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Etiqueta: empleo

Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Coyuntura.

SURCOS recibió este documento de parte del
Grupo Economía Pluralista

20 de agosto de 2020

Sra. Epsy Alejandra Campbell Barr
Primera vicepresidenta de la República
Sr. Marvin Rodríguez Cordero
Segundo vicepresidente de la República

Estimada señor vicepresidenta, estimado señor vicepresidente:

En atención a su nota de fecha 14 de agosto (PV-M-2020-238 DSV-299-2020), y a la convocatoria “Costa Rica escucha, propone y dialoga” formulada por el gobierno de don Carlos Alvarado, adjuntamos nuestros aportes, como integrantes del Grupo Economía Pluralista, en el documento que hemos titulado: “La crisis del Covid-19: Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos. Acerca de la convocatoria del Gobierno de la República ‘Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga’”. Aclaramos que este documento ofrece un abordaje integral, en el cual se incorporan las facetas, estrechamente interconectas, de la reactivación, la creación de empleos y las finanzas públicas.

Atentamente

Luis Paulino Vargas Solís, Fernando Rodríguez Garro, Daniel Vartanián Alarcón, Ana Rosa Ruiz Fernández, Edwin Zamora Bolaños, Jeannette Cordero Gamboa, Luis Carlos Olivares Martínez, Henry Mora Jiménez , Martín Gerardo Murillo Córdoba, Welmer Ramos González,, María Leonela Artavia Jiménez, Rosberly Rojas Campos, Bernardo Aguilar González, Montserrat Ruiz Guevara, Osvaldo Ureña Jiménez, Pablo Abarca González,, María Fernanda Vega Solano, Jorge Arturo Chaves Ortiz, Hugo Cascante Mico, Mario Devandas Brenes, Greivin Salazar Álvarez, Giovanni Beluche Velásquez, Renzo Céspedes Vargas, Eugenio Trejos Benavides, Gustavo Mena Vargas

La crisis del Covid-19:
Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos.
Acerca de la convocatoria del Gobierno de la República
“Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga”
GRUPO ECONOMÍA PLURALISTA

  1. Es un solo problema, no tres problemas sumados

Esta convocatoria lanzada por el gobierno de Carlos Alvarado, diferencia tres aspectos, solicitando respecto de cada uno de éstos, los aportes por parte de la ciudadanía. Los tres apartados, así diferenciados, son:

a) Finanzas públicas y acuerdo con el FMI

b) Reactivación económica

c) Creación y protección de empleos

Se comprende que para hacer operativa y viable la convocatoria, se hace necesario introducir algún ordenamiento conceptual y, por lo tanto, la definición de determinadas categorías de análisis. No obstante lo cual, advertimos que esta forma de plantear las cosas conllevan un riesgo importante, ya que, para todo efecto relevante, tanto desde el punto de vista político, como desde una perspectiva teórica y empírica, los tres aspectos forman parte de una sola problemática. No son tres cuestiones que se suman o superponen, ni tres cuestiones que discurren la una paralela a las otras, cada una por su propio cauce. Son tres facetas de una sola realidad compleja, entrelazadas e interrelacionadas a profundidad.

Las definiciones que se adopten en materia de finanzas públicas, inevitablemente afectarán –para bien o para mal– los esfuerzos en cada uno de los otros dos ámbitos. Los logros o ausencia de logros, en materia de reactivación y empleo, tendrán consecuencias importantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Reactivación y empleo, por su parte, son caras de una misma moneda, puesto que resultaría desatinado tratar de reactivar la economía sin poner un énfasis explícito muy potente, en la creación de muchos empleos. Vale decir: crecimiento de la economía con débil creación de empleos, es una opción que debe ser descartada ad-portas, sobre todo si el objetivo principal de todo esto es no solo superar la crisis económica, sino hacerlo de forma que avancemos hacia una sociedad más inclusiva y democrática, capaz de proporcionar bienestar, calidad de vida y paz a sus habitantes.

Teniendo presente lo antes indicado, en este documento proponemos un abordaje integral, que se esfuerza por generar respuestas, coherentes y complementarias entre sí, en relación con las tres problemáticas que el gobierno ha planteado.

  1. Acuerdo con el FMI

En reiteradas apariciones ante la prensa, algunas autoridades económicas –en especial Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central– han hecho públicas las que, al parecer, son las propuestas que el gobierno de Costa Rica está presentando ante ese organismo. Se ha dado a entender que es algo ya definido, sobre lo que no hay margen de negociación.

En primera instancia, es obligatorio que el gobierno aclare con total franqueza, si eso es efectivamente así, porque de ser ese el caso, o sea, si ya hay un paquete de políticas que, en forma opaca y  de espaldas a la ciudadanía, ha sido definido y no admite cambios, el ejercicio de diálogo propuesto pierde todo sentido. Sería una grave falta de respeto hacia la ciudadanía costarricense.

Al respecto, debe quedar claro lo siguiente:

  1. Sabemos que un acuerdo de “Derecho de giro” o “stand-by” con el FMI, como el que presuntamente está siendo negociado, conlleva metas cuantitativas pero también compromisos de política. Cada una de estos detalles deben ser explicados con absoluta transparencia, y deben incorporar y respetar los criterios que emanen de la propia ciudadanía. De otra manera, la negociación será inaceptable e ilegítima.
  2. No es aceptable que se aprovechen las conversaciones con el FMI para colar por la puerta de la cocina una agenda de privatizaciones. Previo a cualquier decisión sobre cualquier posible privatización, es indispensable un debate por aparte, bajo condiciones muy participativas, abiertas y equitativas. Mucho más que asuntos de técnica económica, son cuestiones que conllevan complejas facetas políticas e ideológicas, relacionadas con el tipo de sociedad a la que aspiramos y nuestros objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo. Son asuntos muy polémicos, pero, sobre todo, terriblemente divisivos.
  3. Pero, además, en su faceta presuntamente “técnica”, las privatizaciones no resuelven absolutamente nada. Los datos que los propios promotores de la idea aportan, muestran claramente que tan solo se le dará un insignificante mordisco a la deuda pública, al costo de agudizar las divisiones sociales y la polarización, y tan solo para favorecer algo que, claramente, es una muy inoportuna ocurrencia ideológica.
  4. Se ha dicho que, además, la negociación con el FMI podría contemplar un incremento del IVA al 15%. Solicitamos que, de forma transparente, se le aclare a la ciudadanía si esto es cierto. Agregamos lo siguiente: en primera instancia, esto nos remite a un imperativo ético y político ineludible: por el carácter regresivo e injusto que le es intrínseco, es desde todo punto de vista inaceptable plantear posibles incrementos al IVA, sin antes plantear y avanzar en propuestas tributarias de índole claramente progresiva, que garanticen que cada quien aporte según sus posibilidades, y sin que, al mismo tiempo, se ofrezca una estrategia enérgica y precisa, así como un calendario de ejecución viable pero muy claro, para lograr dos cosas de primerísima importancia: la eliminación de todas aquellas exoneraciones que no respondan a objetivos sociales muy claros y deseables; y el más vigoroso combate a la evasión y la elusión tributaria.
  5. Desde el punto de vista económico, y en el contexto de la profunda recesión que sufre la economía costarricense, el IVA sería el impuesto menos aconsejable, porque inevitablemente succiona poder de compra de los sectores de ingresos bajos y medios, lo que limitará su capacidad de consumo y, por lo tanto, agregará fuerzas depresivas en momentos en que, todo lo contrario, requerimos poner en marcha, fuerzas que den un empujón ascendente a la economía.
  6. En cambio, impuestos de carácter progresivo, que canalicen recursos desde sectores de altos ingresos con elevados coeficientes de ahorro, hacia sectores carenciados que requieren urgentemente mejorar su consumo personal y familiar, y hacia necesidades que la propia crisis ha agravado, y que demandan por parte del sector público una atención urgente y prioritaria, contribuirían a atenuar la recesión económica, y aliviar las consecuencias humanas y sociales de la crisis.
  7. Es igualmente desafortunada la idea de que el financiamiento externo que se obtenga, incluso el que provenga del FMI, deba refinanciar la deuda pública, cambiando deuda interna “cara”, por deuda externa “barata”.
  8. En primera instancia, ello pierde de vista que el endeudamiento en moneda extranjera, disminuye los ya restringidos márgenes de soberanía monetaria de que disponemos, y agudiza las posibilidades de que el país sufra presiones externas por parte de los inversionistas, y de desestabilización del tipo de cambio, con las muy negativas consecuencias que ello provoca.
  9. En segundo lugar, se insiste en no reconocer, con apego a una ortodoxia anticuada y descontextualizada, que el Banco Central posee las herramientas técnicas y de política que le permitirían reducir las tasas de interés sobre las emisiones de deuda interna, a fin de propiciar de esa forma una reducción de los pagos por intereses. Es irracional que se sigan pagando tasas de interés del orden del 8% sobre los bonos de deuda pública, y que esa situación sea observada desde lejos, con pasividad e indiferencia, por el Banco Central. Es su deber ineludible actuar, y no seguir propiciando una crisis fiscal cuyo detonante principal gira alrededor de los pagos por intereses a sectores rentistas.
  10. Es igualmente necesario que el Banco Central ponga a punto, para su uso en caso necesario, mecanismos eficaces y expeditos de financiamiento del sector público, a bajas tasas de interés, que prevengan e impidan cualquier posible episodio de asfixia financiera y desestabilización de la institucionalidad pública. Traer a colación el peligro inflacionario es por completo desatinado: en un contexto de profunda recesión, con problemas del empleo extremadamente graves y fuerzas deflacionarias en pleno desenvolvimiento, lo que debería preocupar es precisamente la deflación –con su efecto de agravamiento de las deudas públicas y privadas existentes y, en consecuencia, de agravamiento de la recesión– y de ninguna manera la inflación.

3. Hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas

Hemos dicho que esta convocatoria al diálogo, parte de una concepción errónea, al fragmentar en tres partes, lo que claramente son distintas facetas de una sola problemática. Por ello mismo resulta imposible hablar de sostenibilidad de las finanzas públicas, sin al mismo tiempo hacerlo de reactivación de la economía y creación de empleos. Y si se pretende negociar con el FMI sin tener esto presente, festinando plazos y procesos, las consecuencias para la recuperación de la economía y el empleo, pueden resultar muy negativas.

  1. Cualquier programa que se diseñe con el fin de mejorar la situación fiscal, lo mismo en relación con las medidas que se tomen del lado del gasto, tanto como las que se adopten del lado de los ingresos, debe graduarse para hacerlo compatible, por un lado con la urgente atención de las necesidades derivadas de la crisis sanitaria y económica, y por otro con los esfuerzos orientados a aminorar la severidad de la recesión y a propiciar la recuperación de la economía y los empleos.
  2. En concordancia con lo anterior, enfatizamos que las políticas de austeridad, de inspiración estrechamente contable, son dañinas al menos desde tres puntos de vista: primero, porque mutilan la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública frente a una crisis que multiplica las necesidades que deben atenderse; segundo, porque cercenan la capacidad de liderazgo que el sector público debe ejercer para llevar adelante un exitoso programa de recuperación de la economía y creación de empleos; tercero, porque, en sí mismas, las políticas de austeridad agravan las tendencias recesivas de la economía.
  3. La crisis multiplica y complejiza las demandas y necesidades que el sector público debe atender. Es un desafío que éste debe asumir a plenitud y con máxima convicción. Es tiempo, entonces, para avanzar en todas aquellas reformas que supriman gastos superfluos, y que permitan superar ineficiencias y entrabamientos burocráticos. Requerimos con urgencia, avanzar dialógica y respetuosamente hacia una reforma que, respetando los derechos laborales y la dignidad de las personas trabajadoras del sector público, eleve la eficiencia y productividad de los servicios públicos, y, sobre todo, la calidad de tales servicios.
  4. Al país le urge una reforma tributaria progresiva, así como la supresión de cualquier exención tributaria que no esté claramente justificada por razones de equidad social, y la ejecución de un programa vigoroso de combate a la evasión y elusión tributaria.
  5. La reforma tributaria debería diseñarse de forma que se minimicen sus posibles efectos sobre la inversión productiva generadora de empleos. Por lo tanto, debería recaer prioritariamente y de forma muy progresiva, sobre ingresos y patrimonios personales y familiares y sobre actividades que tienen dañinos efectos sociales y ambientales. Salarios, ganancias empresariales y dividendos, rentas y ganancias de capital, patrimonios físicos y financieros, formas suntuosas de consumo, herencias y sucesiones, actividades de carácter especulativo o que son ambientalmente contaminantes o depredadoras, deben tributar sobre una base muy progresiva. La tributación tiene que funcionar entonces como mecanismo para fortalecer el Estado social, lograr mayor equidad social y romper los mecanismos de perpetuación intergeneracional de las desigualdades.
  6. Debe avanzarse efectivamente en la aprobación e implementación de los principios de renta mundial o universal y renta global.
  7. Debe realizarse una revisión exhaustiva de las exoneraciones existentes, y suprimir todas aquellas que no tengan una clara y sólida justificación social. En particular, es importante revisar las exoneraciones de zona franca, por diversas razones: primero, en vista del muy dudoso balance de costos y beneficios que esas exoneraciones plantean; segundo, porque el país debe avanzar hacia una estrategia de desarrollo sustentada en altos niveles de productividad, no en estímulos espurios como la concesión de privilegios fiscales a favor de reducidos grupos de interés; tercero, porque se acumula evidencia que sugiere que las zonas francas están siendo utilizadas como mecanismo de evitación del pago de tributos, por parte de firmas que fundamentalmente producen para el mercado interno.
  8. Es necesario establecer un calendario preciso, con objetivos y metas bien definidas, para avanzar, de forma enérgica y con resultados efectivos, en el combate a la evasión y elusión tributaria. Debe reconocerse que es un problema muy complejo, que, por lo tanto, requiere de un esfuerzo de muy amplios alcances, cuyos frutos se verán gradualmente a lo largo de los años. Se requieren reformas legales, mejor infraestructura tecnológica y equipos humanos altamente calificados, pero, sobre todo, se requiere valentía, voluntad y decisión política.
  9. Como parte del esfuerzo en procura de avanzar hacia un sistema tributario moderno, justo y progresivo, debe contemplarse un decidido esfuerzo de cooperación internacional, para el intercambio de información, inclusive el máximo y más eficaz aprovechamiento de los acuerdos de intercambio de información ya vigentes. Debe también fortalecerse la cooperación con el fin de logar la supresión de los paraísos fiscales y el combate a todas las redes transnacionalizadas de ocultación de la riqueza y evitación de impuestos. Es urgente frenar la competencia ruinosa entre los Estados y gobiernos, que les induce a reducir tributos para atraer inversión extranjera, con todas las múltiples consecuencias negativas que esto tiene para el cumplimiento de objetivos de inclusión, equidad social, y bienestar y calidad de vida para la población. Con ese fin, los gobiernos y estados del mundo deben avanzar hacia el establecimiento de estándares mínimos en materia de tributación, que uniformicen las obligaciones de las corporaciones transnacionales y de cualquier inversor, en cualquier localización alrededor del mundo. La ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA por sus siglas en inglés), proporciona indicios de hacia dónde deben encaminarse esos esfuerzos.

4. Reactivación de la economía y generación de empleos

Se hace preciso diferenciar dos momentos, los cuales, sin embargo, están estrechamente vinculados: el esfuerzo más inmediato en procura de aliviar la recesión y atenuar sus efectos sociales y humanos; y el esfuerzo, más extendido en el tiempo, orientado a recuperar la economía y los empleos. Enfatizamos que es un solo proceso: lo primero no solo anticipa, sino que debe preparar el camino para lo segundo.

a. Aliviar la recesión de la economía y sus consecuencias, comporta al menos dos facetas igualmente importantes, interrelacionadas entre sí:

    1. Garantizar que, en lo posible, sobrevivan a la crisis las micro, pequeña y medianas empresas, así como los emprendimientos de la economía social, solidaria, cooperativa y de base comunal, que son el tipo de empresas más amenazadas por la crisis, y las cuales son fundamentales para la generación de empleos, la más democrática distribución del ingreso y la riqueza, el cuido de la naturaleza y el logro de un desarrollo regional equilibrado. Todo lo cual es crítico, a fin de restaurador el tejido social y económico de nuestra sociedad. Desde luego, y paralelamente, deben darse el apoyo que pudiesen requerir empresas más grandes afectadas seriamente por la crisis. Un instrumento necesario, posiblemente el más importante pero no el único, para lograr esto, es poner a funcionar un fondo de avales y garantías, algo que debió estar en operación desde hace meses, y que solo recientemente fue anunciado por el gobierno. Es indispensable que este fondo privilegie el tipo de empresas que anteriormente mencionamos, y que incluya disponibilidad inmediata de créditos para capital de trabajo, y, asimismo, amplios procesos de reestructuración de deudas, con reducción significativa de las tasas de interés y ampliación de plazos. Deberían también concederse períodos de gracias de amplitud apropiada, y beneficiar lo mismo a empresas formales e informales.
    2. Debe fortalecerse y ampliarse el programa del Bono Proteger, concebido como un esquema de subsidios altamente progresivos. Los montos que se entreguen a las personas en necesidad deberían duplicarse, o, cuanto menos, llegar a un monto equivalente al salario mínimo. Asimismo, es necesario mantener el programa todo el tiempo que sea necesario, hasta tanto la situación sanitaria no se estabilice, la recesión económica no empiece a ceder y la creación de empleos no mejore de forma significativa. Un subsidio progresivo de esta naturaleza, permitirá atenuar la recesión de la economía, al poner capacidad de consumo en manos de quienes más urgentemente la necesitan, lo cual también aliviará las consecuencias humanas y sociales de la crisis. La mejor, y posiblemente la única forma de sostener financieramente este esquema temporal de subsidios es por medio de un impuesto progresivo, igualmente temporal, sobre los ingresos más altos, tanto del sector público como del privado, y tanto si son ingresos del trabajo como si provienen del capital, incluyendo las rentas, el cual podría complementarse con un impuesto generalizado sobre los patrimonios, incluidos los de tipo financiero, y sobre las transacciones financieras. Debe contemplarse seriamente la posibilidad de que el Bono Proteger sea un primer paso hacia el establecimiento de una Renta Básica Universal.

b. Diseñar un programa de reactivación de la economía, centrado en la generación de muchos empleos en el plazo más corto posible, el cual debe diseñarse desde una agenda progresista, por lo tanto equitativa, inclusiva y ambientalmente responsable, animada por una visión de mediano y largo plazo propicia a la construcción de una economía de alta productividad, justa e inclusiva, y ambientalmente muy respetuosa y responsable:

