En la reciente campaña electoral no hubo un tema que polarizara la contienda, como el del matrimonio igualitario en la del 2018. Esta vez, la agenda temática fue más diversa y abordada de manera más distendida. Incluso, en algunos temas hubo enfoques similares y hasta compartidos. En este contexto, las candidatas y candidatos apelaron al discurso de la anticorrupción, procurando sacarle dividendos político-electorales, pero con un abordaje sesgado.
Existen diferentes tipos de corrupción: la clientelista que reparte favores para ganar votos, la mercantilista que compra políticos para obtener concesiones, la burocrática, pública y privada o corporativa, que legitima las malas prácticas y, quizá, la más pura y dura, la de las políticas neoliberales que favorecen al gran capital empresarial y financiero, generando más pobreza y desigualdad. Pero, quienes enarbolan el discurso de la anticorrupción pocas veces hacen referencia a este último tipo, protegiendo intereses igualmente espurios.
Hoy, nuestro Estado Social de Derecho está en la picota, en buena medida, por este conjunto de prácticas perniciosas. Sin embargo, el abordaje de la corrupción sigue siendo sesgado, al punto de legitimar su institucionalización, debido al apoyo y sometimiento incondicional a esas políticas que se nos imponen desde afuera. Es decir, se continúa hipotecando nuestro futuro y, principalmente, el de las nuevas generaciones, por la entrega de la soberanía económica y política a poderes fácticos foráneos y sus pares nacionales.
De ahí que uno de los desafíos fundamentales, para lograr tanto una reactivación económica como social salvaguardando los intereses nacionales, sea convertir a la ética de la solidaridad en el eje transversal de todas las políticas públicas. De esta manera, asegurarse que estas políticas estén al servicio de la equidad, la inclusión y la justicia social. Asimismo, democratizar más el proceso de su formulación y ejecución, ensanchando el espacio del diálogo ciudadano, que es el medio por excelencia para garantizar una gestión democrática y el antídoto para los autoritarismos.
Si de algo ha venido adoleciendo el proyecto globalizador dominante ha sido, precisamente, de una ética de la solidaridad humana, como lo ha señalado reiteradamente el papa Francisco. Así, por ejemplo, a propósito de la pandemia, en su última encíclica Fratelli Tutti destaca: “Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío” (La cursiva es nuestra).
Nuestro país y la humanidad entera están urgidos de ejercitar una ética para la solidaridad y la equidad. Nos estamos jugando la vida. El descalabro planetario producido por el cambio climático y la escandalosa concentración de la riqueza, están marcando el rumbo de la autodestrucción. Y un país, pequeño como Costa Rica, que ha logrado avances importantes tanto en bienestar social como en preservación de la naturaleza, cuenta aún con reservas éticas y humanistas para avanzar en una mejor dirección, y heredar un futuro más promisorio a las nuevas generaciones.
Hay que superar el uso sesgado del discurso de la anticorrupción con fines puramente político-electorales. Proponerse, más bien, construir una mejor sociedad de ciudadanas y ciudadanos dedicados al cultivo de la amistad solidaria. Y, de esta manera, defender y fortalecer, remozando, el Estado Social de Derecho: esa gran conquista de nuestros antepasados, producto de una valiente lucha social que desembocó en una convergencia ética y humanista de líderes tan visionarios como patriotas.
¡Claro que tenemos la responsabilidad histórica de gestar un nuevo pacto social por la solidaridad, la inclusión y la justicia social!
Tiene razón la diputada electa Pilar Cisneros en no haberse equivocado al decir que EXPRESAMENTE no se refirió al Tribunal Supremo de Elecciones, cuando en el mitin que tuvo su Partido Progreso Social Democrático, siendo ella la principal oradora, como lo ha sido en todo el país, afirmó, entre otras cosas, que la segunda vuelta no estaba ganada, y enfatizó que “Tenemos al frente un enemigo poderoso, con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección”. También afirmó que “Lo que nos preocupa es no tener fiscales de mesa en todas las mesas y que se pueda producir un chorreo por parte del partido rival”. También afirmó que esa práctica del chorreo es usual en todos los partidos políticos que realizan convenciones políticas para escoger sus candidatos.
Se refería al Partido Liberación Nacional, a su candidato, y a “la estructura sólida y capaz de hacer el chorreo”, donde IMPLICITAMENTE sí comprometió al Tribunal Supremo de Elecciones, porque esa es la estructura “sólida y poderosa” que es la única que puede facilitar “el chorreo de votos”. Salvo que Pilar Cisneros Gallo hable, o cante más que un gallo, sin conocimiento preciso de lo que afirmó, o lo que es peor, en una diputada, que no ligue el cerebro con la lengua.
Sí COMPREMETIÓ al Tribunal Supremo de Elecciones porque es éste el que prepara la papelería electoral, la imprime y la custodia hasta que, con actas en mano, la distribuye, en las tulas oficiales, a los miembros de mesa autorizados de todos los partidos para su custodia final, hasta el día de las elecciones, donde en ese proceso, de nuevo mediante dos revisiones, de esos miembros, de todo lo que contienen las tulas, se comprueba que toda la papelería electoral enviada es correcta, y que no falta nada.
COMPROMETIO LA INDEPENDENCIA del Tribunal Supremo de Elecciones y la transparencia de cómo trabaja. Lo IMPLICO con su afirmación en una POSIBLE componenda con un partido político en este fraude del “chorreo de votos”.
SI ACUSÓ IMPLICITAMENTE al Tribunal Supremo de Elecciones DE FAVORECER EL FRAUDE, en lo que dijo para la segunda vuelta electoral. Quizá lo pensó, pero no se atrevió a decirlo en la primera ronda porque su partido no estaba destacando como finalmente lo hizo.
