver archivo adjunto en esta nota, Manuela fue una mujer que perdió su embarazo en condiciones precarias a causa de graves quebrantos de salud no diagnosticados por el Estado en 2008. Fue indebidamente denunciada por el personal médico que la atendió durante la emergencia, y fue detenida arbitrariamente. Fue juzgada sin una defensa judicial efectiva. Por cuenta de ello fue injustamente condenada a 30 años de prisión luego de enfrentar un proceso penal con profundas irregularidades. Se le negó atención médica para enfrentar un cáncer mientras se encontraba privada de libertad, y murió en 2010 cumpliendo su condena en custodia del Estado y dejando huérfanos a sus dos hijos. 

La Corte IDH dio por probado que Manuela sufrió una emergencia obstétrica: «En el presente caso, no cabe duda que Manuela sufrió una emergencia obstétrica causada por la preeclampsia. La Corte resalta que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden dar lugar automáticamente a una sanción penal”.

La Corte IDH ordenó a El Salvador regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, tomar las medidas necesarias para garantizar la atención integral en casos de emergencias obstétricas y desarrollar un protocolo que garantice la atención de esos casos, entre otras.

Protestas y acciones colectivas en El Salvador: nuevos significados

El próximo viernes 12 de noviembre del 2021 a las 5:00 p.m, el bloque de presentaciones programadas por la Cátedra de Centroamérica desarrollará el tema: “Protestas y acciones colectivas en El Salvador: nuevos significados”. Se contará con la participación de: 

  • Jeannette Aguilar, investigadora independiente en ternas de seguridad y violencia. 
  • Nelson Rauda, periodista de El Faro y miembro de la Asociación de Periodistas de El Salvador. 

Modera:

  • Mario Zúñiga Miembro de la Cátedra Centroamérica

La transmisión se realizará vía Facebook Live: Cátedra Centroamérica (UCR). 

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Nueva edición del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras

SURCOS comparte la siguiente información:

Ya se encuentra en línea una nueva edición del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción que se realiza en conjunto con los aportes de la Red de Corresponsales en la región.

Ya se encuentran disponibles los titulares de esta semana:

– En El Salvador: Cobertura del 28 de septiembre -Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro-.

– En Costa Rica: Reivindicaciones por el aborto legal toman las redes sociales en el marco del 28S.

– En Guatemala: Autoridades Maya Ixil presencian audiencia de entrega de prueba.

– En Nicaragua: Arrancó la campaña electoral en un ambiente sin precedentes.

Puede disfrutar de la producción siguiendo el link:

https://www.vocesnuestras.org/proyecto/informativo-voces-nuestras/informativo-mesoamericano-voces-nuestras-702

Atentado de La Penca: ni perdón ni olvido

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

El próximo 30 de mayo se cumplirán 37 años del horroso crimen de La Penca, perpetrado con la finalidad de asesinar a Edén Pastora, en el marco de la lucha interna en Nicaragua entre la contra y el régimen sandinista. Tras dicho atentado que pretendía materializarse en una conferencia de prensa a orillas del rio San Juan, el Comandante Cero resultó severamente herido y se perdieron 7 vidas y hubo 22 heridos más, tras el estallido de una bomba, que aún hoy se desconoce quien la puso. Entre los fallecidos, valerosos trabajadores de la presa, cito a Lynda Frazier (del Tico Times), Jorge Quirós, Evelio Sequeira, Carlos Vargas Genè y Roberto Cruz (murió tiempo después por las secuelas). Entre los periodistas gravemente heridos y que hoy nos sobreviven Nelson Murillo, José Rodolfo Ibarra, Edgar Fonseca y don Gilberto Lopes.

Esa página negra en la historia patria dará origen a través de un decreto ejecutivo de 2010, a la creación del Día del Periodista.

Tras casi 4 décadas, no hay acusados y la justicia nacional e internacional le ha fallado al país y a las familias de fallecidos y sobrevivientes.

Esta fecha no puede pasar desapercibida. Constituye una gran afrenta a nuestra democracia, pues conforme pasa el tiempo se llegan a conocer mayores detalles y se pone en evidencia la complicidad de autoridades nacionales y de cuerpos de seguridad para que se perpetrara dicho atentado, ejecutado en territorio nicaragüense pero orquestado desde Costa Rica donde “otros movieron los hilos”.