    1. Por lo tanto, no son aceptables de ninguna manera, las propuestas conducentes a deteriorar la calidad del empleo, lo mismo si se las pretende aplicar en el sector privado o en el público. Así como la ampliación de la jornada laboral a 12 horas implica un retroceso en los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector privado, con implicaciones especialmente negativas para las mujeres, la pretensión de reducir las jornadas en el sector público es un completo disparate que, lejos de dar ningún aporte positivo, vendrá a agravar la crisis. Claramente se trata de propuestas que intentan recuperar la competitividad empresarial mediante medidas de “dumping social”, o, si se prefiere designarlas así, de “devaluación interna”, cuyas repercusiones son negativas desde todo punto de vista: porque redundan en menor productividad de la economía y las cuales, por su carácter regresivo e inequitativo, deterioran las bases indispensables para sostener la paz social. Si desde el punto de vista ético y moral es deplorable que se quiera aprovechar la crisis para empujar agendas regresivas como estas, debemos asimismo enfatizar que son propuestas políticamente torpes y económicamente erróneas.
    2. Consideramos positivas todas las propuestas encaminadas a simplificar trámites y aligerar los tiempos de respuesta de las instituciones públicas. Advertimos que esto debe hacerse desde una posición muy vigilante y rigurosa: los trámites deben ser más simples y expeditos, pero no a costa de la trasparencia, el interés público, los derechos humanos ni el cuido del ambiente. Consideramos, sin embargo, que las mejoras que puedan introducirse en esta materia, a lo sumo podrían ser elementos coadyuvantes dentro del esfuerzo de reactivación de la economía y los empleos. Sería muy iluso suponer que este tipo de medidas, puedan, por sí solas, dar resultados significativos.
    3. Mejorar la empleabilidad de las personas a través de la capacitación permanente, la formación técnica y profesional y, en general, una educación de muy alto nivel, es absolutamente deseable y necesario. Sin embargo, conviene no olvidar que las personas, incluso si mejoran su calificación, no conseguirán empleo si los empleos no existen. Es necesario crear las condiciones para que la economía aporte esos empleos.
    4. Por razones políticas, culturales y de estabilidad política y paz social, resulta necesario recuperar las nociones de soberanía y seguridad alimentarias, e incorporarlas como componente de gran importancia, dentro de nuestras estrategias de política económica. Debemos garantizarnos la provisión, segura y a precios razonables, de los alimentos básicos de nuestra dieta popular, de forma que, al tiempo que nos garanticemos una alimentación saludable, fortalezcamos la capacidad productiva, la eficiencia y productividad de nuestras agricultoras y agricultores, y hagamos de la producción de alimentos una ocupación que garantice calidad de vida a quienes la realizan. Para ello es muy necesario definir un Plan Nacional de Producción de Alimentos, que incorpore y calendarice medidas de corto plazo y aplicación urgente, a la par de otras con proyección de mediano y largo plazo. Crédito, tecnología, capacitación técnica, mercadeo y fortalecimiento organizacional, son elementos necesarios dentro de esa agenda.
    5. La reactivación de la economía y de los empleos requiere, asimismo, de la disponibilidad de crédito, en condiciones de tasas de interés y plazos lo más favorables posible. A corto plazo es necesario una actuación más enérgica por parte de las entidades reguladoras, empezando por el propio Banco Central, a fin de propiciar un más fácil acceso al crédito, priorizando aquel que impulse la inversión productiva y la creación de empleos, pero sin olvidar que el crédito se mueve a partir de la demanda, y que en el contexto de una economía deprimida, difícilmente habrá demanda de crédito. Es decir, el crédito generador de producción y empleo, cobrará mayor importancia cuando un apropiado programa de reactivación ponga en movimiento de nuevo a la economía, y genere los estímulos necesarios para que las empresas inviertan y expandan la producción y la contratación de más personal. A mediano y largo plazo al país le urge un replanteamiento fundamental en las formas de regulación de su sistema financiero, y en las orientaciones y énfasis del trabajo que éste realiza. Ha quedado en evidencia, y la crisis del Covid-19 simplemente ha venido a ratificarlo, que ese sistema no solo no tiene la eficiencia deseable, sino, y quizá más importante, no contribuye apropiadamente a la construcción de una economía más productiva y con mayor capacidad de generación de empleos, que asimismo promueva una sociedad realmente equitativa e inclusiva, y un desarrollo regional más equilibrado. En todos estos aspectos el sistema financiero de Costa Rica acumula múltiples déficits que es urgente corregir.

c. El esfuerzo de reactivación de la economía y recuperación de los empleos, debe incorporar, como elemento central clave, un amplio y ambicioso programa de inversión pública. En vista de la severidad de la recesión, la gravedad excepcional de los problemas del empleo, y el ambiente general de gran incertidumbre y temor, la única forma de darle un impulso a la economía, que la rescate del sopor que la paraliza y la lance en un movimiento ascendente, de recuperación sostenida y autoalimentada, es mediante una vigorosa acción impulsada desde el sector público a través de la inversión pública. Este programa debería incorporar las siguientes orientaciones o énfasis principales:

    1. Un componente de corto plazo, de fácil y rápida ejecución y planificado para generar muchos empleos en el menor tiempo posible. Ello podría incluir acciones como las siguientes: reparación, mejora y ampliación de instalaciones educativas, de atención sanitaria, de cuido, deportivas, artísticas y comunales; parques y espacios públicos; reparación de caminos; obras de infraestructura urbana como aceras y alcantarillas, etc. De forma explícita deben incorporarse, como mínimo, los siguientes criterios y orientaciones: creación de muchos empleos para las mujeres y beneficio directo a las barriadas urbanas empobrecidas y marginalizadas, y a las regiones periféricas del país.
    2. En el mediano y largo plazo, los programas de inversión pública deberían priorizar la transición hacia energías limpias, tecnologías verdes, vivienda accesible a clases medias y populares, transporte público, acueductos y tratamiento de aguas residuales; infraestructura y equipamiento para los servicios educativos, sanitarios y de cuido; la consolidación de encadenamientos productivos, incorporación de conocimiento y valor agregado a la producción y elevación de la productividad; el desarrollo urbano ordenado; el desarrollo regional equilibrado, con especial atención a las regiones periféricas más rezagadas y empobrecidas; inversión en investigación científica e innovación tecnológica; consolidación de condiciones que propicien una mayor calidad de vida y bienestar, un ambiente más limpio y espacios de convivencia social más saludables y disfrutables.
    3. Teniendo presente que con motivo de los anuncios sobre políticas de reactivación que el gobierno de Carlos Alvarado hizo públicos el 4 de mayo de 2020, se dijo que se disponía de financiamiento por un monto superior a los dos billones de colones, esto, más los recursos provenientes de fondos proveídos en condiciones ventajosas por diversos organismos multilaterales, deben orientarse hacia el financiamiento de estos programas de inversión pública, con una mirada prospectiva que contemple planes al menos a cinco años plazo, los cuales podrán llevarse adelante sin afectar el déficit fiscal. Además, todo ello permitirá crear condiciones para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, al dinamizar la economía, elevar la productividad y generar muchos empleos.
    4. Nuestra economía arrastra un problema de dualismo estructural a nivel productivo, que dificulta seriamente las posibilidades de construir una economía más sólida, inclusiva y ambientalmente responsable. Existen sectores muy dinámicos y competitivos ligados al mercado externo, que tan solo tienen muy débiles vínculos con la economía nacional, los cuales están amparados a regímenes especiales que les conceden generosos subsidios. Tal es el caso de la Zonas Francas.  En este grupo se ubican algunas grandes empresas nacionales y, sobre todo, corporaciones transnacionales.  El resto de la economía es el que proporciona la mayor parte del empleo y, asimismo, la mayor parte de los ingresos tributarios que permiten sostener los servicios públicos. Es, en gran parte, un tejido productivo conformado por micros, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos de la economía social y solidaria. Este sector está vinculado principalmente al mercado interno, y ha sido pospuesto, y en muchos sentidos olvidado, por las políticas de los gobiernos. Su productividad y competitividad se ven perjudicadas por el escaso acceso a la innovación tecnológica a todo nivel, el crédito y a la capacitación técnica, y asimismo se les dificulta incorporarse en cadenas internacionales de mercancías, puesto que, de hecho, tampoco a lo interno se han logrado desarrollar encadenamientos productivos que permitan optimizar el uso de la dotación de recursos de que el país dispone. Bajo las actuales condiciones de crisis, este sector se ha visto duramente afectado, por lo que los procesos posteriores de recuperación de la economía, deberán incorporar un esfuerzo muy serio por reconstruir, sobre bases renovadas, ese tejido productivo.
    5. El impulso a las exportaciones y la atracción de inversiones destinadas principalmente a zonas francas, se han visto históricamente beneficiados por las políticas de promoción desarrolladas desde COMEX-PROCOMER, las cuales incluyen la activa implicación de CINDE, una agencia privada que, sin embargo, tiene a cargo la ejecución de importantes políticas públicas. Se ha carecido de una institucionalidad similar que promueva e impulse a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos social-solidarios. Debe pensarse en la creación de una agencia que coordine los esfuerzos orientados a ese fin, y en un sistema, flexible, eficiente y expedito, que articule las diversas políticas e instituciones que deberían coopera en ese cometido, y el cual debería también establecer mecanismos muy transparentes y participativos de coordinación con el sector privado.

Foto: Voces Nuestras

Que la crisis del Covid-19 no se convierta en una crisis alimentaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

German Masís

La CEPAL y Oficina Regional de la FAO han hecho un llamado a los países latinoamericanos y del Caribe para evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria.

Estos organismos han presentado un análisis acerca de las vulnerabilidades socioeconómicas y alimentarias de los países y de las medidas aplicadas por éstos para atenuarlas, a la vez que han recomendado la adopción de un conjunto medidas urgentes para evitar la crisis y fortalecer la lucha contra el hambre.