Si el Tribunal estaba implícitamente comprometido, como ella aseveró, con su afirmación, tenía que estarlo, en ese compromiso de fraude, en primer lugar con el Partido de Gobierno, el Partido Acción Ciudadana, que de acuerdo a su insinuación, sin casi sacar un voto, en la práctica lo dejaron sin papeletas y sin chorreo, en el supuesto también de que los magistrados electorales le respondieran a ese Partido, así como todo el personal del Registro Electoral y del mismo Tribunal, igualmente, le respondieran a ese Partido en el Gobierno, con lo cual el Tribunal, o desde su entraña, se prestó entonces a facilitar papeletas para los partidos que llegaron a la segunda vuelta, en este caso tanto a Liberación como el Progreso Social Democrático, porque habría que pensar que también salió favorecido de ese supuesto chorreo de votos, porque las encuestas no lo colocaban de finalista.
De otra manera costaría pensar, de acuerdo con la perversa lógica de la diputada peruano costarricense, que los dos partidos finalistas llegaran a la final, y en esta segunda vuelta, con esa misma lógica, le preocupa que “el chorreo de votos” posible que pueda hacerse, ¿de nuevo?, se haga a favor de Liberación Nacional como partido y de su candidato, y ya no de su partido.
No sé cuánto sabrá la diputada peruana costarricense de la Historia Nacional, pero la década que culminó en 1948 se terminó con una guerra civil, que tenía como una de las banderas la lucha por la pureza del sufragio. En el otro bando, el del gobierno aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica, los comunistas impulsaron la constitución del Tribunal Nacional Electoral y del Código Electoral, ambos de 1946, con al ánimo de frenar la corrupción electoral que entonces se acusaba contra los gobiernos de turno. Ambas instituciones permanecen, sobrevivieron a la Guerra Civil, a la Junta de Gobierno y a la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy son sólidas columnas de la Democracia Electoral Nacional.
El actual Tribunal Supremo de Elecciones lo estableció la Asamblea Constituyente, respetando la propuesta que hizo la Junta de Gobierno encabezada por José Figueres, y el código electoral de 1946, con sus reformas llegó hasta el 2009 cuando se aprobó el actual Código Electoral.
La Asamblea Nacional Constituyente, con el apoyo de la Junta de Gobierno, le dio carácter de poder independiente, al Tribunal Supremo de elecciones, que así lo denominó la Junta de Gobierno, con exclusividad en su función electoral, único organizador, administrador y con capacidad declarativa, sin apelación alguna, de los resultados electorales, lo que ha sido pieza fundamental del desarrollo de la Democracia Costarricense, situación que seguramente en Perú donde la diputada electa inició su primera formación no se conocía, por su historia militar, de golpes de estado, poco democrática, comparada con la costarricense.
El chorreo de votos, como se conoce esta figura del fraude electoral, que usted trajo a cuento, generalmente se hacía en las elecciones oficiales de Costa Rica, antes de 1948, y se podría decir que en todas las elecciones anteriores a esa fecha había distintas formas de hacer fraudes.
En esa época anterior a 1948 el proceso electoral estaba totalmente controlado por el Poder Ejecutivo, y por el partido gobernante. Hasta 1924 el voto de los electores era público con lo cual se podía presionar de muchas maneras, por parte de empleadores, autoridades de gobierno, patronos en general, hacendados, a los electores votantes sabiendo cómo iban a votar. Hasta por la forma cómo se emitía el voto, que podía durar algunos días, era fácil alterar procesos electorales, o por la falta de cedulación, o por una lista abierta de electores donde estaban los fallecidos, por traslados de sitio electoral, por la forma como se leían los telegramas informativos del resultado, o por compra directa de votos etc.
Al controlar el sistema electoral el Poder Ejecutivo ejercía control en la práctica de todo el proceso, desde su organización hasta la elaboración del material electoral y su distribución, además del conteo de votos que prácticamente se hacía en la Casa de Gobierno. La declaración final de los resultados quedaba en manos del Congreso de conformidad al informe que enviaba el Tribunal Electoral de la época.
De esta manera cuando se empleaba el sistema del chorreo de votos se procedía así:
De las papeletas oficiales se sacaban algunas, que no eran impresas como lo hace actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones, tantas como se quisieran emplear en distintos lugares, cantones o provincias, para asegurar el triunfo que se deseaba.
Por sacadas las papeletas, lo que era fácil hacer al partido político que estaba en el Gobierno, porque controlaba al Tribunal Electoral, la emisión de toda la papelería electoral, o al Gobernante de turno que complacía en que esas papeletas se sacaran para ese fin, de chorrear votos, esas papeletas se marcaban en la casilla del candidato que se quería favorecer. Marcada la papeleta entonces se acudía a un votante para proponerle que metiera esa papeleta marcada y trajera la que le daban en el recinto electoral, que era otra papeleta oficial. Así se iniciaba la cadena de votos que se provocaba con ese “chorreo”.
El chorreo se hacía con papeletas oficiales, reales, verdaderas, no con copias o falsas papeletas. Ese proceso podía implicar un acto consciente de quien lo hacía porque lo hacía a favor de un partido y un candidato o bien inducido mediante soborno, pago o compra del voto.
Técnicamente desde la organización de las elecciones nacionales, a partir de las elecciones de diputados de 1949 y las nacionales a partir de 1953 esa forma de fraude desapareció.