Presumo que más de la mitad de quienes leerán esta nota, aún no habían nacido en ese momento. Y es que nos corresponde desmitificar que durante toda nuestra historia hemos sido un remanso de paz, de dicha y felicidad. Y que como los ticos hemos sido vistos tan buena gente y como mansos corderos, pareciera que fuerzas divinas nos han visto con sumo agrado y eso nos ha permitido vivir en medio de la virtud y de la abundancia. Nada más alejado de la realidad. Costarricenses hasta no hace mucho el país y Centroamérica entera, estuvo envuelta en graves y profundos conflictos donde la sangre inocente de miles de hermanos, fue derramada en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Toda esto ocurrió a muy pocos kilómetros de nuestras fronteras. El genocidio en Guatemala donde el general Ríos Montt masacró y provocó la muerte de miles y miles de indígenas. Guerra civil en El Salvador por los combates y enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla; entre las víctimas encontramos religiosas asesinadas por los fusiles del ejército y su temible batallón Atlacatl, la invasión al campus de la Universidad Centroamericana y el cobarde asesinato de Ignacio Ellacuría, así como de otros padres jesuitas y el martirio de monseñor Romero, hoy merecidamente canonizado por la iglesia.

Por eso resulta dolorosa la tozudez de autoridades educativas por bajarle el perfil a asignaturas tan importantes como lo son Estudios Sociales y Educación Cívica. Importantes contenidos en los programas de estudio de esas asignaturas en secundaria han estado asociados lógica y naturalmente al estudio de la historia; historia patria e historia de Centroamérica, así como la consolidación de nuestras instituciones democráticas y valores fundamentales como el derecho a la vida y a la libertad de la prensa, debidamente consagrados en nuestra Constitución Política.

De ninguna mara podemos ir a la celebración de un cacareado Bicentenario con una visión parcial de la historia patria. Lo he dicho en otros momentos, se equivocan las autoridades educativas una y otra vez en que pruebas FARO y pruebas ISA no incluyan Estudios Sociales y Educacion Cívica, o será más bien que deliberadamente se quiere que se olvide todo esto y se profundice el mito fundante de que los ticos nunca hemos sufrido conflictos, guerras o violencia alguna. Por ejemplo, ignorar que muchas de las conquistas sociales que hoy disfrutamos fueron concesiones gratuitas de las clases dominantes y que no costaron vidas ni sangre ni lágrimas de otro costarricense que nos ha heredado esta patria. O que luchar por la libertad, la justicia y que la prensa realmente esté al servicio de la verdad ha costado hasta la vida y salud de valientes costarricenses.

Tras los horrores de la década de los ochenta vinieron los acuerdos de paz suscritos en Esquipulas y Chapultepec. Legaba la paz sobre todo a Guatemala y El Salvador. Pero hoy con estupor y dolor miramos las desgarradoras imágenes de caravanas de centroamericanos migrando hacia el norte en busca de una mayor calidad de vida, que su propio país no fue capaz de brindarles. A lo mejor llegó la paz a Centroamérica pero no así se detuvo la desigualdad y el agresivo proceso de acumulación de riqueza, hoy acelerado por la codicia y los efectos de la pandemia.

Por eso hoy debemos hacer un alto en el camino y honrar merecidamente a quienes perdieron su vida aquel 30 de mayo y a quienes resultaron seriamente heridos. No contribuyamos, con nuestra indiferencia a echar una palada más para que convenientemente se olvide tan macabro hecho. No lo merecen las familias de quienes perdieron su vida ni tampoco quienes aún hoy conviven con nosotros: Edgar Fonseca, Rodolfo Ibarra, Nelson Murillo y Gilberto Lopes. Para ustedes, grandes costarricenses y buenos periodistas, nuestra admiración y respeto imperecederos. Sigan haciendo periodismo grande, bueno, del que marca diferencia. Costa Rica los necesita.