Se considera que los efectos negativos de la actual crisis del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria serán desiguales y más intensos en el caso de las regiones y los grupos poblacionales que parten de una situación de mayor vulnerabilidad (FAO, Boletín junio, 2020).

En el caso de Costa Rica, es posible establecer algunas vulnerabilidades ligadas al sistema de distribución de alimentos, a los trabajadores que participan en el sistema, además de vulnerabilidades ligadas a la condición socioeconómica de la población.

Tomando como punto de partida que el país ha mantenido funcionado sus mercados con relativa normalidad y de que los riesgos de desabastecimiento alimentario han sido limitados, se puede establecer que se han presentado algunas interrupciones en la operación de las cadenas internas de comercio y también en la cadena regional, con el cierre de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para el transporte de carga.

En el ámbito de los trabajadores vinculados a los sistemas alimentarios, se indica que dado que la agricultura es intensiva en mano de obra (este sector involucra un 11,7% de la población ocupada), frente al COVID-19, los trabajadores de todos los eslabones de la cadena están expuestos desde el punto de vista tanto físico como económico.

En las empresas productoras y exportadoras de alimentos en sus fases de transformación y empaque como ocurrió en la zona norte, el riesgo de contagio aumenta por la mayor proximidad física entre personas requerida para llevar a cabo las actividades y la necesidad de trabajar in situ.

Los trabajadores de los mercados mayoristas y minoristas (ferias, mercados y supermercados) siguen trabajando en una situación de alto riesgo de contagio y sus sueldos no compensan ese mayor riesgo y, en el caso de los repartidores de comida a domicilio, los ingresos también son bajos y la informalidad es elevada.

Mientras tanto, en la producción agrícola familiar y de pequeñas fincas, los trabajadores requieren un nivel de proximidad física con otras personas para llevar a cabo sus tareas; dichas tareas asociadas no pueden realizarse de forma remota y por ello los trabajadores siguen circulando e interactuando entre sí, incluso en los periodos de fuerte confinamiento.

Durante la pandemia, han ingresado a todas las ciudades de la Gran Área Metropolitana y centros poblados de las demás regiones, camiones con alimentos producidos por miles de agricultores y pescadores artesanales, que llegan finalmente a las mesas de los consumidores costarricenses.

Ellos se podrían haber refugiado en sus casas para evitar el contagio, pero optaron por no detener su actividad.  Es paradójico que la inseguridad alimentaria y la pobreza estén presentes en la gran mayoría de los hogares de estos agricultores, que no tienen derecho a la seguridad social, vacaciones o acceso a servicios de salud, además de que los trabajadores agrícolas presentan altos niveles de informalidad y sus ingresos son inferiores al promedio del empleo no calificado.

Con respecto a las vulnerabilidades socioeconómicas, teniendo en cuenta que la línea de pobreza extrema se determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos, las personas que se encuentran por debajo de esta línea no cuentan con ingresos suficientes para cubrir los costos básicos de alimentación.  Esto significa que la caída económica pronosticada para este año (un 3.6%) repercutiría directamente en la seguridad alimentaria de miles de personas y que el hambre se deriva de la pobreza (en particular, de la pobreza extrema).

Esto indica que el nivel de pobreza del país que asciende al 21%, involucrando a 336.845 hogares y la pobreza extrema que representa un 5.8% y 93.542 hogares (INEC,2019), podrían aumentar, si se cumple el pronóstico de la CEPAL de que debido a la pandemia la pobreza en Costa Rica podría tener un crecimiento de 3 puntos porcentuales, es decir alcanzaría el 24% como mínimo.

En el país, la pobreza y la pobreza extrema han tendido a ser más elevadas en las zonas rurales, pero también la informalidad del empleo y el bajo acceso a redes de protección social, lo que genera una situación de gran vulnerabilidad. De manera que si la pobreza es del 24.2% en las zonas rurales (19.8% en las zonas urbanas), con los mayores niveles en las zonas Brunca y Pacífico Central, con el 30.3% y 29.8% respectivamente, el deterioro de la pobreza podría ser aún mayor en ellas y el efecto sobre la inseguridad alimentaria también.

La incidencia de la pobreza no solo es mayor entre las personas que viven en áreas rurales, sino también entre niños, adolescentes y jóvenes; indígenas; mujeres en edad de trabajar; personas con niveles educacionales más bajos, y quienes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

La pobreza rural se ha asociado tradicionalmente con la existencia de un gran contingente de pequeños productores agrícolas de baja productividad, con poca tierra y de baja calidad, y acceso limitado a bienes públicos.

Según la información de las organizaciones agrícolas, se estima que este sector se compone de entre 78 mil y 90 mil productores, a las que hay que agregar alrededor de 10 mil pescadores artesanales que son los que garantizan la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país. La agricultura familiar representa, más de 50 mil pequeñas fincas y el 55% de las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria (Red Agricultura Familiar, 2017).   Los trabajadores agrícolas por cuenta propia y sus familiares no remunerados, en su mayoría agricultores familiares, tienen el nivel más bajo de ingresos de las diferentes categorías de inserción laboral en las zonas rurales.

Estas unidades de producción familiar, aportan, el 85% de la producción nacional de frijol, el 80% de la cebolla, el 75% de la de yuca, el 70% de la papa, el 70% de la de café, el 55% de la de leche y el 40% de la carne, siendo la principal y a veces única fuente de empleo e ingresos de la población rural. (Masís, G.2018, p.229).

La FAO y la CEPAL han realizado un registro de las medidas de política aplicadas por los Gobiernos para enfrentar la emergencia en el sector alimentario y en los territorios rurales de la región (FAO/CEPAL, 2020). Entre dichas medidas, se destacan:

La implementación de políticas macroeconómicas y sectoriales para estabilizar la economía y apoyar a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, de modo que se asegure la disponibilidad de alimentos. Las medidas incluyen refinanciamiento, reducción o postergación de pagos, disminución de impuestos, flexibilización de contratos y aplicación de subsidios.

En nuestro país, se aprobaron medidas para que los bancos de brindarán una amnistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus créditos y a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos en ese mismo período a más de 900 productores (Alterdes, cr,2020), medidas que ahora se solicita prorrogar por 3 meses adicionales.

El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) efectuó una condonación de obligaciones financieras de primer piso que mantienen con esa entidad para 2.705 microproductores y pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas del país

Por su parte, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) otorgó una Moratoria en el pago de capital e intereses por hasta 6 meses en créditos con recursos del SBD para empresas con grave afectación económica y un período de gracia de hasta 12 meses en el pago de capital de operaciones financiadas con recursos del SBD para empresas con mediana afectación económica.  También brinda refinanciamiento de operaciones de crédito con recursos del SBD para capital de trabajo de emergencia y fondos no reembolsables para 200 pequeñas y medianas empresas (pymes). (FAO, Boletín, 2020)

A nivel institucional se ha dado la creación de equipos de trabajo del Sector Agropecuario para superar la emergencia, compuestos por los Ministerios de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Rural y otros organismos como el PIMA, el SENARA, la FAO, el (IICA) y el banco de alimentos.

En la adaptación de la logística de las cadenas de suministro y para que la agricultura siga funcionando han sido importantes las siguientes medidas: la adopción de nuevos protocolos sanitarios; la capacitación de la fuerza de trabajo, el ajuste del nivel de funcionamiento en las plantas agroindustriales, la reprogramación de siembras y cambios en la elección de rubros productivos, entre otras. Estas medidas han sido dirigidas a todo tipo de empresas, incluidas las fincas de la agricultura familiar.

También ha sido importante la articulación de los actores en redes y el fomento del comercio digital y otras opciones de circuitos cortos de comercio. En este sentido, se han establecido mercados virtuales institucionales en el Ministerio de Agricultura y en el Instituto Nacional de Aprendizaje) INA), así como mercados virtuales locales en Pérez Zeledón y la zona de los Santos.

En el reforzamiento de los programas de seguridad alimentaria estatales con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, se ha mantenido el programa de comedores escolares, mediante la distribución directa de bolsas de alimentos dirigidos a la población estudiantil más vulnerable, a la que se han efectuado 5 entregas de alimentos.

Ligado a la distribución de alimentos a los comedores escolares, es necesario mencionar la labor del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que ha organizado la compra, acopio y envío de las bolsas de alimentos a las escuelas y comunidades.

Frente a la fuerte caída de la economía, los ingresos y las remesas, y al aumento de la pobreza extrema, el hambre y los precios de los alimentos, la CEPAL y la FAO han propuesto un decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.

La CEPAL y la FAO proponen un bono contra el hambre a toda la población en situación de pobreza extrema., como complemento al ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL (CEPAL,2020).

En Costa Rica, el bono Proteger establecido para apoyar a los trabajadores desempleados o que han visto reducida sus jornadas e ingresos y que ha cubierto alrededor de 530 mil personas durante 3 meses, puede asimilarse al ingreso básico de emergencia propuesto. Este bono pretende ampliarse por 3 meses adicionales e incluir a una población mayor cercana a las 900 mil personas, pero en la actualidad depende de la obtención de financiamiento extraordinario por parte del Gobierno.

Para otorgar liquidez a las empresas agropecuarias se proponen dos medidas complementarias: i) créditos blandos a empresas del sector productivo agrícola que operan en condiciones críticas y ii) bonos de inversión productiva para aumentar la inversión productiva en las fincas de los agricultores más rezagados mediante un bono de 250 dólares por explotación, entregado una sola vez, para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos.