Los procesos electorales fueron perfeccionándose en su organización, administración, en la educación popular, en la formación ciudadana, y la cultura cívica que desde entonces se ha desarrollado alrededor del sufragio nacional, como proceso electoral y como ejercicio masivo del derecho político a elegir las autoridades supremas de los Gobiernos del país, el nacional, los diputados y los gobiernos locales. Que recuerde nunca ha habido desde la existencia del actual Tribunal Supremo de Elecciones ningún cuestionamiento a su manejo de las elecciones, hasta ahora que la diputada peruana costarricense lo ha hecho.
El Tribunal Supremo de Elecciones fue el cuestionado por la diputada electa. Con ello, con sus aseveraciones, se afectó la imagen pública, y posiblemente internacional del país, de la democracia nacional y del sistema democrático electoral del país. ¿Cabrá acusación penal contra la diputada electa antes de su juramentación, por el daño causado al país, a la imagen de la democracia costarricense?
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En su trabajo No vuelvas (Almadía, 2018), el periodista argentino Leonardo Tarifeño escudriña la vida de las personas deportadas de Estados Unidos que terminan circulando en las sombras de Tijuana. Al preguntar a Pepe Rojo, escritor mexicano, sobre el rol de la cultura en la atención de los deportados, éste comenta que no es suficiente, pero que el verdadero proyecto cultural de la ciudad “consiste en mantenerse al día”.
Entender un fenómeno así en un espacio de incertidumbre, complejo, paradójico, desigual, implica profundizar en ese concepto sociocultural por el que la ciudad transcurre: prácticamente su horizonte de futuro se ha esfumado, al quedar atrapado en un presente de tránsitos, violencias, devoluciones.
En varias de las reflexiones compartidas en este espacio, hemos trabajado la idea de cierto abandono de un proyecto común para el caso costarricense, una ausencia de orientación, un nosotros difuminado. De igual manera, nos parece que la escenografía del país atiende a esa complejidad y desigualdad a la cual hemos asistido sin descanso ni pausa en los últimos 20 años.
Cuestionarnos ahora por ese proyecto sociocultural costarricense nos devuelve respuestas con algunas evidencias de un proceso que lentamente empieza a derivar hacia la pérdida de sentido comunitario, para dar paso a una matriz conservadora irreversible y hegemónica. Esta matriz, dicho sea de paso, ha sido impulsada no solo desde centros de pensamiento, think thanks de la industria cultural , sino desde las mismas evidencias de un enojo, enconado y cierto, de un buen sector de población costarricense desafecto con su clase política cuando no también con su sistema democrático.
El avance hacia el individualismo como expresión cultural ha quedado en evidencia en estos dos años de pandemia en los que la idea de cuido colectivo ha quedado relegada por la imposibilidad de construir una experiencia común, un lenguaje a partir de cual todos y todas entendernos.
En su lugar, la falta de empatía, el quiebre de los lazos y los tejidos sociales, las rupturas de las posibilidades de integración horizontal, han posibilitado el debilitamiento de una noción que conjunte esto que somos en la actualidad, y hacia el futuro.
Si lo de Tijuana se inscribe en una ausencia absoluta de futuro, lo de Costa Rica como noción de país revela un significado en suspensión, un proyecto sociocultural que se decanta hacia su lado conservador, inmovilizador, excluyente. Está por verse si en el balotaje de abril se profundiza, sin retorno, ese posible escenario. Para la respuesta social que inevitablemente debe venir, también está por verse de que tamaño será su desafío.
Albert Einstein (1879-1955): Si vamos a cuestionar la presencia viva de los Espíritus, empecemos entonces por negar la existencia del átomo, que continúa imperceptible a los ojos humanos desarmados, pero existe.
Rafael Ángel Ugalde Quirós* Especial para SURCOS.
I.- Imaginando un extraterrestre sobrevolando el país el pasado 6 de febrero quizá pensaría que la situación de 25 partidos políticos en la lucha por el sillón presidencial de Zapote alabaría seguramente la “perfección” del “Contrato Social” – obra de Jean Jacques Rousseau en 1762- en la pequeña “hacienda” de 51 mil kilómetros cuadrados y 3.541.908 “ticos” habilitados para sufragar. Nada más alejado de la realidad una vez con los pies sobre la tierra: El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aunque tuvo capacidad para dirigir un debate con 25 aspirantes presidenciales en condiciones de igualdad, no lo hace. No le interesa. Su mayor comodidad es contar votos y jamás profundizar la democracia con participación masiva de los ciudadanos en la “res” pública, como decían los romanos. Le interesa más que sean las dos grandes cadenas nacionales de televisión, con los riesgos, los sesgos e intereses que todos conocen a favor de dos partidos políticos, que sea este tribunal quien impulse el debate de ideas en igualdad de condiciones entre los candidatos presidenciales. Este desinterés del TSE, en gran medida, da así a los procesos electoreros un ambiente carnavalesco, con los grandes bancos y consorcios económicos, financiando y fiscalizando lo que ellos han sintetizado llamando la gran “fiesta democrática”.
Un estudio del semanario Universidad (21/11/2021) reveló, por ejemplo, que los bancos privados BCT y Banco Promerica concentraron el 80% de los bonos de deuda política, o certificados de cesión, liquidados en la campaña electoral del 2018. Eran los únicos dos bancos con créditos formalizados para las elecciones de 2022, según datos de la Tesorería Nacional.
El total cancelado por concepto de deuda política (incluyendo los intereses), asciende a los ¢14.808 millones, de los cuales los bancos BCT y Promerica concentraron ¢12.123 millones. La primera entidad bancaria es presidida por Leonel Baruch, mientras que el presidente de la Junta Directiva de Promerica es Edgar Zurcher.