27-V-21

“David responde el regaño de Goliat”

Por Marlin Oscar Ávila

El gobierno de El Salvador ha estado ocupando las primeras planas de la prensa internacional en las últimas semanas, más que todo porque el gobierno socio, de los Estados Unidos, entró en contradicciones con su presidente Nayib Armando Bukele, quien el 1ro de junio cumple dos años de mandato y el 24 del siguiente mes sus cuarenta años de edad. La experiencia relevante en la administración política la inicia como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012, por el partido de izquierda FMLN, cuando tenía 31 años y luego se vuelve a elegir alcalde, pero esta vez de la ciudad capital San Salvador en el 2015, es decir cuenta con apenas nueve años de experiencia directa en administración pública.[1]

Las críticas del gobierno de Joe Biden (Joseph Robinette Biden Jr.), tienen como eje la concentración de poder logrado por Bukele, a partir de haber iniciado su gobierno. Joe Biden cumplirá 79 años de edad el 20 de noviembre; lleva en su portafolio una larga experiencia política iniciada desde que fue elegido al consejo del condado de New Castle en 1970. Fue elegido como uno de los senadores más jóvenes en 1972, donde fue reelegido por 6 veces. Luego incursionó en la política bélica internacional de su país y desempeñó muchos cargos públicos, hasta llegar a la vicepresidencia con el gobierno de Obama.[2] Desde el 20 de enero, ocupa la primera magistratura del gobierno imperial de los Estados Unidos de América. Es decir, las diferencias personales entre los dos gobernantes, parecen ser abismales. Mientras Biden cuenta con 51 años de práctica en política, Bukele cuenta con nueve.

En cuanto a los dos países, son diametralmente diferentes en su historia, cultura y extensión territorial, sin mencionar capital, población y capacidad militar. Mientras los EUA tiene un territorio de 9.834 millones km², el Salvador tiene 21,041 km²; mientras que El Salvador cuenta con poco más de 6 millones (2019) de habitantes, los EUA tiene 331,42 millones de habitantes, lo que significa que El Salvador tiene 0.018% habitantes de lo que tiene EUA; mientras EUA tiene un PIB de 20.936.600M.$, El Salvador apenas cuenta con PIB de 27 mil millones de dólares.[3], es decir, un 0,0013% de los EUA. Si vamos a las relaciones políticas entre ambos países, EUA ha sido dominantemente quien ha dictado las pautas a seguir a El Salvador (como a otra veintena de países), desde su independencia en 1821, aun en el período de la guerra civil salvadoreña, que sufrió El Salvador entre 1979 y 1992, con un costo de 75 mil vidas, la influencia de los EUA fue determinante[4] quien desde sus bases en Honduras envió su fuerza aérea a bombardear la ciudad capital salvadoreña, lo que podría repetirse.

Este año, la escalada de tensiones entre ambos gobiernos se ha venido acelerando desde que el Congreso salvadoreño cambiara a los miembros de la Corte de Justicia Constitucional y al Fiscal General, aunque se sabe que a Washington no le gusta que se le contradiga y menos que “le jueguen con pelota adelantada”. El presidente Bukele inició su gobierno en agradables relaciones con Trump, quien estaba concluyendo su período. Como pese a que Trump ganó por votos las elecciones, no logró quedarse en la Casa Blanca, por lo que entraron los Demócratas a gobernar con Joe Biden. Inmediatamente Bukele buscó el agrado de éstos, pero no lo recibieron sin agenda formal. Luego llegó el enviado especial de Washington a tocarle la puerta, Ricardo Zúñiga, sin embargo, Bukele les devolvió la vergüenza, al no recibirlo. A inicios de mayo, la nueva Asamblea Legislativa se reunió por primera vez, donde decidió cambiar los miembros de la Corte Constitucional y al Fiscal General[5] El 3 de ese mes, Bukele reunió al cuerpo diplomático para explicarles que ese paso no solamente su gobierno lo había dado pero otros gobiernos denominados demócratas lo han hecho, por lo que la crítica, de estar destruyendo la separación de poderes no cabía en su opinión. Y así se ha ido tensando la relación con Washington.

Lo que sí parece colocar más agua a las nubes es cuando, a raíz de la primera medida de EUA, de trasladar el financiamiento de instituciones gubernamentales de USAID a organizaciones de sociedad civil (OSC), Bukele aceptara públicamente la oferta de China de 500 millones de dólares sin reembolso, para proyectos de desarrollo salvadoreño.[6] Pero, la probable caída de la nube, con presagio de tormenta, es cuando se confirme la anunciada visita oficial de los homólogos de Bukele, de China y Rusia a San Salvador el próximo mes de junio.[7]

Todos sabemos de lo que es y ha sido capaz el departamento de Estado de los EUA, cuando una de sus “colonias” se le subleva. No solamente tenemos los casos de Guatemala en la década de los 50s, de Chile en 1973, Panamá, 1989, Nicaragua (la contra de los 80s), Honduras en 2009, Bolivia en 2019, y su larga lucha por derrocar el gobierno de Venezuela, sin dejar de lado que ahora mismo hay revueltas sociales en Colombia, Ecuador, Brasil y donde la ciudadanía toma fuerza en contra de gobiernos apoyados por el Departamento de Estado estadounidense.