Entre otras medidas mencionadas, es importante destacar la de expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.   Esta medida es crucial para los hogares de los agricultores familiares de subsistencia ante la disminución de sus ingresos no agrícolas, que en muchos casos representan más de la mitad de su ingreso total. (FAO, Boletín,2020).

La pandemia y el riesgo inminente de una crisis alimentaria recuerdan la importancia crucial de la agricultura y los sistemas alimentarios.  La agricultura es una de las pocas actividades imprescindibles, así como son imprescindibles los bienes que produce.

La pandemia obliga a reforzar la resiliencia y la inclusión social y a no olvidar los objetivos de una agricultura más sostenible y las prácticas de adecuación al cambio climático.  La sostenibilidad ambiental de la agricultura y los sistemas alimentarios y la integración entre la agricultura y la biodiversidad, son demandas de la sociedad que cobrarán más fuerza.

En una crisis sanitaria se valora más la calidad de los alimentos, la inocuidad, la trazabilidad, las certificaciones de calidad y los atributos ambientales, sociales o culturales. Los consumidores acelerarán el cambio de sus preferencias hacia alimentos sanos, saludables y con identidad.

Durante la pandemia, se ha establecido el comercio digital, este es el nuevo concepto de cadena corta de comercio.  Se va a acelerar el surgimiento de oportunidades para la digitalización de la agricultura y con ello se incrementará la influencia de los consumidores en la definición de los modelos productivos y de los bienes generados por la agricultura.  La digitalización será un gran desafío para la agricultura familiar y los pescadores artesanales, pues implica un modelo de negocio diferente de aquel al que están acostumbrados.

Con la emergencia se ha hecho evidente que se requiere de un Estado e instituciones públicas agroalimentarias y rurales fortalecidas, con mayores y mejores capacidades, circunstancia que ha vuelto a señalar la urgencia de la renovación de la institucionalidad pública agrícola, alimentaria y rural del país.

Ministro de Hacienda: mejor pobreciticos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Recibí un video sobre cómo está enfrentando Alemania las consecuencias socio-económicas de la pandemia. Sorprendido por sus medidas atrevidas y visionarias, lo que parecía una noticia falsa más, me di a la tarea de verificar.

Efectivamente, ese país no ha escatimado esfuerzos y recursos para evitar el colapso económico y social. Se atreve a romper su política de cero déficit fiscal y, desde inicios de la pandemia, decide endeudarse por 156.000 millones de euros, para evitar el desempleo y la quiebra de empresas. Ni pensar en vender las “joyas” nacionales. Más bien, empresas como Luftansa son candidatas a una “seminacionalización”[1].

Las medidas para proteger al ciudadano, para los ticos nos parecen de ciencia ficción: no pago de alquileres, postergación del pago de deudas, financiamiento a empresas pequeñas y grandes. La mayor parte del fondo es para garantizar empleo y rescatar empresas de hasta diez trabajadores.

Mientras tanto, en nuestro país se le sirvió en bandeja de plata a la empresa privada para que despidiera o subcontratara, lo que ha disparado el índice de desempleo a más del 20%. Y ahora, el nuevo Ministro de Hacienda nos dice que “el país necesita que todos nos hagamos chiquiticos, porque la pandemia hizo a esta economía más chiquita”. En términos futbolísticos invita replegarse, evitar salir a la ofensiva. O sea, contraer la economía, siguiendo los dictámenes de la “pandemia” (UCCAEP, FMI). Todo lo contrario a lo que está haciendo Alemania.

Por supuesto que las comparaciones tienden a ser odiosas, más cuando no guardamos las distancias entre la situación de países pobres y ricos. Sin embargo, algo tenemos que aprender en doble vía. Claro, no podemos comparar a uno de los países de la Unión Europea que cobra un 55% de impuestos a los que más tienen con este país donde el impuesto a la renta promedio es de un 22.5%, candidato a la OCDE donde el promedio es de un 38%.

Más aún, un país donde las concesiones a los sectores empresariales y financieros más poderosos son vergonzantes e indignantes. O sea, al declarar cero ganancias, se les está permitiendo estafar y quebrar al Estado. Solo en impuestos evadidos se alcanza a la cuantiosa suma de 2.870.000.000.00 (2 billones 870 mil millones por año), el equivalente a un 8.2% del PIB; y en exoneraciones 2.100.000.00 (2 billones 100 mil millones de colones por año), lo que representa un 6,2% del PIB[2].

El nuevo ministro de Hacienda busca salvarlo con políticas de empequeñecimiento, atendiendo al mandato de esos sectores que solo les interesa reducir el sector público, y quitarle músculo al Estado, es decir, capacidad para regular el mercado. Y, así, seguir usufructuando de sus jugosas ganancias. “En río revuelto, ganancia de pescadores”. El ministro apela a la vieja excusa de salvar a los pobres, cuando lo que está haciendo es salvando a los ricos y hundiendo al país entero.

El economista Bernal Jiménez ha señalado que “con hacernos chiquiticos, la economía menguará, se reducirá el PIB y aumentará la desocupación y la pobreza […] reducir el nivel del presupuesto contrae la economía”. Efectivamente, lo que se busca es hacernos más pobreciticos de lo que ya somos, donde se hacen pruebas de Covid19 muy selectivas por falta de recursos.

Y es que ya hace rato nuestros anémicos gobiernos se vienen conformando con poco, conduciendo al apocamiento del país. ¡Qué gran daño! El gobierno de Oscar Arias celebró paliar la crisis del 2008, sin impulsar ninguna medida tributaria sustantiva, solo con paliativos asistencialistas. El de Luis Guillermo Solís celebró la reducción de la tasa de hogares pobres en un 0.5% en dos años (2016-2017). Y el gobierno de Carlos Alvarado con logros pírricos en reducción del déficit fiscal, mientras justificó la aprobación de un plan fiscalista que golpea a los pobres y a la clase media y premia con amnistías a las grandes empresas evasoras[3].

Mejor pobreciticos. Por este camino, estamos jodidos ¿Cuándo vamos a jugar a la ofensiva: reactivación económica con justicia social?

[1] https://www.dw.com/es/alemania-aprueba-un-contundente-plan-econ%C3%B3mico-contra-las-consecuencias-del-coronavirus/a-52891560

[2] https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/costa-rica-calcula-evasion-fiscal-en-82-del-pib/GB4YDJLQYRBVNK7ISFH3WCEOZA/story/

http://wwhttpsw.nacion.com/el-pais/politica/exoneraciones-fiscales-casi-equiparan-monto-del/FX6XOJXJZZF6ZIZVYCIJLS76SE/story/

[3] https://semanariouniversidad.com/opinion/costa-rica-un-pais-apocado/

Imagen: INEC editada.

Conviértase en un PYME Fan en apoyo solidario a las pymes ante el Covid-19

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Banco Nacional lo invita a ingresar a soypymefan.com y formar parte del movimiento PYME Fan.
  • Impulse el desarrollo de las micro y pequeñas empresas costarricenses, mientras contribuye a la generación de empleos y al bienestar de las pymes así como de sus trabajadores y las familias de ellos.

San José, 7 de julio 2020. El Banco Nacional es una organización que se preocupa por ser un aliado del desarrollo del país, es por esta razón que en este momento en el que las pymes se han visto tan golpeadas por la crisis económica generada por el Covid-19, promueve la reactivación de la economía mediante el movimiento denominado PYME Fan, que busca apoyar a las pymes para que puedan sobrellevar la difícil situación que están atravesando.

Esta iniciativa surge como un movimiento que busca que todos nos unamos y apoyemos en conjunto a las pymes de nuestro país para que logren salir adelante. De esta forma, todos los costarricenses pueden convertirse en PYME Fans a través de las decisiones de compra que tomen en beneficio de aquellos pequeños negocios que tienen en su comunidad o barrio. Esto permitirá salir adelante medio de la nueva normalidad, y además contribuye a la generación de empleos, así como al bienestar no solo de las empresas sino también de sus trabajadores y las familias de ellos.

Es por esta razón, que el Banco Nacional invita a que cualquier institución, organización, empresa o persona física que lo desee se sume a este movimiento y se convierta por ende en un fan de las pymes, tomando en cuenta que éstas son parte imprescindible de la economía costarricense.

Puede unirse al movimiento ingresando al sitio web www.soypymefan.com en el cual encontrará formas de sumarse siendo un PYME Fan si desea brindar su apoyo, o siendo una pyme si desea promover y fortalecer su negocio.

El sitio www.soypymefan.com incluye muchísimas herramientas tanto para las pymes como para el público en general, entre ellas:

  • Espacio para inscripción de todas las pymes que quieran formar parte tanto del “Directorio PYME” para tener visualización de su negocio, como de la “Tienda PYME” para vender sus productos en línea.
  • Espacio de inscripción para todas las personas o empresas que estén promoviendo y creando iniciativas de apoyo a las pymes en Costa Rica.
  • Herramientas de búsqueda de pymes para que todos los Pyme Fans puedan informarse sobre las alternativas de compra local que tienen cerca e incluso puedan acceder a comprar en línea de forma inmediata a través de la Tienda PYME.
  • Acceso de las pymes a espacios para el desarrollo de su negocio ingresando a la sección Herramientas Pyme.

En la sección Herramientas Pyme, se puede acceder a asesorías y charlas gratuitas en temas de negocios, turismo e ingeniería impartidas por expertos del Instituto Tecnológico de Costa Rica y asesores contratados por la entidad financiera, mediante la alianza TEC Emprende Lab y Banco Nacional esto gracias a la iniciativa denominada Pyme LAB. Así mismo se brinda acceso a herramientas para mejorar la gestión de las pymes y que con ello puedan brindar un mayor valor agregado a la oferta comercial que poseen.  

