SURCOS comparte el siguiente comunicado de Centro de Derechos Reproductivos, Colectiva Feminista para el desarrollo local, Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto El Salvador:
Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos
Marzo 9 de 2021 – El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, presentarán sus argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuela y familiares contra El Salvador. La Corte tiene por primera vez la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva se convierte en discriminación y violencia contra las mujeres que sufren emergencias obstétricas.
Manuela fue una salvadoreña de escasos recursos que vivía en una zona rural, su estado de salud venía decayendo debido a un cáncer linfático y, sin que le hubieran dado un diagnóstico acertado, tuvo su tercer embarazo. Un día de 2008 se dirigió a evacuar a la letrina que se encontraba a unos metros de su casa porque empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal. Manuela sabía de su embarazo, pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó un feto y se desmayó, se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud. Fue llevada al hospital, pero a pesar de su grave estado, el personal médico la denunció por el supuesto delito de aborto pues creyeron que ella estaba escondiendo una supuesta “infidelidad”. La Policía la engrilletó a la camilla y la interrogó sin la presencia de un abogado.
Manuela fue indebidamente condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado luego de graves irregularidades en el injusto proceso penal que enfrentó. Murió en 2010, privada de la libertad y dejando huérfanos a dos hijos, porque el Estado no le brindó diagnóstico ni tratamiento apropiado para un cáncer linfático que se le desarrolló y que fue una de las causas de la emergencia obstétrica que tuvo, esto sin contar otras afecciones que pudieron aquejarla pero que debido a la falta de atención no fueron identificadas.
“Recuerdo a mi mamá, ella nos aconsejaba y nunca nos dejó andar solos. Es doloroso crecer sin madre porque ese amor es inigualable. Le pido al Estado que no hagan estas cosas porque nos dejaron abandonados sin una mamá”, dijo Santos de Jesús, hijo mayor de Manuela.
Este litigio empezó en 2012 cuando el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2019 la Comisión decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerando que el Estado salvadoreño había violado varios derechos humanos de Manuela, entre ellos, el derecho a la vida, la salud, a las protecciones y garantías judiciales, a estar libre de discriminación y violencia de género.
“La historia de Manuela es una historia triste que está cambiando y se convierte en un camino de justicia y esperanza para todas las mujeres que en América Latina y el Caribe son criminalizadas por eventos obstétricos”, dijo Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
«El Centro sigue utilizando el poder del litigio para que niñas y mujeres puedan tener las garantías necesarias para gozar de sus derechos humanos al más alto nivel posible”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora general del Centro de Derechos Reproductivos. «Lamentablemente lo que le pasó a Manuela sucede en muchas partes del mundo y por esa razón acudimos a la Corte IDH, para que se reconozcan estándares internacionales que acaben con ese tipo de persecución a mujeres inocentes en toda América Latina y sea un referente para el mundo”, agregó.
“Manuela fue víctima de un Estado que no protege la vida y la salud de mujeres, que las discrimina y criminaliza, entre otras, por tener complicaciones naturales del embarazo y que no brinda garantías para resguardar secreto profesional del personal médico”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. “Queremos que El Salvador asuma una responsabilidad internacional que ha evadido desde hace años a pesar de que en reiteradas oportunidades múltiples organismos de derechos humanos le han pedido que revise la legislación que causa esta injusta criminalización de mujeres”, agregó Martínez.
“Estamos acompañando a la familia de Manuela en esta búsqueda de justicia y reparación, la ausencia de Manuela es dolorosa, porque enfrentó violaciones múltiples a sus derechos, el Estado les falló, a sus familiares y a Manuela. Es por eso que este proceso ante la Corte IDH posibilita construir esperanza de transformación, para que esté horror no vuelva a ocurrir, para que el estigma y discriminación puedan erradicarse, para que la familia de Manuela pueda sanar la dolorosa e injusta pérdida de su hija y madre. Expresó Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.
El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista pidieron a la Corte IDH que emita una decisión para que el Estado salvadoreño reconozca su responsabilidad en un acto público; repare a la familia de Manuela por el sufrimiento causado garantizándoles acceso a educación, seguridad social, tratamientos de rehabilitación de salud mental y física, y les provea los medios suficientes para reestablecer sus proyectos de vida.
Las organizaciones también esperan que la sentencia de la Corte le pida específicamente a El Salvador que tome medidas para que el caso de Manuela no se repita estableciendo políticas públicas estructurales que deben incluir: una urgente revisión de las condenas de mujeres criminalizadas penalmente por emergencias obstétricas; medidas legislativas para regular de forma adecuada el Código de Salud con el objetivo de que el tratamiento de emergencias obstétricas no origine responsabilidad penal; campañas informativas y capacitaciones a funcionarios estatales; fortalecimiento de la Defensa pública y, entre otras, reformas de las deficiencias del sistema penal y penitenciario.
En materia de estándares de derechos humanos las organizaciones representantes del caso esperan que el tribunal reconozca que:
La penalización absoluta del aborto crea un contexto normativo que constituye una forma de discriminación y violencia de género pues impacta de manera desproporcionada a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que estimula la criminalización de sus procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas.
La entrega de información médica confidencial de mujeres que requieren atención obstétrica de emergencia a autoridades policiales y judiciales por parte de profesionales de la salud constituye vulneraciones al derecho a la vida privada y a la salud.
Detener y esposar a las mujeres que se encuentran recibiendo atención obstétrica de emergencia constituye tortura. Además, ese tipo de detenciones preventivas que se basan únicamente en la gravedad del delito son arbitrarias y violan la presunción de inocencia.
Las prácticas y razonamientos que consideran que las mujeres en grave estado de salud deben poner por encima de su vida propia al feto, incluso si se encuentran inconscientes o vulnerables, constituyen estereotipos de género y esa es una forma de discriminación y violencia basada en el género. Ese tipo de estereotipos se convierten en barreras para acceder a los sistemas de salud y de justicia.
La Audiencia de la Corte, con sede en San José Costa Rica, se realizará los días 10 y 11 de marzo de forma virtual. La decisión de la Corte tendrá efectos en dos niveles, el primero es nacional pues El Salvador estará obligado a cumplir la sentencia debido a que de manera soberana reconoció, desde 1995, la jurisdicción de ese tribunal. El segundo es a nivel continental pues la decisión del tribunal generará jurisprudencia que entrará a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el cual es reconocido por la mayor parte de países en América Latina y el Caribe.
La Fundación Heinrich Böll invita a la presentación del libro “El Nuevo Paradigma Ecológico en el Derecho Ambiental. Perspectivas desde Costa Rica y El Salvador” el próximo viernes 11 de diciembre a las 10:00 am (hora de Centroamérica).
En la presentación participarán Mario Peña Chacón (Costa Rica), Yanira Cortéz (El Salvador), Álvaro Sagot Rodríguez (Costa Rica), Samuel Aliven Lizama (El Salvador) y modera Ingrid Hausinger de la Fundación Heinrich Böll Oficina San Salvador.
El evento en línea se transmitirá únicamente por la plataforma Zoom y requiere inscripción previa. Puede inscribirse aquí
SURCOS recibe el siguiente recuento de la Conferencia Internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19” del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo está celebrando su décimo aniversario y entre las actividades que ha organizado en ese marco se encuentra el III Seminario CICDE “Retos de la democracia en tiempos de COVID19”, que concluyó el pasado jueves 19 de noviembre con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”. Al igual que las sesiones previas del Seminario, esta conferencia está en línea y les invitamos a observarla en Youtube o en Facebook.
La actividad contó con la participación de cuatro panelistas de muy alto nivel, que profundizaron en los orígenes y manifestaciones de la crisis democrática en la región centroamericana y especialmente en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el contexto de la pandemia y de los serios fenómenos climáticos que han afectado al istmo recientemente.
Inicialmente el Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista costarricense y director del CICDE, introdujo la importancia de entender la democracia como una aspiración y como una concreción siempre precaria, imperfecta y cambiante, que define un horizonte necesariamente perfectible y que se expresa tanto en la institucionalidad como en la vivencia subjetiva de las personas. Al igual que coincidieron después los demás panelistas, explicó que la pandemia de COVID-19 ha venido a poner en evidencia y a profundizar una crisis democrática que ya existía en la región, y que en el caso costarricense está estrechamente relacionada con elementos como la creciente desigualdad, pobreza, el deterioro en el empleo y en la capacidad adquisitiva de la población, que muy probablemente están en el trasfondo del malestar que expresan las protestas que ha vivido el país en los últimos meses. Para Vargas Solís, la búsqueda de una mejor democracia requiere sin duda reorientar el modelo económico propio del proyecto neoliberal, algo que las élites y sectores hegemónicos no parecieran estar en disposición de hacer.
A continuación intervino la máster Ana Lucia Álvarez Vijil, economista feminista e investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases) de Nicaragua. Ella caracterizó varios aspectos de lo que define como una crisis continuada y profunda de la democracia, a partir de la constitución de los Estados nacionales en el marco de un pacto patriarcal y colonial que les lleva a jerarquizar a las personas en función de condiciones como el sexo y la raza, lo que produce condiciones muy desiguales de ciudadanía y ejercicio de derechos. La académica y activista insistió en el reto de abordar las implicaciones de los diversos traumas y manifestaciones de violencia formal e informal que han enfrentado los pueblos centroamericanos, así como de poner la mirada en los procesos de producción y reproducción de la vida humana y no humana que resultan fundamentales en momentos de crisis como el actual.
De seguido, la participación del Dr. en Ciencia Política Álvaro Artiga González, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, profundizó en el análisis del sistema de partidos y la evolución de las posiciones ideológicas que caracterizan el entorno político salvadoreño, en un entorno cada vez más determinado por la influencia de intereses económicos y que no está representando de manera efectiva la diversidad de realidades existentes en la sociedad. Enfatizó especialmente en la “tentación autoritaria” que lleva a optar por medidas represivas ante las diferencias de opinión, en vez de abordar las causas profundas que siguen reproduciendo la crisis democrática.
La última ponencia estuvo a cargo de Ricardo Sáenz de Tejada, Dr. en Ciencias Sociales quien se desempeña como profesor e investigador de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sáenz de Tejada explicó que el proceso de democratización en Guatemala se llevó a cabo a partir de un pacto entre élites militares, empresariales y políticas, un contexto en el que los ajustes electorales e institucionales, así como la creciente influencia de redes de corrupción y cooptación de la institucionalidad han perpetuado la exclusión de sectores que ya de por sí se encontraban en condiciones de subordinación. En este escenario, llamó la atención acerca de la necesidad de rescatar el Estado y la política pública orientada al bien común como parte de la defensa de la democracia.
Después de la presentación de las ponencias se facilitó un interesante intercambio con el público que participó en la actividad, en la cual las preguntas y comentarios que se plantearon ayudaron a las personas expositoras a profundizar en su lectura del momento que vive la región centroamericana, los retos y las propuestas que compartimos desde todos los países que la integran.
En la convocatoria al III Seminario CICDE se indicaba que en el mismo se entendería la democracia “desde una concepción dinámica, evolutiva, compleja y dialéctica. Consideramos que, en primera instancia, la democracia define una aspiración y un horizonte de posibilidades, construidas alrededor de valores de justicia, equidad, derechos humanos y participación ciudadana y que, por tanto, sus concreciones prácticas son siempre imperfectas, limitadas y cambiantes. La democracia, desde esta perspectiva, no implica una teleología: no es que las sociedades humanas se mueven naturalmente hacia más y mejor democracia. Antes bien, la calidad de la democracia, e incluso la democracia misma, puede experimentar tanto avances como retrocesos, y en cada oportunidad particular ello será el fruto de complejas dinámicas sociales, es decir, de movimientos y procesos que necesariamente involucran conflictos, negociaciones y arreglos institucionales de distinta magnitud, y de diferente índole o naturaleza. La democracia es, por lo tanto, un territorio de lucha, una aspiración en disputa, una idea y una propuesta que está bajo permanente asedio, una concreción siempre incompleta y siempre cambiante, que intenta afirmarse mientras enfrenta e intenta resolver múltiples amenazas y desafíos”.
La relevancia de este acercamiento fue reiterada en la Conferencia de cierre del Seminario que aquí reseñamos. Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE y moderadora de la Conferencia, resaltó en su comentario de balance final la importancia de pensar Centroamérica y los retos que plantea la crisis democrática a partir de los hilos comunes que comparten los países de la región, un esfuerzo con el cual el CICDE y la UNED reiteran su compromiso.
Esta vez compartimos un artículo de Mario Luna, de El Salvador, cuya intención es ofrecer un análisis socio-teológico de coyuntura y opinión, desde su experiencia salvadoreña como parte de una Comunidad Eclesial de Base.
Este hermoso y oportuno artículo es parte de la serie de textos de análisis de coyuntura que compartimos este año tras la declaratoria de pandemia. Pretendemos compartir insumos para las personas y comunidades que quieran contar con análisis y herramientas para entender lo que estamos viviendo en Latinoamérica., siempre desde el enfoque del pensamiento crítico.
Mario Luna es docente, Teólogo, maestrante en Teología Latinoamericana (por la UCA de El Salvador), miembro de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador. Facilitador de biblia y teología del ministerio de diversidad sexual de la Iglesia Episcopal de El Salvador. Acompañó a dos CEBs en Zacamil, Mejicanos, la comunidad Monseñor Romero, Zacamil, y la comunidad la Fosa. Además, es miembro del Centro de Investigación Ecuménica de El Salvador (CIE)
Mario ya nos ha acompañado en el DEI de forma presencial durante el Taller Socio-Teológico, y actualmente forma parte del Seminario de Construcción Colectiva que se realiza en modalidad virtual en este momento.
Agradecemos profundamente a Mario por recuperar las experiencias desde las Cebs en Zacamil y compartir generosamente este artículo.
Les animamos a ustedes enviar sus artículos para compartirlos con muchas más personas.
DEI
«Mi Reino no es de este mundo…»
Hacia la construcción y recuperación de lo femenino en los espacios comunitarios políticos en tiempos de crisis por el Covid-19
Por: Mario Luna (El Salvador, CA).
Covid-19 y crisis social-política en El Salvador y Latinoamérica
Evidentemente debemos decir que en los actuales contextos que vivimos en América Latina, hubo una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Es decir, una naturalización de este.
Se justifica esta narrativa señalando que “por razones de salud y seguridad pública” se quitan las libertades constitucionales a los ciudadanos. Dando así lugar a una verdadera militarización de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus.
El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.
Por ejemplo en El Salvador, la pandemia ha llegado, y ha puesto en crisis no solo el sistema de salud pública, sino que también a las personas más empobrecidas. Muchos salvadoreños y salvadoreñas afirman: “Si me quedo en casa, me muero de hambre”. Por tanto hay una naturalización de morir de hambre o morir por el contagio del virus.
Dejar de trabajar y encerrarse en casa por Coronavirus es un lujo para quienes trabajan en el sector informal de El Salvador. Según un estudio que Fusades presentó en octubre de 2018, se trata de siete de cada diez salvadoreños. Gente que no tiene Seguro Social ni pensión y, salvo excepciones como algunas empleadas domésticas, tampoco un pago fijo. Los vendedores informales son ícono de este desafortunado sector de la economía nacional, y los vendedores del Centro Histórico son los más célebres de entre ellos (ver enlace).
Al menos hasta 2015, la Alcaldía capitalina calculaba que son más de 8,600 en puestos en las calles del Centro, y unos 10,000 ambulantes: carretoneros y buhoneros (que andan la venta en la mano). Toda esa gente no se puede dar el lujo de encerrarse. Si venden, comen; si no, no. Así lo dicen algunos de ellos. “¿Se imagina si no salimos a vender lo que va a pasar con nosotros? Nos van a dejar morir”, dice una anciana que vende medicamentos. “Si no me dejan venir al trabajo, yo voy a hacer desvergue”, dice un lustrador de zapatos. “¡La gente de dinero compra cosas para guardarlas, nosotros ni el supermercado conocemos!”, dice una vendedora de ropa interior.
No obstante, se posiciona toda una narrativa de parte del gobierno que naturaliza su accionar, por ejemplo:
Geovanny Ramírez tuvo que salir de su vivienda, ese 7 de abril, porque ya no tenía nada para comer. La cuarentena y el régimen de excepción, impuestos por el Gobierno desde el 21 de marzo por la pandemia de COVID-19, lo obligaron a guardar su venta y eso lo dejó al borde de la hambruna. Así que se acomodó la mascarilla, tomó su bicicleta, el dinero de una encomienda y luego salió rumbo al centro de San Miguel. A pocas calles de su casa, unos policías de la Unidad Táctica Operativa (UTO), destacados en San Miguel, lo detuvieron en un retén, cuando el reloj marcaba las 8:30 a. m. cuando se detuvo “por respeto a la ley”, según dijo, los policías comenzaron a acusarlo: “Uno de ellos dijo que yo era pandillero, porque yo andaba dinero ajeno (…) Me dijeron que me iban a llevar como a un pandillero, y yo les dije que no soy nada de eso. Ahí fue cuando me empezaron a pegar”.
Geovanny es electricista de profesión y comerciante, y más recientemente repartidor y recadero. “Salí por necesidad”, dijo, pero los agentes no le creyeron. El primero lo golpeó en las costillas y, sin recuperar el aliento, corrió con todas sus fuerzas de regreso a casa, dejando atrás su bicicleta y a los policías. Uno de ellos disparó y Geovanny no supo si fue al aire o si falló el tiro. Griceydi Padilla, su vecina, salió al escuchar “una detonación similar a la de un arma de fuego” y “gritos de una persona pidiendo auxilio”. Era Geovanny, quien aprovechó la puerta abierta para buscar refugio, pero fue descubierto y sacado a puntapiés por los policías. De ahí se lo llevaron junto a tres más que pedían detener el maltrato, incluyendo a una adulta mayor. Así lo narró Griceydi a la procuradora delegada de Derechos Humanos en San Miguel, Gladys Benítez, según la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre el caso (Fuente: ver enlace).
Por otro lado, hay una crisis política en El Salvador. Hay fuertes indicios antes de la pandemia de la absolutización de la militarización del Estado (con el 9 de febrero), es decir un mes antes del confinamiento y de la paro de la economía (trabajo), había fuertes indicios de esta realidad:
“Por primera vez en la historia, un presidente utiliza al ejército para tomarse la Asamblea Legislativa y amenaza con disolver el Congreso. Nayib Bukele organizó este domingo 9 una concentración con miles de simpatizantes frente al Órgano Legislativo y dio un ultimátum de siete días a los diputados si no ceden a su presión y autorizan la negociación de un préstamo de $109 millones” (fuente: ver enlace).
Sin embargo, durante todo este contexto de pandemia, hay ataques a la prensa, a la libertad de expresión, persecución política por parte del ejecutivo de periodistas (en especial mujeres) y comunicadores, desprestigio de todo aquel o aquella que haga una crítica o juicio o de una opinión distinta al ejecutivo (el medio estratégico son las redes sociales):
“La periodista de la revista Gato Encerrado, Carmen Valeria Escobar, es acosada digitalmente por el candidato a diputado por Nuevas Ideas, Carlos Hermann Bruch.
En reiteradas ocasiones Bruch ha descalificado la labor de la periodista; sin embargo, dicho acoso se intensificó en el marco de la pandemia, lo que también desató ataques digitales por otros usuarios de redes sociales.
“El nivel de acoso de este personaje llegó a un nivel intolerable”, expresó la periodista en su cuenta de Twitter. APES condena este tipo de ataques que atentan contra la integridad de las y los periodistas y pide a los usuarios de redes sociales respetar la labor de la prensa, fundamental para el ejercicio democrático en el país” (Fuente: ver enlace).
Por último, el domingo 9 de agosto, el presidente Bukele señalo en radio y televisión: “Si yo fuera dictador, los mandaría a fusilar a todos”. En esta frase expresó sus más caros anhelos, esto es, fusilar a todos los que no comulgan con sus determinaciones, comenzando con los magistrados de la Sala de lo constitucional de El Salvador.
Por tanto, en mi opinión personal, la pandemia ha sido la excusa perfecta para la exacerbación de la militarización del estado y del espacio público, e impulsar políticas populistas que buscan posicionar en la administración pública una nueva aristocracia (contexto de El Salvador).
Se quiere controlar a la población generando miedo por medio de los medios de comunicación social, redes sociales, entre otras; se construye el pánico por medio de la desinformación de qué medidas de saneamiento tomar ante la pandemia, además del incremento del desempleo, inseguridad social.
Hay por tanto, toda una estrategia psicológica para mantener el miedo en la población y así mantener paralizada a las personas, para que estas no reaccionen ante un abuso y violación de derechos humanos.
Se aprovecha el estado de emergencia (Contexto de El Salvador) para hacer negocios (corrupción) y compras de accesorios de bio-seguridad de mala calidad, se oculta la información del manejo de la pandemia de una forma tan descarada, violando la ley de ética gubernamental.
Planteando este escenario, vemos con claridad la presencia de una necro-política en todo este proceso.
1.1. Necro-política y necro-capitalismo
Es decir un proyecto político-económico de muerte que empobrece siempre a las mayorías. La realidad más cruda: morir de hambre o por el virus. Evidentemente, serán siempre los marginados y excluidos de un sistema social-económico los que tendrán o que sobrevivir o perecer.
Achille Mbembe (2011) quien construye el concepto de necropolítica, examina cómo el derecho soberano de matar se reformula en las sociedades donde el Estado de excepción es permanente. Según Mbembe, en un estado sistemático de emergencia, el poder refiere y apela constantemente a la excepción y a una idea ficticia del enemigo.
Pero como entendemos la necro-política:
Se refiere al poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la masacre, el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como los dispositivos legal-administrativos que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte (Estévez, 2017).
Lo legal, lo jurídico y lo político sistematizan y ordenan este proyecto de muerte, que tiene como fin, salvar el mercado (el orden) y no al ser humano.
Vivimos esta situación que describe Mbembe, donde la crisis y emergencia sanitaria por el Covid-19 desvelan el necro-poder, o por lo menos está más evidente que en otros tiempos las necro-praxis (políticas) de las formas radicalmente corrosivas de capitalismo. Es sin duda, un capitalismo necropolítico, es decir, prácticas capitalistas o formas organizacionales de acumulación que involucran la pobreza, muerte, suicidio, destrucción del ecosistema y la organización y administración general de la violencia social estructural (Estévez, 2017).
¿Cuál es la respuesta teológica latinoamericana de la liberación, ante la actual situación del Covid-19?
Desde la perspectiva del teólogo Asman (1997), ante esta situación la crisis socio-política que provoca el capitalismo como necro-praxis, se deben posicionar las experiencias de fe anti-idolátricas y una de ellas es crear lenguajes alternativos para hablar de Dios y desde luego construir una comunidad ética-política solidaria alternativa distinta a la que se construye desde la idolatría del dios del capitalismo (individualismo, muerte, destrucción de los ecosistemas, entre otros). Se trata de estar en el mundo pero no ser del mundo (Jn 18, 36). Veamos.
2.1. Mi reino no es de este mundo (Jn 18, 36)
Según el texto de Juan 18, 36: Contestó Jesús:
Mi reino no pertenece a este mundo. Si perteneciera mi reino a este orden, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Ahora que mí reinado no es de aquí.
Para Mateos-Barreto (1982), Jesús no responde directamente a la segunda pregunta de Pilato: ¿Qué has hecho?, sino a la primera: ¿Tú eres el rey de los judíos? Al descartar la realeza que se apoya en la fuerza quedará patente que no pretende ocupar el trono, como podría sugerirlo el título que le ha dado: el rey de los judíos.
Al decir Jesús de Nazaret: “Mi reino no pertenece a este orden”, está en paralelo con la que había dicho de sí mismo: “yo no pertenezco al orden éste” (8,23) (…). El orden este, “el mundo”, es el sistema de injusticia, el que oprime al ser humano (mujer-hombre), y la adhesión a él es el pecado (8,23).
No obstante, Jesús practica el servicio al ser humano (al Otro) y rechaza el poder (6,10.15); como rey será el hombre levantado en alto, que dará su vida por salvar al Otro (12,13.15.32.34; cf. 3,3.5.14). La figura de Jesús, el rey que no pertenece al orden este, se opone a la del “jefe de este orden” (Jn 12, 32; 16,11), se trata de la personificación del círculo de poder (Mateos-Barreto, 1982).
Para Mateos-Barreto (1982), Jesús caracteriza a los reyes de este orden por apoyarse en la fuerza de las armas e imponer así su dominio: Si perteneciera a este orden (mundo) la realeza mía, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Jesús considera el uso de la violencia como perteneciente a la esfera de la injusticia y del pecado. En eso precisamente se distingue su realeza de las demás. La oposición entre su postura y la de “este orden” es clara; él se ha entregado voluntaria mente y ha cortado en seco la violencia de Pedro (Jn 18,11).
Por ende, Jesús renunciando al uso de la fuerza, ha probado no ser rey como los otros. No se ha constituido en rival de sus adversarios, disputándoles el poder, sino que se ha entregado en sus manos. Su realeza no tiene su origen en ninguna legitimidad de este mundo: “Mi reino no es de este mundo”.Tiene un fundamento completamente distinto que no se expresa en el lenguaje jurídico de derecho-sumisión.
En Síntesis, “no ser de aquí” equivale, por tanto, a “no pertenecer al orden este”. Su realeza pertenece a lo de arriba”, la esfera del Padre y del Espíritu; es, por tanto, una realeza que por amor comunica vida, en vez de producir muerte con la opresión (Jn 4,47.49).
2.2. Los imperativos del mundo (necro-poder: orden-ley)
Para Jesús el uso de la violencia del orden (mundo) pertenecen a la esfera de la injusticia y del pecado. El mundo (el orden), fundamenta un proyecto de muerte, desde el poder. Y esta realidad, desde la óptica del Jesús del evangelio de Juan es pecado.
El Sanedrín y Pilato son mundo, y estos siguen los imperativos del mundo. Ellos defienden las Leyes, Pilato la ley del dominio imperial y el Sanedrín la legalidad de la Ley judía. Pero para estos, Jesús de Nazaret ha transgredido la Ley (cuando lo ha hecho, pues cuando cura a los enfermos en día sábado). Para el Jesús Joanico, la ley no debe impedir la vida humana, por tanto, los que se open a Jesús y su praxis, lo hacen en nombre de la Ley (Hinkelammert, 1998).
2.3. Sustitución de Dios por el mercado (Jn 2, 13-16): necro-teología del orden mercantil
En síntesis, si actualizamos el mensaje de Jesús de Nazaret desde el evangelio de Juan, el mundo y su orden es toda una realidad de pecado e injusticia, con una ley que cosifica al ser humano. Pero también, para que se fundamente este orden-mundo, es fundamental toda una necro-teología que legitima este orden. Ahora bien, el Jesús del evangelio de Juan desenmascara esta realidad es decir “la sustitución de Dios por parte de las relaciones mercantiles”:
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: Quiten esto de aquí. No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado.
Se trata del conflicto entre Dios y Mamón. Mamón en este texto ocupa el lugar de Dios, al transformar la casa del Padre en casa de mercado. Dios desaparece de la casa de Dios y su lugar lo ocupa el Mamón, que ahora se llama Dios, pero en ningún momento se transgrede la Ley. Es evidentemente el cumplimiento de la Ley (en este caso la ley del valor) que sustituye a Dios en la casa de mi Padre. Dios es destronado cumpliendo la Ley. Por tanto, se trata de un acto en contra de Dios, que a la vez es un acto contra el ser humano (Hinkelammert, 1998).
En resumen, en el mundo-orden el mercado y la ley normatizan teológicamente el seguimiento a Mamón como el absoluto señor del orden-mundo. Pero el Jesús del evangelio de Juan, deja clara la postura radical de: “Mi reino no es de este mundo”, y sobre todo desenmascara la teología del mundo orden: “No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado”. En último término, Jesús señala que este mundo-orden (podríamos decir el necro-política) construye relaciones de poder que son pecado e injustas, que van en contra de la voluntad del Padre (y del reino de Dios).
La ética de la compasión: para deconstruir el orden-mundo (necro-poder) y la recuperación de los espacios comunitarios políticos
Boff (2004), se hace una pregunta fundamental que nos sirve para deconstruir todo lo que hemos construido hasta este momento como civilización (orden-mundo): ¿Por qué hemos llegado hasta este punto crucial? Para Boff, las revoluciones agrícolas, la industrial, la del conocimiento y la comunicación, modificaron la faz de la tierra para bien y para mal. Dieron comodidad al ser humano, pero también depredaron la tierra.
Con el conocimiento técnico-científico y cultural, obtuvo el poder-dominación de la tierra, de las mujeres, de los pueblos. En lugar de estar junto a los demás seres, se puso contra ellos y sobre ellos.
Urge por tanto, de-construir todo este proyecto de muerte (necro-políticas), y para ello Boff (2004) expresa que lo fundamental para contrarrestar esta realidad, es la activación consciente e intencionada del principio femenino que está presente en las animas de la mujer y el hombre. Lo femenino en nosotros es aquella energía estructuradora que nos hace sensibles a todo lo que tiene que ver con la vida y la cooperación, que capta el valor de los hechos, que lee el mensaje secreto emitido por todos los seres, que identifica el hilo conductor que liga y re-liga las partes en el todo a la Fuente que todo procede. Lo femenino nos enseña a cuidar de todo con celo entrañable.
El cuidado constituye la esencia del anima y precondición necesaria para que continúe la vida.
En conclusión, según Leonardo Boff (2004), “para ser plenamente humanos, el ethos tiene que incorporar la compasión (pp. 56). El ethos que se compadece… incluye a todas las personas… donde hay acogida y donde las lágrimas pueden ser lloradas sin vergüenza o enjugadas cariñosamente” (pp. 57).
Y la compasión como señala Boff (2004), “es compartir la pasión del otro y con el otro, sufrir con él, alegrarse con él, caminar con él (pp. 57). Y la compasión como señala nuestro teólogo, exige, libertad, altruismo y amor” (pp. 59).
Hoy por hoy, en tiempos de crisis por el Covid-19 y de la implementación de las políticas de muerte, lo que debe primar es la ética –política de la compasión.
Se debe crear comunidades con esta óptica, es lo que debemos considerar para construir otros mundos distintos a este.
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Fotografías: agradecemos a Mario Luna por facilitarlas. Las tres corresponden a la Colonia Zacamil, en el Municipio de Mejicanos (Departamento de San Salvador, El Salvador).
Fotografía 1: Primer aniversario de Comunidad Eclesial de Base (Ceb).
Fotografía 2: (con imagen de una cruz): Viacrucis latinoamericano, con tres Cebs de la zona.
Fotografías 3: Círculo de Lectura Popular de la Biblia en casa de Mario, Zacamil.
Referencia Bibliográfica
Asman H (1997). La idolatría del Mercado. Colección Economía Teológica. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). San José, Costa Rica.
Hinkelammert F. J (1998). El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización. Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), San José Costa Rica.
Mbembe A (2011). Necro política. Editorial Melusina. España.
Mateos, J y Barreto, J (1982). El evangelio de Juan. Análisis Lingüístico y comentario exegético (segunda edición). Ediciones Cristiandad. Madrid.
«De nada serviría una concientización sobre la propia identidad y sobre los propios recursos si no se encuentran formas organizativas que lleven al ámbito de la confrontación social los intereses de las mayorías populares…» Ignacio Martín-Baró
Algunas veces consideramos que la novedad es patrimonio de la generación presente que logra reinventarse, sin embargo, otras veces, la novedad la encontramos en nuestra memoria, en las palabras de quienes estuvieron antes de nosotros y nosotras y con su ejemplo dejaron una línea muy superior a la que hemos trazado. El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas se perpetró un crimen como muchos que padeció el pueblo salvadoreño en esa guerra sin fin que aún hoy abre sus heridas.
De la mano del pelotón del batallón Atlacatl (unidad de la fuerza armada de El Salvador) siguiendo las órdenes del coronel René Emilio Ponce, en la administración cómplice del presidente Alfredo Félix Cristian, irrumpieron de forma encubierta en el centro de estudios y de manera indiscriminada asesinaron a Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo, Joaquín López y López, Julia Elba Ramos, y Celina Mariceth Ramos. Más que relatar un hecho, queremos preguntarnos ¿Qué tareas nos dejaron pendientes aquella generación?
Cuando volvemos a sus palabras, encontramos una fuerza sin igual en la búsqueda de la justicia y la liberación de nuestros pueblos. Parecen hoy palabras anticuadas, descoloridas ante los “cambios de paradigmas”, pero no dejan de ser faros que nos recuerdan y denuncian a ese poder de la dominación y el encubrimiento de los sentidos y prácticas que colonizan nuestras mentes y cuerpos.
Tal vez ocuparíamos muchos espacios para enlistar las tareas que nos quedaron pendientes de estos maestros y maestras, personas comprometidas con la persona humana, con su tiempo y su territorio, pero también fueron recreadores de una universidad que responde a la mayoría popular, que mira y siente con los pobres, que acompañándose recrean ese otro mundo que se hace a mano y sin permiso, como diría Silvio Rodríguez.
Recordemos a don Ignacio Ellacuría, él en muchas ocasiones nos invitó a repensar los derechos humanos, hoy se un desafío vigente ante la creciente criminalización de la protesta social y la judicialización de la política que corroe nuestras sociedades ante la nada inocente justificación de la defensa de las “libertades” de unos ante los “excesos” de las y los manifestantes.
En aquel Salvador desangrado por la guerra Ellacuría miraba una sociedad que erosionaba su tejido social, la criminalización y violación sistemática de cualquier garantía para la población, provocó la necesidad de re-mirar los derechos humanos, no desde la proclamación abstracta y deshistorizada, sino desde su propia historización, es así que tres preguntas se volvieron determinantes: ¿desde dónde?, ¿para qué? y ¿para quienes son esos derechos?
Ya que como atestiguaba en aquel país, los derechos eran utilizados ideológicamente al servicio de los intereses de unos u otros grupos, por esta razón la historización permitió situar los derechos ante la verificación de las realidades concretas de los sujetos, es así que se su ejercicio se vio interpelado: verdad-falsedad, justicia-injusticia, ajuste-desajuste que se da a través del disfrute o privación de determinado derecho, la constatación de su ejercicio por unos pocos o mayorías, las condiciones concretas de su realización, el desafío por los cambios concretos y no la mera enunciación de posibilidad.
Ignorar esto, es colocar los derechos como algo abstracto, independiente de la realidad e instrumentaliza para el encubrimiento de lo ya adquirido por los más fuertes. No lo discute, convierte el derecho en privilegio.
La protesta social, como derecho humano es la herramienta mediante la cual los derechos humanos encuentran su posibilidad efectiva y dinámica, la problematización pública de las realidades opresoras que padecen las personas, pero su reivindicación no parte de la condición de debilidad y opresión, sino la capacidad de construcción de la conciencia del sujeto que toma para sí el cambio e interviene en su realidad para transformarla.
La reducción, criminalización y posterior negación de la protesta social como derecho humano es la privación de este papel protagónico de los sujetos individuales y colectivos, pero también encubre los sistemas de opresión presentes en la supuesta defensa que esgrimen las elites, por la garantía del disfrute de sus “derechos”, es decir los derechos negados, desprovistos y obstaculizados a los otros.
¿Qué nos invita a repensar? Que, a través de esta ofensiva abierta contra el derecho por la protesta social, esconde lo que Ellacuría llamaba la jerarquización de los derechos humanos, esta nos permite develar que tipo de sociedad se estructura detrás de determinadas acciones. Da cuenta de la defensa de este sistema de dominación que se basa en el abuso de unos pocos, a partir de la privación de los otros, es decir que el disfrute de ciertos derechos es gracias a la violación o la omisión de esos mismos derechos a otros. Es así que podemos re-encontrar el sentido ético, político y pedagógico a esa obligación de los pocos por resarcir a los muchos o el de la justicia por exigir lo que es debido.
Problematizar e historizar los derechos o privilegios de nuestras sociedades sigue siendo una tarea para construir esa sociedad más humana, por esta razón es necesario volver nuestra mirada a estos mayores que levantaron su voz y denunciaron, pero que también estrecharon sus manos y destinos hasta volverse parte de ese pueblo que se rebela ante la injusticia y reclaman su lugar en la historia. De ese tamaño siguen siendo nuestras tareas pendientes.
El ente universitario rechaza cualquier intención de sometimiento del Poder Legislativo de El Salvador pues, sin la independencia de los poderes, se debilitan las bases de la democracia
En la sección ordinaria N.° 6352, realizada el 18 de febrero de 2020, el Consejo Universitario (CU) condenó la violencia llevada a cabo por el presidente de la República de El Salvador, el Sr. Nayib Bukele.
El pronunciamiento del CU se da a raíz de los últimos acontecimientos registrados el 9 de febrero, cuando el presidente de la República de El Salvador irrumpió en el Congreso salvadoreño escoltado por militares armados.
La situación se da como una forma de presión a los diputados, con el propósito de que estos aprueben un préstamo de 109 millones de dólares para fortalecer las fuerzas policiales y militares. El objetivo final es continuar con el Plan de Control Territorial.
Además, Bukele invocó el artículo 87 de la Constitución de la República de El Salvador, para hacer un llamado a la insurrección, en caso de que los diputados salvadoreños no aprueben el préstamo.
La Universidad de Costa Rica (UCR), como institución de educación superior, se encuentra comprometida con la defensa de la paz, la justicia social, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Por lo tanto, condena la violencia ejercida por el Sr. Nayib Bukele y rechaza cualquier intención de sometimiento del Poder Legislativo de El Salvador, pues sin la independencia de los poderes se debilitan las bases de la democracia y de la institucionalidad salvadoreña.
“Las acciones violentas llevadas a cabo por el Gobierno salvadoreño contra la Asamblea Legislativa ponen en peligro la institucionalidad de ese país y la estabilidad de toda la nación. Este tipo de acciones autoritarias representan un retroceso para los procesos democráticos de la región centroamericana. No es aceptable que el Poder Ejecutivo, por medio del uso de la intimidación y violencia, actúe como árbitro final del poder político”, se lee en el pronunciamiento.
Históricamente, la intromisión entre los poderes del Estado ha propiciado el inicio de conflictos armados, que representan la pérdida de vidas humanas, migraciones masivas y el rompimiento del estado de derecho.
Lo anterior, aunado a la situación de violencia que vive El Salvador, con una elevada tasa de homicidios. Para el año 2017, fueron 60 homicidios por cada 100 000 habitantes.
Para el caso de la región, las cifras del año 2017 registraron en promedio más de 30 homicidios por cada 100 000 habitantes; es decir, dos veces más que el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el fenómeno sea considerado como una epidemia.
“La región no ha logrado superar las causas estructurales ligadas a esta problemática. Incitar a la violencia de la manera en que se ha hecho puede más bien agudizar las situaciones existentes. Es criterio de esta Universidad que no existe justificación alguna para incitar y usar la violencia como medida de presión, intimidación y control”, resalta el documento.
De acuerdo con el pronunciamiento, en la mayoría de los países centroamericanos sus líderes políticos han abusado del poder por medio de las fuerzas armadas. Cuando esto sucede, los pueblos son los que llevan la peor parte. Por lo tanto, es fundamental que sean las personas mandatarias quienes, de manera sensata, respeten la institucionalidad de su país.
“El CU apoya el pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en defensa del respeto del estado de derecho y la independencia de poderes”, concluye el pronunciamiento.
La Coordinadora Central por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria y el Movimiento Agroecológico de América Latina, se reunieron con las escuelas campesinas de El Salvador para analizar el avance agresivo del monocultivo de la caña de azúcar.
Wilfredo Hernández de Radio Izacanal nos amplia en el siguiente audio que compartimos:
Compartido con SURCOS por Lili León, de Voces Nuestras.
“Venimos huyendo de nuestro propio país porque a nuestro país sí le tenemos miedo”
La salida colectiva de miles de personas centroamericanas provenientes especialmente de Honduras y también de El Salvador a partir de octubre 2018, a menudo llamada “caravana”, ha despertado una enorme atención internacional. Ellas se desplazaron primero hacia Guatemala y posteriormente hacia México. En este mes de diciembre esperan alguna posibilidad especialmente en la ciudad de Tijuana, ciudad fronteriza de México.
Un primer elemento que tal vez valga la pena poner en discusión es la misma noción de “caravana”. Al menos en castellano, y eventualmente también en otras lenguas, caravana parece tener una acepción cotidiana que no se asocia tanto a una salida forzada, peligrosa o riesgosa.
“Éxodo”, un concepto con una amplísima historia, especialmente asociado a textos bíblicos, vendría al caso en esta situación migratoria centroamericana, pues da cuenta de la naturaleza forzada de la migración. Hoy en Centroamérica no se elige migrar; hoy en Centroamérica migrar es una obligación.
Un segundo elemento es si, efectivamente, estamos frente a la presencia de un incremento de la migración de personas hondureñas o si más bien su salida colectiva ha producido, en buena medida a través de la narrativa de los medios de comunicación, un cierto efecto de realidad que daría la sensación de que estamos frente a algo inusitado.
Los censos de los Estados Unidos permiten poner este fenómeno en perspectiva. Si se comparan los porcentajes de personas centroamericanas registradas en los censos de los años 2000 y 2010, se notará que la población centroamericana en su conjunto aumentó en un 136%: La población hondureña, en particular, se incrementó en un 191%, la guatemalteca en un 180% y la población procedente de El Salvador en un 151% (Sandoval 2015).
Lo nuevo es más la salida colectiva, no el número mismo de personas que emigran. De hecho, es muy frecuente ver en las noches a docenas de personas esperando autobuses en San Pedro Sula o en Tegucigalpa para iniciar un viaje que con ilusión y miedo les llevará a los estados de Chiapas o a Tabasco; dos de los principales puntos de ingreso al territorio mexicano.
La migración hondureña ha sido predominante a lo largo de este siglo XXI. Como apunta Ismael Moreno (2018:4): “La caravana de todos los días ha sido silenciosa, solapada, discreta, privada, invisible y hasta vergonzante. Pero con esta explosión se ha convertido en visible, pública y hasta dignificante”.
La salida colectiva podría estar motivada tanto por factores si se quiere coyunturales como también más de naturaleza estructural. El aumento del precio de los servicios de electricidad, gas y gasolina, así como de varios productos alimenticios se cuenta entre los detonantes que impulsaron esta salida colectiva. Un agente de la pastoral de la Iglesia Católica, quien labora en una comunidad empobrecida de Tegucigalpa lo resume así: “Los encargados de nuestro país han hecho desastres en estos últimos meses; más que en otros meses y años”.
Salir en grupo puede al menos disminuir el peligro de los secuestros y la extorsión. Excepto los y las costarricenses, el resto de las personas centroamericanas requiere visa para ingresar a México. Ello les obliga a ingresar y transitar por puntos no autorizados, al tiempo que les expone a múltiples vejaciones, ya sea del crimen organizado o de los mismos cuerpos policiales mexicanos. En el contexto del auge de las redes sociales, muchas personas establecen contactos y esas que pensaban salir a tomar el bus una noche para iniciar su viaje convienen que tiene más sentido hacerlo de manera colectiva.
Entre los factores si se quiere más de tipo estructural la ausencia de empleo digno es decisiva. La pobreza se calcula con un 64,3% del total de la población, y eso crea condiciones de violencia estructural muy difíciles de afrontar especialmente para las personas jóvenes, quienes son mayoría en esa mayoría silenciosa que abandona el país todas las noches.
En una investigación llevada a cabo con jóvenes residentes en comunidades populares urbanas en El Limón, Nueva Capital, Popotlán, Jorge Dimitrov y La Carpio en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, respectivamente, la mitad de las personas encuestadas dejarían sus países, lo cual no deja dudas acerca de las consecuencias de la exclusión. Los datos obtenidos en Popotlán en El Salvador son más angustiantes, pues un 79% desearía irse.
En términos políticos, sin duda, el golpe de Estado contribuyó a crear más fragilidad en el tejido social de la sociedad hondureña. En junio 2019 se cumplirán 10 años del golpe de Estado y en noviembre 2018 fue re-electo Juan Orlando Hernández, en una contienda electoral cargada de protestas, dudas y denuncias por fraude electoral. Hernández logró cambios constitucionales que le permitieron la reelección, irónicamente uno de los motivos del Golpe de Estado del año 2009. La reelección estuvo precedida por el desfalco estimado en 200 millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro Social, que provocó un movimiento social llamado “Los Indignados”, que solicitaba la destitución de Hernández (Reynolds 2018). De ahí que su reelección fue aún más cuestionada.
Un tercer conjunto de factores son sociales. La violencia criminal es enorme en Honduras. En 2016, después de Caracas, San Pedro Sula era la ciudad más violenta del mundo con 111 homicidios dolosos por 100.000 habitantes (Hansen-Nord et al. 2016). Una mañana de domingo de setiembre de 2013 en Coatzacalcos Veracruz, mientras esperaban la salida del tren, tres jóvenes hondureños, quienes no contaban con apoyo en los Estados Unidos, sentenciaron: “De por sí, si nos van a matar en Honduras, que nos maten aquí” (Sandoval, 2015:41).
La mayoría de las personas que integran esta marcha tomó las rutas más distantes de la frontera de México con los Estados Unidos. Esta decisión volvió el viaje aún más agotador y a lo mejor estuvo motivada en el deseo de evitar la ruta del Golfo de México, en donde hay una presencia manifiesta del crimen organizado y con ello la extorsión y la muerte. Si bien entre San Pedro Sula y Tamaulipas hay unos 2.700 kilómetros, la mayoría de las personas eligió llegar a Tijuana, que la separa unos 4.348 kilómetros de San Pedro Sula.
La frontera entre México y los Estados Unidos tiene una longitud de 3185 kilómetros, un tercio de la cual ya tiene muro, una iniciativa que inició como parte de la Operación Guardián, durante el gobierno de Bill Clinton (Nevins 2001). Durante los dos primeros años de su gobierno, Donald Trump no ha avanzado en la construcción del muro, pero sí ha levantado un muro simbólico que tiene efectos prácticos en el control migratorio que es igual o más importante que el mismo muro físico.
En la actualidad, las autoridades migratorias exigen a las personas que llegaron a la frontera como parte de la llamada “caravana” que en inscriban en una lista a cargo de autoridades mexicanas. Esta lista les permitiría solicitar asilo. Este procedimiento ha sido criticado por ONGs que acompañan migrantes, pues no es claro qué desenlace práctico pueda tener.
El gobierno de los Estados Unidos aprueba apenas un 10% de las solicitudes de asilo que se tramitan (Tourliere 2018). Mientras tanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) no parece ejercer un liderazgo descollante en esta coyuntura. Los Estados Unidos provee un 40% del presupuesto de ACNUR y es su mayor proveedor (Tourliere 2018). En estas circunstancias obligan a muchas personas a solicitar algún tipo de estancia regular en México.
A modo de cierre, habría que decir tres consideraciones particularmente importantes. Una primera es que el día 6 de noviembre hubo elecciones de medio periodo en los Estados Unidos y en nueve de los ocho distritos, de cuatro Estados, se han elegido legisladores del Partido Demócrata (Corona 2018). Es decir, pese a que Trump ha tenido la inmigración como su bandera predilecta y que antes de las elecciones envió 5.200 soldados a la frontera todo ello no se tradujo en un triunfo electoral. Alentar el odio migratorio no se tradujo en un gran caudal electoral y ello siembra esperanza acerca de cómo el odio antinmigrante puede ser subvertido políticamente.
En segundo lugar, el día 1 de diciembre 2018, fuera la toma de posesión de Antonio Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México, quien tendrá sin duda entre sus múltiples retos, todos muy difíciles y muy complejos, el tema de la emigración centroamericana. Algunas organizaciones en México y en Centroamérica ha dicho que México debería facilitar el paso de los migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, pero sin duda la enorme presión y casi que el poder de veto que tiene el gobierno de los Estados Unidos vuelve muy difícil una decisión política de esa profundidad; pero sin duda el nuevo gobierno de México tendrá como punto el tema de la migración centroamericana entre sus largas lista de desafíos.
En la reciente cumbre sobre migración celebrada en Marrakech, Marruecos, el nuevo gobierno mexicano planteó ofrecer empleo a las 200.000 personas centroamericanas que se estima cruzan México todos los años. El gobierno de México estima en un millón el número de migrantes en México, cuya población se estima en 130 millones (Lafuente y García 2018). Ello no parece inviable si se toma en cuenta que Alemania ha recibido 4 millones con una población de 82 millones y Líbano, con una población de 6 millones de personas, alberga a al menos a un millón de refugiados.
El nuevo gobierno mexicano esperaría ofrecer empleo a miles de personas centroamericanas en la construcción en proyectos como la construcción de las vías del Tren Maya, que recorrería los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta iniciativa formaría parte de una especie de Plan Marshall que se negocia también con el gobierno de los Estados Unidos. Se trataría de encauzar los fondos, de unos 500 millones de dólares, que se reciben para proyectos de seguridad como la Iniciativa de Mérida o el Plan Frontera Sur, para ser destinados a proyectos de infraestructura.
Por último, pero no menos importante, más allá de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos y el inicio del nuevo periodo presidencial y legislativo en México, el gran reto que se tiene en Centroamérica es cómo garantizar un derecho a no tener que emigrar, es decir, cómo imaginar una salida de mediano y de largo plazo a las enormes inequidades y desigualdades que se viven en la Región. Este es un enorme desafío del cual desdichadamente las clases dirigentes hoy en Centroamérica no parecen estar dispuestas a atender.
Más bien, lo que observa es una larga lista de casos de corrupción que han llevado a la cárcel a prácticamente presidentes o expresidentes en todos los países de Centroamérica, con excepción de Nicaragua, en donde el control de los poderes del Estado por parte de la familia Ortega-Murillo vuelve imposible esta posibilidad. En Guatemala, el expresidente Otto Pérez Molina guarda prisión; mientras tanto Jimmy Morales, el actual Presidente, y otros poderosos actores políticos han manifestado su rechazo hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, el cual surgió como una alternativa frente a la debilidad institucional del sistema judicial. En el caso de El Salvador, el expresidente Antonio Saca fue condenado a 10 años de prisión; mientras tanto, sobre el expresidente Mauricio Funes hay orden de captura. Funes se refugió en Nicaragua.
Devis Leonel Maradiaga, exjefe del cartel Los Chachiros (Moreno 2015), basado en Honduras, el cual introdujo toneladas de cocaína a los Estados Unidos declaró en contra de Fabio Lobo, quien fue condenado a 24 años de prisión. Fabio es hermano del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), El 23 de noviembre 2018 fue también detenido Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, acusado también de vínculos con el narcotráfico. Costa Rica no es tampoco la excepción, pues dos expresidentes, Rafael Angel Calderón Fournier y Miguel Rodríguez Echeverría, han ido a juicio. A la lista se agrega Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá, quien fue deportado en junio 2018 por el gobierno de los Estados Unidos, acusado de escuchas ilegales a rivales políticos.
Frente a los grandes retos de Centroamérica, las clases dirigentes centroamericanas exhiben crecientes manifestaciones de corrupción y abuso de poder. Cómo salir de tanta inequidad y tanto desigualdad es un sin duda, un desafío para el pensamiento y la acción progresista en América Central.
Dos personas hondureñas, entrevistadas por la BBC, mientras caminaban rumbo a México en el mes de octubre 2018, resumieron muy bien estas inequidades y desigualdades. Una de ellas manifestó: “A mi si el Presidente de los Estados Unidos no le ayuda a Honduras no me interesa porque yo no recibo ayudas de él”. La otra, por su parte, concluyó: “No le tenemos miedo a las amenazas de Trump; venimos huyendo de nuestro país porque a nuestro país sí le tenemos miedo”.
Se extiende la invitación a la comunidad de San Ramón, Piedades Sur para asistir a la Asamblea Popular sobre el tema: “El Plan Fiscal y cómo afectará a su comunidad”, en el salón comunal de El Salvador, el próximo jueves 18 de octubre a las 4 p.m.
SAN JOSÉ LAS FLORES, El Salvador, 16 ago 2017 (IPS) – Sorteando riachuelos y recorriendo escabrosos caminos va Felipe Tobar, al frente de un grupo de personas cuyo destino es la ribera de un río tristemente famoso, porque allí hace 37 años fueron asesinadas alrededor de 600 personas en El Salvador.
“Cuando yo me tiré al río era increíble ver aquel montón de gente que era arrastrada por el agua, se ahogaban, vi cuando el ejército ya estaba en el borde, disparando a la gente fuera y dentro del río”, cuenta Tobar, mientras hace una parada para descansar, sentado en una roca a la orilla de una vereda.
Tobar, ahora con 60 años, es sobreviviente de una de las peores atrocidades cometidas durante la guerra civil salvadoreña, la llamada Masacre del Sumpul, ejecutada por efectivos militares en mayo de 1980, en la ribera del río del mismo nombre, en el caserío Las Aradas, del municipio de Ojos de Agua, en el norteño departamento de Chalatenango.
Ahora, el municipio del que él es alcalde, San José Las Flores, es parte un proyecto de memoria histórica que, además de rendir tributo a todos aquellos que perdieron la vida en esa y otras masacres ocurridas en Chalatenango, incluye iniciativas productivas sostenibles.
Entre esas está el fomento de un turismo rural enfocado en esos hechos ocurridos durante los 12 años de conflicto (1980-1992), en el que perdieron la vida 75.000 personas, mientras se calculan en 8.000 los desaparecidos y 30.000 los refugiados tan solo en la vecina Honduras.
“Esto vendría a potenciar la llega de visitantes al municipio… mucha gente quiere conocer la historia, los lugares donde se dieron este tipo de hechos”, sostuvo el alcalde, quien además es presidente de la Asociación de Sobrevivientes de Masacres en Chalatenango, conformada el 11 de agosto.
Chalatenango fue uno de los departamentos de este país centroamericano de 6,3 millones de habitantes donde más recrudeció la guerra debido a la fuerte presencia guerrillera en la zona y a los constantes bombardeos y operativos desarrollados por el ejército.
El guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se convirtió en partido político tras los Acuerdos de Paz de 1992 y gobierna el país desde 2009, tras ganar los comicios presidenciales ese año y en 2014.
La ruta turística, que se llamará Voces de Historias Vivas, es impulsada además por otros pueblos del departamento donde también hubo masacres, como San Antonio Los Ranchos, Nueva Trinidad y Arcatao.
“Tenemos la ventaja de que aún hay sobrevivientes, los turistas pueden conocerlos y oír lo que en realidad pasó, de viva voz”, dijo a IPS por teléfono desde su despacho el alcalde de Arcatao, José Alberto Avelar.
Se pretende además, entre otras actividades, desarrollar una agricultura amigable con el ambiente, de modo que los turistas puedan visitar parcelas de cultivos y participar ellos mismos del proceso, acotó.
Durante la caminata, machete en mano, Tobar va contando detalles de lo ocurrido durante la matanza, a un grupo de personas llegadas no solo de San Salvador, la capital, sino de Canadá y Bélgica, algunos de ellos involucrados directamente en el esfuerzo de memoria histórica en la zona.
De su municipio y de otros vecinos a Ojos de Agua, donde se produjo la masacre, también murieron familias enteras que buscaban refugio del operativo militar en la zona, atravesando parajes intrincados.
“El proyecto se inició como interés de Salvaide de apoyar los procesos de memoria histórica y conmemoración en comunidades de Chalatenango, a partir de 2014”, señaló Pedro Cabezas, representante de esa organización canadiense en El Salvador.
Salvaide es una ONG con sede en la ciudad canadiense de Ontario, creada en 1985 para fortalecer a las comunidades de El Salvador en la construcción de justicia, democracia y desarrollo sostenible.
Esa organización donó parte de los 21.000 que costó el terreno de 2,7 hectáreas localizado en una planicie adyacente a la ribera del río Sumpul, el lugar exacto donde muchas víctimas fueron asesinadas a sangre fría en aquel mayo de 1980.
En ese sitio, cada año se celebra la conmemoración de la masacre, con actos religiosos y culturales, y es allí donde ahora el alcalde de San José Las Flores y la comunidad pretenden edificar un monumento conmemorativo y otras obras, como senderos y jardines, con el apoyo de algunas de las organizaciones y personas que han acompañado el esfuerzo desde el inicio.
Algunas de esas personas han caminado con él, por tres horas, entre valles y montañas, bajo un sol inclemente, para llegar desde San José Las Flores al lugar de la masacre, a algo más de 100 kilómetros al norte de San Salvador.
“La idea es ayudarla en dibujar planes estratégicos, paso a paso… ellos tienen una visión de lo que quieren hacer”, señaló a IPS la profesora de la Universidad Western Ontario, Amanda Grzyb.
Ella se involucró en el proyecto, junto a su pareja Reynaldo Hernández, luego de llevar a cabo una iniciativa paralela relacionada con la historia de El Salvador: el montaje de una exhibición en este país con fotografías poco conocidas de refugiados salvadoreños, en campos establecidos en Honduras durante el conflicto.
Las fotografías estaban en poder del director fundador de Oxfam Canadá, Meyer Brownstone, quien se las entregó a Hernández para que él hiciera algo con ellas.
“Tenía el sueño de hacer un archivo ‘online (en línea)’ con esas imágenes, y encontré a un diseñador de páginas web con ese fin, pero el costo económico era demasiado alto”, narró Hernández a IPS.
Residente en Ontario hace años, Hernández fue uno de los salvadoreños que vivió en su infancia en uno de esos campos de refugiados en Honduras, luego de que su familia saliera del país huyendo de la violencia.
Al equipo de trabajo se ha unido una pareja de arquitectos, Harold Fallon y Evelia Macal, quienes han viajado desde la capital de Bélgica para conocer de cerca el proceso de edificación del monumento en la ribera del río y ver cómo pueden colaborar en el proyecto.
“Lo primero es definir un programa de trabajo, hecho consultivamente con todos los participantes, son ellos los que van a darle vida, no es de venir a imponer”, señaló Macal, una salvadoreña residenciada en Bruselas.
Fallon, profesor de la belga Universidad Católica de Lovaina, dijo que está claro que para la comunidad es importante mejorar las vías de acceso al sitio, sobre todo para las personas adultas mayores que quieren visitar el lugar y les resulta difícil avanzar en caminos tan escabrosos.
Pero además debe considerarse el hecho de dejar las veredas y caminos originales, pues también tienen un significado histórico, acotó.
“Hay que ver cómo se logra un equilibrio entre la accesibilidad del lugar pero al mismo tiempo manteniendo los caminos que existen, porque son parte de la historia también”, refirió, sentado con Macal en la orilla del río, cuyas aguas fueron testigo de tanta muerte y dolor.
Organizaciones de derechos humanos identificaron a varios oficiales del ejército de entonces como los victimarios de aquella matanza, entre ellos quien era ministro de la Defensa, José Guillermo García, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Rafael Flores, y el comandante del Destacamento Militar Número, de Chalatenango, Augusto Peña.
Abogados de la organización Tutela Legal María Julia Hernández, que llevan el caso en nombre de los familiares de las víctimas, lograron recientemente que el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango permita una inspección en Las Aradas, pero aún no se define la fecha.
Felipe Tobar, alcalde de San José Las Flores, con parte del grupo al que guía hacia el lugar exacto donde en mayo de 1980 se produjo la masacre de Sumpul, en las orillas del río del mismo nombre, donde unas 600 personas civiles fueron asesinados por el ejército al comienzo de la guerra de 12 años en El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala /IPS.
