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Etiqueta: empleo

El Emperador o sobre la propuesta de UCCAEP

Jorge Hernández V.

Bajo el engañoso título de “Pacto por el empleo” la UCCAEP hace, entre otras, las siguientes demandas al Estado costarricense, todo en el marco de la situación fiscal y de pandemia que atraviesa el país. Para el escrito hemos tomado del documento de UCCAEP algunas de sus exigencias que representan tanto beneficios directos (BD) como modificaciones de lo público en función de los intereses del sector privado (IP) al que representa la UCCAEP. Las presentamos como ejemplos del tipo de demandas que ellos presentan al Gobierno de Costa Rica. Así tenemos:

  1. De orden general/transversal:

1.1 que le quiten el acoso tributario, es decir que no lo amenacen con impuestos, mucho menos hacerlos efectivos (BD)

1.2 que se suspendan los mensajes de amenaza al sector, o sea que no se den intentos de eliminar el secreto bancario) (BD)

1.4 que se detenga el acoso ambiental sobre el empresariado, que se le deje producir sin mayor regulación ambiental. (MPIP)

1.6. que se detengan los proyectos de ley que alteren el clima de negocios ( proyecto para fortalecer la inspección del trabajo, impuestos al reaseguro, no ligar el seguro de salud voluntaria a la inscripción como contribuyente a la CCSS, ley de prohibición de uso de bolsas plásticas desechables en el comercio, ley para prohibir la contaminación por residuos plásticos, ley para desincentivar el consumo de alimentos ultra procesados, ley de creación de la oficina de control de precios de medicamentos (MPIP)

1.8. dar seguridad jurídica al régimen de zonas francas, es decir que no les pongan impuestos (BD)

  1. Crédito

2.1. que se recorten cargas fiscales de los bancos del Estado destinadas a Infocoop y al financiamiento de la educación para aumentar los saldos para créditos para el sector privado (BD)

  1. Tramitología

3.2. que se aplique la guillotina a una serie de regulaciones sobre permisos de construcción, patentes comerciales, permisos de transporte turístico, certificación de guías de turismo (MPIP)

  1. Bienestar institucional

4.1. Mayor eficiencia de ICE y RECOPE para bajar costos de producción (MPIP)

4.3. que se limite la compra entre instituciones públicas (no quieren que empresas públicas participen en contrataciones públicas) (BD)

4.4 que se privatice el sector de generación de electricidad ((BD))

4.5 Frenar la participación del ICE en obras de infraestructura (BD)

  1. Reducción de la Informalidad

5.1. que se dé una amnistía para las cargas sociales y ambientales para incentivar la formalización de empresas y trabajadores independientes (BD)

5.2 que se apruebe una flexibilización laboral y aseguramiento solo por jornada efectivamente trabajada y no por mínimos (BD)

5.3 que se cambie la afiliación a la CCSS por esquemas de ingresos salariales para el trabajador

Independiente (MPIP)

  1. Déficit fiscal iniciar venta de activos del Estado (BICSA, BCR, Fanal,) (MPIP)

7.1. que se aplique la regla fiscal a todas las instituciones del Estado (MPIP)

7.4. que no se presenten proyectos que generen más gastos para el Estado como en Japdeva, solo permitir proyectos que disminuyan el Estado (MPIP)

7.6. Ley para la reducción del gasto público (MPIP)

8 Educación

8.1. que se exija a las universidades públicas el uso eficiente del FEES, parece que trabajan en coordinación con los diputados de la Comisión FEES (MPIP)

8.2 que se transforme el CONESUP a las necesidades de la educación privada, eliminemos lo público y privaticemos (MPIP)

  1. que se apruebe la Ley de empleo público para que el Estado y sus instituciones sean más eficientes (MPIP)

La lectura y análisis de estas y otras exigencias de la UCCAEP y del documento como un todo llevan a las siguientes reflexiones.

El Emperador UCCAEP quiere socializar las pérdidas y le dicta a su administrador (la Administración Alvarado), pero no al soberano, que tiene que hacer para que los empresarios Elite (que no son los medianos y mucho menos los pequeños empresarios) estén, a pesar de la pandemia, cada vez mejor. Futuro, poder y riqueza asegurados. Nada importa la inclusión social, ni el bien común. Se trata del bienestar del Emperador y sus allegados. Todas las propuestas enumeradas buscan exactamente ese fin, el bienestar del Emperador y sus allegados, a pesar de la pandemia y la crisis fiscal, la cual en buena medida tiene como causa la evasión fiscal, la elusión y las exoneraciones. Las dos primeras según el propio exministro de Hacienda alcanza la escandalosa suma de 3.800 millones de dólares.

Lo que propone y exige el Emperador tiene un tono político y moral, además del económico, con rasgos totalitarios e impositivos (claro vienen del Emperador, ese grupo social si puede hacer eso). El Emperador habla como si fuese el representante de todos, la voz de todos, pero en realidad es solo su propia voz.

UCCAEP nos quiere hacer creer que su propuesta es la única posible, lo cual por supuesto no tiene nada de cierto. Hay muchas otras y muy buenas opciones y posibilidades. Parece que para el Emperador no existe en Costa Rica ninguna otra visión del futuro, solo la suya, visión que bien le ayudan a promover el grupo Nación, Teletica, Repretel, Amelia Rueda y Monumental, entre otras.