Es fácil sospechar que ese financiamiento que ira a las OSC de El Salvador, sea para levantar una plataforma de oposición más amplia contra el gobierno de Bukele y su partido “Nuevas Ideas”. Lo que no sabemos es, hasta adonde los gobiernos de China y Rusia querrían llegar en El Salvador. Acordémonos que los gobiernos de Nicolás Maduro y Nayib Bukele han roto sus relaciones porque el segundo sacó al cuerpo diplomático venezolano, desde un inicio de su mandato.[8] Eso le creó distanciamiento con los demás gobiernos progresistas del continente. Sumemos a esto, sus críticas en comunicaciones sobre la organización de las Naciones Unidas durante su primera comparecencia a su Asamblea.

¿Podrá vencer el “David” joven frente al “Goliat” gigante y anciano? Ningún lector lo creerá. Lo que sí es seguro es que seguiremos viendo correr sangre latina, además de la sangre de jóvenes que han estado bañando los suelos de Colombia, gracias al poder detrás del gobierno colombiano, el de “Goliat”.

23 de mayo de 2021

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele#:~:text=Nayib%20Armando%20Bukele%20Ortez%20(San,cargo%20a%20Salvador%20S%C3%A1nchez%20Cer%C3%A9n.

[2] Biden fue miembro principal y posteriormente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991, pero apoyó la expansión de la alianza de la OTAN en Europa del Este y su intervención en las Guerras Yugoslavas de la década de 1990. Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak en 2002, pero se opuso al aumento de tropas estadounidenses en 2007. También se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado de 1987 a 1995, ocupándose de temas relacionados con la política de drogas, la prevención del delito y las libertades civiles. Biden lideró los esfuerzos para aprobar la Ley sobre Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley y la Ley de Violencia contra las Mujeres, y supervisó las polémicas nominaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Robert Bork y Clarence Thomas. https://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_El_Salvador

[4] https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Como-influyo-la-intervencion-estadounidense-en-la-guerra-civil-de-El-Salvador–20190813-0424.html

[5] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56974280

[6] https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/19/el-salvador-estrecha-lazos-con-china-mientras-se-tensa-la-relacion-con-ee-uu/

[7] https://www.radiohrn.hn/presidentes-de-rusia-y-china-visitaran-a-el-salvador

[8] https://www.youtube.com/watch?v=FCAD7L5hEQc

“Estamos limpiando nuestra casa”

Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex magistrado y profesor catedrático UCR.

Estas han sido las palabras con las que el presidente Bukele, de El Salvador, ha justificado ante las miradas internacionales, el acto legislativo por el que se destituyó a los integrantes de la Sala Constitucional y al fiscal general de ese país.

Perdón, pero la República no es propiedad privada de nadie, ni puede barrerse, de un plumazo, a la oposición, o acabar arbitrariamente con los controles constitucionalmente previstos. El régimen republicano es más bien comparable con un complejo y delicado edificio de equilibrios, donde deben convivir, democráticamente, diversos sectores, grupos de interés, clases sociales, leyes para todos, y por supuesto, instituciones públicas también al servicio de las personas en general.

Sin duda Bukele pontifica desde la falacia de creer que, por ser más numéricamente hablando, por controlar en este momento al Parlamento y por haberse ganado el apoyo de la mayoría electoral, necesariamente tiene siempre razón en todo lo que se le ocurra, y puede imponerse ignorando procedimientos legales y controles institucionales.

Pues tampoco. Lo que ha hecho este presidente salvadoreño es un mero acto de fuerza y, como suele ocurrir, sea cual sea el signo ideológico de un gobernante, las primeras víctimas a cobrar son las magistraturas independientes, llámense jueces o fiscales. Nada tiene que ver que la Constitución prevea la posibilidad de destituir a estas autoridades, eso está previsto en casi todas, lo importante es saber si hay razones legítimas para hacerlo o si se han seguido los procedimientos legales obligatorios. Nada de eso ha ocurrido en el caso que examinamos.