Por otro lado, en este sitio se pueden encontrar todos los esfuerzos que están orientados en promover la sostenibilidad económica y financiera de los negocios locales. Se visualizan los proyectos o iniciativas de PYME Fans que han realizado terceros como es el caso de Ministerios, Municipalidades, agrupaciones empresariales, Cámaras empresariales y grupos de productores para apoyar a las empresas de un cantón o de alguna actividad productiva en particular.

La entidad bancaria le incentiva a ser un fan de las pymes, de manera tal que cada vez que gestione una compra o contratación de un servicio así como producto de una pequeña empresa, se dirija a sus redes sociales a postear una foto con la etiqueta o hashtag #PYME Fan, así puede recomendar a las pymes a las que les ha comprado, y compartir  la experiencia que recibió, mientras con ello promueve y promociona a estas empresas, entre las redes de sus conocidos o contactos.

Asimismo, entre algunos otros aspectos que puede implementar para apoyar a una pyme se pueden mencionar comprar regalos personalizados en comercios locales, adquirir comida a pequeños restaurantes de manera directa, o con entrega a domicilio y si desea hacer turismo, hágalo, solo considere las medidas sanitarias recomendadas.

“El Banco Nacional posee alrededor de 400 mil clientes de micro y pequeña empresa, por lo que hemos impulsado diferentes acciones de apoyo a las pymes, realizando prórrogas y brindado soluciones de pago, se han habilitado herramientas gratuitas de fortalecimiento empresarial como Pyme Nauta, licencias de software gratuitas para factura electrónica e inventarios para 432 pymes hasta diciembre de este año mediante el Programa Nova Pyme, así como nuevas opciones de financiamiento acordes a la situación que vive nuestro sector productivo; pero sabíamos que debíamos hacer más y es por eso que estamos promoviendo este movimiento del que todos podemos formar parte, son muchas las formas en que podemos apoyar a los negocios locales y será juntos, como PYME Fans, que lograremos que las PYMES de nuestro país sobrevivan y se fortalezcan”, según dijo Víctor Acosta, Director Segmento Micro y Pequeña Empresa del Banco Nacional.

Por último, es importante recordar que en estos momentos Costa Rica necesita el esfuerzo de cada uno de sus habitantes para salir delante de forma conjunta y esta es una de las maneras de lograrlo, a través del apoyo solidario a las pymes de nuestro país.

El Emperador o sobre la propuesta de UCCAEP

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Hernández V.

Bajo el engañoso título de “Pacto por el empleo” la UCCAEP hace, entre otras, las siguientes demandas al Estado costarricense, todo en el marco de la situación fiscal y de pandemia que atraviesa el país. Para el escrito hemos tomado del documento de UCCAEP algunas de sus exigencias que representan tanto beneficios directos (BD) como modificaciones de lo público en función de los intereses del sector privado (IP) al que representa la UCCAEP. Las presentamos como ejemplos del tipo de demandas que ellos presentan al Gobierno de Costa Rica. Así tenemos:

  1. De orden general/transversal:

1.1 que le quiten el acoso tributario, es decir que no lo amenacen con impuestos, mucho menos hacerlos efectivos (BD)

1.2 que se suspendan los mensajes de amenaza al sector, o sea que no se den intentos de eliminar el secreto bancario) (BD)

1.4 que se detenga el acoso ambiental sobre el empresariado, que se le deje producir sin mayor regulación ambiental. (MPIP)

1.6. que se detengan los proyectos de ley que alteren el clima de negocios ( proyecto para fortalecer la inspección del trabajo, impuestos al reaseguro, no ligar el seguro de salud voluntaria a la inscripción como contribuyente a la CCSS, ley de prohibición de uso de bolsas plásticas desechables en el comercio, ley para prohibir la contaminación por residuos plásticos, ley para desincentivar el consumo de alimentos ultra procesados, ley de creación de la oficina de control de precios de medicamentos (MPIP)

1.8. dar seguridad jurídica al régimen de zonas francas, es decir que no les pongan impuestos (BD)

  1. Crédito

2.1. que se recorten cargas fiscales de los bancos del Estado destinadas a Infocoop y al financiamiento de la educación para aumentar los saldos para créditos para el sector privado (BD)

  1. Tramitología

3.2. que se aplique la guillotina a una serie de regulaciones sobre permisos de construcción, patentes comerciales, permisos de transporte turístico, certificación de guías de turismo (MPIP)

  1. Bienestar institucional

4.1. Mayor eficiencia de ICE y RECOPE para bajar costos de producción (MPIP)

4.3. que se limite la compra entre instituciones públicas (no quieren que empresas públicas participen en contrataciones públicas) (BD)

4.4 que se privatice el sector de generación de electricidad ((BD))

4.5 Frenar la participación del ICE en obras de infraestructura (BD)

  1. Reducción de la Informalidad

5.1. que se dé una amnistía para las cargas sociales y ambientales para incentivar la formalización de empresas y trabajadores independientes (BD)

5.2 que se apruebe una flexibilización laboral y aseguramiento solo por jornada efectivamente trabajada y no por mínimos (BD)

5.3 que se cambie la afiliación a la CCSS por esquemas de ingresos salariales para el trabajador

Independiente (MPIP)

  1. Déficit fiscal iniciar venta de activos del Estado (BICSA, BCR, Fanal,) (MPIP)

7.1. que se aplique la regla fiscal a todas las instituciones del Estado (MPIP)

7.4. que no se presenten proyectos que generen más gastos para el Estado como en Japdeva, solo permitir proyectos que disminuyan el Estado (MPIP)

7.6. Ley para la reducción del gasto público (MPIP)

8 Educación

8.1. que se exija a las universidades públicas el uso eficiente del FEES, parece que trabajan en coordinación con los diputados de la Comisión FEES (MPIP)

8.2 que se transforme el CONESUP a las necesidades de la educación privada, eliminemos lo público y privaticemos (MPIP)

  1. que se apruebe la Ley de empleo público para que el Estado y sus instituciones sean más eficientes (MPIP)

La lectura y análisis de estas y otras exigencias de la UCCAEP y del documento como un todo llevan a las siguientes reflexiones.

El Emperador UCCAEP quiere socializar las pérdidas y le dicta a su administrador (la Administración Alvarado), pero no al soberano, que tiene que hacer para que los empresarios Elite (que no son los medianos y mucho menos los pequeños empresarios) estén, a pesar de la pandemia, cada vez mejor. Futuro, poder y riqueza asegurados. Nada importa la inclusión social, ni el bien común. Se trata del bienestar del Emperador y sus allegados. Todas las propuestas enumeradas buscan exactamente ese fin, el bienestar del Emperador y sus allegados, a pesar de la pandemia y la crisis fiscal, la cual en buena medida tiene como causa la evasión fiscal, la elusión y las exoneraciones. Las dos primeras según el propio exministro de Hacienda alcanza la escandalosa suma de 3.800 millones de dólares.

Lo que propone y exige el Emperador tiene un tono político y moral, además del económico, con rasgos totalitarios e impositivos (claro vienen del Emperador, ese grupo social si puede hacer eso). El Emperador habla como si fuese el representante de todos, la voz de todos, pero en realidad es solo su propia voz.

UCCAEP nos quiere hacer creer que su propuesta es la única posible, lo cual por supuesto no tiene nada de cierto. Hay muchas otras y muy buenas opciones y posibilidades. Parece que para el Emperador no existe en Costa Rica ninguna otra visión del futuro, solo la suya, visión que bien le ayudan a promover el grupo Nación, Teletica, Repretel, Amelia Rueda y Monumental, entre otras.

Según el Emperador, en su documento, el desarrollo socioeconómico del país, a través de la historia se debe al empresariado. ¿Será esto ignorancia o interposición histórica?

Dicen además que tiene 200 años de producir libertad, posiblemente se refieren a la libertad para generar pobreza, pobreza extrema, y libertad para producir desigualdad extrema.

El Emperador UCCAEP y sus amigos políticos han planeado, diseñado y ejecutado confrontación y divisionismo, el 1 % contra el 99%, han erosionado el bienestar común, han erosionado la seguridad social y finalmente la democracia. No hay democracia con 25 o 30 % de pobreza y 20% de desempleo. Tampoco hay democracia donde los impuestos los pagan los que menos tienen y los poderosos exigen más privilegios.

Para el emperador el empleado público debe cumplir las leyes y los reglamentos, pero no se pregunta quienes son los evasores, los practicantes de la elusión y los que estafan las aduanas. Es la población de ingresos medios y bajos la que en la realidad sostiene al Estado, no son los empresarios. La emergencia de la pandemia ha dejado claro este hecho.

Como buen emperador la UCCAEP dice que ellos no tienen privilegios (están tan acostumbrados a no pagar los impuestos que deben pagar, a la elusión y a las exoneraciones, que no lo consideran un privilegio, aunque todos los demás costarricenses si los pagamos). Sus exigencias en el documento de su autoría son en buena parte privilegios que otros grupos económicos de este país no tenemos y ni siquiera pensamos en exigir. El hecho de exigirlos ya es un privilegio que ellos se auto recetan. El resto del pueblo no tiene medios para expresarse y si lo hace le aplican la ley anti huelgas que UCCAEP propuso y le aprobaron.