Según el Emperador, en su documento, el desarrollo socioeconómico del país, a través de la historia se debe al empresariado. ¿Será esto ignorancia o interposición histórica?

Dicen además que tiene 200 años de producir libertad, posiblemente se refieren a la libertad para generar pobreza, pobreza extrema, y libertad para producir desigualdad extrema.

El Emperador UCCAEP y sus amigos políticos han planeado, diseñado y ejecutado confrontación y divisionismo, el 1 % contra el 99%, han erosionado el bienestar común, han erosionado la seguridad social y finalmente la democracia. No hay democracia con 25 o 30 % de pobreza y 20% de desempleo. Tampoco hay democracia donde los impuestos los pagan los que menos tienen y los poderosos exigen más privilegios.

Para el emperador el empleado público debe cumplir las leyes y los reglamentos, pero no se pregunta quienes son los evasores, los practicantes de la elusión y los que estafan las aduanas. Es la población de ingresos medios y bajos la que en la realidad sostiene al Estado, no son los empresarios. La emergencia de la pandemia ha dejado claro este hecho.

Como buen emperador la UCCAEP dice que ellos no tienen privilegios (están tan acostumbrados a no pagar los impuestos que deben pagar, a la elusión y a las exoneraciones, que no lo consideran un privilegio, aunque todos los demás costarricenses si los pagamos). Sus exigencias en el documento de su autoría son en buena parte privilegios que otros grupos económicos de este país no tenemos y ni siquiera pensamos en exigir. El hecho de exigirlos ya es un privilegio que ellos se auto recetan. El resto del pueblo no tiene medios para expresarse y si lo hace le aplican la ley anti huelgas que UCCAEP propuso y le aprobaron.

En la propuesta legislativa “Pacto por el empleo” el emperador UCCAEP solo ve sus intereses, no le interesa mejorar el nivel de vida de los trabajadores, aún cuando los necesita para generar sus ganancias. El emperador quiere, mediante legislación mezquina, reducir los beneficios del empleado del sector público porque no quiere que los empleados del sector privado logren el nivel de vida y los beneficios que con esmero han logrado los servidores del sector público, porque eso significaría ceder parte de sus ganancias. Es más fácil y más rentable atacar al empleado público y al Estado que cambiar la estructura de su funcionamiento como sector privado. El sector público es el que garantiza salarios, garantías sociales y servicios públicos. El documento deja ver que el emperador no quiere al Estado, no quiere contribuir con el Estado, pero lo que sí quiere es quitarle al Estado actividades lucrativas y privatizarlas.

COVID 19 ha mostrado las contradicciones enormes entre los intereses de las mayorías de esta sociedad y el interés privado de la UCCAEP. La lectura de la propuesta de UCCAEP confirma estas contradicciones.

En tiempos difíciles Costa Rica ha sabido, en su historia, concertar e innovar en ámbitos que han marcado el camino costarricense del progreso y desarrollo humano sostenible. La abolición del ejército, el Estado Social de Derecho, la conservación y preservación de los recursos de nuestra biodiversidad, los esfuerzos por la paz y la convivencia democrática; son rasgos que nos identifican. Todos estos logros a lo largo de nuestra historia son los que esta y otras propuestas de la UCCAEP a lo largo de los últimos años quieren destruir porque no tienen vocación democrática ni sentido social y son incapaces de confesarlo.

Va de nuevo

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Hace unos días, en el programa radial La Lupa que compartí con don Roberto Suñol y don Alex Sibaja, la conversación giró en torno a la necesidad de que el Banco Central inyecte recursos al sistema financiero, para ser utilizados por los sectores productivos nacionales, hoy golpeados por la pandemia.

Desde luego no se trata de regalar la plata; ni se trata de financiarles el reparto de dividendos. Lo que discutimos fue sobre la necesidad de generar fondeo para financiar el capital de trabajo de las compañías y, con ello, tratar de mantener el mayor empleo posible. Externé una opinión favorable, insistiendo en que los criterios debían ser muy claros para evitar abusos.  Cualquier esfuerzo para sostener emprendimientos viables y ayudar al empleo debe ser bienvenido.

El Banco Central puede hacerlo; cuenta con los instrumentos para llevarlo a cabo. Pero este asunto de fondear programas para el aparato productivo y la generación de empleo lo tiene paralizado. Está amarrado al dogma monetarista, el cual  formula que la función principal del Banco es el control de la inflación, por lo que los demás objetivos pasan a segundo plano. Recuerden que antes de la emergencia sanitaria la economía y el empleo venían de capa caída, pero tenían controlada la inflación.

EMPLEO COMO OBJETIVO PRINCIPAL. Les recordé que el año en que estuve en la Asamblea junto con otros diputados, presentamos una iniciativa para que el empleo fuera también un objetivo principal del Banco Central, al mismo nivel que el control de la inflación. Las dos cosas se pueden hacer. El proyecto original lo presentamos a principios del 2011, diputados de Liberación Nacional, del Partido Acción Ciudadana, del Partido Unidad Social Cristiana, del Partido Movimiento Libertario, y del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Arrancó con buen apoyo. En el año 2013 llegó a ocupar un buen lugar en la Comisión de Asuntos Económicos y en junio del 2013, los miembros de la Comisión lo aprobaron por unanimidad. La iniciativa mantenía en aquel momento un amplio apoyo. Esta condición facilitó que el proyecto se trasladara a la Comisión Plena Primera donde existían la mayoría de los votos para convertirlo en ley de la República.