Desde la filosofía política contemporánea está más que consolidada la tesis de que el Poder Judicial es un contra-poder. Su misión fundamental es precisamente de control y, en el contexto de los conflictos entre particulares, interviene para corregir el desbalance a favor de la parte más débil y así, hacer justicia. En el ámbito de los conflictos inter-institucionales, el judicial, y de manera especialmente relevante, los tribunales constitucionales, existen para equilibrar los abusos de un Poder Legislativo que emite leyes o acuerdos contrarios a la Constitución, o bien, corregir o anular las acciones de un Poder Ejecutivo arbitrario o desmadrado. El poder judicial, como función política, en manos de todos los jueces y las juezas de la República, existe para tutelar los derechos de todos, pero de manera especial de aquellos y aquellas que estén en minoría o en posición más vulnerable. Por supuesto que también, cuando se justifica, hay controles políticos, disciplinarios y hasta sociales sobre la judicatura, que pueden operar cuando sea pertinente. Eso es democracia. Eso es Estado de Derecho.

Lo más lamentable es que el fenómeno “Bukele”, hermano del fenómeno “Trump”, es una tendencia claramente universal. Están apareciendo por todas partes en el mundo y, para ponernos al día, no hay vacuna contra esta variedad de peste política.

Este tsunami autoritario surge de manera directa del desencanto respecto de regímenes democráticos que no logran resolver las necesidades básicas de sus pueblos, ni darles niveles mínimos de dignidad. Es también hijo de unos partidos políticos tradicionales desgastados por las promesas incumplidas y empantanados, con frecuencia, en el lodo de la corrupción. Ese es el caldo de cultivo para todos los” bukeles” que en el mundo han sido, y Costa Rica no está a salvo de esta oleada.

Cuando ya en 2012 se quiso sacar de la Corte Suprema a un magistrado íntegro porque a las mayorías parlamentarias no les gustaba; cuando en los procesos de escogencia de nuevas vacantes se desplaza a todo el que parezca demasiado bien calificado o “peligrosamente” independiente; cuando vemos a la Contraloría General de la República yendo más allá de sus competencias y sumándose a las tesis de partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa;  y cuando vemos a un Defensoría de los Habitantes haciendo el peor papel de su vida institucional por estar en manos de personas confiables e incondicionales para esas mismas mayorías;  nos damos triste cuenta de que la democracia más longeva de la región, esta querida Costa Rica, también puede caer en manos de un demagogo fundamentalista que jure llevarnos a la nueva tierra prometida.

 

Artículo publicado en la columna Gato o Liebre del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por el autor.

Justicia para la dignidad: del no puedo respirar… al déjennos pasar

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Las imágenes se repiten una y otra vez. En el mundo de la espectacularidad y el testimonio inmediato es prioritario primero atestiguar y luego alzar la voz para denunciar. Al menos así hemos sido programados.
En el caso de George Floyd, su asesinato a manos del ex agente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin fue viralizado y visto por millones de personas en el planeta a través de las redes sociales.
La voz quebrada de Floyd implorando su falta de aire, en una paradoja moderna al encontrarnos en medio de una crisis sanitaria global que ataca las vías respiratorias, no deja de simbolizar los millones de personas en todo el planeta oprimidas por un sistema económico y político avasallante e inhumano.
El fallecimiento de Floyd levantó movimientos de protesta que alcanzaron connotaciones globales internacionales. Bajo el lema “Las vidas de las personas negras importan” millones de personas mostraron su indignación y el enojo alcanzó otras esferas más allá de las civiles.
Las industrias culturales del deporte y del entretenimiento del norte global, por ejemplo, amplificaron las manifestaciones que en todo Estados Unidos ocurrieron, sin importar el llamado a quedarse en casa en medio de la pandemia que aún no acaba. Todavía hoy, ligas de fútbol importantes como la inglesa reproducen el acto simbólico de arrodillarse antes de los juegos, como símbolo para recordar que la violencia racial permanece como lastre colonial en todo el planeta.
Resulta comprensible esa no escucha del llamado al cuido en la salud, cuando el racismo como sistema ha quebrado las bases de la convivencia social en prácticamente todos los países del mundo. Su desarrollo es consustancial al sistema capitalista y de dominación imperante y cuando estalla la ira, asume formas masivas como las que vimos durante los movimientos de protesta el año anterior.
Chauvin ha sido declarado culpable de tres cargos: asesinato en segundo grado (la pena consiste en hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado (cuya condena máxima es de 25 años) y homicidio en segundo grado (hasta 10 años de privación de libertad) (BBC News). Un juez determinará pronto el alcance de su condena. Sin embargo, esta acción penal no restituirá la vida de Floyd ni acabará con el sistema racista alrededor del mundo.
Hace unas cuantas semanas, en una acción de fuerza y brutalidad policial también atestiguada por el ojo de un teléfono celular, Victoria Salazar, migrante salvadoreña con visa humanitaria, fue asesinada por cuatro agentes de la ciudad de Tulum (Quintana Roo), en México.
Pese a que la acción desencadenó una ola de protestas en aquel país, El Salvador y otras ciudades y que fue comparada con la muerte de George Floyd, la amplificación de esta tragedia no ha tenido el mismo efecto ni comunicacional ni simbólico.
Las explicaciones pueden ser muchas. Pero quizá la que pareciera tener mayor peso es la que considera que los migrantes no le importan al sistema global y en consecuencia las industrias que administran las migraciones desechan a partir de un aparataje securitario de exterminio, esas otras corporalidades.
Así como el racismo se adhiere en la piel, el odio contra las personas migrantes percute las acciones de administración migratoria, las percepciones sociales y su rechazo. Hemos dicho en otras reflexiones que la pandemia activó los miedos contra esas corporalidades extranjeras como la de Victoria y por eso el ensañamiento físico y simbólico.
Esperemos que la acción de la justicia que ya tuvo su respuesta para los familiares de George Floyd, lo haga también en el caso de la mujer salvadoreña cruelmente asesinada. También es permitido tener este tipo de esperanzas.