En la propuesta legislativa “Pacto por el empleo” el emperador UCCAEP solo ve sus intereses, no le interesa mejorar el nivel de vida de los trabajadores, aún cuando los necesita para generar sus ganancias. El emperador quiere, mediante legislación mezquina, reducir los beneficios del empleado del sector público porque no quiere que los empleados del sector privado logren el nivel de vida y los beneficios que con esmero han logrado los servidores del sector público, porque eso significaría ceder parte de sus ganancias. Es más fácil y más rentable atacar al empleado público y al Estado que cambiar la estructura de su funcionamiento como sector privado. El sector público es el que garantiza salarios, garantías sociales y servicios públicos. El documento deja ver que el emperador no quiere al Estado, no quiere contribuir con el Estado, pero lo que sí quiere es quitarle al Estado actividades lucrativas y privatizarlas.

COVID 19 ha mostrado las contradicciones enormes entre los intereses de las mayorías de esta sociedad y el interés privado de la UCCAEP. La lectura de la propuesta de UCCAEP confirma estas contradicciones.

En tiempos difíciles Costa Rica ha sabido, en su historia, concertar e innovar en ámbitos que han marcado el camino costarricense del progreso y desarrollo humano sostenible. La abolición del ejército, el Estado Social de Derecho, la conservación y preservación de los recursos de nuestra biodiversidad, los esfuerzos por la paz y la convivencia democrática; son rasgos que nos identifican. Todos estos logros a lo largo de nuestra historia son los que esta y otras propuestas de la UCCAEP a lo largo de los últimos años quieren destruir porque no tienen vocación democrática ni sentido social y son incapaces de confesarlo.

Va de nuevo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Hace unos días, en el programa radial La Lupa que compartí con don Roberto Suñol y don Alex Sibaja, la conversación giró en torno a la necesidad de que el Banco Central inyecte recursos al sistema financiero, para ser utilizados por los sectores productivos nacionales, hoy golpeados por la pandemia.

Desde luego no se trata de regalar la plata; ni se trata de financiarles el reparto de dividendos. Lo que discutimos fue sobre la necesidad de generar fondeo para financiar el capital de trabajo de las compañías y, con ello, tratar de mantener el mayor empleo posible. Externé una opinión favorable, insistiendo en que los criterios debían ser muy claros para evitar abusos.  Cualquier esfuerzo para sostener emprendimientos viables y ayudar al empleo debe ser bienvenido.

El Banco Central puede hacerlo; cuenta con los instrumentos para llevarlo a cabo. Pero este asunto de fondear programas para el aparato productivo y la generación de empleo lo tiene paralizado. Está amarrado al dogma monetarista, el cual  formula que la función principal del Banco es el control de la inflación, por lo que los demás objetivos pasan a segundo plano. Recuerden que antes de la emergencia sanitaria la economía y el empleo venían de capa caída, pero tenían controlada la inflación.

EMPLEO COMO OBJETIVO PRINCIPAL. Les recordé que el año en que estuve en la Asamblea junto con otros diputados, presentamos una iniciativa para que el empleo fuera también un objetivo principal del Banco Central, al mismo nivel que el control de la inflación. Las dos cosas se pueden hacer. El proyecto original lo presentamos a principios del 2011, diputados de Liberación Nacional, del Partido Acción Ciudadana, del Partido Unidad Social Cristiana, del Partido Movimiento Libertario, y del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Arrancó con buen apoyo. En el año 2013 llegó a ocupar un buen lugar en la Comisión de Asuntos Económicos y en junio del 2013, los miembros de la Comisión lo aprobaron por unanimidad. La iniciativa mantenía en aquel momento un amplio apoyo. Esta condición facilitó que el proyecto se trasladara a la Comisión Plena Primera donde existían la mayoría de los votos para convertirlo en ley de la República.

OPOSICIÓN DE LA PRESIDENCIA. Pero la oposición que se dio esos días desde la Casa Presidencial y desde el Banco Central, hizo que diputados del Partido Liberación Nacional usaran el reglamento legislativo para evitar la votación. Tampoco el Poder Ejecutivo lo convocó en sesiones extraordinarias, en momentos en que pudo haberlo hecho. El proyecto “se varó”.  Y finalmente el proyecto fue archivado.

¡SORPRESA! Para mi agradable sorpresa, esta semana me llegó la noticia que 9 diputados del PAC habían presentado de nuevo este proyecto, hoy bajo el expediente 21.264. Esto fue en febrero del año pasado. La exposición de motivos del “nuevo proyecto” presentado por los diputados del PAC, dice con claridad que es una copia del proyecto que originalmente habíamos presentado y que el propósito es ponerlo en la discusión, dado que se había vencido el trámite en la Asamblea.

Hoy está asignado a la Comisión de Gobierno y Administración, cuenta con informe de Servicios Técnicos y se está a la espera de la consulta al Banco Central.

Nótese que, si el proyecto original se hubiera transformado en ley, hoy el Banco Central debería estar actuando sin mayores dudas, ni dilaciones, atendiendo la urgencia del empleo.  En buena hora se volvió a presentar esta iniciativa. La evidencia de hoy nos dice la importancia de señalarle al Central que también tiene que velar prioritariamente por el empleo. Si no hay espacio fiscal, y la política monetaria “se parquea”, ¿entonces qué? ¿La mano invisible? ¿El piloto automático? ¡Por Dios, hagan a un lado la ideología y pónganse prácticos!

CONCLUYO. Aplaudo que los diputados del PAC hayan recuperado este proyecto. La situación nacional demuestra que esta es una idea correcta. Y ya le llegó la hora. Los diputados deben aligerar el conocimiento de esta iniciativa y volverla ley de la República cuanto antes.

Texto publicado en el blog http://notasaltema.blogspot.com/ y compartido con SURCOS por el autor.

Urge replantear la estrategia económica frente a la crisis del Covid-19 – Grupo Economía Pluralista

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Urge replantear la estrategia económica frente a la crisis del Covid-19