Los certificados de cesión son un instrumento de financiamiento contemplado por la legislación costarricense en el que los partidos pueden ceder su acceso al financiamiento público a entidades bancarias o particulares. Los bancos en este caso financian de manera anticipada especulando cuánto recibirá de votos cada partido por medio de las encuestas públicas e incluso propias.
“Es un mecanismo especulativo como en la Bolsa de Valores. Tiene una expectativa de retribución de la inversión que hizo al comprar el título, más los intereses ganados por ese financiamiento que le está otorgando, quien recibe esa plata son los bancos. No van a perder ni los bancos, ni los financistas tipo A (los que tienen mayor posibilidad de ser cancelados) que compran estos bonos a varios partidos porque para ellos es un negocio, no hay necesariamente un vínculo partidario”, explicó Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
II. Una lectura cursi, con estándares oficiales reduccionistas, nos llevaría a pensar en más de 1.400.000 de votantes desinteresados por las elecciones del 6 de febrero pasado, con niveles de abstencionismo del 40% nunca visto desde 1958 y por lo cual, al TSE le cabe abundante responsabilidad.
Sin embargo, atendiendo otras sintomatologías sociales, infectadas por los grupos de poder desde hace 40 años, no podría cerrarse los ojos frente a la enfermedad que padece la “otra” Costa Rica. La marginada, la ausente de las pantallas de la televisión, a no ser por el proceso de “colombianización”, reducido desde la oficina del tecnócrata a una supuesta “lucha entre bandas” o “actuación de sicarios”, como si esos hechos no fueran cara de una misma moneda. Es el “otro” país, el del campesino quebrado a la fuerza, sin tierra y siervo perene de la banca, pueblos pesqueros que ven como otros se roban la riqueza marina en sus propias barbas, la otra república, la de los cientos y cientos de desempleados, los “informales” perseguidos noche y día, los desnutridos, etc., frente a la buena salud mostrada por miembros de los pequeños grupos beneficiados con la renuncia a la soberanía alimentaria, a la educación pública gratuita y de calidad, a la universalización de la salud, a la entrega de los puertos, las carreteras, las telecomunicaciones y los aeropuertos.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) lo están paralizando para luego, como buitres, caerle encima. El ex gerente de telecomunicaciones, Jaime Palermo, acaba de denunciar (Diario Extra 14/2/2022) que las autoridades actuales están paralizando las operaciones técnicas y comerciales del sector Telecomunicaciones, de modo que ponen en riesgo el futuro de la entidad. El hizo un recuento de las acciones que, según su opinión, han provocado que la entidad, en competencia desde el 2011, perdiera diez puntos del mercado de la telefonía celular y lo cediera a las empresas con las que compite tan solo en 2020.
Para el exfuncionario, la jerarquía del ICE, encabezada por su presidenta ejecutiva Irene Cañas, y su gerente general, Hazel Cepeda, ha priorizado la supuesta recuperación financiera de la institución sacrificando inversiones clave para su desempeño comercial, lo cual le ha generado una caída en la participación del mercado e incluso una baja en la calidad de los servicios móviles expuesta por informes de Sutel. Una vez enfermo y famélico el ICE se vende al mejor postor, o lo convierten en elefante blanco al mejor estilo de RECOPE, el CNP, el INVU.
A los foros mundiales “esta” Costa Rica floreciente asiste como hazmerreír junto con otras comparsas regionales, siendo el mejor ejemplo de ello el rol asignado en el “Grupo de Lima” o en la deteriorada OEA, a raíz del papel jugado en el golpe de estado en Bolivia. “Este” país floreciente habla en los foros mundiales de energías verdes, lucha pro ambiente, cero carbono y no más calentamiento global, pero sus ríos son cloacas a cielo abierto y sus océanos basureros de plásticos.
La “otra” Costa Rica, la que soportó la multimillonaria campaña politiquera, la que sigue resistiendo (La Nación acaba de descubrir que “alza en costo de la vivienda y baja en ingresos truncan sueño de tener casa propia” 14/2/2022), sea rural o urbana sabe perfectamente que el sistema de los partidos políticos es un negocio como es el fútbol, la venta de copos o cualquier otra actividad rentable, pues nuestros “lideres” políticos nos los dan empacados con lazos de colores, no existiendo además, posibilidad alguna de sustitución en caso que salgan mentirosillos o cleptómanos.
III. Un recuento de los votos en blanco y nulos realizados por Universidad (7/2/2022) en esta elección presidencial de 2022 da como resultado un total de 26.676, un número mayor que la cantidad de votos que obtuvieron individualmente 19 de los 25 partidos políticos que estaban en papeleta el domingo 6 de febrero.
Solo los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PSD), Nueva República (PNR), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA), superaron esa cantidad de votos inválidos.
A esta lista se puede agregar la agrupación Costa Rica Justa (CRJ) si se tiene en cuenta solo la cantidad de votos nulos, que se situó en 16.565, con lo cual supera a las restantes 18 formaciones partidarias. Igualmente, los votos en blanco, que por el momento son 10.111, ganan a 12 partidos políticos.
Los campesinos subsisten a brincos y saltos y su crisis es evidente.
La Coalición Pueblo Unido, que a última hora superó serios problemas internos y se sobrepuso a los plazos para inscribirse, superó el último lugar en el escrutinio y dejó en la posición 25 al Movimiento Libertario (ML) que pareciera desaparecerá, al menos con su actual dirigencia. Según el análisis de Universidad, el Partido de los Trabajadores (PT) en estas elecciones incluso superó al ML. Años atrás esta organización se mantuvo en la pugna presidencial, siendo una de las fuerzas políticas con más adeptos. Por otra parte, destaca que el PLN y el PSD, los dos partidos que irán a segunda ronda el próximo 3 de abril, obtuvieron juntos el 43,96% de los votos válidos, pero solamente el 22,67% del padrón electoral. Esto quiere decir que las dos principales fuerzas políticas del país no alcanzan juntas ni la cuarta parte de la población votante. Al buen entendedor pocas palabras.
De esta manera, para el ganador de la segunda ronda de las elecciones del 3 de abril, sería ingenuo desconocer ese otro país que, en silencio, resiste la noche más larga y triste de la historia reciente de Costa Rica. Larga porque son 40 años desde que prometieron “desarrollo” con libre competencia; triste por el autoritarismo cada vez más asentado en los últimos gobiernos, con o sin pandemia. El encierro a que fuimos sometidos por la pandemia se tradujo en más de 2 mil millones de colones por multas a la restricción vehicular.
Sin embargo, los resultados de las pasadas elecciones, independientemente que sea electo José María Figueres, asiduo amigo de la ley de empleo público impulsada por Carlos Alvarado y el “gobierno corporativo”, o Rodrigo Chávez, un conocido pupilo del Banco Mundial, sumado a la formación de una asamblea legislativa controlada por la llamada “derecha”, hay una enorme reserva moral y espiritual que representan quienes desatendieron el llamado a votar. Estos espíritus, que no se ven, como diría Einstein, pero allí están atrincherados, pintan una Costa Rica de conflicto, donde las masas exigen un proyecto de sociedad nuevo, con inclusión social, con equidad, independencia y esperanza. Donde no bastaría la promesas de creación de empleo, sino que además implican ingresos blindados contra la inflación. Un país insuficiente si se habla de turismo como actividad para unas pocas empresas hoteleras, dejando a un lado las comunidades y el pequeño y mediano artesano. Un país cuyos espíritus arrinconados ya no quieren “gobiernos corporativos” y paralelos; menos “alianzas estratégicas” para que el Estado entregue sus recursos a pequeños grupos de poder en un nefasto juego de “tigre suelto” contra “burro amarrado”. Pareciera que en esta Costa Rica empeñada en configurarse para el 2026 los llamados partidos de “izquierda” conciliábulos, “light” y al mejor estilo de Boric en Chile o Castillo en Perú, tienen la última oportunidad para no correr la misma suerte del ML o el Acción Ciudadana (PAC). Ello, por cuanto, si aparece una organización que articule las demandas de salario mínimo digno, soberanía alimentaria, política exterior independiente, tierra para quien la produce, el Estado en función de los costarricenses y no protegiendo solo grupos oligárquicos, entre otros, esta masa “invisible” como reserva moral se abrirá paso entre fatales “progresismos” de cafetín o camuflados “patriotas” que dan la vida por los monopolios lácteos, financieros o del azúcar; contra todos los pronósticos exigen “otro” país en que volvamos a vivir todos con alguna dignidad.
Para Juan Carlos Durán de SIFUPCR, ahora no se trata de escoger entre dos malos y dos buenos, sino de escoger entre dos que se cree que son bastante peores. Más allá de la simpleza cosmética de los memes populares, considera que la discusión no se puede reducir a si se quiere que se toque la billetera o “la parte trasera”, sino que lo que se debe hacer es inclinarse a proteger la democracia y la institucionalidad costarricense para que no se siga dinamitando.
Por otro lado, se critica la adhesión de las candidaturas como la de Natalia Díaz, deberían estar inclinadas a proteger al Dios pueblo y no al Dios mercado, pues, según afirma Juan Carlos Duran, hacer el contrario sería darle la espalda a la gran mayoría de pobres, desempleados y jóvenes hombres y mujeres sin trabajo en este país.
En el video que compartimos a continuación, Juan Carlos Durán señaló que muchos de los votos que tuvo el PAC anteriormente, migraron hoy hacia el partido de Rodrigo Chaves, el partido de Eli Feinzaig y otros tantos al Frente Amplio, así como el partido de Fabricio Alvarado. Afirma que “por sus frutos los conoceréis y ahora será importante ver qué sucede con esta Asamblea Legislativa que quedó muy repartida entre varios partidos que normalmente le han dado la espalda a los trabajadores de la Caja”.
Confirma que hubo un aumento del abstencionismo, pero que esto no es nuevo, pues según las encuesta del CIEP de hacía dos años, decían que no se sentían representados por ningún partido y que además un 40% afirmaba que no le gustaban los candidatos. Advierte que se debe tener cuidado como ciudadanía sobre aquellas personas que proponen legislar por referéndum, y que se espera que las fracciones legislativas alcen la voz y le digan a Rodrigo Chaves, quien tiene la tesis de gobernar con referéndum, que se confronte esto, pues es riesgosa la propuesta y la forma en que se está presentando.
En el video que adjuntamos, Juan Carlos Durán manifiesta que el tico está “ahuevado” debido a que tiene que escoger entre un camino o el otro, haciendo referencia a la segunda vuelta entre José María Figueres y Rodrigo Chaves; que habrá que escoger entre dos males, el mal menor. Sostiene que no hay un mal mejor que el otro, sino que hay uno que es peor que el otro. La disyuntiva del país está entre estos dos candidatos que tienen su curriculum y que están ahora en una carrera hasta el 03 de abril.
Para el dirigente del SIFUPCR, es importante dar atención a lo que no se muestra, no solamente de parte de los candidatos, sino también por parte de Repretel y Canal 7, que buscan darle atención a ciertos temas y ciertos candidatos. Afirma que hay una crisis del sistema político y una pérdida de legitimidad del sistema de partidos políticos y que la cantidad de candidatos y partidos políticos no termina en ser sinónimo de que la democracia está mejor que antes.
Por Guillermo Acuña González (Sociólogo y escritor costarricense)
Las sextas elecciones presidenciales del nuevo siglo llevadas a cabo el pasado domingo 6 de febrero confirmaron varios elementos en la evolución de las culturas políticas costarricenses.
En primer término, la desafección con la política como norma, provoca entre otras cosas que sea inalcanzable un resultado en primera ronda. Como viene sucediendo ya en otros contextos, al menos en America Latina, el desgaste de los sistemas democráticos permea el ejercicio electoral: la ciudadanía no se siente convocada.
En segundo lugar y muy de la mano con esta primera dimensión, la confirmación de un desencanto que una vez más se ubica en la epidermis de las costas, los territorios rurales, la periferia.
La desatención crónica propiciada desde el centro del país hacia estos espacios marcados por la pobreza, la desigualdad y la gestión y administración fáctica, terminan por expresarse en un abstencionismo que ya ahora si tiene visos de perpetuarse. No es apatía lo que expresa este hecho: es enojo, cansancio, hastío, soledad.
Un tercer elemento coloca la calidad de la democracia costarricense en el centro de la discusión. Quizá fue pasado por alto en los análisis posteriores al desarrollo de las elecciones el domingo anterior, pero debe tomarse en cuenta el desafío planteado a la institucionalidad costarricense por la misión de observación internacional que acompañó el proceso.
Fueron dos señalamientos en concreto los que formuló: trabajar más y con firmeza el tema del abstencionismo y garantizar un acceso igualitario a todos los partidos políticos a los mecanismos de comunicación y divulgación existentes. De nuevo, desafección y acceso parecieran mostrar algunas debilidades del sistema, lejos de la caricatura acerca de la “fiesta electoral” con que suelen narrarse estos procesos.
Está claro que no todos entraron a la fiesta ni todos quisieron estar allí.
De cara a la segunda ronda en abril próximo, las dos opciones contendientes han empezado a señalar el camino, tratando de diferenciar sus tesis y sus argumentos. Otra vez el país pareciera estar en una encrucijada obligado por las circunstancias. Y de nuevo, el rigor de la lectura de sus propuestas es tarea obligada para tomar decisiones sobre eventuales apoyos.
En lo que a nuestras preocupaciones respecta, la consideración sobre Costa Rica como escenario migratorio debe ser tomada en cuenta. Desde esta columna hemos reflexionado en extenso sobre el tema de las movilidades humanas en todas sus variantes.
Por ello, nos alerta el hecho de que en ambas propuestas programáticas no aparezca del todo en un caso o en el otro caso continúa abordándose desde una perspectiva securitaria y restrictiva alejada de los mecanismos de implementación de los derechos humanos.
Este tema no es menor en un país cuyo 12% de su riqueza es generada por el trabajo que realizan hombres y mujeres trabajadores migrantes. La invisibilización de sus aportes y la negación de su importancia social, el tratarse justamente como un “no tema”, terminan por legitimar luego conductas reprochables de discriminación y xenofobia.
Para que la calidad de la democracia costarricense eleve su nivel, todos los aspectos deben ser considerados. Comencemos por reflejarlos en su importancia social y política: todas las personas cuentan. Todas.
COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (21) Tercera época
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
El principal protagonista de estas elecciones generales en Costa Rica, realizadas el pasado domingo 6 de febrero recién pasado, ha sido el abstencionismo que alcanzó el 40% de las personas habilitadas para emitir su voto, habiendo llegado a ser la mitad de los presuntos electores en las tres provincias costeras. Un gran sector de la población se muestra asqueado, desconfiado y no acepta más la “leyenda dorada” de la fiesta electoral, tanto como del inexistente ejercicio democrático con reglas claras y parejas que no aparece por ninguna parte, aunque algunos alucinados juran estarlo viendo in situ. El abandono en que los políticos y los burócratas del poder central tienen a los habitantes de las costas del Pacífico y del Caribe es de tal magnitud, que los afectados no han encontrado otra manera de manifestarse que no sea la del acto decente y racional de no votar, al menos ellos no pueden negar lo que están viviendo y sufriendo en la cotidianidad de sus precarias existencias.
Los problemas de legitimidad que se derivan de este hecho son de una inmensa magnitud, a pesar de la manipulación descarada de los medios de comunicación social para hacernos creer que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Lo importante, por lo tanto, no son las cifras de quienes votaron manipulados por los medios de comunicación social, la propaganda (mala palabra en la lengua inglesa), el juego de la estafa ejecutada ante los ojos de todos por un puñado de banqueros que financian las encuestas y luego a partir de los “resultados” de ellas deciden a quienes financian y a quienes no, mediante la compra de bonos de la llamada deuda política. Esos astutos banqueros que están haciendo clavos de oro, cada vez que hay una convocatoria electoral, son los árbitros e incluso los amos de la llamada “democracia costarricense” ¿de qué o de cuál legitimidad de los poderes públicos estamos hablando entonces? Es preciso que alguna vez, por lo menos, abramos los ojos y miremos de frente a la realidad, a lo que en efecto está ocurriendo y no sigamos hablando sólo de lo que nos han hecho imaginar y repetimos como loros.
Por otra parte, hay una serie de actores políticos del llamado universo “progre”, incluida la llamada izquierda light, esa que ni aun siéndolo, deja de asustar a la ultraderecha totalitaria y mentirosa, la que ni por ese hecho comprobado deja de asustarnos también, un día sí y otro no, con los viejos fantasmas del “comunismo” y el “populismo”, que sin embargo omiten el debate sobre los problemas de fondo que nos afectan a todos, haciendo un gran ruido sobre ciertos escándalos, relativos a la vida privada de algunos candidatos presidenciales, dentro del mejor estilo del puritanismo anglosajón, pero en medio de la católica y pecadora Costa Rica: es así como logran hacer pasar a un segundo plano la gravedad de la profunda contrarreforma neoliberal, ejecutada por los dos gobiernos del PAC, con la activa complicidad y apoyo parlamentario del PLN, el PUSC, los pseudocristianos del RN y la NR de Fabricio Alvarado, así como el sistemático saqueo de los fondos públicos con las trochas, las cochinillas e innumerables affaires delictivos, la descarada evasión y la elusión fiscales ejecutada y promovida por el capital financiero con el decisivo concurso de los grandes medios de comunicación social (La Nación, canal 7 y similares), lo que ha derivado en la consiguiente especulación con los intereses de los bonos de la deuda interna emitidos por los sucesivos gobiernos para cubrir el faltante provocado por estos grandes saqueadores, la quiebra del IVM y los otros fondos de pensiones provocada por los malos administradores de la CCSS que buscan su privatización, la implacable regla fiscal que amarra al sector público y desfinancia los programas sociales destinados a las poblaciones más vulnerables, la criminalización de la protesta social, promovida por la fracción liberacionista, con Carlos Ricardo Benavides a la cabeza y aprobada por el resto de la coalición que nos ha venido desgobernando desde abril de 2018, la ansiada liquidación(ojalá a precio de remate) de las instituciones públicas más importantes, promovida abiertamente por la ultraderecha de Elías Feinzag, disfrazada de liberal progresista, pero en realidad ultraconservadora, y para rematar el pastel la ley de empleo público, ya avalada por la Sala Cuarta, con la que se le pone fin a la Costa Rica del pacto social de 1949, con su estado social de derecho y sus garantías sociales, hoy vilipendiadas a título de “privilegios”. Se acabó la Segunda República, ahora empieza el despliegue total de la dictadura neoliberal en democracia, tan cara a los hermanos Arias Sánchez.
En 2018 como ahora se lanzaron cortinas de humo, a partir de ciertas agendas light, fue así como muchos se olvidaron las luchas de la clase trabajadora, al menos ahora el nefasto PAC por fin fue castigado por el electorado y mandado al basurero de la historia, en medio de los hipócritas lamentos de su fundador. Sus cómplices continúan allí, vivitos y coleando como las olominas, y no hay duda de que están en las filas de los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en el ballotage del domingo 3 de abril entrante. ¿Cuál será la agenda durante los próximos cuatro años del Frente Amplio y sus seis diputados electos, un sector político que dice haberse corrido hacia el centro, al parecer para captar los restos “progres” del PAC? ¿Es que acaso se terminó la lucha de clases en Costa Rica? Sólo la lucha callejera nos lo dirá, aunque la clase dominante dice en sordina que son ellos los que van ganando.
Sin lugar a dudas la democracia electoral y política nacional se fortaleció el pasado domingo con la culminación de las elecciones, con la participación de 25 partidos nacionales y 36 partidos provinciales, con un mínimo de 26, por provincia hasta un máximo de 29. Opciones había. Lo que no hay, en esto se sigue debiendo, es un sistema de financiamiento que permita contribuir a cubrir los gastos de todos los partidos políticos, y no solo de aquellos que terminan sacando un 4% de votación o elijen un diputado. Ni siquiera los partidos pequeños, y de izquierda, que en el pasado fueron víctimas de este injusto sistema han propuesto proyectos, cuando han tenido o tienen diputados, para tratar de enmendar esta injusticia electoral. En ello quizá pesa el que por elegir diputados no se preocupan de los que no eligen o sacan el porcentaje, porque esa situación permite y posibilita eliminarlos como partidos contrincantes o que les disputan electores, hacia el futuro.
De los 25 partidos nacionales era claro, y así lo había manifestado en distintas intervenciones que hice, que solo un grupo pequeño iba a despuntar, porque así lo iban a definir los primeros encuentros que se hicieran de candidatos, especialmente escogidos por el sector privado, como ocurrió con el primero organizado que preparó la UCCAEP, al que no asistió el candidato del partido Acción Ciudadana, lo que era un grave error, porque dejaron de invitarlo. Es claro también que los encuentros de candidatos organizados por organizaciones privadas, entre ellos los medios de comunicación, que podían invitar solo a quienes ellos quisieran, aun cuando justificaban su escogencia por el puesto delantero, que llevaban en las encuestas. En este sentido escogieron ocho candidatos que a veces los zarandeaban dejándolos a seis o siete. Y esa escogencia a la vez contribuía a influir en las opiniones de los ciudadanos que terminaban reflejándose en las encuestas, como si fuera un círculo perverso, cerrado, obsceno y, así se fue el desarrollo de la campaña.
Ciertamente algunos medios de comunicación, especialmente radiales, entrevistaron a los 25 candidatos, casi nada más para dejar registro de que a todos los dieron al menos un espacio. Con los candidatos diputados a diputados fue semejante con mayor desventaja, porque no era posible tomar en cuenta, por lo menos, a todos los primeros lugares de cada una de las provincias cuando el mínimo de partidos en una provincia resultó de 26 partidos y el máximo de 29.
Ridículo hizo el Tribunal Supremo de Elecciones de organizar un único debate, en tres turnos, como si eso fuera suficiente, con los 25 candidatos, a la ocho de la noche. El Tribunal pudo haber mantenido debates continuos para haberle dado mayor oportunidad a todos los partidos, especialmente a los que la gran prensa y medios de comunicación no tomaban en cuenta y por lo que no aparecían ni despuntaban en las encuestas. Canal 13 y Radio Nacional debieron haber cumplido un papel más decoroso, digno y decente en este sentido. La franja publicitaria de todos los partidos no se hizo sentir. En esto el Tribunal, Canal 13 y Radio Nacional, siempre en estos procesos electorales en este aspecto quedan debiendo. Así como el Tribunal dirige la Fuerza Pública, y queda bajo su control durante el período electoral, así todo el Sistema Nacional de Radio y Televisión debería estar al servicio del Tribunal para estimular la divulgación de los programas, planes de gobierno y la presentación de los candidatos a la Presidencia y por lo menos los primeros lugares de las candidaturas a diputados.
Los llamados debates de candidatos no tienen ese carácter. Tan solo son una presentación en una pasarela televisiva para que expongan ligeros conceptos sobre algunos aspectos que les preguntan, sin posibilidad de debatir, discutir sobre esos temas, apenas para delinearlos o para medio exhibir a algún candidato en que no conoce nada o muy poco de lo que se le pregunta.
En esta segunda ronda a los únicos dos candidatos deberían enfrentarlos sobre temas concretos, y sobre cómo piensan llevar a cabo lo que se les pregunta sobre sus programas, diciéndoles sobre qué les van a preguntar y dándoles más tiempo para explicar sus lineamientos generales.
Que hubiera 25 candidatos presidenciales no me asustaba. En campañas anteriores había hasta 14 partidos. El número de 25 partidos iba a resolverse como sucedió en esta campaña. Los electores escogieron y se decidieron por un grupo de seis partidos que superaron el 8% de votos. El resto, los otros 19 partidos, ninguno llegó al 1% de votos y en su totalidad alcanzaron los 150.000 votantes, que si hubieran actuado en coalición hubieran peleado la elección de 5 diputados.
El resultado de 6 partidos con seis o más diputados fue posible por el alto nivel de abstencionismo que se produjo, lo que los benefició porque el subcociente se redujo notablemente. Si el abstencionismo se hubiera mantenido en el 30% los partidos que sacaron 6 y 7 diputados hubieran reducido a sus diputados a 3 o 4.
A nivel de partidos políticos provinciales en 1990 y 1994 participaron 15, solo 5 eligieron diputados, en 1998 participaron 23 y eligieron 7, en el 2002 participaron 18 y solo 5 eligieron, en el 2006 participaron 27 y solo 8 eligieron, en el 2010 participaron 18 y solo 8 eligieron, en el 2014 participaron 20 y solo 9 eligieron, en el 2018 participaron 25 partidos y solo 7 eligieron. Para estas elecciones del 2022 se inscribieron 36 partidos a nivel provincial pero solo 6 partidos lograron elegir diputados.
A nivel presidencial desde 1990 en dos ocasiones participaron 7 partidos, en tres elecciones lo hicieron 13 partidos, en una fueron 9 partidos, en otra 14 partidos y ahora 25 partidos.
Viendo los anteriores datos, al menos yo estaba claro, que la cantidad de partidos a nivel presidencial o de diputados n o iba a alterar sustantivamente el resultado electoral de diputaciones. Lo que podía alterarse era el de los finalistas presidenciales, como sucedió.
Hay que estudiar, lo haré para próximos artículos, el alto abstencionismo de esta elección, especialmente su distribución geográfica. Por ahora sigo creyendo que los abstencionistas parten de la idea de que no tienen nada que perder con cualquier candidato o partido que gane las elecciones presidenciales. De alguna manera pueden considerar que el que llegue a Zapote les puede mejorar sus condiciones socio económicas o materiales de vida. Pueden ser las condiciones extremas de pobreza los que los lanza objetivamente al abstencionismo y la poca proyección territorial efectiva que tienen los partidos políticos, exceptuando los partidos religiosos cristianos que tienen mayor presencia por sus “templos”, “garajes”, “locales” o iglesias cristianas no católicas, de allí la mayor presencia de Nueva República en las provincias costeras y pobres.
La propaganda electoral, especialmente en vallas, para mí fue deficiente y pésima, en general, para todos los partidos que pudieron poner vallas. El que mejor las conceptuó fue Fabricio Alvarado. Los grandes temas sociales asociados a la pobreza, la extrema pobreza, el desempleo, la necesidad de recuperación de empleos, salarios e ingresos, costo de la vida no se tocaron ni llamaron la atención, excepto en el último de los encuentros programados, el de Canal 7, que empezó con una pregunta en este sentido. Lo mismo que el tema de educación. En general la campaña en esta temática giró alrededor de los grandes temas, a modo de consignas, de carácter económico, poco asimilables para el elector común, el del pueblo.
La segunda ronda, la del primer domingo de abril, será interesante en su desenvolvimiento. Allí puede ser que se planteen dos modelos de desarrollo económico, social y político futuro. Va a depender de la conceptualización política de la campaña electoral que sigue, no de la campaña publicitaria para tratar de vender un producto comercial electoral, con la forma de un candidato. Si se mantienen con la propuesta de un solo modelo y dos variantes no va a suceder un cambio significativo, pero podría ganar el que presente la tesis más populista, más antisistema y que se perciba como la tesis del cambio, aunque no cambie nada… el gatopardismo.