Caso Manuela vrs El Salvador: Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos

SURCOS comparte el siguiente comunicado de Centro de Derechos Reproductivos, Colectiva Feminista para el desarrollo local, Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto El Salvador:

Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos

Marzo 9 de 2021 – El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, presentarán sus argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuela y familiares contra El Salvador. La Corte tiene por primera vez la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva se convierte en discriminación y violencia contra las mujeres que sufren emergencias obstétricas.

Manuela fue una salvadoreña de escasos recursos que vivía en una zona rural, su estado de salud venía decayendo debido a un cáncer linfático y, sin que le hubieran dado un diagnóstico acertado, tuvo su tercer embarazo. Un día de 2008 se dirigió a evacuar a la letrina que se encontraba a unos metros de su casa porque empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal. Manuela sabía de su embarazo, pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó un feto y se desmayó, se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud. Fue llevada al hospital, pero a pesar de su grave estado, el personal médico la denunció por el supuesto delito de aborto pues creyeron que ella estaba escondiendo una supuesta “infidelidad”. La Policía la engrilletó a la camilla y la interrogó sin la presencia de un abogado.

Manuela fue indebidamente condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado luego de graves irregularidades en el injusto proceso penal que enfrentó. Murió en 2010, privada de la libertad y dejando huérfanos a dos hijos, porque el Estado no le brindó diagnóstico ni tratamiento apropiado para un cáncer linfático que se le desarrolló y que fue una de las causas de la emergencia obstétrica que tuvo, esto sin contar otras afecciones que pudieron aquejarla pero que debido a la falta de atención no fueron identificadas.

“Recuerdo a mi mamá, ella nos aconsejaba y nunca nos dejó andar solos. Es doloroso crecer sin madre porque ese amor es inigualable. Le pido al Estado que no hagan estas cosas porque nos dejaron abandonados sin una mamá”, dijo Santos de Jesús, hijo mayor de Manuela.

Este litigio empezó en 2012 cuando el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2019 la Comisión decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerando que el Estado salvadoreño había violado varios derechos humanos de Manuela, entre ellos, el derecho a la vida, la salud, a las protecciones y garantías judiciales, a estar libre de discriminación y violencia de género.

“La historia de Manuela es una historia triste que está cambiando y se convierte en un camino de justicia y esperanza para todas las mujeres que en América Latina y el Caribe son criminalizadas por eventos obstétricos”, dijo Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

«El Centro sigue utilizando el poder del litigio para que niñas y mujeres puedan tener las garantías necesarias para gozar de sus derechos humanos al más alto nivel posible”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora general del Centro de Derechos Reproductivos. «Lamentablemente lo que le pasó a Manuela sucede en muchas partes del mundo y por esa razón acudimos a la Corte IDH, para que se reconozcan estándares internacionales que acaben con ese tipo de persecución a mujeres inocentes en toda América Latina y sea un referente para el mundo”, agregó.