  1. Tal y como en anteriores ocasiones hemos manifestado, el orden razonable de las cosas aconseja poner máximo empeño en controlar la pandemia. Se debe entonces priorizar la protección de la vida y la salud de las personas, y al mismo tiempo adoptar políticas que alivien la recesión y protejan a los sectores más vulnerables de la población. Todo lo cual es requisito necesario para avanzar hacia un amplio programa nacional para la recuperación de los empleos y de la economía.
  2. Al deteriorarse la situación sanitaria, esto último se vuelve más incierto. Nos preocupa el acelerado incremento de los casos de Covid-19, todo lo cual aparece vinculado a gravísimas irregularidades laborales y a situaciones de pobreza y marginalidad. En ese contexto, cobra mayor relevancia entrar a analizar y discutir la estrategia económica que está aplicando el gobierno de Carlos Alvarado, la cual consideramos arrastra serias limitaciones y falencias. Como explicaremos en lo que sigue, es urgente replantearse esa estrategia.
  3. Prevalece un enfoque ortodoxo y conservador en la conducción de la política económica, lo cual está teniendo negativas consecuencias. Frente a una situación excepcional, parece tenderse al inmovilismo: se sigue haciendo lo que siempre se hizo, excepto por algunas medidas marginales y limitadas, esencialmente anodinas. Pero, lo que es peor, se insiste en propuestas –a las que nos referiremos más adelante– que, de concretarse, agravarán la crisis y la prolongarán en el tiempo. Tengamos presente que enfrentamos un desafío absolutamente inédito, lo cual exige audacia y capacidad de innovación en las políticas que se formulen y apliquen.
  4. El mejor ejemplo de ello lo da el Banco Central, que sigue apegado al objetivo de la baja inflación, no obstante que más bien nos movemos en territorio deflacionario. El gobierno enfrenta presiones para obtener financiamiento, y se ve forzado a pagar altísimas tasas de interés sobre sus emisiones de deuda, y el Banco Central, que tiene a su alcance las herramientas para facilitar el financiamiento y hacer bajar las tasas, prefiere no hacerlo. Miles de micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo emprendimientos de la economía social y solidaria y algunas empresas grandes, están urgidas de un apoyo financiero en condiciones muy favorables que les provea capital de trabajo y les permita transitar por este difícil período y sobrevivir a la crisis, y el Banco Central ofrece tan solo un programa de crédito sujeto a la concesión de garantías de “muy alta calidad”, lo cual es, en realidad, garantía de una sola cosa: que ese programa no servirá.
  5. El equivocado criterio, tan reiterado, según el cual una acción proactiva del Banco Central deteriorará la imagen internacional del país, deja sin respuesta algunas preguntas fundamentales.
  6. Primero, si la recesión de la economía y la destrucción de empleos es uno de los factores principales detrás del deterioro de la situación fiscal, no hacer nada para cuando al menos aliviar la recesión, es, por lo tanto, propiciar que se agudice la crisis fiscal. El Banco Central parece optar por esto último.
  7. Segundo, si los pagos por intereses siguen siendo el factor que, desde el lado de los gastos, tiene mayor incidencia negativa sobre el déficit fiscal, limitarse a disposiciones de muy limitado alcance que no logran que se reduzcan las tasas de interés sobre los bonos de deuda pública, es, nuevamente, propiciar el agravamiento de la situación fiscal. También en este caso el Banco Central opta por la inacción.
  8. Tercero, el estrés financiero al que se ve sometido el gobierno por parte de sectores deseosos de obtener rentas especulativas, introduce el riesgo de que en algún momento el gobierno no logre cubrir todas sus necesidades de financiamiento, lo cual pondría en peligro la continuidad de los servicios públicos. Y si ante una eventualidad como esa –extrema pero no imposible– el Banco Central no hace nada, con ello estará contribuyendo a un agravamiento peligroso de la crisis.
  9. Cuarto, si el Banco Central, paralizado por sus tesis antiinflacionarias, no propone ni lidera el diseño de mecanismos innovadores de financiamiento, que le permitan a la Caja sobrellevar el peso enorme de esta crisis sanitaria, sin sufrir un grave deterioro en su situación financiera, con ello se hará corresponsable en un problema cuyas consecuencias negativas a mediano y largo plazo son incalculables.
  10. Enfatizamos que justificar el inmovilismo del Banco Central, apelando a un problema inexistente –la inflación– o a experiencias del pasado –la crisis de inicios de los ochenta– que se dieron en un contexto histórico y bajo condiciones económicas completamente distintas, es una posición que carece de fundamento en la evidencia disponible.
  11. Por otra parte, resulta cuanto menos misteriosa, la lógica detrás de las propuestas de las cámaras de la gran empresa privada. Por un lado, plantean un larguísimo listado de exigencias de auxilio al gobierno, en lo que claramente implica una operación masiva de socialización de las pérdidas. Del otro exigen recortes draconianos al gasto público ¿Cómo podría dar el gobierno a los empresarios de las cámaras todas las ayudas que estos demandan y al mismo tiempo recortar el gasto? La respuesta a esa pregunta pasa necesariamente por el recorte de salarios públicos y servicios fundamentales como los de salud y educación, el endeudamiento sujeto a diversos condicionamientos y la “venta de activos”, o sea, las privatizaciones. Todo lo cual es tan solo otra forma de socializar las pérdidas empresariales.
  12. Es igualmente misteriosa la lógica recortista y austeritaria por la que ha optado la mayor parte de las élites políticas que tienen representación parlamentaria ¿Serán acaso ideas inspiradas en las hipótesis teóricas –ampliamente desacreditas– de la “austeridad expansiva” (la cual asume erróneamente que la contracción del gasto público serviría de estímulo a la actividad económica y el empleo)? En su calidad de representantes populares, esos diputados y diputadas tienen el deber de explicarle a la ciudadanía, cuál es el razonamiento detrás de esos planteamientos.
  13. Tengamos claro que cuando la economía se contrae, debido a que, a su vez, se reduce el consumo de las personas, la inversión empresarial y las exportaciones, se hace indispensable introducir una fuerza positiva y un empuje ascendente, que frene el derrumbe, y, eventualmente, lo reviertan. En el momento actual, eso solamente puede surgir del sector público y, en general, del mercado interno. Es imperativo ser innovadores en las políticas que se formulen y apliquen, y tener capacidad y disposición para el diálogo generoso y desprendido: solo así se podrá poner en marcha las políticas macroeconómicas que al país le urge, las cuales deben enfatizar el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendimientos de la economía social y solidaria, e incluir, como uno de sus aspectos principales, un amplio programa de inversión pública, planificado para que incorpore un componente de fácil ejecución en el corto plazo, dotado de grandes capacidades para la dinamización del empleo en actividades ambientalmente sostenibles.
  14. Nos preocupa que la negociación con el Fondo Monetario Internacional pudiera quedar planteada en términos tales, que dificulten, y eventualmente bloqueen, los esfuerzos de reactivación de la economía y los empleos. Se está formulando una agenda, en gran medida de tipo ideológico, centrada en el recorte, la austeridad y las privatizaciones, complaciente con las demandas e intereses de grupos muy poderosos, la cual podría ahondar las divisiones que hoy fracturan la sociedad costarricense, y que, además, resulta desatinada desde el punto de vista de los desafíos económicos que hoy enfrentamos.
  15. Una vez más insistimos que es indispensable movilizar ingresos hacia los sectores de la población más carenciados y vulnerables. Primero, por un imperativo moral de compasión, humanidad y solidaridad, pero además porque ello propiciará la reactivación de la economía al reanimar el consumo privado y el mercado interno. Por ello apoyamos el programa Proteger, aunque lo consideramos muy limitado, y lamentamos que varios diputados y diputadas se nieguen a financiarlo.
  16. Consideramos indispensable introducir una reforma tributaria altamente progresiva, que no afecte la actividad empresarial creadora de empleos en actividades rentables y sostenibles, y que se concentre en los altos ingresos personales, las rentas pasivas y los grandes patrimonios personales y familiares. Debe hacerse un examen meticuloso de las exenciones tributarias, incluyendo las concedidas a las zonas francas. Es urgente que el gobierno ponga en marcha un esfuerzo enérgico y decidido de combate a la evasión y elusión tributaria.
  17. Concluimos enfatizando que las políticas de austeridad fiscal, aparte de las dañinas consecuencias económicas y sociales que tienen, son, desde el punto de vista económico, un arma de doble filo, y muy seguramente tendrán un efecto bumerang: impiden que el sector público lleve adelante las políticas macroeconómicas indispensables para reactivar la economía y el empleo, con lo que, de vuelta, provocarán mayor deterioro fiscal y, por lo tanto, mayor crecimiento de la deuda pública.
El grupo Economía Pluralista promueve el estudio, el debate y la reflexión sobre la economía, desde una pluralidad enfoques, y perspectivas teóricas y epistémicas. Está conformado por más de 25 economistas, provenientes de la academia y del ejercicio profesional de la economía tanto en el sector público como en el privado.

Sin ruta para reactivar economía y generar empleo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

“No hay una hoja de ruta que permita visualizar la reactivación económica para generar empleo”.

Así lo considera Lenin Hernández Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines al referirse a la tasa de desempleo del 15,7%.

Además, cuestionó que el presidente Alvarado “se lavara las manos diciendo que el Estado no es el que genera puestos de trabajo”.

Según el dirigente sindical el Estado tiene la obligación de generar políticas que promuevan el emprendedurismo para evitar que sean las grandes empresas las que dominen los mercados.

 

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Con falsedades intentan apropiarse de la historia del país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Dr. Mario Hidalgo González*

La UCCAEP, asesorada por economistas, envía el 25 de enero 2020, una carta al presidente de la República denominada Un pacto por el empleo, fundamentada en varias falsedades con las cuales trata de apropiarse de la historia del país.

Afirman que “pequeños, medianos y grandes empresarios carecen de privilegios”. Falso. Los grandes empresarios han disfrutado de privilegios financieros, hacendarios y jurídicos. Recordemos la amnistía tributaria última, que pretende reducir deuda y morosidad, significó que empresas como Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El rey y varias otras se ahorraron más de lo que pagaron. Son grandes empresas que durante un tiempo incumplieron con el Estado.

Declaran que llevan “200 años de producir libertad”. Falso. Los grados de libertad de la sociedad costarricense se han obtenido, en gran medida, por el esfuerzo y sacrificio de los trabajadores, en particular, los educadores. Basta recordar la jornada laboral de ocho horas. Y esto es válido aquí como en otros países. La Revolución Francesa estableció la libertad de tránsito y la igualdad ante la ley. Por supuesto, con fines de desplazar mano de obra del campo hacia las ciudades en donde se desarrolla el capitalismo industrial, pero aún así son grados mayores de libertad.

Consideran que debemos “dejar de presentar en la imaginación de los costarricenses un país dividido entre productores y ambientalistas, pequeños contra grandes, exitosos y fracasados, funcionarios enfrentados a trabajadores privados”. Falso, Han sido ellos quienes han promovido, financiado y diseñado una política de confrontación y divisionismo. Para la manifestación en contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el ejecutivo, a través de un ministro, se refirió a los manifestantes como cuatro gatos. En verdad, los manifestantes fueron entre 800 mil y 1 millón de personas.

Denigraron a los participantes en la manifestación tratándolos de animales, dicho esto con el debido respeto a los gatos. El periódico que los avala declaró que eran unos irresponsables, y otros tantos descalificativos utilizados por los diputados, y las televisoras. El expresidente Miguel A. Rodríguez clamaba desde La República que se descontaran del salario los días no trabajados por la huelga.

Ellos inventan el estigma de pensionados de lujo, tratando de producir una división entre los educadores jubilados y la sociedad costarricense.

Continúan diciendo que debe existir responsabilidad en el sector público “especialmente en aquellas instituciones financiadas con nuestros impuestos”. Doble falsedad. Hay muchos trabajadores públicos altamente responsables, conscientes de la necesidad de hacer un trabajo de calidad. Y el financiamiento de estas instituciones también es de todos sean del sector público, privado o mixto. Un trabajador paga cualquier cantidad de impuestos. Falta espacio para enumerarlos. Si alguien desea conocer cómo se ejerce el dominio y explotación de los trabajadores basta con revisar la estructura impositiva.

Instan a los empleados públicos a cumplir “con las leyes y sus reglamentos”. ¿Quiénes son los evasores, elusores y los que se apropian indebidamente de miles de millones en las aduanas? ¿Yanber es de los trabajadores públicos? ¿Aldesa es de los trabajadores públicos? De nuevo falta espacio para enumerar.

Dicen que los empresarios han “sostenido al Estado costarricense desde las mismas bases desde el primer día de la independencia”. Falso. Ha sido la sociedad plena la que ha acordado un contrato social basado en la Constitución. De paso, y brincándome años de historia, Juan Santamaría ¿era empresario?

Agregan que gracias a ellos fue posible “dejar atrás el sistema colonial para ingresar al mundo moderno”. Debido al tamaño de esta falsedad prefiero remitir la respuesta al Estudio sobre economía costarricense de Rodrigo Facio, y a los cuatro volúmenes de Historia económica de Costa Rica, editado por la ECR. Los economistas asesores de la UCCAEP nunca leyeron sobre historia económica de Costa Rica y Centroamérica.

¡Costarricense: la UCCAEP y La Nación mienten!
* Economista y sociólogo
10-06-2020

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