OPOSICIÓN DE LA PRESIDENCIA. Pero la oposición que se dio esos días desde la Casa Presidencial y desde el Banco Central, hizo que diputados del Partido Liberación Nacional usaran el reglamento legislativo para evitar la votación. Tampoco el Poder Ejecutivo lo convocó en sesiones extraordinarias, en momentos en que pudo haberlo hecho. El proyecto “se varó”.  Y finalmente el proyecto fue archivado.

¡SORPRESA! Para mi agradable sorpresa, esta semana me llegó la noticia que 9 diputados del PAC habían presentado de nuevo este proyecto, hoy bajo el expediente 21.264. Esto fue en febrero del año pasado. La exposición de motivos del “nuevo proyecto” presentado por los diputados del PAC, dice con claridad que es una copia del proyecto que originalmente habíamos presentado y que el propósito es ponerlo en la discusión, dado que se había vencido el trámite en la Asamblea.

Hoy está asignado a la Comisión de Gobierno y Administración, cuenta con informe de Servicios Técnicos y se está a la espera de la consulta al Banco Central.

Nótese que, si el proyecto original se hubiera transformado en ley, hoy el Banco Central debería estar actuando sin mayores dudas, ni dilaciones, atendiendo la urgencia del empleo.  En buena hora se volvió a presentar esta iniciativa. La evidencia de hoy nos dice la importancia de señalarle al Central que también tiene que velar prioritariamente por el empleo. Si no hay espacio fiscal, y la política monetaria “se parquea”, ¿entonces qué? ¿La mano invisible? ¿El piloto automático? ¡Por Dios, hagan a un lado la ideología y pónganse prácticos!

CONCLUYO. Aplaudo que los diputados del PAC hayan recuperado este proyecto. La situación nacional demuestra que esta es una idea correcta. Y ya le llegó la hora. Los diputados deben aligerar el conocimiento de esta iniciativa y volverla ley de la República cuanto antes.

Texto publicado en el blog http://notasaltema.blogspot.com/ y compartido con SURCOS por el autor.

Urge replantear la estrategia económica frente a la crisis del Covid-19 – Grupo Economía Pluralista