“Manuela fue víctima de un Estado que no protege la vida y la salud de mujeres, que las discrimina y criminaliza, entre otras, por tener complicaciones naturales del embarazo y que no brinda garantías para resguardar secreto profesional del personal médico”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. “Queremos que El Salvador asuma una responsabilidad internacional que ha evadido desde hace años a pesar de que en reiteradas oportunidades múltiples organismos de derechos humanos le han pedido que revise la legislación que causa esta injusta criminalización de mujeres”, agregó Martínez.

“Estamos acompañando a la familia de Manuela en esta búsqueda de justicia y reparación, la ausencia de Manuela es dolorosa, porque enfrentó violaciones múltiples a sus derechos, el Estado les falló, a sus familiares y a Manuela. Es por eso que este proceso ante la Corte IDH posibilita construir esperanza de transformación, para que esté horror no vuelva a ocurrir, para que el estigma y discriminación puedan erradicarse, para que la familia de Manuela pueda sanar la dolorosa e injusta pérdida de su hija y madre. Expresó Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista pidieron a la Corte IDH que emita una decisión para que el Estado salvadoreño reconozca su responsabilidad en un acto público; repare a la familia de Manuela por el sufrimiento causado garantizándoles acceso a educación, seguridad social, tratamientos de rehabilitación de salud mental y física, y les provea los medios suficientes para reestablecer sus proyectos de vida.

Las organizaciones también esperan que la sentencia de la Corte le pida específicamente a El Salvador que tome medidas para que el caso de Manuela no se repita estableciendo políticas públicas estructurales que deben incluir: una urgente revisión de las condenas de mujeres criminalizadas penalmente por emergencias obstétricas; medidas legislativas para regular de forma adecuada el Código de Salud con el objetivo de que el tratamiento de emergencias obstétricas no origine responsabilidad penal; campañas informativas y capacitaciones a funcionarios estatales; fortalecimiento de la Defensa pública y, entre otras, reformas de las deficiencias del sistema penal y penitenciario.

En materia de estándares de derechos humanos las organizaciones representantes del caso esperan que el tribunal reconozca que:

  • La penalización absoluta del aborto crea un contexto normativo que constituye una forma de discriminación y violencia de género pues impacta de manera desproporcionada a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que estimula la criminalización de sus procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas.
  • La entrega de información médica confidencial de mujeres que requieren atención obstétrica de emergencia a autoridades policiales y judiciales por parte de profesionales de la salud constituye vulneraciones al derecho a la vida privada y a la salud.
  • Detener y esposar a las mujeres que se encuentran recibiendo atención obstétrica de emergencia constituye tortura. Además, ese tipo de detenciones preventivas que se basan únicamente en la gravedad del delito son arbitrarias y violan la presunción de inocencia.
  • Las prácticas y razonamientos que consideran que las mujeres en grave estado de salud deben poner por encima de su vida propia al feto, incluso si se encuentran inconscientes o vulnerables, constituyen estereotipos de género y esa es una forma de discriminación y violencia basada en el género. Ese tipo de estereotipos se convierten en barreras para acceder a los sistemas de salud y de justicia.

La Audiencia de la Corte, con sede en San José Costa Rica, se realizará los días 10 y 11 de marzo de forma virtual. La decisión de la Corte tendrá efectos en dos niveles, el primero es nacional pues El Salvador estará obligado a cumplir la sentencia debido a que de manera soberana reconoció, desde 1995, la jurisdicción de ese tribunal. El segundo es a nivel continental pues la decisión del tribunal generará jurisprudencia que entrará a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el cual es reconocido por la mayor parte de países en América Latina y el Caribe.

Contactos de prensa para entrevista:
Centro de Derechos Reproductivos: +300 828 4013

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto: +503 7657 0800
Adjuntamos el link para ver la grabación de la rueda de prensa:
https://twitter.com/ReproRightsLAC/status/1369329498836135937?s=19
Imagen de Cabecera cortesía de Agrupación Ciudadana

Adjuntamos el link para consultar documentos e infografía sobre el caso de Manuela:
https://drive.google.com/drive/folders/1VNafbbhcR7uBF5LAdSwiXtN57JVTZucT

Adjuntamos el siguiente video sobre el testimonio de la familia de Manuela: