La caravana centroamericana: un éxodo en el siglo XXI
“Venimos huyendo de nuestro propio país porque a nuestro país sí le tenemos miedo”
La salida colectiva de miles de personas centroamericanas provenientes especialmente de Honduras y también de El Salvador a partir de octubre 2018, a menudo llamada “caravana”, ha despertado una enorme atención internacional. Ellas se desplazaron primero hacia Guatemala y posteriormente hacia México. En este mes de diciembre esperan alguna posibilidad especialmente en la ciudad de Tijuana, ciudad fronteriza de México.
Un primer elemento que tal vez valga la pena poner en discusión es la misma noción de “caravana”. Al menos en castellano, y eventualmente también en otras lenguas, caravana parece tener una acepción cotidiana que no se asocia tanto a una salida forzada, peligrosa o riesgosa.
“Éxodo”, un concepto con una amplísima historia, especialmente asociado a textos bíblicos, vendría al caso en esta situación migratoria centroamericana, pues da cuenta de la naturaleza forzada de la migración. Hoy en Centroamérica no se elige migrar; hoy en Centroamérica migrar es una obligación.
Un segundo elemento es si, efectivamente, estamos frente a la presencia de un incremento de la migración de personas hondureñas o si más bien su salida colectiva ha producido, en buena medida a través de la narrativa de los medios de comunicación, un cierto efecto de realidad que daría la sensación de que estamos frente a algo inusitado.
Los censos de los Estados Unidos permiten poner este fenómeno en perspectiva. Si se comparan los porcentajes de personas centroamericanas registradas en los censos de los años 2000 y 2010, se notará que la población centroamericana en su conjunto aumentó en un 136%: La población hondureña, en particular, se incrementó en un 191%, la guatemalteca en un 180% y la población procedente de El Salvador en un 151% (Sandoval 2015).
Lo nuevo es más la salida colectiva, no el número mismo de personas que emigran. De hecho, es muy frecuente ver en las noches a docenas de personas esperando autobuses en San Pedro Sula o en Tegucigalpa para iniciar un viaje que con ilusión y miedo les llevará a los estados de Chiapas o a Tabasco; dos de los principales puntos de ingreso al territorio mexicano.
La migración hondureña ha sido predominante a lo largo de este siglo XXI. Como apunta Ismael Moreno (2018:4): “La caravana de todos los días ha sido silenciosa, solapada, discreta, privada, invisible y hasta vergonzante. Pero con esta explosión se ha convertido en visible, pública y hasta dignificante”.
La salida colectiva podría estar motivada tanto por factores si se quiere coyunturales como también más de naturaleza estructural. El aumento del precio de los servicios de electricidad, gas y gasolina, así como de varios productos alimenticios se cuenta entre los detonantes que impulsaron esta salida colectiva. Un agente de la pastoral de la Iglesia Católica, quien labora en una comunidad empobrecida de Tegucigalpa lo resume así: “Los encargados de nuestro país han hecho desastres en estos últimos meses; más que en otros meses y años”.
Salir en grupo puede al menos disminuir el peligro de los secuestros y la extorsión. Excepto los y las costarricenses, el resto de las personas centroamericanas requiere visa para ingresar a México. Ello les obliga a ingresar y transitar por puntos no autorizados, al tiempo que les expone a múltiples vejaciones, ya sea del crimen organizado o de los mismos cuerpos policiales mexicanos. En el contexto del auge de las redes sociales, muchas personas establecen contactos y esas que pensaban salir a tomar el bus una noche para iniciar su viaje convienen que tiene más sentido hacerlo de manera colectiva.
Entre los factores si se quiere más de tipo estructural la ausencia de empleo digno es decisiva. La pobreza se calcula con un 64,3% del total de la población, y eso crea condiciones de violencia estructural muy difíciles de afrontar especialmente para las personas jóvenes, quienes son mayoría en esa mayoría silenciosa que abandona el país todas las noches.
En una investigación llevada a cabo con jóvenes residentes en comunidades populares urbanas en El Limón, Nueva Capital, Popotlán, Jorge Dimitrov y La Carpio en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, respectivamente, la mitad de las personas encuestadas dejarían sus países, lo cual no deja dudas acerca de las consecuencias de la exclusión. Los datos obtenidos en Popotlán en El Salvador son más angustiantes, pues un 79% desearía irse.
En términos políticos, sin duda, el golpe de Estado contribuyó a crear más fragilidad en el tejido social de la sociedad hondureña. En junio 2019 se cumplirán 10 años del golpe de Estado y en noviembre 2018 fue re-electo Juan Orlando Hernández, en una contienda electoral cargada de protestas, dudas y denuncias por fraude electoral. Hernández logró cambios constitucionales que le permitieron la reelección, irónicamente uno de los motivos del Golpe de Estado del año 2009. La reelección estuvo precedida por el desfalco estimado en 200 millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro Social, que provocó un movimiento social llamado “Los Indignados”, que solicitaba la destitución de Hernández (Reynolds 2018). De ahí que su reelección fue aún más cuestionada.
Un tercer conjunto de factores son sociales. La violencia criminal es enorme en Honduras. En 2016, después de Caracas, San Pedro Sula era la ciudad más violenta del mundo con 111 homicidios dolosos por 100.000 habitantes (Hansen-Nord et al. 2016). Una mañana de domingo de setiembre de 2013 en Coatzacalcos Veracruz, mientras esperaban la salida del tren, tres jóvenes hondureños, quienes no contaban con apoyo en los Estados Unidos, sentenciaron: “De por sí, si nos van a matar en Honduras, que nos maten aquí” (Sandoval, 2015:41).
La mayoría de las personas que integran esta marcha tomó las rutas más distantes de la frontera de México con los Estados Unidos. Esta decisión volvió el viaje aún más agotador y a lo mejor estuvo motivada en el deseo de evitar la ruta del Golfo de México, en donde hay una presencia manifiesta del crimen organizado y con ello la extorsión y la muerte. Si bien entre San Pedro Sula y Tamaulipas hay unos 2.700 kilómetros, la mayoría de las personas eligió llegar a Tijuana, que la separa unos 4.348 kilómetros de San Pedro Sula.
La frontera entre México y los Estados Unidos tiene una longitud de 3185 kilómetros, un tercio de la cual ya tiene muro, una iniciativa que inició como parte de la Operación Guardián, durante el gobierno de Bill Clinton (Nevins 2001). Durante los dos primeros años de su gobierno, Donald Trump no ha avanzado en la construcción del muro, pero sí ha levantado un muro simbólico que tiene efectos prácticos en el control migratorio que es igual o más importante que el mismo muro físico.
En la actualidad, las autoridades migratorias exigen a las personas que llegaron a la frontera como parte de la llamada “caravana” que en inscriban en una lista a cargo de autoridades mexicanas. Esta lista les permitiría solicitar asilo. Este procedimiento ha sido criticado por ONGs que acompañan migrantes, pues no es claro qué desenlace práctico pueda tener.
El gobierno de los Estados Unidos aprueba apenas un 10% de las solicitudes de asilo que se tramitan (Tourliere 2018). Mientras tanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) no parece ejercer un liderazgo descollante en esta coyuntura. Los Estados Unidos provee un 40% del presupuesto de ACNUR y es su mayor proveedor (Tourliere 2018). En estas circunstancias obligan a muchas personas a solicitar algún tipo de estancia regular en México.
A modo de cierre, habría que decir tres consideraciones particularmente importantes. Una primera es que el día 6 de noviembre hubo elecciones de medio periodo en los Estados Unidos y en nueve de los ocho distritos, de cuatro Estados, se han elegido legisladores del Partido Demócrata (Corona 2018). Es decir, pese a que Trump ha tenido la inmigración como su bandera predilecta y que antes de las elecciones envió 5.200 soldados a la frontera todo ello no se tradujo en un triunfo electoral. Alentar el odio migratorio no se tradujo en un gran caudal electoral y ello siembra esperanza acerca de cómo el odio antinmigrante puede ser subvertido políticamente.
En segundo lugar, el día 1 de diciembre 2018, fuera la toma de posesión de Antonio Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México, quien tendrá sin duda entre sus múltiples retos, todos muy difíciles y muy complejos, el tema de la emigración centroamericana. Algunas organizaciones en México y en Centroamérica ha dicho que México debería facilitar el paso de los migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, pero sin duda la enorme presión y casi que el poder de veto que tiene el gobierno de los Estados Unidos vuelve muy difícil una decisión política de esa profundidad; pero sin duda el nuevo gobierno de México tendrá como punto el tema de la migración centroamericana entre sus largas lista de desafíos.
En la reciente cumbre sobre migración celebrada en Marrakech, Marruecos, el nuevo gobierno mexicano planteó ofrecer empleo a las 200.000 personas centroamericanas que se estima cruzan México todos los años. El gobierno de México estima en un millón el número de migrantes en México, cuya población se estima en 130 millones (Lafuente y García 2018). Ello no parece inviable si se toma en cuenta que Alemania ha recibido 4 millones con una población de 82 millones y Líbano, con una población de 6 millones de personas, alberga a al menos a un millón de refugiados.
El nuevo gobierno mexicano esperaría ofrecer empleo a miles de personas centroamericanas en la construcción en proyectos como la construcción de las vías del Tren Maya, que recorrería los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta iniciativa formaría parte de una especie de Plan Marshall que se negocia también con el gobierno de los Estados Unidos. Se trataría de encauzar los fondos, de unos 500 millones de dólares, que se reciben para proyectos de seguridad como la Iniciativa de Mérida o el Plan Frontera Sur, para ser destinados a proyectos de infraestructura.
Por último, pero no menos importante, más allá de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos y el inicio del nuevo periodo presidencial y legislativo en México, el gran reto que se tiene en Centroamérica es cómo garantizar un derecho a no tener que emigrar, es decir, cómo imaginar una salida de mediano y de largo plazo a las enormes inequidades y desigualdades que se viven en la Región. Este es un enorme desafío del cual desdichadamente las clases dirigentes hoy en Centroamérica no parecen estar dispuestas a atender.
Más bien, lo que observa es una larga lista de casos de corrupción que han llevado a la cárcel a prácticamente presidentes o expresidentes en todos los países de Centroamérica, con excepción de Nicaragua, en donde el control de los poderes del Estado por parte de la familia Ortega-Murillo vuelve imposible esta posibilidad. En Guatemala, el expresidente Otto Pérez Molina guarda prisión; mientras tanto Jimmy Morales, el actual Presidente, y otros poderosos actores políticos han manifestado su rechazo hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, el cual surgió como una alternativa frente a la debilidad institucional del sistema judicial. En el caso de El Salvador, el expresidente Antonio Saca fue condenado a 10 años de prisión; mientras tanto, sobre el expresidente Mauricio Funes hay orden de captura. Funes se refugió en Nicaragua.
Devis Leonel Maradiaga, exjefe del cartel Los Chachiros (Moreno 2015), basado en Honduras, el cual introdujo toneladas de cocaína a los Estados Unidos declaró en contra de Fabio Lobo, quien fue condenado a 24 años de prisión. Fabio es hermano del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), El 23 de noviembre 2018 fue también detenido Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, acusado también de vínculos con el narcotráfico. Costa Rica no es tampoco la excepción, pues dos expresidentes, Rafael Angel Calderón Fournier y Miguel Rodríguez Echeverría, han ido a juicio. A la lista se agrega Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá, quien fue deportado en junio 2018 por el gobierno de los Estados Unidos, acusado de escuchas ilegales a rivales políticos.
Frente a los grandes retos de Centroamérica, las clases dirigentes centroamericanas exhiben crecientes manifestaciones de corrupción y abuso de poder. Cómo salir de tanta inequidad y tanto desigualdad es un sin duda, un desafío para el pensamiento y la acción progresista en América Central.
Dos personas hondureñas, entrevistadas por la BBC, mientras caminaban rumbo a México en el mes de octubre 2018, resumieron muy bien estas inequidades y desigualdades. Una de ellas manifestó: “A mi si el Presidente de los Estados Unidos no le ayuda a Honduras no me interesa porque yo no recibo ayudas de él”. La otra, por su parte, concluyó: “No le tenemos miedo a las amenazas de Trump; venimos huyendo de nuestro país porque a nuestro país sí le tenemos miedo”.
Fuente: http://www.madrimasd.org/blogs/migraciones/2018/12/20/132711
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