Urge replantear la estrategia económica frente a la crisis del Covid-19

  1. Tal y como en anteriores ocasiones hemos manifestado, el orden razonable de las cosas aconseja poner máximo empeño en controlar la pandemia. Se debe entonces priorizar la protección de la vida y la salud de las personas, y al mismo tiempo adoptar políticas que alivien la recesión y protejan a los sectores más vulnerables de la población. Todo lo cual es requisito necesario para avanzar hacia un amplio programa nacional para la recuperación de los empleos y de la economía.
  2. Al deteriorarse la situación sanitaria, esto último se vuelve más incierto. Nos preocupa el acelerado incremento de los casos de Covid-19, todo lo cual aparece vinculado a gravísimas irregularidades laborales y a situaciones de pobreza y marginalidad. En ese contexto, cobra mayor relevancia entrar a analizar y discutir la estrategia económica que está aplicando el gobierno de Carlos Alvarado, la cual consideramos arrastra serias limitaciones y falencias. Como explicaremos en lo que sigue, es urgente replantearse esa estrategia.
  3. Prevalece un enfoque ortodoxo y conservador en la conducción de la política económica, lo cual está teniendo negativas consecuencias. Frente a una situación excepcional, parece tenderse al inmovilismo: se sigue haciendo lo que siempre se hizo, excepto por algunas medidas marginales y limitadas, esencialmente anodinas. Pero, lo que es peor, se insiste en propuestas –a las que nos referiremos más adelante– que, de concretarse, agravarán la crisis y la prolongarán en el tiempo. Tengamos presente que enfrentamos un desafío absolutamente inédito, lo cual exige audacia y capacidad de innovación en las políticas que se formulen y apliquen.
  4. El mejor ejemplo de ello lo da el Banco Central, que sigue apegado al objetivo de la baja inflación, no obstante que más bien nos movemos en territorio deflacionario. El gobierno enfrenta presiones para obtener financiamiento, y se ve forzado a pagar altísimas tasas de interés sobre sus emisiones de deuda, y el Banco Central, que tiene a su alcance las herramientas para facilitar el financiamiento y hacer bajar las tasas, prefiere no hacerlo. Miles de micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo emprendimientos de la economía social y solidaria y algunas empresas grandes, están urgidas de un apoyo financiero en condiciones muy favorables que les provea capital de trabajo y les permita transitar por este difícil período y sobrevivir a la crisis, y el Banco Central ofrece tan solo un programa de crédito sujeto a la concesión de garantías de “muy alta calidad”, lo cual es, en realidad, garantía de una sola cosa: que ese programa no servirá.
  5. El equivocado criterio, tan reiterado, según el cual una acción proactiva del Banco Central deteriorará la imagen internacional del país, deja sin respuesta algunas preguntas fundamentales.
  6. Primero, si la recesión de la economía y la destrucción de empleos es uno de los factores principales detrás del deterioro de la situación fiscal, no hacer nada para cuando al menos aliviar la recesión, es, por lo tanto, propiciar que se agudice la crisis fiscal. El Banco Central parece optar por esto último.
  7. Segundo, si los pagos por intereses siguen siendo el factor que, desde el lado de los gastos, tiene mayor incidencia negativa sobre el déficit fiscal, limitarse a disposiciones de muy limitado alcance que no logran que se reduzcan las tasas de interés sobre los bonos de deuda pública, es, nuevamente, propiciar el agravamiento de la situación fiscal. También en este caso el Banco Central opta por la inacción.
  8. Tercero, el estrés financiero al que se ve sometido el gobierno por parte de sectores deseosos de obtener rentas especulativas, introduce el riesgo de que en algún momento el gobierno no logre cubrir todas sus necesidades de financiamiento, lo cual pondría en peligro la continuidad de los servicios públicos. Y si ante una eventualidad como esa –extrema pero no imposible– el Banco Central no hace nada, con ello estará contribuyendo a un agravamiento peligroso de la crisis.
  9. Cuarto, si el Banco Central, paralizado por sus tesis antiinflacionarias, no propone ni lidera el diseño de mecanismos innovadores de financiamiento, que le permitan a la Caja sobrellevar el peso enorme de esta crisis sanitaria, sin sufrir un grave deterioro en su situación financiera, con ello se hará corresponsable en un problema cuyas consecuencias negativas a mediano y largo plazo son incalculables.
  10. Enfatizamos que justificar el inmovilismo del Banco Central, apelando a un problema inexistente –la inflación– o a experiencias del pasado –la crisis de inicios de los ochenta– que se dieron en un contexto histórico y bajo condiciones económicas completamente distintas, es una posición que carece de fundamento en la evidencia disponible.
  11. Por otra parte, resulta cuanto menos misteriosa, la lógica detrás de las propuestas de las cámaras de la gran empresa privada. Por un lado, plantean un larguísimo listado de exigencias de auxilio al gobierno, en lo que claramente implica una operación masiva de socialización de las pérdidas. Del otro exigen recortes draconianos al gasto público ¿Cómo podría dar el gobierno a los empresarios de las cámaras todas las ayudas que estos demandan y al mismo tiempo recortar el gasto? La respuesta a esa pregunta pasa necesariamente por el recorte de salarios públicos y servicios fundamentales como los de salud y educación, el endeudamiento sujeto a diversos condicionamientos y la “venta de activos”, o sea, las privatizaciones. Todo lo cual es tan solo otra forma de socializar las pérdidas empresariales.
  12. Es igualmente misteriosa la lógica recortista y austeritaria por la que ha optado la mayor parte de las élites políticas que tienen representación parlamentaria ¿Serán acaso ideas inspiradas en las hipótesis teóricas –ampliamente desacreditas– de la “austeridad expansiva” (la cual asume erróneamente que la contracción del gasto público serviría de estímulo a la actividad económica y el empleo)? En su calidad de representantes populares, esos diputados y diputadas tienen el deber de explicarle a la ciudadanía, cuál es el razonamiento detrás de esos planteamientos.
  13. Tengamos claro que cuando la economía se contrae, debido a que, a su vez, se reduce el consumo de las personas, la inversión empresarial y las exportaciones, se hace indispensable introducir una fuerza positiva y un empuje ascendente, que frene el derrumbe, y, eventualmente, lo reviertan. En el momento actual, eso solamente puede surgir del sector público y, en general, del mercado interno. Es imperativo ser innovadores en las políticas que se formulen y apliquen, y tener capacidad y disposición para el diálogo generoso y desprendido: solo así se podrá poner en marcha las políticas macroeconómicas que al país le urge, las cuales deben enfatizar el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendimientos de la economía social y solidaria, e incluir, como uno de sus aspectos principales, un amplio programa de inversión pública, planificado para que incorpore un componente de fácil ejecución en el corto plazo, dotado de grandes capacidades para la dinamización del empleo en actividades ambientalmente sostenibles.
  14. Nos preocupa que la negociación con el Fondo Monetario Internacional pudiera quedar planteada en términos tales, que dificulten, y eventualmente bloqueen, los esfuerzos de reactivación de la economía y los empleos. Se está formulando una agenda, en gran medida de tipo ideológico, centrada en el recorte, la austeridad y las privatizaciones, complaciente con las demandas e intereses de grupos muy poderosos, la cual podría ahondar las divisiones que hoy fracturan la sociedad costarricense, y que, además, resulta desatinada desde el punto de vista de los desafíos económicos que hoy enfrentamos.
  15. Una vez más insistimos que es indispensable movilizar ingresos hacia los sectores de la población más carenciados y vulnerables. Primero, por un imperativo moral de compasión, humanidad y solidaridad, pero además porque ello propiciará la reactivación de la economía al reanimar el consumo privado y el mercado interno. Por ello apoyamos el programa Proteger, aunque lo consideramos muy limitado, y lamentamos que varios diputados y diputadas se nieguen a financiarlo.
  16. Consideramos indispensable introducir una reforma tributaria altamente progresiva, que no afecte la actividad empresarial creadora de empleos en actividades rentables y sostenibles, y que se concentre en los altos ingresos personales, las rentas pasivas y los grandes patrimonios personales y familiares. Debe hacerse un examen meticuloso de las exenciones tributarias, incluyendo las concedidas a las zonas francas. Es urgente que el gobierno ponga en marcha un esfuerzo enérgico y decidido de combate a la evasión y elusión tributaria.
  17. Concluimos enfatizando que las políticas de austeridad fiscal, aparte de las dañinas consecuencias económicas y sociales que tienen, son, desde el punto de vista económico, un arma de doble filo, y muy seguramente tendrán un efecto bumerang: impiden que el sector público lleve adelante las políticas macroeconómicas indispensables para reactivar la economía y el empleo, con lo que, de vuelta, provocarán mayor deterioro fiscal y, por lo tanto, mayor crecimiento de la deuda pública.
El grupo Economía Pluralista promueve el estudio, el debate y la reflexión sobre la economía, desde una pluralidad enfoques, y perspectivas teóricas y epistémicas. Está conformado por más de 25 economistas, provenientes de la academia y del ejercicio profesional de la economía tanto en el sector público como en el privado.

Sin ruta para reactivar economía y generar empleo

“No hay una hoja de ruta que permita visualizar la reactivación económica para generar empleo”.

Así lo considera Lenin Hernández Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines al referirse a la tasa de desempleo del 15,7%.

Además, cuestionó que el presidente Alvarado “se lavara las manos diciendo que el Estado no es el que genera puestos de trabajo”.

Según el dirigente sindical el Estado tiene la obligación de generar políticas que promuevan el emprendedurismo para evitar que sean las grandes empresas las que dominen los mercados.

 

Imagen ilustrativa.

Con falsedades intentan apropiarse de la historia del país

Dr. Mario Hidalgo González*

La UCCAEP, asesorada por economistas, envía el 25 de enero 2020, una carta al presidente de la República denominada Un pacto por el empleo, fundamentada en varias falsedades con las cuales trata de apropiarse de la historia del país.

Afirman que “pequeños, medianos y grandes empresarios carecen de privilegios”. Falso. Los grandes empresarios han disfrutado de privilegios financieros, hacendarios y jurídicos. Recordemos la amnistía tributaria última, que pretende reducir deuda y morosidad, significó que empresas como Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El rey y varias otras se ahorraron más de lo que pagaron. Son grandes empresas que durante un tiempo incumplieron con el Estado.

Declaran que llevan “200 años de producir libertad”. Falso. Los grados de libertad de la sociedad costarricense se han obtenido, en gran medida, por el esfuerzo y sacrificio de los trabajadores, en particular, los educadores. Basta recordar la jornada laboral de ocho horas. Y esto es válido aquí como en otros países. La Revolución Francesa estableció la libertad de tránsito y la igualdad ante la ley. Por supuesto, con fines de desplazar mano de obra del campo hacia las ciudades en donde se desarrolla el capitalismo industrial, pero aún así son grados mayores de libertad.

Consideran que debemos “dejar de presentar en la imaginación de los costarricenses un país dividido entre productores y ambientalistas, pequeños contra grandes, exitosos y fracasados, funcionarios enfrentados a trabajadores privados”. Falso, Han sido ellos quienes han promovido, financiado y diseñado una política de confrontación y divisionismo. Para la manifestación en contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el ejecutivo, a través de un ministro, se refirió a los manifestantes como cuatro gatos. En verdad, los manifestantes fueron entre 800 mil y 1 millón de personas.

Denigraron a los participantes en la manifestación tratándolos de animales, dicho esto con el debido respeto a los gatos. El periódico que los avala declaró que eran unos irresponsables, y otros tantos descalificativos utilizados por los diputados, y las televisoras. El expresidente Miguel A. Rodríguez clamaba desde La República que se descontaran del salario los días no trabajados por la huelga.

Ellos inventan el estigma de pensionados de lujo, tratando de producir una división entre los educadores jubilados y la sociedad costarricense.

Continúan diciendo que debe existir responsabilidad en el sector público “especialmente en aquellas instituciones financiadas con nuestros impuestos”. Doble falsedad. Hay muchos trabajadores públicos altamente responsables, conscientes de la necesidad de hacer un trabajo de calidad. Y el financiamiento de estas instituciones también es de todos sean del sector público, privado o mixto. Un trabajador paga cualquier cantidad de impuestos. Falta espacio para enumerarlos. Si alguien desea conocer cómo se ejerce el dominio y explotación de los trabajadores basta con revisar la estructura impositiva.

Instan a los empleados públicos a cumplir “con las leyes y sus reglamentos”. ¿Quiénes son los evasores, elusores y los que se apropian indebidamente de miles de millones en las aduanas? ¿Yanber es de los trabajadores públicos? ¿Aldesa es de los trabajadores públicos? De nuevo falta espacio para enumerar.

Dicen que los empresarios han “sostenido al Estado costarricense desde las mismas bases desde el primer día de la independencia”. Falso. Ha sido la sociedad plena la que ha acordado un contrato social basado en la Constitución. De paso, y brincándome años de historia, Juan Santamaría ¿era empresario?

Agregan que gracias a ellos fue posible “dejar atrás el sistema colonial para ingresar al mundo moderno”. Debido al tamaño de esta falsedad prefiero remitir la respuesta al Estudio sobre economía costarricense de Rodrigo Facio, y a los cuatro volúmenes de Historia económica de Costa Rica, editado por la ECR. Los economistas asesores de la UCCAEP nunca leyeron sobre historia económica de Costa Rica y Centroamérica.

¡Costarricense: la UCCAEP y La Nación mienten!
* Economista y sociólogo
10-06-2020

Imagen ilustrativa.

Proteger la vida para mejor recuperar la economía

Covid-19 en Costa Rica. A propósito de los controles sanitarios en frontera

Grupo Economía Pluralista*

La pandemia del Covid-19 obliga a establecer un orden de prioridades que no admite vacilaciones: por encima de todo está la protección de la salud y de las vidas humanas. En los países donde esto no ha estado claro –Estados Unidos, Brasil o Rusia, por ejemplo– las consecuencias son devastadoras. Tristemente, es posible que el caso de nuestra vecina Nicaragua sea incluso peor.

Esta emergencia sanitaria, por sus alcances excepcionales, no permite ampliar el funcionamiento de la economía, si para ello se recurre al aflojamiento de las medidas sanitarias. Plantearlo de esa forma es formular una dicotomía falaz. El orden de las cosas es otro: hay que proteger la salud y la vida, para entonces disponer de una base sólida, desde la cual recuperar la economía e impulsar la creación de empleos.

Imaginar que se puede lograr mejoras en el campo económico, descuidando la parte sanitaria, puede ser un peligrosísimo bumerang. Porque si ello conduce a un agravamiento de la pandemia, y, con ello, un incremento en el número de personas enfermas y, dolorosamente, en el número de muertes, es muy seguro que deba recurrirse a medidas de confinamiento de la población, incluso más severas que las que han sido aplicadas.

Es por completo inaceptable incurrir en tal devastación humana, cuando, por otra parte, ello simplemente conduciría, no solo a la agudización, sino a la prolongación de la crisis económica.

Es importante que la población en general, y el empresariado en particular, comprendan esto. Especialmente en esta oportunidad, aplica el dicho popular de “despacio porque precisa”. La impaciencia no solo podría ser una mala consejera, sino, sobre todo, un gravísimo error.

Como país y comunidad nacional, debemos avanzar paso a paso, midiendo con rigor y cuidado, cada movimiento que se haga. Si por intentar apresurar las cosas en lo económico, dejamos la puerta de atrás abierta para que la pandemia entre a nuestra casa, las consecuencias posteriores podrían ser devastadoras: en el plano humano, en primera instancia, pero también desde el punto de vista económico. Debemos así garantizarnos mantener bajo control la pandemia y lograr que, con el transcurso de las semanas, el peligro decrezca de forma gradual pero sostenida.

En la medida en que ese cometido se cumpla exitosamente, podremos avanzar, sobre bases firmes, en el plano económico. Un avance que necesariamente comporta una reinvención de la “normalidad” en que vivamos: hacia una sociedad más justa y solidaria; hacia una economía asentada sobre bases más sólidas; hacia formas de producir y consumir mucho más cuidadosas y responsables con la naturaleza.

Por ello, hemos manifestado que, en una primera etapa, que aún no hemos superado, el énfasis de las políticas económicas, debería estar en aliviar la gravedad de la recesión económica y, sobre todo, aminorar sus impactos sociales y humanos, especialmente en las poblaciones más vulnerables y carenciadas, como las mujeres jefas de hogar, entre otros grupos que requieren una especial atención. Debemos así, crear bases más firmes para poder avanzar, en una segunda fase, con políticas que promuevan de forma vigorosa, la recuperación económica y la creación de empleos.

Reconocemos y aplaudimos el magnífico trabajo que realiza nuestra institucionalidad pública en el combate del Covid-19: la excelencia y compromiso de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud, y el amor y el coraje que su personal pone en esta lucha. Asimismo, reconocemos el liderazgo lúcido y enérgico, científicamente fundamentado, que han ejercido los doctores Daniel Salas y Román Macaya, ministro de Salud y presidente de la Caja, respectivamente.

Apoyamos totalmente las medidas de control sanitario que nuestras autoridades han decidido aplicar en fronteras, así como las disposiciones adoptadas para que el comercio de mercancías por vía terrestre se realice en condiciones que protejan la salud de la población. Son absolutamente inaceptables las propuestas que pretenden relajar esos controles. Es importante que el comercio fluya, pero bajo condiciones de estricta protección de la salud.

Nuestro llamado, respetuoso y vehemente, al empresariado, y a los propios trabajadores del transporte, para que comprendan la importancia que esto tiene y lo valioso que resulta su compromiso y colaboración. Proteger la salud beneficia a todos y a todas, sin excepción.

Y al gobierno de la República, nuestra excitativa para que se mantenga firme y no ceda a las presiones. Hacemos nuestras las palabras del ministro Salas: “nadie puede decir que cargas comerciales valen más que la vida”.

Y agregamos: nadie puede decir que priorizar las cargas comerciales a la vida permitirá avanzar en la recuperación económica. Todo lo contrario, más bien.

* El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

(23 de mayo de 2020)

Foto: Presidencia de Costa Rica

Ajuste económico en los tiempos del Covid-19

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante*

Las medidas sanitarias establecidas para combatir la pandemia han causado un deterioro trascendente del proceso económico, cuya magnitud es de una dimensión pocas veces vista en circunstancias anteriores.

La disminución de la producción y del empleo es de consecuencias graves para toda la comunidad, ante ella la responsabilidad del Estado como un todo es enorme e ineludible. El gobierno de la República y todas sus instituciones deben tomar las decisiones correctas para enderezar el rumbo de la economía.

La decisión más importante de todas ellas es la inversión pública extraordinaria que debe hacerse para generar producción y empleo.

El Estado, por medio de su Banco Central, es el ente emisor del medio de pagos de nuestra sociedad, y el dinero es el instrumento básico con que se mueve la actividad económica.

Ante la situación en que nos encontramos es necesario que el Estado emita el dinero necesario para reactivar la economía por medio de la inversión pública. Para ello no es necesario que continúe endeudándose con terceros cuando lo puede hacer con sí mismo.

Veamos: ¿de dónde proviene el temor, casi un tabú para muchos, de que el Banco Central le preste al Gobierno, para que este invierta por sí mismo o pague su deuda con la Caja Costarricense de Seguridad Social, para que esta invierta en la construcción y equipamiento de las instalaciones clínicas y hospitalarias?

Una errónea interpretación de una teoría económica ha causado esta aterrorizada actitud ante la llamada, por algunos, emisión inorgánica de dinero; a la cual se le atribuye la “pandemia” de la inflación.

Lo cierto del caso es que no en todas las contingencias sucede lo mismo y por el contrario de lo que algunos creen, en situaciones como la actual es necesario y obligatorio que se actúe con decisión, como solo un estadista con visión sería capaz de hacerlo.

Veamos por qué decimos que una emisión monetaria extraordinaria sería conveniente y no generaría inflación. La teoría monetaria o monetarista dice que la emisión monetaria multiplicada por la velocidad de circulación del dinero debe ser igual a la cantidad de transacciones económicas multiplicadas por los precios. Esa igual se presenta así: MxV=TxP.

Luego si la economía está en pleno empleo las transacciones son constantes y la velocidad de circulación del dinero también, ya que la gente no tiene por qué cambiar su patrón de gastos, entonces si se hiciera una emisión monetaria que aumentara la cantidad de dinero en poder de la gente, esto provocaría un aumento en el nivel de los precios en la otra parte de la igualdad y se estaría desatando la inflación.

Pero hoy en día la situación es muy distinta, estamos lejos del pleno empleo, mucha gente está desocupada o recibiendo menos ingresos, y los que no, están precaviendo situación en deterioro, lo que los ha llevado a un gasto menor al habitual, entonces la velocidad del dinero ha disminuido y eso se ha manifestado en un aumento de las cuentas en los bancos y en una disminución de los nuevos créditos. Queda implícito en lo anterior que las transacciones tampoco son las mismas.

Ahora bien, si la emisión monetaria aumentara, y se concretara en préstamos del Banco Central al Gobierno, dada la depresión de la actividad económica y la menor velocidad de circulación del dinero, no tendría por qué aumentar el nivel de los precios, por el contrario, serían las transacciones económicas las que se verían incentivadas y si el Estado usa el dinero en inversiones públicas o en crédito barato para la inversión privada, así sería.

Veámoslo en una representación numérica:

Si antes de la pandemia M fuera 1000, V fuera 10 entonces si T=100, P=100

La igualdad sería 1000×10= 100×100.

Si en la época del COVID 19 la emisión monetaria fuera la misma y los precios casi no han variado y las transacciones han disminuido por ejemplo a 80, entonces la igualdad sería:

1000X 8= 80×100. Suponiendo una velocidad de circulación que satisfaga la igualdad.

Si el Estado se propusiera incentivar la actividad económica aumentando la emisión monetaria, y conduciéndola a la inversión, las transacciones entonces tenderían a aumentar en casi la misma proporción, por lo cual el aumento de precios sería poco significativo.

Esto de lo que estamos hablando no es una discusión teórica, he usado la teoría monetaria para demostrar un error interpretativo muy común. Pero es la realidad de lo que ha sucedido y está sucediendo en el mundo, lo que nos debe conducir hacia una interpretación correcta de la necesidad de aumentar el circulante y la inversión pública. –Tanto los bancos de la Reserva Federal (la Fes) como el Banco Central Europeo han mostrado que hay momentos económicos en los cuales es necesario aumentar la emisión para incentivar la actividad económica real.

Y la situación actual es de la más relevante necesidad de una medida cuyo beneficio es evidente y las consecuencias negativas que pueda generar no son más que un prejuicio proveniente de una generalización indebida, que hace ya buen tiempo que ha quedado atrás.

* Cédula número 9 0012 06 09, email: johjibual@gmail.com, Curridabat San José

La robustez de nuestro sistema democrático

Manuel Hernández

En la última semana, en la medida que los países europeos levantan gradualmente las cuarentenas, las ciudadanías realizan manifestaciones de protesta contra las medidas impuestas por los gobiernos.

En Madrid, Zaragoza y otras ciudades de España, las y los ciudadanos han recuperado las calles, protestando contra la gestión de la crisis por el gobierno de coalición y exigen la destitución del número 1 del PSOE.

En varias ciudades de Suiza, entre ellas Basilea, Berna, Zurich, la ciudadanía manifestó su descontento contra tanta medida que ha limitado desproporcionadamente las libertades fundamentales.

En varias ciudades de Alemania, Sttugart, Múnich, Francfort se produjeron enfrentamientos con los cuerpos de policía y fueron detenidas cientos de personas.

Los trabajadores de hostelería protagonizaron protestas en Roma.

Las personas manifestaron su inconformidad con la gestión política y autoritaria de la crisis y reivindicaron sus libertades fundamentales de reunión, manifestación pública y protesta social.

En la “Suiza centroamericana”, en las tradicionales y asépticas conferencias de prensa, se ha publicitado un conjunto de medidas de regreso paulatino y escalonado a la actividad productiva, comercial e institucional.

La vuelta a nuestra normalidad, por lo visto, seguirá siendo igual, al mejor estilo del dejar hacer, dejar pasar.

Da lo mismo que más de 200.000 personas hayan perdido su empleo, sin que -a diferencia de otros países- se hayan contenido los despidos individuales o colectivos.

Da lo mismo que a más de 55.000 trabajadores se le hayan suspendido los contratos de trabajo, o que a más de 126.000 se les haya reducido sus jornadas, con la consecuente reducción proporcional hasta el 75% de sus salarios.

Da lo mismo que el sector agropecuario prácticamente haya sido confinado al abandono.

Tenemos no solo un sistema sanitario muy consolidado, por dicha, sino, además, una democracia muy robusta, inmune al Covid-19.

Nos decía el recién partido, tan solo hace dos días, pero no desaparecido, Julio Anguita:

“No me da miedo el ruido del poder.
Me da miedo el silencio del pueblo.”

Imagen: Euronews

Mesa virtual de diálogo: #NoContagiemosAlEmpleo en América Latina

La Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe le extiende la invitación a participar en una conversación virtual sobre el desafío de reconstruir los mercados de trabajo de la región, enfrentados a una crisis sin precedentes como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Descripción:

En esta Mesa virtual de diálogo los panelistas se referirán, desde diversas perspectivas, a los impactos socio-laborales y medidas adoptadas para proteger la actividad económica, los puestos de trabajo y los ingresos.

Los países de la región enfrentan el desafío de generar nuevos empleos y recuperar los que existían, las empresas deben volver a funcionar a plenitud, las personas deben contar con protección y derechos para enfrentar la crisis del trabajo, y los motores de la economía deben volver a funcionar.

La Mesa virtual de diálogo de este 14 de abril tendrá una duración de una hora, entre las 10 a.m. y las 11 a.m. de Lima (UTC/GMT -5).

 

Enviado por Tyronne Esna Montero.

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Análisis y justificaciones para no provocar mayor deterioro en salarios del sector público

Rodrigo Aguilar Arce, expresidente CTRN*

Como lo hemos indicado en ya reiteradas ocasiones, existen suficientes razones para oponerse a las deducciones salariales pretendidas por las fuerzas políticas afines a los sectores económicos neoliberales y liberales extremos para atender la crisis del COVID-19.

En esta difícil situación, la clase trabajadora es la primera que ha tenido que asumir sacrificios como reducir sus jornadas de trabajo y hasta perder su empleo por completo, cuando ya de por sí las estadísticas nos mostraban un desempleo superior al 12% y un subempleo cercano al 50%. La primera línea de sacrificados son los trabajadores del turismo en todas sus modalidades y de ahí los afectados se han extendido al resto de las actividades económicas.

Es claro que corresponde al Estado como tal, brindar la solución a toda esta población que por ese tipo de razones hoy carece de recursos para poder sostener a sus familias.

En algunos países los gobiernos han comenzado a utilizar los recursos provenientes de sus ingresos para distribuir en las personas que quedan en la indefensión, pero se trata de Estados que cuentan con suficientes recursos por cuanto sus sistemas tributarios recaudan altos porcentajes de la renta global y de la renta mundial, así como de otras rentas incluidas en sus sistemas tributarios, además del valor agregado.

Todo lo contrario sucede en nuestro país, donde no existen esos sistemas de renta de las empresas grandes, las que pertenecen al 1% de la población y que desde hace años evaden sus impuestos sin que lamentablemente se les haya impuesto límites a esas prácticas o aplicado sanción, como si ocurre en otros países.

Ya antes de que entráramos a conocer la crisis generada por la pandemia, el sector público había sufrido diversos golpes en su sistema salarial a pesar de la intensa y prolongada huelga realizada en el año 2018; los trabajadores del sector público vieron reducir parte de sus salarios con anualidades que se establecieron fijas y no porcentuales, vieron disminuir los porcentajes de dedicación exclusiva y prohibición, entre otras, y por supuesto, se les aplicaron ajustes salariales ya no a la base, sino fijos, muy lejanos al crecimiento de la inflación. Y no podemos dejar de mencionar que ya desde muchos años atrás esos salarios habían perdido su poder de compra, por cuanto en las diferentes administraciones se dieron incrementos muy por debajo de la inflación.

En otras palabras, el sector público ha sido golpeado y muy fuertemente desde hace mucho tiempo, y aún, así los políticos que solo siguen línea del sector empresarial insisten en seguir endosando los problemas a la clase trabajadora.

Volvemos a insistir que los salarios base del sector público están por debajo de los salarios del sector privado y en algunos casos en un alto porcentaje. Las anualidades apenas ayudan a equilibrar esas diferencias.

Por ello es necesario que la CTRN y las demás centrales sindicales se opongan a la propuesta del no pago de la anualidad, y exijan el cumplimiento del mismo tal como la ley lo indica.

Podría aceptarse una contribución de los salarios que estén por encima del ¢1 300 000 pero condicionado a que las grandes empresas aporten una cantidad equivalente a lo que han ocultado en los últimos tres años y que declararon supuestamente como pérdidas.

Cuadro comparativo de salarios base en el Sector Público con los salarios mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios

Podemos observar en este cuadro comparativo, que existen diferencias entre puestos similares hasta de ¢ 53 mil y diferencias relativas que van de 6,86% hasta 18.32%, siendo los más bajos los del Sector Público.

*Confederación de Trabajadores Rerum Novarum